Sonora: Darán certeza jurídica a trabajadores sonorenses mediante justicia laboral


TermómetroenLínea /
2018-02-14
Hermosillo, Sonora, 13 de febrero de 2018.- Una reforma constitucional con la que se pretende dar certeza jurídica a las y los miles de trabajadores sonorenses, al garantizar sus derechos laborales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y conocidos como «derechos humanos de segunda generación», aprobó el Pleno del Congreso del Estado.
Se trata de la armonización de la norma jurídica local en materia de justicia laboral a lo establecido en el Artículo 123 de la Carta Magna Federal, iniciativa presentada ante esta Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal el 24 de febrero de 2017 y dictaminada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos del Trabajo.
De acuerdo a la lectura del dictamen que estuvo a cargo del diputado Javier Villarreal Gámez, la Gobernadora del Estado propuso modificaciones a la Constitución Política del Estado de Sonora en los siguientes términos:

  1.      Facultar al Congreso del Estado para expedir leyes y reglamentos que faciliten la recta aplicación de la Ley Federal del Trabajo, así como para regular la creación del Centro de Conciliación Laboral:
  2.      Otorgar al titular del Ejecutivo la facultad de prestar el servicio de conciliación en materia laboral, a través del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora;
  3.      Otorgar al Poder Judicial del Estado de Sonora la facultad de dirimir las controversias o los conflictos entre trabajadores y patrones; y
  4.      Precisar que los trabajadores y patrones, antes de acudir al Poder Judicial del Estado para la solución de un conflicto laboral entre los mismos, deberán agotar la etapa conciliatoria.

La exposición de motivos del dictamen establece que el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Carta Magna para crear un nuevo sistema de justicia laboral, como una reforma de fondo al Derecho Procesal del trabajo, de manera que la justicia laboral será impartida, en lo sucesivo, por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
Las comisiones dictaminadoras consideraron viable jurídicamente la iniciativa, ya que recoge el espíritu de las modificaciones a la Constitución Federal en materia de justicia laboral, y sobre todo porque cumple con los principios constitucionales de «no contradicción y supremacía constitucional».
Esta Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora será remitida a los 72 ayuntamientos para ponerla a consideración de sus cabildos y, una vez sea aprobada por la mitad más uno de éstos, enviarla a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.
Desechan iniciativa y turnan proyecto de decreto
En el desarrollo de la sesión ordinaria fue desechada por la Presidencia una iniciativa con punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario del PAN, al no obtener las dos terceras partes de la votación en el Pleno.
El exhorto estaba dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Economía Federal, a la Gobernadora del Estado y al Secretario de Economía estatal, mediante la cual solicitaban que llevaran a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones tendientes a revertir la caída en el crecimiento y el empleo que sufrió la economía estatal a finales de 2017, a fin de garantizar el bienestar de las familias sonorenses en 2018.
Enseguida la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora, la cual establece algunas medidas de seguridad cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales.
La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la Procuraduría Ambiental y/o los ayuntamientos en su caso podrán ejecutar dichas medidas, entre las que se encuentra la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones que manejen o almacenen materiales o substancias contaminantes. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Previo al inicio de la sesión, el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, a nombre del grupo parlamentario del PAN, y acompañado del diputado Juan José Lam Angulo, con la representación parlamentaria del PRD, se pronunciaron en contra de las supuestas acciones de espionaje denunciadas por el precandidato de la coalición «Por México al Frente», a través del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, y exigieron al Gobierno Federal aclarar la presunta persecución de la que dicha persona asegura ha sido objeto en los últimos días.
http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=63104&cat=1#.WoWL261Dm-o

Outsourcing: sin condiciones para discutirlo en el Senado

 
Especialistas critican la iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral que se debatirá en el Senado y que plantea, entre otras cosas, la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para concentrarlas en un solo instituto. (JUAN )
Iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral prevé no abordar el tema, dice senador; atenta contra los trabajadores: expertos
15/02/2018 Astrid Rivera
El outsourcing podría quedar fuera de la discusión de la iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral, debido a que es “difícil que pueda transitar” este tema en la discusión, afirmó Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
El senador dijo a EL UNIVERSAL que la subcontratación, conocida como outsourcing, podría quedar fuera del proyecto de legislación que aún se discute en la Cámara Alta; aseguró que esta iniciativa no busca perjudicar a los trabajadores, por que se han sostenido reuniones con sindicatos, abogados, empresarios y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para considerar a todos los sectores.
“Están muy avanzadas las negociaciones, mañana no están las condiciones para que se presente la iniciativa, se sigue platicando con los senadores miembros de la comisión y también con los sindicatos. Estamos tratando de llegar a acuerdos con empresarios, que es parte importante, con los abogados inmiscuidos en este asunto y con la Secretaría del Trabajo. Es difícil que pueda transitar el tema del outsourgcing, es difícil que transite, no veo que pudiera entrar en la iniciativa”, expresó.
El 24 de febrero de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos constitucionales 107 y 123 en materia de justicia laboral. A partir de esa fecha los legisladores tenían plazo de un año para aprobar la ley secundaria que normaría las modificaciones a la Constitución, en las que se establecen las nuevas disposiciones en materia de conciliación de problemas laborales.
Chico Herrera comentó que pese a que este tema se está discutiendo “a contrarreloj”, se analizarán los enfoques de todos los sectores de la producción en beneficio de los trabajadores y la protección de sus derechos.
“Sabemos que vamos contrarreloj, no queremos legislar al vapor, y lo haremos de una manera seria lo más pronto posible, pero sin que las prisas nos hagan cometer errores. De ninguna manera buscamos perjudicar a la clase trabajadora”, dijo.
Especialistas consultados por EL UNIVERSAL advirtieron que el proyecto deja desprotegidos a los trabajadores, al establecer un modelo laboral que facilita los salarios bajos y las condiciones precarias, por lo que representa un “retroceso” para el sector laboral e implicaría una pérdida del valor del trabajo.
El principal eje de la iniciativa es la justicia laboral, con lo que se plantea la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales pasarán al Poder Judicial como tribunales laborales, y se creará un nuevo instituto que concentrará las funciones de conciliación de conflictos y registro de sindicatos.
El proyecto, el cual aún se encuentra en análisis en las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos. Trabajo y Previsión Social del Senado, establece la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales, organismo que concentraría las tareas de solución de conflictos que hoy desempeñan las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a fin de “modernizar” la impartición de justicia para el trabajador.
Para trasladar las funciones de las juntas al nuevo instituto se plantea que la Junta Federal y las locales de Conciliación y Arbitraje deberán presentar un plan de trabajo con un plazo máximo de duración de cuatro años para concluir los asuntos en trámite; el plan deberá presentarse en los siguientes 120 días después de la entrada en vigor del decreto.
De aprobarse la iniciativa, presentada el 7 de diciembre pasado por los senadores Isaías González, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y Tereso Medina, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, el nuevo instituto contaría con un órgano de vigilancia integrado por un Comisario Público, propietario y suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública.
Además de encargarse de la conciliación de conflictos laborales, el instituto registrará los contratos colectivos de trabajo, así como la formación de nuevos sindicatos y confederaciones obreras, las altas y bajas de sus miembros.
Sobre el outsourcing, el proyecto propone que la empresa contratista deberá informar de manera periódica a la contratante respecto del cumplimiento de todas las obligaciones de carácter laboral, de seguridad social, salud y medio ambiente, por lo que los involucrados deberán pactar la forma en la que se dará cumplimiento a esta obligación, debiendo constar por escrito en el contrato de servicios.
“Las operaciones bajo el régimen de subcontratación garantizarán la protección de los derechos de los trabajadores establecidos en esta ley o derivados de la relación contractual. Las empresas contratistas se entienden patrones respecto de sus trabajadores, aun cuando estos desempeñen labores para un tercero, y deberán cumplir con la responsabilidad que de esto se derive”, señala el documento.
Será “un monstruo jurídico”
Arturo Alcalde, abogado especialista en materia laboral, consideró que con la creación de un Instituto de Conciliación y Registro Laborales se concentrarán en un solo ente funciones que actualmente corresponden a los gobiernos estatales, como es el registro de los sindicatos, así como de los contratos colectivos, además de la resolución de conflictos laborales, con lo que este nuevo organismo podría convertirse en un “monstruo jurídico”.
“El nuevo instituto también será tripartito, su órgano de gobierno tendrá representantes de gobierno, patronales y del sector obrero, se regresa al mismo esquema sin ningún sentido, pierde totalmente su carácter independiente, es un organismo descentralizado y administrativo, un monstruo jurídico”, resaltó.
Dijo que los requisitos que se establecen en el proyecto de legislación para ejercer derechos colectivos como la huelga o de contratación colectiva, son muy difíciles de cumplir, como son reunir las armas de todos los trabajadores, presentar el número de seguro social del patrón, así como de todos los trabajadores. “Es absurdo, porque en más de un tercio de los centros de trabajo los trabajadores no tienen Seguro Social”.
En el tema del outsourcing, comentó que la iniciativa plantea que se puede subcontratar sólo cumpliendo con los requisitos de pagar el salario mínimo y afiliar a los trabajadores al Seguro Social; además, se modifican las reglas para el despido masivo: de aprobarse el documento no será necesario contar con autorización previa del tribunal laboral.
“Es muy grave (…), se va a despedir y contratar barato. Estamos ante la muerte del esquema de responsabilidad patronal, se busca imponer un modelo laboral que facilita los salarios bajos y las condiciones precarias, así como la pérdida del valor del trabajo”, dijo.
Para Ricardo Martínez Rojas, abogado laborista del despacho De la Vega y Martínez, se requiere un debate amplio sobre esta legislación en el que se involucre a todos los sectores a fin de que todos salgan beneficiados. Señaló que el outsourcing debe ser muy limitado porque daña tanto a los trabajadores, al asco y al Seguro Social. Dijo que esta augura sólo debe ser utilizada para emplear a especialistas, no para contratar a toda la plantilla laboral.
Sobre la conciliación, resaltó que el proyecto carece de “dientes” para aplicar una resolución a los conflictos, ya que la conciliación no se establece como obligatoria.
“Cuando el promovente de la conciliación no acude, de cualquier forma se le va a dar su certificado para que pueda ir a demandar, no va a ser conciliación obligatoria. Deben necesariamente agotarse los procesos de conciliación. Si el promovente, sea trabajador, empresa o sindicato no va, no tiene derecho a demandar, de lo contrario no tiene sentido, todo mundo va a faltar a la conciliación y puede demandar. Le faltan dientes a esa parte; si queremos un proceso conciliatorio real, tiene que ser obligatorio”, detalló.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/outsourcing-sin-condiciones-para-discutirlo-en-el-senado#.WoV1XY_JroQ.facebook

Con el Instituto de Conciliación agilizarán soluciones en conflictos laborales: Campa

De manera paulatina tomará las riendas de la juntas locales de arbitraje
La reforma en justicia laboral ya está aprobada, faltan las leyes secundarias, señala
El secretario del Trabajo aseguró que para noviembre los nuevos tribunales entrarán en funcionesFoto Jesús Villaseca
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 15 de febrero de 2018, p. 16
La reforma en justicia laboral vendrá a transformar, limpiar, y hacer más ágil la solución de conflictos obrero-patronales para que se resuelvan en menor plazo, se privilegie la conciliación y ya no se alarguen innecesariamente los procesos, aseguró el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián.
El funcionario adelantó que el Ejecutivo propondrá en los próximos días al funcionario que encabezará el nuevo Instituto Federal de Conciliación y Registro de Asociaciones.
Luego de señalar que esta secretaría prepara el terreno para el “aterrizaje” de la reforma, puntualizó que la propuesta de quien dirigirá el nuevo instituto la planteará el presidente Enrique Peña al Senado de la República, el cual tiene que ser ratificado por esta Cámara antes de finales de febrero e incluso ya se tiene una terna de quienes podrían encabezar el organismo.
En entrevista con este diario en sus oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Campa expuso que la dependencia está a la espera de que el Legislativo vote, y en su caso, apruebe las leyes secundarias de la reforma –antes del 26 de febrero–. A la par, se realizan diversas tareas, pues se ve el espacio físico que ocupará el nuevo organismo de conciliación.
Además se elabora un esquema para que las juntas locales de conciliación y arbitraje den salida a los miles de juicios que tienen rezagados a través de un esfuerzo de “transparencia y no corrupción”.
Al respecto, puntualizó que las leyes secundarias plantean un plazo para la desaparición de dichas juntas, que será de cuatro años a partir de noviembre de 2018, y también a partir de esa fecha los nuevos tribunales laborales empezarán a operar con una carga cero, es decir, recibirán sólo nuevos casos.
–¿Hay confianza en que se logrará que las dos cámaras legislativas voten y aprueben las leyes secundarias de la referida reforma antes de que concluya febrero?
–En primer término, la parte principal de la reforma ya fue votada, aprobada y ya es ley, hoy es norma constitucional. Ya se reformaron las leyes y lo único que se atiende en este momento es el compromiso legislativo de concluir con las leyes secundarias que tienen un plazo que vence a finales de febrero, el cual estamos obligados a cumplir por ley.
–En caso de que se cumplan los plazos y las leyes secundarias se aprueben, ¿cómo se va a aterrizar la reforma?
–La secretaría ya se prepara en varios frentes para eso, pero lo fundamental es lo que habrá de discutirse en los próximos días en el Congreso, los pormenores de la conformación de nuevos tribunales de lo laboral y del instituto que tendrá las tareas de conciliación y registro de asociaciones.
El planteamiento es que los tribunales de lo laboral empiecen a operar a partir del 7 de noviembre de este año, es decir, hay nueve meses para establecerlos y ponerlos en marcha. En tanto, las juntas tendrán cuatro años a partir de ese mes para despachar todos los juicios que tienen en trámite.
–Entonces, ¿operarán paralelamente tribunales laborales y las viejas juntas?
-Sí, sólo un tiempo. En los próximos cinco años habrá un proceso de responsabilidad paralela.
–¿Qué proceso se va a establecer para que las juntas terminen con todo el cúmulo de miles de juicios laborales en trámite?
–Se van a tomar diversas acciones, en primer término se les pedirá un esfuerzo de transparencia y solución de los juicios “sin corrupción”; se van a llevar a cabo medidas para acelerar los procesos de dictaminación y se hará una propuesta que atienda la realidad que es la enorme carga de trabajo que tienen.
Es decir, se prepara toda la cuestión administrativa, técnica, física y legal para aterrizar la reforma, sólo se espera que el Congreso concluya con el proceso, pero lo fundamental es que esta reforma agilizará la justicia laboral, ya no habrá juicios interminables pues se quitarán los alicientes para alargar procesos, se acabará con el coyotaje y se dará un cambio radical a este esquema.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/15/politica/016n1pol

 

Se conservan restricciones del outsourcing


Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 15 de febrero de 2018, p. 16
Legisladores, representantes del sector patronal y el gobierno federal acordaron mantener los candados al régimen de outsourcing en la reforma laboral y no liberar este esquema.
El dirigente en Coahuila de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el senador Tereso Medina, y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, indicaron que estos tres sectores participaron en las negociaciones en las que se determinó que no se modificarán los artículos en los que se trata la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo.
Indicaron que incluso en la Comisión de Trabajo del Senado la redacción del dictamen de la iniciativa ya está muy avanzada y las modificaciones son analizadas con mucho detenimiento para garantizar que no haya despido de trabajadores ni se abarate la mano de obra.
A su vez el senador González Cuevas planteó que se mantendrá el texto vigente de los artículos que reglamentan la subcontratación y la limitan a aquellas actividades que no sean estratégicas para las empresas, como las labores de limpieza, logística, gestión, ventas y tareas administrativas.
Por eso se acordó que no se eliminarán las restricciones al régimen del outsourcing ni se modificarán los artículos 15, 15-A, 15-B, y 15-C de la Ley Federal del Trabajo.
En tanto, Tereso Medina expuso que los cambios que se proponen, modifican de manera radical el actual modelo de justicia laboral, privilegian la conciliación y mejora la calidad y legitimidad de los procedimientos y sentencias judiciales.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/15/politica/016n2pol

Sonora: Ajustan ley de justicia laboral


Guillermo Saucedo Miércoles 14 de febrero de 2018 en Hermosillo
Los diputados del Congreso del Estado aprobaron la armonización de la ley local con la federal en materia de justicia laboral, la cual tiene como objetivo remediar conflictos de intereses entre trabajadores y patrones mediante audiencias orales.
Javier Villarreal Gámez, diputado del Partido Revolucionario Institucional, señaló que los cambios más importantes es cambiar las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Juzgados laborales, mismos que atenderán los conflictos no remediados, pasando así la responsabilidad del Poder Ejecutivo al Judicial.
También se aprobó la creación de un Centro de Justicia de Conciliación Laboral, el cual, tiene como fin que los casos no lleguen a los juzgados por medio del arreglo entre las partes involucradas.
“La justicia laboral pasa del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y por otro lado la creación un Centro de Justicia de Conciliación Laboral, es una figura muy interesante porque de esta manera se va a poder trabajar más intensamente en la conciliación de los conflictos para buscar un arreglo antes de llegar a juicios largos, costosos, que incluso afectan a la economía de muchos compañeros trabajadores”, aseveró.
Detalló que sólo en la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora existen más de 30 mil expedientes de trabajadores que actualmente se encuentran en litigio con empresas que en mayor porcentaje son maquiladoras, comercios y prestadoras de servicios.

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/ajustan-ley-de-justicia-laboral

Cámara de Diputados: Aprueban punto de acuerdo en materia de justicia laboral


Boletín N°. 4927
13-02-2018.- La Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo en el que se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral, se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial y especialistas en derecho laboral.
Asimismo, con instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales, y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen.
También se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, realizar a la brevedad las gestiones pertinentes para que, bajo un modelo de Parlamento Abierto, se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo.
Al presentar la propuesta, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) recordó que la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 24 de febrero del año pasado, mandató al Congreso para que en un plazo de un año, se emitieran las reformas a las leyes secundarias correspondientes.
Mencionó que esta reforma constitucional propone un nuevo modelo de ejercer sus derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, para que haya un nuevo mecanismo e impartición de justicia.
Añadió que esta propuesta abona para que la justicia laboral coadyuve a que todos los trabajadores tengan acceso a un salario digno y a una justicia laboral pronta, expedita, imparcial y atienda la equidad entre las partes de los conflictos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) puntualizó que es fundamental que las condiciones de trabajo sean benéficas para empleados, se reconozcan y respeten los derechos adquiridos y bajo ninguna circunstancia sean puestos en entredicho.
En este sentido, se debe asegurar que la justicia laboral funcione de manera clara y transparente; por ello, Encuentro Social se une a la propuesta que dará como resultado la concreción de la legislación secundaria, llevar a cabo una amplia consulta para robustecer y asegurar el beneficio, el desarrollo humano y el tema de la integración de las cuestiones familiares.
La diputada Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, aseguró que la reforma en materia de justicia laboral es una de las de mayor calado en los cambios estructurales que durante las dos últimas legislaturas se emprendió; es necesario crear la ley secundaria, que permita lograr el cambio significativo en la forma de conducir las relaciones laborales.
“El reto de materializar la reforma y hacerla eficiente solo podrá conseguirse al escuchar y analizar las voces y puntos de vista de todos y con ello garantizar la estabilidad del mercado laboral”.
Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) se manifestó a favor del punto de acuerdo, ya que la justicia laboral ha sido una de las de más rezago. “En la actualidad existen más de 300 mil juicios y en promedio la resolución de un juicio laboral lleva algo así como tres años”.
“Hoy que la reforma constitucional ya está plasmada es fundamental que la ley reglamentaria tenga una discusión amplia que se escuche a expertos y académicos para que el ordenamiento sea una reforma que realmente haga justicia a los trabajadores”.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) dijo estar a favor de hacer los cambios necesarios para que la nueva justicia laboral reduzca los márgenes de discrecionalidad a las autoridades y, con ello, los espacios a la corrupción.
“Pongamos las reglas para que se sustituyan las juntas federales y locales de Conciliación y Arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales, creando un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo encargado de registrar sindicatos y contratos colectivos, donde el voto personal y secreto quede realmente consagrado para la resolución de conflictos”.
En representación de Morena, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez recordó que su fracción parlamentaria presentó el 17 de enero, en la Comisión Permanente, un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que la ley secundaria de la reforma constitucional en justicia laboral sea el resultado del análisis, consulta y propuesta de todos los actores involucrados y se llegue a un proyecto de reforma equitativo y justo.
“En él estamos exhortando al Congreso de la Unión, para que la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo sea analizada y discutida con los diferentes sectores interesados e hicimos un segundo exhorto para crear un grupo de trabajo con la participación de las Cámaras del Congreso de la Unión, actores involucrados y el apoyo de instituciones especializadas con el objeto de elaborar una nueva iniciativa que beneficie a todos”, subrayó.
Del PRD, el diputado Julio Saldaña Morán se pronunció a favor de la propuesta al considerar que se necesita estabilidad económica y social, y eso lo da la clase trabajadora.
Enfatizó que su grupo parlamentario defiende a la clase trabajadora con esta reforma innovadora, ya que hace falta “una verdadera justicia laboral, incluyendo mejores salarios a los trabajadores”.
El diputado del PAN, Jaime Mauricio Rojas, Silva consideró que una materia pendiente de concretar en nuestro país, es contar con una justicia laboral genuina que tome en cuenta necesidades y demandas de los trabajadores, así como de los patrones.
En este sentido, las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y “no a modo de un sector en particular”.
En tanto, el diputado Ramón Bañales Arambula (PRI) aseguró que la reforma constitucional en materia de justicia laboral tuvo origen a partir de un ejercicio democrático, plural y transparente. “La dictaminación de su legislación secundaria no será la excepción. Un sistema de justicia democrático lo construimos todos”.
Se pronunció a favor del acuerdo para asegurar que durante el proceso legislativo, se cuente con una consulta amplia con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en la materia, universidades y organismos defensores de derechos humanos, garantizando la participación de la sociedad civil en su elaboración.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Febrero/13/4927-Aprueban-punto-de-acuerdo-en-materia-de-justicia-laboral

Diputados prueban punto de acuerdo en materia de justicia laboral


NOTIMEX 13.02.2018 – 18:56H
La Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo en el que se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial y especialistas en derecho laboral.
Asimismo, con instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales, y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen.
También se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara realizar a la brevedad las gestiones pertinentes para que, bajo un modelo de Parlamento Abierto, se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo.
Al presentar la propuesta, el perredista Rafael Hernández Soriano recordó que la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 24 de febrero del año pasado mandató al Congreso para que en un plazo de un año, se emitieran las reformas a las leyes secundarias correspondientes.
Mencionó que esta reforma constitucional propone un nuevo modelo de ejercer sus derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, a fin de que haya un nuevo mecanismo e impartición de justicia.
En tanto, el priista Ramón Bañales Arámbula aseguró que la reforma constitucional en materia de justicia laboral tuvo origen a partir de un ejercicio democrático, plural y transparente. “La dictaminación de su legislación secundaria no será la excepción. Un sistema de justicia democrático lo construimos todos”.
Se pronunció a favor del acuerdo para asegurar que durante el proceso legislativo se cuente con una consulta amplia con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en la materia, universidades y organismos defensores de derechos humanos, garantizando la participación de la sociedad civil en su elaboración.
Por Nueva Alianza, la diputada Karina Sánchez Ruiz aseguró que la reforma en materia de justicia laboral es una de las de mayor calado en los cambios estructurales que durante las dos últimas legislaturas se emprendió; es necesario crear la ley secundaria, que permita lograr el cambio significativo en la forma de conducir las relaciones laborales.
En tanto, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde, dijo estar a favor de hacer los cambios necesarios para que la nueva justicia laboral reduzca los márgenes de discrecionalidad a las autoridades y, con ello, los espacios a la corrupción.
En representación de Morena, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez recordó que su bancada presentó el 17 de enero en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que la ley secundaria de la reforma constitucional en justicia laboral sea el resultado del análisis, consulta y propuesta de todos los actores involucrados y se llegue a un proyecto de reforma equitativo y justo.
Del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Julio Saldaña Morán se pronunció a favor de la propuesta al considerar que se necesita estabilidad económica y social, y eso lo da la clase trabajadora.
El diputado Jaime Mauricio Rojas Silva, del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que una materia pendiente de concretar en el país es contar con una justicia laboral genuina que tome en cuenta necesidades y demandas de los trabajadores, así como de los patrones.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/332240/0/diputados-prueban-punto-de-acuerdo-en-materia-de-justicia-laboral/

Pide líder sindical abrir diálogo en materia de justicia laboral


NOTIMEX 13.02.2018 – 16:56H
El presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez, pidió retirar el proyecto de la ley secundaria en materia de justicia laboral, que está en comisiones del Senado, por considerar que no representa los intereses de la clase trabajadora.
Planteó que en su lugar se abran espacios reales de discusión y diálogo entre legisladores, trabajadores, organizaciones sindicales y sociedad civil para que cualquier proyecto se apegue al espíritu y naturaleza original del Artículo 123 de la Constitución mexicana.
Nuestra agenda, abundó, debe promover el crecimiento y desarrollo económico basado en la reconstrucción del mercado interno y las cadenas productivas, así como incluir el pleno empleo, el impulso a la economía social solidaria, una política que garantice salarios remuneradores, el combate a la impunidad y el respeto pleno a los derechos humanos, la defensa de la educación pública, laica y gratuita.
De cara a los próximos comicios, manifestó que su agenda va más allá de lo electoral, «pretendemos una participación más activa para la transformación de la sociedad e influir en dicho proceso, pero desde una perspectiva democrática y progresista, desde la visión de los trabajadores del campo y la ciudad y de una Agenda Social, desde su autonomía e independencia.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/332165/0/pide-lider-sindical-abrir-dialogo-en-materia-de-justicia-laboral/

Una reforma laboral lamentable


Por Alfredo Sánchez Castañeda
14 febrero 2018
De aprobarse en sus actuales términos o de forma parcial, sin duda, nos encontraremos con una reforma laboral muy desafortunada para el futuro del país
14 febrero 2018
El modelo de relaciones laborales en México ha transitado en muchas ocasiones de la tutela al control estatal. Las cosas parecían cambiar el 24 de febrero de 2017; fecha en que se reforma la Constitución garantizando: la representatividad de las organizaciones sindicales; la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo; el voto libre y secreto en la resolución de conflictos sindicales; la solicitud de celebración de contratos colectivos y la elección de dirigentes sindicales; el tránsito de la justicia laboral de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial; la creación de un organismo federal descentralizado encargado de registrar sindicatos, contratos colectivos y realizar conciliación prejudicial, así como el establecimiento de centros de conciliación estatales para agilizar la justicia laboral.
Empero, fue hasta el 7 de diciembre de 2017 que dos Senadores del PRI presentaron al Senado de la República, un paquete de iniciativas de reforma en la materia. Reformas que la STPS ha hecho suyas. Desafortunadamente, las iniciativas se alejan de la Constitución tanto en lo social como en lo legal.
Las modificaciones planteadas alteran radicalmente el paradigma, si bien no siempre cumplido, de relaciones laborales establecido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, fundado en el equilibrio entre patrón y trabajador, porque: suprime la obligación del patrón de avisar por escrito al trabajador los motivos de su despido; permite el outsourcing ilimitado; desaparece requisitos de los contratos a prueba y de capacitación inicial; reduce indemnizaciones laborales; elimina la obligación del patrón de justificar despidos colectivos ante la autoridad; desecha la demanda del trabajador que no haya sido corregida en tres días; y, establece requisitos que dificultan el derecho sindical, de contratación colectiva y de huelga.
De igual manera, no se respeta el mandato constitucional, al crear: los centros de conciliación estatales y permitir conciliar también en la vía judicial, resultando elefantes blancos de mero trámite y alto impacto presupuestal; el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, también con funciones conciliatorias de mero trámite, controlado por sindicatos corporativos y cámaras patronales y, con una regulación que burocratiza el derecho de sindicalización, de contratación colectiva y de huelga, y finalmente, los Tribunales Especializados en Seguridad Social sin hacer las reformas complementarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prever el personal especializado, unificar procedimientos, ni señalar fecha para el inicio de sus operaciones en los artículos transitorios constitucionales.
Desde el punto de vista jurídico y político, el Congreso de la Unión, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto así como Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, como ya casi candidatos presidenciales, tienen dos opciones: preservar un modelo que asegure el futuro del país bajo esquemas laborales de siglo XXI, es decir, democracia, libertad, trasparencia, desarrollo, productividad e industria 4.0, o bien, abrir la puerta a un modelo de siglo XIX, de desequilibrios, explotación y pobreza.
La reforma constitucional establece un año como término para realizar las adecuaciones legislativas, el cual se cumple el 26 de febrero de 2018. Sin haber considerado lo difícil y tardado que ha sido la implementación de la reforma penal y mercantil. De aprobarse en sus actuales términos o de forma parcial, sin duda, nos encontraremos con una reforma laboral muy desafortunada para el futuro del país.
Twitter: @asc_unam

http://www.eluniversal.com.mx/alfredo-sanchez-castaneda/una-reforma-laboral-lamentable

Una reforma que huele a podrido

14/02/2018
Manuel Fuentes
Ya está lista la propuesta de reforma laboral. Les urge aprobarla para que haga pasar a la historia a nuestro pequeño presidente | Manuel Fuentes

Quedan menos de 15 días para llegar al límite fantasmal, el 24 de febrero, impuesto desde la presidencia de la republica junto con sectores patronales y de tinterillos sindicales (que aplauden y aplauden), para aprobar la contrarreforma laboral más agresiva de los últimos 100 años en contra de los trabajadores.
Los sectores patronales son los más activos promotores para que se apruebe esta contrarreforma, que hace añicos el derecho laboral. Dicen a los distraídos senadores que se encuentran buscando hueso que es urgente su aprobación porque se requieren fuentes de empleo dignas (¿?), mejores salarios (¿?), inversiones no golondrinas (¿?), que nuestro país será de primer mundo con esta reforma (¿?) y prometen hasta que la maldita inflación se va a acabar (… y bla bla bla).

Outsorcing

En el Senado de la Republica están los cabilderos patronales, a toda hora, para que no se mueva una sola de sus propuestas, ni una coma. Ya les dijeron que la propuesta del outsourcing será retirada porque ha causado un gran enojo, principalmente la del líder cetemista y no quieren ser promotores de la división sindical (¿?).
A los empresarios ya les dijeron que sigan con el negocio de las outsourcing,como lo han hecho siempre. Que nadie les va a decir nada. Que si bien la Ley federal del trabajo prohíbe la subcontratación total, el gobierno no se mete en las empresas. Que hagan lo que quieran. Los empresarios más conspicuos están de plácemes por ese cambio para no ejecutar nada.
Ellos saben que seguir con el negocio de las outsourcing es acabar con la obligación de otorgar las utilidades a los trabajadores, y eso lo festinan por todos lados. Es permitir que sus empresas se vuelvan fantasmas cuando así lo requieran y cuando tengan un adeudo, con quien sea, se esfumen. Es contar con permiso de robar. Permitir la división de sus empresas para evadir pago de impuestos y esto, lo saben ellos, lo seguirán haciendo con reforma o sin ella.

Mera usura empresarial…

Al gobierno federal lo que le apura es que se apruebe la creación del Instituto de Conciliación, de Registros de Sindicatos y de Contratos Colectivos para controlar en la raíz al movimiento obrero y con ello mantener a raya el aumento de los salarios. En otras palabras, mantener la usura empresarial y el esclavismo obrero. La ganancia de unos pocos y la miseria de la inmensa mayoría de los mexicanos. Los promotores de esta iniciativa son unos mexicanos de vergüenza.
El gobierno federal logró insertar en el mismísimo artículo 123 constitucional su derecho a controlar la vida de los sindicatos. Legalizó que quién se encargue del aparato de control sea un emisario del presidente de la republica actual, al cual no se le pueda remover ni molestar, por ningún motivo, en los siguientes seis años.
Esa oportunidad no la quieren desaprovechar las huestes peñistas, ¿qué tal si pierden la presidencia de la república? Tendrán al menos controlado el negocio de los registros sindicales, de las huelgas, de los aumentos salariales, de los contratos colectivos de protección, de la destitución de los dirigentes sindicales incómodos, de los juicios de titularidad. Tener en sus manos el verdadero poder de control político. ¡Hay que apurarse! Insisten en el Senado de la Republica los timoratos del poder.

Hay negocio para todos

Ante el enojo de los tinterillos sindicales de no dejarlos participar en el negocio, ya les dijeron que en ese Instituto «de control sindical» también participarán junto con sus socios del sector empresarial que los protege. ¡Hay negocio para todos, no se apuren!
Ya está lista la propuesta de reforma laboral que nunca fue puesta a consideración de la sociedad. Les urge aprobarla para que sea la gran reforma que haga pasar a la historia a nuestro pequeño presidente.
¡Vamos Senadores del PRI, del PAN, ecologistas y otros satélites! ¡Solo levanten la mano para que se conviertan en héroes de la patria!  En basura…
Pretenden una reforma que privatice el derecho laboral, para que sea solo de los patrones. Que permita el despido libre y las renuncias en blanco al por mayor.
Que acabe con el salario como medida de pago para las indemnizaciones y pensiones y sustituirlo por la Unidad de Medida y Actualización.
Que termine con todo rastro de bilateralidad y de libertad sindical. Que extinga el derecho a huelga y la contratación colectiva participativa. Que cancele la transparencia sindical.
Que anule el voto secreto para evitar que los trabajadores participen en la decisión de sus condiciones de trabajo. Que mande a la basura la seguridad social.
Que cree la conciliación punitiva enfilada contra los trabajadores. Que obstaculice la justicia laboral imponiendo requisitos insalvables para demandar en los nuevos tribunales laborales.
Quieren una reforma que esclavice más a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores de todas edades y a los viejos, desaparecerlos.
Es una reforma laboral que huele a podrido, porque encarna los principios más regresivos de nuestra sociedad, volcada sin reserva, en contra de los sectores más vulnerables de este país, para condenarlos a la miseria.
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