La Confederación de Trabajadores de México llevará a cabo una manifestación frente a las instalaciones del corporativo de la aerolínea en el AICM.
Interjet comienza a vivir lo que parece una crisis económica que ha afectado a sus trabajadores, quienes de acuerdo con diversos reportes exigen el pago de al menos cinco promesas previas realizadas por la aerolínea mexicana y que hasta la fecha no han obtenido respuesta sobre dicha situación.
Es por ello que este martes 3 de noviembre, se llevará a cabo una manifestación pacífica, encabezada por la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CMT), para exigir el pago de salarios y prestaciones atrasados a los trabajadores de Interjet.
La movilización tendrá lugar en las instalaciones del corporativo de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“En virtud de que Interjet ha dejado de pagar hace más de dos meses a sus empleados sus salarios y prestaciones, no obstante haber recibido requerimientos de pago por parte de la representación sindical, la organización sindical convoca a todos los trabajadores de Interjet a realizar una protesta pacífica”, se lee en un comunicado compartido por El Financiero.
Asimismo se detalló que son al menos cinco mil los trabajadores que se ha visto afectados por la falta de pagos en estos últimos meses a causa del Covid-19, situación que se suma a otros problemas que aqueja la aerolínea como la reciente pérdida de cerca del 90% de su flota operativa.
Hernán Gómez Bruera / Fuera de Tono / Opinión El Heraldo de México
Un gobierno de izquierda no sería tal si no es capaz de ponerle alto a esquemas de este tipo.
Después de que fuerzas oscuras cabildearon exitosamente ante el Senado de la República para frenar la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia que buscaba regular el outsourcing, el Presidente de la República ha acertado en poner el tema nuevamente sobre la mesa con una iniciativa propia que pronto habrá de llegar al Legislativo.
Con este paso se perfila ya una política laboral de elementos progresistas, la cual comenzó con el aumento al salario mínimo, y siguió con la reforma laboral que permitirá que la democracia sindical finalmente llegue a nuestro país.
El outsourcing o tercerización laboral surgió en los años 90 y fue formalmente reconocido en la Ley Federal de Trabajo en 2012, aunque no se reguló adecuadamente.
A través de esta práctica se triangula la relación laboral de forma tal que todo tipo de empresas e instituciones contratan los servicios de las llamadas outsoureras para que éstas sean las encargadas de contratar y gestionar la relación laboral de sus trabajadores.
La subcontratación representa una ventaja para los empleadores, ya que les permite concentrarse exclusivamente en sus negocios, sin distraerse en responsabilidades fiscales y de susrecursos humanos. En resumen, les ahorra tiempo y dinero.
El problema es que este mecanismo —que no es malo en su totalidad— se ha utilizado para eludir responsabilidades laborales y fiscales y ha precarizado los derechos de los trabajadores.
Un gobierno de izquierda no sería tal si no es capaz de ponerle alto a esquemas de este tipo, los cuales han crecido 37 por ciento en los últimos cinco años. Muchas empresas utilizan servicios de outsourcing ilegal y sumamente “creativos” para eludir el pago de impuestos.
Muy a menudo, las empresas outsourceras —algunas de las cuales actúan como organizaciones criminales— no pagan cuotas del IMSS, e Infonavit e inclusive buscan simular que no hay ningún tipo de relación laboral entre la empresa y el trabajador.
Comúnmente, tampoco reportan el salario real del trabajador ante el IMSS, a fin de reducir el impuesto sobre la renta y otras cargas tributarias.
Según algunos cálculos, el outsourcing emplea a más de 8 millones de personas en México. De ellas, 2.9 millones están contratadas de forma ilegal, según la Secretaría del Trabajo. Evidentemente, esto causa enormes pérdidas al erario. Según Gómez Urrutia éstas ascienden a los 500 mil millones para el fisco y a 50 mil millones en cuotas del IMSS.
No será sencillo regular el outsourcing. El gobierno se enfrentará a intereses muy poderosos que han sabido ganarse a legisladores de pocos escrúpulos y mucha ambición (incluso entre el oficialismo), garantizarse espacios en los medios de comunicación y hacerse de voces afines en la comentocracia. La decisión del Presidente, sin embargo, inclina decididamente la balanza a favor de la justicia laboral.
El titular de la STPS dijo que han detectado que las empresas que contratan los servicios de outsourcing sí pagan los servicios completos.
Tijuana, BC.- En lo que va del año, en Baja California se presentaron 13 demandas a empresas de outsourcing ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por parte de los trabajadores contratados bajo este esquema.
Sergio Moctezuma Martínez López, dirigente de la dependencia, expresó que celebra la iniciativa de Ley del Presidente de la República sobre la eliminación de la subcontratación laboral.
“Esta figura ha venido a lesionar los derechos y los intereses económicos de los trabajadores, por ello yo coincido plenamente con la óptica del presidente, que definitivamente tiene que desaparecer las figuras del outsourcing”, manifestó.
Los trabajadores, a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, les hacen llegar sus inconformidades; afirmó que han detectado que las empresas que contratan los servicios de outsourcing sí pagan los servicios completos.
Martínez López puntualizó que en ocasiones las subcontratadoras despiden a los empleados, sin cubrir las prestaciones de ley, como el finiquito o liquidación correspondiente por los años de servicio.
Durante la pandemia, tuvieron problemas los trabajadores considerados vulnerables, al no ser cubiertos sus salarios íntegros; en estos casos, las empresas dijeron que sí cubrieron estas prestaciones y las outsourcing no cubrieron los salarios.
«Les dan de baja en los meses previos para no cubrir aguinaldos, y luego de pronto, nosotros estuvimos viendo que la empresa de outsourcing, pues particularmente les da de baja y después les contrata a través de otras empresas que el mismo outsourcing brinda servicios», detalló.
Los casos mencionados son de Baja California; el secretario informó que durante el presente año han sido 13 las quejas totales que recibieron, hacia este esquema de contratación.
El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas.
Si un patrón no permite que los trabajadores cuenten con un sindicato, los trabajadores pueden acudir a los paneles laborales a cargo.
Tras señalar que este “es un momento único” para discutir de fondo la manera en la que se deben establecer las relaciones laborales, en donde se respeten los derechos de los trabajadores, se elimine la tercerizacion y baje la rotación de personal, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, asegura que la baja sindicalización en el país es un reflejo por la amplia participación del outsourcing.
En entrevista el dirigente sindical de la segunda central obrera más importante en el país, apoya la propuesta presidencial de eliminar la subcontratación, “es momento de regresar a las contrataciones en donde las empresas tenían un compromiso con los trabajadores, otorgaban prestaciones, pago de utilidades. Es momento de reducir la alta rotación de personal buscando que las empresas se asuman como patrones”.
González Cuevas explica que desde la aprobación de la reforma laboral, en mayo de 2019, se dejó en manos de los trabajadores la posibilidad de elegir a sus dirigentes, de conocer a profundidad sus contratos colectivos y sobre todo “ahora pueden exigir transparencia en el uso de las cuotas sindicales, todo eso contribuye para que haya mejores condiciones laborales”, expuso.
Previo a que inicie funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituirá a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, el también diputado del PRI, comentó que el trabajo sindical en este momento es intenso, sobre todo porque se debe realizar la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, “porque de lo contrario el contrato corre el riesgo de desaparecer, qué va a pasar con esos trabajadores; entonces los trabajadores deben estar preparados”.
Si un patrón no permite que los trabajadores cuenten con un sindicato, los trabajadores pueden acudir a los paneles laborales a cargo, sobre todo, del gobierno de Estados Unidos, pero “para que los americanos no vengan, necesitamos que el trabajador sepa que puede hacer uso de sus derechos”.
Afectaciones por Covid pega al ingreso
El dirigente de la CROC también se refirió a las negociaciones salariales que se ha desarrollado en este año, “que como consecuencia de la Covid, se han visto afectadas, producto de la pandemia hay desempleo, desocupación, reducción salarial, reducción de horas de trabajo, compañeros vulnerables a los que quieren liquidar”.
Comentó que se ha respetado, de acuerdo al semáforo epidemiológico que no acudan a trabajar quienes son vulnerables, pero se les paga el salario acordado con los nuevos acuerdos, es decir, hay una reducción de salarios, horas de trabajo y prestaciones.
“En algunos estados han tomado medidas para mitigar el desempleo, igual que en el 2008-2009 vemos que ha aumentado la pobreza de la clase trabajadora, con la reapertura de las empresas estamos negociando salarios, pero no son tan abundantes como la necesidad lo requiere porque las empresas no están funcionando al 100 por ciento”.
Muchas empresas desean mantener a sus trabajadores en casa y están buscando la mejor forma de hacerlo por medio de una regulación
Hasta un 85% de los ejecutivos de recursos humanos, aseguró que se necesita una reforma laboral.
Un 80% de las empresas pretende mantener este método a largo plazo
Los trabajadores encuestados quieren claridad en las reglas del trabajo en casa.
El “home office” es el nuevo gran reto de todos los trabajos en el mundo. Aunque existen países europeos que, como si previeran lo que sucedería, desde hace años implementaron leyes para regular esta modalidad laboral, en México la situación todavía no queda muy clara, pues no existe una legislación específica. Se podría pensar que para el trabajo de oficina no se necesita más que una computadora, pero existen muchos otros aspectos a considerar, por ejemplo, el hecho de que los trabajadores ahora gastan luz y otros recursos de su propia casa en horas laborales. Esto sin mencionar las cargas de trabajo y los horarios, por lo que regular el “home office” es la principal urgencia para las empresas mexicanas que quieren mantenerlo.
Hasta un 85% de los ejecutivos de recursos humanos, aseguró que se necesita una reforma laboral en este aspecto. Así lo reveló una encuesta de la firma KPMG. De hecho, la gran mayoría de las empresas, un 90%, están evaluando crear esquemas más flexibles ya sea que combinen “home office” y trabajo presencial o que mantengan solamente el modelo a distancia. Sin embargo, opinaron que hace falta una legislación que ayude a la adecuación de los contratos, las obligaciones de las empresas para las condiciones del trabajo, cómo manejar las horas extra y hasta la definición de “jornada laboral”.
El estudio también reveló que un 52% de las empresas consultó a sus trabajadores respecto al también llamado teletrabajo y, de ellos, el 66% asegura que la mitad de su equipo tiene disposición para seguir en el “home office”. Aunque un 80% de las empresas pretende mantener este método a largo plazo, sólo el 19% está pensando en nuevos beneficios y compensaciones para sus trabajadores. De este último porcentaje, 74% daría apoyo para compra de equipo de oficina, 63% pagaría algo extra por el internet, 20% por energía eléctrica y 14% por prevención de riesgos ocupacionales en casa.
En cuanto a este último punto, Bélgica es un ejemplo que otorga beneficios por ley. Luego de que el “home office” se implementara de manera obligatoria por la pandemia de coronavirus, este fue uno de los primeros países en dar una compensación a los empleados por los gastos que esta modalidad les traería. Así que desde el uno de abril, las empresas belgas están obligadas a dar un pago extra a sus empleados y así cubrir gastos como luz e internet.
Desde el otro lado, se dice que el 72% de los trabajadores encuestados quieren claridad en las reglas. “Dos condiciones específicas que a ellos les gustaría que se revisaran son los paquetes de compensaciones y remuneraciones y, por otro lado, la seguridad social del empleado ante enfermedades psicológicas que se pudieran presentar en el trabajo a distancia”, explicó Olivia Segura, directora de Asesoría en Capital Humano y Cambio Organizacional de KMPG México.
Una encuesta realizada recientemente por OCCMundial, bolsa de trabajo en línea, reveló que seis de cada 10 mexicanos, consideran que sus jefes deben mejorar su liderazgo y empatía. Según su opinión, a sus superiores les faltan habilidades para mantener a su equipo motivado y, en consecuencia, productivo. Comunicación, saber escuchar, comprender y negociar, fueron algunas de las habilidades que los jefes deberían mejorar, consideraron los encuestados.
Con el arranque del nuevo sistema de justicia laboral, se inaugura una forma de resolver los conflictos entre patrones y trabajadores a través de un proceso de conciliación que deben durar como máximo 45 días.
Esto marcará una diferencia con los juicios que se llevan a cabo en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde la resolución de los casos puede tardarse entre 3 y 5 años, en promedio.
La Secretaría del Trabajo ha reconocido que en el sistema actual se han dado casos de juicios interminables con una duración de 20 años.
Abogados laborales que litigan en las Juntas de Conciliación, dudan que se logre una conciliación expedita, como es el objetivo de la reforma laboral.
Diego García Saucedo, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, consideró que esta fase de conciliación funcionará solamente si las partes tienen la voluntad de llegar a acuerdos, de lo contrario los juicios terminarán en los juzgados.
«La conciliación deberá tomar 45 días, pero no es obligatorio conciliar, y esto quiere decir que si solo va a ser un tramo de peaje para llegar al juzgado, muy al contrario de su supuesto objetivo que es frenar un poco los asuntos que lleguen a judicializarse, van a caer en la misma lentitud que están cayendo las juntas», comentó García Saucedo.
Afirmó que podría pasar que alguna de las partes podría negarse a conciliar y por estrategia, se espere a presentar pruebas a su favor ante los tribunales.
Por su parte, Héctor de la Cruz, abogado de la firma De la Vega & Martínez Rojas, opinó que será complicado que el nuevo modelo de conciliación funcione de manera óptima al principio, debido a que implica un cambio de mentalidad entre las partes.
«Las herramientas de las cuales se está dotando a los nuevos conciliadores suenan interesantes, va a proponer alternativas de solución, pero no solo va a depender de la autoridad, sino de los que vamos a estar ahí negociando que tengamos la buena voluntad de terminar con los asuntos lo más rápido posible», señaló.
El Centro Federal de Conciliación, sus representaciones locales y los tribunales laborales arrancarán el 18 de noviembre en 8 entidades federativas (Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo pero solo en el ámbito federal) , donde se pondrá en práctica este nuevo modelo de conciliación.
A diferencia de lo que sucede en las Juntas Locales, donde los abogados toman papel protagónico, en los centros de conciliación el trabajador que presenta una denuncia podrá exponer sus argumentos directamente, sin necesidad de contar con un litigante.
De hecho, el director del Centro Federal de Conciliación, Alfredo Domínguez Marrufo, consideró que cuando este nuevo sistema entre en funciones se terminará con «la industria del litigio».
El funcionario describió que hay abogados patronales que aconsejan alargar el caso para que los trabajadores se cansen y acepten las «migajas» que se les ofrecen. Pero también se da el caso de que las empresas reciben demandas millonarias para propiciar que los empleadores cedan ante presiones o los laudos que les quiten su patrimonio.
Cabe destacar que los patrones no podrán evadir la denuncia, ya que si no se presentan a la audiencia de conciliación recibirán una multa den entre 50 y 100 UMAS.
Si no acude el trabajador a la audiencia, el caso se archivará.
Este procedimiento busca ser un filtro para que los expedientes no lleguen a los tribunales y evitar que saturen estas instancias de casos. Esto sucede actualmente con las Juntas de Conciliación, que tienen un rezago de años en la resolución de conflictos.
«La conciliación pre judicial va a permitir que el acceso a la justicia laboral sea más expedita. (Por ejemplo) la persona que a lo mejor renunció y no le han pagado su finiquito, va a ser un muy buen filtro que va a hacer que muchos de los litigios que lleguen a juzgados laborales sean los menos posibles y que muchos de los asuntos que se pueden resolver rápidamente no terminen colapsando los tribunales que van a arrancar con cero expedientes», consideró el abogado Jorge Sales.
Explicó que los trabajadores deben acudir personalmente a la instancia conciliadora, por lo que ya no dependerán de un representante legal.
«A lo mejor estos abogados conocidos como coyotes que generan falsas expectativas en los trabajadores se les va a acabar parte de este negocio, que era un negocio recurrente de mucho volumen porque el trabajador podrá acudir solo a solicitar su conciliación», dijo Sales.
Si las partes no llegan a un arreglo, la autoridad conciliadora emitirá una constancia de no conciliación y las partes podrán ir directamente al juicio.
Dirigentes de sindicatos de maniobristas, carretilleros y cargadores muestran la toma de nota otorgada por el gobierno federal. Esto para la recuperación de inmuebles y demás patrimonio arrebatado en la requisa hecha en julio del año 1991.- FOTO Manuel Pérez.
Termina la disputa de personalidad jurídica de sindicatos portuarios.
Luego de varios años del inicio de lucha por recuperar el patrimonio de trabajadores portuarios. Por fin ayer, representantes de los sindicatos de maniobristas, carretilleros y cargadores recibieron toma de nota firmada por Luisa María Alcalde Luján. Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México que les otorga personalidad jurídica, para iniciar negociaciones.
El próximo miércoles 4 de noviembre en la Ciudad de México tendientes a recuperar edificios. Montos de cuentas embargadas el primero de julio de 1991 y el usufructo generado por el uso de maquinaria incorporada de manera alevosa. Lo que se vio reflejado en el inventario de compañías protegidas por administración agresiva con derechos construidos en el curso de varias generaciones.
Este pronunciamiento corresponde al licenciado José Alejandro Pulido Cueto, representante legal de las 3 organizaciones. A las cuales se incorporaron integrantes de la Unión de Estibadores del Puerto de Veracruz avalados por directivos del Congreso del Trabajo en la entidad. Señaló el vocero del agrupamiento sindical la determinación de enfocar su objetivo único: devolución de inmuebles, dinero de cuentas. Además del producto del usufructo de equipo propiedad de afectados con la requisa referida.
Elementos de la negociación programada con sede en de la Secretaría de Gobernación encabezada por la titular Olga Sánchez Cordero. También pidió dejar aclarada la conducta a seguir, al margen por completa del interés de ingresar al recinto portuario y desplazar a los trabajadores activos y organizados en otras siglas sindicales . Están conscientes, subrayó , del compromiso de respetar derechos generados en el periodo de los últimos 29 años , descartan desde ahora conflictos por disputas futuras de oportunidades de espacios laborales .
Pulido Cueto mencionó avances importantes en el beneficio de la disposición avalada por el presidente López Obrador. Así como de la secretaria Luisa María Alcalde Luján, del Trabajo y Previsión Social. Citó el reciente acercamiento de empresarios interesados en compra de inmuebles. Recibieron ofertas pero en breve actualizarán avalúos y, a partir de ese momento dispondrán de bases firmes. Requeridas en los acuerdos por la vía del consenso del padrón de 416 socios, mismo que originalmente llegaron al doble de ese número.
Entre los invitados especiales destacaron la presencia de Leonel Noya Revuelta, del Sindicato Primero de Mayo; Benjamín Laureano Gutiérrez. Líder del Congreso del Trabajo en el Estado. Gonzalo Vicencio Flores, secretario general en funciones de presidente del comité estatal de Morena y, de manera muy señalada el señor Antonio Ortiz Serra, socio fundador.
