La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que el pasado 7 de abril, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo para que la empresa dueña de la mina de Cananea pague 54 millones de dólares a mil 097 trabajadores.
Por: Redacción AN / AA 12/05/2021
El movimiento obrero de Matamoros, Tamaulipas, de 2019 no ha terminado. Luego de la represión policial, la persecución política y la fabricación de delitos contra sus líderes más visibles, lo que consiguieron autoridades, sindicatos y empresas fue justamente lo que buscaba esa disidencia: “Evidenciar la precariedad de las relaciones obrero patronales en la industria maquiladora”, dice irónica la abogada Susana Prieto.
Otro de los resultados fue el apoyo de organizaciones sindicales y congresistas estadounidenses, señala la activista vía telefónica. Este lunes, el sindicato que surgió de aquella huelga masiva en 28 maquiladoras, apoyado por otros de Estados Unidos, interpusieron una queja contra la compañía Tridonex. Se han valido del Mecanismo de Respuesta Rápida que contempla el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La solicitud se ha hecho desde el otro lado de la frontera. La firman el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias, Movimiento 20/32 (SNITIS), formado en Matamoros en 2019, así como la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Igualmente, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la organización Public Citizen.
La denuncia es porque “durante dos años, los obreros de Tridonex han sido acosados y despedidos por tratar de sindicalizarse con el SNITIS” y dejar de pertenecer al “sindicato corrupto ‘de protección patronal’”, ha informado la AFL-CIO en un comunicado. Son más de 600 trabajadoras y trabajadores, afirma Susana Prieto, quien asesoró a las y los huelguistas.
Por esa labor, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, “quien se opone a la reforma laboral, la encarceló con acusaciones inventadas durante un mes en una penitenciaría estatal plagada de covid-19”, señala el comunicado. “Creían que apagaban, que acorralaban el movimiento, que todo terminaba ahí”, repasa la defensora de derechos humanos. Pero parece que avivaron el fuego.
Salarios 10 veces peores
“Utilizamos los mecanismos que ofrece el T-MEC para defender los derechos de las y los trabajadores mexicanos”, explica Ben Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers. Aun después de las huelgas de 2019 en las que exigían mejoras de salario y condiciones laborales, los sindicatos democráticos no son titulares de los contratos, apunta. El personal de las maquiladoras en México gana “la décima parte de lo que nuestros trabajadores en Estados Unidos por hacer el mismo trabajo”, dice.
Los sindicatos que aglutinan a la plantilla laboral pertenecen a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Los dirigentes de esa central obrera han pertenecido a la cúpula del PRI, el partido que gobernó el país por más de 70 años. Uno de sus líderes, Fidel Velázquez, estuvo medio siglo al frente de esa organización. El senador Carlos Aceves del Olmo es actualmente el secretario general desde 2016.
La queja se presentó ante un comité formado por el Departamento del Trabajo estadounidense y la Oficina del Representante Comercial. Tienen 30 días para evaluar la petición, “si deciden seguir adelante empieza el momento de consulta, que puede durar 45 días”, comparte Ben Davis.
Es la segunda denuncia vía el T-MEC por violaciones laborales entre México y Estados Unidos. La primera la interpusieron en marzo jornaleras mexicanas contra el gobierno estadounidense por discriminación y agresiones sexuales en el programa de trabajo temporal de visas H2A.
Esta otra es en contra de una empresa, Tridonex, por incumplir la libertad sindical. “Es el primer caso, no hay antecedentes. No sabemos cómo lo va a manejar primero el gobierno acá y luego, si llega a México, cómo será esa segunda parte”, aclara.
Los obstáculos del proceso
Para Susana Prieto, abogada del SNITIS, el cual es dirigido por Jaime Guarderos, con el movimiento 20/32 y esta queja en el marco del T-MEC están visibilizando la corrupción de las empresas. “Se habla mucho de la corrupción de los sindicatos charros alimentados por el sistema político, pero a las empresas nunca nadie las había tocado”.
Tridonex, la denunciada, es una subsidiaria de Cardone Industries Inc., con sede en Filadelfia. En ella fabrican partes automotrices, “de las cuales una importante porción es para el mercado de Estados Unidos”. Según la AFL-CIO, no ha atendido la petición de quienes ya no quieren aportar más cuotas de su salario “al sindicato de protección patronal”.
La queja laboral es un procedimiento legal internacional y el gobierno mexicano “tendrá 45 días para compilar las pruebas y desvirtuar los hechos de la demanda”, cuenta la abogada.
Para Ben Davis, el gobierno de México “está comprometido con las reformas no sólo en el papel, sino en concreto”. Y las autoridades en Estados Unidos también “han mostrado mucho compromiso. Seguramente lo analizarán bien”.
Sin embargo, habrá obstáculos: la resistencia de las empresas porque no quieren pagar más es la primera. “Es una lástima, una de las razones por las que no hay mucho consumo en México es por los bajos salarios”, comenta.
La segunda: “La CTM, los viejos sindicatos, en Matamoros tienen sus intereses y han estado en contra de esos cambios”. También esto es una pena, “porque el líder de un sindicato no debe tener miedo de la democracia. Pero es la realidad que enfrentamos hoy”.
Y la tercera: “Hay algunos políticos que se resisten al plan” democratizador en materia laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Susana Prieto resalta una ventaja: “Hay muchas mujeres, en ese orden, mujeres y hombres que han estado en la primera línea de batalla para acabar con la corrupción de sindicatos blancos, lideres charros y empresas”.
Por: Factor Capital Humano 11/05/2021
Funcionarios mexicanos habían dicho anteriormente que algunas papeletas fueron destruidas durante la votación realizada en abril, en la que los trabajadores ratificarían su contrato colectivo.
La Secretaría del Trabajo de México dijo el martes que encontró «irregularidades graves» en una votación sindical en la planta de General Motors (GM) en la ciudad Silao y ordenó al sindicato local de la automotriz volver a realizarla en un plazo de 30 días.
La determinación de la dependencia ocurrió tras la presión ejercida más temprano por legisladores estadounidenses sobre GM para garantizar los derechos de los trabajadores en esa planta, lo que se suma a preocupaciones de varios grupos mundiales de defensa laboral.
Funcionarios mexicanos habían dicho anteriormente que algunas papeletas fueron destruidas durante la votación realizada en abril, en la que los trabajadores ratificarían su contrato colectivo.
La ratificación es necesaria debido a una reforma laboral mexicana para garantizar que los trabajadores no estén sujetos a los llamados contratos de protección, que se firman a espaldas de los trabajadores y priorizan los intereses de la empresa.
Estas votaciones son parte de un esfuerzo más amplio que sustenta las promesas del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para defender los derechos de los trabajadores.
La secretaría del Trabajo dijo en un comunicado el martes que las irregularidades de la votación «vulneraron los principios de seguridad y certeza que deben regir a todo proceso democrático».
GM ha negado haber actuado mal y dijo que condena las violaciones a los derechos laborales.
¿Qué dijo la Secretaría de Trabajo?
El pasado 20 y 21 de abril, en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, se realizó el evento de consulta para la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), cuya titularidad corresponde al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana “Miguel Trujillo López”.
En el marco de este proceso, en el que se consultó a las y los trabajadores a través del voto personal, libre, directo y secreto si estaban de acuerdo con el contenido de su CCT, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acreditó diversas causales de invalidez de la consulta, incluyendo irregularidades graves que fueron determinantes para su desarrollo y para el resultado de la votación, y que vulneraron los principios de seguridad y certeza que deben regir a todo proceso democrático. Por lo anterior, esta autoridad laboral declaró la nulidad del procedimiento y ordenó al sindicato reponerlo en un plazo improrrogable de 30 días naturales.
La reposición del procedimiento deberá realizarse en condiciones que garanticen la seguridad y accesibilidad de las y los trabajadores, para brindar certeza de que su voto será emitido de forma pacífica, personal, libre, secreta y directa, sin coacción ni intimidación.
Sin perjuicio de lo anterior, los sucesos del evento de consulta de los días 20 y 21 de abril fueron hechos del conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo para que resuelva lo que corresponda en caso de acreditarse la comisión de conductas contrarias a la Ley, especialmente en lo que hace a la posible violación de derechos colectivos en materia de libertad sindical y negociación colectiva. De igual modo, la STPS denunció estos hechos ante la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que investigue y deslinde las responsabilidades penales que correspondan.
A través de la implementación de estas medidas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ratifica su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva, y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral.
Por: Redacción GH/Reuters 11/05/2021
