Boletín N°. 0964
04-02-2019.- Con el propósito de transformar el actual modelo de relaciones laborales y crear nuevas instituciones que protejan mejor los derechos de los asalariados, el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (Morena) presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Centros de Conciliación.
Asimismo, reformar las leyes Federal del Trabajo y la de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política.
En el documento, enviado a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública, reconoce la necesidad imperiosa de actualizar el ámbito laboral con una acción legislativa sustentada en la equidad entre la producción y la justicia social para los asalariados.
Con esta iniciativa se busca poner “fin al régimen cuyos rasgos autoritarios y corporativos representaron un freno para su modernización” y alcanzar el equilibrio y armonía entre los derechos del capital con los del trabajo.
Además, que la protección de los intereses de los trabajadores derive del principio de legalidad, acceso a la justicia, promoción de organizaciones sindicales libres, autónomas, representativas, democráticas, con presencia y capacidad de interlocución real y de propuesta, en el ámbito de lo productivo y lo laboral.
En el documento se considera indispensable una reglamentación puntual y revisión profunda de las normas secundarias del trabajo para hacerlas compatibles con el nuevo status político, económico y social de México, a fin de modernizarlo e incorporarlo al entorno de creciente competencia e integración económica mundial.
En la exposición de motivos, Francisco Javier Ramírez adujo que existen 53 millones de trabajadores en México, aproximadamente, de los cuales, casi 28 millones subsisten en condiciones por debajo de la línea de pobreza, y sólo un pequeño estrato goza de trabajo decente al haber logrado constituir sindicatos representativos y contratos colectivos operativos.
Además, el promedio salarial en México es cada vez menor, y se despide a trabajadores, que contaban con percepciones medianamente decorosas, para recontratarlos con montos cercanos al mínimo.
“Los millones de mexicanos no ocupados subsisten de milagro y por lo menos un millón de ellos ha reconocido vivir de la mendicidad o de actos ilícitos”.
Afirmó que existe un estado de “extrema miseria institucionalizada”, debido a la crisis de la justicia laboral y a la ausencia casi total de sindicatos y contratos colectivos auténticos, situación que de no remediarse en el corto plazo, podría acentuar la crisis política, económica y social, así como la inviabilidad democrática de México.
La tasa de sindicación ha disminuido a niveles críticos. “Apenas cerca del tres por ciento de la fuerza laboral mexicana del sector formal cuenta con sindicatos representativos y contratos colectivos operativos y, por tanto, tiene salarios y prestaciones relativamente decorosas”.
El resto de los trabajadores formales, abundó, está privado del ejercicio de la libertad sindical y el derecho a contratación colectiva, sometido al sistema de simulación de sindicatos y contratos colectivos de protección patronal, o al sistema de subcontratación conocido como outsourcing, que contradicen el artículo 3 de la propia ley laboral.
Explica que la nueva ley sería complementaria de la laboral, de aplicación nacional y estructurará normativa e institucionalmente los centros de conciliación, tanto al Federal —encargado la conciliación prejudicial y de las funciones de registro de sindicatos y contratos colectivos en todo el país— como a los locales, para reglamentar sus respectivas competencias constitucionales y dotarlos de eficacia. Serían organismos públicos descentralizados, encabezados por sus respectivos titulares o directores.
El titular del centro nacional de conciliación sería nombrado por el Senado de la República, electo de una terna que proponga el Ejecutivo federal, y su Junta Directiva se integrará por los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público y por el de la Función Pública, así como por representantes del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
Se busca garantizar su debido funcionamiento como organismo descentralizado de la Administración Pública y el cabal respeto en sus funciones constitucionales mediante reglas procedimentales previstas en la Ley Federal del Trabajo, “eludiendo, desde luego, el insano apetito de los personeros del peculiar tripartismo a la mexicana, de meter las manos en el importante organismo”.
Propone reglas comunes aplicables en todos los centros, para homologar las funciones y objetivos de la nueva institución prejudicial.
Asimismo, plantea modificar la Ley Federal del Trabajo a fin de organizar la instauración de los tribunales laborales, dependientes de los poderes federal y locales, y del organismo público descentralizado de carácter federal, que se encargará de la conciliación y del registro de todos los contratos colectivos y sindicatos en el país.
Además, reglamentar los organismos públicos descentralizados de carácter local, los centros de conciliación de las entidades federativas para facilitar la conciliación prejudicial.
La iniciativa, especificó el diputado, reforma de fondo el derecho procesal del trabajo para garantizar autonomía y eficacia en la administración e impartición de justicia laboral, sustituye las juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales Laborales dependientes de los Poderes Judiciales, que pueden conocer conflictos del régimen de seguridad social y perfecciona funciones y competencias de la inspección del trabajo.
Propone cambiar de denominación el Capítulo XII del Título Once a Tribunales Unitarios en Materia Laboral de Circuito y Tribunales Laborales Locales; también, del Capítulo V del Título Catorce, De la Actuación de los Tribunales, de los Centros de Conciliación y del Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales, y del Capítulo XVII del Título Catorce, Procedimiento Ordinario ante los Tribunales Laborales.
Respecto a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, modifica el artículo 170, para que el juicio de amparo también pueda proceder contra sentencias de tribunales laborales locales o federales, o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas.
Central obrera (UNT)reconoce logros laborales por reformas constitucionales
NOTIMEX 05.02.2019 – 13:46H A 102 años de la promulgación de la Carta Magna, las reformas constitucionales en materia de amparo, justicia laboral, jurisdiccional y administrativa son las más importantes y trascendentes en materia laboral, por lo que se requiere adaptarlas a los fenómenos derivados de la globalización de los mercados y las relaciones individuales y colectivas de trabajo.
Así lo expuso la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), quien consideró necesario reglamentar dichos cambios con estricto apego a los nuevos principios, contenidos y alcances, pues se trata de modernizar y democratizar la regulación del micro universo del trabajo para hacerlo acorde con la visión de justicia social y apego a los derechos humanos laborales fundamentales.
Sobre todo, apuntó, en el ámbito del derecho colectivo, individual y procesal jurisdiccional del apartado A del artículo 123 constitucional, lo que dio cauce a los cambios fundamentales operados por el poder Constituyente derivado.
Subrayó que la transformación en la consciencia social y política requiere de manera obligada la adopción de una nueva legislación laboral secundaria que responda al diseño de los cambios constitucionales para superar esos rasgos autoritarios y corporativos que distinguen al viejo orden laboral.
Ello, apuntó, a fin de democratizar las relaciones entre los sindicatos, los trabajadores, los patrones y el Estado, así como establecer la correspondiente adecuación entre los sistemas de representación social y política.
Lo anterior, sin soslayar la imprescindible superación de un sistema anacrónico y contrario al principio de división de poderes y al imperativo de justicia y de elemental cultura, sin ser juez y parte.
Ver más en: https://www.20minutos.com.mx/noticia/477066/0/central-obrera-reconoce-logros-laborales-por-reformas-constitucionales/#xtor=AD-1&xts=513356
Propuesta de reforma laboral del PRI cojea por la derecha
06/02/2019
MANUEL FUENTES
Un retroceso en la justicia laboral, muy lejos de ser una verdadera reforma laboral que democratice las relaciones laborales en este país. | Manuel Fuentes
PERFIL
El miércoles 23 de enero de 2019 los senadores del PRI salieron del tapanco en el que se encontraban escondidos para presentar una nueva versión de su propuesta de reforma laboral. Lo hicieron con cierto temor porque la que presentaron en diciembre 7 de 2017 fue vapuleada por estar redactada, casi integralmente, por el sector patronal.
No hubo disimulo en esa propuesta priísta, era el mundo feliz del sector empresarial que lanzó un arcabuz para:
(1) Intentar romper (aún más) la estabilidad en el empleo;
(2) Fortalecer el modelo de contratos colectivos de protección;
(3) Otorgar impunidad total a la subcontratación (como en los hechos existe hoy en día);
(4) Sustituir el pago de indemnizaciones basadas en el salario integrado por las llamadas U.M.A. (Unidad de Medida y Actualización);
(5) Obstaculizar el ejercicio del derecho de huelga;
(6) Legitimar el control de los sindicatos y de los contratos colectivos a través de un organismo descentralizado controlado por el presidente de la república;
(7) Separar la Conciliación del proceso judicial y convertir a la primera en punitiva en contra del trabajador;
(8) Legitimar los acuerdos privados entre trabajador y patrón quitando toda intervención de la autoridad laboral y
(9) Crear un procedimiento judicial casi idéntico a los procesos mercantiles, anulando la tutela al trabajador.
Reforma Laboral
La iniciativa que presentaron este enero de 2019 catorce «destacados» senadores priístas: Miguel Ángel Osorio Chong, Ángel García Yáñez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Eruviel Ávila Villegas, Jorge Carlos Ramírez Marín, Manuel Añorve Baños, Mario Zamora Gastélum, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Sylvana Beltrones Sánchez, Vanessa Rubio Márquez, Verónica Martínez García, es una (¿nueva?) versión que cojea por la derecha.
Le dan una barnizada de rojo (pero de pintura de agua para que se deslave pronto), de aparente progresismo (pero con casimir importado), que en realidad debajo de ese disfraz busca destruir a las organizaciones sindicales y legitimar un proceso judicial ante los nuevos tribunales laborales (que no hay certeza de cuándo llegarán) para favorecer a los empresarios (como hoy sucede con las anquilosadas Juntas de Conciliación y Arbitraje).
Los aspectos principales propuestos por los senadores priístas en detrimento de los trabajadores son los siguientes:
1.- Anular la cláusula de exclusión por ingreso prevista en el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, que actualmente permite a los sindicatos titulares de los contratos colectivos que los trabajadores de nuevo ingreso formen parte de su organización como requisito para ingresar a laborar.
La desaparición de esta cláusula de exclusión, como lo proponen los senadores priístas, en países de Centroamérica o Colombia ha traído como consecuencia una baja en la tasa de sindicación y permitido la aparición de numerosas organizaciones sindicales para pulverizar los frentes de resistencia de los trabajadores bajo la bandera de «libertad sindical«.
La «libertad sindical« que se quiere anular, con la propuesta priísta, es la colectiva para permitir que los patrones presionen a sus trabajadores para evitar se afilien a organizaciones sindicales, y éstas se hagan pequeñas y más pequeñas y anularlas por completo.
Esa es la «libertad sindical» que ahora abanderan los senadores del PRI
El fenómeno «Matamoros» será la principal motivación para intentar desaparecer esta cláusula de exclusión por ingreso, que de tener mal uso el voto secreto será su principal antídoto.
Lo que llama la atención es que uno de los senadores firmantes sea Carlos Humberto Aceves del Olmo, actual dirigente de la CTM ¿le habrán informado del contenido de la iniciativa que afecta a las organizaciones sindicales de cualquier rango?, (es pregunta, no reclamo).
2.- La presencia de 15 miembros integrados de manera «paritaria» del sector patronal y sindicalismo (el más «representativo», es decir ellos, para que no molesten los independientes de siempre) y el gubernamental, en nada más y nada menos, que en el organismo controlador del registro de sindicatos y contratos colectivos (organismo inventado por los priístas y empresarios y hasta elevado a rango constitucional).
Antes a sectores no les preocupaba la forma de organización de este organismo controlador de registros porque suponían que estaría un funcionario incondicional. Con la perdida de las elecciones presidenciales y estando un gobierno distinto ahora quieren tener injerencia de alguna manera en ese super organismo del monopolio de registros de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo.
3.- La legitimación de una etapa de Conciliación, amparada en la reforma constitucional, separada del proceso judicial que la convertirá en punitiva al forzar a arreglos conciliatorios por debajo de la ley federal del trabajo. Encarecerá la justicia laboral porque requerirá de actuarios, con fe pública para notificar a las partes y alargará los procesos.
4.- Un proceso judicial que obligará a los trabajadores a ofrecer pruebas desde el escrito inicial de demanda, sin permitir su modificación o enderezamiento. Proceso compuesto de una primera etapa por escrito de demanda y contestación y ofrecimiento de pruebas y una segunda etapa oral, que se desarrollará en un sistema de audiencias denominadas: preliminar, de juicio y de continuación de audiencia de juicio con la presencia de un juez laboral, lo que significará grandes costos de logística y de personal, haciéndola inviable en el corto y mediano plazo.
Esta propuesta de los senadores priístas representa, en estos puntos y otros a analizar posteriormente, un retroceso en la justicia laboral, y está muy lejos de ser una verdadera reforma laboral que democratice las relaciones laborales en este país.
@Manuel_FuentesM | @OpinionLSR | @lasillarota
https://lasillarota.com/opinion/columnas/propuesta-de-reforma-laboral-del-pri-cojea-por-la-derecha/269834
Esperan en abril aprobación de reforma laboral
La nueva Ley Federal del Trabajo contemplará modificaciones en el establecimiento de los contratos colectivos de trabajo, en la manera de presentar los despidos y el comportamiento que deberán tener los sindicatos para representar a los trabajadores.
María Del Pilar Martínez
05 de febrero de 2019, 17:51
Foto EE: Archivo
Los cambios a la Ley Federal del Trabajo se podrían ver concluidos en el mes de abril, lo que representa modificaciones en el establecimiento de los contratos colectivos de trabajo, en la manera de presentar los despidos y el comportamiento que deberán tener los sindicatos para representar a los trabajadores.
En el marco de la Conferencia “Temas laborales relevantes en América Latina”, que presentaron las firmas de abogados D&M abogados y L&E Global, expusieron temas en los que se involucran los cambios que vienen en México en las relaciones laborales, “es momento de terminar con la simulación, en la contratación colectiva, en las representaciones laborales, tenemos una oportunidad de avanzar como país”, dijo Ricardo Martínez Rojas, socio director de D&M.
Con la participación de representantes de Estados Unidos, James Stone; Canadá, Carl Peterson; y Colombia, Juan Pablo López, expusieron sus experiencias frente a los convenios que han ratificado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como lo es el Convenio 98 que lleva a las naciones a garantizar la libertad de asociación y la contratación colectiva efectiva.
En el caso de Colombia, el Convenio 98 llevó a un crecimiento importante la participación de los sindicatos, “ la tasa de sindicalización en el país pasó de 3.5% en 2003, a 16.1% en 2018”, dijo Juan Pablo López, ello, ha dificultado la negociación.
En el caso de Estados Unidos, se busca la no sindicalización, pero para ello, recomendó James Stone, es importante que se dé un buen trato a los trabajadores, “en Estados Unidos los sindicatos dificultan la flexibilidad, por eso hay que hacer campaña con los trabajadores pero ofreciéndoles buenas condiciones laborales”.
Outsourcing, ¿cómo regularlo?
Es una realidad que en México nació el outsourcing por el tema del PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), ya que en nuestro país es muy alto el porcentaje que se paga y que se ubica en 10%, y no debería haber ningún problema en usar esta figura, el problema es que se ha abusado de la figura evadiendo el pago de impuestos», dijo Mario Yáñez, director de Consultoría de D&M.
“Durante mucho tiempo, desde punto de vista laboral se ha tratado de regular en el 15-A en 2012, y entonces se pidió que sólo fuera para trabajos especializados y que no abarcara la totalidad de las funciones, al final del día nada pasó”, explicó.
No obstante, desde hace dos años encontraron la forma de encontrar a quienes hacen mal uso de esta figura, pero por la parte fiscal.
Aun cuando se pide su desaparición en algunas propuestas laborales, “esta es una actividad que prevalece en todo el mundo, y seria mejor que se lleve de manera adecuada una supervisión e inspección por parte de la autoridad laboral para que se cumpla con el reconocimiento al derecho de os trabajadores”, dijo Ricardo Martínez Rojas.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Esperan-en-abril-aprobacion-de-reforma-laboral-20190205-0083.html
La madre de todas las batallas
05/02/2019 Actualización 05/02/2019 – 9:15
¿Qué Ley Federal del Trabajo (LFT) negociarán los legisladores en las próximas semanas? ¿Qué engendro serán capaces de aprobar en medio de tan encontrados intereses? ¿Será sólo un pretexto para la transferencia de poder del control sindical?
Hay por lo menos ocho opciones: la que tiene Arturo Alcalde bajo la manga, la que quiere Napoléon Gómez Urrutia, la que añoran la CROC y la CTM, la de Coparmex, la de los sindicatos independientes, la que obliga el T-MEC y quieren la AFL-CIO y sindicalistas canadienses? ¿Cuál necesita el país para caminar como la 15 economía global?
De una cosa estamos seguros: nadie va a salirse con la suya y a nadie va a dar gusto la ley que se apruebe finalmente. Lo importante es que en este período ordinario que inició el viernes, diputados y senadores saquen la LFT que promueva la inversión y el empleo, defienda los derechos de los trabajadores y proyecte a México como un país que vea al futuro.
En el Congreso existen 29 iniciativas para reformar la LFT (11 en el Senado y 18 en Diputados) y se prevé un choque de trenes de tres grupos hasta ahora bien identificados: CROC-CTM-CTC y federaciones regionales de sindicatos; la Coparmex-Canacintra-cámaras industriales regionales; y las agrupaciones sindicales independientes como STUNAM, FAT, UNT y demás vinculados a Arturo Alcalde.
La ‘Ley Madre’, mejor conocida como la ‘Ley Alcalde‘, la elaboró Morena bajo los términos de este abogado que es el papá de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y se envió al Congreso el 3 de enero: será la guía de discusión, así como la del PRI del 23 de enero y cuya paternidad, se presume, es de Carlos Aceves del Olmo, el líder de la CTM.
Los temas donde habrá choque de trenes son cinco:
1. Revisiones contractuales y salariales, donde se enfrentarán Coparmex y empresarios contra las centrales sindicales (CTM, CROC, CTC, CT); los sindicatos independientes y el gobierno.
2. La nueva LFT, donde habrá diferencias entre los partidos políticos de oposición, la academia y algunos actores que los empresarios puedan involucrar para tratar de hacer contrapeso.
De la Ley Federal del Trabajo los puntos en controversia son:
A. Las reglas de la vida sindical: los estatutos de los sindicatos deberán cambiar para adecuarse a los nuevos lineamientos que estarán en la ley.
B. El procedimiento nuevo para los estallamientos a huelga y las demandas de titularidad de los contratos colectivos.
C. La existencia previa de la constancia de mayoría (derivada del recuento previo) para determinar que el sindicato que quiere la administración del contrato colectivo tiene a la mayoría de la gente de la empresa de su lado. Esta constancia de mayoría se obtiene con una votación libre y secreta de los trabajadores, procedimiento que desestabilizará a las empresas pues implicará un proceso de enfrentamiento interno peligroso y costoso que alertará a los trabajadores y politizará las relaciones internas con la empresa.
D. Otro punto a considerar es la transición de las juntas de conciliación al Poder Judicial, ya que el costo es altísimo y de ello dependerá su implementación.
E. Otro tema importante es la política de revisiones salariales. Ya se tiene un antecedente en lo ocurrido hace unos días en la frontera, los paros ilegales en Matamoros y la huelga de la UAM.
El problema de las revisiones salariales no es menor. Precisamente con la fijación de los mínimos se está jugando la viabilidad de las empresas y la estabilidad del empleo.
Por una parte, están los incrementos a los salarios mínimos en la frontera norte (20 por ciento y bono anual de 32 mil pesos) que afectan directamente a la industria maquiladora, la cual no va a poder enfrentar la situación económica que ese aumento produce, pues no olvidemos que su competencia es China y otros países del sudeste asiático donde los salarios son muy bajos.
El incremento salarial en la frontera ha ocasionado una serie de huelgas y disminuciones productivas, poniendo en peligro actuales y futuras inversiones para esa industria, así como la estabilidad laboral de aproximadamente 42 mil trabajadores y aunque autoridades laborales, incluyendo la Secretaría del Trabajo, han tratado de mitigar este evento, las empresas se cuestionan sobre la validez de mantenerse en esa zona como inversión.
Pero las repercusiones del mínimo van más allá: muchos sindicatos han leído la gesta de Matamoros como el detonante de una lucha largamente postergada: la de recuperar el poder adquisitivo del salario, por lo que parece ser que esto apenas empieza, lo que aunado a los cambios que vienen, augura un clima laboral conflictivo y que no promoverá inversiones.
La Corte sumisa
CONSTE QUE SOBRE AVISO no hubo engaño. A juzgar por los hechos, el Poder Judicial en la era de Arturo Zaldívar va a operar plegado a los designios del presidente Andrés Manuel López Obrador, así que prepárese para lo que venga. Tres hechos como botón de muestra a lo que tanto fue advertido por propios y extraños que pidieron evitar que el tabasqueño y sus huestes metieran la mano en el proceso de sucesión de Luis María Aguilar. Aquí mismo, en este espacio, se alertó. La propuesta de AMLO para que Juan Luis González Alcántara Carrancá, su incondicional, sustituyera en noviembre pasado al ministro José Ramón Cossío; la operación, en diciembre, de su Consejero Jurídico, Julio Scherer, para ‘convencer’ a los integrantes del Pleno que Zaldívar era la mejor opción para presidirlo y minar la llegada del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena que era, con mucho, la alternativa realmente autónoma del Ejecutivo; y la reciente propuesta de Yasmín Esquivel, esposa del asesor estrella de la cuarta transformación, José María Rióboo, como candidata a sustituir este mes a la ministra Margarita Luna Ramos. Con ese férreo control que López Obrador está ejerciendo en la Corte, y que queda por sentado cuando admitió la injerencia de su gobierno para evitar que procediera al proyecto del ministro Eduardo Medina Mora en el caso de los exaccionistas de Grupo Modelo, ya no fue necesario que desapareciera a la actual SCJN para dar paso a su Tribunal Constitucional. Tienen a la Corte en el bolsillo.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/cuarta-transformacion/la-madre-de-todas-las-batallas
Lecciones de las huelgas en Matamoros
Pérdidas de 50 millones de pesos al día y cancelación de inversiones son algunos resultados de las huelgas en el norte del país; el aprendizaje es que las viejas estructuras sindicales ya “crujen”.
Blanca Juarez
05 de febrero de 2019, 11:44
Huelgas como la de Matamoros, Tamaulipas, seguirán ocurriendo en el país. El descontento de los trabajadores con sus representantes sindicales y con los empleadores, son algunas de las causas, afirman expertos en la materia, de ahi la importancia de aprender algunas lecciones del conflicto actual en el norte del país.
Luis Alonso Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), y Enrique Larios Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM, coinciden en algunos de estos temas.
El primero cree que la manipulación de algunos “agitadores” es la principal causa del conflicto laboral. Larios, por su parte, observa que los trabajadores “están despertando” y actúan contra los abusos de su gremio y de los patrones.
Aguirre Lang reconoce que las empresas no pueden trabajar bajo las condiciones que exigen algunos grupos de obreros, por lo que saldrán de Matamoros y del país. El abogado laborista, en tanto, apunta que en México se pagan los salarios más bajos del mundo occidental y eso no puede pasarse por alto.
El origen del problema
A inicios de enero, los trabajadores de 45 maquiladoras exigieron un aumento salarial de 20% y un bono único de 32,000 pesos, también una reducción a la cuota sindical de 4% mensual.
Para el presidente de Index, lo que desató todo fue la publicación tardía del aumento de 100% a los salarios mínimos de la Zona libre de la Frontera Norte, el cual pasó de 88 a 176.72 pesos.
La mala comunicación de los líderes del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (Sjoiim), fue otro factor, considera Aguirre Lang. “Hubo mano negra y causaron confusión a los trabajadores”, comenta.
Algunos empleados esperaban, quizá, un aumento de 100% a los salarios que ya recibían, y que estaban por encima de los 100 pesos, explica el empresario.
En las negociaciones participaron Juan Villafuerte, líder del Sjoiim, y representantes de la Comisión Negociadora de Index Matamoros. Al no llegar a un acuerdo, el viernes 25 de enero pararon 45 maquiladoras.
Para el 29 de enero, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga en 13 plantas.
¿Qué se puede aprender del conflicto laboral?
“Este tipo de situaciones se van a generar con mayor frecuencia”, afirma Luis Aguirre Lang. La lucha de poderes entre algunos sindicatos dentro de las maquiladoras será la principal causa y, en medio de su pugna, tomarán “como rehenes” a las empresas, puntualiza.
En un momento de cambios profundos en el país, las viejas estructuras de muchos sindicatos “están crujiendo”, expresa Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM.
Juan Villafuerte, líder del Sjoiim, representa esas estructuras que mantienen “prácticamente esclavizados a los obreros y entregados a los patrones”, expresa el especialista.
Las consecuencias serán una mala imagen para el país y la pérdida de inversiones, según Aguirre Lang. La industria maquiladora genera más de 3 millones de empleos directos y más de 270,000 millones de dólares al año en ingresos.
Pero Larios recuerda que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el salario mínimo de México es de los más baratos en la región.
En el T-MEC se puso de manifiesto que México vende mano de obra barata porque existen dirigentes como Juan Villafuerte, detalla el representante de la UNAM, “que viven como príncipes por las cuotas altísimas de los trabajadores”.
Las huelgas, factor de equilibrio
A las huelgas siempre se las ha satanizado, reprocha Larios. Su razón de ser es generar equilibrio entre los factores de la producción. “Cuando un gobernante dice que en su país no hay huelgas es porque está por encima de los trabajadores y los explota”, agrega.
El convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recién ratificado por México, indica que el camino de un paro de labores debe ser las negociaciones colectivas. De a poco, los líderes tendrán que entender que si no tienen el aval de sus bases sindicales deberán hacerse a un lado.
Enrique Larios y Luis Aguirre están de acuerdo en que las autoridades estatales no han intervenido de la manera correcta. El presidente de Index considera, además, que el gobierno federal debe poner reglas claras como árbitro de los factores de producción.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Lecciones-de-las-huelgas-en-Matamoros-20190205-0048.html
BC tiene estabilidad laboral
por: Uniradio Informa – 5 Febrero 2019, 11:04 am
TIJUANA.- Contrario a lo suscitado en otras entidades donde se ha presentado una crisis laboral en cuanto a huelgas y otros conflictos de trabajo, Baja California muestra una tendencia positiva en lo que se refiere a la estabilidad y paz laboral, aseguró el Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Francisco Iribe Paniagua.
El funcionario mencionó que para que esto suceda se ha trabajado de manera muy cercana con grupos empresariales e industriales como lo son Index en los diversos municipios de la entidad, la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (ARITHAC), Coparmex, Canaco, Canacintra, entre otros.
Cabe señalar que Baja California está lejos de vivir una situación similar a la acontecida en Matamoros, Tamaulipas, con el conflicto laboral en 45 empresas manufactureras y la salida de 15 de ellas de esa entidad, hecho que ha causado hasta el día de hoy diversas opiniones a nivel nacional por las consecuencias laborales para esa zona del país.
Iribe Paniagua aseguró que Baja California vive uno de sus mejores momentos en la consolidación de varios sectores, entre ellos el manufacturero, por ello el Gobierno del Estado, mantiene un mecanismo de acción que beneficie al trabajador y su familia, lo cual repercute en una mayor productividad.
Lo anterior forma parte de la generación en lo que va de la administración de más de 210 mil empleos formales registrados antes el Instituto Mexicano del Seguro Social, además de contar con una tasa de desempleo de 2.74%, lo cual se encuentra por debajo de la media nacional que es de 3.26%.
De igual forma al tercer trimestre de 2018 se captaron 1,028 millones de dólares de inversión extranjera directa, lo que ubica a Baja California en el tercer lugar en el rubro en la frontera norte y sexto a nivel nacional, según datos de la Secretaría de Economía, aspectos que se están reforzando para este 2019.
El titular de la STPSBC resaltó que se busca para este año una consolidación laboral en diversos rubros como la justicia laboral, atención integral de las y los trabajadores, inspecciones de trabajo, fomento al autoempleo, entre otros programas que la dependencia coordina con todos los sectores productivos de la región.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/555716/bc-tiene-estabilidad-laboral.html
Michoacán: Toma protesta el nuevo presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Se llevó a cabo el acto protocolario en el cual, el nuevo servidor público rindió protesta para ocupar este cargo, durante un periodo de tres años Por MiMorelia.com – martes, febrero 5, 2019 1:43 pm Compartir en Facebook Compartir en Twitter (Foto Cortesía) Morelia, Michoacán (Boletín)-.
Con la representación del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo y del secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez, el subsecretario de Gobernación, Armando Hurtado Arévalo, dio posesión y atestiguó la toma de protesta de Erick Alejandro González Cárdenas, como nuevo presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Así, de conformidad con los artículos 90, 92 y 93 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, los representantes de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios y del propio Gobierno del Estado, Margarita Color Romero y José Calderón González, respectivamente, llevaron a cabo el proceso de elección, quienes, luego de encontrar el candidato idóneo, señalaron su interés para su nombramiento y su ratificación mediante un acta.
Tras el desahogo del orden del día de esta sesión, el subsecretario de Gobernación agradeció la invitación al tiempo que se dijo seguro que el nuevo presidente de este órgano colegiado, desempeñará un papel muy importante, pero sobre todo, apegado a la legalidad.
“Estamos seguros que será un presidente que fungirá siempre atendiendo a toda la parte trabajadora y a la parte patronal y hará evidentemente un papel ajustado a derecho”, complementó.
Por su parte, el nuevo presidente agradeció a los representantes de los trabajadores y del gobierno estatal por la propuesta en los términos que marca la ley correspondiente y el voto de de confianza depositado para ocupar este cargo.
Se dijo dispuesto a trabajar de manera coordinada con sus nuevos compañeros, con un trato humano y de respeto para lo cual, pidió a su nueva plantilla laboral, colaborar para sacar adelante los asuntos que se abordan en esta área.
A este acto acudieron también: el consejero jurídico del Ejecutivo, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez; el secretario técnico de la Secretaría de Gobierno, Marco Antonio Rodríguez Espinosa; y el presidente la Junta Local de Conciliación Arbitraje, Hill Arturo del Río Ramírez, entre otros.
https://www.mimorelia.com/toma-protesta-el-nuevo-presidente-del-tribunal-de-conciliacion-y-arbitraje/
Congelada, reforma laboral
A dos años de anunciada, aun no hay reglas para operar nuevo sistema
Cinthya Ávila/ El Diario
Lunes, 04 Febrero 2019
A dos años de que se publicó la reforma en Justicia Laboral, el nuevo sistema de impartición de justicia en esta materia sigue sin operar, pues el Congreso Federal y del Estado no ha emitido las leyes secundarias.
La reforma fue publicada en febrero de 2017 y entre los principales cambios señala la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para la creación de tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial.
Ismael Dávalos García, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dijo que tras la publicación se dio un año a los Congresos Locales para emitir las reglas secundarias y comenzar a operar el nuevo sistema, lo que a dos años de distancia todavía no sucede.
Indicó que tampoco el Congreso Federal ha emitido el reglamento secundario de la reforma laboral.
El funcionario explicó que la intención de los tribunales operados por el poder judicial es resolver los conflictos laborales de manera más rápida.
De acuerdo con el decreto publicado el 24 de febrero de 2017, en tanto el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales hacen las adecuaciones pertinentes las Juntas de Conciliación y Arbitraje seguirán resolviendo los conflictos laborales.
Dávalos García mencionó que en la junta local se trabaja en abatir el rezago que se tiene, aumentando la capacidad de trabajo.
El presidente de dicho órgano indicó que en 2016 la primera audiencia se programaba a 81 días hábiles y actualmente es a 23 días hábiles.
Sin embargo, todavía está lejos del plazo que marca la ley, que son 15 días hábiles.
Ismael Dávalos refirió que la meta es llegar a este tiempo, por lo que se aumentó el número de 11 a 18 actuarios y se establecieron 20 mesas de trabajo, cuando anteriormente eran 12.
El promedio de demandas por año en la Junta es de 5 mil, siendo el sector maquilador el sector económico que más procedimientos enfrenta.
En 2018 el total de demandas fue de 4 mil 976 procedimientos, el 90 por ciento por despido injustificado. En 2017 fueron 5 mil 046 demandas y en 2016 un total de 4 mil 946.
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Impulsa diputado Francisco Ramírez expedir la Ley General de Centros de Conciliación
Por Equipo Editorial – 4 febrero, 2019
Con el propósito de transformar el actual modelo de relaciones laborales y crear nuevas instituciones que protejan mejor los derechos de los asalariados, el diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (Morena) presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Centros de Conciliación.
Asimismo, reformar las leyes Federal del Trabajo y la de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política.
En el documento, enviado a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, con opinión de la de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública, reconoce la necesidad imperiosa de actualizar el ámbito laboral con una acción legislativa sustentada en la equidad entre la producción y la justicia social para los asalariados.
Con esta iniciativa se busca poner “fin al régimen cuyos rasgos autoritarios y corporativos representaron un freno para su modernización” y alcanzar el equilibrio y armonía entre los derechos del capital con los del trabajo.
Además, que la protección de los intereses de los trabajadores derive del principio de legalidad, acceso a la justicia, promoción de organizaciones sindicales libres, autónomas, representativas, democráticas, con presencia y capacidad de interlocución real y de propuesta, en el ámbito de lo productivo y lo laboral.
En el documento se considera indispensable una reglamentación puntual y revisión profunda de las normas secundarias del trabajo para hacerlas compatibles con el nuevo status político, económico y social de México, a fin de modernizarlo e incorporarlo al entorno de creciente competencia e integración económica mundial.
En la exposición de motivos, Francisco Javier Ramírez adujo que existen 53 millones de trabajadores en México, aproximadamente, de los cuales, casi 28 millones subsisten en condiciones por debajo de la línea de pobreza, y sólo un pequeño estrato goza de trabajo decente al haber logrado constituir sindicatos representativos y contratos colectivos operativos.
Además, el promedio salarial en México es cada vez menor, y se despide a trabajadores, que contaban con percepciones medianamente decorosas, para recontratarlos con montos cercanos al mínimo.
“Los millones de mexicanos no ocupados subsisten de milagro y por lo menos un millón de ellos ha reconocido vivir de la mendicidad o de actos ilícitos”.
Afirmó que existe un estado de “extrema miseria institucionalizada”, debido a la crisis de la justicia laboral y a la ausencia casi total de sindicatos y contratos colectivos auténticos, situación que de no remediarse en el corto plazo, podría acentuar la crisis política, económica y social, así como la inviabilidad democrática de México.
La tasa de sindicación ha disminuido a niveles críticos. “Apenas cerca del tres por ciento de la fuerza laboral mexicana del sector formal cuenta con sindicatos representativos y contratos colectivos operativos y, por tanto, tiene salarios y prestaciones relativamente decorosas”.
El resto de los trabajadores formales, abundó, está privado del ejercicio de la libertad sindical y el derecho a contratación colectiva, sometido al sistema de simulación de sindicatos y contratos colectivos de protección patronal, o al sistema de subcontratación conocido como outsourcing, que contradicen el artículo 3 de la propia ley laboral.
Explica que la nueva ley sería complementaria de la laboral, de aplicación nacional y estructurará normativa e institucionalmente los centros de conciliación, tanto al Federal —encargado la conciliación prejudicial y de las funciones de registro de sindicatos y contratos colectivos en todo el país— como a los locales, para reglamentar sus respectivas competencias constitucionales y dotarlos de eficacia. Serían organismos públicos descentralizados, encabezados por sus respectivos titulares o directores.
El titular del centro nacional de conciliación sería nombrado por el Senado de la República, electo de una terna que proponga el Ejecutivo federal, y su Junta Directiva se integrará por los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público y por el de la Función Pública, así como por representantes del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
Se busca garantizar su debido funcionamiento como organismo descentralizado de la Administración Pública y el cabal respeto en sus funciones constitucionales mediante reglas procedimentales previstas en la Ley Federal del Trabajo, “eludiendo, desde luego, el insano apetito de los personeros del peculiar tripartismo a la mexicana, de meter las manos en el importante organismo”.
Propone reglas comunes aplicables en todos los centros, para homologar las funciones y objetivos de la nueva institución prejudicial.
Asimismo, plantea modificar la Ley Federal del Trabajo a fin de organizar la instauración de los tribunales laborales, dependientes de los poderes federal y locales, y del organismo público descentralizado de carácter federal, que se encargará de la conciliación y del registro de todos los contratos colectivos y sindicatos en el país.
Además, reglamentar los organismos públicos descentralizados de carácter local, los centros de conciliación de las entidades federativas para facilitar la conciliación prejudicial.
La iniciativa, especificó el diputado, reforma de fondo el derecho procesal del trabajo para garantizar autonomía y eficacia en la administración e impartición de justicia laboral, sustituye las juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales Laborales dependientes de los Poderes Judiciales, que pueden conocer conflictos del régimen de seguridad social y perfecciona funciones y competencias de la inspección del trabajo.
Propone cambiar de denominación el Capítulo XII del Título Once a Tribunales Unitarios en Materia Laboral de Circuito y Tribunales Laborales Locales; también, del Capítulo V del Título Catorce, De la Actuación de los Tribunales, de los Centros de Conciliación y del Centro Nacional de Conciliación y Registros Laborales, y del Capítulo XVII del Título Catorce, Procedimiento Ordinario ante los Tribunales Laborales.
Respecto a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política, modifica el artículo 170, para que el juicio de amparo también pueda proceder contra sentencias de tribunales laborales locales o federales, o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas.
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