Colectivos de repartidores, sociedad civil y la Secretaría del Trabajo han estado trabajando en una iniciativa que, en cuestión de días será presentada al Congreso, para regular las condiciones laborales de los trabajadores de aplicación en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
La regulación planteará dos aspectos clave, necesarios y justos: (a) el reconocimiento de la relación laboral y (b) la creación de normatividad que aminore la discrecionalidad del algoritmo que califica a los trabajadores.
Esta segunda parte es crítica y es por mucho la más innovadora. Actualmente los trabajadores desconocen cómo se les califica, no tienen ratings portables y carecen de un adecuado derecho de réplica ante sanciones.
La nueva regulación buscará que el algoritmo sea transparente y tenga parámetros más dignos. La iniciativa de regulación se inspira del “Manifiesto de piso mínimo de las trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales” firmado por 50 colectivos de trabajadores de aplicación, pero no lo seguirá al pie de la letra.
El nuevo capítulo de la LFT saldrá directamente de la oficina de Luisa María Alcalde Luján quien lleva varios meses revisando regulaciones internacionales para crear la propuesta que beneficiará hasta a 550 mil trabajadores por aplicación. El debate se abrirá y con ello vendrán tres grandes críticas a la regulación, que no se sostienen en los hechos.
Primero, voceros del sector empresarial dirán que regular el trabajo de aplicación es mirar al pasado e intentar cuadrar innovaciones contemporáneas a una ley laboral anticuada y obsoleta. Esto es falso. Por el contrario, regular el trabajo de aplicación es mirar al futuro. Por eso, en las economías más desarrolladas del mundo es donde las iniciativas de regulación han florecido con más fuerza.
Tal es el caso de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y ciudades como Nueva York. La regulación del trabajo de aplicación está a la vanguardia de las discusiones globales en materia laboral y no supone limitar el trabajo de aplicación a estándares anticuados, sino crear estándares innovadores para nuevas formas de trabajo. Segundo, se dice que la regulación limitará la flexibilidad del trabajo.
Tampoco es cierto. La iniciativa mantendrá las condiciones de flexibilidad de tiempos y patrones múltiples, como se ha hecho con trabajadoras del hogar, jornaleros, pilotos aviadores, etc. Difundir la mentira de que se quitará la flexibilidad es una estrategia para asustar a los trabajadores. Finalmente, el colectivo “Ni un Repartidor Menos” ha dicho que no ha sido considerado en las discusiones con la STPS y que por ello los acuerdos del Manifiesto no son representativos. Tampoco es así.
Funcionarios de la STPS tienen contacto directo con Saul Gómez (vocero de “Ni un repartidor menos”) y dicho colectivo envió representantes a la discusión del Manifiesto. Al final decidieron no firmarlo porque sus representantes argumentaron que no tenían el rango suficiente para hacerlo. Además, los talleres de discusión, organizados por la sociedad civil, han tenido convocatoria abierta. Habrá que esperar la iniciativa de la STPS para analizar con detalle sus pros y contras. Sin embargo, por ahora algo queda claro: la regulación va porque va. Si la ley del outsourcing pasó, nada impide que pase esta reforma que es de menor calado.
Por: Viri Rios
Fuente: https://www.milenio.com/opinion/viri-rios/no-es-normal/trabajadores-de-aplicacion-viene-victoria