A 4 meses que entró en vigor la primera etapa de implementación de la nueva Reforma Laboral en Campeche, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha recuperado 75.2 millones de pesos a favor de los trabajadores, vía conciliación.
Lo anterior derivado de mil 135 audiencias en la entidad, lo que refleja un 81.83% de eficiencia en resolver las solicitudes presentadas; permitiendo que se recupere el monto de 75 millones de pesos, esto entre las dos oficinas establecidas, una en Carmen y otra en Campeche, así lo informó la coordinadora general de Conciliación Individual, Gianni Rueda de León Iñigo.
Comentó que hasta la fecha llevan 190 convenios cerrados y derivados de una audiencia de conciliación; mientras que de ratificaciones se registran 945.
René Sánchez Juárez, secretario General de la FROC
El secretario General de la Federación Revolucionaria Obrero Campesina (FROC), René Sánchez Juárez celebró que las autoridades de Protección Civil Estatal, hayan evitado se realizara una asamblea irregular al interior de la empresa Mondeléz.
Misma que ponía en riesgo la salud de los trabajadores ya que no cumplía con el decreto establecido por el Gobierno del Estado y cuya intención era nombrar a representantes sindicales sin cumplir con la nueva Reforma Laboral.
Sánchez Juárez señaló que dicha reunión fue convocada por José Arturo Muñoz Lara, autonombrado representante común de los trabajadores, apoyado por el ex dirigente Ramiro Vázquez López, mismos que habrían amenazado a la base laboral para acudir a dicho mitin y en caso de no hacerlo descontarles de su salario.
El líder de la FROC hizo un llamado al departamento de Recursos Humanos de la fábrica de dulces y al ex dirigente sindical Ramiro Vázquez López a terminar con el acoso laboral hacia los trabajadores y la intervención en la vida sindical.
A poco más de tres meses del compromiso obrero-patronal ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para encontrar un consenso sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), el sector privado, sindicatos y gobierno federal acordaron topar a tres meses del salario del trabajador las Utilidades, con lo que “destrabaron” la reforma de outsourcing.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los representantes patronales y obreros acordaron agregar al Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) la Fracción VIII que fija el tope para la PTU, propuesta que sería llevada esta semana a Palacio Nacional, a fin de dar “luz verde” a la discusión de la reforma en materia de subcontratación en el Congreso.
La STPS y sindicatos rechazaron el planteamiento empresarial para topar el PTU a un mes de salario del trabajador.
El acuerdo se dio el pasado viernes en una reunión virtual que presidió la titular de STPS, Luisa María Alcalde, y en la que estuvieron presentes del sector empresarial Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios; José Manuel López Campos, presidente de Concanaco-Servytur; y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Por parte del sector sindical participaron José Luis Carazo, Fernando Salgado y Tereso Medina de CTM; Isaías González, secretario general de la CROC; Rodolfo González, secretario general de la CROM, y Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).
Utilidades en los sectores
Para la STPS este acuerdo deja “intocable” el derecho de los trabajadores a la PTU, esto de conformidad con el porcentaje que determinó la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas el pasado 9 de septiembre de 2020, que se ubica en 10 por ciento.
“Con la propuesta se busca beneficiar a todos los trabajadores remunerados y que las empresas contraten directamente sin emplear la figura de la subcontratación de personal”, expuso Alcalde.
Estimaciones de la STPS presentadas en la reunión proyectan que, con la propuesta, los trabajadores recibirán, en promedio, un PTU de 57 días de salario o 18 mil 557 pesos, es decir, 2.59 veces, o 154 por ciento más lo que reciben actualmente, que son 22 días pagados, con un monto promedio de 7 mil 301 pesos.
“Esto va a permitir que avance la reforma de subcontratación que envió el Ejecutivo. Tenemos que ir con el Presidente para decirle ‘este es el acuerdo’ y ahí se va a cerrar. Nos dijeron que posiblemente sería esta semana, no sabemos el día aún, pero ahí se va a confirmar lo que platicamos el viernes”, sostuvo Isaías González, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Por su parte, Rodolfo González, dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), apuntó que “el acuerdo es para dejar a salvo los derechos de los trabajadores, principalmente, de trabajadores mineros que son los que han tenido más de tres meses de este beneficio… en la reunión el empresariado estuvo de acuerdo y pudimos avanzar en ese sentido, sí hubo un consenso”.
Ricardo Martínez Rojas, socio fundador de la firma De La Vega & Martínez Rojas, refirió que “el gobierno había ofrecido estos tres meses, pero es mucho porque es el 20 por ciento del salario anual del trabajador, no va a haber empresas que puedan pagarlo, están fuera de foco, y luego con la pandemia y el desempleo pues no es el momento de subir costos”.
El sector privado mantiene en la mesa con la STPS otros temas relacionados con la prohibición de la subcontratación, como es la fecha de inicio de vigencia, temporalidad de subcontratación de personal en sectores agrícola y azucarero y una clara definición de “actividad preponderante”.
Los procesos de impugnaciones contra la legitimación de contratos colectivos de trabajo no paralizan su revisión, informó Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien instó a las agrupaciones sindicales y empresas a llevar a cabo ese procedimiento.
Como parte de la guía de Legitimación de contratos colectivos de trabajo ante empresas de la industria maquiladora y manufacturera de exportación (Index), emitida el mes pasado, esa instancia federal explicó que en las leyes laborales anteriores se permitía que se firmaran contratos llamados de protección, los cuales eran desconocidos por los propios trabajadores y se concretaban sin su participación ni aprobación expresa.
Para revertir eso, y como parte de la reforma laboral avalada hace casi dos años, se estableció la obligación de legitimar contratos bajo las nuevas reglas de participación sindical.
Domínguez Marrufo instó a realizar este proceso, que será aplicado sólo por una vez, y subrayó que “no debe dolernos y no causa afectación a la productividad de una empresa o estabilidad de un sindicato”.
Al participar en la cuarta mesa de trabajo con sectores obrero-patronales, el funcionario explicó que los procesos de legitimación significan que existe el respaldo de los trabajadores por medio del voto personal, libre, directo y secreto.
Debido a ello, cualquier impugnación que presente algún integrante de un sindicato será evaluada y valorada, aunque aclaró que no se detiene el proceso, sino que el centro de conciliación garantizará que todos los trabajadores intervengan en la vida sindical y se analizará si la denuncia corresponde a “hechos aislados” o si procede una anulación de la consulta.
