Juan de Dios Olivas/
El Diario de Juárez | Sábado 10 Marzo 2018 | 00:01:00 hrs
La reforma constitucional en materia laboral aprobada el febrero del 2017 que desaparece los tribunales del trabajo tradicionales y que crea los juzgados laborales así como las iniciativas de leyes secundarias en discusión actualmente en el Senado, serán analizadas en Ciudad Juárez.
Lo anterior durante la LVIII Asamblea de Derecho del Trabajo y la Previsión Social, que se llevará del 25 al 28 de marzo y en la que se espera la asistencia de expertos en la materia de todo el país.
El evento es organizado por la Academia Mexicana de Derecho de Trabajo y Previsión Social y recibirá más de mil laboralistas, litigantes y estudiosos, dio a conocer Ana Luisa Herrera Laso, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Habrá diversas mesas de trabajo para discutir la implementación legal de la Reforma Laboral, la Reforma Constitucional que fue aprobada el 24 de febrero del año pasado, cuya iniciativa de reforma secundaria aún está en discusión en el Senado¨, expuso.
Cenobio Terrazas Estrada, delegado de la Academia, agregó que se reformó el artículo 123 de La Constitución, la cual es la base de todo el derecho laboral mexicano y cambió la forma de impartición de justicia laboral.
“Es la oportunidad de todos aprendamos de este nuevo procedimiento laboral, de esta nueva forma de impartir justicia laboral”, añadió.
La reforma constitucional transforma el derecho procesal del trabajo ya que la justicia laboral será impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
También replantea la función conciliatoria, de manera que se propone constituir una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir, a fin de privilegiar que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas propias de su nueva responsabilidad.
En ese sentido, Herrera Laso señaló que Chihuahua ya se encuentra avanzada con la creación de los Centros de Conciliación Laboral.
Aguascalientes: Reforma Laboral del PRI entregará “la sangre de los trabajadores para convertirlos en esclavos”
Posted by ALMA RÍOS
Date: marzo 10, 2018
La Reforma Laboral secundaria que plantean los senadores priístas Tereso Medina (CTM) e Isaías González (CROC), entregará “la sangre de los trabajadores para convertirlos en esclavos”, pues entre otras cosas plantea la desaparición del salario, de los sindicatos, y la anulación de los contratos colectivos de trabajo, dijo Manuel Fuentes Muñiz.
El experto en derecho laboral propuso a esta reforma como la más regresiva en la materia en los últimos 100 años en México, ya que su eje fundamental es “la producción, la usura, la ganancia patronal” y por tanto la imposición de la voluntad de los empleadores a la par del despojo del derecho humano al trabajo de los mexicanos.
Expuso que es especialmente preocupante porque va enfocada a perjudicar a los jóvenes, las mujeres y a la gente de mayor edad, ya afectados por las dificultades de acceder al derecho al trabajo, la estabilidad en el empleo y la seguridad social.
Fuentes Muñiz, Héctor Arturo Mercado López, magistrado del 17 Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia del Trabajo, Juan Romero Tenorio, diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y Pablo Franco Hernández, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ofrecieron una conferencia de prensa para adelantar elementos del foro Retos de la Nueva Justicia Laboral.
El evento fue realizado ayer en el foyer del Teatro Fernando Calderón, y organizado por el precandidato al Senado por el Morena, José Narro Céspedes, quien expuso que estas reformas ni siquiera son conocidas y por tanto respaldadas por los propios trabajadores agremiados a la CTM y la CROC.
Coincidieron en que la iniciativa que actualmente se discute en comisiones en el Senado de la República y que deriva de una reforma constitucional del 24 febrero de 2017, debe detenerse, socializarse ampliamente tanto entre los patrones y especialmente los trabajadores, discutirse y llevarse a consulta.
Pablo Franco Hernández expuso desde su experiencia que los sindicatos son cada vez más inoperantes e incapaces, no sólo de defender los intereses de sus agremiados, sino siquiera de emitir una opinión al respecto de este tipo de temas.
Dijo que de acuerdo al Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sindicatos y los representantes de los patrones deberían estar “discutiendo públicamente” estas leyes secundarias, pero no lo están haciendo, mientras que el “trámite” se realiza en el Senado en lo “oscurito”.
Contrario a lo que está ocurriendo actualmente y que se agudizará con esta reforma, “lo que nosotros estamos planteando es que tiene que discutirse cómo se regresa a los trabajadores” su derecho a nombrar a sus representantes y a aspirar a serlo.
La política económica ha abandonado a los trabajadores y el fortalecimiento del mercado interno al buscar insertarse en el ámbito de la distribución del trabajo internacional ofreciendo mano de obra barata y erosionando con ello los derechos laborales, especialmente el de la negociación colectiva, puntualizó.
Refirió que la reforma de febrero de 2017 busca cumplir solo de palabra los compromisos internacionales celebrados por el Estado mexicano, concretamente el capítulo laboral del Tratado Transpacífico que obliga a dar cumplimiento al convenio 98 de la OIT sobre negociación colectiva y al correspondiente 87 sobre libertad sindical, pero a la hora proponerlo en la Ley Federal del Trabajo, por el contrario, lo que se refuerza es el control patronal sobre la negociación colectiva.
Actualmente el patrón, quien descarta la existencia de la lucha de clases, sostiene que “los trabajadores no necesitan un sindicato porque soy como su papá”.
Dijo que este “triunfo cultural” de un pensamiento totalmente contrario a los intereses de la clase trabajadora ha logrado permear tanto que “hasta los trabajadores se lo creen”, también por el gran desprestigio de los sindicatos.
“Entonces estamos parados –en un escenario- de cero derechos”, por lo que hay que buscar recuperarlos.
El derecho ciudadano dentro de la fuente del trabajo, que no es otra cosa que democratizar las decisiones y que se ha planteado como algo imposible, pues ”¿cómo le vas a dar derecho al trabajador de participar en las decisiones de la empresa?”, contestó: con “el mismo derecho que le da el participar en la producción de riqueza. Y que es un derecho humano que se ha perdido”.
Observó que los sindicatos tradicionales son cada vez más débiles e inservibles pues se venden al patrón, y sus dirigentes firman contratos “basura” (como los denominan en Europa), “que no le dan derechos al trabajador”.
El magistrado Héctor Arturo Mercado López centró la atención por su parte, en la disposición de la reforma constitucional de desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto federal como estatales, y sustituirlas por tribunales laborales.
Aunque originalmente esta modificación a la Constitución general del país pretendía agilizar la administración de justicia en esta materia, pues con datos de un estudio que realizó, sostuvo que en este momento en México un juicio laboral (desde la presentación de la demanda hasta que se emite un laudo) se lleva en promedio cuatro años dos meses y 19 días, sostuvo que este objetivo no se cumplirá tal como ha sido propuesta la instrumentación de los procedimientos.
Comparativamente agregó que en Chile el mismo proceso ocurre en 72 días, y en Venezuela, “la agredida y terrible”, implica menos de seis meses.
La iniciativa priísta divide el procedimiento en una fase de conciliación a favor del patrón “que es tortuosa y desequilibrada” y establece juntas para el desahogo de pruebas que generarán muchos problemas, por lo que no se modificará en lo sustancial la necesidad de una justicia laboral eficaz y eficiente, enfatizó.
Precisó también que la reforma implicaría la modificación de más de 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo y criticó que quiera hacerse entrar en vigor en noviembre de este 2018 sin una discusión suficiente y amplia.
En otros países, informó, este tipo de modificaciones tardan entre dos a cuatro años en procesos de análisis y discusión entre los sectores involucrados hasta que se ponen de acuerdo en el contenido de la ley para después ponerla en marcha bajo procedimientos de verificación que aseguren su éxito.
Objetó asimismo que no se haya destinado presupuesto para instrumentar los nuevos tribunales laborales, algo que incluye la capacitación de la gente para este efecto.
Para el caso de Zacatecas propuso como una buena pregunta, ya que estas funciones las asumirá el Poder Judicial local, si tiene suficiente presupuesto para ello, por lo que dijo, “la razonabilidad y la prudencia” indican que no debe votarse esta reforma sino “discutirse entre todos” para obtener una buena ley.
Por su parte, Juan Romero Tenorio, diputado federal por Morena, se refirió a esta reforma secundaria en materia de justicia laboral como otra más de la serie de reformas estructurales que ha impulsado Enrique Peña Nieto.
Ésta modifica el proceso de producción nacional y las relaciones de trabajo, y con ello, aparentará impartir justicia laboral cuando en realidad facilitará las condiciones de producción para los grandes inversionistas.
Se inserta en un plan nacional que ha impulsado zonas económicas especiales con diferenciaciones de regímenes fiscales y seguridad social, y que han pasado desapercibidas para el grueso de la población porque no se le ha dado la difusión necesaria a estos temas que están impactando las condiciones de trabajo de los mexicanos.
http://ljz.mx/2018/03/10/reforma-laboral-del-pri-entregara-la-sangre-de-los-trabajadores-para-convertirlos-en-esclavos/
Chihuahua: Expertos a nivel nacional analizarán aquí la reforma laboral
Por: Mayra Selene González | 09 de marzo, 2018 – 12:41 | Juárez |
Ciudad Juárez.- Esta frontera será sede de un foro denominado Asamblea del Trabajo y Previsión Social en el que expertos a nivel nacional analizarán la implementación legal de la reforma laboral, la cual fue aprobada el 24 de febrero de 2017.
Cenobio Terrazas Estrada delegado de la Academia Mexicana del Trabajo y Previsión Social indicó que en el evento estarán presentes los más reconocidos laboralistas del país.
Indicó que el año pasado se reformó el artículo 123 constitucional que es la base de todo el derecho laboral mexicano lo cual implica la desaparición de los tribunales del trabajo que han existido durante 100 años, con la desaparición de la Juntas de Conciliación y Arbitraje se crearán los juzgados laborales una vez que la reforma se implemente y estos se encargarán de resolver cualquier conflicto laboral con un procedimiento diferente.
“Estos cambios nadie los ha vivido, es la oportunidad de que todos aprendamos que esta nueva forma de impartir justicia laboral, entonces todo el mundo en el país debe estar interesado en este evento”, mencionó.
Dijo que en la organización, junto con esta academia participa el gobierno del estado, gobierno municipal, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el buró de convenciones, entre otros.
Indicó que estudiantes de toda la República obtendrán conocimientos de los profesionales en este tema y se espera la visita de entre 800 a mil asambleístas.
“Queremos que la reforma que viene sea algo que modifique la forma actual y que represente para los justiciables, tanto trabajadores y patrones una manera ágil, rápida de que un juicio se termine en muy poco tiempo, que se termine la cuestión de largos periodos, que se termine la idea de que no se trabaja, de que hay imparcialidad”, mencionó.
El evento tendrá varias sedes como lo es el edificio administrativo del gobierno del estado ubicado en la avenida Abraham Lincoln y el Centro Cultural Paso del Norte.
http://netnoticias.mx/2018-03-09-3ca624af/expertos-a-nivel-nacional-analizaran-aqui-la-reforma-laboral/
TLCAN y los derechos humanos
Miguel Concha
A más de dos décadas de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), su importancia e influencia en la vida de las personas y pueblos de los países que lo integran son innegables y sus supuestos beneficios, muy cuestionables. Tanto es así que debido a las asimetrías de sus economías, en las que México ha perdido mayormente, se ha vuelto casi imperceptible la posibilidad de mantener relaciones comerciales exitosas entre las tres naciones.
Tal vez sea por esto que quienes se ostentan como expertos en la materia no entiendan, confundidos, la importancia de la participación activa de todas aquellas personas y grupos que se ven afectados con sus renegociaciones, así como la urgencia de que las nuevas generaciones tomen partido sobre el futuro del TLCAN, ya que siendo el modelo económico en el que han crecido, opinan si este tratado cumplió con el sueño dorado de vida digna que prometió.
Se esperaba que la actual coyuntura de renegociaciones fuera rápida y efectiva. Sin embargo, ya van siete complejas rondas y se prepara una octava, sin que tengamos certeza de qué nos depara el futuro. Y tampoco de qué y cómo ya se renegoció.
Las renegociaciones del TLCAN no deberían ser exclusivas de los equipos de expertos y representantes gubernamentales. Por ello, al margen de lujosas instalaciones de negociación, se reúnen por su parte diversos sindicatos, organizaciones sociales y representantes críticos del ámbito académico de cada país en cada ronda con la finalidad de exigir que sean escuchadas personas y grupos que ven afectadas sus vidas por este Tratado.
Este año se han realizado dos rondas de este tipo, una en Montreal, Canadá, a fines de enero, y otra en Ciudad de México, que recién concluyó. Simultáneamente, en ambas ciudades se llevaron a cabo actividades organizadas por distintos actores de los tres países que se reconocen como colectividades, por ejemplo, de trabajadores, quienes ven menoscabados sus derechos por el tratado, y en las que la Convergencia México Mejor Sin TLCAN estuvo muy activa. Quienes se reúnen de forma alterna han expresado contundentemente en estas últimas rondas que el acuerdo ha beneficiado exclusivamente a las corporaciones trasnacionales, a expensas de los derechos de las personas y del medio ambiente.
Con justa razón advierten que esta renegociación podría conducir a un tratado comercial más perjudicial que el actual. Un tema constante ha sido también la preocupación por el respeto de los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos, puestos en riesgo por las políticas racistas y discriminatorias del actual gobierno de Estados Unidos.
Han pasado ya más de 20 años de TLCAN y la organización social trinacional continúa presente como al principio. Las organizaciones sociales siguen convergiendo para exigir que los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales sean respetados, protegidos y garantizados.
Demandan, además, que las personas, los pueblos y el planeta sean considerados antes que el lucro de empresas, las que con un discurso burdo de crecimiento económico infinito negocian y velan sólo por sus intereses. Uno de los temas más presentes entre movimientos y organizaciones sociales, aunque menos atendido por los Estados en las últimas rondas, es el de las afectaciones directas a derechos humanos vinculadas con los tratados de libre comercio e inversión.
Llama la atención que la postura del Estado mexicano, sus negociadores y ex negociadores siga siendo la misma: desinformación y desinterés en relación con los derechos de las personas y pueblos. Argumentan que los tratados de libre comercio no son de derechos humanos o de derechos ambientales. Y por ello, enarbolando la falsa e interesada división entre comercio y derechos humanos, piden a algunas organizaciones sociales que dejen de satanizar tratados hechos e implementados para progresar.
Quienes piensan así obvian que el Sistema Internacional de Derechos Humanos se haya pronunciado en distintas ocasiones sobre estas materias. Como ejemplo tenemos que hace dos años, cuando se intentaba por primera vez aprobar el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) –que ahora parece resurgir– relatores especiales y expertos independientes de la ONU realizaron distintos informes con múltiples recomendaciones a los Estados y sus instituciones nacionales de derechos humanos para atender lo que activamente venían denunciando organizaciones sociales.
El Sistema de la ONU los invita a revisar esos tratados a la luz de los derechos humanos, toda vez que el desarrollo económico y el respeto de los derechos tienen conexión directa.
Urge entonces que las instituciones nacionales de derechos humanos mexicanas, e incluso las canadienses y estadunidenses, participen directamente en las renegociaciones del TLCAN, y que el Estado mexicano, por medio de sus dependencias administrativas, evite obstaculizar el involucramiento de otras entidades que puedan ayudar a poner al centro el respeto de los derechos humanos.
Paradójicamente los tiempos del tratado han servido para generar solidaridad y acompañamiento entre movimientos internacionales, con el único fin de intercambiar experiencias y reconocer que nunca los impactos o beneficios han sido en ellos y entre ellos iguales, pero sí semejantes y equiparables.
Hoy sabemos que por la acelerada e inaceptable explotación humana y por el mal uso de la naturaleza, el planeta, como nunca, está en riesgo. Por ello vuelve a hacerse importante el pregonarlo, aunque no se quiera oír. Basta con una sola queja relacionada con los sufrimientos ocasionados por el TLCAN para no callar. Es preciso escucharlo, tomarlo en cuenta y resolverlo para proteger la naturaleza y todo derecho humano.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/10/opinion/015a1pol
Avalan diputados ampliar definición de violencia laboral
Blanca Estela Santos/Quadratín México | 08 de marzo de 2018 | 20:31
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de marzo de 2018.- El Pleno de la Cámara de Diputados avaló con 363 votos a favor una reforma al artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la cual se amplía la definición normativa de violencia laboral, además de que se constituye las conductas referidas en la Ley del Trabajo.
El dictamen avalado, que fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, destaca que es necesario incluir todas las manifestaciones posibles de violencia laboral en el concepto antes mencionado, pues se argumentó que en el mercado laboral existe cada vez más presencia de las mujeres, por lo que se debe garantizar “su debida protección y goce de los mismos derechos”.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la priista Laura Plascencia Pacheco, indicó que la minuta establece como violencia laboral todas las conductas establecidas por la Ley Federal del Trabajo que violen sus derechos a mujeres trabajadoras en el país.
“En México, más del 26 por ciento de las mujeres que trabajan, son víctimas de violencia en sus centros laborales, muchas obligadas a convivir con sus agresores o son víctimas de diferentes tipos de discriminación como permanencia en el trabajo, reducción de salario, incluso menor goce a condiciones por motivos de sexo, estado civil, edad o maternidad”, detalló.
Indicó que en México una de cada cinco mujeres que trabajan es discriminada en su centro laboral. Mientras que en 2017, a más del 10 por ciento de las mujeres les negaron oportunidades para obtener un ascenso laboral; más del nueve por ciento recibe menos salario por el mismo trabajo desempeñado por un varón en el mismo cargo laboral; y a 12 por ciento de ellas les exigieron prueba de embarazo al solicitar un trabajo.
En su posicionamiento, la diputada de Movimiento Ciudadano Mirza Flores afirmó que uno de los derechos laborales de la mujer es ejercer una lactancia digna en lo privado y público, no solo vinculado con la salud de las mujeres, sino un precepto laboral, “que de posponerse pone en peligro la integridad física de la madre con complicaciones graves”.
Mientras que la morenista Karen Hurtado dijo que las leyes que protegen contra este delito no contienen mecanismos de denuncia ni de sanciones para los responsables, lo que ocasiona que las víctimas de violencia laboral, queden sin posibilidad de defensa.
La legisladora del PRI Alma Viggiano Austria destacó que uno de los avances desarrollados por el Congreso, establece la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, lo anterior con el fin de promover justamente la inclusión laboral, igualdad salarial y la oportunidad entre las y los trabajadores.
https://mexico.quadratin.com.mx/avalan-diputados-ampliar-definicion-de-violencia-laboral/
Se queja poder judicial de Aguascalientes de que no se le consulte en las leyes que le atañen
CLAUDIA RODRÍGUEZ LOERA · 08/03/2018
Congreso de la Unión ha incurrido en desacato en cuanto a la falta de leyes secundarias en materia laboral: Javier Medina PeñalozaSe prevé que debido al contexto electoral, las modificaciones en el tema laboral habrán de esperar
Javier Medina Peñaloza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, señaló que la justicia laboral está en el limbo, pues a pesar de tener un tiempo perentorio, aún no se cuenta con las leyes secundarias que permitan que los poderes judiciales de los estados y la Federación se hagan cargo de esta.
Recordó que aunque la Constitución mandata que en febrero y a más tardar en noviembre de este año esta transición a judicializar las juntas laborales debía darse, aún no está claro cuándo el Congreso de la Unión emitirá las leyes secundarias que den luz al actuar en esta materia en las entidades.
Otro aspecto que acompaña a la espera de las leyes secundarias, es también el tema presupuestal, a fin de hacer frente a la reforma en materia de justicia laboral y en el que también se tendrán que trabajar los congresos estatales.
Medina Peñaloza, quien impartió la conferencia denominada Los retos de la justicia en México, en el Día del Juzgador, externó que por lo menos el tema de la Justicia Laboral se encuentra en el limbo y con la etapa política que se tiene, al referirse al contexto electoral, se complica la posibilidad que el Congreso de la Unión realice las modificaciones pertinentes, de tal manera que pronosticó que la reforma a la Constitución en materia laboral tendrá que esperar.
El también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia consideró que el Congreso de la Unión ha incurrido en desacato en cuanto a la falta de leyes secundarias en esta materia, aunque “a veces las condiciones impiden la implementación”, señaló al recordar que la Justicia Oral Penal tardó ocho años para su aplicación.
Medina Peñaloza subrayó que quienes son parte de este sistema, han alzado la voz para que en todas las reformas que es atañen, “seamos escuchados, que nos inviten a las pláticas, con el afán de sumar a las grandes reformas que se plantean y sobre las que el mejor pulso lo pueden tener los jueces”, al hacer de esta manera evidente que el Poder Judicial no participa ni son consultados en la elaboración de aquellas iniciativas que les atañen.
http://www.lja.mx/2018/03/se-queja-poder-judicial-aguascalientes-se-le-consulte-en-las-leyes-le-atanen/
Puebla: Defiende Roberto Campa reforma laboral
Por Maribel VELÁZQUEZ. Roberto Campa, secretario de Trabajo y Previsión Social, aseguró que en enero se superó la cantidad de trabajos generados.
Foto: Alejandro CORTÉS I Afirman que se cumplirá la meta establecida por el gobierno federal.
El secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, defendió los resultados en materia laboral a nivel nacional, al asegurar que la mayoría de los mexicanos gana entre tres y cuatro salarios mínimos por jornada, así lo dio a conocer tras participar en la Sexta Feria de Empleo enfocada a mujeres en San Pedro Museo de Arte.
El funcionario federal detalló que desde el arranque de registro de trabajos existentes no se habían tenido cifras tan altas, pues en enero hubo 113 mil y para febrero de 2018 la cifra cambió a 160 mil, la más elevada.
Recalcó que la mayoría de los subordinados antes referidos cuentan con retribuciones económicas que van desde los 265 y 353 pesos diarios, pero además se prevé analizar el próximo incremento en las siguientes semanas.
Hasta el cuatro trimestre de 2017, de los 52 millones 865 mil 845 personas que laboraban, 7 millones 926 mil 332 obtenían máximo 88.36 pesos y 14 millones 215 mil 650, no rebasaban los 265 pesos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Acompañado del gobernador José Antonio Gali Fayad, Campa Cifrián afirmó que con los resultados de los últimos meses podrán cumplir con la meta de crear 4 millones de puestos durante el sexenio.
Gali Fayad detalló que de los 30 mil cargos creados en Puebla durante 2017, 17 mil fueron mujeres y el resto para el género masculino; además, las poblanas se hicieron responsables del 30 por ciento de los hogares, lo cual está por arriba de la media nacional que es del 27 por ciento.
El secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Jaime Oropeza Casas, detalló respecto al evento que en San Pedro Museo de Arte se ofertaron 2 mil 500 plazas en 100 compañías diferentes, de las cuales, 800 era para la clasificación de primer empleo; 280 para adultos mayores y 140 para poblanas con alguna discapacidad.
Con los programas para impulsar la integración de los ciudadanos en el mercado laboral hubo 78 mil beneficiados, de los cuales, 28 mil 774 fueron mujeres, mencionó el servidor público estatal.
En su participación, el presidente municipal de la capital poblana, Luis Banck Serrato, aseguró que mientras Gali Fayad estuvo en la presidencia municipal hubo un crecimiento del empleo del 18 por ciento, lo cual representó 52 mil trabajos.
De acuerdo con datos del Inegi, hasta el cuatro trimestre de 2017, de los 934 mil 449 que trabajaban en el municipio, 115 mil 875 no recibían más de 88.36 pesos por jornada y a 277 mil 333 les pagaban entre uno y dos salarios mínimos.
http://www.elpopular.mx/2018/03/08/local/defiende-roberto-campa-reforma-laboral-177425
Sindicatos y salarios en el TLCAN
Orlando Delgado Selley
De nueva cuenta las amenazas de Donald Trump parecen encaminar al mundo y particularmente a nosotros a una situación bastante complicada. Su decisión de imponer aranceles a las importaciones de aluminio y acero puede ser el comienzo de guerras comerciales que afectarán dramáticamente el curso de la economía global. Sin embargo, en México lo que verdaderamente importa, en el marco de las negociaciones para un nuevo Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN), son los temas laborales.
Para los trabajadores mexicanos el TLCAN no ha significado mejoría alguna. Por el contrario, como se ha demostrado repetidamente, la participación de los salarios en el ingreso nacional cayó del pico alcanzado a mitad de los años 70 de 40 por ciento a 28 en 2015. Se trata de una disminución de 42 por ciento que tiene pocos precedentes. En la explicación de esta brutal reducción destaca que las ganancias del libre comercio, que indudablemente han existido, se han concentrado en los hogares de altos ingresos y en la región norte del país. De modo que la caída salarial ha implicado una mayor concentración del ingreso, es decir, mayor desigualdad.
En un artículo reciente S. Escobar analizó las reacciones de las organizaciones sindicales canadienses y estadunidenses respecto de la situación de los trabajadores mexicanos. Tres son los temas que a estas agrupaciones les interesan: los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo, la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la represión a las protestas laborales. Evidentemente los pronunciamientos sindicales en estas materias están asociados a la política que el gobierno mexicano ha venido implementando para atraer inversión extranjera.
Entre los objetivos para la renegociación del TLCAN expresados por el gobierno estadunidense ha señalado que los países miembros del acuerdo adopten y cumplan con las prácticas y las leyes en las que internacionalmente se reconocen los estándares fundamentales en materia laboral establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. Además, el gobierno de Trump plantea que es necesario que México, Canadá y Estados Unidos tengan ordenamientos legales que propongan condiciones aceptables para los empleados en términos salariales, de horas de trabajo, seguridad en el lugar y salud.
En este marco de renegociación del TLCAN, la AFL-CIO, importante central sindical estadunidense, ha advertido que “deben mejorar dramáticamente los derechos de los trabajadores, aumentar los salarios y los niveles de vida en los tres países… particularmente en el caso de México”. Consecuente con este planteamiento, esta central sindical ha expresado formalmente su preocupación con la propuesta de reforma laboral presentada por el PRI en el Congreso. En su opinión esta inicitiva limita la libertad de asociación, promueve el trabajo precario, alienta la subcontratación, lo que implicará que los salarios mexicanos disminuyan aún más. Por estas razones ha pedido explicaciones al gobierno mexicano. A estas consideraciones se sumó el Canadian Labour Congress, lo que llevó al gobierno federal a detener su propuesta de reforma.
La respuesta del gobierno mexicano tanto a los sindicatos como a los negociadores gubernamentales del TLCAN ha sido de rechazo a cualquier posibilidad de acuerdo trinacional sobre los salarios en México. Su rechazo, apoyado por asociaciones empresariales en nuestro país, a incrementar los salarios mínimos de modo que se cumplan con los requerimientos que determina nuestra Constitución, es decir, que permitan que los trabajadores y sus familias superen la línea de pobreza, se fundamenta en la pérdida de competitividad que sufrirían las empresas exportadoras asentadas en México.
Incorporando este argumento habría que reconocer el reclamo de la AFL-CIO: es necesario aumentar los salarios en los tres países, aunque en México tiene que hacerse dramáticamente. Actualmente el salario mínimo que permitiría superar la línea de pobreza es de 170 pesos, lo que ciertamente no podría hacerse de un golpe, pero tendría que fijarse como una meta a alcanzar en un plazo razonable.
odselley@gmail.com
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/08/opinion/025a1eco
Estado de México: Justicia laboral oportuna, prioridad del GEM
Por Sincronía Diario –
Miércoles 7 de marzo, 2018
Asegura Ignacio Rubí que es prioritario brindar una justicia laboral oportuna, completa e imparcial a los trabajadores
Redacción/Toluca
En los primeros cinco meses de la actual administración, la Secretaría del Trabajo solucionó más de 7 mil conflictos laborales por medio de la conciliación, informó el titular de la dependencia, Ignacio Rubí Salazar, quien aseguró que es prioritario brindar una justicia laboral oportuna, completa e imparcial a los trabajadores en el Estado de México.
Añadió que estos casos se resolvieron por una serie de acciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, mediante el programa Conciliación Administrativa, que permitió evitar 7 mil 104 demandas en la entidad, de las cuales 5 mil 461 corresponden a las juntas locales del Valle de Toluca y del Valle Cuautitlán Texcoco.
Rubí Salazar indicó que desde septiembre del año pasado, por instrucciones del gobernador Alfredo Del Mazo, los tribunales reforzaron sus estrategias para fomentar la mediación y la conciliación, al ser herramientas alternas en la solución de conflictos en esta materia.
Dijo que para lograrlo, la Secretaría del Trabajo ha puesto especial interés en propiciar la generación de acuerdos en procesos judiciales con acciones como los “Jueves de conciliación” en el tribunal o los “Maratones de conciliación”, en las juntas locales.
Además, explicó, se cuenta con abogados conciliadores en las diferentes mesas y juntas especiales que integran los tribunales, quienes tienen el propósito de mediar e invitar a los involucrados a alcanzar acuerdos que los beneficien.
El secretario invitó a los trabajadores y patrones mexiquenses a dialogar para alcanzar acuerdos que permitan evitar procesos judiciales, así como a priorizar la conciliación, ya que esta vía permite solucionar problemas en cualquier momento, incluso cuando ya hay una demanda en curso.
https://sincroniadiario.com/estatal/justicia-laboral-oportuna-prioridad-del-gem
Estado de México: Sin aplicar cambios en materia laboral
En el limbo
Laura Elena Rivera
La Justicia Laboral está en el limbo, pues aunque la Constitución mandata que en febrero y a más tardar en noviembre de este año los poderes judiciales de los estados y la Federación ser harían cargo de ésta, no se cuenta con las leyes secundarias que lo permitan.
Así lo expresó Javier Medina Peñaloza, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, quien estuvo en esta entidad en el marco del Día del Juzgador, para impartir la conferencia denominada “Los retos de la justicia en México”.
Ante integrantes del Poder Judicial del Estado, indicó que por lo menos el tema de la Justicia Laboral se encuentra en el limbo y con la etapa política que se tiene, se complica la posibilidad que el Congreso de la Unión realice las modificaciones que permitan el cumplimiento de su mandato.
Dadas las condiciones “la reforma a la Constitución en materia laboral, tendrá que esperar, pues no hay leyes secundarias que permitan su implementación”, indicó el también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
De esta manera el Congreso de la Unión ha incurrido en desacato en cuanto a la falta de leyes secundarias en esta materia, aunque “a veces las condiciones impiden la implementación, como sucedió también con la Justicia Oral Penal que tardó ocho años para su aplicación”.
Y así como se mantienen a la espera de las leyes secundarias, también se necesita presupuesto parar hacer frente a la reforma en materia de justicia laboral, tema en el que también se tendrá que trabajar con los congresos estatales.
Medina Peñaloza subrayó que quienes son parte de este sistema, han alzado la voz para que en todas las reformas que es atañen, “seamos escuchados, que nos inviten a las pláticas, con el afán de sumar a las grandes reformas que se plantean y sobre las que el mejor pulso lo pueden tener los jueces”.
En otro orden de ideas, quien también es presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de México, habló sobre lo importante que resulta la aplicación de tecnología en materia judicial, como es el caso del Centro de Telepresencia en la entidad donde está su sede, en donde se han realizado con ese esquema, procesos familiares y mercantiles, cursos de capacitación, presentación de peritajes e inclusive enlaces internacionales.
FRASE
A veces las condiciones impiden la implementación, como sucedió también con la Justicia Oral Penal que tardó ocho años para su aplicación”
Javier Medina Peñaloza
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/sin-aplicar-cambios-en-materia-laboral-1100269.html