Guanajuato: Donan municipios terrenos para Tribunal Laboral

LOCAL
2018-11-06 19:33:27 | YAJAIRA GASCA | GUANAJUATO, GUANAJUATO.
El Estado ya se prepara para la creación de un Tribunal Laboral, donde se pretende mejorar la justicia laboral.
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La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Claudia Barrera Rangel. Foto: Yajaira Gasca.
Aunque a nivel federal aún no se emiten las leyes secundaria en materia de justicia laboral, el Poder Judicial del Estado ya gestionó con varios municipios la donación de terrenos para destinarlos a este fin, aseguró la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Claudia Barrera Rangel.
La magistrada detalló que en la Capital, el Poder Judicial ya contaba con un terreno en donde se contempla que se establecerá el Tribunal Laboral y además cuentan con predios donados en los municipios de San Miguel de Allende, Celaya, Irapuato y en León, donde se contempla construir tribunales orales en materia laboral; en este último se trata de un predio de seis mil metros cuadrados.
“Tuvimos acercamiento con el municipio de León, hubo sensibilidad con todo el Ayuntamiento y logramos la donación de un terreno de forma conjunta con la defensoría pública. Aproximadamente son 6 mil metros cuadrados, pero vamos a compartir con la Defensoría Pública el área de estacionamiento”, señaló.
Incertidumbre
Barrera Rangel dio estos detalles al concluir la presentación del nuevo sistema de búsqueda “jurisprudencia a estatal a tu alcance”, que dijo será una herramienta para consulta de jurisprudencias por año, materia, tema e incluso por palabras.
Reconoció que por ahora, el Poder Judicial se encuentra en incertidumbre pues a nivel federal aún no se emitan las leyes secundarias que permitirán conocer la operatividad del sistema laboral a nivel local. Dijo en cuanto se apruebe la ley secundaria, deberán cumplir.
Nueva responsabilidad
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado aseguró que de este modo se ha venido preparando el Estado para que tenga que asumir la nueva responsabilidad que se prevé surgirá en forma intempestiva con la publicación de las leyes secundarias.
“Nos estamos preparando, primero se conformó una comisión integrada por la presidencia del Supremo Tribunal, señores consejeros, señores magistrados de los dos semiplenos: plenos, civil, un experto en materia laboral para que nos pueda orientarnos en los procedimientos, nuestra área de tecnología”, subrayó.
Además dijo que se contempla comenzar pláticas con el Congreso del Estado para que en al asignación de presupuesto se contemplen mayores recursos para la aplicación de la justicia laboral desde capacitación, infraestructura y diseño de proyectos. 
Asimismo, apuntó que en materia presupuestal se prepara un proyecto con un aumento de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Poder Legislativo, esto es de 4% y entre los proyectos de relevancia se considera acciones de fortalecimiento para el sistema de oralidad penal y además la mejora de servicios en materia familiar y mercantil.

https://www.am.com.mx/2018/11/06/local/guanajuato-supremo-tribunal-de-justicia-poder-judicial-justicia-laboral-tribunal-laboral-defensoria-publica-525150

Ver también:
Se tienen ya 5 terrenos para  edificar tribunales laborales
7 noviembre, 2018
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Foto: Archivo
El PJ está a la espera de que se concreten las reformas a las leyes secundarias en la materia
Catalina Reyes
Guanajuato.- El Poder Judicial (PJ) del estado ya cuenta con cinco terrenos, de los cuales tres fueron donados por municipios, para construir tribunales laborales y estén listos para cuando a las cámaras federales aprueben  las reformas secundarias en la materia laboral, informó Claudia Barrera Rangel, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).
Detalló que los ayuntamientos de León, Irapuato, San Miguel de Allende y Celaya donaron, cada uno, un terreno, además que en el municipio de Guanajuato el PJ ya contaba con un predio cerca de los juzgados federales, en la comunidad de Puentecillas.
En entrevista, la magistrada presidenta del PJ aclaró que en el terreno de León se compartirá el estacionamiento con la Defensoría Pública.
Recordó que “estamos en una incertidumbre legislativa”, porque a pesar de que el año pasado se aprobaron las reformas a la Constitución federal para transferir la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, todavía no se han aprobado las reformas a las leyes secundarias, que permitan establecer todos los detalles sobre la manera en que se llevarán a cabo los juicios laborales.
También mencionó, como lo dio a conocer correo el año pasado, que dentro del Poder Judicial se conformó una comisión integrada por consejeros, magistrados  y el área de tecnología para hacer los preparativos y, en su momento construir, las sedes de esos juzgados.

https://periodicocorreo.com.mx/se-tienen-ya-5-terrenos-para-edificar-tribunales-laborales/

Junta local pide acceso a justicia en discusión de reforma laboral 


NOTIMEX 05.11.2018 
La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Darlene Rojas Olvera, llamó a los legisladores federales a tomar en cuenta propuestas que garanticen el acceso a la justicia del trabajo en la discusión de las leyes secundarias de la reforma laboral, aprobada en 2017. 
Al presentar su sexto informe de labores ante este tribunal y el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, afirmó que el organismo a su cargo ha presentado propuestas concretas respecto a que la regulación incluya presupuesto suficiente para su implementación. 
Asimismo, para que considere un periodo de transición congruente con la carga de trabajo que tienen las Juntas de Conciliación en todo el país y la protección e impulso del derecho colectivo del trabajo, entre otros. 
Rojas Olvera expresó su preocupación de que ante la premura propiciada por compromisos internacionales, las leyes secundarias de la reforma laboral estén lejos de satisfacer las necesidades del país en la materia. 
“Nos preocupa que la reforma se convierta en una legitimación del desconocimiento de la justicia laboral, justicia que es el pilar de la paz social y del equilibrio entre los factores de la producción, que hoy debemos tutelar decididamente”, dijo. 
La funcionaria consideró que «cimentar una reforma en materia de justicia social o apurarla» por los compromisos adoptados en el capítulo 23 del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) , podría implicar falta de atención a los problemas nacionales. 
En ese sentido, puso a disposición de legisladores locales y federales, también presentes, la experiencia y resultados de decenas de foros y mesas de trabajo realizados por este tribunal laboral, a fin de agilizar y aportar a la regulación de la reforma constitucional. 
“Necesitamos Centros de Conciliación que concilien, instituciones que garanticen la representatividad de los trabajadores y procesos laborales que no permitan más simulaciones”, puntualizó.

https://www.20minutos.com.mx/noticia/440996/0/junta-local-pide-acceso-a-justicia-en-discusion-de-reforma-laboral/

 
Ver también:

Conciliación y Arbitraje advierte sobre reforma laboral apresurada por T-MEC

Darlene Rojas, presidenta de la JLCA, considera que apresurar la aprobación de reforma laboral podría derivar en que ésta no busque consensos con todos los sectores.
ZENYAZEN FLORES @ElFinanciero_Mx05/11/2018
Por cumplir con los compromisos adquiridos en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se corre el riesgo de apresurar la aprobación de una reforma laboral que no resuelva los problemas de impartición de justicia laboral, advirtió este lunes Darlene Rojas, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCACDMX).
Durante la presentación de su Sexto Informe de Gobierno, señaló que lo positivo del T-MEC es que obliga a México a garantizar el tema de la representatividad de los trabajadores en los sindicatos y contratos colectivo de trabajo, a fin de abatir los contratos de protección patronal.
Sin embargo, sostuvo que uno de los grandes obstáculos para la reforma laboral es el tiempo tan limitado que se dará para discutir la reforma en el Congreso, pues se tendría menos de dos meses para su discusión y aprobación si se quiere cumplir el plazo del T-MEC.
«Existe el riesgo de una imposición de la reforma, es decir, que por los tiempos cortos salga de esta iniciativa sin buscar los consensos con todos los sectores de la producción, algo que se debería privilegiar pues se deben dar espacios para el diálogo», expuso Rojas.
El T-MEC emplazó a México a aprobar las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, que entró en vigor el 24 de febrero de 2017, antes de que concluya el 2018.
Específicamente, el Capítulo Laboral incluyó un anexo sobre la representación de trabajadores en las negociaciones colectivas entre empresas y sindicatos, que obliga a México a reconocer ese derecho, y le fija un plazo, el cual incluso podría retrasar la vigencia del acuerdo comercial.
Sobre el problema de la representatividad de los trabajadores en sindicatos y contratos, Rojas dijo que la JLCA ha tomado medidas para el registro de contratos, esto independientemente de la reforma laboral.
En presencia del jefe de gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, Rojas indicó que en 2014 se tomaron medidas para archivar más de 40 mil supuestos contratos por no encontrarse activos, es decir, por no haberse revisado dentro de largos periodos.
«Esto nos llevó a presumir que los salarios ya no eran aplicables al no haber sido actualizados en un periodo de seis años atrás», expuso.
A pesar de ello, de noviembre de 2017 a septiembre de 2018 fueron depositados 6 mil 762 contratos colectivos, lo que sumado a los registrados previamente resulta en un total de casi 60 mil contratos depositados, 20 mil menos que los reportados en 2013.
La presidenta de la JLCA, la más grande del país por la carga laboral, consideró que el principal reto para la siguiente administración será la implementación de la reforma laboral, sobre todo en un contexto de austeridad que podría limitar los recursos a diversos entes de gobierno.
«Vamos a cerrar con 90 mil expedientes, esto significa que si queremos abatirla en un periodo corto de tiempo se requerirá mayor personal e inversión para abatirlo en los tiempos que se establezcan en los artículos transitorios de la reforma laboral», apuntó.

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/conciliacion-y-arbitraje-advierte-sobre-reforma-laboral-apresurada-por-t-mec

Velará Secretaria de Trabajo recuentos sindicales en Monclova


Abel Rodas Ramírez 
Sábado 27 de octubre de 2018
Monclova, Coahuila. – El secretario de trabajo y previsión social en el Estado Román Cepeda González, reafirmó que la autoridad laboral será respetuosa del proselitismo que haga el Sindicato Minero para recuentos sindicales, siempre y cuando cumplan y respeten la ley.
Esto luego que el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia asesora a grupos de trabajadores de varias empresas, entre estas Maxion Inmagusa y seguramente a otras de la región, por lo que señaló el secretario de trabajo que son temas obreros patronales y serán los trabajadores quienes decidan por el sindicato que mejor los represente.
Dijo que cualquier sindicato que represente bien a los trabajadores y generen estabilidad laboral en Coahuila será procurado independientemente de la filiación política que represente.

Puede leer también: Obtiene dos amparos sindicato minero de Napoleón contra sindicato de AHMSA

En caso de que se generen conflictos se actuarían conforme a derecho, por lo que consideró es mejor que vengan únicamente los sindicatos que busquen estabilidad laboral, crecimiento, desarrollo, equilibrio y competitividad.
Dijo desconocer en cuantas empresas busca el sindicato minero para representar el contrato colectivo de sus obreros, ya que esas pláticas son solo entre representantes sindicales y la parte obrera. 

https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/velara-secretaria-de-trabajo-recuentos-sindicales-en-monclova?fbclid=IwAR1rT5nkoQVIOpwDDl8vY09UgzEVI28knbyAVuxYEyLoXeMCKKT1rRU-YfE

 

Disminuye Tribunal de Conciliación y Arbitraje en más de 60% demandas recibidas para 2018

Se han recuperado más de 263 millones 745 mil pesos para los trabajadores.

Toluca, Estado de México. Con el propósito de dar resolución jurídica y certidumbre a la impartición de justicia laboral burocrática, durante el último año, en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México se implementaron una serie de estrategias encaminadas a mejorar el servicio que se brinda a los trabajadores mexiquenses, expresó Gerardo Becker Ania, Presidente titular del organismo.
En sesión de Pleno, donde se contó con la presencia de la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, Gerardo Becker informó que entre las estrategias que se implementaron se buscó solucionar la mayor cantidad de demandas a través de pláticas con representantes de los Ayuntamientos y organismos descentralizados, jornadas conciliatorias, así como el programa de abatimiento al rezago procesal.

Para lograrlo, dijo que en total se citaron a los representantes de 86 Ayuntamientos y 24 dependencias estatales para revisar sus juicios laborales.
“Con base en el diálogo y la conciliación se logró reducir en más de 60 por ciento el número de demandas recibidas para el año 2018, siendo la meta programada un total de 3 mil 412, y únicamente se han recibido mil 186 demandas”, resaltó.
Al tener a la “conciliación” como una estrategia eficaz en la solución de conflictos, indicó que se operó un programa de Jornadas Conciliatorias, que permitió realizar más de 2 mil convenios, con y sin juicio.
Derivado de ellos, se han pagado más de 263 millones 745 mil pesos en convenios en beneficio de los servidores públicos mexiquenses.
Para disminuir la carga de trabajo que se ha acumulado a lo largo de los años, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje señaló que se implementó un programa de Abatimiento al Rezago Procesal.
“Gracias al trabajo realizado para disminuir el rezago, de 2 mil 293 solicitudes rezagadas, se han acordado mil 834 documentos, lo que equivale a un avance anual del 80 por ciento sobre la meta total de 2 mil 293 documentos rezagados”, precisó.
Becker Ania resaltó que uno de los objetivos era detectar irregularidades en el proceso laboral de ejecución, por lo que él ha revisado personalmente más de 160 diligencias de requerimiento de pago y embargo a partir de agosto 2018.
Al respecto, la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, reiteró que una de las prioridades es atender a todas las instancias que soliciten ayuda, con el fin de elevar la calidad del servicio de la justicia laboral burocrática.
“Se continuará reforzando las acciones y programas con las que contamos en la Secretaría, para brindar un mejor servicio en tiempo y forma a las y los trabajadores de nuestra entidad y así mantener la paz laboral”, finalizó. 

https://www.seunonoticias.mx/2018/10/26/disminuye-tribunal-de-conciliacion-y-arbitraje-en-mas-de-60-demandas-recibidas-para-2018/?fbclid=IwAR2pDFYtqPhHoVTe3prnlSSI4X7OZ-p3VVGUtcI6XWImWbq4wdYXaFqyru8#.W9iNLy_mFEJ

 

Capacitación, fundamental para el éxito de la nueva justicia laboral: José Ramón Cossío Díaz

La  ventaja del nuevo sistema es que racionaliza los conflictos como de derecho y no de equilibrio entre los factores de la producción, plantea el ministro de la Suprema corte de justicia de la nación.
Capacitación, fundamental para el éxito de la nueva justicia laboral: José Ramón Cossío Díaz
En el nuevo sistema de justicia laboral, el Poder Judicial tratará los conflictos laborales como conflictos de derecho y no como el sistema actual, donde el Estado desempeña un papel tutelar en lo que originalmente se consideraban conflictos de producción. El análisis es del ministro José Ramón Cossío Díaz, a quien le quedan apenas algunas semanas como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La visión del ministro sobre el nuevo sistema de justicia laboral es moderadamente optimista, aunque advierte que el cambio enfrenta grandes retos: medición de capacidad, planificación de medios materiales y humanos, capacitación de jueces, personal y abogados y, quizás lo más importante, una gran labor de divulgación.
“Si se hace una adecuada depuración de los casos que hoy están en las juntas de conciliación y arbitraje, si se migran bien estos casos a los nuevos tribunales, si la transformación se planea bien, si se capacita muy bien a abogados y jueces, puede ser un sistema ventajoso. Si no, puede generar más conflictividad social”, manifestó.
Según el ministro, la ventaja del nuevo sistema es que racionaliza los conflictos como de derecho y no de equilibrio entre los factores de la producción.
“El razonamiento será: si usted tiene derecho a que le paguen las horas extras, pues se le pagan, usted tiene derecho a despedir a un trabajador por determinado motivo, pues lo ejerce”.
Para Cossío Díaz, uno de los principales defectos del sistema actual es su incapacidad de conciliar, que acabó por generar toda una industria de litigio laboral donde los abogados laborales tenían todo el interés de alargar los procesos durante años.
Otro desafío es explicar muy bien a toda la sociedad en qué consisten los cambios, crear una cultura jurídica. Cossío Díaz traza un paralelo con la reforma de la justicia penal: “A nadie se le explicó que una persona acusada de cometer un delito iba a enfrentar el proceso en libertad”. La gente dice de repente: “¿Por qué el tipo que me agredió y me causó un daño está en libertad? Esto nunca se explicó y esta falta de educación y de cultura jurídica ha generado mucha oposición”.
El ministro de la Suprema Corte considera que con la implementación del nuevo sistema de justicia laboral puede ocurrir algo semejante y pone como ejemplo la aplicación del principio de suplencia de la queja.
“Parte de la racionalidad del nuevo sistema es que el trabajador ya no es este sujeto desprotegido históricamente, sino un sujeto con derechos y obligaciones que se planta en un juicio. Si esto no se explica bien, si no se hace cultura jurídica, a los trabajadores les resultará difícil entender por qué han perdido la protección que tenían antes”, dijo.

Necesaria, una amplia labor de capacitación

Después de casi 15 años en la Corte, Cossío Díaz cree que, a veces, los factores culturales generan más problemas que las cuestiones técnicas.
En la misma línea, está por ver cómo se van a definir las cargas probatorias en el nuevo código. En el derecho ordinario, la máxima es que el que afirma algo está obligado a probarlo. Sin embargo, en el derecho laboral actual existe una diferencia considerable a favor del trabajador.
Cossío Díaz se pregunta: “Ahora, en el nuevo sistema, ¿yo afirmo simplemente que trabajé 1,000 horas extras y mi patrón tiene que acreditar que no las trabajé o tendré que demostrar que las trabajé? Esto será uno de los elementos más importantes de la discusión”.
Sobre la independencia del nuevo organismo federal descentralizado encargado del registro de contratos colectivos y sindicatos, Cossío Díaz señala que desconoce cómo el nuevo gobierno piensa garantizar su independencia: “Con la ratificación del Convenio 98 de la OIT y todos los anuncios a favor de la libertad sindical, me parece que si el órgano no queda bien integrado y no asume estrictamente una posición técnica y no política a favor de una u otra parte, puede generarse conflictividad”.
Para que el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia laboral se haga bien, se necesitarán, según el ministro Cossío Díaz, unos cuatro años, porque la tarea del gobierno federal y de los estados es inmensa, sobre todo en materia de capacitación.
“La migración al sistema oral es un cambio importante y habrá que hacer un enorme esfuerzo para capacitar a jueces, abogados y los trabajadores de los nuevos órganos de justicia. Si disminuye el sentido de la suplencia y de las cargas probatorias, los abogados de los trabajadores van a tener que estar muy bien preparados, si no los van a machacar en los tribunales”, explicó.
La preparación y motivación de los jueces de los órganos de conciliación también serán fundamentales en el éxito del nuevo sistema.
“Necesitamos jueces asertivos que realmente propongan soluciones y que rompan con las dinámicas de abogados que todos estos años se han arreglado entre ellos para alargar los procesos. De esta manera, se pueden evitar muchos litigios y esto quitaría mucha presión al sistema”.
Lo mismo aplica para los jueces de los tribunales laborales. El ministro afirma: “Para las audiencias orales hacen falta jueces bien preparados, que no sean jugadores pasivos sino que disciplinen a las partes si presentan demandas absurdas o argumentos irrelevantes”.
Aún no se sabe cómo y en qué medida los trabajadores y cuadros de las juntas serán incorporados al poder judicial, tanto desde una perspectiva organizacional como financiera, ya que los sueldos del personal del poder judicial son bastante más altos que los de sus contrapartes en las juntas.
Este punto lleva a Cossío Díaz a insistir en la importancia de medir y hacer proyecciones de las necesidades materiales y de capital humano de los nuevos juzgados. “Habrá que tener en cuenta que el sistema oral es más lento, porque la preparación y la celebración de las audiencias toman mucho más tiempo. Habrá que calcular muy bien y más cuando este gobierno quiere reducir la burocracia y los sueldos de los funcionarios”.

Aguascalientes: La justicia laboral, atorada y saturada


22 de octubre de 2018
Sigue atorada la migración de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a los Juzgados Laborales del Poder Judicial del Estado.
El director general del trabajo, Héctor Gerardo Gómez Castro afirmó de que están a loa espera  de que la nueva legislatura Federal defina las Leyes Secundarias que indiquen las fechas para iniciar con el cambio dijo, necesariamente tendrá que ser de manera paulatina.
“Una vez que pongan la fecha exacta es cuando podemos empezar a ver, cuándo y en qué fecha, dejaríamos nosotros de recibir en la Junta Local las demandas y ver el proceso que nos marcarían en las leyes secundarias de cuándo nos tenemos que pasar para allá. Aquí tenemos cuatro juntas especiales y a lo mejor cada diez meses o cada año, iríamos cerrando una”.
Héctor Gerardo Gómez Castro recordó que esta reforma contempla la creación de un Centro Conciliatorio, que hace las funciones de la actual Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la cual ayuda muchísimo en la conciliación antes de que se llegue a una queja y un juicio formal, lo cual será obligatorio para evitar la saturación de los caos en los juzgados.
“Aquí que al año en la Junta Local se presentan 3,600 demandas y con el Centro Conciliatorio podría ser al ño 1,800, es decir la mitad. La Procuraduría nos ayuda muchísimo, ellos atienden 25 a 30 personas al día, eso quiere decir que son 120 a 150 a la semana, que al final sólo demandan 1 o 2 que es un 5%, entonces eso quiere decir que sí ayuda la conciliación, llegar a un arreglo antes de demandar”

http://www.heraldo.mx/la-justicia-laboral-atorada-y-saturada/

Avanza BCS en materia de trabajo y justicia laboral

  • El Sudcaliforniano Jueves 18 de octubre de 2018 en BCS

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Se realizó reunión de trabajo del Subcomité Sectorial de Empleo y Justicia Laboral. (Cortesía)
La Paz, Baja California Sur.- Con la participación de representantes de los sectores económicos, académicos y de los tres niveles de gobierno integrantes del Subcomité Sectorial de Empleo y Justicia Laboral, se llevó a cabo sesión de trabajo donde se presentaron y validaron las obras y acciones realizadas durante el tercer año de gestión de la administración estatal, informó Tomás Flores Gameros, subsecretario del Trabajo y Previsión Social.
JUSTICIA LABORAL
El funcionario expuso los resultados y cumplimiento de las líneas de acción y ejes fundamentales del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, enfocados a la generación de oportunidades de trabajo e impartición y procuración de justicia laboral para favorecer el desarrollo social y económico de las familias sudcalifornianas.
El subsecretario destacó que a través de los diversos programas del Servicio Nacional de Empleo en la entidad (SNEBCS), con cifras avaladas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que va del año se han creado más de 13 mil empleos formales que permiten a los trabajadores contar con servicios de salud y de seguridad social como acceso a créditos para vivienda y a una jubilación justa, entre otros beneficios.
En materia de justicia laboral, mediante las jornadas permanentes de conciliación que realiza la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se han podido prevenir 3,276 conflictos y 433 juicios mediante la conciliación; además, se ha logrado un beneficio económico por más de 178 millones de pesos a favor de trabajadores y patrones.
Por su parte, la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo ha brindado asistencia legal y orientación a más de 6,400 mujeres y hombres trabajadores de los diferentes sectores productivos, logrando 4,085 arreglos conciliatorios y un monto de recuperación de más de 32 millones de pesos.
Tomás Flores Gameros reconoció el trabajo de cada una de las instancias presentes así como su compromiso y esfuerzo, lo que ha permitido mejorar los niveles de bienestar para las y los trabajadores de Baja California Sur.
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/avanza-bcs-en-materia-de-trabajo-y-justicia-laboral

Este convenio frenaría la venta de plazas en los sindicatos

La ratificación, por parte de México, del Convenio 98 de la OIT, eliminaría la Ley Burocrática que rige a los trabajadores del gobierno.
ZENYAZEN FLORES @ElFinanciero_Mx
17/10/2018
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La ratificación del Convenio 98 de la OIT trae como consecuencia entrar a un debate de si es viable mantener el artículo 123 constitucional.Fuente: Cuartoscuro
La ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva daría pie a eliminar la Ley Burocrática que rige a los trabajadores del gobierno, lo que implicaría, entre otros aspectos, que los trabajadores no estarían obligados a pertenecer a un sindicato para tener la plaza.
Expertos señalaron que actualmente en el Artículo 123 constitucional existen dos apartados, el A, para trabajadores del sector privado, y el B, para trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, con la ratificación del Convenio debería desaparecer el Apartado B, por lo que los trabajadores del gobierno tendrían los derechos de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Jorge Sales, socio director del bufete Sales Boyoli, indicó que hay una inconsistencia en los derechos laborales del Apartado A y el B, en el contexto de que el Convenio 98 de la OIT está por encima de éstos.
Dijo que desaparecer el Apartado B de la Constitución implicaría cambios como que en las secretarías de Estado podría haber más de un sindicato y que los trabajadores no tendrían que estar afiliados a una agrupación para tener una plaza, porque en la práctica el sindicato es el que reparte los puestos.
Con la modificación, los trabajadores del gobierno podrían emplazar a huelga, pues aunque en la práctica la ley burocrática establece que tienen este derecho, la realidad es que no existen emplazamientos en el sector público, apuntó Alejandro Avilés, abogado laboral y asesor del STUNAM.
“La ratificación del Convenio 98 de la OIT trae como consecuencia entrar a un debate de si es viable mantener el artículo 123 constitucional con su Apartado B, ya que contiene artículos que la Corte ha declarado inconstitucionales, como la sindicación única o la obligación de adherirse a una sola central sindical”, dijo.
Añadió que en la práctica los trabajadores del gobierno no emplazan a huelga porque están regidos por condiciones laborales que se negocian con las dependencias y dependen del presupuesto. El aumento salarial que reciben es conforme a la disponibilidad del presupuesto.Los privados. A junio pasado, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reportó 3,449 registros sindicales de jurisdicción federal, que corresponden al Apartado A del Artículo 123 de la Constitución.
Del Estado. De acuerdo con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje existen 153 registros de sindicatos de dependencias de gobierno que corresponden al Apartado B.

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/este-convenio-frenaria-la-venta-de-plazas-en-los-sindicatos

Jalisco: El Poder Judicial busca bolsa “extra” de 206 MDP

Los recursos se destinarían a la integración de salas especializadas en materia familiar, penal, laboral y una Sala Unitaria Regional
Por: El Informador
15 de Octubre de 2018 – 04:01 hs
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Ricardo Suro Esteves (centro), presidente del STJ, refirió que el proyecto de Presupuesto 2019 que presentaron contempla los “mínimos necesarios” para enfrentar los rezagos que arrastran. EL INFORMADOR/Archivo
El Poder Judicial del Estado busca que, dentro del presupuesto del próximo año, se le autorice una bolsa de 206 millones de pesos adicionales a su gasto, para impulsar los proyectos especiales que tiene pendientes. Los recursos se destinarían a la integración de salas especializadas en materia familiar, penal, laboral y una Sala Unitaria Regional.
En la proyección de gastos para este año se había considerado que, para asumir las funciones en materia de , se requerirían 29.3 millones de pesos para conformar la sala especializada en la materia, cifra exacta requerida para la correspondiente a lo familiar.
Otro proyecto sin concretar es la Sala Unitaria Regional para brindar el servicio y evitar el traslado de personas que viven en las regiones del Estado a la metrópoli. Para esto se habían considerado 12.4 millones de pesos.
Ricardo Suro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, refirió que el proyecto de Presupuesto 2019 que presentaron contempla los “mínimos necesarios” para enfrentar los rezagos que arrastran; puntualizó que los principales requerimientos están en el Consejo de la Judicatura para abrir más juzgados.
“Allí es donde más carencias hay, buscamos sensibilizar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las necesidades reales que existen. Hay carencias y hay urgencia por abrir mas juzgados y mejorar las condiciones”, comentó.
Para el Consejo de la Judicatura se piden mil 664 millones de pesos, lo que representa un aumento presupuestal de 46% en comparación con los fondos que le asignaron este año.  Y para el Supremo Tribunal se solicitan 559 millones, más la bolsa adicional de 206 millones de los proyectos especiales.
Además, se mantiene la petición de recursos para pagar el haber de retiro a los magistrados del Supremo Tribunal que han dejado el cargo, tras cumplir los 70 años. Queda pendiente el pago a nueve juzgadores retirados, y en 2019 podrán retirarse los magistrados Leonel Sandoval Figueroa, Luis Ernesto Camacho Hernández, Sabás Ugarte Parra y Salvador Cantero Aguilar. Se requieren 64 millones para cubrirles esa prestación a los juzgadores.
El Artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco especifica que el haber por retiro estará constituido por el equivalente a 12 meses del salario integrado que el cargo de magistrado tenga asignado conforme al presupuesto de egresos del año que corresponda al pago de esta prestación, y el equivalente a 14 días de salario por cada año como magistrado.
Supremo Tribunal de Justicia

  • Presupuesto 2018: 542.8 millones de pesos 
  • Solicitud para 2019: 559.1 millones de pesos

Consejo de la Judicatura

  • Presupuesto 2018: 888.1 millones de pesos 
  • Solicitud para 2019: 1,664 millones de pesos

Tribunal de Justicia Alternativa

  • Presupuesto 2018: 44.6 millones de pesos
  • Solicitud para 2019: 107.4 millones de pesos  

https://www.informador.mx/jalisco/El-Poder-Judicial-busca-bolsa-extra-de-206-MDP-20181015-0016.html

Urge mejorar mecanismos de justicia laboral: CONEVAL

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Foto EE: Archivo
La justicia laboral, la inspección del trabajo y el libre ejercicio de los derechos colectivos en el país presentan serias fallas de diseño e implementación, por lo que se requiere un nuevo esquema.
María Del Pilar Martínez
07 de octubre de 2018, 18:47
 
La justicia laboral, la inspección del trabajo y el libre ejercicio de los derechos colectivos en el país presentan serias fallas de diseño e implementación, por lo que se requiere un nuevo esquema  que aleje el tripartismo para su impartición. Esta es la conclusión del estudio “Diagnóstico del derecho al trabajo 2018del Consejo Nacional de Evolución de la Política de Desarrollo social (CONEVAL).
El documento señala que es evidente que la impartición de justicia laboral en el país “ya no es útil” en las negociaciones entre patrones y trabajadores. Si bien la reforma de febrero del 2017 en el Artículo 123 significa un paso en adelante, se debe garantizar que habrá un órgano descentralizado para el registro de sindicatos y contratos colectivos. No obstante, “no se ha adoptado su reglamentación”.
Especialistas han señalado que es urgente que se revise la reglamentación secundaria, misma que habría de aprobar el Senado de la República, incluso para enero del 2019, dijo Lorenzo Roel presidente de la Comisión Nacional Laboral de Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
Además el CONEVAL afirma que  “resultaría indispensable y urgente permitir una mayor deliberación y consulta pública acerca del nuevo modelo laboral, con garantías de pluralidad. Como hemos visto, desde el enfoque de derechos, la participación de la sociedad debería ser un factor ineludible para legitimar el diseño de las reformas legales de forma tal que realmente respondan a las necesidades y expectativas de los trabajadores y no sean regresivas».
Cumplir con compromisos internacionales
El estudio destaca que las nuevas reglas e instancias deberán cumplir con los compromisos internacionales en torno a la imparcialidad, independencia y oportunidad de la justicia laboral y el pleno disfrute de la libertad sindical y los derechos colectivos.
Por ello, es indispensable que haya una transición estructurada al nuevo orden, con “los recursos materiales y humanos suficientes. La legitimidad y la credibilidad de las nuevas instancias son condiciones indispensables para animar a los trabajadores a exigir sus derechos cuando son transgredidos”.
Pese a que aún no se conocen las propuestas de leyes secundarias, se espera que las nuevas bases constitucionales no representen un retroceso, “ya que posibilitarían un nuevo tipo de relación entre trabajadores, sindicatos, Estado y empleadores y darían autonomía al órgano encargado de registrar los sindicatos y los contratos colectivos”.
Destaca que el camino para la firma de contratos colectivos “exige la votación personal, libre y secreta como condición previa” que trascenderá a la elección de las dirigencias y la resolución de los conflictos intersindicales. Igualmente se exige que para garantizar la libertad de negociación colectiva, los sindicatos acrediten su representatividad.

https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Urge-mejorar-mecanismos-de-justicia-laboral-CONEVAL-20181007-0041.html