
El congreso dejó sin recursos la reforma de justicia cotidiana aprobada por el Senado y la CdMx necesitarán al menos 1200 mdp para ponerla en marcha y atender los 70 mil asuntos que reciben al año.
2018/03/01 11:59 Angélica Mercado
El Congreso de la Unión no sólo incumplió los plazos para aprobar la ley reglamentaria a la reforma constitucional que elimina las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que los litigios laborales pasen al poder judicial, sino que dejó sin recursos su implementación.
La presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje capitalina, Margarita Rojas Olvera, dijo que si el Senado aprueba una ley reglamentaria, pero no hay presupuesto para implementarla no funcionará.
Rojas Olvera estimó que sólo para la Ciudad de México se necesitarán al menos mil 200 millones de
pesos para operar una reforma con la que se pretendía agilizar la justicia laboral.
«Nosotros estamos hablando de un aproximado de mil 200 millones de pesos para su implementación», destacó en el seminario «El Nuevo Sistema Laboral en México», realizado en el Senado.
Rojas Olvera explicó que la CdMx recibe un promedio de 38 mil demandas laborales anuales y alrededor de 45 mil convenios fuera de juicio al año, lo que equivale a más de 70 mil asuntos que requerirían una estructura para atenderlos.
En el foro convocado por el PRD, la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Margarita Rojas reveló que no se podrá echar a andar la reforma aprobada el año pasado por el Congreso porque contemplaron en el presupuesto los recursos para instrumentarla.
Margarita Rojas Olvera dijo que han solicitado que hagan una valoración en todos los estados, para saber que recursos necesitan tenerlos ir dándoles la implementación.
«Por eso nosotros insistimos que se requiere una vacatio legis (período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor) para que la implementación de la nueva impartición de justicia laboral se vaya dando gradualmente, considerando que este año electoral y una buena parte del presupuesto se destinan a ese fin, a la atención de las elecciones y no hubo presupuesto adicional para la justicia laboral», dijo.
La magistrada María del Rosario Jiménez Moles dijo que existe un rezago de 1 millón de expedientes en todo el país y cada caso cuesta, en promedio, 80 mil pesos, por lo que solicitó una «vacatio legis» de hasta 5 años para procesar la transición de este nuevo sistema.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, pidió que el PRI reconozca esta situación y acepte abrir un plazo mayor para la entrada en vigor de la reforma porque el tiempo fijado por el Congreso ha sido insuficiente.
Mes: marzo 2018
Jalisco está a media tabla en solución de conflictos laborales

El congreso dejó sin recursos la reforma de justicia cotidiana aprobada por el Senado y la CdMx necesitarán al menos 1200 mdp para ponerla en marcha y atender los 70 mil asuntos que reciben al año.
2018/03/01 11:59 Angélica Mercado
El Congreso de la Unión no sólo incumplió los plazos para aprobar la ley reglamentaria a la reforma constitucional que elimina las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que los litigios laborales pasen al poder judicial, sino que dejó sin recursos su implementación.
La presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje capitalina, Margarita Rojas Olvera, dijo que si el Senado aprueba una ley reglamentaria, pero no hay presupuesto para implementarla no funcionará.
Rojas Olvera estimó que sólo para la Ciudad de México se necesitarán al menos mil 200 millones de
pesos para operar una reforma con la que se pretendía agilizar la justicia laboral.
«Nosotros estamos hablando de un aproximado de mil 200 millones de pesos para su implementación», destacó en el seminario «El Nuevo Sistema Laboral en México», realizado en el Senado.
Rojas Olvera explicó que la CdMx recibe un promedio de 38 mil demandas laborales anuales y alrededor de 45 mil convenios fuera de juicio al año, lo que equivale a más de 70 mil asuntos que requerirían una estructura para atenderlos.
En el foro convocado por el PRD, la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Margarita Rojas reveló que no se podrá echar a andar la reforma aprobada el año pasado por el Congreso porque contemplaron en el presupuesto los recursos para instrumentarla.
Margarita Rojas Olvera dijo que han solicitado que hagan una valoración en todos los estados, para saber que recursos necesitan tenerlos ir dándoles la implementación.
«Por eso nosotros insistimos que se requiere una vacatio legis (período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor) para que la implementación de la nueva impartición de justicia laboral se vaya dando gradualmente, considerando que este año electoral y una buena parte del presupuesto se destinan a ese fin, a la atención de las elecciones y no hubo presupuesto adicional para la justicia laboral», dijo.
La magistrada María del Rosario Jiménez Moles dijo que existe un rezago de 1 millón de expedientes en todo el país y cada caso cuesta, en promedio, 80 mil pesos, por lo que solicitó una «vacatio legis» de hasta 5 años para procesar la transición de este nuevo sistema.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, pidió que el PRI reconozca esta situación y acepte abrir un plazo mayor para la entrada en vigor de la reforma porque el tiempo fijado por el Congreso ha sido insuficiente.
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Jalisco está a media tabla en solución de conflictos laborales

En 2017, en Jalisco se presentaron 24 mil demandas, pero apenas se resolvió la mitad: 12 mil 303
El Informador
2 de Marzo de 2018 – 04:18 hs
Tras cuatro años de laborar como empleada doméstica, Victoria fue despedida sin explicación en julio de 2014. Buscó un abogado y demandó por despido injustificado ante la Junta de Conciliación Arbitraje, pero el juicio continúa atorado.
Según datos del Inegi en el 2016 (último estudio), Jalisco es segundo lugar nacional en conflictos laborales individuales con 23 mil 555, sólo superado por la Ciudad de México, con 31 mil 373 juicios registrados.
El problema en Jalisco es que está a media tabla en resolución de casos. Si en 2016 se presentaron 23 mil 555 demandas, sólo se resolvieron 14 mil 767 (62.6%). En Nuevo León, por ejemplo, se documentaron 15 mil 582 y se resolvieron 16 mil 181 (103.8%).
Mientras en Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí, entre otros, presentan una mayor eficiencia en este tema, en Jalisco las cosas empeoran: en 2017 se presentaron 24 mil demandas y apenas se resolvió la mitad: 12 mil 303.
Concentra el sector comercio la mayoría de conflictos laborales
En Jalisco, los principales demandantes forman parte del sector comercio, mientras en la Ciudad de México encabeza el sector de servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación. EL INFORMADOR/Archivo
Alejandra trabajaba dentro de un bar ubicado en la colonia Moderna, pero debido a que las ganancias ya no eran las mismas, liquidaron a todo su personal en noviembre de 2014. A ella le permitieron trabajar para otro de los negocios del corporativo; sin embargo, en el transcurso de los días le pidieron que firmara su renuncia, pero se negó. Al día siguiente le prohibieron la entrada al establecimiento.
Luego acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Jalisco, pero el representante de la empresa la desconoció, a pesar de que Alejandra contaba con las pruebas suficientes que acreditaban que sí había laborado. Hasta la fecha, el caso no se resuelve.
En Jalisco, el mayor número de conflictos presentados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje está relacionado con actividades del sector comercio, de acuerdo con las últimas Estadísticas sobre Relaciones Laborales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De los 23 mil 555 conflictos individuales de trabajo registrados en 2016, por ejemplo, el 22.8% corresponde al rubro del comercio, mientras que el 17.6 está relacionado con el servicio de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, en los que se incluyen actividades de apoyo a la administración de negocios, vigilancia y seguridad, limpieza de inmuebles y organización de viajes, entre otros.
En el tercer puesto se ubica las industrias manufacturera, con un 12.4 por ciento del total de casos presentados.
Lo anterior se debe, en gran medida, a que el comercio ocupa el primer lugar de las actividades económica del Estado, seguido de los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, mientras que la construcción ocupa el tercer puesto de estas actividades, de acuerdo con los últimos indicadores presentados por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).
Sobre la resolución de conflictos por actividad económica, con un 82.2 por ciento de casos concluidos, el rubro de los servicios financieros y de seguros es uno de los que presentó el mayor porcentaje de resolución, seguido de los servicios profesionales, científicos y técnicos, con el 81.6 por ciento, y del el ámbito de la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, con un 75 por ciento de la resolución.
CLAVES
Radiografía
Rezago. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo en Jalisco, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje funciona con la mitad del personal que debería tener, de acuerdo con los reportes de productividad del año pasado.
Meritorios. En la Junta Local laboran 401 personas, pero 60 trabajan sin sueldo o como aprendices. Durante el 2017 recibieron un promedio de dos mil 042 juicios por mes, y resolvieron mil 025. Es decir, 2.5 por cada trabajador.
Refuerzo. La nueva administración de la Secretaría del Trabajo apuesta por reforzar la conciliación, particularmente en las Juntas especiales 13, 16 y 17: las de mayor carga en asuntos laborales. Los trabajadores buscarán acuerdos rápidos y cordiales.
Universidades. Dado que no hay presupuesto para contratar a más personal, se buscará acuerdos con las carreras de derecho para que los estudiantes presten su servicio social en las juntas, y así se pueda reducir el rezago de juicios.
Meta. Con las nuevas estrategias, la Secretaría del Trabajo prevé que al menos se realizarán cinco conciliaciones por día, lo que significa 14 mil 400 juicios laborales menos por año.
Comparativo
Según los Estados con mayor densidad demográfica, el Estado de México también tiene el mayor número de conflictos laborales presentados en torno al comercio, al igual que Veracruz, Puebla, Guanajuato y Chiapas. Por otra parte, la Ciudad de México lidera en servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, mientras Nuevo León encabeza las industrias manufactureras.
Eficiencia en resolución de juicios laborales
| Estado | Presentados | Resueltos | Porcentaje de resolución entre casos presentados y resueltos |
| Tlaxcala | 738 | 840 | 113.8 |
| Nuevo León | 15,582 | 16,181 | 103.8 |
| Colima | 1,028 | 971 | 94.4 |
| Aguascalientes | 3,747 | 3,303 | 88.1 |
| México | 14,065 | 11,496 | 81.7 |
| … | |||
| Jalisco | 23,555 | 14,767 | 62.6 |
| Nacional | 232,225 | 143,837 | 61.9 |
| … | |||
| Nayarit | 1,480 | 614 | 41.4 |
| Baja California | 8,220 | 2,304 | 28.2 |
| Campeche | 1,748 | 467 | 26.7 |
En demandas colectivas, Jalisco es séptimo lugar
De acuerdo con las últimas Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local, durante 2016, Jalisco se ubicó en el séptimo puesto en la presentación de demandas colectivas a nivel nacional, con 22 conflictos de este tipo.
En el primer lugar resultó la Ciudad de México, con 414 casos, el segundo sitio fue ocupado por el Estado de México, con 147 demandas.
A nivel nacional, el sindicato que más conflictos colectivos presentó en 2016 fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM), con un total de 195 casos, seguido por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, con 23, y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), con 12.
Aunque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social señala que las huelgas en Jalisco han sido nulas, según las estadísticas del Inegi, durante 2016 el Estado tuvo siete estallamientos de huelga.
“Hay que recordar que Jalisco ha logrado acordar que no se den las huelgas, tenemos que buscar mecanismos que permitan que Jalisco siga en paz en este sentido”, dijo el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo, Luis Carlos Nájera, quien apunta que durante su gestión buscará promover las acciones necesarias para que Jalisco continúe en la misma línea, entre las que se encuentra la búsqueda de contratos colectivos, en acuerdo con los empresarios y sindicatos patronales. “Esto es muy importante para incentivar a las personas que están produciendo más para nuestro Estado”.
Juicios colectivos
| Estado | Demandas colectivas | Estalladas | Emplazadas a huelga | Emplazados a huelga solucionados |
| Ciudad de México | 414 | 1 | 1,796 | 1,317 |
| Estado de México | 147 | 4,635 | 4,225 | 0 |
| Colima | 75 | 1 | 235 | 194 |
| Guerrero | 97 | 198 | 164 | 0 |
| Baja California | 27 | 2,032 | 613 | 0 |
| Nuevo León | 26 | 572 | 574 | 0 |
| Jalisco | 22 | 7 | 3,957 | 2,407 |
El sindicato que más conflictos colectivos presentó en 2016 fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM). NOTIMEX/Archivo
LA VOZ DE LOS EXPERTOS
“Más política”
Emanuel Ibarra (profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana)
Hubo más política mediática detrás de la confrontación pública de la Secretaría del Trabajo contra los abogados conocidos como “talibanes”, que un fin jurídico. En la opinión del experto, la primera prueba de ello es que hay juicios ganados por parte de los trabajadores, en los que los litigantes sólo hicieron uso de las herramientas que les permite el Estado.
“Con todos los vicios y particularidades, los abogados fueron a un juicio y lo ganaron. La razón se les dio por todas las instancias a los trabajadores y se van a tener que pagar… por más ruido mediático que se hizo”.
Apunta que el origen de estos problemas que sufren las empresas está en la legislación, pues “permite muchos abusos”. Y lo peor es que la reforma en justicia laboral, tan aplaudida hace un año porque supone un cambio en este sentido, continúa estancada (las Juntas pasarán al Poder Judicial).
“No sabemos cómo se va a aplicar, no hay una legislación secundaria aprobada para implementarla (…) El paso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial se veía como una solución posible a los vicios de la justicia laboral, y por lo menos de la iniciativa presentada en diciembre, parece que las juntas (locales) se quedan con los juicios que ya tienen, hasta que se pase a los nuevos juzgados y empezarán de cero”.
Otro problema que se advierte es que desde el Poder Judicial tampoco hay claridad sobre los perfiles de quienes se dará seguimiento a los nuevos juicios laborales. Y, además, tampoco se sabe si contará con personal suficiente.
Por lo que ve al desempeño de los secretarios del Trabajo de la administración estatal en curso, opina que todos “hicieron lo que han podido con lo que tienen”, pues al final lograron mantener la estabilidad laboral y evitar huelgas… pero la profesionalización de la justicia laboral sí es un pendiente que puede resolverse, aún con sus vicios, con la transición al Poder Judicial en Jalisco.
“Ayuda el quitarle a la justicia laboral este ‘cordón umbilical’ que permite estos vaivenes y estar sujeto a intereses políticos. Ayuda y es un primer paso importante. Ojalá la legislación que viene sea suficiente para cambiar los problemas”.
“La Junta está desatendida”
Rosendo Fregoso Castro (titular de Derecho Laboral en la División de Estudios Jurídicos del CUCSH)
Aunque se han hecho esfuerzos para mejorarla, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha sido presupuestalmente desatendida. Allí estriba la falla en la impartición de justicia laboral.
En la opinión del experto, se ha fallado también en la contratación del personal necesario y, sobre todo, bien capacitado.
Es por eso que los tiempos de ley para el desahogo no se cumplen y se ofrecen más garantías a los trabajadores bien asesorados para ganar los juicios.
Ni en la labor legislativa se avanzó. Aunque el Código Penal fue modificado para evitar la incursión de fraudes en los juicios, los abogados bien preparados saben sortear obstáculos para evitarse problemas legales. ¿Su estrategia? Ni siquiera figurar en los documentos.
“Presento la demanda y, al hacerlo, también p+resento mi amparo. Pero ellos nunca firman las demandas como apoderados; es el trabajador”.
Esa es una de las principales razones por las que hasta el momento, afirma, no se ha procesado penalmente a ningún abogado de los que conforman el grupo conocido como “talibanes”.
Afirma que para modificar esa realidad, desde el Poder Legislativo se deben establecer capítulos especiales para el abogado, el patrón y los trabajadores que equilibren las cargas procesales. “Cuando el legislador dé equilibrio y paridad procesal en la ley, ese día se van a acabar (los fraudes) porque va a ser conforme a la norma lo que se va a resolver, y las cargas probatorias están en igualdad de circunstancias”.
Concluye que el rubro de justicia laboral no registra grandes avances. “Siento que quien debería estar al frente de la Secretaría del Trabajo no nada más debe tener conocimiento de la administración pública, sino ser un especialista en la materia. El gobernador tiene su derecho de decidir a quién coloca, pero lo mínimo es respetar el perfil que la Ley Federal establece”.
Nájera continuará la batalla contra los abogados “talibanes”
Luis Carlos Nájera, secretario del Trabajo, afirma que continuará en la estrategia para evitar que más empresas desaparezcan por causa de estos litigantes. EL INFORMADOR/Archivo
Aunque las prácticas de los abogados conocidos como “talibanes” han sido contenidas gracias a dos reformas aprobadas en 2012 y 2015, éstas no han sido erradicadas del todo. Y el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luis Carlos Nájera, afirma que continuará en la estrategia para evitar que más empresas desaparezcan por causa de estos litigantes.
Los “talibanes” son un grupo identificado de abogados cuya estrategia consiste en asesorar a trabajadores que demandan a la empresa en la que solían trabajar, y aprovechándose de vacíos legales interponen juicios fraudulentos en los que disparan las cifras de salarios y generan afectaciones millonarias. Ante esto, el Código Penal ya establece sanciones para quienes simulen o den datos falsos durante un juicio. También está el hecho de que ahora sólo se permite pagar un año de salarios caídos. El problema está en que ninguna ley es retroactiva y aún hay juicios de estos personajes discutiéndose. “Todos los juicios anteriores a 2012 se rigen por las leyes anteriores y no podemos aplicarla en forma retroactiva. Incluso, si hay un juicio posterior pero que puede irse a un recurso legal y aducir que el contrato lo tenían antes de 2012, pueden operar con las leyes anteriores”.
Luis Carlos Nájera afirma que ninguno de sus predecesores en la dependencia dejó el tema de lado, pero aún con ello, los abogados “talibanes” siguen operando. Esto sucede aún porque “muchos” de los expedientes rezagados son manejados por ese grupo.
“Es un tema que está latente y que estamos trabajando. Estoy consciente que todos los secretarios que me precedieron han estado trabajando con esto, por eso sería falso decir que ya se acabó este problema. Estos abogados tienen muchos juicios en muchas Juntas y buscaremos traerlos a la realidad, porque hay laudos que acabarían con empresas completas y lo que no queremos es perder fuentes de empleo para Jalisco”.
Esos rezagos son un problema que, dice, no busca heredar al Poder Judicial una vez que la Junta quede bajo su tutela. Y por eso, una de las tareas prioritarias para lo que resta de la administración de Aristóteles Sandoval será reducir el porcentaje.
Para ello, el cuarto secretario del Trabajo en la presente administración ha encontrado una “alternativa”. Aunque no hay presupuesto para contratar más personal, platicará con rectores de universidades a fin de que éstas permitan apoyar en el desahogo de juicios a sus alumnos de la carrera de Derecho. La otra es reactivar un área “subutilizada” de la Secretaría: la de Conciliadores.
“Estamos buscando dos alternativas: acercarnos con universidades y traer prestadores de servicio, que es una forma gratuita de tener gente con un perfil y capacidad. Y dos: ayudar a trabajar con un área que tenemos aquí dentro de la Secretaría, que es el área de conciliadores”.
Reforzarán tres Juntas
Luis Carlos Nájera recuerda que la actividad en las Juntas 13, 16 y 17, que son las que registran mayores rezagos, serán reforzadas de manera prioritaria, y deja en claro que la razón por la que no se contratará a más gente es por presupuesto. “La cobija no alcanza”.
La eterna lucha
En agosto de 2015, la Coparmex, la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo de Cámaras Industriales se unieron en bloque para exigir al Congreso del Estado que aprobara la reforma al Código Penal del Estado, a fin de evitar fraudes en los juicios laborales y sancionar con hasta seis años de prisión a los abogados que mintieran en su desarrollo.
La llamada “Ley Antitalibanes” fue aprobada el mismo mes. El Código Penal quedó modificado, pero dos años y medio después los problemas con estas organizaciones de abogados aún persisten.
En 2013, el Congreso discutía una ley para sancionar a servidores públicos que no resolvieran a tiempo los juicios laborales, y a los abogados que recurren a las argucias para retrasarlos. Entonces, la pena a avalar era de uno a tres años y entre 100 y 300 días de salario mínimo. La Secretaría del Trabajo, que encabezaba Eduardo Almaguer, acumulaba 25 denuncias interpuestas ante la Fiscalía por juicios laborales irregulares. En todos participaban los “talibanes”.
El combate a estos grupos de abogados le significó al entonces secretario del Trabajo un incremento en su seguridad personal, pues denunció haber recibido amenazas de éstos. Una semana antes de convertirse en fiscal general, dijo que la Fiscalía (representada en esas fechas por Luis Carlos Nájera) no había integrado todas las averiguaciones previas para encarcelarlos, y que además ellos se habían amparado para evitar cualquier represalia. Esa argucia les ha evitado ser detenidos.
Impactos millonarios
- En el arranque de la administración se denunció la operación de los “talibanes” en la Junta Local, quienes habían ganado millonarias demandas con declaraciones falsas o actos fraudulentos.
- La Secretaría del Trabajo reveló en 2013 que 66 “talibanes” representaban tres mil juicios con este tipo de irregularidades.
En 2014, ocho grupos acumulan ocho mil 538 juicios.
TELÓN DE FONDO
Los retos
En la primera entrevista que concedió como secretario del Trabajo de Jalisco, Luis Carlos Nájera confirmó que incrementar los salarios de los trabajadores de Jalisco, en conjunto con los patrones, y proteger sus derechos laborales, serán los objetivos a cumplir. “Buscaremos con los empleadores mejorar el salario de los trabajadores y, en ese tenor, haremos nuestro mejor esfuerzo”.
El reto es enorme: al cuarto trimestre del 2017, el 63.15% de la población ocupada, es decir, poco más de dos millones 300 mil jaliscienses, ganan tres salarios mínimos diarios o menos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), por lo que el reto de Nájera es importante.
Las cúpulas empresariales respaldaron el nombramiento de Luis Carlos Nájera. Para la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, Jalisco ha sido una de las Entidades federativas que más han creado empleos en los últimos meses, alcanzando cifras récorda por lo que exhortan al recién nombrado secretario del Trabajo a seguir con las mejoras en lo que resta de la administración.
Por su parte, la Coparmex en Jalisco le recordó al nuevo titular los retos pendientes en materia laboral: como mantener la paz y estabilidad laboral, garantizar las condiciones para el fomento al empleo, acelerar el proceso de representantes de las juntas, ejercer el presupuesto de manera responsable, así como el combate a los abusos en materia de inspección al sector empresarial.
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Sin presupuesto, el nuevo sistema de justicia laboral será un fracaso

Magistrados y especialistas piden 5 años para la transición
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 1º de marzo de 2018, p. 37
Magistrados, representantes de juntas de conciliación y especialistas, demandaron en el Senado que se fije un plazo de cinco años, por lo menos, para la transición al nuevo sistema de justicia laboral, toda vez que ni siquiera se han sentado las bases del mismo y ni el Ejecutivo ni el Congreso previeron los recursos económicos necesarios para ponerla en marcha.
Si la ley reglamentaria sobre justicia laboral se aprueba sin el presupuesto requerido, será un fracaso, advirtieron, durante un foro de discusión organizado por el PRD.
La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Margarita Rojas Olvera, reveló que tan sólo en la Ciudad de México se requieren mil 200 millones de pesos para poner en marcha esa reforma constitucional, que tiene como objetivo crear un sistema expedito de justicia laboral.
Hizo notar que el argumento que se esgrimió para desaparecer las juntas fue que los juicios laborales en promedio tardaban en resolverse cuatro años y de tres a cuatro meses con el nuevo, pero en realidad la situación será la misma, porque al igual que ahora, no hay recursos para hacer frente al incremento de demandas, que suman 70 mil al año.
Ni en la reforma constitucional, ni ahora en las iniciativas sobre la ley secundaria, se consideró el impacto presupuestal, recalcó.
Por su parte, la magistrada laboral, María del Rosario Jiménez Moles, resaltó que hay un millón de juicios laborales por resolver en las 66 juntas especiales de la junta federal y en las más de 20 de la local.
El rezago, insistió, se debe a que no hay personal suficiente para dar celeridad a los casos. Cada juicio, dijo, tiene un costo promedio de 81 mil pesos y a ello se debe sumar, dijo, el presupuesto requerido para liquidar al personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y crear dos nuevos organismos, el nuevo instituto encargado de la conciliación y el tribunal laboral.
Ambos coincidieron en la necesidad de una vacatio legis, es decir, un plazo mayor para la puesta en marcha gradual del nuevo sistema.
El académico de la UNAM Miguel Carbonell consideró un profundo error de técnica legislativa, haber fijado en la reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2017, un año de plazo para su puesta en marcha.
No sé por qué se dispuso sólo un año para la reforma laboral, si en el caso del nuevo sistema de justicia penal, fueron ocho.
Rojas Olvera explicó que se requieren por lo menos cinco años para la transición: los dos primeros para la discusión del procedimiento y los siguientes tres para capacitar al personal y poner en marcha el Instituto de Capacitación y el Tribunal Laboral.
Al respecto, el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, dijo que pedirá al PRI que reconozca que el tiempo que fijó el Congreso para echar a andar esa reforma no es suficiente y se acuerde ampliarlo.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/01/sociedad/037n2soc
Coahuila: Inquieta a Iniciativa Privada de Coahuila desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje

1 Mar 2018
Miguel Monroy, director general de la Confederación Patronal de la Repъblica Mexicana Coahuila Sureste / Archivo
Miguel Monroy, Director general de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coahuila Sureste expuso que no hay claridad sobre el tema
La iniciativa privada coahuilense manifestó su inquietud sobre cómo será aplicada la reforma en justicia laboral en el estado, con la cual desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tras incumplirse el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia.
Y es que senadores y diputados debieron tenerlas listas antes del 26 de febrero pasado, tal como lo estipulaba el decreto presidencial de febrero de 2017, que daba un año para la aplicación de la nueva impartición de justicia en el País.
Tras reunirse la mañana de ayer con Román Alberto Cepeda, secretario del Trabajo estatal, Miguel Monroy, director general de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Coahuila Sureste, expuso que no hay claridad sobre el tema.
“El modelo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje era funcional, con el nuevo sistema, ¿cómo le va a hacer el Poder Judicial?”, señaló, pues para su implementación se debe crear un organismo autónomo.
De acuerdo con Monroy, en el encuentro Cepeda reconoció que las juntas no se extinguirán en noviembre de este año, como estaba previsto, sino mediante un proceso paulatino en el cual ambos modelos se empalmarían.
“¿Cómo se va a financiar el nuevo organismo?”, cuestionó el dirigente de la Coparmex, quien externó además su preocupación porque no hay un plan para aprovechar la experiencia, que calificó como exitosa en Coahuila, de las juntas en el nuevo sistema.
“Queremos que en el nuevo organismo haya una presencia paritaria del sector patronal, sindicatos y Gobierno; la propuesta que nos presentaron no era equilibrada”, apuntó.
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/inquieta-ip-aplicacion-de-reforma-en-justicia-laboral
Sin presupuesto, reforma que elimina Juntas de Conciliación

El congreso dejó sin recursos la reforma de justicia cotidiana aprobada por el Senado y la CdMx necesitarán al menos 1200 mdp para ponerla en marcha y atender los 70 mil asuntos que reciben al año.
ANGÉLICA MERCADO , 01 marzo 2018
El Congreso de la Unión no sólo incumplió los plazos para aprobar la ley reglamentaria a la reforma constitucional que elimina las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que los litigios laborales pasen al poder judicial, sino que dejó sin recursos su implementación.
La presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje capitalina,
Margarita Rojas Olvera, dijo que si el Senado aprueba una ley reglamentaria, pero no hay presupuesto para implementarla no funcionará.
Rojas Olvera estimó que sólo para la Ciudad de México se necesitarán al menos mil 200 millones de pesos para operar una reforma con la que se pretendía agilizar la justicia laboral.
«Nosotros estamos hablando de un aproximado de mil 200 millones de pesos para su implementación», destacó en el seminario «El Nuevo Sistema Laboral en México», realizado en el Senado.
Rojas Olvera explicó que la CdMx recibe un promedio de 38 mil demandas laborales anuales y alrededor de 45 mil convenios fuera de juicio al año, lo que equivale a más de 70 mil asuntos que requerirían una estructura para atenderlos.
En el foro convocado por el PRD, la presidenta de la Junta de
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Margarita Rojas reveló que no se podrá echar a andar la reforma aprobada el año pasado por el Congreso porque contemplaron en el presupuesto los recursos para instrumentarla.
Margarita Rojas Olvera dijo que han solicitado que hagan una valoración en todos los estados, para saber que recursos necesitan tenerlos ir dándoles la implementación.
«Por eso nosotros insistimos que se requiere una vacatio legis (período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor) para que la implementación de la nueva impartición de justicia laboral se vaya dando gradualmente, considerando que este año electoral y una buena parte del presupuesto se destinan a ese fin, a la atención de las elecciones y no hubo presupuesto adicional para la justicia laboral», dijo.
La magistrada María del Rosario Jiménez Moles dijo que existe un rezago de 1 millón de expedientes en todo el país y cada caso cuesta, en promedio, 80 mil pesos, por lo que solicitó una «vacatio legis» de hasta 5 años para procesar la transición de este nuevo sistema.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, pidió que el PRI reconozca esta situación y acepte abrir un plazo mayor para la entrada en vigor de la reforma porque el tiempo fijado por el Congreso es insuficiente.
http://www.milenio.com/politica/justicia-laboral-senado-juntas-conciliacion-arbitraje-senado-reforma-laboral_0_1130887067.html
Reglamentación pendiente

Columna: CAPITANES
02 de marzo 2018
En plena renegociación del Tratado de Libre Comercio, se da una mala señal en el tema laboral en México.
El pasado 26 de febrero se cumplió el plazo para que la reforma a leyes secundarias en materia de justicia laboral se aprobara, por lo que no se cuenta con un dictamen para que se materialice la transición de las Juntas Locales de Conciliación a Tribunales especializados, entre otros temas.
Existe una iniciativa que fue presentada el 7 de diciembre por los senadores Tereso Medina e Isaías González Pérez, que entre otros puntos, consideraba la flexibilización al máximo en la contratación vía outsourcing.
Dicho documento fue motivo de una denuncia en contra de México ante la Organización Internacional del Trabajo, así como de una queja ante la Oficina Administrativa Nacional de Estados Unidos, por parte de la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) el pasado 25 de enero.
El tema más polémico, el de la subcontratación, se bajó finalmente de esta iniciativa, pero continúan otros puntos álgidos, como es el de los contratos de protección.
La reforma está en el limbo, pero flamante secretario del Trabajo, Roberto Campa, espera que el Senado lo haga antes de que termine el actual periodo de sesiones.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2018/3/2/capitanes-715965.html
San Luis Potosí: Coparmex pide acelerar trabajos sobre reforma laboral

Exhortan a integrantes del Congreso de la Unión buscar mejores condiciones para trabajadores y garantía para los patrones.
Emilia Monreal | Plano Informativo | 28/02/2018 | 13:29
San Luis Potosí, SLP.- El presidente local de Coparmex, Jaime Chalita Zarur, exhortó a los integrantes del Congreso de la Unión, para que se aceleren los trabajos pendientes que se tienen en relación a la reforma laboral, que buscan mejores condiciones para trabajadores y garantía para los patrones.
Recordó que la reforma constitucional de 2017, en materia laboral, establece tres premisas guía para modificar el sistema de justicia laboral en México, algo que está pendiente en el Congreso de la Unión.
La primera de ellas, es la función conciliatoria como instancia prejudicial para trabajadores y patrones; la segunda, la impartición de justicia laboral por órganos del poder judicial federal o de los poderes judiciales locales y tercera, creación de un organismo descentralizado que garantice la función conciliatoria en el orden federal y el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y sindicatos.
“El Congreso tiene la responsabilidad constitucional de realizar las adecuaciones legislativas necesarias para crear un modelo de justicia que privilegie la conciliación, mejore la calidad y legitimidad de los procedimientos jurisdiccionales y de las sentencias”.
Añadió que la Reforma Laboral propone un sistema de justicia laboral innovador que brinde certeza jurídica a trabajadores y patrones, al tiempo que fortalezca la productividad y competitividad del país en beneficio de los mexicanos.
“Es necesario que los diputados establezcan como prioridad este tema pendiente de la reforma laboral, porque ante el próximo inicio de las campañas electorales, la mayoría de los legisladores andarán ocupados en otros temas y no en las necesidades de los ciudadanos”.
http://planoinformativo.com/576639/coparmex-pide-acelerar-trabajos-sobre-reforma-laboral-slp
Quintana Roo: Prepara Trabajo Y Previsión Social el arribo del Nuevo Sistema de Justicia Laboral

NOTICARIBE
POSTED ON FEBRERO 28, 2018, 4:03 PM
CANCÚN, MX.- Para llegar completamente preparados en noviembre con el nuevo Sistema de Justicia Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo (STPS) está enfocada en avanzar en los dictámenes del estado, con el objetivo de que el Poder Judicial no tenga ningún expediente existente e inicie de cero, informó la titular de dicha instancia, Catalina Portillo Navarro.
“Estamos armonizando, para que también se desprenda, viene posteriormente la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, del Poder Judicial y ahora serán juzgados laborales… las juntas de conciliación y arbitraje aún continúan, coexisten”, explicó, previo a la inauguración de la Jornada Universitaria de Orientación en la que participó con el tema Derechos Laborales.
Fue el pasado 21 de febrero cuando los diputados de la Legislatura aprobaron las reformas constitucionales en materia laboral para la armonización de las leyes federales que faculten al Poder Judicial y que a través de los tribunales laborales o juzgados, conozca y resuelva las controversias que se susciten en lo laboral.
Recordó que los órganos de conciliación, son órganos descentralizados a la STPS con patrimonio jurídico propio, que tendrán un director, y de acuerdo a las leyes secundarias se espera que se discutan iniciativas ante el Senado, en donde se tocan leyes reglamentadas a la Ley Federal del Trabajo, que contempla Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Infonavit, pero que hasta ahora no se han tocado.
“La conciliación es una obligación y esta conciliación va correr a cargo forzoso del centro de conciliación del estado, dentro del Poder Ejecutivo; si se agota, no hay arreglo, ni mediación, un punto de equilibrio entre trabajadores y patrón, entonces a partir de ese momento se canalizan las demandas para el poder judicial, que iniciará con cero juicios y cero demandas”, puntualizó. (Noticaribe)
http://noticaribe.com.mx/2018/02/28/prepara-trabajo-y-prevision-social-el-arribo-del-nuevo-sistema-de-justicia-laboral/
San Luis Potosí: Urgente sacar adelante los pendientes de la reforma laboral: Coparmex

Daniela Aranda Miércoles 28 de febrero de 2018
Hay que darle prioridad a los trabajos que se tienen pendientes en torno a la reforma laboral, que buscan mejores condiciones para los trabajadores y garantía para los patrones, estos deben acelerarse y resolverse antes de que den inicio de las próximas campañas electorales.
Señaló el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Jaime Chalita Zarur, quien exhortó a los integrantes del Congreso de la Unión a darle mayor agilidad al proceso, pues muchos legisladores andarán ocupados en otros temas y no en las necesidades de los ciudadanos.
Recordó que la reforma constitucional de 2017 en materia laboral, establece tres premisas guía para modificar el sistema de justicia laboral en México, lo cual sigue pendiente en el Congreso de la Unión.
Indicó que la primera de estas premisas es la función conciliatoria como instancia prejudicial para trabajadores y patrones; la segunda es la impartición de justicia laboral por órganos del poder judicial federal o de los poderes judiciales locales; y la tercera es la creación de un organismo descentralizado que garantice la función conciliatoria en el orden federal y el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y sindicatos.
“El Congreso tiene la responsabilidad constitucional de realizar las adecuaciones legislativas necesarias para crear un modelo de justicia que privilegie la conciliación, mejore la calidad y legitimidad de los procedimientos jurisdiccionales y de las sentencias”, puntualizó.
Finalmente manifestó que la Reforma Laboral propone un sistema de justicia laboral innovador que brinde certeza jurídica a trabajadores y patrones, a la par que fortalece la productividad y competitividad del país en beneficio de los mexicanos.