Roberto Campa Cifrián, Secretario del Trabajo
De enero a abril se han generado 3,700 empleos diarios, cifra récord. El reto en el segundo semestre: lograr acuerdos para la legislación secundaria y dejar listo el Instituto de Conciliación y Registro.
Luis Miguel González Y Geert Rombaut
31 de mayo de 2018, 00:57
El TLCAN es una oportunidad para avanzar en algunos temas como justicia laboral y democracia sindical, “no porque lo piden Estados Unidos y Canadá, sino porque a México le conviene”
Las cifras de empleo en el sexenio son buenas, pero los números del 2018 son mejores aún, afirma el secretario del Trabajo: “la generación de empleo formal se ha acelerado”, dice Roberto Campa: son más de 450,000 nuevos puestos de trabajo en los primeros cuatro meses del año, alrededor de 3,700 empleos cada día. Esta cifra se compara con los 1,800 empleos diarios que se generaron en promedio en los primeros cinco años de esta administración y con 800 empleos diarios promedio de las dos administraciones anteriores.
Estos números son producto de dos reformas a la legislación laboral y de cifras históricas en materia de Inversión Extranjera Directa. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo permitieron flexibilizar las formas de contratación.
—Son ya 3.6 millones de empleos registrados en el IMSS en este sexenio, ¿cuántos son nuevos empleos y cuántos son incorporación al sector formal?
No tenemos esa estadística, pero no hay que pensar que la formalización es un asunto menor. Trae aparejada salud para los trabajadores y sus familias; un sistema de ahorro para el retiro y la posibilidad de acceder a créditos para el consumo o para vivienda. Es una buena noticia para los trabajadores, pero también para la economía del país porque también sabemos que la informalidad es altamente improductiva.
Hoy 56% de las personas ocupadas están en la informalidad, generan alrededor de 25% del Producto Interno en nuestro país; pasar a la formalidad también significa entrar en un esquema en donde los trabajadores son mucho más productivos.
Pensando en un ecosistema tan dinámico como el laboral, ¿qué ajustes vamos a requerir en el marco normativo, legal, inspección, para hacer frente a la siguiente generación de cambios que está ocurriendo en ese mercado?
Cuando revisamos los cuestionamientos que se hicieron a la reforma laboral del 2012 y las expectativas anunciadas respecto de esa reforma, la reforma cumplió absolutamente con las expectativas que anunció, porque estas cifras de comportamiento del empleo no se pueden explicar sin la reforma.
Una parte muy importante es que no hay prácticamente empleo de salario mínimo en los empleos nuevos que se han creado en nuestro país en los últimos años.
Hoy tenemos menos de 17,000 personas registradas en el Seguro Social con un salario mínimo. Esto es una reducción de más de 200,000 personas que estaban registradas en 2012 con un salario mínimo. Una parte importante está en alrededor de dos salarios mínimos, ciertamente, pero casi el 30% está en cinco salarios mínimos para arriba, o sea más de 1 millón de empleos de los que se han creado son empleos de cinco salarios mínimos hacia adelante. Esta cantidad equivale a todos los que se crearon en el gobierno de 2000 a 2006 en total.
—En los aspectos cualitativos del mercado laboral, hay dos temas donde los resultados no son tan positivos: productividad y remuneraciones, ¿cuál es su visión, como secretario?, ¿qué le toca hacer al gobierno, a la STPS, a los empresarios y qué a los sindicatos, a los trabajadores?
Esta administración ha hecho un esfuerzo para lograr la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. El salario mínimo en nuestro país en el 2012 era distinto dependiendo de tres áreas geográficas, pero el promedio era 60 pesos diario. En la última revisión, que fue la de noviembre-diciembre, se fijó en 88 pesos y centavos y es uno solo para todo el país. El incremento en términos reales, descontando el efecto de la inflación, es entre 17 y 18%. Los salarios contractuales también han tenido incrementos constantes, en esta administración se frenó el deterioro.
Un dato relevante es la informalidad. La mayor parte de las personas ocupadas en México están en la informalidad; arrancamos esta administración con 60.2 o 60.3% y estamos ahora un poco por debajo de 57%. Hay una reducción de poco más de 3 puntos porcentuales en las tasas de informalidad laboral, pero tenemos diferencias abismales dependiendo de las distintas regiones del país. Reducir la informalidad es clave porque los niveles más bajos de salarios están en la informalidad. La mayoría de personas que ganan un salario mínimo están en la informalidad,
Las regiones del país con menor evolución a la industrialización tienen porcentajes de informalidad de alrededor del 80%. En Guerrero, Oaxaca y Chiapas, solamente 2 de cada 10 personas ocupadas están en la formalidad y generalmente están en oficinas de gobierno. Son estados que no tienen muchas opciones de trabajo formal.
En Nuevo León, Coahuila, Baja California, entre 60 y 70% de las personas ocupadas están en la formalidad. Ahí se produce un círculo virtuoso: hay incentivos para incrementar la productividad y un movimiento en los salarios vinculado con la productividad. Esto ocurre en muchas industrias fundamentales para el país como la automotriz y la minería. Hay buenos resultados en mejora de salarios relacionados con la productividad, pero hay que reconocer que eso ocurre principalmente en la parte más moderna de la economía, vinculada al sector exportador.
—En las negociaciones del TLCAN, EU y Canadá están presionando mucho para que aumenten los salarios en México, ¿qué medidas ha tomado esta administración y cuáles quedan por tomar?
Es importante destacar que los negociadores y los representantes de los trabajadores de EU y en Canadá no tienen interés en subir los salarios de los trabajadores de México. Su interés es llevarse los empleos de México a sus países. El planteamiento de reglas de origen vinculado con salario es una manera de decir: no queremos que se generen más empleos en México. Ellos están en su papel, lo que no podemos es comernos la idea de que lo que pretenden es hacerle bien a los trabajadores mexicanos
—¿Qué oportunidades se desprenden para México de lo que están discutiendo en el TLC en materia laboral?
Sin duda nosotros lo estamos viendo como una oportunidad y así es como lo planeamos en la mesa de negociación. Mejorar la justicia laboral le sirve sin duda a la economía de nuestro país, a los trabajadores, ir a un esquema en donde la conciliación sea más sencilla es algo que nos interesa. Avanzar en la democracia en los sindicatos, es algo que nos sirve. Lo que nuestro país ha aceptado lo ha hecho convencido de que es una oportunidad para mejorar las cosas.
—¿A usted, como parte del gobierno, qué exigencias le parecen inaceptables?
En este momento, que la negociación está en curso, no puedo hablar de los temas en donde todavía hay diferencias significativas. Sería inoportuno, pero ciertamente hay cuestiones donde el gobierno de México dice: esto no se puede, y no se puede porque no le sirve a nuestro país o porque legalmente es imposible.
—Hay un tema que aparece más como propaganda que como una acusación formal. Se dice que México está haciendo dumping laboral, ¿cuál es su visión del tema?
Algunos de los cuestionamientos que se han hecho a México tienen que ver con justicia laboral y también con democracia y transparencia sindical. La argumentación, sobre todo de organizaciones sindicales de los otros países, es que un empresario decide venir a México porque encuentra condiciones propicias en materia de justicia laboral y porque aquí podrá resolver sus diferencias con el sindicato de una manera mucho más sencilla que como tendría que hacerlo allá.
Hicimos una reforma constitucional el año pasado que está en la etapa final, en la aprobación de la legislación secundaria. Esa reforma ya está plasmada en el Artículo 123 de la Constitución y significa un cambio de fondo en la manera como se administra la justicia laboral en nuestro país. Estamos concluyendo esta reforma, lo haremos porque es el mandato de la Constitución. Pasar de un esquema de justicia administrativa tripartita en las juntas de Conciliación y Arbitraje a un esquema de justicia plena, porque los conflictos laborales van a resolverse en tribunales de pleno derecho.
La Constitución también establece reglas y obligaciones para los sindicatos que pasan por la necesidad de voto personal, libre y secreto de todos los trabajadores, no solamente para la elección de una dirigencia sindical, sino también para el registro de un contrato colectivo de trabajo. Ese es el mandato de la Constitución. Estamos en la última etapa, que es la aprobación de la legislación secundaria y el resultado tendrá que ser en los próximos meses. Es un proceso complejo ir a un esquema pleno de democracia en el registro de los contratos colectivos.
—¿Qué se está comprometiendo esta administración a entregar antes del 30 de noviembre?
Esta administración hizo la parte más importante, que es la reforma a la Constitución, ¿qué está pendiente?, la aprobación de la legislación secundaria; hoy el Senado ha iniciado un proceso de consulta con una propuesta en la mano que incluye una nueva ley, la Ley del Instituto de Conciliación y Registro Sindical, con modificaciones a cinco leyes adicionales y la propuesta es que si hay condiciones después de la elección federal entraremos en un extraordinario para su aprobación, si no hay condiciones tendrá que ser la próxima legislatura la que lo resuelva.
—Estamos muy cerca de concluir el sexenio, ¿Cuál sería el tema o los temas cruciales a la hora de entregar la estafeta por parte de la Secretaría?
Un tema central es la conclusión de la reforma. Si nosotros somos capaces de construir los acuerdos en el Legislativo para la aprobación de la legislación secundaria, vendrá un proceso clave: la implementación de la ley, algo que muchas veces nos cuesta trabajo en este país. Se va a conformar, por ejemplo, una nueva institución que es el Instituto de Conciliación y de Registro. Todos los registros de las actividades de la vida sindical se van a registrar en una sola instancia nacional. No habrá más registros de un sindicato en un Estado o en una Junta Local de Conciliación. La conformación de ese instituto es muy importante para que la reforma realmente garantice transparencia, eficacia y tiene además la responsabilidad de la conciliación que es un asunto muy importante.
En otros temas, creo que hay sectores de actividad que resultan claves y donde hay mucho por hacer. Es el caso de los jornaleros agrícolas. Hay todavía una brecha muy importante de incumplimientos, de falta de respeto a sus derechos laborales de trabajadores agrícolas, que son nuestros migrantes internos. El otro tema tiene que ver con minería, creemos que también hay que hacer un esfuerzo importante para garantizar que las cosas funcionen bien en la relación de los trabajadores y los patrones y en las obligaciones que tienen los patrones con esta industria.
El otro gran tema, que me preocupa y que me apasiona tiene que ver con la reforma tecnológica, con los cambios tecnológicos. La idea es tener un foro para abrir una discusión en la que todos los involucrados asuman el sentido de urgencia que tiene este tema y empecemos a trabajar seriamente para enfrentarlo.
