En México, la incorporación del sector obrero al PRI permitió resolver el conflicto entre las fuerzas conservadoras del capital y las fuerzas progresivas del movimiento laboral.
Por Leo Zuckermann
18 de Octubre de 2018
Algo importante está pasando en el mundo sindical en México. Las aguas están muy movidas. Napoleón Gómez Urrutia ha regresado al país con toda la intención de seguir dominando el principal sindicato minero. Elba Esther Gordillo ha salido de la cárcel con toda la intención de regresar a liderar el principal sindicato magisterial. Carlos Romero Deschamps está organizando comicios para reelegirse como dirigente nacional de los petroleros. El nuevo gobierno de López Obrador, por su parte, está en el proceso de definir cuál será su política frente a los sindicatos. ¿Apoyará a líderes charros y corruptos que aseguren estabilidad política o promoverá un proceso de democratización real de los sindicatos?
En Shaping the political arena, los politólogos norteamericanos Ruth y David Collier realizaron un estudio fundamental sobre la relación entre los movimientos obreros y los regímenes políticos en América Latina. Los autores argumentan que la modernización capitalista de principios del siglo XX trajo consigo la formación de una clase trabajadora radicalizada y organizada en movimientos laborales. La reacción de los distintos Estados nacionales latinoamericanos a estos movimientos determinó, según ellos, el tipo de régimen político de cada uno de los países.
De acuerdo con los Collier, las reacciones de grupos conservadores hacia los movimientos obreros derivaron en un sinnúmero de golpes de Estado en América Latina. En México, en cambio, la incorporación del sector obrero a un partido de Estado, el PRI, permitió canalizar y resolver el conflicto entre las fuerzas conservadoras del capital y las fuerzas progresivas del movimiento laboral. El sistema priista fue eficaz para negociar la lucha de clases lo cual, en comparación con otros países latinoamericanos, dio mucha estabilidad a la vida política del país. Esto no es ninguna menudencia si se toma en cuenta los horrores que significaron las diversas dictaduras militares en Latinoamérica.
La relación del Estado mexicano con el sindicalismo oficial fue funcional para ambas partes. Por un lado, se consiguió paz y estabilidad política. Por el otro, los obreros mexicanos lograron ciertos derechos en su seguridad laboral y social. Los mayores beneficiarios de este pacto fueron los líderes sindicales, quienes recibieron jugosas rentas económicas y poderosos puestos políticos. Eventualmente, la complacencia se apoderó de estos dirigentes, quienes cada vez más estuvieron dispuestos a acomodarse que a luchar.
En los años ochenta se dieron una serie de acontecimientos que tuvieron un efecto directo sobre el sindicalismo mundial y mexicano. El sistema comunista, supuesto defensor de los intereses de la clase trabajadora, cayó. El mundo se convirtió en un lugar predominantemente capitalista donde comenzó una despiadada lucha —no de clases— sino de países por conquistar mercados. En esta implacable globalización, los capitales se dirigieron a los lugares donde el trabajo era más barato, productivo o preparado. Esto significó un nuevo reto para los sindicatos acostumbrados a una concepción anacrónica de la lucha de clases.
En esa misma década, en México se dio una serie de reformas económicas orientadas a fortalecer al mercado. El Estado perdió espacios y con ello capacidad de repartir beneficios al movimiento obrero organizado. Además, los sindicatos fueron perdiendo poder dentro del PRI, partido que, con la creciente apertura política, tuvo que competir para ganar puestos de elección popular.
El PRI, eventualmente, perdió el poder, pero los gobiernos panistas, tanto el de Fox como el de Calderón, se acomodaron con los líderes y sindicatos que venían de la época dorada del tricolor. Prefirieron mantener la fiesta laboral en paz llegando al extremo, en el caso de la educación pública, de entregarle parcelas enteras de la administración del sistema al sindicato magisterial.
En los últimos meses, el gobierno de Peña, quien como buen priista se acomodó a la paz laboral de los sindicatos charros y corruptos, ha firmado un par de acuerdos internacionales de libre comercio que obligan a la modernización y democratización sindical. Me refiero al TPP 11 y al USMCA. Se trata de un enorme reto para la siguiente administración de López Obrador sobre todo si se suma el hecho de que la izquierda mexicana siempre ha luchado por tener sindicatos reales que representaran los intereses de los trabajadores. ¿Qué hará, en este sentido, AMLO con el mundo laboral mexicano? ¿Se acomodará con los dinosaurios, pondrá a los suyos o permitirá un verdadero movimiento sindical democrático? Un asunto que valdrá la pena darle seguimiento.
Categoría: Opinión
Caciques sindicales en resistencia // Petroleros maniobran // Congreso de electricistas // ¿Elecciones realmente libres?
Astillero
Julio Hernández López
▲ LIBERTAD A PRESOS POLÍTICOS. Andrés Manuel López Obrador anunció que el primero de diciembre emitirá un decreto para liberar a los presos políticos. Ayer el presidente electo se reunió con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.Foto La Jornada
Liderazgos sindicales acusados de corrupción y cacicazgo tratan de blindarse ante la nueva política laboral del obradorismo, la cual garantizará elecciones libres en las organizaciones de trabajadores y a cuyo amparo se están organizando corrientes disidentes para empujar el cambio de esos dirigentes “charros” y, de ser posible, su procesamiento judicial.
En las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana sus actuales dirigentes están en búsqueda de mantenerse en el poder (por sí mismos o a través de miembros de sus camarillas) y, a la vez, sostener a Carlos Romero Deschamps, el máximo símbolo actual de corrupción sindical. En Ciudad del Carmen, Campeche, por ejemplo, Víctor Kidnie de la Cruz, dirigente de la sección 47 del sindicato petrolero, ha iniciado la entrega de “plazas definitivas”: ya lo hizo con 77 trabajadores y ha anunciado que en total serán 300 “beneficiados” con empleo seguro.
Kidnie de la Cruz, como varios de los miembros de la dorada clase sindical petrolera, está acusado penalmente de diversos delitos, sobre todo, del conocido como “lavado de dinero” (así lo reconoció en esta semana el fiscal general de Campeche, Juan Manuel Herrera Campos). Además, los dirigentes petroleros han sido constantemente acusados de extorsionar a los aspirantes a obtener empleos; para conseguir una plaza definitiva deben entregarse centenares de miles de pesos a los “líderes”.
Víctor Fuentes del Villar, líder máximo del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), ha disfrutado durante largos años de escenificaciones degradantes para quienes aspiran a trabajar en la Comisión Federal de Electricidad o a mejorar sus ingresos: sus subordinados le organizan filas de solicitantes de empleo que le aplauden y le buscan agradar, en particular mujeres vestidas con faldas cortas. Esas escenas se han montado a la entrada del edificio donde tiene sus oficinas y en un caro restaurante en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
Fuentes del Villar es un inversionista próspero, sobre todo en inmuebles de lujo. Llegó a la silla sindical como otros miembros de la élite sindical, por la vía familiar: en agosto de 2005 murió su tío, Leonardo Rodríguez Alcaine, conocido como La Güera, y el sobrino ascendió al trono mediante trámites expeditos y nada democráticos.
Ante los nuevos tiempos, Fuentes del Villar ha hecho convocar, con toda oportunidad, a un congreso nacional a realizarse en Cancún en noviembre próximo. Ahí, en el orden del día correspondiente al 14 de noviembre (un orden “indicativo”, se precisa) se pondrán a controlada votación las propuestas de “reformas estatutarias” que permitan a los “representantes” de los trabajadores electricistas intentar su continuidad. Por lo pronto, se invita a los interesados a que envíen sus propuestas, ponencias y sugerencias a las oficinas sindicales y a sitios de Internet. Pero, en la “democracia” sindical vigente, a la hora de la verdad solo se hace lo que el “líder” indica.
Otra historia de oprobio es la de otro Víctor, este de apellido Flores, un auténtico saqueador de la riqueza del gremio ferrocarrilero, habilitado como verdugo de los trabajadores del riel justamente en el proceso zedillista de privatización del sistema ferroviario. Similares historias hay en demasía, en los planos nacional y de los estados y regiones.
En algunos casos, como el de los petroleros, ya se han realizado reuniones de organización de una disidencia esperanzada y alentada por el arribo del obradorismo a los poderes Legislativo y, próximamente, al Ejecutivo. La primera reunión abierta de la disidencia se realizó en Salina Cruz y se planea hacer otra en Tampico. La senadora de Morena por Campeche, Cora Cecilia Sánchez, trabajadora petrolera impulsada por Layda Sansores, y el senador por Oaxaca, también morenista, Salomón Jara, están participando activamente en la organización de esa disidencia. ¿La cuarta transformación sacudirá a las élites sindicales tradicionales y propiciará una esperanzadora renovación?
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¿Volver al 68? Hacia una política laboral y salarial para el desarrollo
Por Marcos T. Águila
Morena carece de una política laboral y salarial desarrollada (no lo requería para ganar las elecciones), pero la alianza y soporte de la clase trabajadora al nuevo gobierno, la exige
11/10/2018
Resulta paradójico el hecho de que 1968, año de la movilización estudiantil y popular autónoma de mayor envergadura que nuestro país ha vivido después de la Revolución, coincidió con uno de los puntos de más alto nivel salarial relativo en México. Dicho de pasada, ello indica que las motivaciones económicas inmediatas no producen por default protestas políticas, como una cuestión de acción- reacción predeterminada y predecible. Las protestas políticas tienden a asociarse a asuntos que lastiman la dignidad personal y social, y sus vasos comunicantes pueden ser internacionales, como en el caso del año que nos ocupa. La paradoja de 68, también, nos indica que si bien las clases trabajadoras mexicanas pudieron ser simpatizantes silenciosas del movimiento estudiantil popular, en general éstas permanecieron al margen, como a los temas centrales de la protesta de estudiantes y clases medias urbanas, a diferencia del mayo francés, por ejemplo. La defensa de la libertad de expresión, de prensa, de pensamiento, y más adelante, la denuncia de la brutal represión en Tlatelolco, fueron un tema secundario para los obreros. México vivía entonces un panorama favorable para el empleo y las expectativas de crecimiento salarial. No en balde, el salario medio industrial se había duplicado, entre el an de la Segunda Guerra Mundial y 1968. Ubicado en la cima de su poder, el charrismo sindical presumía su control, basado en la fórmula de sumisión política a cambio de aumentos salariales regulares. Ello permitió al eterno líder de la CTM, Fidel Velázquez, pronunciar sus declaraciones en favor del presidente Díaz Ordaz después del 2 de octubre, en nombre del movimiento obrero.
Cincuenta años después, el panorama laboral que vivimos es el opuesto, tanto en el terreno del mercado de trabajo, caracterizado por la ausencia de oportunidades ocupacionales suacientes y dignas a todos los niveles, incluidos los empleos de caliacación relativamente alta, como por el piso salarial forzadamente bajo. Decimos forzadamente, tanto por efecto de la debilidad del propio mercado – la sobreoferta de mano de obra propia de los países atrasados-, como por la desintegración del sindicalismo de todo tipo, así como por el carácter antiobrero de la política de los gobiernos del TLC, orientados al crecimiento basado en las exportaciones, cuyo complemento natural consiste en deprimir el costo salarial como arma competitiva. Así, una de las piezas clave de la estrategia antiobrera fue el control férreo del salario mínimo, verdadera ancla para toda la estructura salarial desde los años de la crisis de la deuda externa y los programas de estabilización del FMI. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos llegó a ser supervisada por organismos anancieros internacionales. La debacle salarial comenzó en aquellos años, pero sus efectos se congelaron hasta hoy, con la excepción de pequeños segmentos del espectro salarial ligados a las antiguas empresas estatales (y sus sistemas de jubilación privilegiados, por ejemplo), a la élite del sector ananciero o a la casta dorada del poder judicial, con la joya de la corona representada por los impúdicos ingresos y condiciones laborales de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para la inmensa mayoría de los trabajadores de a pie, más de tres décadas de vacas kacas. ¿Será por an la época de cambiar el sentido del ciclo salarial de largo plazo? ¿Volver a un nuevo 68?
La novedad, por supuesto, es el impulso popular que ha llevado al hasta hace muy poco despreciado “líder populista” en los medios de comunicación, Andrés Manuel López Obrador, “el fantasma de Venezuela”, a su inminente toma de posesión como nuevo presidente de México. Un verdadero terremoto electoral. Pero, ¿cuál será la política laboral y salarial del nuevo gobierno? ¿La tiene? Desafortunadamente, contamos solamente con pocas pistas y algunas conjeturas. Ello se basa en otra paradoja. Por un lado, es evidente que el triunfo de AMLO se asentó en buena medida en el voto de millones de trabajadores asalariados a favor suyo, pero por otro lado Morena no es un partido de trabajadores urbanos, con una estructura asociada a sindicatos o círculos de obreros. El Movimiento de Regeneración Nacional se construyó alrededor de un proyecto político-electoral, asociado a una mezcla variopinta de sectores vinculados a organizaciones de colonias populares, de comerciantes, de clases medias depauperadas; así como de organizaciones campesinas e indígenas, todos víctimas de la política de modernización excluyente que inauguró el Salinismo: ¡Muera el Estado obeso!, ¡Viva la competencia!, ¡Viva la propiedad!, y un implícito ¡Viva la corrupción! El grito de guerra de Morena: ¡Muera la corrupción!, por tanto, convocó a millones. La coalición probó ser eacaz, pero en ella el segmento de trabajadores asalariados como tales se diluye en la palabra pueblo. A diferencia de partidos como el PT brasileño, con un núcleo obrero organizado en su centro, Morena no es un partido de la clase trabajadora, repetimos, sino más bien un movimiento pluriclasista, con peral nacionalista y acaso también “de raza”, indígena y mestizo. Muchos de sus militantes hicieron carrera política en otros partidos. Claro está, con sus propias contradicciones, como muestra la sorprendente boda de César Yáñez (el colaborador cercano de AMLO), en Puebla. Una boda tan cercana en forma y fondo a las de los “aas” y “mirreyes”, ¡antes de tomar posesión!, acaso ameritaría plantear su separación del proyecto.
En suma, Morena carece de una política laboral y salarial desarrollada (no lo requería para ganar las elecciones), pero la alianza y soporte de la clase trabajadora al nuevo gobierno, la exige. En cuanto a pistas y conjeturas, se desprende que su orientación puede favorecer un despegue de la organización sindical independiente, y una posible mejora de la negociación salarial a favor de los trabajadores. No tenemos espacio para desarrollar aquí los contenidos. Vamos apenas a enunciar tres ideas: Primera: se precisa de una política salarial progresiva. No repentina, ni fugaz, pero arme, asentada en una recuperación progresiva del mercado interno (que permita que el incremento de la demanda de consumo de bienes salario eleve el empleo local, y no sólo el extranjero, asociado a las mercancías importadas). Acaso el primer paso en esta política sea revertir la orientación sobre el salario mínimo como ancla, al de un salario como vela. La CONASAMI no tiene por qué desaparecer (como se ha sugerido), sino transformarse en una institución orientada a recuperar el texto constitucional, a procurar el bienestar de las familias trabajadoras, como sucedió en el Cardenismo, cuya herencia ha reclamado Morena. El tripartismo no es por naturaleza proliberal, ello depende de la fuerza relativa y orientación de los integrantes, especialmente del árbitro estatal. Segundo: Procurar una defensa efectiva de la contratación colectiva (como sostiene el recién armado convenio 98 de la OIT en el nuevo Senado), lo que supone combatir el llamado outsourcing, que debilita extraordinariamente el lado obrero del mercado laboral. Tercero, y complementario a los otros dos: una política que favorezca la emergencia de representaciones sindicales autónomas, contra la gerontocracia y gangsterismo sindical. El panorama político social cambiaría. Las huelgas dejarían de ser reliquia del pasado o tratarse como actos antipatrióticos. Serían la expresión pactada para hacer valer el derecho de los trabajadores a una vida digna. Para volver a otro 68.
Profesor Investigador de la UAM Xochimilco. Historiador y economista.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/volver-al-68-hacia-una-politica-laboral-y-salarial-para-el-desarrollo
La relaciones laborales en el próximo gobierno
David Gutiérrez Fuentes
- 2018-10-11 – 00:33:17
Hace poco, Luisa María Alcalde dio un enfoque de política laboral que me pareció sensato. En primer lugar le puso contexto al entorno en el que se ofrece empleo en nuestro país y del cual se presumen logros desde la habitual demagogia que caracterizó al prianismo depredador que inauguró Fox y cerrará con broche de oro Peña Nieto. El contexto es escalofriante y es un indicador de la precarización del trabajo mediante figuras como el outsourcing de empleos en los que las prestaciones son nulas o casi nulas.
Esta situación ha sido el resultado de más de 25 años de concentración excesiva de poder en un puñado de empresarios que demandan más de lo que han aportado al país y del abandono de las políticas de empleo supeditadas a un libre mercado en el que las Pymes se las han ingeniado para sobrevivir en medio de vicisitudes cada vez más complejas.
Por ejemplo, si reparamos en algunos escándalos de corrupción que hay tras las millonarias licitaciones para grandes obras de infraestructura, es visible que buena parte del empresariado no competitivo, es el que al lado de funcionarios corruptos y políticos del pasado bien definidos como “traficantes de influencias”, juegan roles perversos en una economía con ingresos salariales y prestaciones laborales desiguales y poco equitativas.
Fortalecer el mercado interno mediante una adecuada interlocución entre las instituciones y los empresarios no implica volver la vista al pasado ni copiar modelos obsoletos, como algunos nos quieren hacer creer. Es necesaria la figura de un Estado rector capaz de establecer nexos de colaboración con un empresariado, no el de los grandes consorcios, que también votó por un cambio.
La creación de un enorme mercado laboral mediante figuras en las que los derechos laborales se encuentran casi a la deriva y la falta de interlocución para recomponer el tejido laboral, más allá de los arreglos en tribunales y reformas legalistas para administrar la precariedad de buena parte del empleo “formal”, es una tendencia que llegó a su límite en varios países del mundo y no sólo en México.
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Lucha contra la corrupción y recomposición del tejido laboral, son dos líneas de trabajo que tienen que volver a confluir y en las que me parece que en este sexenio puede haber buen entendimiento entre gobierno y empresarios.
En este sentido, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, del cual Luisa María Alcalde habló con Carmen Aristegui que regresa merecidamente a la radio, me parece un proyecto sólido que da cuenta del buen entendimiento que tiene que haber entre las Pymes y la próxima administración. Aunque eventualmente otras empresas más grandes formen parte del programa, además del porcentaje del sector público y el sector social que participan también con un 20 y 10 de las capacitaciones.
La cultura de la mediación en todos los ámbitos laborales, impulsada desde la Secretaría del Trabajo, es necesaria en la recomposición del tejido social. Es deseable, y parece muy posible, que el equipo de colaboradores de Luisa María Alcalde jugará un papel más relevante en los próximos seis años como mediador acreditado y participante en la incorporación de los jóvenes al mundo del empleo.
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096893.html
¿Otro madruguete de Morena?
11 OCT, 2018
Tiempo de negocios
DARÍO CELIS
Confirmado: Napoleón Gómez Urrutia y Arturo Alcalde Justiniani son las dos caras de la moneda morenista que maneja ya la política laboral del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Uno será el brazo ejecutor desde el Congreso y el otro autor intelectual de la llamada Cuarta Transformación del sindicalismo mexicano. El lunes destapamos la Caja de Pandora y nos llegó información que documenta, todavía mejor, las pretensiones de esta dupla.
Incluso se tuvo acceso al “Proyecto de Modificaciones a la Ley Federal del Trabajo”, elaborado por un grupo de abogados cercano al nuevo equipo, el cual tiene que leerse en el contexto del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Pero también en el entorno de la creación del Instituto de Capacitación Política del futuro gobierno, a cargo de John Ackerman, ambos, punta de lanza para conocer la información referente a los corporativos.
En la “Propuesta Alternativa Reforma Laboral Secundaria” destacan, entre otros, cinco puntos de interés:
1. Se promoverá la reforma de la Ley Federal del Trabajo. El pretexto para ello fue la firma del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Libertad Sindical. Al margen de los defectos de procedimiento que tuvo su aprobación, este convenio es, sin embargo, una revisión profunda que tiene que ver con una nueva forma de analizar la información de las empresas.
2. Un elemento clave será el Programa de Empleo Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual, hordas de muchachos que no tienen ni empleo ni estudian (los mal llamados ninis, a quienes previamente se adoctrinará bajo los lineamientos ideológicos de la “Cuarta Transformación”) serán contratados temporalmente por diversas empresas con el fin de iniciar un trabajo de difusión de ideas, levantamiento de datos relevantes sobre prácticas corporativas y de los propios sindicatos existentes y otro tipo de información.
3. En la nueva ley se incorporará el requisito para las empresas de incluir todos los datos del Sistema Único de Autodeterminación (IMSS, Infonavit y SAT) para llevar un control más estricto de todas las percepciones salariales y los números de las empresas, así como la lista de trabajadores sindicalizados y los contratos colectivos firmados a los que a su vez les será requerido para su validez el que éstos cumplan cabalmente con los estatutos de el o los sindicatos y sus actas de asamblea y que acrediten tener la representatividad de los trabajadores para asegurar que los liderazgos son “legítimos” y así acabar con los contratos de protección y, como consecuencia, con los sindicatos charros.
4. Los trabajadores temporales del programa de jóvenes van a monitorear el cumplimiento de lo estipulado y en caso contrario, se promoverá la creación de nuevos sindicatos que estarán afiliados a la nueva central que va a sustituir a la CTM, la CROM, la CROC y todos los viejos aparatos del PRI.
5. Asimismo, la ley va a prever que ningún patrón pueda tener injerencia en la creación de sindicatos, representatividad, vida interna, y que los despidos sean acotados por las nuevas representaciones sindicales, para evitar que los leales al grupo “transformador” sean separados de sus empleos y se trunque la labor de control.
La maquinaria apenas está echándose a andar.
CNET SE SUBE
Ayer tal y como le informé, se dio la primera reunión formal entre el próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga. Sí asistió Alfonso Romo, futuro jefe de la Presidencia, quien no perdió oportunidad para hacer gala de sus dotes negociadores.
El encuentro fue muy productivo. Ambas partes estuvieron de acuerdo en firmar una agenda común que los lleve a las metas de crecer a 60 millones de visitantes con un gasto promedio de mil 250 dólares, lo que permitiría escalar a ingresos por divisas de 43 mil millones de dólares. Romo prometió coordinar una reunión con Andrés Manuel López Obrador para presentar la Agenda Nacional de Turismo y declarar al mismo como prioridad nacional. Sobre el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Azcárraga aceptó que los empresarios aporten recursos adicionales, siempre que existan mecanismos de transparencia en los gastos. También propuso regresar al formato donde éste funcione como un consejo de administración en el que autoridades y sector privado participen. Sobre el Tren Maya, acordaron que los empresarios apoyen su financiamiento para no tocar los recursos del CPTM.
VA CONMÉXICO
A la que también le fue muy bien ayer fue a Luisa María Alcalde, propuesta para la Secretaría del Trabajo. Como le informé, se reunió con el pleno de ConMéxico, cuyo presidente ejecutivo es Jaime Zabludovsky.
En efecto, uno de los temas centrales fue el mencionado programa de primer empleo Jóvenes Construyendo el Futuro, que empujará con mucha fuerza el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. Las 45 empresas que integran esa cúpula accedieron a registrarse en un padrón que servirá de base para empezar a determinar cuántos muchachos podrían recibir y las condiciones de aceptación para emplearlos.
Nos dicen que este encuentro nada tuvo que ver con el que Alcalde recientemente sostuvo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el gremio presidido por Vicente Yáñez, que se mostró más reacio con el programa de primer empleo para jóvenes.
POSPONEN
Graciela Márquez, designada próxima secretaria de Economía, pidió al director de ProMéxico, Paulo Carreño, reprogramar para el 18 de octubre la reunión que tendrían hoy.
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Darío Celis | Opinión
https://www.dineroenimagen.com/dario-celis/otro-madruguete-de-morena/103861
Les llegó su hora a estos líderes charros
La guillotina que Morena dejará caer está siendo afilada y ya emitió sus primeros destellos en el Senado
Alejandro Sánchez / Contra las cuerdas / Heraldo de México
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ OCTUBRE 10, 2018
El senador Armando Guadiana primero se acomodó el sombrero de ala ancha y luego de deslizar los dedos sobre su bigote, dijo que los trabajadores van a gozar de libertad sindical para escoger a sus líderes.
-¿Van por la cabeza de Carlos Romero Deschamps y compañía? —le pregunté dentro del recinto y en medio de rumores en ese sentido.
El legislador por Morena recargó su antebrazo en el respaldo de la silla acolchonada del escaño y contestó:
-¡Eso es decisión de los trabajadores! Nosotros no tenemos por qué andar metiéndonos en decisiones de sindicatos. Vamos a hacer, eso sí, que se respete la autonomía.
Durante la charla con quien es el presidente de la Comisión de Energía en el Senado y empresario minero -es propietario de más de 36 mil hectáreas en Zacatecas y Sonora, algo así como media CDMX- dijo que él ha respetado a sus trabajadores, por lo que en todos los gremios se debe hacer cumplir con ese derecho. No hay salvación. La guillotina que Morena dejará caer sobre la cabeza de los viejos charros sindicales está siendo afilada y ya emitió sus primeros destellos en el recinto de Reforma e Insurgentes. El 1 de octubre adelantamos aquí que no había que perder de vista a la legisladora de Morena, Cecilia Margarita Sánchez García, quien empujó las propuestas de Andrés Manuel en ese sentido en la sesión de este martes para que se turne a comisiones. En campaña AMLO prometió acabar con líderes charros como Carlos Romero Deschamps, quien lleva 30 años al frente del sindicato de Pemex o Carlos Aceves del Olmo, de la CTM, quien no estuvo presente ayer que Sánchez García presentó una reforma al artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo en materia de democracia sindical para que el voto sea libre y secreto, pequeño punto con que gobiernos del PRI y PAN permitieron a líderes crear emporios con residencias dentro y fuera del país, jets privados, autos de colección, relojes finos y yates, a pesar de que su sueldo no pasa de 30 mil pesos. Habrá que estar atentos porque otro de los rumores que suena es que a la reforma sindical se le dejaría un candado para que una vez que el nuevo régimen cambie de líderes sindicales emanados y sostenidos por el priismo y panismo, podría regresarse al viejo esquema de votar a mano alzada para prolongar el liderazgo de los nuevos jefes sindicales ligados a Morena.
Uppercut: En la Junta de Coordinación Política del Senado hubo molestia por la agenda legislativa presentada por Martí Batres y aunque hay coincidencia en algunos temas, coordinadores opositores como Miguel Ángel Osorio Chong y Damián Zepeda reprueban la libertad legislativa del presidente senatorial… A Xóchitl Gálvez en su partido, el PAN, le pararon el jueves un punto de acuerdo para pedir cuentas al gobernador Manuel Velasco por observaciones de 682 mdp de la ASF. Pero ayer que iba a volver a subirlo, ¡oh! Sorpresa, la ASF notificó de última hora que Velasco ya regresó la lana que debía.
CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM
@ALEXSANCHEZMX
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/contra-las-cuerdas-les-llego-su-hora-a-estos-lideres-charros/
Luces y sombras del USMCA
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/10/2018
Hay un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (Usmca, por sus siglas en inglés). Todos y cada uno de los elementos que conforman este nuevo acuerdo comercial afectan e involucran directa e indirectamente a las mujeres, ya sea en su vida económica o laboral, en sus Derechos Humanos o bien en sus autonomías.
El cambio de nombre fue decisión de Trump y le quita lo de “libre comercio». En parte tiene razón porque subsisten los aranceles al acero y aluminio que él impuso a varios países, entre ellos los miembros del Acuerdo Comercial y quiere conservar esa prerrogativa.
A pesar de su anti mexicanismo, su crítica al TLCAN y el proteccionismo que lo caracteriza terminó aceptando la realidad de tener que contar con un acuerdo con México y Canadá. Este último país se incorporo a última hora logrando que se aceptaran cosas importantes como la cláusula 19 de controversias, cosa no menor pues permite que las controversias que se generen se diriman en forma trilateral y no exclusivamente por Estados Unidos, como pretendía Trump.
Aunque aún no se entregan los documentos definitivos en parte porque tendrán que ser sometidos para su aprobación en los congresos de los respectivos países, y porque su firma se planea para el 29 de noviembre, de esta manera la firma corresponderá al actual presidente Enrique Peña Nieto.
Por su parte el presidente de Estados Unidos lo ha cacareado fuerte en beneficio de las elecciones intermedias en su país y en beneficio de los Republicanos, que antes de este acontecimiento tenían muchas posibilidades de perder, de tal forma que el congreso quedaría con el partido Demócrata, también lo utiliza para fortalecer su próxima relección.
Para México se ve como el cierre de un largo proceso de incertidumbre que afectó el mercado y las inversiones o el precio del dólar y sobre todo, una fortaleza para el nuevo gobierno que inicia el próximo 1º de diciembre con un problema menos.
LUCES Y SOMBRAS DEL UMSCA
En materia de anticorrupción obliga a las empresas mexicanas a contar con políticas anticorrupción, algo que ya ocurre en Canadá y Estados Unidos. El capítulo 27 del tratado obliga a los países firmantes a aplicar medidas concretas para tipificar delitos que van más allá del soborno, ya que ahora también se incluye el desvío de recursos y el peculado. También obliga al gobierno a promover la participación del sector privado y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.
Además: “el gobierno tiene que promoverlo, no sólo permitirlo y de esa manera tanto la iniciativa privada como la sociedad civil participarán en la prevención y la sanción de esos delitos».
Según Max Kaiser, especialista en combate a la corrupción aseguró que otra aportación del acuerdo trilateral es la obligación de las partes de poner en marcha medidas concretas para asegurarse de la integridad de los servidores públicos.
Si esto se hace realidad para el país puede representar un incentivo más para poder eliminar las prácticas de corrupción que tanto daño le hacen y le han hecho a la ciudadanía y a México.
Nuevo proteccionismo. En la guerra comercial que tiene Trump contra China logró que el Acuerdo sea un mecanismo proteccionista contra China y la región; el país difícilmente podrá tener acuerdos comerciales con China porque hay una cláusula que obliga a que estos acuerdos sean sometidos a la probación trilateral.
Al respecto Jesús Seade representante del gobierno entrante en el las negociaciones del USMCA declaró: “La región se hace más proteccionista, el USMCA, combinado con la guerra comercial que Estados Unidos ha lanzado contra China pone a México bajo enorme presión, por parte de Washington, para cerrar filas en contra de ese “extraño enemigo”. Ahora seremos más dependientes de Estados Unidos.
Aunque también agregó algo muy importante: “frente a la tensión que hay entre la administración de Donald Trump y la Organización Mundial de Comercio (OMC), México respeta los compromisos adquiridos en la organización, y no existe interés en ver una OMC debilitada”.
Beneficios para la industria Maquiladora. La combinación de este nuevo Acuerdo con lo que ha planteado López Obrador (AMLO), para la frontera norte del país como la reducción de impuestos en el IVA, ISR en la zona, o el aumento de los salarios; sin duda significan un atractivo más para que lleguen nuevas inversiones y se amplíe la industria maquiladora. Son nuevos empleos para las mujeres y en mejores condiciones porque crecen los salarios en forma importante.
Soberanía energética. El gobierno entrante marcó con su sello la negociación del acuerdo comercial, en el capítulo energético, en el que antepuso la Constitución Política Mexicana, el nuevo convenio garantiza la soberanía nacional sobre el petróleo y la industria eléctrica. Fue fundamental la participación de un prestigiado experto en comercio internacional como Jesús Seade, funcionario con amplio reconocimiento internacional y representante de AMLO en las negociaciones del acuerdo.
Nuevas reglas de origen para la industria automotriz. El “logro” más destacado del TLCAN fue el crecimiento de las exportaciones manufactureras, lideradas por la industria automotriz, la joya de la corona del modelo exportador mexicano, bueno pues esta industria recibió un golpe certero.
Ante la realidad de que México compite con salarios miserables para atraer inversiones extranjeras por iniciativa de Estados Unidos se impuso una nueva regla de origen, donde 40 por ciento de las autopartes deberán provenir de países con salarios de 16 dólares.
Aquí no crecerán los salarios a este nivel ni en la industria automotriz y mucho menos en todo el país; por tanto esta medida implicará una reducción o contracción de la industria, serán menos empleos y menos exportaciones de autos.
Se afecta la producción de génericos en medicamentos. El acuerdo plantea una protección de datos por 10 años a medicamentos biológicos, esto afecta al sector de salud pública y por supuesto a la ciudadanía, en particular a las mujeres.
Actualmente las farmacéuticas ya cuentan con un periodo de 20 años de patentes y la protección de datos puede solicitarse una vez que culmine dicho tiempo o poco antes, de forma que un medicamento genérico de este tipo ahora saldría al mercado hasta 30 años después de la fórmula original.
CAPÍTULO LABORAL Y SUS CAMBIOS
- El 1º de enero de 2019 México debe hacer efectivos sus compromisos legislativos en el USMCA, si no se logra esto se podría retrasar la entrada en vigor del acuerdo comercial.
- Se compromete a adoptar medidas legislativas específicas para prever el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
- Requiere que las partes adopten y mantengan en la ley y practiquen los derechos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para hacer cumplir efectivamente sus leyes laborales y no renunciar o derogarlas.
- Garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato de su elección;
- Establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos y garantizar la transparencia de los contratos colectivos negociados. Adiós contratos de protección.
- Compromisos que complementan la aplicación de los derechos laborales fundamentales, enfocados en: (1) la atención a casos de violencia relacionados directamente con el ejercicio de dichos derechos; (2) la protección a los trabajadores migrantes; (3) el combate al trabajo forzoso, y (4) la protección contra la discriminación de género en el trabajo.
El capítulo incluye nuevas disposiciones para tomar medidas para prohibir la importación de bienes producidos por el trabajo forzoso, para abordar la violencia contra los trabajadores que ejercen sus derechos laborales y para garantizar que los trabajadores migrantes estén protegidos por las leyes aplicables en la materia.
Los países firmantes se comprometen a informar anualmente sobre el cumplimiento de este importante capítulo. Ojalá no sea necesario que los Sindicatos y las organizaciones de Mujeres de México tengan que presentar “informes sombras”.
* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
18/ CPM/LGL
https://cimacnoticias.com.mx/noticia/luces-y-sombras-del-usmca
Vientos de cambio
Saúl Escobar Toledo
Octubre 10, 2018
En unas cuantas semanas, las leyes y las instituciones del trabajo mexicanas han sido sacudidas por dos acontecimientos distintos pero relacionados: primero, a fines de septiembre, el Senado de la República aprobó la ratificación del Convenio 98 de la OIT. Y poco después, a principios de octubre, se anunció un acuerdo final entre Canadá, Estados Unidos y México en materia de comercio (el United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA, en lugar de TLCAN o NAFTA) que incluye un capítulo laboral y un anexo, ambos muy destacados.
El Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva data de 1949 y ha sido firmado por 165 países del mundo incluyendo América Latina. La importancia de la decisión senatorial reside en haber vencido, al fin, las resistencias del PRI y del PAN, del llamado sindicalismo oficial (charro o corporativo), y de algunos dirigentes empresariales que se han opuesto por razones estrictamente políticas y convenencieras: defender un modelo sindical corrupto, antidemocrático y servil. Un esquema que sirvió durante muchos años para controlar el descontento obrero y, desde 1982, para imponer topes salariales y otras políticas públicas contrarias a los intereses de los trabajadores.
La nueva composición del órgano legislativo (con mayoría de Morena) sirvió sin duda para apresurar esta decisión pues coincidía con su plataforma electoral y su programa. Pero quizás también porque ya se tenía información de que el capítulo laboral del nuevo acuerdo comercial norteamericano traía un apartado especial sobre asuntos laborales que era plenamente congruente con el Convenio 98.
Hasta ahora, el texto completo del USMCA sólo está disponible en inglés, publicado en el portal de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico). Aquí solo nos referiremos al capítulo laboral. Se trata de una versión mejorada de su similar pactado en el TPP (Acuerdo Transpacífico). Es más claro en algunos temas pues por ejemplo incluye explícitamente el derecho a huelga como parte de la libertad de asociación; y precisa las obligaciones de los gobiernos para la aplicación de las leyes laborales, incluyendo la inspección laboral.
Más importante aún, contiene varios apartados muy novedosos. Uno de ellos señala que ningún país dejará de atender los casos en que se ejerza violencia contra los trabajadores, relacionada con el ejercicio de sus derechos. Otros puntos destacables se refieren a la protección de los trabajadores migrantes y a la promoción de la igualdad de las mujeres en el lugar de trabajo.
En resumen, el capítulo laboral del Acuerdo busca elevar la protección laboral en los tres países de manera más precisa que otros pactos comerciales similares. Hay todavía algunas lagunas e imprecisiones, y la manera de hacer efectivos estos lineamientos deja todavía mucho que desear.
A todo esto, hay que agregar el anexo 23-A que tiene como título, para no dejar ninguna duda, “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. Se trata de un texto que plantea un combate a fondo a los contratos de protección patronal en nuestro país. Para ello, México se compromete a adoptar una legislación que comprenda, entre otras, las siguientes disposiciones:
Un conjunto de reglas para garantizar el derecho de los trabajadores a organizar, formar y adherirse al sindicato de su preferencia, y prohibir a los empleadores interferir en las actividades sindicales o ejercer coerción por su actividad sindical. Asimismo, que se establezcan órganos imparciales para el registro de las organizaciones gremiales. Igualmente, se deberá implementar un sistema efectivo que verifique que las elecciones de los dirigentes sean llevadas a cabo mediante el voto libre, personal y secreto de los socios.
Las leyes mexicanas deberán también contemplar que el registro de los contratos colectivos cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el ejercicio del voto personal, libre y secreto. Finalmente, señala que las partes (Estados Unidos y Canadá) esperan que México llevará a cabo estos cambios antes del 1º de enero de 2019, y se advierte que la entrada en vigor del acuerdo comercial puede ser pospuesta hasta que dicha legislación entre en vigor.
Tal profusión y claridad en el texto busca impedir que, en México, se siga aplicando un modelo laboral apoyado en contratos y sindicatos ficticios. Una práctica que, como lo explica un análisis elaborado por el Sindicato de Metalúrgicos de Estados Unidos, y como lo han advertido también aquí en México, desde hace tiempo, las organizaciones sindicales independientes, los abogados democráticos y los especialistas en el tema, ha servido para imponer bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Estas políticas, si bien han permitido atraer inversiones extranjeras a la industria manufacturera, particularmente en las últimas tres décadas, en realidad han aportado pocos beneficios para el país y su clase trabajadora.
Así, en esta ocasión, se han reunido diversos protagonistas e intereses: los sindicatos de Estados Unidos y Canadá; los gobiernos de estos países; y la futura administración de AMLO y las organizaciones independientes mexicanas, con el objetivo común de cambiar el modelo laboral vigente. Los primeros sienten que los contratos de protección son una manera deshonesta de quitarles plazas laborales y presionar negativamente los salarios en sus propios países; los segundos, sobre todo Trump, creen que de esta manera protegerán su planta industrial y mejorará su balanza comercial; y los terceros, es decir el próximo gobierno de López Obrador y los legisladores de Morena, confían en que es posible construir un esquema de desarrollo menos dependiente de la exportaciones manufactureras y capaz de mejorar los salarios y las condiciones de vida de los mexicanos.
Hay que advertir que todo lo contenido en el capítulo laboral y su anexo, incluidos en el nuevo acuerdo comercial, no se riñe con las reformas constitucionales de febrero de 2017. Al contrario, se basan en ellas. Pero los representantes sindicales y los gobiernos del norte han creído necesario pactarlos expresamente en el USMCA ante la posibilidad de que esas reformas se reviertan, como en efecto se intentó a lo largo de este año por el PRI y el gobierno de Peña Nieto.
Se trata de una coincidencia un tanto sorprendente que sin embargo puede cambiar profundamente el modelo laboral mexicano. Ahora toca al Poder Legislativo de nuestro país dar el siguiente paso: reformar la Ley Federal del Trabajo para para adoptar nuevos lineamientos que permitan combatir los contratos de protección y abrir la puerta a una democratización de los sindicatos mexicanos. Aun así, después de que esto haya sucedido, vendrá el reto de su puesta en práctica.
La próxima administración tendrá que aplicar las nuevas disposiciones legales y ello significará una labor compleja. Lo será desde el punto de vista técnico y administrativo pues poner en marcha una justicia laboral adscrita al Poder Judicial, eliminando las Juntas de Conciliación y Arbitraje, representa una tarea que exigirá recursos y un proceso de transición difícil, todavía indefinido.
Desde el punto de vista social y político, el cambio enfrentará muchas resistencias tanto de algunos empleadores como de las viejas organizaciones corporativas y, sobre todo, de la mafia que hoy se beneficia de los contratos de protección.
Pero, finalmente, serán los propios trabajadores los que, por primera vez en mucho tiempo, tendrán la posibilidad de decidir. Vientos provenientes del norte y de nuestra propia coyuntura política se han juntado para impulsar un cambio profundo de las instituciones y las leyes laborales. El camino para hacer realidad la democracia sindical y relaciones de trabajo más equilibradas es todavía muy largo, pero se ha abierto una brecha en un momento singular de la historia de México y del mundo.
saulescobar.blogspot.com
https://suracapulco.mx/impreso/9/vientos-de-cambio/
Los compromisos laborales de México en el nuevo TLCAN
09-10-2018 23:09
Por Carlos e Buen Unna
El 28 de septiembre, el Secretario de Economía entregó al Senado un resumen del acuerdo comercial con los Estados Unidos de América y Canadá que sustituirá el TLCAN.
Un par de días después, el Subsecretario de Comercio Exterior entregó el texto del acuerdo, pero en idioma inglés. En lo que se publica en español, aprovechamos para hablar de un compromiso hecho por México, de enorme valor, pero que se nos antoja difícil de cumplir en tiempo, en los términos del Anexo 23-A del nuevo acuerdo, anexo que lleva por título: “La representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”. ¡Vaya tema!
El proemio del anexo dice que las medidas que contiene son necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva y que el próximo gobierno de México confirmó que son acordes al mandato que recibió del pueblo en las pasadas elecciones.
De entrada, resulta interesante advertir en esta manifestación el reconocimiento, por parte de la actual administración, de que los gobiernos del PRI y del PAN nunca toleraron una negociación colectiva real y, por lo mismo, siempre se opusieron a una verdadera libertad sindical, dado que, sin el poder de la negociación, los sindicatos sirven de muy poco.
En el punto 8 y último del anexo, México se compromete a adoptar la legislación descrita en los siete puntos previos, antes del 1º de enero de 2019, en el entendido de que, de no ser así, la entrada en vigor del acuerdo se retrasará hasta que la nueva legislación sea efectiva. En otras palabras, no bastará la expedición de la ley o leyes correspondientes, sino que deberán estar vigentes para que el acuerdo comercial pueda entrar en vigor.
El proemio del anexo dice que las medidas que contiene son necesarias para el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva y que el próximo gobierno de México confirmó que son acordes al mandato que recibió del pueblo en las pasadas elecciones.
¿A qué se comprometió México? El resumen de la Secretaría de Economía tendría que ser suficiente para responder esta pregunta, pero la verdad es que se queda muy corto, razón por la cual, en el poco espacio que tenemos, intentaremos sintetizar los otros siete puntos del anexo:
1. La legislación mexicana debe reconocer la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva y prohibir toda interferencia patronal en las actividades sindicales, así como los actos de discriminación y coerción en contra de los trabajadores por participar en esas actividades.
2. Se debe establecer y mantener un órgano independiente que se ocupe de la conciliación de los conflictos laborales y del registro de los contratos colectivos de trabajo (CCT) y constituir juzgados laborales independientes para la resolución de las disputas.
3. Se debe crear un sistema efectivo que verifique que las elecciones sindicales se lleven a cabo a través del voto personal, libre y secreto de sus miembros.
4. Hay que garantizar que los conflictos entre sindicatos por la representación de los trabajadores (los “juicios de titularidad” de los CCT) sean resueltos por los tribunales laborales mediante el voto secreto, sin dilaciones procedimentales.
5. Un órgano independiente debe verificar, a través del voto personal, libre y secreto de los trabajadores, que la mayoría apoya el CCT, como condición para que sea registrado y para que surta sus efectos, debiendo constatar que el centro de trabajo realmente opera y que los trabajadores conocen el contenido del CCT.
6. La ley debe garantizar que los acuerdos de revisión de los salarios y demás condiciones de los CCT sean conocidos y estén respaldados por la mayoría de los trabajadores mediante el voto personal, libre y secreto, como condición para su depósito, y que todos los CCT se revisen al menos una vez dentro de los primeros cuatro años de la vigencia de la nueva norma.
7. Los CCT y los estatutos sindicales deberán estar disponibles y ser de fácil acceso para todos los trabajadores involucrados y se deberá establecer un sitio web central que provea el acceso público a todos los CCT, que opere el órgano independiente encargado de su registro.
Todos y cada uno de los compromisos son valiosos y absolutamente necesarios para la vida democrática del país. Es cierto que, en su mayoría, se incorporaron a la Constitución en las reformas del 24 de febrero de 2017, pero en aquella ocasión se dio un plazo de un año para reglamentarlas, lo que a la fecha no ha ocurrido.
Es cierto también que algunas de estas medidas están en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva que ratificó el Senado este 20 de septiembre, pero que no entrarán en vigor sino hasta un año después de que la ratificación sea registrada en la OIT.
Es curioso que ahora, para que entre en vigor el nuevo acuerdo norteamericano, los empresarios serán los más interesados en que se implementen las reformas que por fin harán efectiva la libertad sindical y garantizarán la negociación colectiva, lo que supone despedirse de los contratos colectivos de trabajo de protección patronal.
De no lograrlo, se quedarán sin su mejor tratado comercial.