El nuevo gobierno federal tiene en su poder el Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), así como con el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)para determinar el futuro de los organismos sindicales en México y alejarlos del charrismo sindical que ha predominado en estos grupos los últimos años.

“Con la aprobación del USMCA y todo el trabajo realizado por Morena en el Senado de la República para crear democracia sindical se le dará un golpe al PRI”, asegura Alfonso Bouzas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Las centrales obreras, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), nacieron en la cuna del PRI en los años 30 y son una parte importante de la vida política del partido, pues sus agremiados forman parte de sus filas.

Este acercamiento con el gobierno en turno permitió que líderes como el ahora senador Carlos Aceves del Olmo, tejieran una red para quedarse con las dirigencias de los sindicatos mexicanos, asegura el investigador.

Ahora, con las reformas que propone Morena para democratizar estos organismos se va a terminar el poder que amasaron estos secretarios generales.

“Los cambios legales aprobados en el Senado son únicos, irrevocables y tiene como fundamento las recomendaciones que se hicieron para echar el TLCAN”, expresa Bouzas.

La ruta para acabar con los súper poderes de los líderes sindicales ya está trazada, quienes ya no serán nunca más apoyados por el Presidente electo en cuanto llegue al poder.

Adiós líderes vitalicios

“Se acaba el charrismo sindical para quede claro y no le vamos a quitar el derecho a nadie”, ha repetido Andrés Manuel López Obrador durante las giras que tiene en el país.

El presidente electo también ha reiterado que los líderes sindicales no pueden representar los intereses del gobierno y prometió que habrá democracia en estos organismos, misma que se garantizará con la prohibición de que los partidos políticos interfieran en las elecciones de los dirigentes.

Y es que los secretarios generales de distintos organismos sindicales se aferran al poder que han amasado dentro de estos grupos.

El líder con más años como secretario general es Francisco Hernández Juárez, quien  llegó en 1976 a la dirigencia del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) cubriendo el interinato del entonces líder, Salustio Salgado. A pesar de que la persona que debía ocupar el cargo era Rosina Salinas, Hernández Juárez logró quedarse con él y desde entonces se mantiene como dirigente de este organismo sindical.

Fernando Espino Arévalo  es otro que tiene 40 años al frente del Sindicato de Nacional de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro. Llegó a la secretaría general en 1977, pero perdió el cargo unos años; fue hasta 1981 cuando su grupo recuperó el poder y destituyeron a Ariel Macías Valadez.

A partir de entonces se ha reelegido en diversas ocasiones, gracias a los mecanismos de presión que ejercen sobre los trabajadores, quienes han denunciado que si dan su firma de apoyo a los candidatos de las planillas opositoras a Espino, les retiran algunos derechos que tienen como sindicalizados.

En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo busca regresar a la dirigencia del organismo que encabezó durante más de dos décadas y que le arrebataron cuando la detuvieron, en febrero de 2013. Gordillo se proclamó presidente vitalicia del sindicato en 2012 y ya no había manera de removerla de la cúpula que ella misma había construido.

En tanto, Carlos Romero Deschamps ha sido líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) por más de 22 años y se reúsa a dejar el poder.

Sin embargo, en este sindicato ya se plantea la alternancia. Lula Díaz Cruz es la candidata a la secretaría general de los trabajadores petroleros y está realizando una gira por los estados del sur del país, para buscar más simpatizantes que apoyen su causa, y así retirar del cargo a Romero Deschamps. Pero no es la única, Carlos Morales Quintana es el otro candidato que está dando la pelea para remover al viejo dirigente del cargo.

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En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (SNTSS), el líder se elige cada seis años, como está establecido en los estatutos. No obstante, el ganador ha sido el “delfín” del dirigente en turno y que está alineado al PRI, como lo han sido Valdemar Gutiérrez y Manuel Vallejo, quien incluso está afiliado al partido.

El fundador de Morena aseguró que los trabajadores van a elegir al secretario general de su sindicato a través del voto libre y secreto, promesa que hizo durante su campaña, en la que no fue respaldado por los sindicatos afines a la CTM y a la CROC.

En cambio, estas confederaciones apoyaron al candidato del partido tricolor, José Antonio Meade, a cambio de favores políticos: Aceves del Olmo obtuvo un lugar en el Senado, e Isaías González, dirigente de la CROC, pasó a la Cámara de Diputados, después de haber sido senador.

  “Que quede claro habrá libertad y democracia sindical, ya el gobierno no va a proteger a ningún dirigente sindical”, expresó en días anteriores López Obrador, quien tiene el respaldo y apoyo de los senadores de Morena, partido que controla el Senado.

Al respecto, José Jesús Bautista, especialista en temas laborales y sindicales, asegura que desde años se venía frenando cualquier iniciativa que fortalecieran la libertad y la democracia sindical.

“El Estado y los gobiernos priistas y panistas, a pesar de que ya existe jurisprudencia sobre la libertad sindical, se han opuesto siempre a reconocer este derecho porque el gobierno federal o los gobiernos estatales han visto en la libertad y democracia sindical un riesgo que podría facilitar la pérdida del control político que aún ejercen sobre los trabajadores de base”, dice el también consultor.

Esta situación está a punto de cambiar con la llegada del nuevo gobierno.

El camino a un nuevo sindicalismo

El primer golpe a la CTM y CROC ocurrió con la aprobación del Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, que protege a los trabajadores de cualquier acto de discriminación que menoscabe la libertad sindical en relación con su empleo.

“Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro del mismo”, dice el acuerdo aprobado en el Senado en septiembre pasado.

El Convenio también busca regular que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya sea que se realice directamente o por medio de sus miembros, en su constitución, funcionamiento o administración.

“El Convenio señala que los estados parte deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, con el fin de estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de trabajadores el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación, así como garantizar el respeto al derecho de sindicación”, continua el acuerdo.

Este documento no había sido ratificado por el Senado, pese a que en 2015 el presidente Enrique Peña Nieto aprobó su firma y lo envió a la Cámara Alta para que se aprobara.

Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, fue uno de los impulsores de la firma del Convenio, con el que se busca garantizar los derechos de los trabajadores. De hecho, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana trabajó activamente en este rubro durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El legislador estuvo en contacto con los sindicatos en Estados Unidos y Canadá, quienes presionaron a los negociadores para que se le exija a México dejar atrás todas las centrales obreras que cobijaron al PRI y garantizar la libertad de los empleados dentro de los sindicatos.

Justo ese fue el segundo golpe que el gobierno de Morena asestó a las organizaciones sindicales. A través del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) se prohíbe la injerencia de las empresas en las actividades sindicales y se exige al gobierno crear tribunales independientes que vigilen la vida sindical.

México también está obligado a garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato de su elección, así como establecer requisitos para el registro de contratos colectivos y garantizar la transparencia de los contratos colectivos negociados.

El tercer golpe fue dado por Cecilia Margarita Sánchez García, senadora de Morena, quien propuso una iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo en materia de democracia sindical que garantice el derecho de los trabajadores de todo sindicato a elegir a sus representantes mediante voto universal, libre, secreto y directo, por lo menos cada seis años.

“Esta iniciativa tiene por objetivo garantizar el derecho de los trabajadores de todo sindicato a elegir a sus representantes mediante el voto universal, libre, secreto y directo, para lo cual deberá establecerse dicha prerrogativa con carácter de obligatoria en los estatutos y documentos constitutivos de los sindicatos”, dice el documento.

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Allí se propone modificar los artículos 371 y 373 de la ley, en los que queden claramente especificadas las condiciones para que los agremiados puedan votar a los secretarios generales, y éstos estén obligados a rendir cuentas cada seis meses.

Con esta modificación a la ley se pretende armonizar la legislación mexicana con el Convenio internacional y con el nuevo tratado comercial, que se firmará en noviembre próximo.

José Jesús Bautista celebra los cambios que se han planteado en la vida sindical del país. No obstante, pidió tener cuidado con la apertura para la elección de los dirigentes.

“Sería conveniente que se valore con toda seriedad la figura de la elección de dirigencias por medio del voto universal, directo y secreto. Mi reserva en este caso específico tiene que ver con el imperativo de reducir cualquier posibilidad de que algún poder fáctico con grandes recursos financieros e importantes conexiones políticas busque incidir en los procesos de renovación sindical”, dice el especialista.

Se avizoran los cambios

Luego de que su propio partido plantee la obligatoriedad de la renovación sindical, Gómez Urrutia ya se pronunció a favor de apoyar la decisión de los trabajadores.

“Eso es una decisión libre de los trabajadores, como en cualquier otro caso, es parte de la autonomía sindical y ellos decidirán, los trabajadores son muy inteligentes, ellos saben lo que quieren y lo que buscan, ellos saben por qué eligen a sus dirigentes. Estaremos todos sujetos a lo que la mayoría de los trabajadores decidan con apego al derecho, al voto libre secreto y personal”, dijo a principios de octubre en una conferencia de presa.

El líder minero es uno de los dirigentes que más años tiene al frente de un sindicato: asumió el cargo en 2002, luego de que su padre —quien fuera líder vitalicio del organismo—, muriera y lo dejara al frente de los trabajadores. Los mineros han ido a elecciones, pero en cada votación Gómez Urrutia ha ganado en las urnas, lo que le ha permitido extender su mandato durante 16 años.

El legislador señaló que después de la ratificación del Convenio 98, el Congreso de la Unión está actualizando los reglamentos y las leyes en temas laborales para respetar los derechos laborales y la libertad sindical de los agremiados, sobre todo al momento de elegir a sus líderes y al sindicato al que quieran pertenecer.

Las modificaciones legales, así como la insistencia de López Obrador por respetar la autonomía de los sindicatos serán la puerta para transformar estos organismos a partir del próximo año.

No obstante, deberán ser los trabajadores quienes se hagan responsables de garantizar que estos derechos se ejecuten y no solo queden en un papel firmado por el gobierno.

“Ambos principios deben ser obra de los propios trabajadores y no de una imposición de la elite política o gubernamental. De ahí que en el análisis y debate de la modificación de la legislación secundaria, o de una eventual reforma constitucional, la participación de la base trabajadora y los sindicalistas, es un requisito imprescindible”, puntualiza José Jesús Bautista. 

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