Tanto senadores como diputados están más preocupados por buscar acomodo con el proceso electoral, por lo que hay comisiones sin titular y sesiones con poca concurrencia Foto Guillermo Sologuren
Si no aprueban ley de propaganda, incurrirán en desacato
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Lunes 5 de marzo de 2018, p. 12
Pese al elevado número de pendientes en este último periodo ordinario de la legislatura en el Senado, durante febrero los avances fueron nulos. Mucho ausentismo en las sesiones, poco trabajo en comisiones que deben dictaminar los temas más urgentes y caras nuevas, de quienes suplen a los legisladores que pidieron licencia, la mayoría para contender por otros cargos de representación popular.
Desde que se inició la legislatura, 37 senadores titulares se marcharon y su lugar lo ocuparon suplentes, que llegan a enterarse apenas de los temas por dictaminar. Tres ex presidentes del Senado: Pablo Escudero, del PVEM; Roberto Gil Zuarth, PAN, y Miguel Barbosa, del PT-Morena, dejaron sus escaños recientemente, este último para contender por el gobierno de Puebla.
El proceso electoral ya causó estragos. Hay 14 comisiones sin presidente, la senadora del PRI Cristina Díaz estuvo dos semanas de licencia, por lo que la presidencia de la Comisión de Gobernación apenas fijó la ruta legislativa para dictaminar la Ley de Propaganda Gubernamental, que debe aprobarse antes de que concluya el periodo de sesiones –el 30 de abril– como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Congreso ha estado en falta desde hace 11 años, en que debió aprobar esa legislación encaminada a regular la aplicación de recursos públicos en los medios de comunicación, pero ahora sí tiene que hacerlo, pues tanto el Senado como la Cámara de Diputados incurrirían en desacato a la SCJN.
Otra comisión con un tema relevante que estuvo sin presidente varias semanas fue la de Trabajo y Previsión Social, ya que el entonces senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, pidió licencia para contender por la candidatura al gobierno de Guanajuato. No lo logró y dejó al tricolor para pasar a Morena.
Ahora el PRI quiere quitarle la presidencia de esa comisión, encargada de dictaminar la ley reglamentaria sobre justicia laboral, a la que el PT-Morena se ha opuesto.
Mientras, el plazo legal establecido por los propios legisladores en un transitorio de la reforma constitucional en la materia, venció el pasado 25 de febrero.
Como si el Senado no tuviera cerca de 50 nombramientos por ratificar, entre ellos del fiscal y los 18 magistrados anticorrupción, y una decena de leyes urgentes como la de la Fiscalía General de la República, la legislación para endurecer las penas por el robo de hidrocarburos, las modificaciones al derecho de réplica, con base en los señalamientos de la SCJN, además de un rezago de mil 322 iniciativas y 311 minutas, el periodo de sesiones se inició con un puente vacacional de siete días.
Los senadores acudieron a San Lázaro para la apertura, pero sólo sesionaron hasta el 8 y cada vez con muchos senadores ausentes. De los siete días que sesionaron sólo en uno la asistencia fue superior a cien, en las demás apenas acudieron 80 legisladores.
Durante marzo el panorama ha sido similar. La sesión del pasado jueves empezó con 82 senadores, pero en la última votación sólo quedaban 75, más ocupados en otros asuntos que en la agenda que se discute en el pleno, la mayor parte de las veces de temas irrelevantes. Un ejemplo es el dictamen aprobado por mayoría para declarar el último día de febrero como el “día de las enfermedades raras”.
Mes: marzo 2018
López Obrador rescatará a 7.5 millones de ninis
Luisa María Alcalde afirma que desde la Secretaría del Trabajo impulsarán también elevar el salario mínimo
Por David Casco – 5 marzo, 2018 20
La encomienda de Andrés Manuel López Obrador para el equipo que conformará su gabinete –en caso de ganar la elección presidencial– es clara: trabajar con conocimiento de causa desde el primer día; sin llegar a improvisar; ejecutar los planes que se están trabajando ya y dar resultados.
Luisa María Alcalde Luján es parte de ese equipo. López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia –Morena-PT-PES–, la adelantó como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), y la joven tiene más que claro cuál será su papel si el voto favorece al tabasqueño en las urnas el 1 de julio.
“Tradicionalmente, la Secretaría del Trabajo no ha tenido mayor importancia porque se ha dedicado a lo que tiene que ver con la justicia laboral, con la administración de las juntas de Conciliación y Arbitraje, pero ahora todo eso ya no va a ser así”, explica Luisa María.
En entrevista con Grupo Cantón, la abogada anticipa que ahora la STyPS guiará la política laboral, promoverá el empleo y su formalización, promoverá la mejora salarial y, sobre todo, uno de sus ejes serán los jóvenes, que ha sido un sector sumamente desprotegido en cuanto a materia laboral se refiere, pues “no sólo batallan para encontrar trabajo, sino que los salarios que se les pagan son bajísimos”.
Y es que, anota, el 70 por ciento de los jóvenes está ganando entre uno y tres salarios mínimos, “y sabemos que el salario mínimo está por debajo de la pobreza”.
Luisa María Alcalde apunta que, en el caso de la Secretaría del Trabajo, “tenemos ejes principales que estamos discutiendo y ya tenemos más claros. Uno sin duda es el del programa Jóvenes construyendo el futuro, que se va a hacer como un proyecto principal no sólo en la Secretaría del Trabajo, sino del gobierno de Andrés Manuel, que es dar atención a 7.5 millones de jóvenes que hoy no tienen posibilidad ni de trabajar ni de estudiar. Entonces la idea es ir casa por casa inscribiendo a estos jóvenes y darles esa oportunidad”.
Detalla cómo lo harán: Cada año se va a atender a 2 millones 600 mil jóvenes. A 300 mil se les darán un espacio en las universidades, en las preparatorias, en las secundarias, dependiendo el nivel educativo en el que se quedaron, y se les dará una beca.
“Y a 2 millones 300 mil, dependiendo del nivel educativo que tengan, sus intereses, si saben hacer algún oficio, si tienen alguna habilidad, se les va a dar la oportunidad de que escojan un área de trabajo y se les va a vincular con talleres, comercios, empresas, microempresas, pequeñas, medianas grandes, dependiendo los intereses y las capacidades”, plantea.
Luisa María ahonda en este plan: “Se les va a vincular en estos tutores y se les va a dar la oportunidad de que en un año, recibiendo un salario por parte del gobierno de 3 mil 600 pesos mensuales, puedan capacitarse.
La idea, dice, es capacitar y dar oportunidad de que sean aprendices a 2 millones 300 mil jóvenes cada año y que aprendan en el lugar de trabajo para que desarrollen nuevas actividades, para que aprendan un oficio, que tengan mejores y más herramientas para incorporarse al mercado del trabajo.
ALIANZAS CON EMPRESAS
De igual forma, otra de las prioridades que López Obrador le encargó a Alcalde Luján, es buscar mecanismos de apoyo a través de alianzas con empresas para atender e impulsar la contratación de adultos y adultos mayores, quienes por su edad difícilmente son contratados. También, agrega la exdiputada, hay que replantear la estrategia económica y pensar que el crecimiento lo vamos a conseguir si nos enfocamos en desarrollar el mercado interno.
“Entonces, ¿qué quiere decir eso? Darle mayor atención y prioridad a la micro, a la pequeña empresa, que son realmente las generadoras de empleos. Si ellas son las generan empleos hay que hacerlas que sean mejores empresas, más productivas, con mayor tecnología, con mayor capacidad de crecimiento y para eso tenemos que dar créditos baratos, créditos a la palabra…”, precisa.
Sobre el precario salario mínimo, Luisa María reconoce que deberán empujar una política de incremento, que será uno de los proyectos principales de la Secretaría, pues “hoy el salario mínimo está por debajo de la pobreza, 88 pesos diarios no alcanzan para sobrevivir y ha sido una decisión lateral del Gobierno, un decreto presidencial prácticamente en los últimos gobiernos para que esté así de bajo”. De igual forma, dice que se deberá replantear el modelo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
La entrevistada asegura que existen condiciones favorables para el incremento al salario mínimo, “y para que exista tranquilidad de que no va a haber inflación, no va a haber ningún tipo de riesgos en términos económicos, sino al contrario, esto nos va a ayudar a todos, al fortalecerse el mercado interno, a que la gente tenga más recursos para gastar, para vivir con un mínimo de bienestar”. “Hay mucho por hacer, y ya empezamos a trabajar en ello”, concluye Luisa María Alcalde Luján.
http://diariobasta.com/2018/03/05/lopez-obrador-rescatara-7-5-millones-ninis/
San Luis Potosí: Aprueban reforma laboral y acaban con derechos del trabajador
José Luis Martínez Castro Viernes 2 de marzo de 2018 en Ciudad Valles
CIUDAD VALLES, SLP.-(OEM-Informex).- Se aprobó nueva reforma laboral, que acaba con los derechos de los trabajadores, se dice adiós a los contratos de planta, se pierde el contrato colectivo al momento que se dará la contratación individual y temporal pago por horas laboradas. Por lógica, se modifica la ley del ISSSTE y la del seguro social.
Lo declaró el líder social José Inés Velázquez Montes, quien forma parte del Frente de Defensa de la Vivienda Popular, quien explico hace imposible alcanzar la jubilación o pensión, ya que el trabajador tendría que trabajar 50 años para lograrlo, pero además se pierde la autonomía sindical, al entenderse directamente el patrón con el trabajador, quien podrá despedirlo sin avisarle cada 6 meses y sin responsabilidad para el patrón.
Con este se le dice adiós a los contratos de planta, incluso se degrada a mercancía del trabajador, por lo tanto el trabajo deja de ser un derecho humano, sólo prevalecerán los intereses patronales ante los de los trabajadores, porque se establecerán contratos a prueba por 6 meses, si es técnico o profesionista; por un mes si es obrero; y de 3 a 6 meses si es técnico o profesionista.
Con esta nueva ley, desaparece el salario mínimo, porque era lo mínimo que se le debería pagar al trabajador. Ahora queda al gusto del patrón, por lo que puede ser menos, y se contempla que el patrón podrá facilitar el despido, el aviso no es obligatorio, el juicio ya no contempla salarios caídos, para los que tengan 20 años de trabajo se les podrá despedir.
Actualmente la estabilidad del trabajo tiene derechos y con esta reforma se pierden. La regla de oro que hoy se tiene; con que tengas 6 meses continuos laborados tienes derecho a la planta, pero con la nueva ley ya no, todo se pierde, y es que la mayoría de la población no está informada de esta reforma, porque se ha divulgado poco sobre el tema.
Esta acción es parte de una ola de arbitrariedades que están cometiendo diputados y senadores, por lo que el Frente de la Defensa de la Vivienda Popular hace el llamado a toda la población a estar preparados en cualquier momento para realizar un movimiento nacional, para actuar en contra de los legisladores que están al servicio de los ricos, y negar el voto a quien está en contra del pueblo, quitarles todas las prerrogativas que tienen a costa del pueblo.
https://www.elsoldesanluis.com.mx/municipios/valles/aprueban-reforma-laboral-y-acaban-con-derechos-del-trabajador
Michoacán: Rezago de 10 mil expedientes será abatido antes que desaparezca la JLCA
Rebeca Hernández Marín/Quadratín | 03 de marzo de 2018
Mich., 3 de marzo de 2018.- El rezago de 10 mil expedientes de juicios labores se abatirá en los cuatro años de plazo para la desaparición de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a partir del próximo 1 de diciembre, cuando el Poder Judicial se hará cargo de la justicia laboral, afirmó el presidente de ese organismo, Hill Arturo del Río Ramírez.
El funcionario estatal señaló que el elevado número de expedientes en trámite se debe a que la actividad creció, pero no el personal de la Junta que además sufre de rezago tecnológico, ya que hasta hace poco no contaban con una página web en la que ya se puede consultar el estado de los expedientes.
El tiempo promedio para resolver un juicio laboral lleva entre dos y cuatro años, debido a que las partes presentan muchos incidentes y, a manera de ejemplo, mencionó que hay estados donde los juicios tardan el doble y, a nivel federal, es hasta cuatro veces más dilatado que en la entidad, pero con el nuevo sistema la justicia laboral será más ágil.
En el caso de Michoacán, dijo que el rezago se debe en parte a la carga procesal, pero sobre todo a los juicios de amparo que enfrenta la Junta, precisamente por el retraso en los procesos, lo cual calificó como algo desastroso porque de los 10 mil asuntos en trámite, el 30 por ciento son amparos, lo cual genera mayor dilación.
En entrevista con Quadratín, señaló que de septiembre a noviembre de este 2018 se hará la transición del área colectiva al Centro Nacional de Conciliación , y a partir del 1 de diciembre todo lo nuevo se presentará en los órganos jurisdiccionales, tanto federal como estatal, y será a partir de entonces cuando puedan desahogar los asuntos en trámite.
Del Río Ramírez defendió al personal de la Junta, al que consideró profesional, con 10 y hasta 15 años de experiencia y una edad promedio de 45 años, por lo que dijo que seguramente atenderá las convocatorias a los concursos del Poder Judicial tanto federal como estatal para integrarse a su plantilla o a los centros de conciliación, de los que en principio también habrá dos, uno federal y uno estatal.
Señaló que el personal que se vaya no se resentirá en la Junta porque desde el próximo septiembre harán la transferencia de los asuntos colectivos y la gente que los atiende estará disponible para ir resolviendo los asuntos individuales.
Además, estimó que como los centros de conciliación y los tribunales iniciarán con carga cero no requerirán tanto personal, pero sí cuando vaya aumentando la demanda de justicia laboral, tiempo en que el personal de la Junta puede irse preparando para incorporarse, porque no es fácil encontrar personal especializado.
En la Junta de Conciliación y Arbitraje laboran 160 personas, de las cuales alrededor de 50 son integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe) que seguramente serán reubicados en otras dependencias.
En el supuesto de que no logren colocarse en la nueva estructura de la justicia laboral o en otras dependencias del Ejecutivo estatal, el personal tendrá sus derechos a salvo, indico Del Río Ramírez.
https://www.quadratin.com.mx/principal/rezagoo-10-mil-expedientes-sera-abatido-desaparezca-la-jlca/
Piden sindicatos de México, EU y Canadá priorizar derechoslaborales en TLCAN
Astrid Rivera [ Ciudad de México ]
Al sostener una reunión, sindicatos de los tres países denunciaron que la renegociación del acuerdo comercial se ha conducido con “absoluta discreción”, al dejar de lado la voz de la sociedad civil y sólo considerar los intereses de las grandes corporaciones
Sindicatos de Estados Unidos, México y Canadá demandaron el respeto a los Derechos de los trabajadores en el Tratado de Libre Comercio, sin importar su condición migratoria ante el riesgo de las estrictas políticas de Estados Unidos.
“Estamos convencidos de que cualquier acuerdo comercial se debe basar en el pleno respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y el medio ambiente, la soberanía nacional de cada país y un verdadero desarrollo económico, fortaleciendo las cadenas productivas locales, nacionales y regionales. La solución a la grave crisis que enfrentamos no vendrá de encerrarnos detrás de muros”, expresaron.
Resaltaron que el actual modelo de libre comercio ha precarizado la vida de los trabajadores al profundizar la desigualdad social y entre los tres países, además de que se ha afectado el ejercicio de los derechos humanos de la fuerza laboral, generando la crisis social y económica.
“Alertamos de que la renegociación sirva para establecer un acuerdo aún más lesivo que el actual, y lamentablemente parece que esto será así. Un tema que nos preocupa sobre manera es el respeto a los derechos de los trabajadores, independientemente de su origen o condición migratoria, lo cual se ha visto en peligro debido a las políticas racistas y discriminatorias del gobierno de Estados Unidos”, subrayaron.
Destacaron la necesidad de un nuevo modelo de intercambio para las naciones de América del Norte, en el que se garantice la participación de la sociedad y en el que los acuerdos se tomen de manera transparente; además de establecer mejores condiciones para los trabajadores, mediante legislaciones efectivas que aumenten el poder adquisitivo de los salarios, permita el acceso al pleno empleo con condiciones dignas y que promuevan la libertad y democracia sindical, así como la negociación colectiva auténtica.
Enfatizaron que se requiere impulsar una política industrial que proteja de manera efectiva una producción compartida entre los tres países, aumentando los requisitos cuantitativos para las reglas de origen, fortaleciendo el monitoreo para garantizar el origen nacional norteamericano de componentes en industrias claves.
Las organizaciones sindicales se comprometieron a continuar cooperando de manera conjunta y coordinada, para impulsar un nuevo modelo de cooperación para América del Norte que respete la autonomía de cada organización, pero que integre una agenda de temas transversales para la región.
Durante la reunión las organizaciones gremiales exigieron la discusión de la reforma laboral en México a fin de que esta normativa respete los derechos de los trabajadores y manifestaron su apoyo a los sindicatos del sector público estadounidenses ante la posible decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos para reducir las cuotas sindicales.
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/piden-sindicatos-de-mexico-eu-y-canada-priorizar-derechos-laborales-en-tlcan
IP rechaza que tema salarial frene negociación de TLCAN
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que hay avances en el capítulo laboral pese a las diferencias sobre incluir o no en el acuerdo ese tema.
LUIS MORENO Y EDUARDO DE LA ROSA
03/03/2018
Las diferencias en torno a si se debe incluir o no el tema salarial en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no ha estancado el avance en el capítulo laboral, afirmó el presidente del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales, Juan Pablo Castañón.
«No se estancó, el capítulo laboral está en la mesa y va avanzando mucho, lo que nos han dicho es que hay avances importantes», subrayó el también presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En entrevista, explicó que los compromisos que México ha puesto sobre la mesa en la modernización laboral es una iniciativa de ley secundaria que han estado depurando entre los tres países y que para México sería «darle pies a la reforma constitucional» en la materia.
«Moderniza, agiliza la justicia laboral, agiliza la conversación laboral entre empresas y trabajadores, exige a que la empresa transfiera tecnológica conocimiento e innovación y se busque capacitación, y productividad para que eso también se refleje en mejores condiciones para los trabajadores», indicó.
En el séptimo día de la séptima ronda de de la modernización del acuerdo sesionaron energía, anexos sectoriales, aduanas y facilitación comercial, pueblos indígenas y telecomunicaciones.
Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá retomaron el diálogo de las reglas de origen del sector automotriz que había quedado pendiente por el retorno a Washington del negociador estadunidense, Jason Berenstein.
No obstante, la sesión se acordó llevarse a cabo de manera virtual, es decir que el negociador estadunidense estaría solamente conectado vía remota desde otro lugar.
También los equipos de trabajo acordaron tener una reunión antes de la octava ronda que se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos, en la primera semana de abril, solamente para avanzar en el tema de las reglas de origen del sector automotor, con el objetivo de llegar con avances más significativos.
En el penúltimo día de la ronda, este domingo, solamente sesionará una mesa de trabajo, la cual es medidas sanitarias y fitosanitarias, capítulo que lleva más de 90 por ciento de avance.
http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-septima-ronda-salarios-capitulo-laboral-reglas-origen_autos_0_1132087030.html
Apoyan aplazar el nuevo sistema de justicia laboral
Se necesita más de un año para la transición: senadores del PAN, PT-Morena y PRD
“Este es el sexenio de grandes leyes que no operan”, expresó el senador Luis Humberto Fernández al apoyar la vacation legis o aplazamiento en la puesta en marcha de juicios orales en materia laboralFoto Luis Humberto González
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 3 de marzo de 2018, p. 13
Senadores del PAN, PT-Morena y PRD coincidieron en señalar que el Congreso debe rectificar su error y dar un plazo de transición mayor para la puesta en marcha del nuevo sistema de impartición de justicia laboral, a fin de que pueda operar con éxito esa reforma que desaparece las juntas de Conciliación y Arbitraje y pasa la resolución de conflictos obrero-patronales al Poder Judicial.
El plazo de un año para la entrada en vigor del nuevo sistema, basado en jueces y tribunales laborales, que los legisladores establecieron en la reforma constitucional de febrero de 2017, no fue suficiente, como quedó demostrado ya, advirtió el senador del PT-Morena Luis Humberto Fernández.
Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, responsable de dictaminar esa ley secundaria sobre justicia laboral, hizo notar que se deben escuchar las voces de magistrados y presidentes de juntas de Conciliación que han insistido en una vacation legis, es decir, en un mayor tiempo para la aplicación del nuevo modelo, ya que ni siquiera se asignaron los recursos necesarios.
El senador Fernández señaló que desafortunadamente “este es el sexenio de grandes leyes que no operan”. Basta ver, dijo, la catástrofe que ha representado el sistema penal acusatorio, debido a las deficiencias en su operación, y lo mismo podría pasar con el modelo laboral.
Por separado, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, coincidió en señalar que ambas cámaras del Congreso deben asumir sus fallos y acordar esa vacation legis, para que haya tiempo suficiente de poner en marcha el instituto de conciliación y el tribunal laboral, permitir que las juntas terminen con el fuerte rezago de juicios que arrastran y capacitar al personal.
Igualmente, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, dijo que no puede pensarse en que una nueva ley podrá operar al 100 por ciento “de golpe y porrazo” y menos una legislación como ésta, “que viene a mover el estado actual de las cosas”.
Sin embargo, comentó que está dispuesto a discutir la necesidad de ampliar los plazos, a fin de que la ley “tenga un aterrizaje óptimo”. Lo importante, recalcó, es que todas las fuerzas políticas en el Senado “estemos en la dis-posición de movernos en una dirección y apostar a que a la brevedad se tomen medidas integrales que conduzcan a un modelo con mejores condiciones para resolver los diferendos entre trabajadores y empresarios”.
El senador Fernández dijo que esa reforma es importante y lo conveniente es dar un tiempo suficiente para que opere y sea en realidad una justicia ágil, expedita, no juicios que tardan cuatro años. Hay que escuchar, insistió, a quienes aplicarán el derecho laboral y expusieron ya los problemas.
A su juicio, hay que ampliar el plazo de un año fijado en la reforma constitucional y “tomar algunas precauciones en la ley reglamentaria. Creo que eso sería lo más efectivo, pero no tiene sentido ampliarlo si no hay una hoja de ruta para dictaminar”.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/03/politica/013n2pol
Reforma laboral suspendida, una oportunidad
Arturo Alcalde Justiniani
La decisión del Senado de diferir la aprobación de la reforma reglamentaria al artículo 123 constitucional es una oportunidad para abrir el debate y transitar por el camino correcto en este capítulo fundamental para el país.
Existen hasta ahora tres iniciativas en la Cámara de Senadores con relación a este tema. La primera, presentada el 7 de diciembre pasado por dos senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tereso Medina (CTM) e Isaías González Cuevas (CROC); esta controvertida propuesta ha generado un rechazo generalizado por diversos motivos, entre ellos, el hecho de que contraviene el texto constitucional que pretende reglamentar, por regresar al control gremial en la administración de justicia y mantener los vicios de la contratación colectiva.
La segunda iniciativa es impulsada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); su contenido es producto de un sólido proceso de participación plural de académicos, especialistas y distintos actores del mundo laboral y fue presentada por el senador Luis Sánchez Juárez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La tercera iniciativa corresponde a la senadora María del Pilar Ortega Martínez del Partido Acción Nacional (PAN); su contenido es hoy objeto de análisis y debate.
La reforma constitucional de febrero de 2017 planteó como objetivos centrales contar con un sistema de justicia eficiente e imparcial y por ello abandona el sistema tripartita que prevalece en las juntas de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, pretende rescatar la negociación colectiva de la simulación y corrupción que caracterizan a los contratos de protección patronal. También busca suprimir la extorsión a empresas por parte de siglas sindicales sin representación real de trabajadores.
En un periodo corto de tiempo, el tema de la reforma laboral ha generado un interés creciente, reflejado en la organización de múltiples foros y pronunciamientos públicos en los que han participado numerosos actores políticos y sociales. En un desplegado publicado en este diario el pasado 26 de febrero, se subrayan los temas que deberán atenderse, destacándose la autonomía en los órganos de impartición de justicia y el respeto al voto secreto. El pronunciamiento tiene especial importancia por la pluralidad de sus firmantes.
La reforma constitucional creó dos nuevos organismos para hacer cumplir los principios del nuevo texto constitucional: uno de carácter federal autónomo, con tareas de conciliación registro de sindicatos y contratos colectivos, y otro con el fin de impulsar la conciliación en los estados.
La propuesta del PRI, apoyada por abogados y líderes beneficiarios del sistema de corrupción gremial, pretende que en el nuevo organismo federal se imponga de nuevo la representación tripartita. Este intento de intromisión cancelaría los fines de la reforma por los siguientes motivos:
Primero, porque no se puede ser juez y parte, peor aún en una realidad como la nuestra, en la que la parcialidad, los intereses creados, la cultura del control, la opacidad y la corrupción han sido los ingredientes esenciales del modelo que la reforma pretende superar.
Segundo, porque el organismo será el receptor de información proporcionada por los trabajadores que pretenden organizarse, cambiar de sindicato o emplazar a huelga, y de su decisión depende la viabilidad práctica de estos procesos. Ningún grupo de trabajadores va a ser tan atrevido como para darle información logística y vulnerable a los representantes de la parte contraria. La experiencia demuestra que la consecuencia inmediata es la represión.
Tercero, porque no es atendible el argumento de que el carácter tripartita del organismo que se propone es similar a otros, como la Organización Internacional del Trabajo o el Seguro Social, porque su naturaleza es totalmente distinta y la función de estos últimos no es aplicar la ley; tampoco es atendible el argumento de que el problema se resuelve limitando en la reglamentación del organismo la injerencia de empresarios y sindicatos. En cualquier lugar que se encuentre la representación gremial influirá en las decisiones de dicho órgano y contará con información que puede afectar a los trabajadores. No es una cuestión de diseño organizativo o simple redacción.
Cuarto, porque en la experiencia internacional no existe un referente similar al órgano de control gremial que pretende la iniciativa del PRI.
A contracorriente, la propuesta impulsada por la UNT plantea que este organismo debe preservar su autonomía, como lo señala el texto constitucional, y propone que su órgano de gobierno incluya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que, por su naturaleza, están vinculados a los fines del organismo. Por su parte, la propuesta panista plantea que también participen especialistas en materia laboral de reconocido prestigio.
En conclusión, preservar la autonomía e imparcialidad de este órgano es un problema de vida o muerte para la reforma. De otra manera carecerían de sentido todos los recursos y esfuerzos implementados en esta tarea.
Para entender la campaña contra Napoleón Gómez Urrutia:
Circunstancialmente, conocí a un abogado que trabaja en un despacho de asesoría y litigio laboral, en el que todo su equipo es financiado por una empresa minera. En nuestro encuentro me comentó: “Nosotros nos dedicamos a presentar demandas y denuncias contra Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato nacional minero; la empresa nos da listas de trabajadores y acudimos a sus domicilios para convencerlos de que demanden al líder, ofreciéndoles nuestros servicios gratuitos y, a cambio de su firma, pueden recibir muchos miles de pesos.
La intención es presionar y desprestigiar a Napoleón, porque la empresa no quiere su regreso a México, pues ha sido demasiado exigente en el cumplimiento de los estándares de seguridad para los mineros y en el reclamo de las prestaciones laborales e incrementos salariales, más allá de lo que se otorga en el mercado laboral. Su confesión confirma los motivos de esta campaña.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/03/opinion/014a1pol
Chihuahua: Iniciativa laboral EPN-Meade
Sobre Aviso
Candelario González Villa
Presentada en diciembre pasado por los senadores priistas Isaías González Cuevas (CROC) y Tereso Medina (CTM) con el evidente encargo del actual Ejecutivo federal y su candidato presidencial, José Antonio Meade, al día de hoy ni una sola voz se ha alzado apoyando esta propuesta, mal llamada iniciativa.
Ambos senadores fueron desconocidos por sus propias centrales, pero aun así tuvieron la desfachatez de proponer que se aprobara al vapor. Ahora anuncian que intentarán repetirlo este mes en el inicio del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, con la excusa de que la reforma laboral a la Carta Magna planteó el término de un año para reglamentarla.
El contenido de la iniciativa en cuestión se puede resumir en los diez puntos siguientes:
- Desaparece los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permite que la responsabilidad de los patrones pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista) con la intención de abaratar el costo de la mano de obra.
- Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, al permitir que se haga simplemente comunicando por escrito al trabajador y señalando sus motivos.
- Promueve los ajustes y despidos masivos injustificados de trabajadores al liberar al patrón de la obligación vigente de justificar previamente ante la autoridad su causa. Cuando alega el patrón incosteabilidad, quiebra o la decisión de los acreedores de cerrar un centro laboral. Reduce la indemnización en caso de reajuste o separación colectiva, sustituyendo la obligación de pago conforme al salario vigente por una cuantía menor al salario mínimo. La invitación al despido está contenida en los artículos 436 y 439 a bajo costo.
- Reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte o incapacidad, sustituyendo la obligación actual de pagar en base al salario que recibía el trabajador por una unidad de medida menor al salario mínimo.
- Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva, violando así el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Impone obstáculos jurídicos y prácticos imposibles de cumplir para sindicatos autónomos, fuera del control empresarial. Fortalece así los contratos de protección patronal. La reforma constitucional (reciente) restringe el voto secreto como exigencia previa para la firma del contrato colectivo. Hace imposible el ejercicio de derechos laborales colectivos en la pequeña y mediana empresa.
- Hace imposible que los trabajadores puedan cambiar de sindicato por la vía de los juicios de titularidad al imponer requisitos insalvables de “procedibilidad” y “legitimación” que se deben cumplir bajo un tortuoso procedimiento aun antes de iniciar el juicio, con el fin de reprimir a los trabajadores.
- Impide el ejercicio del derecho a huelga al imponer requisitos que no podrá cumplir un sindicato auténtico. Hay una cerrazón al acceso a la negociación colectiva para dejar libre la controlada por el patrón, es decir, el outsourcing.
- Cancela el carácter autónomo del Instituto de Conciliación y Registro laboral, encargado del registro de sindicatos y depósito de contratos colectivos, al imponerle un esquema de gobierno controlado por la representación, tanto de los sindicatos oficialistas como patronales, regresando así a un sistema corporativo más rígido y discrecional a las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje. Todo el sistema en materia de asociación, contratación colectiva y huelga en este instituto y en los centros de conciliación estatales se convierten en fiscalizadores o jueces administrativos, invadiendo las tareas de los jueces laborales, que son relegados a una función marginal en detrimento del estado de derecho.
- Suprime los avances en materia de transparencia sindical contraviniendo la nueva Ley General de Transparencia e Información Pública que obliga a publicitar íntegramente por internet los documentos en poder de la autoridad, así como copia de los mismos a cualquier solicitante. Es decir, todo se reduce a las figuras de “declaraciones públicas” e “índices” con la intención de ocultar información y mantener el sistema de control y corrupción.
- En materia procesal, se impone un marco de derecho laboral hueco, regresivo y violatorio de los derechos humanos. El daño no solamente es en perjuicio de los trabajadores, sino a la sociedad en su conjunto, incluyendo a los empresarios.
Con esta propuesta, nos damos cuenta que el Estado como garante de justicia y seguridad de la clase trabajadora y de la sociedad en general, incumplió todas las reglas del Derecho y hace su entrega a los intereses de la iniciativa privada, es decir, la élite que se adueñó de la agenda nacional para satisfacer su voracidad y su ínfima calidad humana.
(*Con la participación de Arturo Alcalde Justiniani, licenciado en Derecho y académico en Derecho Laboral de la UNAM)
http://www.juarezhoy.com.mx/index.php/perspectiva/item/33121-iniciativa-laboral-epn-meade
Aguascalientes: PJE no asumirá la justicia laboral
El Poder Judicial del Estado, no recibirá las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ni abrirá juzgados en materia laboral a falta de leyes secundarias que siguen atoradas en el Congreso de la Unión, advirtió su presidente Juan Manuel Ponce Sánchez.
“por su parte, las propias juntas se encuentran en aprietos, pues en pleno proceso de disolución se encuentran ahora en un escenario de incertidumbre obligadas a sacar adelante un rezago de miles de expedientes y a la vez recibir los asuntos nuevos, sin contar con todos los elementos para ello”, agregó.
En entrevista, el magistrado presidente lamentó que a falta de trabajo legislativo, en éste momento se esté incumpliendo un mandato constitucional que además trae incertidumbre en el ámbito de la impartición de justicia.
Recordó que tras la reforma constitucional que tuvo como objeto crear un nuevo modelo de justicia laboral que fuera eficiente y ágil, hubo el compromiso de legisladores federales de emitir leyes reglamentarias, reformas y adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo para concretar el proyecto.
El término era el 25 de febrero de este año y ahora estamos iniciando marzo sin tener certidumbre en el tema, por lo que ambas partes “estamos con las manos atadas y sólo nos queda esperar”.
Eso implica que el Poder Judicial del Estado no haya podido hasta el momento iniciar el proceso de selección y capacitación de personal que requerirá para atender desde el ámbito jurisdiccional la impartición de justicia en materia de trabajo.
Tampoco se han podido iniciar los trámites para generar la nueva infraestructura que sea necesaria, porwue mintras no se cuente con la base legal sobre cómo va a operar el nuevo sistema y sobre todo cuáles son los conocimientos que deben tener los nuevos operadores, “no podemos hacer nada”.