Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Juan Paulo Almazán Cue
DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE 2018
No se han establecido las reglas para la transición de las juntas de conciliación a los juzgados
Mayra Tristán
Está por llegarse nuevamente el plazo para la entrada en funciones de los juzgados laborales y sigue sin existir información respecto a la forma en que se dará la transición de las juntas de conciliación y arbitraje a los juzgados, y bajo qué sistema se van a desahogar los asuntos, indicó Juan Paulo Almazán Cue, magistrado presidente del Poder Judicial en el estado.
En febrero de 2017 se promulgó la reforma que establece la desaparición de las juntas de conciliación en los estados y el surgimiento de juzgados laborales, con la intención de agilizar la justicia laboral; en la reforma se estableció el 24 de febrero como plazo para este cambio, sin embargo no se promulgaron las leyes secundarias en donde se esperaban los lineamientos para la transición, por lo que se postergó para noviembre de este año.
Y aunque ya está por llegarse nuevamente el plazo, el presidente del Supremo tribunal de Justicia en el Estado (STJE) señaló que a nivel federal sigue sin existir información sobre la manera en que se dará la transición, sin embargo el Poder Judicial tomará en cuenta la posible creación de más juzgados en su planteamiento de presupuesto para el próximo año, previendo el surgimiento de los juzgados laborales.
Mencionó que no sería viable plantear un presupuesto bajo la óptica de las juntas de conciliación debido a que estos organismos trabajan con estructura muy distinta a los juzgados, por lo que habría que “atender al número de asuntos que hay y cómo vamos a estructurar nosotros los juzgados”.
Mientras tanto, continúan en funciones las juntas de conciliación en el país, en donde de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los asuntos tardan un promedio de tres años en resolverse.
En otro tema, informó que el Poder Judicial del Estado se sumó a la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama, por lo que durante este mes de octubre se iluminará de rosa la fachada de la Ciudad Judicial “Presidente Juárez”, como recordatorio de la lucha contra el cáncer de mama, que en San Luis Potosí es la principal causa de muerte de mujeres entre 40 y 69 años de edad.
Categoría: Justicia Laboral
Jalisco: Aumenta rezago en demandas laborales
Hay 81 mil 092 expedientes activos, de los cuales 47 mil 233 tienen un rezago mayor a tres años. EL INFORMADOR/Archivo
En los primeros ocho meses del año se presentaron 15 mil 423 juicios en Jalisco, pero sólo se solucionaron siete mil 307 casos
El Informador
6 de Octubre de 2018 – 04:30 hs
Entre enero y agosto de 2018, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco solucionó siete mil 307 demandas laborales, pero se presentaron 15 mil 423, arrojando un porcentaje de resolución de apenas 47.37 por ciento.
En comparación con el mismo periodo de 2017, la solución de juicios laborales se ha reducido en un 12.5%, producto de la resolución de 8 mil 349 demandas.
De acuerdo con especialistas en derecho laboral, más los representantes patronales y obreros de la Junta Local, la justicia laboral en Jalisco no ha sido apoyada con mayor presupuesto que les permita tener más personal para desahogar los juicios pendientes, además de faltar capacitación para los trabajadores y una mayor resolución de demandas mediante la conciliación.
“Históricamente hemos demandado al Poder Ejecutivo de Jalisco mayor presupuesto para la Junta para que opere adecuadamente”, indica Ricardo Barbosa, representante de Asuntos Laborales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Jalisco. “Los gobernadores no han dotado de presupuesto necesario a las Juntas para operar adecuadamente… para una mayor capacitación de funcionarios”.
Para el representante patronal se necesita incrementar hasta 50% más de presupuesto a la Junta Local para resolver sus pendientes. Barbosa calcula que, en Jalisco, un juicio laboral tarda de 20 a 22 meses en resolverse, a diferencia del promedio de ocho a 10 meses en las Juntas que funcionan de manera adecuada.
Añade que el incremento del rezago en la Junta Local no necesariamente tiene que ver con la capacidad de sus funcionarios, sino a una serie de factores externos, como el interés de algunos abogados “talibanes” en alargar los juicios para obtener laudos más cuantiosos.
Para evitar esto, la Coparmex propone la instauración de un “conciliador” que se dedique a dirimir las diferencias entre el patrón y el trabajador antes de que se llegue a un juicio.
“En Jalisco, como no hay presupuesto suficiente, no hay conciliadores de tiempo completo, a diferencia de la Junta de Nuevo León, donde si hay un presupuesto adecuado, con funcionarios que se encargan de conciliar para terminar asuntos lo más rápido posible”.
A lo largo del actual sexenio, se ha reducido la resolución de juicios laborales de manera paulatina. Mientras que en 2014 se habían desahogado 17 mil 822 demandas, en 2017 se resolvieron 12 mil 303 controversias, una reducción del 31 por ciento.
“Algunos Gobiernos le han dado vida artificial (a la Junta) para que salga adelante, desde hace muchos años hay el interés de desaparecer las Juntas de Conciliación”, indicó Antonio Álvarez Esparza, líder sindical de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Jalisco. “No hemos avanzado, vamos para atrás”.
Para el titular del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Miguel Ángel Álvarez, hay un control de las Juntas por el sector patronal, que ha impedido una resolución favorable a la parte obrera. “También hay complicidad del Gobierno del Estado, donde hay un total desinterés de realmente mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”.
Comparativo
Según los Estados con mayor densidad demográfica, el Estado de México también tiene el mayor número de conflictos laborales presentados en torno al comercio, al igual que Veracruz, Puebla, Guanajuato y Chiapas. Por otra parte, la Ciudad de México lidera en servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, mientras Nuevo León encabeza las industrias manufactureras.
2017
De enero a agosto de 2017, un total de cuatro mil 283 demandas se resolvieron por desistimiento de un total de ocho mil 349 casos resueltos, representando un 51.29% del total. Para 2018, el porcentaje se incrementó ligeramente hasta 53%, aunque el número de demandas desistidas fue menor (tres mil 860).
La mayoría de los juicios se resuelve por desistimiento
De los siete mil 307 juicios resueltos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre enero y agosto de 2018, 52.82% se ha dirimido a través del desistimiento; es decir, mediante la renuncia del demandante a continuar con el juicio para resolver la controversia mediante otra vía.
Para especialistas laborales como Miguel Álvarez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, este tipo de datos forman parte de una estrategia del personal de la Junta Local para hacer que el trabajador no continúe con el proceso, llevándolo a aceptar un arreglo por lo general desfavorable a sus intereses.
“Como hay una carga de trabajo excesiva, lo que hacen los funcionarios es presionar a los trabajadores y trabajadoras para que acepten los convenios, no sólo las Juntas sino la propia Secretaría del Trabajo”, manifiesta Álvarez.
“Lo que les dicen es que es un panorama muy oscuro, con frases como ‘es muy difícil que ganes’, ‘el juicio va a tardar años’, ‘agarra ahorita lo que puedas o luego nadie te va a dar trabajo’, y bajo esta violencia velada, al trabajador terminan presionándolo de tal forma que termina por aceptar una bicoca, prácticamente nada”, complementa el abogado laboral.
De acuerdo con el titular de Cereal, se necesita un mayor equilibrio entre el sector patronal y obrero, ya que observan una predominancia a resolver los juicios a favor de los intereses de los patrones.
“Hace falta más personal capacitado, exámenes de control y confianza, que los presidentes de las Juntas no sean nombrados por el Ejecutivo, sino por personas honorables que tengan un prestigio”, añade Álvarez, “no basta una nueva sede más amplia, si no tienes el personal ni los recursos y la capacidad para responder a las necesidades que se generan”.
Para Alfonso Librado, académico de la Universidad de Guadalajara, la falta de presupuesto de la Junta Local impide que ésta resuelva la justicia de manera pronta y expedita.
“El cúmulo de demandas por falta de presupuesto viene a acrecentar las demandas en la Junta, y rebasada, resuelven en fechas muy largas y orillan al trabajador a llegar a un acuerdo mediante desistimiento”, mencionó el especialista en derecho laboral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
El mayor número de conflictos presentados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Jalisco está relacionado con actividades del sector comercio. EL INFORMADOR/Archivo
CLAVES
Presumen la nueva sede; falta personal
Un edificio incluyente, amable con el medio ambiente y con sistema de ahorro de energía se convirtió en la nueva sede de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que trasladó sus oficinas a espaldas del parque Agua Azul.
La mudanza inició el 1 de junio de 2017 e inició operaciones de manera formal el 16 de junio, informó el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, Tomás Figueroa. “Es una deuda que teníamos pendiente… oficinas dignas para atender a los trabajadores de nuestro Estado, a los usuarios que vienen día a día a las Juntas de Conciliación y Arbitraje”.
En la construcción del edificio de 13 mil 821 metros cuadrados se utilizaron 560 toneladas de acero y tuvo un costo de 88 millones 561 mil 965 pesos, vía recursos federales y estatales.
Aunque la titular de la Secretaría del Trabajo, Elke Tepper, considera que la nueva sede, con sus espacios más amplios, ha permitido “tener una atmósfera más tranquila para invitar a las partes a la conciliación, y que tengan ganas de escuchar al otro.
Pero hay quejas: “Nada más cambiaron de lugar”, declara Rosendo Fregoso, especialista en Derecho Laboral del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). “El personal jurídico no se ha incrementado, no se le ha capacitado, siguen los mismos vicios y costumbres en los tribunales”.
Radiografía
En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje laboran 401 personas, pero 60 trabajan sin sueldo o como aprendices. Durante 2017 recibieron un promedio de dos mil 42 juicios por mes, pero resolvieron mil 25; es decir, 2.5 por cada trabajador.
La Secretaría del Trabajo apuesta por reforzar la conciliación, particularmente en las Juntas especiales 13, 16 y 17, que son las de mayor carga en asuntos laborales.
Los trabajadores buscarán acuerdos rápidos y cordiales.
Ven incertidumbre y tardanza en la reforma laboral
Los sectores obrero y patronal que actualmente tienen representación en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje consideran que la reforma laboral que trasladará la justicia al Poder Judicial se ha caracterizado por su tardanza en aplicarse, por la falta de información sobre cómo funcionarán los nuevos organismos que emanarán de la reforma y sin dinero que respalde su implementación inmediata.
“(La reforma) es físicamente imposible, no se ajusta a las exigencias de las partes ni los sindicatos estamos de acuerdo con ella, y menos la parte patronal”, declara Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la CROC en Jalisco. “No son más dilatados los juicios laborales que los juicios civiles, hay igual de rezago, no hay soluciones rápidas ni expeditas, y todo está a la buena voluntad de los litigantes. Y se ha victimizado al personal jurídico de las Juntas, con la finalidad de desacreditarlos y decir que la justicia laboral es mala, para justificar que la justicia civil pueda ser mejor”.
La nueva reforma laboral contempla algunos cambios en la impartición de la justicia, como la creación de Centros de Conciliación, además de nuevos tribunales laborales a cargo del Poder Judicial, que sustituirán gradualmente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de los Estados.
“La reforma laboral está estancada debido al cambio en la legislatura y por el Poder Ejecutivo federal. No sabemos cuándo se va a aprobar, en qué términos se va a aprobar y cuándo va a entrar en vigor”, menciona Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Coparmex Jalisco. “Hay que recordar que, si se implementa la reforma, se va a tardar de tres a cuatro años para que los tribunales judiciales federales empiecen a operar, entonces no debe ser factor la próxima e incierta reforma laboral para que se les dote de mejor presupuesto a las Juntas Locales y Federales, porque éstas van a seguir operando igual dentro de los próximos tres o cuatro años”, amplía el representante patronal.
Para el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el cambio de la justicia laboral al Poder Judicial es un buen paso, “pero no hay dinero, y el Poder Judicial no quiere absorber un tribunal sin dinero ni hay tantas personas para responder a la necesidad que se viene”, según Miguel Álvarez. “Tienen que sentarse los gobernadores y diputados para adecuar los tribunales del trabajo. Implementar algo sin tiempos adecuados es una tontería”.
VOCES
Van 10 años y nada…
El señor Cortés lleva 10 años esperando que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje le haga justicia. En 2008 demandó a un empresario, con quien se asoció para diseñar botellas para bebidas alcohólicas. Sin embargo, un día el patrón dejó “tirados” al señor Cortés y a casi 20 trabajadores más, y aún no hay respuesta a su demanda.
Casos como éste abundan en la Junta Local que, a pesar de su cambio de sede a un edificio más amplio en junio de 2017, continúa con rezagos en las resoluciones.
Elke Tepper, presidenta en 2017 de la Junta Local y actual titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, informa que hay 81 mil 092 expedientes activos, de los cuales 47 mil 233 tienen un rezago mayor a tres años.
Responsabiliza a la falta de personal y presupuesto, además de que algunos juicios son alargados de manera deliberada.
Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2012 había 70 mil expedientes activos, y en 2014 se redujeron a 62 mil, por lo que hoy existe un incremento de 20 mil juicios activos desde aquella fecha.
En Jalisco, un juicio laboral tarda de 20 a 22 meses en resolverse. EL INFORMADOR/Archivo
GUÍA
Jalisco, a media tabla
- Según el Inegi, Jalisco es el segundo lugar nacional en los conflictos laborales individuales, sólo superado por la Ciudad de México, con 23 mil 555 y 31 mil 373 juicios registrados en 2016, respectivamente, de acuerdo con el último análisis.
- Si en 2016 se presentaron 23 mil 555 demandas, sólo se resolvieron 14 mil 767 (62.6%).
- En Nuevo León, por ejemplo, se documentaron 15 mil 582 y se resolvieron 16 mil 181 (103.8%) en es año. Estado de México, Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí, entre otros, presentan una mayor eficiencia en este tema, pero en Jalisco las cosas empeoran: en 2017 se presentaron 24 mil demandas y apenas se resolvió la mitad: 12 mil 303.
Los más rápidos de resolver
Sobre la resolución de conflictos por actividad económica, con un 82.2% de casos concluidos, el rubro de los servicios financieros y de seguros es uno de los que presenta el mayor porcentaje de resolución, seguido de los servicios profesionales, científicos y técnicos, con el 81.6%, y del ámbito de la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, con un 75% de la resolución.
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OIT espera notificación de México sobre Convenio 98
El director general de la Organización Internacional del Trabajo calificó como “un paso importantísimo” que México haya aprobado la ratificación del Convenio 98, relacionado con la contratación colectiva y la libertad sindical.
María Del Pilar Martínez
02 de octubre de 2018, 11:36
Panamá. -Reconocen tercerización como una nueva forma de trabajo
Panamá, Pan. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce la existencia de tercerización (outsourcing) como una nueva forma de trabajo que ha llevado a transformar las relaciones laborales, pero no por ello dejar de lado derechos mínimos.
En entrevista, el director general de la OIT, Guy Ryder, expuso que en toda la región de América Latina, cada vez más, se aplican nuevas formas de contratación, “vemos cada vez más de tiempo parcial, temporal, del trabajo a través de las agencias de empleo, y ahora también del empleo de plataforma, todas estas formas de trabajo forman parte de los desafíos en el mundo de trabajo”, señaló.
En el marco de la 19 Reunión Regional Americana, Ryder dijo que “tenemos que ser prudentes y estar atentos de un proceso que puede desembocar en una transformación laboral en relaciones puramente comerciales. Para la OIT, el trabajo no es una commodity, las personas deben tener derechos”, afirmó.
México abre el debate
Cabe señalar que en México la senadora de Morena, Freyda Marybel Villegas, presentó el pasado 13 de septiembre una iniciativa de reforma en materia de outsourcing, mismo que cumplirá seis años de haberse incorporado a la Ley Federal del Trabajo, cuando se realizó la reforma laboral en diciembre del 2012.
Dicha iniciativa tiene como fin regular aún más la subcontratación y otras formas de contratación, y busca acelerar la emisión de la norma mexicana relativa a la subcontratación.
De los 20 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 80% labora para un patrón distinto y no sólo bajo la figura de outsourcing, sino en esquemas de insourcing.
Las empresas terciadoras en el país apuntaron que a la modificación de outsourcing se deben incluir los dos siguientes aspectos:
1) Verificar a la empresa contratante, en especial, que registre a los trabajadores con el puesto, sueldo y prestaciones reales y que sobre la totalidad de los mismos se les pague con recibos timbrados por el SAT, tal y como lo establece la ley.
2) La empresa contratante vigilará que el contratista no registre a los trabajadores como socios de sindicatos, profesionistas independientes, ni se les pague bajo otras modalidades o estrategias fiscales, como por ejemplo: honorarios, con póliza de seguros o por derechos de autor.
Actualmente, la redacción del Artículo 15-C se presta a la discrecionalidad en su interpretación, creando una gran fuga de ingresos que perjudica a todos, en ese sentido, las organizaciones han señalado que si se lograra la modificación, la recaudación fiscal de parte de la industria para el IMSS y el SAT sería del doble.
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/OIT-espera-notificacion-de-Mexico-sobre-Convenio-98–20181002-0062.html
Con generación de empleos se incrementan los asuntos laborales en Aguascalientes
Claudia Rodríguez Loera·02/10/2018
Nuevo acuerdo busca mejorar condiciones laborales del país
- Siguen en espera en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por las leyes secundarias a la Reforma Laboral
- Al año cierran con alrededor de tres mil 600 demandas
En tanto continúe la espera para las leyes secundarias a la Ley Laboral, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) continúa trabajando dado que las demandas en la materia no se detienen, manifestó Héctor Gerardo Gómez Castro, presidente del organismo.
Expuso que, a mayor crecimiento de generación de empleo en el estado, es mayor el número de demandas que llegan a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a pesar de que la Procuraduría de Defensa del Trabajador apoya en las conciliaciones previas, que es la base con la que se fundamenta la Reforma Laboral, a fin de evitar el incremento en los litigios.
Informó que, gracias a estos procesos previos, mientras que en 2016 se presentaron tres mil 252 demandas, en 2017 se dieron tres mil 600, en lo que va de este año van dos mil 500, por lo que se espera llegar nuevamente a la cifra de tres mil 600 en el 2018.
Una vez emitidas las tan esperadas leyes secundarias a la Ley Federal del Trabajo se señalaría una fecha para presentar los expedientes de las nuevas demandas a los juzgados, en tanto el antiguo sistema dicte sentencias de los anteriores asuntos en rezago hasta antes de que se defina el día límite.
Respecto a la propuesta que hiciera el anterior presidente del Poder Judicial en el Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, de que el personal de la actual Junta Local se trasladara al nuevo sistema de justicia laboral, lo consideró poco viable, ya que por un lado que es necesario responder y aprobar una convocatoria para entrar al Sistema Judicial, y por otro no es posible que se quede sin personal, ya que las cuatro juntas especial que los conforman deberán de irse acotando paulatinamente a fin de desahogar las demandas pendientes.
En la primera semana de abril existía ya había un acuerdo por parte la Comisión de Asuntos Laborales del Senado de la República de la LXIII Legislatura que ya se había aprobado y estaba lista para firmar las leyes secundarias y las adecuaciones estatales, pero finalmente en el Congreso de la Unión decidieron detener los avances que se tenían en presuntamente por el desarrollo del proceso electoral; aunque el asunto no fue retomado en periodo extraordinario como se esperaba, por lo que queda el tema pendiente para los actuales legisladores federales.
http://www.lja.mx/2018/10/con-generacion-de-empleos-se-incrementan-los-asuntos-laborales-en-aguascalientes/
Ratificación del convenio, inicio del cambio
29 septiembre, 2018|
Para el especialista en asuntos laborales, José Alfonso Bouzas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo permitirá a los trabajadores mexicanos “que se reivindiquen a sí mismos y busquen sus auténticas representaciones”.
Asegura que una vez que se demuestre que muchos de los miembros de sindicatos corporativos no saben ni quién es su líder y menos conocen su contrato colectivo, las autoridades podrán declarar que ese contrato es nulo, entonces se vendrán cambios en cascada en los sindicatos, quienes optarán por una auténtica representación.
“Qué implica la suscripción del convenio en confrontación con la serie de disposiciones de ley federal del trabajo que garantizan el corporativismo y que le dan al gobierno la posibilidad de manipular a los trabajadores según las necesidades del sector y, sobre todo, lo más grave, según los intereses de los gobernadores”.
Asevera que la suscripción del convenio es la gran conquista, consecuencia de una serie de cambios, “en primer lugar, la denuncia internacional respecto de que en México operan contratos colectivos de protección patronal”.
Denuncias, apunta, que se hicieron desde los años ochenta y fue necesario que la Central Sindical Internacional la llevara al Tribunal de Libertad Sindical de la OIT para que fueran citados el gobierno de México, empresarios, sindicatos corporativos y los sindicatos independientes.
De ahí vino una primera recomendación, señala, en relación a que en México se tenía que respetar la democracia y la libertad.
“Luego vinieron más recomendaciones y fue en 2017 cuando el presidente Peña Nieto decide reformar la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, “casi diría que hizo una reforma con lo que nosotros los independientes, académicos y sindicatos habíamos venido trabajando. Cuando leí la iniciativa, juré que había párrafos míos”.
Bouza destaca que con “la aprobación del convenio, de la reforma constitucional y una nueva ley laboral que termine con el voto cantado, con la aprobación de los sindicatos corporativos, será el camino a seguir. Pienso que hay un ambiente en donde vamos a componer muchas cosas. No soy morenista pero creo que el morenismo va a dar la oportunidad de que se compongan muchas cosas”, asegura el especialista laboral.
Se puede construir un corporativismo con la presencia y participación de auténticas direcciones sindicales comprometidas con los trabajadores y que estos les puedan dar una patada en el momento en que olviden su compromiso.
Pasos a seguir
Bouza Ortiz considera que el paso a seguir es una reforma laboral democrática y después vendrán otras reformas “porque esta lo único es que da paso a la libertad y la democracia, pero el mundo del trabajo se recompone, hay paradigmas históricos como el salario mínimo, la jornada máxima que hoy se ven cuestionados. Hay nuevas formas de trabajo, nuevos escenarios tecnológicos, está presente el creciente ejército de desempleados a escala mundial pero eso no quiere decir que los sindicatos de manera automática tiendan a desaparecer, tendrán que recomponerse e internacionalizarse.
Un salario universal es fundamental, y eso, cada sindicato en nuestro país hará lo que le corresponda, pero los pisos generales en la globalidad tienen que darse, y eso solo lo puede plantear una organización sindical. A lo mejor es diferente o se llama distinto, pero una organización de un sector, de una clase, sigo hablando de clases. No creo que el marxismo haya pasado a la historia como lo decía el extinto Carlos Abascal.
http://www.siempre.mx/2018/09/ratificacion-del-convenio-inicio-del-cambio/
¿En busca del paraíso laboral?
Ernesto Santillán
27 de septiembre de 2018
La lucha por garantizar los derechos laborales de los trabajadores en México y acabar con los abusos sindicales quedó de manifiesto con la ratificación del Convenio 98 de la OIT en el Senado que fue impulsado por Napoleón Gómez Urrutia y ante el cual varios de los actores involucrados se mostraron en desacuerdo, sin embargo, el verdadero reto no está en prometer cambios, sino en aplicarlos.
México tiene una deuda con sus trabajadores. Durante años las condiciones laborales en el país han sido más que desfavorables, privilegiando los intereses de empleadores, empresarios y líderes sindicales por encima de los obreros y sus derechos, situación que sexenio tras sexenio se promete cambiará y que al día de hoy no ha sucedido.
Intentos han habido varios, quizá el más claro fue la reforma Constitucional del 24 de febrero de 2017, donde se modificó el artículo 123 de la Carta Magna para sentar ahí las bases del derecho colectivo en el país y normar la libertad sindical, un compromiso pendiente de aplicar por la actual administración y ahora una responsabilidad por cumplir del gobierno electo
Por ese motivo y con la intención de atender una exigencia de la clase trabajadora que ha permanecido en el olvido por más de 50 años, en el Senado de la República, donde Morena junto con sus aliados gozan de la mayoría, se ratificó la semana pasada el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
La propuesta fue impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y quien hoy también encabeza la comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta.
“Estamos haciendo un acto de justicia porque hay muchos intereses creados, con esto se acabarán los contratos de protección patronal y sindicatos blancos”, aseguró Gómez Urrutia durante su posicionamiento.
Este es el primer instrumento internacional que ratifica la 64 Legislatura en el Senado y el cual busca garantizar la libertad de asociación y la sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, dotar a los trabajadores de una adecuada protección contra todo acto de discriminación que pudiera menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo y eliminar prácticas como los votos a mano alzada para elegir a sus representantes para ser sustituidas por un método donde la elección de los mismos se haga de manera libre.
Además pretende que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unos respecto de los otros; abre la posibilidad de que se cree más de un sindicato dentro de una misma empresa y prohíbe la afiliación obligatoria a centrales de trabajadores oficialistas; una de las prácticas del llamado corporativismo sindical que se acentuó durante los más de 70 años del PRI en el poder.
“Hoy por hoy los sindicatos en México no necesariamente hacen los trabajos más fuertes, contundentes y congruentes para tutelar a sus agremiados.
Todavía hace falta una condición de libertad sindical; que no se obligue, que no se presione, que no se chantajeé, que no hayan votaciones controladas, que no haya sindicalismo blanco, que no haya sindicalismo charro”, dijo el senador Emilio Álvarez Icaza en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Todos estos cambios que se quieren implementar parecieran solucionar, por lo menos en el papel, el problema laboral por el que atraviesa México, pero una cosa es planear y soñar y otra muy diferente llevarlas a la realidad.
A pesar de los elogios que diversos actores políticos, académicos y representantes de la sociedad civil lanzaron ante la ratificación del Convenio 98, no todos los involucrados en el tema mostraron el mismo optimismo.
Entre los principales inconformes se encuentran Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la bancada del Partido Acción Nacional, la cual incluso trató de reventar la sesión al abandonar el Senado durante la votación.
Tanto el CCE como la CTM publicaron a través de sus canales oficiales comunicados en donde dejaron de manifiesto que no estaban de acuerdo con la manera en la que se aprobó la ratificación del Convenio 98, asegurando que no se discutió lo suficiente el tema y que además se estaba violando otro de los acuerdos ya firmados con la OIT, que sería el 144.
Sin embargo, para la doctora Graciela Bensusán, el tema ya se ha discutido lo suficiente.
“El tema se ha hablado hasta que nos aburrimos de la discusión porque está todo claro. Se respondieron las quejas de la OIT, primero se le dijo que no existían los contratos de protección, después se reconoció que sí existían, luego que se iban a corregir; fuimos y vinimos años con el tema.
Ahora se vota con la mayoría como siempre se han votado las leyes y resulta que nos faltó discusión”, dice la investigadora de la UAM Xochimilco.
Esta postura también la comparte el senador Julio Menchaca.
“El tema de los sindicatos y el Convenio 98 de la OIT es un asunto que está esperando la ratificación prácticamente desde 1956, se firmó en 1949 y en el 2015 Enrique Peña Nieto lo volvió a mandar al Senado”
– Julio Menchaca
Senador de Morena por Hidalgo
Entonces de que se ha discutido se ha discutido por todas las organizaciones obreras, por lo tanto no pueden decir sus detractores que un tema que ha estado presente por más de 50 años no se ha discutido lo suficiente”.
En cuanto a la posibilidad de que esta ratificación desate un conflicto entre el gobierno electo y la clase empresarial, el senador por Hidalgo ve esto como algo lejano.
“Lo que pasa es que hay que diferenciar bien entre algunos líderes empresariales y los empresarios. Aquí el punto es que Juan Pablo Castañón no son los empresarios de México.
Quizá exista alguna situación de molestia por parte de algún sector pero eso no significa que estemos en un círculo de confrontación”, señala.
Ahora el reto será la implementación de lo firmado y acordado tanto en el Convenio 98 como de lo que establece el artículo 123 Constitucional, pues los alcances que tendría la correcta aplicación de estas normas trascienden el tema laboral, ya que rompen el estatus quo y modificarían la relación entre el Estado y los trabajadores, una realidad que de llegar a alcanzarse, también ayudaría a acabar con la desigualdad en el país, sacar a los trabajadores de la informalidad, reducir la corrupción y la violencia al igual que mejorar la relación con nuestro principal socio comercial: Estados Unidos.
CUMPLIR LOS COMPROMISOS
Con la ratificación del Convenio 98 de la OIT México concluye con la aprobación de los ocho compromisos fundamentales en materia de derechos laborales con los que cuenta la Organización Internacional del Trabajo y se suma a los 165 países de América Latina y el Caribe que también suscribieron el acuerdo que hoy causa tanta polémica en el país.
“Con esta decisión, México se unirá a los 165 países del mundo que han ratificado el Convenio 98 y toda la región de América Latina y el Caribe tendrá ratificado este Convenio” señaló en un comunicado la OIT, en el que también aclara que las normas internacionales del trabajo están orientadas a garantizar que el crecimiento económico y el desarrollo vayan de la mano de la creación de trabajo decente.
Todo esto, incluida la reforma Constitucional al artículo 123 de la Carta Magna que se realizó el año pasado, se vislumbra como un gran avance, sin embargo, una cosa es lo que se describe en el papel y otra muy distinta su aplicación en el actual contexto nacional.
Como bien se sabe, México cuenta con una de las Constituciones más robustas del mundo, sin embargo, esto nunca se ha traducido en la correcta aplicación o respeto de las leyes que de ésta emanan, un hecho que demuestra que de nada sirve tener las mejores normas si éstas no se pueden implementar
Por ese motivo, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco y experta en temas laborales, Graciela Bensusán, cuestiona las capacidades con las que cuenta el Estado para poder cumplir tanto lo que la Constitución establece en materia laboral como los convenios internacionales a los que se ha sumado.
“Un grave problema que tenemos en México, no sólo en el ámbito laboral, es que cambiamos las leyes con cierta facilidad pero luego no podemos implementarlas”, comenta.
Ejemplos para sustentar esta aseveración hay muchos. Tal es el caso de la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual, al día de hoy, no se ha podido aplicar con éxito.
Algo similar ocurre con la prometida transformación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía independiente y autónoma.
Para evitar que estos fracasos se repitan en el ámbito laboral, Bensusán explica que lo primero que se tiene que hacer es crear la reglamentación de la reforma Constitucional al artículo 123 que todavía está pendiente y que depende del legislativo
Otra tarea que es imprescindible y que también duerme el sueño de los justos desde hace más de un año a pesar de que en la Carta Magna se estableció un periodo máximo para su creación de 365 días es la fundación de un nuevo organismo autónomo que sería el espacio donde se registrarían los sindicatos y donde se inscribirían los contratos colectivos de trabajo.
Aunado a todo esto la experta indica que para poder comenzar a ver un cambio real en el tema laboral también se necesita que los pocos sindicatos verdaderos que existen comiencen a aplicar esta nueva normativa, un Estado comprometido con capacidades estatales y recursos para hacer el nuevo órgano de registro de los contratos colectivos y los sindicatos, dinero para hacer la transición de las juntas de conciliación hacia el poder Judicial y la formación de cuadros y de jueces en materia laboral.
Además, Graciela Bensusán comenta que también vamos a requerir que los sindicatos y los trabajadores mismos encuentren algún incentivo para crear nuevos sindicatos o para legitimar los que ya existen a partir de la votación universal, secreta y directa de los trabajadores y a partir de negociaciones reales crear los contratos colectivos con los empleadores.
“Sin duda si esto no se conduce bien y no generamos una buena reglamentación y no tenemos procesos ágiles y transparentes para llevar a cabo todos estos cambios sindicales y de sus contratos pude haber problemas en las empresas que lleven a conflictos intersindicales, por eso hay que fijar las reglas del juego. El convenio no nos las da, éste simplemente establece una serie de principios que debemos de seguir”, asevera.
La investigadora también lanza un par de cuestionamientos que se deben tomar en cuenta.
El principal reto para mejorar las condiciones laborales en México es que las leyes y los convenios que se han creado y ratificado en este tema se apliquen y no se queden como letra muerta sobre el papel
“Necesitamos de reglas muy claras que nos digan cómo va a funcionar el órgano autónomo, cómo va a garantizar su autonomía, su independencia, sus recursos y cómo vamos a hacer para que el proceso de reorganización sea transparente, cómo hacer que los trabajadores voten, que los conflictos intersindicales no se vuelvan huelgas, y qué tienen que hacer todas las partes: el gobierno, los empleadores, los sindicatos existentes, y los trabajadores para que este proceso de transformación sea real y no genere daños a la economía, a los trabajadores o al país”.
NO HAY VUELTA ATRÁS
Romper con el estatus quo y cambiar la relación que existe entre el Estado y los trabajadores que al día de hoy ha provocado violaciones tanto a derechos humanos como laborales, ha fomentado la corrupción y ha incidido en la creciente desigualdad del país parecería ser un objetivo común de todos los mexicanos, sin embargo, esto no es así.
Empresarios, sindicatos e incluso algunos partidos políticos se han manifestado en contra de la manera como se ratificó el Convenio 98 de la OIT en el Senado. Una situación que algunos senadores y expertos en el tema consideraron como un intento de tratar de trabar la aprobación para que sus intereses personales no se vieran afectados.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Juan Pablo Castañón, manifestó a través de un comunicado su desacuerdo.
El argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT no tiene ningún peso, pues este tipo acuerdos no son vinculantes
“El Consejo Coordinador Empresarial expresa su desacuerdo con la decisión del Senado de presentar ante el Pleno, sin contar con un dictamen de comisiones y sin realizar las consultas pertinentes, la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Rechazamos que el Senado busque tomar determinaciones que afectan fundamentalmente a la relación entre trabajadores y empleadores en un trámite apresurado, violando así lo dispuesto en el Convenio 144 de la OIT…”
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en voz de su secretario general y también senador, Carlos Aceves del Olmo, igualmente mostró su inconformidad por las mismas cuestiones que el CCE.
“Sería deseable que esta Soberanía recapacitara sobre el atropellado proceso que se llevó a cabo y se pueda regresar la ratificación a las Comisiones Unidas a las que fue turnada para que se pueda cumplir con lo establecido en el Convenio 144 de la OIT y con la obligación de las Comisiones Legislativas Permanentes del Senado y se pueda dar una discusión sobre el Convenio 98 de la OIT, con todos los sectores involucrados en la materia”.
Diversos actores involucrados en la ratificación del Convenio 98 de la OIT se han quejado por la manera en que se dio la aprobación, sin embargo ninguno de sus argumentes cuenta con la fuerza legal para revertir lo ya votado
La bancada panista simplemente abandonó la sesión.
“Los empresarios que se han manifestado en contra de la ratificación del Convenio 98 es porque temen que al firmarlo ya no se puedan imponer al sindicato que firma el contrato colectivo, algo que es violatorio de los derechos humanos en todo el mundo.
ntonces lo que se está queriendo es cuestionar y decir que no se discutió suficientemente el tema cuando el asunto ha estado presente en el país desde 1949”
– Graciela Bensusán
Investigadora de la UAM Xochimilco
La investigadora de la UAM Xochimilco también asegura que algunos empresarios y empleadores están acostumbrados a imponer sus condiciones y lo que ellos temen es que tanto la ratificación del Convenio como la reglamentación y en su momento la reforma Constitucional los obligue a reconocer una interlocución sindical verdadera.
“Les preocupa que haya genuinamente la necesidad de negociar porque no saben ni quieren hacerlo, no tienen una cultura de negociación”, comenta.
Además explica que el argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT que todos los detractores están utilizando no tiene ningún peso, pues este tipo de acuerdos que emite la Organización Internacional del Trabajo no son vinculantes, es decir, no se tienen que cumplir de manera obligatoria por el país que lo firma.
Por su parte, el senador por Hidalgo Julio Menchaca, califica el abandono de la sesión por parte del PAN como una irresponsabilidad.
“Cuando uno asume su responsabilidad podrá no estar de acuerdo con algo y votar en contra, algo que han hecho en el transcurso del tiempo las minorías cuando el PRI o el PAN estaban en el poder.
Pero los panistas, que por un lado no quisieron verse poco solidarios con los trabajadores y por otro decidieron atender los intereses que los representan, en este caso el de los sectores empresariales a los que no les conviene esto porque hay contratos que ni siquiera conocen los trabajadores y que los perjudican, prefirieron usar como excusa la propuesta de reducir los tiempos para presentar propuestas para abandonar la sesión”.
Respecto a la crítica de que el Convenio 98 no se turnó a comisiones en la Cámara Baja, Menchaca dice que eso no implica ninguna violación a la Ley, por lo tanto no hay forma de echar para atrás lo que ya se aprobó.
“La reglamentación también te dice que si ya tiene primera lectura le puedes dar una segunda y la sometes a votación”.
POR UN NUEVO MODELO SINDICAL
La creación de los sindicatos es quizá uno de los avances más importantes en materia laboral que se ha creado, sin embargo, lo que en un principio se concibió como una manera de proteger a los trabajadores de los abusos de sus empleadores terminó por convertirse en todo lo contrario.
Ejemplos hay muchos, tal es el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana encabezado por el priista y exsenador Carlos Romero Deschamps, quien ha sido acusado por presuntamente enriquecerse de manera ilícita con los recursos del sindicato y de utilizar a sus agremiados como fichas de negociación para cumplir con sus intereses políticos y personales.
Tan es así, que hace una semana, senadores de Morena pidieron al SAT un informe sobre los bienes adquiridos por Romero Deschamps, sus familiares y prestanombres de 1993 a la fecha y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda un reporte sobre presuntos manejos irregulares del líder petrolero
Deschamps es el claro ejemplo de lo que ningún líder sindical debe ser: un hombre millonario que lidera a puros trabajadores pobres.
Un caso similar se da con Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y quien ha estado al frente del gremio desde 1998.
Al también priista se le ha denunciado ante la PGR por fraude hipotecario a trabajadores.
Por personajes como éstos es que ahora se busca crear un nuevo modelo de sindicalismo en el país donde los trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales y exigir que se respeten.
“En este momento en México ya conocemos cómo se encuentra el mercado laboral, la situación que viven los sindicatos y las condiciones laborales de los trabajadores. Por lo tanto lo que este modelo nuevo tiene que crear son incentivos para que todos puedan defender sus intereses legítimos”, comenta Graciela Bensusán.
México requiere de una transformación radical en la forma como maneja sus sindicatos, pues la que prevalece actualmente lo único que fomenta son las violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores
Sin embargo en este cambio el papel de los trabajadores también es fundamental, pues éstos deben dejar atrás los vicios que de igual manera afectan a sus empleadores y que pocas veces reconocen.
Como ejemplo de un sindicato real en México la investigadora de la UAM pone a la empresa Volkswagen.
https://www.reporteindigo.com/reporte/en-busca-del-paraiso-laboral-senado-propuesta-morena-ratificacion-convenio-98-oit-derechos-trabajadores/
Hay bases para nuevo modelo laboral: Arturo Alcalde
Es falso que no hubiera consultas con patrones previo a la aprobación del Convenio 98 de la OIT, pues se hicieron en el 2015, cuando EPN envió la iniciativa, afirmó el abogado laboralista.
María Del Pilar Martínez
27 de septiembre de 2018, 01:00
México debe construir su nuevo modelo laboral a partir de las reformas y los acuerdos internacionales que ha adoptado como son: la Reforma Constitucional del 2017 y el , Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde el objetivo es terminar con la simulación y encaminarse hacia el trabajo digno.
En entrevista, Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral, expuso que ya están los puntos de partida para que nuestro país se encamine a otorgar libertad sindical y , ; y rechazó que ello vaya a provocar una inestabilidad en las empresas por la presencia de uno o más sindicatos.
“Actualmente hay patrones que negocian con uno o varios sindicatos, es mentira que ese tipo de negociación impida tomar acuerdos. En todo caso, habrá más sindicatos en sectores en donde no los había, como por ejemplo autopartes o en el sector de la construcción o la maquila”.
Tras destacar que México “fue el último país de América Latina en ratificar el Convenio 98”, Alcalde señaló que las consultas que ahora solicita el sector empresarial “ocurrieron en el 2015, cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió la propuesta para que fuera ratificado por parte del Senado de la República”.
En ese sentido, dijo que el cambio empezó a gestarse desde que se realizó la reforma del 2012, pero tuvo su mayor fuerza cuando se modificó la Constitución en febrero del 2017, pues claramente se da la posibilidad a los trabajadores de tomar decisiones sobre quién debe representarlos.
“El Convenio 98 es totalmente compatible con el nuevo marco constitucional, tanto en la Constitución general, como la de la Ciudad de México, a la que no se le ha dado la importancia y tiene mucha, porque se trata de una gran ciudad que marca un derrotero en el ámbito local y obviamente siempre genera influencia en el resto del país, y se encamina a los principios relacionados con lo que es el trabajo decente de la OIT”, explicó.
El Convenio, que tiene 70 años, era una asignatura pendiente que durante esos años se le planteó a México que lo suscribiera, “cosa que no hacía nuestro país porque alegaba que tenía la cláusula de exclusión, pero en el fondo era la defensa del corporativismo, en donde el patrón decidía con qué sindicato firmaba el contrato de trabajo para favorecer un modelo de control, político y económico”.
La SCJN frenó a sindicatos
La cláusula de exclusión, que es aquella que impedía a un trabajador incorporarse a su empleo si no estaba sindicalizado, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “ello permitió que la reforma en el 2012 la tuvieron que quitar, pues violaba el Convenio 87 y los derechos fundamentales, además en Europa se consideró una violación a los derechos humanos que te puedan correr del trabajo porque dejas de formar parte de un sindicato”.
Luego de esa decisión, no existían argumentos para no ratificar el Convenio 98, además de que la presión internacional creció y se empezó a vincular con los temas comerciales, “particularmente con el TPP, y el TLC, pues a México se le señaló como un mal ejemplo por aplicar contratos de protección”.
Dijo que todo este escenario permite lograr mayor transparencia, y negó que, “a partir del Convenio 98 vaya a haber más sindicatos, eso es un invento, porque el Artículo 389 de la Ley Federal del Trabajo dice que quien tenga la mayoría tendrá la titularidad del contrato. Siempre ha podido haber muchos sindicatos. Una cosa es el registro y la existencia del sindicato y otra cosa es que el patrón tratará con quien tenga la mayoría”.
pmartinez@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Hay-bases-para-nuevo-modelo-laboral-Arturo-Alcalde-20180927-0016.html
Convenio 98 ajusta procedimientos de huelgas y contratos
Presentar un convenio colectivo, definir el sindicato que tiene su titularidad y cómo éste demuestra su membresía, son algunos de los puntos que deberán regularse, destacan abogados.
María Del Pilar Martínez
26 de septiembre de 2018, 00:38
Para ejercer la libertad sindical y garantizar el derecho a la negociación colectiva en el país, se tienen que “desempolvar” las tres iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo (leyes secundarias), o en su caso, presentar nuevas propuestas que pongan en línea a la legislación nacional con el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado el 20 de septiembre por el Senado de la República.
Especialistas consultados explicaron que, si bien las autoridades podrían aplicar el mandato de la reforma Constitucional del 24 de febrero del 2017 en materia laboral y la ratificación del TPP, “pues ambas contienen los temas de negociaron colectiva efectiva y la representatividad real de los sindicatos”, es indispensable que, en aras de poner claridad y transparencia a la Ley Federal del Trabajo, ésta se actualice para no crear confusión al entrar en vigor el Convenio 98.
Se tienen que adecuar los siguientes procedimientos: para presentar un contrato colectivo de trabajo; para realizar un emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo; modificar el procedimiento para la titularidad de contrato colectivo; además se tiene que derogar el artículo 395 —relacionado con la cláusula de admisión— que se ve rebasada porque ahora será el trabajador quien decida pertenecer o no a un sindicato.
Para atender esos cambios se presentaron en la pasada Legislatura tres iniciativas en el Senado de la República, las cuales se quedaron en la congeladora legislativa. La primera, presentada en agosto del 2017 por el senador Isaías González Cuevas secretario general de la CROC, que planteaba la reforma a los artículos 94 y 104 constitucionales. La segunda se hizo pública en diciembre del 2017, en la que participó, además de Isaías González, el entonces senador Tereso Medina de la CTM, ahí los cambios fundamentales estaban relacionados con la justicia laboral.
La última, promovida a mediados de diciembre del 2017 por el senador Luis Sánchez Jiménez que hizo suya la propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Amparo preparada por la Unión Nacional de Trabajadores.
Hugo Ítalo Morales, especialista laboral, comentó que se espera una nueva propuesta “que ya trabaja el nuevo gobierno, y será hasta entonces donde se conozcan los cambios que permitan dar claridad a la aplicación del Convenio 98”.
Cambios históricos
Los aspectos que irán cambiando en nuestro país están relacionados con la libertad sindical, “que es el derecho de asociación total, justamente que se permita a los trabajadores decidir sobre: si me puedo afiliar a un sindicato, o no me puedo afiliar, o tengo derecho a salirme del sindicato”, comentó Salvador Pasquel Villegas, de la firma Baker & Mckenzie.
Un aspecto más que tendrá que definirse es sobre la demanda de titularidad de contrato, (emplazamiento a huelga) “actualmente no se pide al sindicato que se acredite la existencia de trabajadores, y para ello se presentaron, en su momento, dos propuestas: la primera buscaba que se acreditara con 20 trabajadores dicho emplazamiento a huelga, y la segunda, que fuera 30% de los trabajadores los que otorgaran el aval a la organización sindical”, refirió Germán de la Garza, especialista de Mowat.
Además, se debe retomar la creación de un organismo autónomo que tendría como fin verificar que los trabajadores ejercieran libremente la elección de su representación sindical.
pmartinez@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Convenio-98-ajusta-procedimientos-de-huelgas-y-contratos-20180926-0010.html
Chiapas:Propone CECH sanciones al tamaño de la empresa
Las sanciones a las empresas que derivan de los casos llevados a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje deberían ser establecidas conforme al tamaño de la empresa para que éstas no desaparezcan, manifestó el presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Isaías Alfaro Castellanos.
En el marco de su participación en el “Foro de Justicia Laboral”, que organizaron en conjunto la Secretaría del Trabajo del Estado, Poder Judicial del Estado de Chiapas y Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Alfaro Castellanos dijo que las sanciones que se establecen en los juicios superan por mucho el costo de la empresa, las cuales, en algunos casos, son obligadas a desaparecer.
Explicó que los ingresos determinan el tamaño de la empresa, por lo que si en un juicio establece una sanción de 2 millones de pesos y el ingreso de la empresa es de 100 mil pesos; esto obligaría a que dicha empresa desaparezca.
“Tal vez para una empresa esa cantidad no signifique nada pero para otra puede significar la vida y no se trata de matar la empresa” expresó el titular del CECH al tiempo de recordar que son las empresas las que contribuyen en gran medida al desarrollo económico del estado.
Jueces laborales expertos
Respecto a la transición que tendrán la Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para convertirse en Centros y Tribunales, derivada de la reforma laboral aprobada el año pasado; Castellanos subrayó que aunque la estructura cambie, los casos que se presenten deberán ser atendidos por jueces laborales expertos que los agilicen
En contraste, la Consejera de la Judicatura del Poder Judicial de Chiapas, María de Lourdes Hernández Bonilla, señaló que la creación de Centros y Tribunales de Conciliación crearía rezago de expedientes, gasto excesivo para la próxima administración y un costo elevado para quienes deban trasladarse de los municipios a la capital del estado.
“Si es unistancial, por los menos crear siete juzgados y dos salas de apelación; si consideramos la política de austeridad de la próxima administración, nos saldría más caro instalar un tribunal con siete magistrados (…), los municipios vengan a la capital les generará un gasto para el traslado y un costo también para los abogados”, explicó Hernández Bonilla.
La desaparición de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje fue desarrollado dentro de la mesa cinco del “Foro de Justicia Laboral”, realizado el pasado 20 y 21 de septiembre en el Auditorio Enrique Robles Domínguez del Poder Judicial del Estado,
Dicho foro tuvo como objetivo ampliar la información sobre la reforma laboral al sector empresarial y sociedad civil, así como establecer criterios jurídicos para la implementarlos en la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Laboral.
http://vialibrechiapas.com/propone-cech-sanciones-al-tamano-de-la-empresa/
Tomará un año hacer aplicable el Convenio 98
Hecha la ratificación, México debe notificar al organismo internacional y los patrones expresarán sus observaciones.
Pilar Martínez
25 de septiembre de 2018, 00:04
La aplicación en México del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tomará un año, que es el tiempo que tardará el organismo en validar la reciente ratificación mexicana de dicho instrumento, de acuerdo con especialistas laborales.
El Convenio 98, que garantiza la protección del derecho a la libre sindicación y a la negociación colectiva, fue ratificado por el Senado mexicano el pasado jueves 20 de septiembre, pero varias actuaciones faltan antes de que la OIT reconozca a México como firmante del Convenio.
De acuerdo con Luis Monsalvo Valderrama, abogado laboral, quien participó en el Foro IDC 2018 con la ponencia “Recomendaciones para evitar sindicatos fantasmas”, una vez que se dio el aval legislativo, la ratificación deberá ser notificada a la OIT y, a su vez, el sector patronal podrá manifestarse respecto del Convenio, “y todo ello llevará más de un año”.
Salvador Pasquel Villegas, de la firma Baker & Mckenzie, comentó en la misma línea que “conforme con los términos del Artículo 8, el gobierno mexicano tiene que acudir a la dirección general de la OIT para registrar la ratificación y de ahí entra en vigor 12 meses después”.
Añadió que es probable que “en ese transcurso veamos modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, no sólo constreñidas al artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de la cláusula de exclusión —que obliga a los trabajadores a estar dentro de una organización sindical— sino que se deberían revisar otros aspectos como el emplazamiento a huelga o el registro de verdaderos sindicatos”.
Monsalvo Valderrama se refirió al desarrollo de la vida sindical y la relación con las empresas en el país, la cual “no tiene mecanismos efectivos para evitar la existencia de sindicatos blancos, ni la legislación; pues en México hay sindicatos fantasmas y sindicatos blancos. La diferencia entre uno y otro es que estos últimos existen, pero sin actividad sindical, y los primeros, no existan más que en el membrete”.
En febrero del 2017 se aprobó una reforma constitucional en materia de justicia laboral, que según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya se adapta a los preceptos del Convenio 98. Sin embargo, la legislación secundaria correspondiente no se ha promulgado, cuando debería haberse hecho desde febrero pasado.
¿Pertenecer o no a un sindicato?
Para los especialistas laborales, la firma del Convenio 98, que mantiene inquietas a muchas empresas mexicanas, tiene tres vertientes de importancia, pues de una verdadera representación sindical se pueden derivar o no los contratos colectivos de trabajo y terminar con los contratos de protección, las extorsiones y los sindicatos blancos.
“Una de las principales vertientes que trae el Convenio es que se respete la libertad sindical, es decir, que haya uno o dos sindicatos; pero también la posibilidad de que los trabajadores decidan si quieren estar representados en un sindicato o no. Para ello se requiere la modificación de todas las normas que llevan al inicio de la contratación colectiva”, afirmó Monsalvo Valderrama.
Un segundo punto consiste en el hecho de que “no se fomente la afiliación a uno u otro sindicato, e incluso no fomentar la creación de sindicatos, desde el punto de vista patronal, o al revés, que las organizaciones sindicales sean quienes lo promueven”.
Y el tercer aspecto es la existencia de los organismos adecuados para el fomento del pleno desarrollo de las negociaciones colectivas, ahí se refiere a la creación del Instituto de Conciliación, que se encuentra en la legislación secundaria pendiente.
Este Convenio 98 tiene muchas implicaciones, “por eso México tardó muchos años en ratificarlo, porque hay que cambiar radicalmente la forma como se llevan a cabo las relaciones laborales colectivas y la forma como se entienden estos procedimientos”, destacó Salvador Pasquel Villegas.