Patricia Kurczyn Villalobos
14 de febrero de 2018, 23:17
En el 2012, en los últimos momentos de la administración de Felipe Calderón se reformó la Ley Federal del Trabajo. ¿Un acierto? No lo creo, y ahora una de mis dudas se repite: ¿Por qué una reforma laboral en el último tramo de gobierno? ¿Habrá condiciones y quedará espacio para consolidar una reforma del tamaño de la que se propone ahora y de la constitucional del 2017? ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los Senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo con el sector patronal? A fin de cuentas, muchas cabezas piensan más que unas cuántas; ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo.
Permítanme referirme como derecho a la estabilidad en el empleo, legítima aspiración de la clase trabajadora que establece la ley vigente y que hoy se pretende vulnerar. La reforma propuesta facilita el despido del trabajo, lo que implica truncar derechos de antigüedad y todo lo que ello conlleva. Despedir a trabajadores libremente, cuando tampoco existe el seguro de desempleo, es insensato y facilita al empleador la liberación de responsabilidades laborales. Esta reforma representa un desafío a la justicia social y genera un reto para la sociedad que al final cargará con las necesidades de la clase trabajadora.
Por otro lado, el outsourcing es una modalidad administrativa que surgió en Inglaterra en la década de los años 80. Se trata de allegarse de elementos externos para facilitar la gestión administrativa que, sin duda, es de gran utilidad cuando se aplica para que la empresa se enfoque en sus actividades y finalidades esenciales. Sin embargo, cuando se utiliza para realizar actividades esenciales de la empresa, se convierte en un instrumento de liberación de responsabilidades laborales y fiscales. Las empresas de subcontratación convierten el trabajo humano en mercancía; rompiendo con ello las reglas del trabajo digno y decente. Los empleados de un “patrón” trabajan para un tercero y se convierten en mercancía, una violación a los derechos humanos. La subcontratación dificulta la cohesión social e impide la sindicalización —defensa organizada de los derechos laborales—. La ley vigente exige la responsabilidad solidaria de las empresas contratantes con las de tercerización, ¿pero se cumple?
Agreguemos a la legalización de esta ficción abrir el trabajo a prueba sin condicionamientos como lo propone la iniciativa, con lo que se reducirían las oportunidades de capacitación y con ello menos productividad y otras prestaciones, como las de antigüedad, días de vacaciones, reparto de utilidades y otras, además del impacto en la seguridad social.
Una reforma progresiva como corresponde al siglo XXI impondría estrictas normas para que las empresas de tercerización se constriñan a actividades específicas y especializadas de las empresas contratantes; cumplan con el principio de igualdad de remuneración, y con sus obligaciones en general. Entre ellas, las de capacitación, de reparto de utilidades, registro de empleados en el IMSS, el cumplimiento de las normas de higiene, salud y medio ambiente en el trabajo, rigurosa inspección, etcétera. Sugiero, en cambio, que se contemple la ratificación del C. 156 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares (de 11 agosto 1983). Lo agradecerían las familias mexicanas.
Autor: ReformaLaboralMX
La contrarreforma laboral
El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de Justicia-Laboral, con la cual se logró:
Transferir la impartición de justicia laboral a los Tribunales laborales del Poder Judicial.
Crear un organismo encargado del proceso Conciliatorio. El organismo descentralizado en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Brinda certidumbre a los trabajadores en su orden democrático en las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos.
Este 24 de febrero de 2018 se cumple el plazo para llevar a cabo las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo anteriormente comentado.
Con sospecha, vemos el cinismo de supuestos líderes que presentaron una contrarreforma que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora.
La contrarreforma anula los pocos logros que se dieron con la reforma constitucional. En un momento en el que el mundo gira en favor de lo social, cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta iniciativa los desprotege.
Entre los altos costos que implica la desafortunada iniciativa, se encuentra la liberación del outsorcing, que no sólo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también un elemento coadyuvante del lavado de dinero.
Uno de los logros más importantes de la reforma fue el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo, en la iniciativa ni se menciona, se ignora, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección, que ahora en muchas entidades del país implican un profundo vínculo con el crimen organizado, lo que representa una amenaza al Estado de Derecho y a la planta productiva.
En lo referente a la conformación del nuevo organismo de registro de sindicatos y contratos colectivos, parece que el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria. También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores.
La iniciativa, no sabemos si es una provocación, una impericia o un tiro parto. Si bien hay fecha límite para su legislación, ¿cuál es la razón para que el gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral?
Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral, sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.
XXX TWITTER: @LuisHFernandez
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-contrarreforma-laboral-952306.html
Quintana Roo: Por falta de diputados, no aprueban reforma en Justicia Laboral
No se contó con la mayoría de legisladores requerida en el primer día de sesiones.
En la apertura de trabajos, asistieron 16 de los 25 legisladores locales, cuando es obligatoria la mayoría de 17 diputados. (Joel Zamora/SIPSE)
HOY VIERNES, 16 FEB. 2018 06:07 PM
Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado dejó para otra sesión la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Laboral, al no contar con la mayoría calificada, en el primer día de sesiones del Período Ordinario.
Durante la sesión de apertura de los trabajos, únicamente asistieron 16 de los 25 legisladores locales, mientras que para reformas constitucionales, la legislación establece la obligatoriedad de una mayoría calificada, en este caso 17 diputados.
El punto que quedó pendiente es la reforma al artículo 97 y la adición de un párrafo al artículo 92 de la Constitución, cuyo plazo de aprobación vence el próximo 25 de febrero.
En la misma sesión, se dio entrada a la iniciativa presentada por el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, mediante la cual se pretende declarar el 23 de febrero como Día del Movimiento Rotario en Quintana Roo, para reconocer la labor altruista que realizan esos grupos de personas.
Previo a la sesión del Pleno, durante la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, los legisladores locales aprobaron por unanimidad, la ratificación de los nombramientos de los tres auditores especiales de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), a propuesta del titular, Manuel Palacios Herrera.
De esa manera, Arlin Edmundo Muñoz Ancona, será el auditor especial en materia de Obra Pública; Edwin Celis Madrid, auditor especial en Materia Financiera; mientras que Alberto Flota Medrano, seguirá como auditor especial en Materia de Desempeño.
Según la legislación y los nombramientos emitidos, los auditores especiales durarán en su cargo por un período de siete años, con la posibilidad de ser nombrados por un período adicional de tres años.
Previamente, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, que preside el diputado Emiliano Ramos Hernández, verificó en una sesión privada, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo.
https://sipse.com/novedades/chetumal-congreso-sesion-diputados-faltan-inasistencia-probacion-reforma-materia-justicia-laboral-legisladores-285565.html
Coahuila: “El Tribunal Superior de Justicia cuenta con mi respaldo: Riquelme” viernes, 16 de febrero de 2018te »
El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reconoció, a nombre de todos los coahuilenses, que el Sistema de Justicia Penal ha sido fundamental para mantener las condiciones de paz en nuestro estado, y que se tiene la certeza que con su trabajo prevalezca la tranquilidad y el orden en una sociedad coahuilense donde impere la ley y se privilegie el estado de derecho.
Lo anterior lo expresó durante el Informe de Actividades 2017 de la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que con el pleno respeto a los poderes del Estado pero mediante una cooperación efectiva se comparten grandes retos por un Coahuila más justo e igualitario, uno de ellos es consolidar un sistema judicial de calidad que privilegie la justicia cotidiana, la justicia abierta, la promoción y garantía de los derechos humanos, el uso de las nuevas tecnologías y el servicio profesional de carrera del personal administrativo.
Otro de los retos es lograr que la justicia en Coahuila se imparta con perspectiva de género. Los cinco Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres constituyen la estrategia del estado para erradicar la estrategia contra las mujeres y otorgarles todo el apoyo necesario que asegure su integridad física y psicológica.
Además de la implementación de los juicios orales en materia mercantil de acuerdo a la reforma federal y la instrumentación de la justicia laboral derivada de la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017; y establecer políticas públicas que fortalezcan la cohesión social y la integración de las familias coahuilenses, en particular las relacionadas con el resarcimiento a las víctimas de un delito o el aseguramiento de los derechos patrimoniales de las personas.
El Mandatario Estatal reconoció al TSJ por todas las acciones que hacen patente su compromiso de ubicar a Coahuila a la vanguardia en materia de transparencia y trabajo institucional eficiente.
En ese sentido, subrayó los reconocimientos y las cifras que lo confirman, como el sexto lugar nacional que tiene Coahuila en el índice de calidad de los procesos judiciales y en el séptimo en cumplimiento de contratos de acuerdo con el informe Doing Business en México 2016.
«No cabe duda, que tener un buen Sistema de Justicia es una gran fortaleza para el desarrollo y crecimiento económico porque brinda seguridad a los ciudadanos y confianza a inversionistas y empresarios”, aseguró Riquelme Solís.
«La sociedad de nuestro estado está conformada por mujeres y hombres de bien, de trabajo y lucha diaria que celebran los éxitos de la justicia», enfatizó el gobernador coahuilense.
La magistrada Miriam Cárdenas Cantú, en su informe indicó estar convencida de que solo con acciones y resultados se podrá fortalecer el vínculo de confianza con la sociedad.
Con orden y disciplina -agregó- es posible alcanzar las metas que se plantean; sin embargo aseguró que los retos son constantes y lo serán mientras se aspire a cambiar y a mejorar.
«Porque la responsabilidad que tenemos encomendada es muy grande: se trata de que garanticemos a las personas su derecho de acceso a la justicia; nada más noble que ello, pero también nada más demandante de compromiso ético, estudio permanente, imparcialidad, transparencia y trabajo comprometido con los principios y valores del derecho”, aseguró la magistrada.
Dentro de los logros obtenidos, resaltó el Primer Lugar Nacional en el Ranking del Sistema de Justicia Penal, así como la calificación de «Nivel Óptimo” que otorgó a Coahuila el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Miriam Cárdenas informó que se atendieron 173 mil 265 asuntos en las materias familiar en la modalidad tradicional; y el sistema oral, civil, mercantil y penal en sus sistemas tradicional y acusatorio.
Agregó que desde un principio se han tomado en cuenta las recomendaciones que el Banco Mundial ha señalado para el funcionamiento eficaz de los sistemas de justicia, cuando propone que ofrezcan mayor seguridad jurídica en sus decisiones, otorguen respuestas eficaces en forma ágil y económica, garanticen el acceso equitativo, apliquen transparentemente la justicia y protejan en forma efectiva los derechos humanos.
«Atender estas recomendaciones es imperativo, porque Coahuila es una entidad altamente competitiva que ocupa lugares importantes en los principales indicadores económicos, por lo que nuestro estado resulta atractivo a inversionistas”, subrayó la magistrada presidenta.
«Los retos y la forma en que les hemos hecho frente es nuestro deber; es un compromiso ineludible y en él habremos de poner nuestro máximo esfuerzo y perseverancia”, aseguró Miriam Cárdenas Cantú.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2018/2/16/tribunal-superior-justicia-cuenta-respaldoriquelme-713079.html
“Cumpliremos tiempos en justicia laboral”
Más consultas, innecesarias: Isaías González
Uno de los autores de la iniciativa de legislación secundaria aseguró que la redacción del dictamen ya está muy avanzada.
María Del Pilar Martínez
14 de febrero de 2018, 23:34
Tras señalar que el Senado de la República cumplirá con el tiempo estipulado para la aprobación de la legislación secundaria en materia de justicia laboral, misma que se cumple al término de este mes, el senador del PRI, Isaías González Cuevas, afirmó que no hacen falta más consultas sobre el tema cuando lo que se quieren es dar paso a un nuevo sistema de procesal en la materia.
En entrevista, comentó que nadie se puede oponer a terminar con el “coyotaje” que se registra en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sea federal o local, y en donde el único perjudicado es el trabajador, “de ahí la importancia de la aprobación de las leyes secundarias que cumplen con lo que se aprobó en la Constitución el año pasado”.
El legislador, quien es autor de la iniciativa de leyes secundarias, afirmó que “hay personas que no quieren que se cambie el sistema porque tienen un beneficio, son los que se oponen al cambio, les representa un negocio que al final perjudica al trabajador”.
Cabe destacar que el pasado martes se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para abrir espacio a una “amplia consulta” sobre la propuesta en la legislación para una nueva impartición de justicia laboral. De acuerdo con los tiempos en el proceso legislativo, las leyes secundarias deben estar aprobadas para el 26 de febrero.
El también secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)expuso que avanzar en un proceso modelo de impartición de justicia permitiría disminuir el rezago que se tiene en las juntas, “tan sólo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tienen un rezago de juicios de 430,000; y ahí quienes están ganando son los intermediarios”.
Recordó que los cambios, primero en la Constitución, fueron resultado de un amplio análisis que encargó el presidente Enrique Peña Nieto al Centro de Investigación y Docencia Económica, “ahí se encontraron y se documentaron los vicios del sistema de imputación de justicia, y es eso, sólo eso lo que pretendemos que avance. No son necesarias ya más consultas”.
Con respecto al tema de outsourcing, que causó controversia, reiteró que ya se tuvo un acuerdo con senadores, la Iniciativa Privada y el gobierno para determinar que no se eliminarán los candados al régimen de la subcontratación, ni se modificarán los artículos 15, 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo.
González Cuevas afirmó que se mantendrá el texto vigente de los artículos que reglamentan la subcontratación, y la limitan a aquellas actividades que no sean estratégicas para la empresa, como las administrativas, ventas, gestión, logística, y limpieza. Explicó que la redacción del dictamen de la iniciativa de reforma a diversas leyes en materia de justicia laboral ya está muy avanzada y las modificaciones son analizadas con mucho detenimiento para garantizar que no haya despido de trabajadores ni se abarate la mano de obra.
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cumpliremos-tiempos-en-justicia-laboral-20180214-0158.html
Retos de la justicia laboral
15/02/2018
Con el tiempo encima, el Poder Legislativo se encuentra a menos de dos semanas de aprobar la normatividad reglamentaria a la reforma a la Ley Federal de Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2017, y que estableció un año para lograr tal cometido.
El cambio supone un nuevo modelo en la resolución de problemas en la materia. Desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje hasta ahora dependientes de los poderes Ejecutivos —federal y locales— para dar lugar a tribunales laborales que estarán adscritos al Poder Judicial. También se crearán centros de conciliación, los cuales serán el primer filtro para evitar que los conflictos lleguen a los juzgados.
La característica que ha dominado en las juntas de conciliación a lo largo de un siglo de historia es el rezago. En febrero del año pasado, cifras de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje registraban que 300 mil expedientes estaban en espera de resolución y cada año en promedio 83 mil trabajadores inician una demanda contra sus empleadores. Llevar a juicio a patrones resulta en una virtual prueba de resistencia, además de representar una interminable travesía por oficinas y audiencias.
Especialistas en derecho laboral han explicado en estas páginas que luego de que un juicio es resuelto, pueden pasar años antes de que se ejecute la resolución, sea la reinstalación del trabajador o el pago de salarios caídos. Burocracia y lentitud operan usualmente contra el trabajador, mientras desde la otra parte se acusa a la falta de presupuesto como el origen de los retrasos. La dilación también afecta a quienes generan empleos.
Es clara la existencia de una situación anómala que frena la aplicación expedita de justicia y que requiere solución inmediata.
Al Poder Judicial se le viene también un reto enorme cuando el país aún está terminando de asimilar el sistema de justicia oral.
Lograr un clima laboral justo y que dé certeza tanto al empleado como al trabajador puede resultar inclusive en un impulso a la productividad y a la llegada de inversión.
Por las razones anteriores el documento que presenten los legisladores debe ser una vía de resolución expedita a los conflictos obrero- patronales, sin que se mutilen los derechos alcanzados por el trabajador. En sus manos está que el marco que regirá la resolución de conflictos cumpla con las expectativas.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/el-universal/nacion/retos-de-la-justicia-laboral
Capítulo laboral de TLCAN deja fuera tema de salarios: Moisés Kalach
Lo que sí estará plasmado en este capítulo serán estándares y derechos laborales, los cuales estarán basados en los estándares de la Organización Internacional del Trabajo.
En la industria manufacturera, los salarios en México son hasta 8 veces inferiores respecto a los de Estados Unidos y Canadá
Zenyazen Flores @ElFinanciero_Mx15/02/2018Actualización 15/02/2018 – 17:46
El salario en el sector manufacturero es hasta 8 veces más bajo en México que en Canadá o EU.Fuente: undefined
El tema salarial quedará fuera del Capítulo Laboral que se integrará al cuerpo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), confirmó Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Organizaciones sindicales como la Unifor en Canadá, la AFL-CIO en Estados Unidos y la mexicana Unión Nacional de Trabajadores en México han demandado que el tema salarial sea incluido para aumentar el salario mínimo en nuestro país y reducir la brecha que existe en la paga de sueldos a trabajadores que laboran en una misma industria pero en diferentes países.
Sin embargo, el tema no está en la mesa de negociación y no estará en el Capítulo, respondió Kalach a pregunta de El Financiero.
«Hoy te puedo decir que el Capítulo Laboral está en el cuerpo del tratado y en la negociación así está, entonces sí vamos a tener un Capítulo Laboral pero está enfocado a los estándares laborales y a los derechos de trabajadores, para nada está enfocado en el tema de los salarios ni menciona los salarios ni está en la mesa», sostuvo el empresario.
Lo que sí quedará plasmado en el documento serán estándares y derechos laborales que toman como referencia los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La OIT cuenta con 8 convenios fundamentales relacionados con autonomía y libertad sindical, eliminación del trabajo forzoso e infantil, erradicar la discriminación en materia de empleo e igualdad de la remuneración.
En rueda de prensa, Kalach recordó que el TLCAN original no incluyó en el cuerpo del tratado el Capítulo Laboral; lo que se hizo fue un acuerdo paralelo para los temas laboral y ambiental, los cuales fueron negociados por los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, y de México, Carlos Salinas de Gortari.
TLCAN no mejoró salarios: AFL-CIO
Benjamin Davis, director de Relaciones Internacionales de United Steel Workers, organización afiliada a la AFL-CIO, dijo que en Norteamérica ha habido una historia desde el inicio del TLCAN en la que existe una brecha salarial con especial énfasis en la industria manufacturera, donde los salarios en México son hasta 8 veces inferiores respecto de Estados Unidos o Canadá.
«Las promesas de que el TLCAN iba a generar mejores salarios en México no ha llegado a ser una realidad«, dijo el representante la semana pasada en un foro organizado por el Colegio de México.
Davis dijo que, si bien es cierto que ha habido mas empleos formales después del TLCAN, la mayoría de esos puestos de trabajo tienen salarios de entre uno o dos salarios mínimos en México, por lo que la riqueza no llega a los trabajadores.
«Los bajos salarios son malos para ustedes pero también para nosotros en Estados Unidos porque eso ha generado desplazamiento de fuentes de empleo y ha puesto en competencia desleal a México con sus pares», apuntó Davis.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/capitulo-laboral-de-tlcan-deja-fuera-tema-de-salarios-moises-kalach
Campa Cifrián llama al sector privado a revisar posible mejora al salario mínimo
En marzo se determinará si conviene o no realizar un ajuste
El CEE únicamente pide que sean factores económicos los que definan el camino a seguir
Patricia Muñoz Ríos y Alejandro Alegría
Periódico La Jornada
Viernes 16 de febrero de 2018, p. 35
El secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, anunció que se revisará otra vez la pertinencia de incrementar o no el salario mínimo en el primer cuatrimestre del año en curso, al tiempo que la iniciativa privada llamó al gobierno federal a iniciar los estudios para revisar la pertinencia de dicha medida.
Entrevistado luego de una reunión con el sector empresarial, Campa aseguró que se convocará en marzo a todos los sectores para empezar la discusión sobre el tema, y así determinar el posible aumento a este indicador.
Según el funcionario, los representantes de los tres sectores ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) se sentarán a analizar los números y tomarán una decisión seria al respecto. De igual forma, señaló que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sólo ha pedido que sean elementos económicos objetivos los que definan este asunto.
Campa sostuvo ayer una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, para trabajar en temas relacionados con la economía de los trabajadores, según reportó en su cuenta de Twitter.
Sobre los salarios mínimos, dijo que éstos ya se desvincularon de diversas variables de la economía, como el pago de multas, créditos e impuestos, pues para ello se creó la Unidad de Medida y Actualización.
Además, puntualizó que la reducción de la inflación y otros elementos se pondrán en la mesa de la Conasami, la cual tendrá que analizar cómo podría influir un incremento a los salarios mínimos en la demanda agregada, los costos de producción y los precios finales de bienes y servicios. A partir de ello, deberá determinar si conviene o no aplicar el ajuste.
Asimismo, reconoció que aunque el mínimo ha aumentado en este sexenio de 60.53 a 88.36 pesos –20 por ciento– todavía hay una brecha importante para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, por lo cual será importante la discusión del tema que se abrirá en los próximos meses.
Por otra parte, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, le pidió a la Secretaría del Trabajo que la Conasami inicie los estudios para la revisión del minisalario al final del primer cuatrimestre del año, tal y como se acordó en noviembre pasado.
Luego de reunirse en privado con Campa Cifrián, el líder empresarial recordó que, con base en las condiciones observadas de enero a abril de este año, se podrá determinar la posibilidad de aumentar o no el salario mínimo.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/16/sociedad/035n1soc
Quieren gran consulta en reforma a justicia laboral
Pese a que faltan 12 días para que se cumpla el plazo para expedir la legislación secundaria, se avaló que exista una consulta nacional.
Jorge Monroy
14 de febrero de 2018, 01:02
La Cámara de Diputados se pronunció por llevar a cabo una gran consulta nacional para expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral, pese a que faltan 12 días para que se cumpla el plazo que fijó la reforma constitucional aprobada en febrero del 2017.
Así lo expuso Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD, quien presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por los legisladores, a fin de frenar la aprobación de la legislación secundaria y abrir espacio a las consultas. Cabe señalar que el Senado de la República es la cámara de origen respecto a la aprobación de las propuestas sobre las leyes secundarias y donde se espera que sea presentado el dictamen final.
El 24 de febrero del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución, en materia de justicia laboral, la cual estableció un nuevo modelo para el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, a fin de que haya un nuevo mecanismo e impartición de justicia.
Entre los principales cambios se contempla la desaparición de las juntas de conciliación, la federal y las locales, y en su lugar estarían los jueces dependientes del Consejo de la Judicatura Federal, que estarían encargados de registrar sindicatos y los contratos colectivos. El punto de acuerdo aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral se realice una consulta amplia a trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en derecho laboral, instituciones de educación superior, colegios de profesionistas, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos, laborales nacionales y también internacionales.
También se comprometió que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados realizará las gestiones pertinentes para que se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo que lleve a la expedición de la legislación secundaria en materia de justicia laboral.
El diputado Jaime Mauricio Rojas Silva (PAN) afirmó que “el buen juez, por su casa empieza, y si esta Cámara de Diputados ha sido muy exigente con el gobierno de la República para que se conduzca con transparencia, respete el derecho a la información y rinda cuentas de su actuar, esta soberanía también tiene la obligación de hacer lo mismo”.
El diputado Ramón Bañales Arámbula (PRI) aseveró que “la reforma constitucional en materia de justicia laboral tuvo origen a partir de un ejercicio democrático, plural y transparente, y la dictaminación de su legislación secundaria no será la excepción”.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Quieren-gran-consulta-en-reforma-a-justicia-laboral-20180214-0019.html
El palomazo de Isaías y Tereso, y la contrarreforma laboral
Saúl Escobar Toledo
El tema del empleo se ha convertido en una de las preocupaciones más acuciantes del mundo actual. Tanto en los países más desarrollados como en el resto del mundo hay signos evidentes de que las cosas no funcionan bien, sobre todo desde la crisis mundial de 2007-8. Y que ello ha dado lugar a una mayor irritación social y a reacciones políticas indeseables como en el caso de la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
En los países menos desarrollados el problema es más agudo en la medida en que enfrentamos factores estructurales de muchos años y nuevos desafíos producto del avance de la tecnología.
Dentro de las voces que se han pronunciado permanentemente en este debate está, naturalmente, la de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que cada año publica un informe sobre el empleo en el mundo.
Para esta organización no hay duda de que el trabajo decente es una condición necesaria para poner fin a la pobreza en todo el orbe. No basta, asegura, el crecimiento económico, por sí solo, para que ello ocurra. Por trabajo decente (o podría decirse también trabajo digno) se entiende aquel que obtiene una remuneración adecuada; estabilidad; seguridad social para las familias; libertad para organizarse; e igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres.
Su enfoque se basa en el respeto a los derechos laborales de cada país y en las normas internacionales más importantes discutidas y aprobadas en la OIT por sindicatos y empleadores, y después ratificadas por los estados nacionales. Para asegurar la creación de empleos dignos se requiere de un marco institucional fuerte y por tanto la revisión y ampliación permanente de la legislación correspondiente; asegurarse de que se cumpla la ley sobre todo mediante la inspección y un mejor acceso a la justicia; y ampliar la cobertura a un número cada vez mayor de la población trabajadora. También es indispensable garantizar la democracia y la transparencia sindical.
La OIT recomienda, asimismo, cambiar el modelo económico y diversificar la base productiva de las naciones. Para ello, advierte, se requiere una base fiscal más amplia y una inversión pública cada vez mayor en infraestructura. Considera indispensable, finalmente, instrumentar políticas de fomento al empleo basadas en la mejora constante de los niveles de calificación de los trabajadores y en facilitar la transición a la formalidad mediante diversos estímulos y políticas públicas.
Desgraciadamente, el paradigma que propone la OIT enfrenta una realidad cada vez más compleja. En los últimos años se ha extendido lo que varios empiezan a llamar la “gig economy”. Un término polémico que se utiliza de manera descriptiva y que no tiene todavía una traducción al español. La palabra gig se utiliza de manera coloquial en Estados Unidos cuando un ejecutante o un grupo musical toca ocasionalmente por invitación o para sustituir algún faltista. Podría decirse, en México, que se echa un “palomazo”.
Recientemente se habla de economía gig para describir un mercado laboral que se caracteriza por: 1) estar controlado por una plataforma digital, es decir se requiere necesariamente el intenet para contratar los servicios de un trabajador; 2) se trata de trabajos temporales; 3) no se les reconoce como trabajadores asalariados, sino por su cuenta o “freelance”, pues ofrecen sus servicios a una compañía por medio de un contrato mercantil; y 4) por lo tanto, el trabajador no tiene ninguna prestación, ni seguridad social, y puede ser despedido cuando le parezca al empleador sin ninguna obligación legal.
El ejemplo clásico de la economía gig es Uber, la empresa de taxis que se contrata por medio de un teléfono celular. Bajo las órdenes de ese consorcio, un trabajador cumple con la tarea de transportar al cliente de un lugar a otro por un precio establecido de antemano.
Pero también se habla de economía de plataformas digitales (que se distingue de la economía gig) cuando se trata de profesionales de alto nivel que se contratan bajo las mismas características, pero con una diferencia sustancial: el pago es mucho mayor pues el tipo de labores que desempeñan es sustancialmente más calificado. Por ejemplo, diseñar programas (de contabilidad, de servicios legales, de mercadotecnia o de diseño industrial) para una compañía.
Las virtudes de este modelo laboral (de plataformas digitales o gig) radican, según algunos estudios, en que ofrecen flexibilidad en el horario de trabajo y que a veces el servicio o tarea se puede hacer desde el hogar u oficina del trabajador contratado sin tener que desplazarse a la sede de la compañía. Se asegura también que las plataformas digitales son un mecanismo de intermediación muy eficiente pues se crean mercados regionales, nacionales e internacionales, lo que permite a los empleadores un mejor acceso al tipo de trabajador que requieren y a éstos últimos acceder a una ocupación más rápidamente y escoger las mejores opciones.
Sin embargo, es evidente que las mayores ventajas son para el patrón que puede utilizar los servicios del trabajador cuando lo necesita, sin ninguna responsabilidad legal, y que paga sólo por la tarea realizada. Otro problema es que, bajo este esquema, ni los patrones ni los empleados pagan impuestos ni contribuciones a la seguridad social, lo que ha despertado también la inquietud de los gobiernos, pues facilita la evasión fiscal.
El crecimiento de las economías gig y de plataforma digital ha sido muy acelerado. Según algunos estudios de McKinsey, el 27% de los trabajadores de EU y Europa forman parte de este tipo de mercado de trabajo. De acuerdo a otra investigación, del Pew Research Center, en la mayoría de los casos se trata de trabajadores de cuello azul, es decir, son el nuevo proletariado manual que ahora es contratado bajo condiciones de incertidumbre, inestabilidad y muy bajos ingresos. Además, afirma, la mayoría de ellos opta por esta modalidad de contratación no tanto para obtener un dinero extra, sino porque está desempleado.
En el caso de Uber, el modelo gig ha causado ya la oposición decidida de sindicatos y trabajadores por los bajos salarios y la inexistencia de cualquier derecho laboral. En el Reino Unido, el año pasado, después de un largo litigio en tribunales, se les reconoció como trabajadores al servicio de la empresa, lo que fue considerado un gran triunfo para los sindicatos.
En resumen, la economía gig es una realidad que está creciendo gracias al uso cada vez más extendido de las tecnologías digitales y, sobre todo, por la falta de puestos de trabajo fijos y bien remunerados. El reto es lograr el reconocimiento de sus derechos. Convertir el modelo gig en un sistema de empleos dignos, según los criterios de la OIT. No será fácil, pero la obligación de los gobiernos y los legisladores es procurar que así sea.
En cambio, en México, a un par de senadores que dicen representar a los trabajadores, Tereso Medina e Isaías González, del PRI, se les ocurrió hacer exactamente lo contrario: proponer una reforma laboral que quitaba todas las normas legales a la llamada subcontratación para que ésta pueda extenderse sin cortapisas. Y con ello, alentar, incluso a las empresas que no están basadas en plataformas digitales, a formar parte también de la economía gig. Es decir, convertir todas las relaciones de trabajo en un “palomazo”.
Parece que esta intención se ha detenido por el momento. Pero no basta. Hay que insistir en una ley (y en su aplicación) que no sólo impida la generalización de la subcontratación y el freelance, sino que además fomente la creación de un mayor número de empleos decentes.
Según la OIT este es el camino para una sociedad próspera y con menor pobreza y desigualdad. El de la economía gig, que defienden Isaías y Tereso, nos conduce, en cambio, a un futuro sin desarrollo ni paz social. Eso es lo que está en juego en el debate sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo que están hoy en manos de los legisladores.