La organización internacional señaló que en México solo un 45 por ciento de las mujeres entre 15 y 64 años están en el mercado laboral. Foto: Ulises Ruiz Basurto, EFE.
El organismo también sugirió expandir el acceso a cuidado infantil, incrementar las licencias pagadas de paternidad y fortalecer los programas para la educación secundaria de las mujeres.
Ciudad de México, 14 de abril (EFE).- La crisis de la COVID-19 afectó de forma desproporcionada a las mujeres y a los trabajadores informales en México, afirmó este miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el informe “Hacia el crecimiento 2021: Construyendo una recuperación dinámica”, la OCDE recomendó reformas y programas para la inclusión laboral de mujeres e informales que perdieron sus ingresos por la pandemia en México.
os numerosos trabajadores informales han sido duramente golpeados por la pandemia de COVID-19. Se requiere una estrategia completa para asegurarse de que la recuperación traiga empleos formales, lo que ayudaría a la inclusión y a aumentar los ingresos del Gobierno”, indicó el reporte.
México es el tercer país con más muertos por COVID-19 en el mundo, con cerca de 210 mil decesos y casi 2.3 millones de casos confirmados.
Las sufridas
La crisis además provocó una contracción histórica del 8.2 por ciento del PIB y la salida del mercado laboral de 12 millones de personas, de las que aún faltan por reincorporarse 2 millones, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
México perdió cerca de 1.1 millón de empleos formales por la pandemia de COVID-19, pero cerca del 55 por ciento de los trabajadores en el país son informales, de acuerdo con el Inegi.
“La pandemia resaltó cómo los recientes incrementos en pobreza, desigualdad y brechas de género exacerban un desafío duradero para incrementar la inclusión”, consideró el reporte de la OCDE.
La organización internacional señaló que en México solo un 45 por ciento de las mujeres entre 15 y 64 años están en el mercado laboral.
Esto contrasta con la participación femenina superior al 70 por ciento en economías avanzadas, pero también con las tasas de Chile y Colombia, donde más del 50 por ciento de las mujeres trabajan.
“La participación de las mujeres en el mercado laboral permanece baja, lo que obstaculiza el crecimiento y la inclusión, y la crisis de la COVID ha deteriorado más sus prospectos en el mercado laboral”, consideró el informe.
La OCDE, que pronostica un crecimiento de 4.5 por ciento del PIB de México en 2021, recomendó establecer un seguro de desempleo a nivel federal.
Para cerrar la brecha de género, sugirió expandir el acceso a cuidado infantil asequible y de calidad, incrementar las licencias pagadas de paternidad y fortalecer los programas para la educación secundaria de las mujeres.
Entre los aspectos positivos, la OCDE destacó la implementación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde julio de 2020.
También resaltó las reformas anticorrupción que establecieron un fiscal independiente en 2019.
Asimismo, valoró la creación de cortes judiciales para resolver disputas laborales en 2020 tras la reforma laboral que protege los derechos de los trabajadores.
Por último, reconoció la implementación de un programa de becas y pasantías, en referencia a Jóvenes Construyendo el Futuro, creado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“Mejorar la calidad de vida requerirá impulsar la productividad al mejorar el clima de negocios, incluyendo el combate a la corrupción y desarrollando las competencias de la población”, mencionó el informe.
La Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gabriela Espinosa Castorena, participó en los trabajos de la Segunda Reunión de Coordinación Interinstitucional Nacional, para la implementación de la Reforma Laboral.
El foro virtual fue encabezado por la Mtra. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social y Presidenta del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral; así como por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco González Salas y contó con la presencia de autoridades como: el Mtro.
Esteban Martínez Mejía, Titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral; Alfredo Domínguez Marrufo, Director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; y Jonathan Bass Herrera, Juez de Distrito, Titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal.
El objeto de la reunión fue presentar los avances sobre la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en la Segunda Etapa, por lo que el Maestro Esteban Martínez Mejía expuso la evolución que ha tenido cada Entidad Federativa, respecto la armonización legislativa, la adecuación de estatutos sindicales y la elaboración de carpetas para acceder a subsidios federales, y donde las autoridades del trabajo escucharon a los titulares de cada Entidad Federativa, quienes expusieron otros avances de relevancia, como son los concursos de oposición y las capacitaciones que se impartirán a todas aquellas personas aspirantes a fungir como operadores del Nuevo Sistema de Justicia Laboral.
Diputados aprobaron en comisiones la reforma a la subcontratación laboral. (Mario Jasso/Cuartoscuro)
Los diputados avalaron con 50 votos a favor el dictamen, el cual permitirá la subcontratación de servicios y obras especializadas, y ajusta el método de pago del Reparto de Utilidades.
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general y lo particular el dictamen en materia de subcontratación laboral, también conocido como outsourcing, con algunos cambios en los artículos transitorios y la adición de un artículo relativo a la aplicación de la reforma a los trabajadores al servicio del Estado.
Tras tres horas de receso, los diputados avalaron con 50 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones el dictamen que mantuvo la prohibición del outsourcing, pero permitirá la subcontratación de servicios y obras especializadas, y ajusta el método de pago del Reparto de Utilidades.
El dictamen se turnó “de inmediato” al Pleno de San Lázaro para iniciar su discusión este mismo martes.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel Baldenebro, dio a conocer a los diputados los cambios que sufrirá el dictamen y que serán discutidos en el Pleno. El primer cambio consiste en adicionar un artículo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que la regulación de la subcontratación también rija a los empleados del Gobierno federal.
En este sentido, se adiciona el artículo 10 Bis a dicha Ley para prohibir la subcontratación de personas en beneficio de las dependencias e instituciones y se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados y obras especializadas siempre que el contratista esté registrado en el padrón público de STPS.
En cuanto a los artículos transitorios se modifican el primero y se adiciona un décimo transitorio.
El artículo primero transitorio queda: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo previsto en los artículos Cuarto, Quinto y Sexto del presente Decreto, que entrarán en vigor el 1 de agosto de 2021, y lo previsto en el artículo séptimo y octavo del presente decreto entrará en vigor en el ejercicio fiscal 2022.
Mientras que se adiciona el Artículo Décimo transitorio para quedar: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en la implementación del presente decreto realizarán las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de entrada en vigor e implementación del mismo se realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas en presente ejercicio fiscal y subsecuente, por lo que no requerirán recurso adicionales que tengan por objeto solventar las mismas y no se incrementará presupuesto regularizable de estas para el presente ejercicio fiscal y posteriores.
Exposición de motivos
Antes, al inicio de la reunión, Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presentó el dictamen de la iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de subcontratación y señaló que en el documento se diferencia la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de las obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.
Subrayó que en el dictamen se establece la obligación para las empresas de subcontratación se inscriban en el padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con la finalidad de que antes de celebrar un contrato acrediten el carácter especializado de los servicios que otorgan y que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
La reforma propone reglas claras respecto de la situación patrimonial y el registro de sus trabajadores, establece un Reparto de Utilidades con límite máximo de 90 días de salario de trabajador o promedio de los últimos tres años, según resulte lo más benéfico para los trabajadores.
“Por la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en diversas leyes, los institutos y las autoridades correspondientes celebran junto con la STPS convenios de colaboración para que el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas en el respectivo ámbito de competencia”, expuso Terrazas.
Añadió que en el dictamen se endurecen las sanciones para patrones que se niegan al desahogo de inspecciones, así como aquellas que utilicen la subcontratación en contravención de las leyes.
“Las modificaciones presentadas eliminarán aquellas prácticas que dañan los derechos laborales erradicando prácticas que operan en la actualidad a través de las diversas formas de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario”, apuntó Terrazas.
Posicionamientos
Tras la exposición de motivos, diputados de Morena y PT dijeron que votarán a favor el dictamen, mientras que en el PRI el voto está dividido, ya que el diputado Isaías González de la CROC dijo estar a favor de la prohibición del outsourcing, mientras que el diputado y líder del Sindicato Minero FRENTE, Carlos Pavón, se pronunció en contra porque el acuerdo de PTU no es favorable para el gremio minero.
La diputada de Morena, Anita Sánchez, celebró el dictamen porque “es un logro para los trabajadores” después de la reforma en la materia de noviembre de 2021, cuando se reguló el outsourcing.
“Con esa reforma se pretendió regular la subcontratación de personal, pero nada más alejado de la realidad sucedió: se incrementaron las prácticas indebidas de algunos patrones y la proliferación de grupos de empresarios que han incrementado esquemas de subcontratación simulada y en este tenemos alto porcentaje de subcontratantes que no tuvieron empleados y pura simulación”, expuso.
La diputada del Partido del Trabajo, Margarita García, consideró que “nadie se ocupó en pelear y luchar por los derechos de los trabajadores. Hoy nuestro presidente López Obrador también se ha preocupado por los trabajadores y hoy es una fiesta para los trabajadores. Este dictamen es una deuda que teníamos con la clase trabajadora del país”.
Por su parte, el diputado del PRI, Isaías González, señaló que en el Parlamento Abierto los representantes del sector privado dijeron que el outsourcing es algo indispensable para México, “pero la verdad que no es así, eso es algo que viene afectando al trabajador, el outsourcing es una empresa virtual, el patrón contrata una empresa virtual y esa empresa virtual maneja la nómina de los trabajadores. Estamos convencidos de que esta iniciativa del Ejecutivo está muy completa”.
En contraste, su correligionario Carlos Pavón, quien además de ser diputado del PRI es dirigente del Sindicato Minero FRENTE, dijo que es verdad que hubo “trampas” de algunas empresas para no pagar Utilidades, sin embargo, limitar el Reparto como lo plantea el dictamen puede resultar contrario a lo que señala la Constitución.
“Al presidente le urge decir algo el primero de mayo y a su partido político también, está bien que se regule y elimine el outsourcing, pero se debe de ver de forma clara. Vemos esta reforma como una vía de recaudación y, además, nunca se consulta a los trabajadores, aquí hay un detalle muy importante en las Utilidades, este año vamos a recibir en promedio entre 70 y 120 mil pesos y ustedes nos lo van a bajar a 3 meses”, subrayó.
