Ciudad de México.- La Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Encuentro Social), aprobó, por unanimidad y con modificaciones, el dictamen a la minuta que reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo (home office). El proyecto fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y votación.
Esta refroma detalla que la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo es quien presta su servicio personal, remunerado y subordinado en un lugar distinto a las instalaciones o centro de trabajo.
Se detalla que cuando el 40 por ciento de cumplimiento de la labor sea realizada fuera del lugar de trabajo será considerado como teletrabajo.
La reforma prevé la obligación que tiene un patrón para aportar todos los medios, recursos y herramientas para cumplir con el trabajo; esto incluyen los gastos que genere la jornada laboral.
Así como mecanismos y capacitación adecuada para el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Las obligaciones para trabajdores son el cuidado y conservación de los insumos proporcionados por la empresa; respecto a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, además de la protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades.
Manuel Baldenebro, el presidente de la Comisión de Trabajo, señala que el objetivo de esta reforma es poder contar con una regularización jurídica para la protección al trabajador.
El diputado Alejandro Viedma afirmó que la situacion que se vive como consecuencia de la pandemia por el COVID-19 dejó ver la urgencia de legislar el teletrabajo.
La diputada María Rosete por el PT dijo que, «se da un gran paso en México para lograr las mejores condiciones para el trabajador».
La diputada Anita Sánchez Castro (Morena) secretaria de la Comisión, afirmó: «Estamos actuando con mucha responsabilidad con los trabajadores del país con esta propuesta». La pandemia obligó a regular el teletrabajo y asumir esta responsabilidad como representantes populares. Destacó la importancia de ayudar a que se capacite a los trabajadores, porque se han perdido esas grandes luchas de clase en materia laboral y sindical.
La Secretaria del Trabajo, Soledad Aragón, señala que se mantendrá el apoyo a desempleados, el impulso a cooperativas, capacitación y ocupación temporal en 2021.
Retroceder a un semáforo rojo con un nuevo cierre de actividades significaría un nuevo impacto al empleo en la Ciudad de México similar al que se tuvo al inicio de la pandemia de COVID-19, reconoce Soledad Aragón Martínez, titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo capitalina.
“Si existe una pandemia, si se cierran negocios, pues habrá un impacto en el empleo, un impacto en la economía, pero precisamente por eso estamos trabajando para que no suceda”, dice Aragón en entrevista con Expansión Política.
La secretaria señala que pese al recorte generalizado que aplicará el Gobierno de la ciudad ante la caída de los ingresos, para la Secretaría del Trabajo se mantuvo el mismo presupuesto para programas sociales que se asignó para el año en curso, pese a los recortes que se han anunciado en medio de la caída de ingresos por la crisis económica.
“Si lamentablemente se regresara a semáforo rojo se tendrían que cerrar las actividades no esenciales, seguramente habrá un impacto, pero estamos por iniciar 2021 con nuevo presupuesto y vamos a poner en marcha de manera inmediata todos nuestros programas sociales y todo el apoyo que tiene el Gobierno de la ciudad.
“El mismo presupuesto que tuvimos para 2020 lo tendremos en 2021 para apoyo al desempleo, para cooperativas, fomento al empleo, capacitación, ocupación temporal”, explica Aragón.
Esto permitirá que más personas puedan acceder a programas como el Seguro de Desempleo, apoyos a cooperativas y capacitación laboral que ante el incremento de la demanda fueron asignados y dejaron de recibir solicitudes entre abril y mayo, cuando existió la mayor pérdida de empleo formal en la ciudad con 162,808 puestos menos entre ambos meses.
Desde que el Gobierno de la ciudad declaró emergencia sanitaria por COVID-19 en marzo se perdieron en la capital hasta septiembre 198,401 empleos formales y en octubre se recuperaron 36,902 plazas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que un total de 161,499 puestos no se han podido recuperar.
El secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California, Sergio Moctezuma Martínez López, indicó que antes del 20 de diciembre las empresas tienen que entregar el aguinaldo a sus trabajadores por un monto equivalente de al menos 15 días de salario.
De no hacerlo, los empleadores se harían acreedoras a multas que van de las 50 a las 5 mil Unidad de Medida y Actualización (UMAS), es decir de 4 mil 344 pesos a 434 mil 400 pesos.
En ese sentido, el funcionario estatal resaltó que la empresa Hisense electrónico, de Playas de Rosarito, donó ayer mil grabadoras a la dependencia que encabeza, y el Sindicato México Moderno donó mil USB que van en la parte superior de las grabadoras y contienen los audios de las leyes laborales.
Esto ayudará a continuar el programa “Conociendo mis derechos y obligaciones como trabajador” en el área urbana, ya que dicho programa primero se implantó en el área rural. El fin, dijo Martínez López, es que entre más se conozcan los derechos en esa medida más serán exigidos, “para efecto de poner un freno a cualquier posible práctica desmedida que lesione sus derechos y sus intereses económicos”.
Durante su participación en el mensaje del gobernador Jaime Bonilla Valdez en Facebook, Martínez López indicó que desde abril de 2020 a la fecha se han recibido 2 mil 863 denuncias, cuyos temas más frecuentes son: despidos injustificados, personal vulnerable ante COVID-19 trabajando o no les pagan el salario íntegro al encontrarse en resguardo domiciliario. Descuentos salariales, y no pagar el reparto de utilidades.
Igualmente, destacó que del 1 de junio al 20 de noviembre se han interpuesto 7 mil 392 demandas laborales por pago de finiquito, reinstalación por despido injustificado, por falta de pago de la prima de vacaciones, prima dominical y reparto de utilidades.
Del 1 de noviembre de 2020 al 30 de octubre de 2020, la STPS ha apoyado a que trabajadores y empleadores hagan 5 mil 814 convenios laborales, por lo que porcentaje de efectividad del 90.54%. “En Baja California sí hay respeto, justicia e inclusión laboral”, aseguró este 25 de noviembre de 2020, el funcionario estatal.
Refirió el caso de la huelga que trabajadores están llevando a cabo en el Colegio Carlos Araiza Peña, al no habérseles cubierto 9 quincenas de salario, vacaciones y a que algunos no están inscritos en el IMSS.
Por otro lado, Martínez López destacó que Baja California se ubica en primer lugar en recuperación de empleos, con la creación de 45 mil 246 nuevas fuentes de trabajo en el Seguro Social en lo que va de 2020. “Al 1 de septiembre se crearon 6 mil 612 empleos, al 1 de octubre, 6 mil 961, y al 1 de noviembre 12 mil 433”, apuntó.
“Se han perdido, es la parte que ya conocemos, pero lo cierto es que el gobierno de Baja California ha hecho lo propio para la recuperación económica”, aseguró el titular de la STPS.
Como muestra de ello, dijo, se llevó a cabo la feria del empleo en la que se ofertaron 650 vacantes y en la que participó la empresa Laboratorios Scantibodies S.A. de C.V., con 200 vacantes; la empresa Zeiss Visión Manufactura de México, S. de R.L. de C.V. con 350, y Distribuidora el Florido. En esta última se lograron programar 100 vacantes.
Finalmente, comentó que el próximo 8, 9 y 11 de diciembre próximo se llevará a cabo la Feria del Abuelo Artesanal, en Tecate, Rosarito y San Quintín.
En ella participan adultos mayores que fabrican o comercializan alguna artesanía a quienes un empleador adopta y adquiere sus productos o bien se convierte en un distribuidos de artesanías, ya que éstos se han visto afectados por la pandemia de coronavirus.
El Gobierno mexicano abrió un nuevo frente en la batalla por los derechos laborales con su iniciativa para restringir el «outsourcing» o externalización, en discusión en el Congreso, donde defensores del esquema advierten que están en riesgo 5 millones de trabajadores.
«Prohibir la subcontratación en México de manera generalizada tendría efectos muy perniciosos sobre el mundo laboral y en general sobre la economía mexicana», expresa este jueves en entrevista Elías Micha, director de la agrupación empresarial Tallentia MX.
¿REFORMA NEOLIBERAL?
Tallentia MX defiende el «outsourcing» o externalización empresarial, que es parte de la reforma laboral de 2012 que promulgó el hoy expresidente Felipe Calderón.
El esquema permite que una empresa delegue a una tercera la prestación de servicios, lo que permite hasta 50 % de reducción de costos.
El actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa al Congreso el 12 de noviembre para prohibir la práctica por considerarla «abusiva» y herencia del «periodo neoliberal».
Pero el 23 % del empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depende de esta figura, manifiesta Elías.
Además, detalla, casi 45 % del personal de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de las grandes compañías está subcontratado. Representa 35 % del personal de servicios, 30 % del de comercio y 25 % de la manufactura, comenta.
«Al prohibir la subcontratación estas millones de personas tendrían que ser integradas a las estructuras de las empresas contratantes en un plazo muy corto que, con la actual coyuntura económica por la pandemia, es una tarea que resultaría muy difícil», ahonda Elías.
Las personas que pierdan su empleo acabarían en el mercado informal, que ya representa más del 55 % de la fuerza laboral en México, prevé el representante empresarial.
El director de Tallentia MX cita un estudio del Colegio de México (Colmex) que sugiere que la subcontratación reduce entre 22 % y 33 % la informalidad del sector en el que se implementa.
UN ABUSO
En contraste, la Procuraduría Fiscal sostiene que hay más de 6.000 empresas de subcontratación ilegal que evaden al fisco por más de 21.000 millones de pesos al año (cerca de 1.050 millones de dólares).
Hay 1.200 empresas que manejan el esquema de subcontratación ilegal con más de 862.000 trabajadores con sus derechos laborales afectados, indicó el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, en el Parlamento Abierto que el Congreso realiza esta semana.
Jorge Sales Boyoli, abogado laboral, coincide en que la subcontratación ha resultado en abusos.
«El diagnóstico que se ha hecho sobre el problema de la subcontratación en México, por parte del Ejecutivo federal, nos parece que es adecuado», expresa a Efe el coordinador nacional del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade).
MAL REMEDIO
Pero el socio de la firma Sales Boyoli, especializada en derechos laborales, considera innecesaria la reforma al argumentar que atiende más un síntoma que la enfermedad.
«No era necesaria esta iniciativa, sino una adecuada fiscalización y una adecuada supervisión por parte de las autoridades, pero ya que se ha tomado esta decisión nos parece que puede ayudar a evitar la subcotización, puede ayudar a reducir la evasión fiscal», detalla.
El jurista recomienda adecuarla para que la entrada en vigor se prorrogue seis meses, incorporar el reparto de utilidades y definir los servicios especializados.
También cuestiona la falta de visión del mercado laboral de la reforma, porque en México el 99 % de los empleadores ocupan 10 personas o menos, por lo que solo la normativa solo afectaría al 10
«Esta iniciativa no va a colapsar la planta productiva de este país, ni va a poner en quiebra a todos los empresarios, así que me parece que esto hay que verlo en su justa dimensión», indica.
Sales Boyoli también rechaza que la iniciativa original de López Obrador criminalice el «outsourcing».
«Me parece que decir que se criminaliza es un poco desproporcionado, sí hay ciertas conductas que están criminalizadas como delito, pero esto es desde antes de la entrada de esta iniciativa», precisa.
TREGUA
Pese a la contundencia del anuncio, el presidente prometió revisar la iniciativa tras una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por lo que se ha frenado en el Congreso para su revisión.
Aunque el líder izquierdista advirtió que esta tregua está condicionada.
«Vamos a llegar a un acuerdo, que se proteja a los trabajadores, que no haya defraudación y que al mismo tiempo se den facilidades a las empresas», prometió el martes. EFE
