Michoacán: Rezago de 10 mil expedientes será abatido antes que desaparezca la JLCA


Rebeca Hernández Marín/Quadratín   | 03 de marzo de 2018
Mich., 3 de marzo de 2018.- El rezago de 10 mil expedientes de juicios labores se abatirá en los cuatro años de plazo para la desaparición de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a partir del próximo 1 de diciembre, cuando el  Poder Judicial se hará cargo de la justicia laboral, afirmó el presidente de ese organismo, Hill Arturo del Río Ramírez.
El funcionario estatal señaló que el elevado número de expedientes en trámite se debe a que la actividad creció, pero no el personal  de la Junta que además sufre de rezago tecnológico, ya que hasta hace poco no contaban con una página web en la que ya se puede consultar el estado de los expedientes.
El tiempo promedio para resolver un juicio laboral lleva entre dos y cuatro años, debido a que las partes presentan muchos incidentes y, a manera de ejemplo, mencionó que hay estados donde los juicios tardan el doble y, a nivel federal, es hasta cuatro veces más dilatado que en la entidad, pero con el nuevo sistema la justicia laboral será más ágil.
En el caso de Michoacán, dijo que el rezago se debe en parte a la carga procesal, pero sobre todo a los juicios de amparo que enfrenta la Junta, precisamente por el retraso en los procesos, lo cual calificó como algo desastroso porque de los 10 mil asuntos en trámite, el 30 por ciento son amparos, lo cual genera mayor dilación.
En entrevista con Quadratín, señaló que de septiembre a noviembre de este 2018 se hará la transición del área colectiva al Centro Nacional de Conciliación , y a partir del 1 de diciembre todo lo nuevo se presentará en los órganos jurisdiccionales, tanto federal como estatal, y será a partir de entonces cuando puedan desahogar los asuntos en trámite.
Del Río Ramírez defendió al personal de la Junta, al que consideró profesional, con 10 y hasta 15 años de experiencia y una edad promedio de 45 años, por lo que dijo que seguramente atenderá las convocatorias a los concursos del Poder Judicial tanto federal como estatal para integrarse a su plantilla o a los centros de conciliación, de los que en principio también habrá dos, uno federal y uno estatal.
Señaló que el personal que se vaya no se resentirá en la Junta porque desde el próximo septiembre harán la transferencia de los asuntos colectivos y la gente que los atiende estará disponible para ir resolviendo los asuntos individuales.
Además, estimó que como los centros de conciliación y los tribunales iniciarán con carga cero no requerirán tanto personal, pero sí cuando vaya aumentando la demanda de justicia laboral, tiempo en que el personal de la Junta puede irse preparando para incorporarse, porque no es fácil encontrar personal especializado.
En la Junta de Conciliación y Arbitraje laboran 160 personas, de las cuales alrededor de 50 son integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe) que seguramente serán reubicados en otras dependencias.

En el supuesto de que no logren colocarse en la nueva estructura de la justicia laboral o en otras dependencias del Ejecutivo estatal, el personal tendrá sus derechos a salvo, indico Del Río Ramírez.

https://www.quadratin.com.mx/principal/rezagoo-10-mil-expedientes-sera-abatido-desaparezca-la-jlca/

Piden sindicatos de México, EU y Canadá priorizar derechoslaborales en TLCAN


Astrid Rivera [ Ciudad de México ]
Al sostener una reunión, sindicatos de los tres países denunciaron que la renegociación del acuerdo comercial se ha conducido con “absoluta discreción”, al dejar de lado la voz de la sociedad civil y sólo considerar los intereses de las grandes corporaciones
Sindicatos de Estados Unidos, México y Canadá demandaron el respeto a los Derechos de los trabajadores en el Tratado de Libre Comercio, sin importar su condición migratoria ante el riesgo de las estrictas políticas de Estados Unidos.
“Estamos convencidos de que cualquier acuerdo comercial se debe basar en el pleno respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y el medio ambiente, la soberanía nacional de cada país y un verdadero desarrollo económico, fortaleciendo las cadenas productivas locales, nacionales y regionales. La solución a la grave crisis que enfrentamos no vendrá de encerrarnos detrás de muros”, expresaron.
Resaltaron que el actual modelo de libre comercio ha precarizado la vida de los trabajadores al profundizar la desigualdad social y entre los tres países, además de que se ha afectado el ejercicio de los derechos humanos de la fuerza laboral, generando la crisis social y económica.
“Alertamos de que la renegociación sirva para establecer un acuerdo aún más lesivo que el actual, y lamentablemente parece que esto será así. Un tema que nos preocupa sobre manera es el respeto a los derechos de los trabajadores, independientemente de su origen o condición migratoria, lo cual se ha visto en peligro debido a las políticas racistas y discriminatorias del gobierno de Estados Unidos”, subrayaron.
Destacaron la necesidad de un nuevo modelo de intercambio para las naciones de América del Norte, en el que se garantice la participación de la sociedad y en el que los acuerdos se tomen de manera transparente; además de establecer mejores condiciones para los trabajadores, mediante legislaciones efectivas que aumenten el poder adquisitivo de los salarios, permita el acceso al pleno empleo con condiciones dignas y que promuevan la libertad y democracia sindical, así como la negociación colectiva auténtica.
Enfatizaron que se requiere impulsar una política industrial que proteja de manera efectiva una producción compartida entre los tres países, aumentando los requisitos cuantitativos para las reglas de origen, fortaleciendo el monitoreo para garantizar el origen nacional norteamericano de componentes en industrias claves.
Las organizaciones sindicales se comprometieron a continuar cooperando de manera conjunta y coordinada, para impulsar un nuevo modelo de cooperación para América del Norte que respete la autonomía de cada organización, pero que integre una agenda de temas transversales para la región.
Durante la reunión las organizaciones gremiales exigieron la discusión de la reforma laboral en México a fin de que esta normativa respete los derechos de los trabajadores y manifestaron su apoyo a los sindicatos del sector público estadounidenses ante la posible decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos para reducir las cuotas sindicales.
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/piden-sindicatos-de-mexico-eu-y-canada-priorizar-derechos-laborales-en-tlcan

IP rechaza que tema salarial frene negociación de TLCAN


El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que hay avances en el capítulo laboral pese a las diferencias sobre incluir o no en el acuerdo ese tema.
LUIS MORENO Y EDUARDO DE LA ROSA
03/03/2018
Las diferencias en torno a si se debe incluir o no el tema salarial en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no ha estancado el avance en el capítulo laboral, afirmó el presidente del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales, Juan Pablo Castañón.
«No se estancó, el capítulo laboral está en la mesa y va avanzando mucho, lo que nos han dicho es que hay avances importantes», subrayó el también presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En entrevista, explicó que los compromisos que México ha puesto sobre la mesa en la modernización laboral es una iniciativa de ley secundaria que han estado depurando entre los tres países y que para México sería «darle pies a la reforma constitucional» en la materia.
«Moderniza, agiliza la justicia laboral, agiliza la conversación laboral entre empresas y trabajadores, exige a que la empresa transfiera tecnológica conocimiento e innovación y se busque capacitación, y productividad para que eso también se refleje en mejores condiciones para los trabajadores», indicó.
En el séptimo día de la séptima ronda de de la modernización del acuerdo sesionaron energía, anexos sectoriales, aduanas y facilitación comercial, pueblos indígenas y telecomunicaciones.
Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá retomaron el diálogo de las reglas de origen del sector automotriz que había quedado pendiente por el retorno a Washington del negociador estadunidense, Jason Berenstein.
No obstante, la sesión se acordó llevarse a cabo de manera virtual, es decir que el negociador estadunidense estaría solamente conectado vía remota desde otro lugar.
También los equipos de trabajo acordaron tener una reunión antes de la octava ronda que se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos, en la primera semana de abril, solamente para avanzar en el tema de las reglas de origen del sector automotor, con el objetivo de llegar con avances más significativos.
En el penúltimo día de la ronda, este domingo, solamente sesionará una mesa de trabajo, la cual es medidas sanitarias y fitosanitarias, capítulo que lleva más de 90 por ciento de avance.
http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-septima-ronda-salarios-capitulo-laboral-reglas-origen_autos_0_1132087030.html

Apoyan aplazar el nuevo sistema de justicia laboral


Se necesita más de un año para la transición: senadores del PAN, PT-Morena y PRD
“Este es el sexenio de grandes leyes que no operan”, expresó el senador Luis Humberto Fernández al apoyar la vacation legis o aplazamiento en la puesta en marcha de juicios orales en materia laboralFoto Luis Humberto González
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 3 de marzo de 2018, p. 13
Senadores del PAN, PT-Morena y PRD coincidieron en señalar que el Congreso debe rectificar su error y dar un plazo de transición mayor para la puesta en marcha del nuevo sistema de impartición de justicia laboral, a fin de que pueda operar con éxito esa reforma que desaparece las juntas de Conciliación y Arbitraje y pasa la resolución de conflictos obrero-patronales al Poder Judicial.
El plazo de un año para la entrada en vigor del nuevo sistema, basado en jueces y tribunales laborales, que los legisladores establecieron en la reforma constitucional de febrero de 2017, no fue suficiente, como quedó demostrado ya, advirtió el senador del PT-Morena Luis Humberto Fernández.
Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, responsable de dictaminar esa ley secundaria sobre justicia laboral, hizo notar que se deben escuchar las voces de magistrados y presidentes de juntas de Conciliación que han insistido en una vacation legis, es decir, en un mayor tiempo para la aplicación del nuevo modelo, ya que ni siquiera se asignaron los recursos necesarios.
El senador Fernández señaló que desafortunadamente “este es el sexenio de grandes leyes que no operan”. Basta ver, dijo, la catástrofe que ha representado el sistema penal acusatorio, debido a las deficiencias en su operación, y lo mismo podría pasar con el modelo laboral.
Por separado, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, coincidió en señalar que ambas cámaras del Congreso deben asumir sus fallos y acordar esa vacation legis, para que haya tiempo suficiente de poner en marcha el instituto de conciliación y el tribunal laboral, permitir que las juntas terminen con el fuerte rezago de juicios que arrastran y capacitar al personal.
Igualmente, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, dijo que no puede pensarse en que una nueva ley podrá operar al 100 por ciento “de golpe y porrazo” y menos una legislación como ésta, “que viene a mover el estado actual de las cosas”.
Sin embargo, comentó que está dispuesto a discutir la necesidad de ampliar los plazos, a fin de que la ley “tenga un aterrizaje óptimo”. Lo importante, recalcó, es que todas las fuerzas políticas en el Senado “estemos en la dis-posición de movernos en una dirección y apostar a que a la brevedad se tomen medidas integrales que conduzcan a un modelo con mejores condiciones para resolver los diferendos entre trabajadores y empresarios”.
El senador Fernández dijo que esa reforma es importante y lo conveniente es dar un tiempo suficiente para que opere y sea en realidad una justicia ágil, expedita, no juicios que tardan cuatro años. Hay que escuchar, insistió, a quienes aplicarán el derecho laboral y expusieron ya los problemas.
A su juicio, hay que ampliar el plazo de un año fijado en la reforma constitucional y “tomar algunas precauciones en la ley reglamentaria. Creo que eso sería lo más efectivo, pero no tiene sentido ampliarlo si no hay una hoja de ruta para dictaminar”.

http://www.jornada.unam.mx/2018/03/03/politica/013n2pol

Reforma laboral suspendida, una oportunidad


Arturo Alcalde Justiniani
La decisión del Senado de diferir la aprobación de la reforma reglamentaria al artículo 123 constitucional es una oportunidad para abrir el debate y transitar por el camino correcto en este capítulo fundamental para el país.
Existen hasta ahora tres iniciativas en la Cámara de Senadores con relación a este tema. La primera, presentada el 7 de diciembre pasado por dos senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tereso Medina (CTM) e Isaías González Cuevas (CROC); esta controvertida propuesta ha generado un rechazo generalizado por diversos motivos, entre ellos, el hecho de que contraviene el texto constitucional que pretende reglamentar, por regresar al control gremial en la administración de justicia y mantener los vicios de la contratación colectiva.
La segunda iniciativa es impulsada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); su contenido es producto de un sólido proceso de participación plural de académicos, especialistas y distintos actores del mundo laboral y fue presentada por el senador Luis Sánchez Juárez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La tercera iniciativa corresponde a la senadora María del Pilar Ortega Martínez del Partido Acción Nacional (PAN); su contenido es hoy objeto de análisis y debate.
La reforma constitucional de febrero de 2017 planteó como objetivos centrales contar con un sistema de justicia eficiente e imparcial y por ello abandona el sistema tripartita que prevalece en las juntas de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, pretende rescatar la negociación colectiva de la simulación y corrupción que caracterizan a los contratos de protección patronal. También busca suprimir la extorsión a empresas por parte de siglas sindicales sin representación real de trabajadores.
En un periodo corto de tiempo, el tema de la reforma laboral ha generado un interés creciente, reflejado en la organización de múltiples foros y pronunciamientos públicos en los que han participado numerosos actores políticos y sociales. En un desplegado publicado en este diario el pasado 26 de febrero, se subrayan los temas que deberán atenderse, destacándose la autonomía en los órganos de impartición de justicia y el respeto al voto secreto. El pronunciamiento tiene especial importancia por la pluralidad de sus firmantes.
La reforma constitucional creó dos nuevos organismos para hacer cumplir los principios del nuevo texto constitucional: uno de carácter federal autónomo, con tareas de conciliación registro de sindicatos y contratos colectivos, y otro con el fin de impulsar la conciliación en los estados.
La propuesta del PRI, apoyada por abogados y líderes beneficiarios del sistema de corrupción gremial, pretende que en el nuevo organismo federal se imponga de nuevo la representación tripartita. Este intento de intromisión cancelaría los fines de la reforma por los siguientes motivos:
Primero, porque no se puede ser juez y parte, peor aún en una realidad como la nuestra, en la que la parcialidad, los intereses creados, la cultura del control, la opacidad y la corrupción han sido los ingredientes esenciales del modelo que la reforma pretende superar.
Segundo, porque el organismo será el receptor de información proporcionada por los trabajadores que pretenden organizarse, cambiar de sindicato o emplazar a huelga, y de su decisión depende la viabilidad práctica de estos procesos. Ningún grupo de trabajadores va a ser tan atrevido como para darle información logística y vulnerable a los representantes de la parte contraria. La experiencia demuestra que la consecuencia inmediata es la represión.
Tercero, porque no es atendible el argumento de que el carácter tripartita del organismo que se propone es similar a otros, como la Organización Internacional del Trabajo o el Seguro Social, porque su naturaleza es totalmente distinta y la función de estos últimos no es aplicar la ley; tampoco es atendible el argumento de que el problema se resuelve limitando en la reglamentación del organismo la injerencia de empresarios y sindicatos. En cualquier lugar que se encuentre la representación gremial influirá en las decisiones de dicho órgano y contará con información que puede afectar a los trabajadores. No es una cuestión de diseño organizativo o simple redacción.
Cuarto, porque en la experiencia internacional no existe un referente similar al órgano de control gremial que pretende la iniciativa del PRI.
A contracorriente, la propuesta impulsada por la UNT plantea que este organismo debe preservar su autonomía, como lo señala el texto constitucional, y propone que su órgano de gobierno incluya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que, por su naturaleza, están vinculados a los fines del organismo. Por su parte, la propuesta panista plantea que también participen especialistas en materia laboral de reconocido prestigio.
En conclusión, preservar la autonomía e imparcialidad de este órgano es un problema de vida o muerte para la reforma. De otra manera carecerían de sentido todos los recursos y esfuerzos implementados en esta tarea.
Para entender la campaña contra Napoleón Gómez Urrutia:
Circunstancialmente, conocí a un abogado que trabaja en un despacho de asesoría y litigio laboral, en el que todo su equipo es financiado por una empresa minera. En nuestro encuentro me comentó: “Nosotros nos dedicamos a presentar demandas y denuncias contra Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato nacional minero; la empresa nos da listas de trabajadores y acudimos a sus domicilios para convencerlos de que demanden al líder, ofreciéndoles nuestros servicios gratuitos y, a cambio de su firma, pueden recibir muchos miles de pesos.
La intención es presionar y desprestigiar a Napoleón, porque la empresa no quiere su regreso a México, pues ha sido demasiado exigente en el cumplimiento de los estándares de seguridad para los mineros y en el reclamo de las prestaciones laborales e incrementos salariales, más allá de lo que se otorga en el mercado laboral. Su confesión confirma los motivos de esta campaña.

http://www.jornada.unam.mx/2018/03/03/opinion/014a1pol

Chihuahua: Iniciativa laboral EPN-Meade 


Sobre Aviso
Candelario González Villa
Presentada en diciembre pasado por los senadores priistas Isaías González Cuevas (CROC) y Tereso Medina (CTM) con el evidente encargo del actual Ejecutivo federal y su candidato presidencial, José Antonio Meade, al día de hoy ni una sola voz se ha alzado apoyando esta propuesta, mal llamada iniciativa.
Ambos senadores fueron desconocidos por sus propias centrales, pero aun así tuvieron la desfachatez de proponer que se aprobara al vapor. Ahora anuncian que intentarán repetirlo este mes en el inicio del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, con la excusa de que la reforma laboral a la Carta Magna planteó el término de un año para reglamentarla.
El contenido de la iniciativa en cuestión se puede resumir en los diez puntos siguientes:

  1. Desaparece los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permite que la responsabilidad de los patrones pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista) con la intención de abaratar el costo de la mano de obra.
  2. Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, al permitir que se haga simplemente comunicando por escrito al trabajador y señalando sus motivos.
  3. Promueve los ajustes y despidos masivos injustificados de trabajadores al liberar al patrón de la obligación vigente de justificar previamente ante la autoridad su causa. Cuando alega el patrón incosteabilidad, quiebra o la decisión de los acreedores de cerrar un centro laboral. Reduce la indemnización en caso de reajuste o separación colectiva, sustituyendo la obligación de pago conforme al salario vigente por una cuantía menor al salario mínimo. La invitación al despido está contenida en los artículos 436 y 439 a bajo costo.
  4. Reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte o incapacidad, sustituyendo la obligación actual de pagar en base al salario que recibía el trabajador por una unidad de medida menor al salario mínimo.
  5. Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva, violando así el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Impone obstáculos jurídicos y prácticos imposibles de cumplir para sindicatos autónomos, fuera del control empresarial. Fortalece así los contratos de protección patronal. La reforma constitucional (reciente) restringe el voto secreto como exigencia previa para la firma del contrato colectivo. Hace imposible el ejercicio de derechos laborales colectivos en la pequeña y mediana empresa.
  6. Hace imposible que los trabajadores puedan cambiar de sindicato por la vía de los juicios de titularidad al imponer requisitos insalvables de “procedibilidad” y “legitimación” que se deben cumplir bajo un tortuoso procedimiento aun antes de iniciar el juicio, con el fin de reprimir a los trabajadores.
  7. Impide el ejercicio del derecho a huelga al imponer requisitos que no podrá cumplir un sindicato auténtico. Hay una cerrazón al acceso a la negociación colectiva para dejar libre la controlada por el patrón, es decir, el outsourcing.
  8. Cancela el carácter autónomo del Instituto de Conciliación y Registro laboral, encargado del registro de sindicatos y depósito de contratos colectivos, al imponerle un esquema de gobierno controlado por la representación, tanto de los sindicatos oficialistas como patronales, regresando así a un sistema corporativo más rígido y discrecional a las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje. Todo el sistema en materia de asociación, contratación colectiva y huelga en este instituto y en los centros de conciliación estatales se convierten en fiscalizadores o jueces administrativos, invadiendo las tareas de los jueces laborales, que son relegados a una función marginal en detrimento del estado de derecho.
  9. Suprime los avances en materia de transparencia sindical contraviniendo la nueva Ley General de Transparencia e Información Pública que obliga a publicitar íntegramente por internet los documentos en poder de la autoridad, así como copia de los mismos a cualquier solicitante. Es decir, todo se reduce a las figuras de “declaraciones públicas” e “índices” con la intención de ocultar información y mantener el sistema de control y corrupción.
  10. En materia procesal, se impone un marco de derecho laboral hueco, regresivo y violatorio de los derechos humanos. El daño no solamente es en perjuicio de los trabajadores, sino a la sociedad en su conjunto, incluyendo a los empresarios.

Con esta propuesta, nos damos cuenta que el Estado como garante de justicia y seguridad de la clase trabajadora y de la sociedad en general, incumplió todas las reglas del Derecho y hace su entrega a los intereses de la iniciativa privada, es decir, la élite que se adueñó de la agenda nacional para satisfacer su voracidad y su ínfima calidad humana.
(*Con la participación de Arturo Alcalde Justiniani, licenciado en Derecho y académico en Derecho Laboral de la UNAM)

http://www.juarezhoy.com.mx/index.php/perspectiva/item/33121-iniciativa-laboral-epn-meade

Aguascalientes: PJE no asumirá la justicia laboral


El Poder Judicial del Estado, no recibirá las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ni abrirá juzgados en materia laboral a falta de leyes secundarias que siguen atoradas en el Congreso de la Unión, advirtió su presidente Juan Manuel Ponce Sánchez.
“por su parte, las propias juntas se encuentran en aprietos, pues en pleno proceso de disolución se encuentran ahora en un escenario de incertidumbre obligadas a sacar adelante un rezago de miles de expedientes y a la vez recibir los asuntos nuevos, sin contar con todos los elementos para ello”, agregó.
En entrevista, el magistrado presidente lamentó que a falta de trabajo legislativo, en éste momento se esté incumpliendo un mandato constitucional que además trae incertidumbre en el ámbito de la impartición de justicia.
Recordó que tras la reforma constitucional que tuvo como objeto crear un nuevo modelo de justicia laboral que fuera eficiente y ágil, hubo el compromiso de legisladores federales de emitir leyes reglamentarias, reformas y adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo para concretar el proyecto.
El término era el 25 de febrero de este año y ahora estamos iniciando marzo sin tener certidumbre en el tema, por lo que ambas partes “estamos con las manos atadas y sólo nos queda esperar”.
Eso implica que el Poder Judicial del Estado no haya podido hasta el momento iniciar el proceso de selección y capacitación de personal que requerirá para atender desde el ámbito jurisdiccional la impartición de justicia en materia de trabajo.
Tampoco se han podido iniciar los trámites para generar la nueva infraestructura que sea necesaria, porwue mintras no se cuente con la base legal sobre cómo va a operar el nuevo sistema y sobre todo cuáles son los conocimientos que deben tener los nuevos operadores, “no podemos hacer nada”.

http://www.heraldo.mx/pje-no-asumira-la-justicia-laboral/

San Luis Potosí: Espera que Reforma Laboral esté lista para este periodo legislativo


El congreso dejó sin recursos la reforma de justicia cotidiana aprobada por el Senado y la CdMx necesitarán al menos 1200 mdp para ponerla en marcha y atender los 70 mil asuntos que reciben al año.
2018/03/01 11:59 Angélica Mercado
El Congreso de la Unión no sólo incumplió los plazos para aprobar la ley reglamentaria a la reforma constitucional que elimina las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que los litigios laborales pasen al poder judicial, sino que dejó sin recursos su implementación.
La presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje capitalina, Margarita Rojas Olvera, dijo que si el Senado aprueba una ley reglamentaria, pero no hay presupuesto para implementarla no funcionará.
Rojas Olvera estimó que sólo para la Ciudad de México se necesitarán al menos mil 200 millones de
pesos para operar una reforma con la que se pretendía agilizar la justicia laboral.
«Nosotros estamos hablando de un aproximado de mil 200 millones de pesos para su implementación», destacó en el seminario «El Nuevo Sistema Laboral en México», realizado en el Senado.
Rojas Olvera explicó que la CdMx recibe un promedio de 38 mil demandas laborales anuales y alrededor de 45 mil convenios fuera de juicio al año, lo que equivale a más de 70 mil asuntos que requerirían una estructura para atenderlos.
En el foro convocado por el PRD, la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Margarita Rojas reveló que no se podrá echar a andar la reforma aprobada el año pasado por el Congreso porque contemplaron en el presupuesto los recursos para instrumentarla.
Margarita Rojas Olvera dijo que han solicitado que hagan una valoración en todos los estados, para saber que recursos necesitan tenerlos ir dándoles la implementación.
«Por eso nosotros insistimos que se requiere una vacatio legis (período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor) para que la implementación de la nueva impartición de justicia laboral se vaya dando gradualmente, considerando que este año electoral y una buena parte del presupuesto se destinan a ese fin, a la atención de las elecciones y no hubo presupuesto adicional para la justicia laboral», dijo.
La magistrada María del Rosario Jiménez Moles dijo que existe un rezago de 1 millón de expedientes en todo el país y cada caso cuesta, en promedio, 80 mil pesos, por lo que solicitó una «vacatio legis» de hasta 5 años para procesar la transición de este nuevo sistema.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, pidió que el PRI reconozca esta situación y acepte abrir un plazo mayor para la entrada en vigor de la reforma porque el tiempo fijado por el Congreso ha sido insuficiente.

http://amp.milenio.com/politica/justicia-laboral-senado-juntas-conciliacion-arbitraje-senado-reforma-laboral_0_1130887067.html?__twitter_impression=true

Jalisco está a media tabla en solución de conflictos laborales


El congreso dejó sin recursos la reforma de justicia cotidiana aprobada por el Senado y la CdMx necesitarán al menos 1200 mdp para ponerla en marcha y atender los 70 mil asuntos que reciben al año.
2018/03/01 11:59 Angélica Mercado
El Congreso de la Unión no sólo incumplió los plazos para aprobar la ley reglamentaria a la reforma constitucional que elimina las Juntas de Conciliación y Arbitraje para que los litigios laborales pasen al poder judicial, sino que dejó sin recursos su implementación.
La presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje capitalina, Margarita Rojas Olvera, dijo que si el Senado aprueba una ley reglamentaria, pero no hay presupuesto para implementarla no funcionará.
Rojas Olvera estimó que sólo para la Ciudad de México se necesitarán al menos mil 200 millones de
pesos para operar una reforma con la que se pretendía agilizar la justicia laboral.
«Nosotros estamos hablando de un aproximado de mil 200 millones de pesos para su implementación», destacó en el seminario «El Nuevo Sistema Laboral en México», realizado en el Senado.
Rojas Olvera explicó que la CdMx recibe un promedio de 38 mil demandas laborales anuales y alrededor de 45 mil convenios fuera de juicio al año, lo que equivale a más de 70 mil asuntos que requerirían una estructura para atenderlos.
En el foro convocado por el PRD, la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Margarita Rojas reveló que no se podrá echar a andar la reforma aprobada el año pasado por el Congreso porque contemplaron en el presupuesto los recursos para instrumentarla.
Margarita Rojas Olvera dijo que han solicitado que hagan una valoración en todos los estados, para saber que recursos necesitan tenerlos ir dándoles la implementación.
«Por eso nosotros insistimos que se requiere una vacatio legis (período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor) para que la implementación de la nueva impartición de justicia laboral se vaya dando gradualmente, considerando que este año electoral y una buena parte del presupuesto se destinan a ese fin, a la atención de las elecciones y no hubo presupuesto adicional para la justicia laboral», dijo.
La magistrada María del Rosario Jiménez Moles dijo que existe un rezago de 1 millón de expedientes en todo el país y cada caso cuesta, en promedio, 80 mil pesos, por lo que solicitó una «vacatio legis» de hasta 5 años para procesar la transición de este nuevo sistema.
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, pidió que el PRI reconozca esta situación y acepte abrir un plazo mayor para la entrada en vigor de la reforma porque el tiempo fijado por el Congreso ha sido insuficiente.

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Jalisco está a media tabla en solución de conflictos laborales


En 2017, en Jalisco se presentaron 24 mil demandas, pero apenas se resolvió la mitad: 12 mil 303
El Informador
2 de Marzo de 2018 – 04:18 hs
Tras cuatro años de laborar como empleada doméstica, Victoria fue despedida sin explicación en julio de 2014. Buscó un abogado y demandó por despido injustificado ante la Junta de Conciliación Arbitraje, pero el juicio continúa atorado.
Según datos del Inegi en el 2016 (último estudio), Jalisco es segundo lugar nacional en conflictos laborales individuales con 23 mil 555, sólo superado por la Ciudad de México, con 31 mil 373 juicios registrados.
El problema en Jalisco es que está a media tabla en resolución de casos. Si en 2016 se presentaron 23 mil 555 demandas, sólo se resolvieron 14 mil 767 (62.6%). En Nuevo León, por ejemplo, se documentaron 15 mil 582 y se resolvieron 16 mil 181 (103.8%).
Mientras en Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí, entre otros, presentan una mayor eficiencia en este tema, en Jalisco las cosas empeoran: en 2017 se presentaron 24 mil demandas y apenas se resolvió la mitad: 12 mil 303.
Concentra el sector comercio la mayoría de conflictos laborales
En Jalisco, los principales demandantes forman parte del sector comercio, mientras en la Ciudad de México encabeza el sector de servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación. EL INFORMADOR/Archivo
Alejandra trabajaba dentro de un bar ubicado en la colonia Moderna, pero debido a que las ganancias ya no eran las mismas, liquidaron a todo su personal en noviembre de 2014. A ella le permitieron trabajar para otro de los negocios del corporativo; sin embargo, en el transcurso de los días le pidieron que firmara su renuncia, pero se negó. Al día siguiente le prohibieron la entrada al establecimiento.
Luego acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Jalisco, pero el representante de la empresa la desconoció, a pesar de que Alejandra contaba con las pruebas suficientes que acreditaban que sí había laborado. Hasta la fecha, el caso no se resuelve.
En Jalisco, el mayor número de conflictos presentados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje está relacionado con actividades del sector comercio, de acuerdo con las últimas Estadísticas sobre Relaciones Laborales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De los 23 mil 555 conflictos individuales de trabajo registrados en 2016, por ejemplo, el 22.8% corresponde al rubro del comercio, mientras que el 17.6 está relacionado con el servicio de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, en los que se incluyen actividades de apoyo a la administración de negocios, vigilancia y seguridad, limpieza de inmuebles y organización de viajes, entre otros.
En el tercer puesto se ubica las industrias manufacturera, con un 12.4 por ciento del total de casos presentados.
Lo anterior se debe, en gran medida, a que el comercio ocupa el primer lugar de las actividades económica del Estado, seguido de los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, mientras que la construcción ocupa el tercer puesto de estas actividades, de acuerdo con los últimos indicadores presentados por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).
Sobre la resolución de conflictos por actividad económica, con un 82.2 por ciento de casos concluidos, el rubro de los servicios financieros y de seguros es uno de los que presentó el mayor porcentaje de resolución, seguido de los servicios profesionales, científicos y técnicos, con el 81.6 por ciento, y del el ámbito de la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, con un 75 por ciento de la resolución.
CLAVES
Radiografía
Rezago. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo en Jalisco, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje funciona con la mitad del personal que debería tener, de acuerdo con los reportes de productividad del año pasado.
Meritorios. En la Junta Local laboran 401 personas, pero 60 trabajan sin sueldo o como aprendices. Durante el 2017 recibieron un promedio de dos mil 042 juicios por mes, y resolvieron mil 025. Es decir, 2.5 por cada trabajador.
Refuerzo. La nueva administración de la Secretaría del Trabajo apuesta por reforzar la conciliación, particularmente en las Juntas especiales 13, 16 y 17: las de mayor carga en asuntos laborales. Los trabajadores buscarán acuerdos rápidos y cordiales.
Universidades. Dado que no hay presupuesto para contratar a más personal, se buscará acuerdos con las carreras de derecho para que los estudiantes presten su servicio social en las juntas, y así se pueda reducir el rezago de juicios.
Meta. Con las nuevas estrategias, la Secretaría del Trabajo prevé que al menos se realizarán cinco conciliaciones por día, lo que significa 14 mil 400 juicios laborales menos por año.
Comparativo 
Según los Estados con mayor densidad demográfica, el Estado de México también tiene el mayor número de conflictos laborales presentados en torno al comercio, al igual que Veracruz, Puebla, Guanajuato y Chiapas. Por otra parte, la Ciudad de México lidera en servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, mientras Nuevo León encabeza las industrias manufactureras.
Eficiencia en resolución de juicios laborales

Estado Presentados Resueltos Porcentaje de resolución entre casos presentados y resueltos
Tlaxcala 738 840 113.8
Nuevo León 15,582 16,181 103.8
Colima 1,028 971 94.4
Aguascalientes 3,747 3,303 88.1
México 14,065 11,496 81.7
     
Jalisco 23,555 14,767 62.6
Nacional 232,225 143,837 61.9
     
Nayarit 1,480 614 41.4
Baja California 8,220 2,304 28.2
Campeche 1,748 467 26.7

En demandas colectivas, Jalisco es séptimo lugar
De acuerdo con las últimas Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local, durante 2016, Jalisco se ubicó en el séptimo puesto en la presentación de demandas colectivas a nivel nacional, con 22 conflictos de este tipo.
En el primer lugar resultó la Ciudad de México, con 414 casos, el segundo sitio fue ocupado por el Estado de México, con 147 demandas.
A nivel nacional, el sindicato que más conflictos colectivos presentó en 2016 fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM), con un total de 195 casos, seguido por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, con 23, y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), con 12.
Aunque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social señala que las huelgas en Jalisco han sido nulas, según las estadísticas del Inegi, durante 2016 el Estado tuvo siete estallamientos de huelga.
“Hay que recordar que Jalisco ha logrado acordar que no se den las huelgas, tenemos que buscar mecanismos que permitan que Jalisco siga en paz en este sentido”, dijo el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo, Luis Carlos Nájera, quien apunta que durante su gestión buscará promover las acciones necesarias para que Jalisco continúe en la misma línea, entre las que se encuentra la búsqueda de contratos colectivos, en acuerdo con los empresarios y sindicatos patronales. “Esto es muy importante para incentivar a las personas que están produciendo más para nuestro Estado”.
Juicios colectivos

Estado Demandas colectivas Estalladas Emplazadas a huelga Emplazados a huelga solucionados
Ciudad de México 414 1 1,796 1,317
Estado de México 147 4,635 4,225 0
Colima 75 1 235 194
Guerrero 97 198 164 0
Baja California 27 2,032 613 0
Nuevo León 26 572 574 0
Jalisco 22 7 3,957 2,407

El sindicato que más conflictos colectivos presentó en 2016 fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM). NOTIMEX/Archivo
LA VOZ DE LOS EXPERTOS
“Más política”
Emanuel Ibarra (profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana)
Hubo más política mediática detrás de la confrontación pública de la Secretaría del Trabajo contra los abogados conocidos como “talibanes”, que un fin jurídico. En la opinión del experto, la primera prueba de ello es que hay juicios ganados por parte de los trabajadores, en los que los litigantes sólo hicieron uso de las herramientas que les permite el Estado.
“Con todos los vicios y particularidades, los abogados fueron a un juicio y lo ganaron. La razón se les dio por todas las instancias a los trabajadores y se van a tener que pagar… por más ruido mediático que se hizo”.
Apunta que el origen de estos problemas que sufren las empresas está en la legislación, pues “permite muchos abusos”. Y lo peor es que la reforma en justicia laboral, tan aplaudida hace un año porque supone un cambio en este sentido, continúa estancada (las Juntas pasarán al Poder Judicial).
“No sabemos cómo se va a aplicar, no hay una legislación secundaria aprobada para implementarla (…) El paso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial se veía como una solución posible a los vicios de la justicia laboral, y por lo menos de la iniciativa presentada en diciembre, parece que las juntas (locales) se quedan con los juicios que ya tienen, hasta que se pase a los nuevos juzgados y empezarán de cero”.
Otro problema que se advierte es que desde el Poder Judicial tampoco hay claridad sobre los perfiles de quienes se dará seguimiento a los nuevos juicios laborales. Y, además, tampoco se sabe si contará con personal suficiente.
Por lo que ve al desempeño de los secretarios del Trabajo de la administración estatal en curso, opina que todos “hicieron lo que han podido con lo que tienen”, pues al final lograron mantener la estabilidad laboral y evitar huelgas… pero la profesionalización de la justicia laboral sí es un pendiente que puede resolverse, aún con sus vicios, con la transición al Poder Judicial en Jalisco.
“Ayuda el quitarle a la justicia laboral este ‘cordón umbilical’ que permite estos vaivenes y estar sujeto a intereses políticos. Ayuda y es un primer paso importante. Ojalá la legislación que viene sea suficiente para cambiar los problemas”.
“La Junta está desatendida”
Rosendo Fregoso Castro (titular de Derecho Laboral en la División de Estudios Jurídicos del CUCSH)
Aunque se han hecho esfuerzos para mejorarla, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha sido presupuestalmente desatendida. Allí estriba la falla en la impartición de justicia laboral.
En la opinión del experto, se ha fallado también en la contratación del personal necesario y, sobre todo, bien capacitado.
Es por eso que los tiempos de ley para el desahogo no se cumplen y se ofrecen más garantías a los trabajadores bien asesorados para ganar los juicios.
Ni en la labor legislativa se avanzó. Aunque el Código Penal fue modificado para evitar la incursión de fraudes en los juicios, los abogados bien preparados saben sortear obstáculos para evitarse problemas legales. ¿Su estrategia? Ni siquiera figurar en los documentos.
“Presento la demanda y, al hacerlo, también p+resento mi amparo. Pero ellos nunca firman las demandas como apoderados; es el trabajador”.
Esa es una de las principales razones por las que hasta el momento, afirma, no se ha procesado penalmente a ningún abogado de los que conforman el grupo conocido como “talibanes”.
Afirma que para modificar esa realidad, desde el Poder Legislativo se deben establecer capítulos especiales para el abogado, el patrón y los trabajadores que equilibren las cargas procesales. “Cuando el legislador dé equilibrio y paridad procesal en la ley, ese día se van a acabar (los fraudes) porque va a ser conforme a la norma lo que se va a resolver, y las cargas probatorias están en igualdad de circunstancias”.
Concluye que el rubro de justicia laboral no registra grandes avances. “Siento que quien debería estar al frente de la Secretaría del Trabajo no nada más debe tener conocimiento de la administración pública, sino ser un especialista en la materia. El gobernador tiene su derecho de decidir a quién coloca, pero lo mínimo es respetar el perfil que la Ley Federal establece”.
Nájera continuará la batalla contra los abogados “talibanes”
Luis Carlos Nájera, secretario del Trabajo, afirma que continuará en la estrategia para evitar que más empresas desaparezcan por causa de estos litigantes. EL INFORMADOR/Archivo
Aunque las prácticas de los abogados conocidos como “talibanes” han sido contenidas gracias a dos reformas aprobadas en 2012 y 2015, éstas no han sido erradicadas del todo. Y el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luis Carlos Nájera, afirma que continuará en la estrategia para evitar que más empresas desaparezcan por causa de estos litigantes.
Los “talibanes” son un grupo identificado de abogados cuya estrategia consiste en asesorar a trabajadores que demandan a la empresa en la que solían trabajar, y aprovechándose de vacíos legales interponen juicios fraudulentos en los que disparan las cifras de salarios y generan afectaciones millonarias. Ante esto, el Código Penal ya establece sanciones para quienes simulen o den datos falsos durante un juicio. También está el hecho de que ahora sólo se permite pagar un año de salarios caídos. El problema está en que ninguna ley es retroactiva y aún hay juicios de estos personajes discutiéndose.  “Todos los juicios anteriores a 2012 se rigen por las leyes anteriores y no podemos aplicarla en forma retroactiva. Incluso, si hay un juicio posterior pero que puede irse a un recurso legal y aducir que el contrato lo tenían antes de 2012, pueden operar con las leyes anteriores”.
Luis Carlos Nájera afirma que ninguno de sus predecesores en la dependencia dejó el tema de lado, pero aún con ello, los abogados “talibanes” siguen operando. Esto sucede aún porque “muchos” de los expedientes rezagados son manejados por ese grupo.
“Es un tema que está latente y que estamos trabajando. Estoy consciente que todos los secretarios que me precedieron han estado trabajando con esto, por eso sería falso decir que ya se acabó este problema. Estos abogados tienen muchos juicios en muchas Juntas y buscaremos traerlos a la realidad, porque hay laudos que acabarían con empresas completas y lo que no queremos es perder fuentes de empleo para Jalisco”.
Esos rezagos son un problema que, dice, no busca heredar al Poder Judicial una vez que la Junta quede bajo su tutela. Y por eso, una de las tareas prioritarias para lo que resta de la administración de Aristóteles Sandoval será reducir el porcentaje.
Para ello, el cuarto secretario del Trabajo en la presente administración ha encontrado una “alternativa”. Aunque no hay presupuesto para contratar más personal, platicará con rectores de universidades a fin de que éstas permitan apoyar en el desahogo de juicios a sus alumnos de la carrera de Derecho. La otra es reactivar un área “subutilizada” de la Secretaría: la de Conciliadores.
“Estamos buscando dos alternativas: acercarnos con universidades y traer prestadores de servicio, que es una forma gratuita de tener gente con un perfil y capacidad. Y dos: ayudar a trabajar con un área que tenemos aquí dentro de la Secretaría, que es el área de conciliadores”.
Reforzarán tres Juntas
Luis Carlos Nájera recuerda que la actividad en las Juntas 13, 16 y 17, que son las que registran mayores rezagos, serán reforzadas de manera prioritaria, y deja en claro que la razón por la que no se contratará a más gente es por presupuesto. “La cobija no alcanza”.
La eterna lucha
En agosto de 2015, la Coparmex, la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo de Cámaras Industriales se unieron en bloque para exigir al Congreso del Estado que aprobara la reforma al Código Penal del Estado, a fin de evitar fraudes en los juicios laborales y sancionar con hasta seis años de prisión a los abogados que mintieran en su desarrollo.
La llamada “Ley Antitalibanes” fue aprobada el mismo mes. El Código Penal quedó modificado, pero dos años y medio después los problemas con estas organizaciones de abogados aún persisten.
En 2013, el Congreso discutía una ley para sancionar a servidores públicos que no resolvieran a tiempo los juicios laborales, y a los abogados que recurren a las argucias para retrasarlos. Entonces, la pena a avalar era de uno a tres años y entre 100 y 300 días de salario mínimo. La Secretaría del Trabajo, que encabezaba Eduardo Almaguer, acumulaba 25 denuncias interpuestas ante la Fiscalía por juicios laborales irregulares. En todos participaban los “talibanes”.
El combate a estos grupos de abogados le significó al entonces secretario del Trabajo un incremento en su seguridad personal, pues denunció haber recibido amenazas de éstos. Una semana antes de convertirse en fiscal general, dijo que la Fiscalía (representada en esas fechas por Luis Carlos Nájera) no había integrado todas las averiguaciones previas para encarcelarlos, y que además ellos se habían amparado para evitar cualquier represalia. Esa argucia les ha evitado ser detenidos.
Impactos millonarios

  • En el arranque de la administración se denunció la operación de los “talibanes” en la Junta Local, quienes habían ganado millonarias demandas con declaraciones falsas o actos fraudulentos.
  • La Secretaría del Trabajo reveló en 2013 que 66 “talibanes” representaban tres mil juicios con este tipo de irregularidades.

En 2014, ocho grupos acumulan ocho mil 538 juicios.
TELÓN DE FONDO
Los retos
En la primera entrevista que concedió como secretario del Trabajo de Jalisco, Luis Carlos Nájera confirmó que incrementar los salarios de los trabajadores de Jalisco, en conjunto con los patrones, y proteger sus derechos laborales, serán los objetivos a cumplir. “Buscaremos con los empleadores mejorar el salario de los trabajadores y, en ese tenor, haremos nuestro mejor esfuerzo”.
El reto es enorme: al cuarto trimestre del 2017, el 63.15% de la población ocupada, es decir, poco más de dos millones 300 mil jaliscienses, ganan tres salarios mínimos diarios o menos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), por lo que el reto de Nájera es importante.
Las cúpulas empresariales respaldaron el nombramiento de Luis Carlos Nájera. Para la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, Jalisco ha sido una de las Entidades federativas que más han creado empleos en los últimos meses, alcanzando cifras récorda por lo que exhortan al recién nombrado secretario del Trabajo a seguir con las mejoras en lo que resta de la administración.
Por su parte, la Coparmex en Jalisco le recordó al nuevo titular los retos pendientes en materia laboral: como mantener la paz y estabilidad laboral, garantizar las condiciones para el fomento al empleo, acelerar el proceso de representantes de las juntas, ejercer el presupuesto de manera responsable, así como el combate a los abusos en materia de inspección al sector empresarial.
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