Redacción/Quadratín México   | 21 de marzo de 2018
Ciudad de México, 21 de Marzo de 2018.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capitalina hizo un llamado al Congreso de la Unión para revisar los proyectos de reforma fiscal y laboral, así como a las autoridades respectivas para sacar los pendientes en materia de reglamentación fiscal dada la incertidumbre existente, siendo este un factor que inhibe la creación de empleos y el desarrollo económico.
En voz de la contadora pública Virginia Ríos, tesorera de Coparmex-CDMX y una de las ponentes en el Foro Laboral donde se abordaron diversos temas relacionados con el ámbito laboral y fiscal, el Centro Empresarial dio a conocer su postura.
Ahí, Ríos Hernández explicó cómo la reforma fiscal realizada en 2014 lastimó sensiblemente a los empresarios porque se estableció que las prestaciones sociales para los trabajadores como el fondo de pensiones, la despensa, el fondo de ahorro, el reembolso de gastos funerarios, las ayudas para útiles escolares, el tiempo extraordinario, los subsidios por incapacidad, entre otras, no podrían ser objeto de deducibilidad al cien por ciento, sino solo al 47 o al 53 por ciento.
“Los patrones no pudieron con esta carga fiscal y algunos decidieron quitar las prestaciones que habían otorgado a sus trabajadores con la intención de mejorar su calidad de vida, al no poder deducir al cien por ciento estos conceptos”, indicó.
La también empresaria calificó como urgente y necesario que los legisladores se avoquen a este importante rubro de prestaciones sociales con base en la realidad, pues apuntó, por un lado los trabajadores necesitan de las prestaciones sociales provistas por los patrones, y por el otro los patrones debieran tener incentivos por procurar un mejor nivel de vida a sus trabajadores, quitándoles carga fiscal.
“El patrón dice yo les doy a mis trabajadores una despensa, o les voy a dar un fondo de pensiones para que su nivel de vida en su etapa ya no productiva sea digna”, pero con esa disposición los patrones no pueden mantener esos incentivos.
Todas las prestaciones sociales ofrecidas por los patrones, explicó, son de gran apoyo para sus trabajadores, sobre todo las integradas en fondos adicionales para su jubilación, porque la mayoría de las pensiones por recibir en unos años a partir de las afores no llegarán ni al 30 por ciento de lo percibido actualmente por un trabajador.
Virginia Ríos citó también algunos estudios realizados por aseguradoras y especialistas como indicadores de la necesidad de mayor ahorro por parte del trabajador pero, aseguró, el trabajador no tiene de dónde ahorrar, entonces es ahí donde los patrones preocupados por esta situación decidieron otorgar fondos de apoyo para prever el retiro de sus empleados.
“Como estos fondos de apoyo no son deducibles al cien por ciento, algunos patrones los cortaron definitivamente y otros dijeron ya no le incremento más, y los que pensaban otorgarlo decidieron quedarse esperando a ver si habría alguna regulación diferente”, expresó.
Enfatizó la urgencia de revisar la situación actual de empresarios y trabajadores por parte de los legisladores del Congreso de la Unión, autoridades fiscales, laborales y de seguridad social para elaborar reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, o bien que el jefe del Ejecutivo por decreto permita deducir al cien por ciento las prestaciones sociales que los empresarios otorgan a sus trabajadores.
Al referirse a la subcontratación, mejor conocido como outsourcing, la especialista en temas financieros y fiscales aseguró que en este renglón los contratantes son los más afectados con la normatividad al respecto, al no permitírseles contratar servicios de naturaleza igual a la que corresponde el giro de la empresa, es decir, si se tiene una maquiladora de ropa y una empleada se incapacita, el patrón no puede contratar a una empresa que le envíe a una persona a realizar las tareas de la trabajadora incapacitada.
“Es necesario que eso se reforme no como viene en el proyecto del 7 de diciembre presentado a los senadores, sino con base en la realidad. Esto no está en la realidad”, indicó.
Como hoy están las cosas, “la subcontratación debe justificarse por su carácter especializado y no pueden realizar tareas iguales o similares a las que realicen los demás trabajadores de la empresa y en caso de no cumplir con esta condición, entonces al contratante se le considerará patrón para todos los efectos, incluso para seguridad social”.
Además, mencionó, hoy al contratante se le deja la tarea de prácticamente supervisar fiscalmente a la empresa de la cual subcontratará servicios, al establecer que “el contratante debe cerciorarse de que el contratista cuente con la documentación y elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones con sus trabajadores”, es decir registros en la Secretaría de Hacienda, del Trabajo, de Finanzas (de la entidad de la que se trate), en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) porque con ello se garantiza que el contratista es un empresario formal.
Y explicó la fracción V del artículo 27 de la Ley del ISR donde se establece que el contratante deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses así como de su declaración de entero de las retenciones efectuadas a dichos trabajadores y del pago de las cuotas obrero patronales al IMSS y aquí la sanción por incumplir esta disposición es para el contratante, es decir, para quien no hará deducible el pago de los servicios subcontratados.
El presidente de Coparmex-CDMX, Jesús Padilla Zenteno, reiteró la necesidad de fomentar y defender la competitividad laboral en la Ciudad de México con el objetivo de preservar la capital como uno de los mejores sitios para invertir y agregó que ante el complicado panorama internacional es necesario mantener la confianza en la inversión y crear mecanismos para permitir la generación de más empleos y salarios dignos.
“Esto se logrará en la medida en la que fortalezcamos el mercado interno y mejoremos la competitividad laboral que asegure que las empresas tengan certidumbre jurídica y flexibilidad para mantener la capacidad de trabajo formal.
“Desde Coparmex-CDMX hacemos un llamado para que la Reforma Laboral venga acompañada de un proyecto de capacitación y formación profesional para quienes integrarán las nuevas instancias encargadas de impartir la justicia social con el fin de asegurar el respeto a los derechos de los trabajadores y que las empresas cuenten con los mecanismos para brindar más y mejores empleos”, detalló.
Las legislaciones secundarias de la reforma laboral, dijo, no deben perder de vista que de acuerdo con datos del Instituto de Informática y Geografía (INEGI), alrededor del 60 por ciento de los trabajadores no cuentan con prestaciones básicas de ley.
“Cerca del 90 por ciento de trabajadores cuentan con empleos generados por micro, pequeñas y medianas empresas, pero esto no garantiza un trabajo perdurable en el tiempo dada la mortandad de las empresas en Méxicol”, añadió.

Otro aspecto que se debe considerar, apuntó, es el trabajo informal, más de dos millones de personas laboran en esta condición, lo cual detona la importancia de involucrarnos en una reforma laboral que los alcance y los abrace a todos y acotó: “para esto es necesaria la participación del gobierno local y federal, además de los sectores productivos para hacer propuestas integrales a políticas públicas que permitan realizar estrategias para la generación de empleos formales”.
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