En caso de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no llegara a contestar una solicitud de registro en el padrón de empresas de subcontratación especializadas, se prevé que el solicitante obtenga el registro en automático, de acuerdo con el borrador del reglamento de dicho padrón, que ya se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para su debido trámite.
El padrón es una de las medidas que contempla la reforma que prohíbe la subcontratación laboral –recientemente promulgada– pero permite a los patrones subcontratar labores u obras especializadas, siendo uno de los requisitos para la operación de las empresas subcontratistas estar registradas en un padrón que, según contempla el borrador del reglamento, será administrado por la Unidad de Trabajo Digno de la STPS.
“La Secretaría a través de la Plataforma deberá pronunciarse respecto a la solicitud de registro dentro de los 20 días hábiles posteriores a la recepción de la misma a través de la Plataforma. De no hacerlo, los solicitantes podrán requerir a la Secretaría, para que emita el aviso de registro correspondiente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación del requerimiento”.
“Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el aviso de registro se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales a que haya lugar” se lee en el artículo décimo del documento, que debe estar listo antes de que los cambios legales comiencen a aplicarse el próximo mes de agosto.
Además de cumplir requisitos como su geolocalización y su afiliación al IMSS y al Fonacot y estar al corriente con todas sus contribuciones, el aplicante deberá especificar la actividad o actividades con las que desea ser registrado en el padrón.
“Las personas físicas o morales que deseen incorporarse al Padrón y obtener el registro deberán establecer con precisión el servicio que desean prestar o el tipo de obra que desean ejecutar. Por cada una de dichas actividades deberán acreditar, bajo protesta de decir verdad, el carácter especializado de las mismas y describir los elementos o factores que dan sustento a este carácter excepcional”
Entre el 80 y 90% de los conflictos laborales en México se dan en el sector público, señaló Arturo Alcalde Justiniani, especialista en temas sindicales y miembro del OCRL.
Ese organismo ciudadano ha impulsado y propuesto varios de los últimos cambios legislativos en el mundo del trabajo en México. Ahora, a la par de vigilar la implementación de la reciente reforma de subcontratación, elaborará una propuesta que garantice la libertad sindical, la profesionalización de la burocracia y que evite los abusos al personal de confianza.
“El futuro de las relaciones laborales pasa, en buena medida, porque el sindicalismo del sector público tenga presencia y voz”, indicó el académico y abogado. En reunión virtual con integrantes del observatorio indicó que fortalecer la libertad sindical en las instituciones públicas “va a jalar la recuperación en el sector privado”.
Las personas agremiadas en las empresas son relativamente pocas al compararse con las del Estado, mencionó. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es el más grande de América Latina. Y muchas otras grandes corporaciones sindicales pertenecieron en algún momento a un organismo estatal, como el gremio de pilotos o electricistas, agregó. “El sector público está en el corazón del sindicalismo”.
De poco servirá la reforma que le prohíbe la subcontratación también al gobierno si no se fortalece a los sindicatos, opinó el abogado Alberto Ramírez García.
La hoja de ruta del proyecto
El OCRL concluyó que en las próximas semanas trabajarán esta iniciativa. El próximo periodo ordinario de sesiones y la nueva legislatura iniciará hasta el 1 de septiembre, así que tendrán tiempo para discutirla al interior de la agrupación. Arturo Alcalde propuso 10 puntos a tomar en cuenta:
-Reforma al Apartado B del Artículo 123 de la Constitución referente a los organismos descentralizados
-Procedimientos individuales y colectivos y todo lo que tiene que ver con los procesos del trabajo
-Analizar la composición del actual Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA)
-La profesionalización y, con base en ella, la clasificación del personal
-Regular la pluralidad de los sindicatos. “Hay mucha resistencia de varios sindicatos”
-Definir qué tipo de personal necesita un título profesional
-Capacitación, higiene, seguridad y conciliación. “En todo el sector público no tienen nada de conciliación, no hay nada de capacitación y hay serios problemas de higiene y seguridad”.
-Protección al personal de confianza
-Nuevos procesos democráticos en materia sindical. Garantizar las obligaciones de transparencia y de la creación y puesta en marcha de protocolos que fomenten la democracia.
-Presupuesto. “Sin duda, el tema presupuestal debe permear el conjunto de las propuestas”.
-Proteger a los trabajadores de confianza
La magistrada María del Rosario Jiménez Moles coincidió y nutrió el decálogo de Alcalde Justiniani. Estos cambios podrían ayudar a “que no se simule con trabajadores de confianza a nivel federal”, expuso.
Se podría retomar la experiencia de la Constitución de la Ciudad de México y prever una indemnización por la separación injustificada de ese personal. “Eso desalentaría” los abusos en su contra, apuntó la representante del gobierno federal de la Quinta Sala del TFCA.
Agregó que es necesario “observar la cobertura de trabajadores de base, que sean profesionalizados”. Para cristalizar las grandes conquistas laborales se requiere de funcionarias y funcionarios con la adecuada capacitación, no sólo en el tribunal, sino en todo el gobierno. Y, definitivamente, “se necesitan recursos económicos para fortalecer las tecnologías y estar a altura de tribunales laborales en cuanto a recursos humanos y financieros se refiere”.
Esta reforma “es fundamental”, dijo Arturo Alcalde. “Es la oportunidad para que el Observatorio establezca lineamientos, como lo ha hecho en las otras iniciativas” que han presentado diferentes actores en el Congreso.
Recordó que hace unas semanas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La iniciativa, propuesta por la legisladora Anita Sánchez Castro, elimina el reconocimiento a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) como única instancia representativa.
“Hay una nueva realidad en materia democrática. Primero, que culmine esa reforma, pero debemos avanzar a garantizar los derechos” de esa población, apuntó.
El pasado 5 de febrero, la STPS había determinado extender la vigencia de las directivas y dirigencias sindicales del país hasta el pasado 31 de marzo
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) volvió a extender la vigencia de las dirigencias sindicales que no pudieron renovarse o actualizarse por las medidas extraordinarias de la pandemia.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia a cargo de Luisa María Alcalde Luján, indicó que esta prórroga aplicará hasta el 30 de junio de 2021.
“La prórroga de la vigencia de las constancias o tomas de nota a que se refiere el presente Acuerdo no implicará cambio o modificación alguna de las directivas o dirigentes, ni en su conformación ni en sus cargos”, precisó.
El pasado 5 de febrero, la STPS había determinado extender la vigencia de las directivas y dirigencias sindicales del país hasta el pasado 31 de marzo.
La nueva extensión del plazo sólo aplicará a las organizaciones sindicales donde la vigencia de las constancias o tomas de nota concluya o haya concluido entre el 23 de marzo de 2020 y el 30 de junio del presente año.
“Para este efecto, se instruye al Titular de la Dirección General de Registro de Asociaciones para que publique en el portal de internet de esta Secretaría, la lista de sindicatos de trabajadores, federaciones y confederaciones que se encuentren en dicho supuesto”, se lee en el DOF.
El aplazamiento también aplicará a aquellos sindicatos, federaciones y confederaciones que sus procesos de elección no se hayan llevado a cabo o se hayan suspendido con motivo de la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General.
A fin de evitar que las organizaciones sindicales queden imposibilitadas para ejercer la representación de su organización, la STPS habilitó a su Dirección General de Registro de Asociaciones para atender cualquier duda sobre este acuerdo en un horario de lunes a viernes, entre las 10 de la mañana y hasta las dos de la tarde.
“La prórroga a la que se refiere el presente Acuerdo, no aplica para los procesos de elección de las directivas o dirigentes que se hayan concluido antes del 23 de marzo de 2020 y se encuentren pendientes de su registro; tampoco aplica para el caso de las Directivas o dirigentes de los componentes, Secciones o Delegaciones sindicales, y en su caso, para aquellas organizaciones sindicales que procedan a la elección de sus Directivas o dirigentes durante la vigencia del presente Acuerdo”, especificó.
Las empresas que deseen proveer servicios especializados, tendrán que registrarse en un padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
En el gobierno federal ya se iniciaron procesos de diagnóstico en las diferentes dependencias, para que la a administración pública regularice a todo el personal subcontratado, dijo la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde en la reunión de trabajo con los jefes del Ejecutivo estatales integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Ante la gobernadora y gobernadores, destacó los 7 principales puntos de la Reforma en materia de Subcontratación Laboral. Refirió que se prohíbe este esquema de contratación a través de empresas nomineras o que transfieren personal a las corporaciones matrices.
Únicamente se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas, siempre y cuando no formen parte ni de los objetos sociales ni de las actividades económicas preponderantes de las empresas, enfatizó.
Señaló que las empresas que deseen proveer servicios especializados, tendrán que registrarse en un padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para acreditar la especialidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social.
Otro elemento fundamental de esta reforma es que las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder ante los trabajadores en caso de incumplimiento. Es decir, establece la responsabilidad solidaria.
Resaltó que con la finalidad de que se tengan criterios claros y que no existan estos “huecos” a través de los cuales se coló la simulación en materia laboral, se homologaron varios ordenamientos:
Código Fiscal, las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con la Ley Federal del Trabajo.
Y también se reformó la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula el gobierno federal.
Justo aquí, comentó que ya iniciaron los procesos de diagnóstico en las diferentes dependencias para que la administración pública regularice a todo el personal subcontratado.
Se enlazaron a la videoconferencia, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, presidenta de la CONAGO y los gobernantes de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo.
Así como los de Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y 7 representantes de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa.
Encabezó este encuentro la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, junto a las secretarias de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez y del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.
Inició con un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por lo sucedido en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México y como muestra de solidaridad y fraternidad con las familias de las víctimas.
