Una fuerza laboral capacitada será la ventaja competitiva de México en el TMEC .
A todos nos conviene que el Estado de Derecho aterrice en el mundo del trabajo para generar reglas claras de convivencia
La llave para ingresar al Nuevo Modelo Laboral es la legitimación de los contratos colectivos
La principal ventaja competitiva en México ante el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene que ser una fuerza laboral capacitada, con más años de escolaridad y la cima de nuestro bono demográfico.
Así lo dijo Alejandro Encinas Nájera, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), durante su participación en el Foro Competitividad Laboral Ciudad Juárez, durante el panel “Papel del T-MEC en los Niveles Salariales y Tendencias Futuras en el País”.
Señaló que a todos nos conviene que el Estado de Derecho aterrice en el mundo del trabajo porque contar con reglas claras de convivencia generarán mayor certidumbre y estabilidad, que a la vez atraerán más y mejores inversiones al país, y habrá puestos de trabajo de calidad. Este es el círculo virtuoso que la Reforma Laboral pretende imprimir al país.
Recordó que la Reforma Laboral recupera la negociación colectiva entre empresas y sindicatos, pieza clave para dirimir mejoras salariales y condiciones laborales, por lo que es necesario cambiar el modelo de atracción de inversión extranjera porque durante muchos años lo que se ofertó fueron salarios bajos.
El funcionario abundó que a la implementación de la Reforma Laboral se suma el esfuerzo del Gobierno de México en el impulso de una Nueva Política de Salarios Mínimos, logrando incrementar, durante los últimos dos años, en 35% su valor sin que tenga efectos en la inflación o en la generación de empleos.
Asimismo, destacó que la llave para ingresar al Nuevo Modelo Laboral es la legitimación de los contratos colectivos, proceso que consiste en someter a ratificación de los trabajadores, a través del voto personal, libre, directo y secreto, los contenidos de los contratos existentes.
El también aspirante a la Secretaria General, René Maldonado Garrillo, coincidió con Puga González y exigió la realización de elecciones .
Toluca/ Estado de México. Doctores, administrativos y enfermeras del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) se manifiestan frente a las oficinas de la sección del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM) para exigir a la secretaria general de la actual administración la realización de elecciones, cuya convocatoria debió salir hasta este martes.
Rosa Puga González, una de las aspirantes a la Secretaria General, señaló en entrevista que la principal exigencia es que se respeten los estatutos y realicen las elecciones en tiempo y forma, pues aseguran que la actual administración a cargo de Antonio Garduño Ayala no ha indicado el motivo por el que no lanzó la convocatoria y, aseguró, la pandemia por Covid-19 no será justificación toda vez que incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha suspendido elecciones en otros estados.
«Nuestra reforma laboral nos dice que no hay ningún impedimento para que no se realicen las elecciones y al momento el actual secretario general no ha emitido ningún comunicado o postura sobre la falta de emisión de la convocatoria», comentó.
El también aspirante a la Secretaria General, René Maldonado Garrillo, coincidió con Puga González y exigió la realización de elecciones y no la imposición de la actual administración, pues, aunque existe la reelección, prevén que su objetivo es permanecer por más tiempo en dicho cargo.
Además, aseguró que Garduño Ayala le queda a deber a los trabajadores apoyo y rendición de cuentas debido a que, a la fecha, solo realizó dos de los cuatro informes sin justificar los motivos.
«Todos los agremiados se sienten indefendidos debido a que ya no cuentan con la representación sindical porque se han puesto del lado del patrón, es decir, con el instituto y eso es lo principal que se perdió con esta administración», comentó.
Así entre consignas como «Fuera Garduño» y «queremos elección, no imposición», los quejosos señalaron que la base trabajadora está inconforme por la manera en que el líder sindical llevó su administración debido a que aseguran «fue una persona prepotente, autoritaria, misógina y corrupta».
La nueva reforma al sistema de pensiones traerá diversos beneficios para los trabajadores del sector privado, destacaron la Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
La ABM afirmó que se mejorarán considerablemente los saldos de ahorro en las cuentas de los trabajadores y el monto de dinero que tendrán disponible para su pensión.
«Por otro lado, va incrementar la competencia entre las Afores, lo cual beneficia al mercado, a los trabajadores y a todo el País, y vamos a acabar teniendo un sistema que sea digno de una jubilación o una pensión correcta para tener un estilo de vida muy similar al que se llevó durante la vida productiva», dijo Luis Niño de Rivera, presidente de ABM, durante el encuentro digital de Amafore 2020.
Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), destacó que con la reforma se incrementarán las aportaciones, por lo que los trabajadores contarán con mayores ingresos para su retiro.
También se disminuyen las semanas de cotización mínimas requeridas para alcanzar el derecho a una pensión y se incrementa el valor de la pensión mínima garantizada.
«Si no se hubieran llevado a cabo los cambios planteados en esta iniciativa de pensiones, en las próximas décadas más del 80 por ciento de los trabajadores tendrían que recibir una negativa de pensión por no cumplir con las semanas cotizadas.
«Estos cambios eran urgentes, pues los primeros trabajadores elegibles se pensionarán el próximo año; los trabajadores mexicanos gozarán de una mejora sustancial en su calidad de vida durante su retiro», destacó Del Valle en el mismo evento.
Carlos Salazar, presidente de Consejo Coordinador Empresarial (CCE), recalcó que la iniciativa de reforma en pensiones tiene el objetivo de lograr un ahorro adecuado, tener criterios de elegibilidad razonables y contar con una garantía de ingresos en vejez por arriba de la línea de bienestar, además de que se centra en los trabajadores de menores ingresos.
«Hemos logrado convencer a todo el sector privado que ellos sean los que pongan el dinero para mejorar el sistema de pensiones del sector formal del País», mencionó.
Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), dijo que el sistema de pensiones del País enfrenta importantes retos, ya que si un trabajador aporta el 6.5 por ciento de su ingreso, en promedio, su pensión será del 26 por ciento de su último salario, situación que se agrava con los bajos niveles de ahorro de los mexicanos.
«La reforma al sistema de pensiones representa un gran avance en esta materia y sin duda mejorará las condiciones de retiro de los mexicanos», aseveró Belmar.
Incrementará reforma a pensiones ahorro financiero.-Banxico
La reforma al sistema de pensiones del sector privado incrementará el ahorro financiero interno y la disponibilidad de recursos en la economía, aseguró Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banco de México (Banxico).
«Con el análisis preliminar que en el Banco se ha hecho, esa reforma tendría una implicación muy significativa en términos de ampliar el ahorro financiero interno.
«Sería en ese sentido una una reforma que no sólo acomoda y atiende algunas de las necesidades por el lado pensionario y que son obviamente parte del objeto de la propia reforma, pero también en consonancia con esa solución, incrementaría de manera muy significativa la disponibilidad de recursos financieros en la economía», dijo en conferencia para presentar el «Reporte de Estabilidad Financiera» de diciembre 2020.
Lo anterior sería, sin lugar a dudas, una buena noticia para el sistema financiero mexicano, para el financiamiento en general y para la disponibilidad de recursos de los diferentes agentes financieros y económicos en el País, abundó.
El reparto de utilidades entre los trabajadores se ha convertido en la manzana de la discordia en la discusión entre el Gobierno Federal y la iniciativa privada sobre la reforma al outsourcing.
Una fuente cercanaa la negociación dijo a El Sol de México que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) se está convirtiendo en un punto “crítico” para llegar a un acuerdo, ya que las cámaras empresariales piden que se limite a un máximo de dos meses.
“El PTU es algo que se ha eludido cuando una empresa contrata gente a través de un tercero. La ganancia se la quedan las empresas, porque los trabajadores están contratados bajo otra razón social ”, explicó Alejandro Avilés, asesor legal del Sindicato de Trabajadores de la UNAM.
La ley establece que la PTU, también conocida como el reparto de utilidades, equivale a 10 por ciento de las ganancias netas de las empresas, mismas que se reparten entre todos los trabajadores, tanto de base como de confianza, sin importar la productividad.
Ante la desaparición de la figura del insourcing, práctica mediante la cual algunas empresas contratan personal a través de una filial propia para liberarse del pago de utilidades, el gobierno quiere que el PTU se otorgue en función de la productividad de cada empleado.
Manuel Fuentes, especialista en Derecho Laboral, Dijo que aun cuando el Gobierno Federal y la iniciativa privada lleguen a un acuerdo sobre el total a pagar en utilidades de los trabajadores, la discusión de este punto debe tomarse con delicadeza, ya que de eliminarse o reducir el pago de PTU los trabajadores serán los principales afectados.
Según el experto, también podría generar conflictos laborales en cada empresa si se acuerda poner en función de la productividad de los empleados.
El 30 de noviembre, al término de una reunión en Palacio Nacional, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aseguró que los únicos “detallitos” que faltaban por discutir con el Gobierno eran los periodos para el pago de la PTU.
Dijo que este viernes se darían a conocer los acuerdos finales de la negociación, pero adelantó que se pactó eliminar la figura del insourcing.
AVANZAS
La administración federal y la iniciativa privada han llegado a algunos acuerdos, como la continuidad de la subcontratación de servicios y obras especializadas.
De aprobarse esta iniciativa, en los próximos días el emprendimiento tendrá un período de transición de seis meses para hacer los cambios necesarios para implementar la nueva normativa.
En los últimos días, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros organismos del sector privado se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar un acuerdo en esta reforma.
Las quejas de algunos de ellos, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), es que prohibir el outsourcing provocaría una mayor pérdida de empleos en el país.
“No entendemos por tenemosqué que pagar justos por pecadores, cuando hay muchas compañías que hacemos las cosas adecuadamente. «Entendemos que se debe actuar en el marco de la ley, pero la manera en que se está proponiendo no es la adecuada», comentó Francisco Martínez, director general de Grupo Adecco.
Según el directivo, existe el riesgo de caer en una sobrerregulación laboral en el país, por lo que se debe pensar en el beneficio de los trabajadores, quienes se han visto afectados en los últimos meses por la crisis sanitaria.
Este esquema de contratación es usado por las compañías para eliminar la «burocracia laboral», que implica reclutar, contratar o pagar a los trabajadores, entre otros asuntos que pueden ser ajenos a las actividades esenciales de una firma.
No obstante, Manuel Fuentes consideró que el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, próximo a vencer el 15 de diciembre, será un factor que presionará la aprobación y discusión de la reforma.
Lamentó que en la negociación no existiera una representación de los trabajadores. “Los trabajadores no han tenido una representación en la mesa. Todo el diálogo ha sido entre patrones y autoridades; es un tema altamente criticable porque obviamente debe de ser un acuerdo consensuado entre todas las partes ”.
Las personas cercanas al proceso refirieron que el último acuerdo que se alcanzó fue la creación de un registro para empresas prestadoras de subcontratación.
Con este programa se busca tener un control sobre estas compañías en el país para evitar que los trabajadores continúen en la precariedad laboral.
Los interesados en adherirse a este registro deberán solicitarlo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y si en 20 días no reciben una respuesta, quedarán integradas en el padrón.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social mantiene un diálogo cercano con el sector empresarial para llegar a acuerdos que permitan impulsar una iniciativa para la regulación de la subcontratación.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social mantiene un diálogo cercano con el sector empresarial para llegar a acuerdos que permitan impulsar una iniciativa para la regulación de la subcontratación, informó Luisa María Alcalde Luján, titular de la dependencia.
Precisó que tal diálogo parte de la premisa de que el trabajo es un derecho y no es una mercancía, porque recuperar la vigencia de los derechos laborales evita la competencia desleal hacia las empresas que sí cumplen, que sí reconocen a sus trabajadores, que sí protegen sus derechos; asimismo fortalece la seguridad social y la hacienda pública.
Durante su participación en el encuentro digital de la Asociación Mexicana de Administradora de Fondos para el Retiro (Amafore), dijo que el Gobierno de México trabaja de manera integral en mejorar los salarios y condiciones laborales de las y los trabajadores, por lo que ya se discute en el Congreso una iniciativa para modernizar el sistema de las Afores, se implementa la Reforma Laboral e impulsa una nueva política de salarios mínimos, así como el ordenamiento de la subcontratación, dijo Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social.
La funcionaria aseguró que la iniciativa de Reforma al Sistema de Pensiones, envida por el presidente al poder legislativo contribuirá a ampliar la cobertura para que más personas tengan acceso a una pensión digna.
Agregó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera solo 40 por ciento de las personas entre 18 y 70 años de edad tienen una cuenta de ahorro para el retiro o Afore, y este indicador disminuye a 31 por ciento para las mujeres.
Destacó que la mejora salarial y condiciones laborales están relacionadas con la posibilidad del ahorro, por lo que la Reforma Laboral que rescata la negociación colectiva auténtica y la democracia sindical se traducirá en mejores salarios y condiciones de trabajo.
Comentó que la dependencia que encabeza impulsa una Nueva Política de Salarios Mínimos, enfocada en la recuperación paulatina y responsable del poder adquisitivo de las y los trabajadores que menos ganan.
Explicó que en los últimos dos años se ha recuperado en 35 por ciento el poder adquisitivo del salario mínimo y se ha disminuido la brecha salarial de género en 6.5 por ciento.
Enfatizó que mantiene un diálogo cercano con el sector privado para llegar a acuerdos que permitan impulsar una iniciativa para la regulación de la subcontratación, partiendo de la premisa que el trabajo es un derecho y no es una mercancía, porque recuperar la vigencia de los derechos laborales evita la competencia desleal hacia las empresas que sí cumplen, que sí reconocen a sus trabajadores, que sí protegen sus derechos; asimismo fortalece la seguridad social y la hacienda pública.
Los encuentros que se están llevado a cabo entre el Ejecutivo y el sector empresarial con motivo de la Iniciativa para eliminar las prácticas de subcontratación injustas, desleales y nocivas, resultan de la mayor importancia para el desarrollo social y económico del país. Durante los gobiernos anteriores, tuvieron lugar reformas que conformaron un sistema jurídico a modo para privilegiar los intereses de unos cuantos, en detrimento de los derechos y la calidad de vida de millones de trabajadoras y trabajadores, así como de la hacienda pública. La reforma laboral de Felipe Calderón de noviembre de 2012 fue incorporada como una de las estructurales del oscuro Pacto por México entre PRI, PAN y PRD.
El outsourcing o subcontratación consiste en que una empresa contrata a otra la prestación de un servicio, siendo esta última la que funge como patrón. Este modelo laboral surgió en el mundo derivado de las necesidades de los mercados; sin embargo, en nuestro país se ha utilizado para cometer actos ilícitos; paradójicamente al amparo de la propia Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, para evadir obligaciones patronales, pagar salarios menores, no dar estabilidad laboral, seguridad social, reparto de utilidades ni prestaciones de ley a los trabajadores, así como evadir impuestos. Es decir, este modelo se ha utilizado para ocultar la verdadera relación laboral que existe entre las empresas y los trabajadores, con lo que las empresas obtienen ganancias adicionales al “ahorrarse” un pago justo al trabajador y los impuestos.
La subcontratación abusiva y los modelos de intermediarismo existentes abarataron la mano de obra y generaron una competencia desleal hacia las empresas que sí cumplen con todas sus obligaciones patronales y fiscales, ya que sus costos de producción no pueden competir en el mercado con las mismas ventajas. Pero, sobre todo, se ha precarizado el trabajo y el salario, provocando una creciente pobreza y grandes desigualdades que han lastimado a la clase trabajadora.
Es claro que necesitamos transitar al igual que el resto de las naciones, hacia novedosas formas contractuales que mejoren la competitividad y aumenten la productividad, incluido el trabajo a distancia, y una diversidad de maneras híbridas de laborar. El hecho es que no podemos seguir permitiendo que el común denominador sea la precarización laboral, más cercana a las épocas feudales que a la era del conocimiento que caracteriza al siglo XXI.
Desaparecer la simulación de las empresas, de los sindicatos y de las cooperativas, significa desaparecer la evasión de impuestos, las facturas falsas y el maltrato laboral. Desafortunadamente quienes en nuestro país están contratados mediante outsourcing no gozan de reparto de utilidades, aguinaldo, incapacidades, servicios de salud, posibilidades de una jubilación, créditos para vivienda y estabilidad en el empleo; por supuesto no tienen derecho de huelga ni a ninguna otra prerrogativa de ley. Dicho de otra manera, a esas trabajadoras y trabajadores sus empleadores, los corren, les pagan, los recontratan, y los tratan como se les da la gana porque saben que están en el desamparo absoluto.
De acuerdo con los datos oficiales, 4.6 millones de personas en nuestro país están contratadas bajo estos modelos ilegales. En 2019 las pérdidas para el SAT aproximadamente fueron de 324 mil millones de pesos y para el IMSS de unos 21 mil millones. Cifras que revelan la magnitud de la problemática y la importancia de las modificaciones que están en puerta.
Desde este espacio levanto la voz en favor de la clase trabajadora de México; me sumo a las muchas voces que desean que pronto exista consenso para eliminar modelos laborales leoninos e inhumanos, para construir en unidad nuevas relaciones laborales que tengan como base la justicia social y el respeto irrestricto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de México.
