La aprobación de la reforma al outsourcing obligará a Estados Unidos y Canadá a cumplir con regulaciones e impulsará la competitividad.
Ante una discusión prolongada en materia de outsourcing en San Lázaro, regular esta forma de contratación obligará que las compañías de Estados Unidos y Canadá pongan mayor atención al contratar a profesionistas mexicanos para cumplir con las regulaciones.
“Si las compañías están reguladas y tienen todos los documentos van a ser una diferencia en la competencia y creo que puede ser una ventaja para México porque sabemos que el score para regular a Estados Unidos es más caro que para regular a México”, explicó Eric Rossati, Director de SAP Fieldglass en entrevista para Forbes México.
En el caso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el directivo señaló que este acuerdo impulsará que las naciones involucradas se comprometan en acatar las regulaciones, pago de impuestos, requisitos del SAT y etc.
“Lo que va a pasar es que las compañías van a estar más reguladas y si están reguladas y tienen todos los requisitos va a hacer una diferencia en la competencia. Yo creo que va a ser una ventaja para México“, agregó Rossati.
De igual forma, este tipo de contratación podrá encontrar una solución en la nube para gestionar los cambios de los 2.9 millones de trabajadores que están contratados por un esquema de subcontratación, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Podemos gestionar el outsourcing y servicios terceros desde una solución en nube porque es más fácil para las grandes compañías; yo puedo gestionar y manejar con dashboards para acompañar como va el performance y los proyectos desde servicios, desde el pago hasta la reclutación de talento y también el pago de la persona”, agregó el directivo.
Un estudio de SAP indica que la fuerza laboral externa representa el 42% del gasto total de la fuerza laboral a nivel mundial; el 55% de los ejecutivos encuestados afirmó que las actividades diarias del negocio sin la fuerza nacional especializada externa se verían afectadas.
“De la manera en que el gobierno está discutiendo la ley me parece que hay todo lo que es score business y ahí tenemos una zona gris porque lo que puede ser este score para una compañía no puede serlo para otra; ahí va a depender mucho el cómo están los objetivos sociales de las compañías”, añadió.
Diputados aprobaron en comisiones la reforma a la subcontratación laboral. (Mario Jasso/Cuartoscuro)
Los diputados avalaron con 50 votos a favor el dictamen, el cual permitirá la subcontratación de servicios y obras especializadas, y ajusta el método de pago del Reparto de Utilidades.
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general y lo particular el dictamen en materia de subcontratación laboral, también conocido como outsourcing, con algunos cambios en los artículos transitorios y la adición de un artículo relativo a la aplicación de la reforma a los trabajadores al servicio del Estado.
Tras tres horas de receso, los diputados avalaron con 50 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones el dictamen que mantuvo la prohibición del outsourcing, pero permitirá la subcontratación de servicios y obras especializadas, y ajusta el método de pago del Reparto de Utilidades.
El dictamen se turnó “de inmediato” al Pleno de San Lázaro para iniciar su discusión este mismo martes.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Manuel Baldenebro, dio a conocer a los diputados los cambios que sufrirá el dictamen y que serán discutidos en el Pleno. El primer cambio consiste en adicionar un artículo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que la regulación de la subcontratación también rija a los empleados del Gobierno federal.
En este sentido, se adiciona el artículo 10 Bis a dicha Ley para prohibir la subcontratación de personas en beneficio de las dependencias e instituciones y se permitirá únicamente la subcontratación de servicios especializados y obras especializadas siempre que el contratista esté registrado en el padrón público de STPS.
En cuanto a los artículos transitorios se modifican el primero y se adiciona un décimo transitorio.
El artículo primero transitorio queda: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo previsto en los artículos Cuarto, Quinto y Sexto del presente Decreto, que entrarán en vigor el 1 de agosto de 2021, y lo previsto en el artículo séptimo y octavo del presente decreto entrará en vigor en el ejercicio fiscal 2022.
Mientras que se adiciona el Artículo Décimo transitorio para quedar: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas en la implementación del presente decreto realizarán las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de entrada en vigor e implementación del mismo se realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas en presente ejercicio fiscal y subsecuente, por lo que no requerirán recurso adicionales que tengan por objeto solventar las mismas y no se incrementará presupuesto regularizable de estas para el presente ejercicio fiscal y posteriores.
Exposición de motivos
Antes, al inicio de la reunión, Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presentó el dictamen de la iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de subcontratación y señaló que en el documento se diferencia la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de las obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.
Subrayó que en el dictamen se establece la obligación para las empresas de subcontratación se inscriban en el padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) con la finalidad de que antes de celebrar un contrato acrediten el carácter especializado de los servicios que otorgan y que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
La reforma propone reglas claras respecto de la situación patrimonial y el registro de sus trabajadores, establece un Reparto de Utilidades con límite máximo de 90 días de salario de trabajador o promedio de los últimos tres años, según resulte lo más benéfico para los trabajadores.
“Por la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en diversas leyes, los institutos y las autoridades correspondientes celebran junto con la STPS convenios de colaboración para que el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas en el respectivo ámbito de competencia”, expuso Terrazas.
Añadió que en el dictamen se endurecen las sanciones para patrones que se niegan al desahogo de inspecciones, así como aquellas que utilicen la subcontratación en contravención de las leyes.
“Las modificaciones presentadas eliminarán aquellas prácticas que dañan los derechos laborales erradicando prácticas que operan en la actualidad a través de las diversas formas de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario”, apuntó Terrazas.
Posicionamientos
Tras la exposición de motivos, diputados de Morena y PT dijeron que votarán a favor el dictamen, mientras que en el PRI el voto está dividido, ya que el diputado Isaías González de la CROC dijo estar a favor de la prohibición del outsourcing, mientras que el diputado y líder del Sindicato Minero FRENTE, Carlos Pavón, se pronunció en contra porque el acuerdo de PTU no es favorable para el gremio minero.
La diputada de Morena, Anita Sánchez, celebró el dictamen porque “es un logro para los trabajadores” después de la reforma en la materia de noviembre de 2021, cuando se reguló el outsourcing.
“Con esa reforma se pretendió regular la subcontratación de personal, pero nada más alejado de la realidad sucedió: se incrementaron las prácticas indebidas de algunos patrones y la proliferación de grupos de empresarios que han incrementado esquemas de subcontratación simulada y en este tenemos alto porcentaje de subcontratantes que no tuvieron empleados y pura simulación”, expuso.
La diputada del Partido del Trabajo, Margarita García, consideró que “nadie se ocupó en pelear y luchar por los derechos de los trabajadores. Hoy nuestro presidente López Obrador también se ha preocupado por los trabajadores y hoy es una fiesta para los trabajadores. Este dictamen es una deuda que teníamos con la clase trabajadora del país”.
Por su parte, el diputado del PRI, Isaías González, señaló que en el Parlamento Abierto los representantes del sector privado dijeron que el outsourcing es algo indispensable para México, “pero la verdad que no es así, eso es algo que viene afectando al trabajador, el outsourcing es una empresa virtual, el patrón contrata una empresa virtual y esa empresa virtual maneja la nómina de los trabajadores. Estamos convencidos de que esta iniciativa del Ejecutivo está muy completa”.
En contraste, su correligionario Carlos Pavón, quien además de ser diputado del PRI es dirigente del Sindicato Minero FRENTE, dijo que es verdad que hubo “trampas” de algunas empresas para no pagar Utilidades, sin embargo, limitar el Reparto como lo plantea el dictamen puede resultar contrario a lo que señala la Constitución.
“Al presidente le urge decir algo el primero de mayo y a su partido político también, está bien que se regule y elimine el outsourcing, pero se debe de ver de forma clara. Vemos esta reforma como una vía de recaudación y, además, nunca se consulta a los trabajadores, aquí hay un detalle muy importante en las Utilidades, este año vamos a recibir en promedio entre 70 y 120 mil pesos y ustedes nos lo van a bajar a 3 meses”, subrayó.
La Cámara de Diputados planea discutir esta semana el paquete de reformas para regular la subcontratación después de los acuerdos logrados entre el gobierno federal, representantes de los empresarios y centrales obreras.
Esta modalidad fue incluida en la legislación federal en 2012. De acuerdo con el último Censo Económico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que en México 4.6 millones de personas laboran bajo este esquema y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calcula que otros 2.9 millones de personas trabajan en figuras de outsourcing ilegal.
En el proyecto de dictamen elaborado por las comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara Baja los legisladores reconocen que «la subcontratación laboral en México se convirtió en una herramienta que generó empleos», sin embargo, advierten que «como toda figura jurídica debe perfeccionarse de acuerdo a las necesidades actuales para lograr la eficiencia de esta figura y evitar toda clase de corrupción».
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió en noviembre pasado a la Cámara de Diputados su propuesta para regular la subcontratación en la legislación laboral, de seguridad social y fiscal. Sin embargo, el avance de la discusión se detuvo debido a la falta de consensos con la iniciativa privada y se pospuso hasta este año. Espacio en el que la STPS encabezó diferentes mesas de diálogo con empresarios y sindicatos para construir acuerdos en torno a la reforma.
El acuerdo se logró la semana pasada después de tres meses de negociaciones e incluye cambios a la propuesta original en la regulación de la subcontratación de servicios especializados, el plazo de transición para que las empresas se adapten a la legislación y el tope al reparto de utilidades. Como consecuencia, el proyecto de dictamen fue modificado y contempla los siguientes 15 cambios legales para reformar el outsourcing:
Eje central. Se prohibe la subcontratación de personal, como ocurre con los esquemas de insourcing, esto es cuando una empresa crea otra razón social para administrar a través de ella al capital humano del grupo.
Esquema permitido. Las empresas podrán subcontratar servicios y obras especializadas que no formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante.
Excepción de grupo. Los servicio u obras prestadas entre las empresas de un mismo grupo serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni la actividad preponderante de la empresa que los reciba.
Agencias acotadas. Las agencias de empleo podrán participar sólo en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de personal, pero no podrán ser patrones de las personas que colocan en las empresas.
Responsabilidad compartida. La empresa que subcontrate servicios u obras será responsable solidariamente en caso de que la contratante no cumpla con sus obligaciones patronales (SAT, IMSS, Infonavit).
Registro oficial. Las empresas de subcontratación tendrán que registrarse y formar parte de un padrón de la STPS; el registro se renovará cada tres años. La dependencia tendrá treinta días después de publicada la reforma para expedir las reglas correspondientes.
Reportes esporádicos. Las empresas de subcontratación tendrán que entregar cada cuatro meses un informe al Infonavit con los datos de los contratos celebrados con otras empresas, la información de los trabajadores y la determinación del salario base. La institución tendrá dos meses después de publicada la reforma para emitir las reglas correspondientes.
Cruce de información. El Infonavit estará facultado para reportar de manera directa a la STPS el incumplimiento de las obligaciones de las empresas del sector.
Inspecciones con dientes. La empresa de subcontratación que no permita la inspección de las autoridades laborales y no presente la información demandada puede hacerse acreedora de una multa de hasta 448,100 pesos.
Multas parejas. Las empresas que operen o que subcontraten servicios sin contar con el registro de la STPS se harán acreedoras a multas de hasta 4.5 millones de pesos.
Candado fiscal. Sólo podrán ser deducibles o acreditadles los pagos de subcontratación de servicios u obras que no formen parte de la razón social o actividad preponderante de una empresa.
Pena de cárcel. Utilizar esquemas simulados de outsourcing e insourcing será considerado defraudación fiscal, delito que se castiga con cárcel.
Esquema de transición. Después de publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación, las empresas tendrán un plazo de tres meses para transferir a sus nóminas al personal propio subcontratado.
Antigüedad garantizada. Las empresas que se asuman como patrones del personal subcontratado tendrán que reconocer sus derechos laborales y periodo de antigüedad.
Tope al PTU. El reparto de utilidades tendrá como límite máximo el equivalente a tres meses de salario o el promedio recibido en los últimos tres años, lo que resulte más alto.
Las comisiones de Trabajo y de Hacienda en San Lázaro advierten que las figuras laborales permitidas deben fomentar el desarrollo con la creación de empleos formales y combatir el desempleo y la informalidad, de ahí la necesidad de ajustar el esquema de subcontratación con mecanismos que le den mayor seguridad a las personas trabajadoras, herramientas de vigilancia para las autoridades federales y transparencia y rendición de cuentas para las empresas del sector.
«Es necesario fortalecer y vigilar con mayor minuciosidad las relaciones laborales que no cumplan con la progresividad en la protección de los derechos humanos de los trabajadores y que concuerdan en que la subcontratación debe incrementar la creación de empleos, fomentar la inversión pública y privada, y dar certeza a la hacienda pública».
Uno de los cambios que vendrán con la reforma en materia de outsourcing es la inspección laboral, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desde 2012 y hasta 2018 nunca se inspeccionaron empresas para detectar las malas prácticas por outsourcing; por lo que será un aspecto que pretende fortalecer la iniciativa.
De acuerdo con el dictamen que elaboraron las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Hacienda, en el artículo 1004-A se establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, será notificada de que tiene que presentar toda la información requerida y se le hará de su conocimiento que en caso de no hacerlo se dará por sentado que no cuenta con ella.
«Con independencia de lo anterior, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección lo hará acreedor de una multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización”, indica el artículo en la iniciativa de ley.
De acuerdo con Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México, este es un avance para evitar que los empleadores impidan las inspecciones “considero que se deben cerrar todas las posibilidades que pueda tener la patronal para eludir la inspección, justamente en el dictamen ya se toman medidas en la legislación laboral y fiscal; creo que haría falta tomarlas también en materia penal, para garantizar que no haya posibilidad de eludir la inspección sin una sanción tanto al patrón , como quienes pudieran ser cómplices en la negativa, oposición y/o elusión a la diligencia”.
Por su parte Fernando Yllanes, presidente la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamin, comentó que ha existido en la ley laboral las sanciones por negarse a una inspección; pero “ahora con la reforma se enfatiza en las inspecciones vinculadas a la subcontratación; se debe saber que con estos cambios si llega una denuncia anónima se atiende y si la parte patronal no muestra los documentos puede hacerse acreedor de una multa”.
Yllanes, detalló que con esta nueva redacción se pretende desalentar que las empresas utilicen malas prácticas, es más, dijo, “la información que tiene el IMSS, ahora también será compartida con la Secretaría de Trabajo, es decir que de cualquier manera la autoridad tendrá que los datos de las empresas que tienen trabajadores con esquemas de subcontratación, la cual sí está permitida, pero sólo especializada”.
Recordó que en el Padrón Nacional solo se registran las empresas tercerizadoras; no así los contratos; “quien reporta los contratos es la empresa, la que sí tiene una relación patronal, y son esos datos los que ahora serán compartidos entre autoridades”.
En tanto, Héctor de la Cruz, del despacho DMAbogados, comentó que “el hecho de no permitir la inspección y no presentar la documentación o evidencia requerida hace presumir que se incumplieron las normas de trabajo que se pretendían verificar a través de la inspección, por esa razón además de la multa por no permitir realizarla se hará acreedora a las multas por el incumplimiento, con violación de los derechos de los trabajadores”.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados realizará ajustes al proyecto de dictamen de la reforma de subcontratación, por lo que la votación del documento, junto con la Comisión del Trabajo, se suspendió este jueves y se pospuso para la próxima semana.
Una de las precisiones, la más “grave”, señaló en entrevista la diputada Patricia Terrazas (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda, tiene que ver con el plazo de tres meses que se les da a las empresas para transferir al personal subcontratado a su propia nómina.
“Da la impresión de que la parte laboral entra en vigor al día siguiente” de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “y no a los tres meses, y es por una redacción desafortunada”, advirtió en entrevista el abogado Jorge Sales Boyoli, presidente del comité de Capital Humano del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
El artículo cuarto transitorio del nuevo proyecto de reforma indica que no es obligatorio que las compañías de subcontratación transfieran los bienes objeto de la empresa en un plazo de tres meses, siempre y cuando transfiera a la compañía beneficiaria “a los trabajadores de que se trate en dicho plazo”.
Es decir, no señala claramente que las organizaciones tienen un tiempo permitido de tres meses para incluir en sus nóminas a las personas trabajadoras que laboran en sus instalaciones o para su beneficio, pero que están contratadas por otra razón social, práctica conocida como insourcing.
“Son precisiones mínimas, pequeños detalles. Pero es mejor dejar todo muy claro”, comenta Patricia Terrazas. La legisladora federal, quien han sido vicepresidenta nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), también reconoció “lo que yo quiero es ganar tiempo para que se puedan hacer las cosas bien. Porque si no, habría irregularidades fiscales y laborales, y se queda mucha gente en el limbo”.
“Que lo estudien”
En noviembre, cuando llegó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obradir, “querían votarla fast track”, apunta. Pero con la convocatoria a un parlamento abierto, el tercero que se realizaba sobre el tema y en el que se incluyó a un mayor número de abogados empresariales y representantes de la iniciativa privada, la diputada logró ganar el tiempo que dice.
En otro frente, en diciembre, los sindicatos empresariales consiguieron llegar a un acuerdo con el Ejecutivo federal y pausar la discusión hasta el siguiente periodo de sesiones. Es decir, después de febrero. “Han habido conversaciones y diálogos y las empresas han tenido tiempo de ir regularizando su situación”, acepta la legisladora.
El periodo de tres meses no era el que pedían. Las empresas querían que la entrada en vigor fuera hasta el 2022. Pero de noviembre a agosto —considerando que se publique en mayo— han tenido un buen plazo, dice Patricia Terrazas.
Sin embargo, según señala la legisladora, la Comisión del Trabajo no le notificó que convocaba a una reunión con la Comisión de Hacienda. Dicha instancia legislativa es presidida por el diputado Manuel Baldenebro (PES), una de las fracciones aliadas de Morena. La iniciativa fue turnada a ambas comisiones, por lo que se deben poner de acuerdo para dictaminarla en conjunto.
“Cometieron un error, porque no me habían avisado, así esto no podía transitar”. Hasta la noche del miércoles Manuel Baldenebro se comunicó con la diputada para ponerla al tanto, según comenta. “Le indiqué que no sabía en qué condiciones iban a sesionar ni con qué documentos. Yo apenas lo estaba recibiendo y no lo había leído. El presidente respondió que él tampoco, pero que lo veíamos mañana. Le dije que no”.
Este viernes, vía zoom, reinstalarán la sesión de las comisiones unidas para circular el proyecto de dictamen de manera formal. “Que tengan más de 48 horas para estudiarlo, espero que lo estudien, y que la siguiente semana lo someteremos a votación”, puntualiza Patricia Terrazas.///
Este lunes se dio a conocer que el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, junto con representantes del sector empresarial, acordaron un plazo de tres meses para regular la subcontratación de empleados en empresas y que éstos pasen a formar parte de la nomina del patrón real.
Con esta decisión quedaría prohibido el esquema de outsourcing. De igual forma, además de la prohibición, se busca regular la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa.
Ante este acontecimiento protagonizado por gobierno y empresarios, las corporaciones deberán registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para crear un padrón público de empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas.
Respecto al reparto de utilidades, gobierno y empresariado acordó dos modalidades para el cálculo del reparto, con lo que se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156 por ciento en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.
Ambas partes explicaron que los acuerdos se entregarán a la Cámara de Diputados para que sean aprobados por los legisladores en los próximos días.
En el 2020, el presidente López Obrador habló de su intención de prohibir el llamado “outsourcing”. Este esquema permite a las empresas contratar personal a través de otras empresas. Una de las consecuencias de este tipo de contratos laborales es que “el patrón puede controlar la cantidad de utilidades que le quiera pagar a los trabajadores”, puesto que el trato que hace no es directo con sus empleados, sino con la empresa que los provee.
La propuesta fue controversial por los reclamos de los empresarios que defendían este tipo de esquema legal de contratación y de los partidos políticos de oposición. Incluso se le llegó a reclamar a la administración de López Obrador que el propio gobierno tiene empleados por subcontratación.
El pasado 27 de octubre, durante la conferencia matutina de AMLO, María Luis Alcalde, titular de la STPS, reveló que en México existen cerca de 4.5 millones de personas que están bajo un esquema de subcontratación y alrededor de 3 millones de personas son subcontratadas de manera ilegal.
De darse una eliminación de la figura del outsourcing, casi tres millones de empleos se perderían, pues son “personas que las empresas no necesitarían”, según especialistas consultados por Infobae México. Aunado a la poca posibilidad de solventar gastos y responsabilidades de las empresas de origen, ya que esos pesos los acarrean las empresas de subcontratación.
Una situación más viable, que podría generar ventajas tanto para trabajadores, empresarios y el gobierno es buscar una nueva regulación basada en los pilares que ha mencionado Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, las cuales son:
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, el Nuevo Modelo de Inspección Laboral ha tenido buenos resultados durante la gestión de López Obrador, pues el porcentaje de inspecciones aumentó de un 57% en 2018 a un 82% durante 2019, lo cual ha reducido el ejercicio de outsourcings ilegales.
En este sentido, si se lograra perfeccionar el Modelo, y con él se eliminaran las ilegalidades, no se perderían esos casi 3 millones de empleos, además de que se buscaría una dignificación de las condiciones laborales.
De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, las empresas outsourcing presentan una evasión fiscal de aproximadamente 21 millones de pesos, y esto lo logran al tener gastos que son deducibles para cumplir con sus obligaciones patronales. /// INFOBAE
El reto de los sindicatos es la legitimación de contratos, advierte CTM. Foto: Adriana Luna
Las centrales obreras en medio de la pandemia tienen la responsabilidad de apoyar a los familiares dolientes de trabajadores fallecidos por COVID-19.
Tras acordarse entre el gobierno federal, empresarios y sindicatos la prohibición de la subcontratación de personal (outsourcing), ahora el reto de los sindicatos se centra en la legitimación de contratos, advierte el senador de la República y líder nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo.
“La aprobación del outsourcing y el PTU (se dio) en condiciones muy ventajosas para los trabajadores. El reparto de utilidades creció más del 50% y el PTU también va a estar obligado. La Reforma Laboral tiene muchas partes, la legitimación de los contratos hace que quede perfectamente claro a qué se dedican, de qué son, cuántos trabajadores tiene, cuál es la cuota sindical que pagan. Cuestiones fiscales que les afecte a los trabajadores no existen, lo que buscamos es que estén mejor y no que les agreguen impuestos después de que los salarios no han estado a la altura y mucho menos con la pandemia. Todos tenemos que hacer esfuerzos importantes”, comentó el líder obrero de visita en Guadalajara.
Cabe recordar que esta modificación legal también contempla la implementación de un nuevo Registro Nacional de Empresas de Subcontratación en la que los patrones están obligados a dar prestaciones y seguridad social a los empleados. El reto para las centrales obreras y sindicatos es el informar a los trabajadores los cambios que se establecen con respecto a los contratos colectivos de trabajo.
El líder nacional del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITATYR), Patricio Flores Sandoval subrayó que las modificaciones podrían significar una trampa para el sindicalismo.
EU, China y Japón lideran como países con el mayor número de personas subcontratadas. México, en el cuarto lugar, registra 4.7 millones de empleados bajo esta modalidad.
México es el cuarto país donde más personas trabajan vía subcontratación, según la Confederación Mundial de Empleadores (WEC, por sus siglas en inglés). Frente a la inminente segunda regulación de esta forma de empleo, Bettina Schaller, presidenta del organismo, advierte tres puntos a tomar en cuenta: la definición clara de los diferentes esquemas, el registro de empresas y el involucramiento de los sindicatos.
“Como sector, estamos absolutamente a favor de la regulación de empresas privadas de empleo”, señala en entrevista. Y totalmente en contra de las formas ilegales de outsourcing: “es inaceptable, no podemos permitir que ningún trabajador o trabajadora labore en situación precaria”. El “Reporte Económico 2021” de la confederación indica que antes de la pandemia de Covid-19 más de 61 millones de personas “fueron colocadas en el mercado laboral” por agencias en 40 países. El acceso al trabajo por agencias es una de las tres formas de subcontratación que la WEC toma en cuenta.
Estados Unidos es el país con mayor número de personas subcontratadas a través de ese esquema. En dicho país 16 millones de trabajadoras y trabajadores fueron contratados por agencias y no por las empresas en las prestaron sus servicios.
China es el segundo lugar, con 11.7 millones. El tercer lugar es Japón que, con casi 4.8 millones no está muy alejado de México, que ocupa el cuarto sitio con casi 4.7 millones de trabajadoras y trabajadores bajo el modelo de terciarización.
Según el informe, en 2019 la industria de servicios de empleo tuvo un valor 495,000 millones de euros a nivel global, 5% más que en 2018. Las diferentes formas de subcontratación aportaron más de 396,000 millones de euros, el 80% del total. Sin embargo, para el primer semestre de 2020, la covid-19 bajó 18% las ganancias de todo el sector.
La subcontratación, bajo formas justas, puede ser “clave para volver al mundo del trabajo” en esta crisis por la pandemia, opina Bettina Scheller. Es también una manera de que la población joven acceda a su primer empleo o que las mujeres que así lo necesitan logren un contrato flexible, agrega. En los países en los que funciona bien esta modalidad hay un marco legal claramente definido, dice. Este modelo tiene “dos o tres formas de contrato”, según el país del que se hable.
“Hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos”, escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en sus redes sociales que este lunes, dirigentes sindicales, empresariales y el gobierno federal alcanzaron un acuerdo sobre el outsourcing y el reparto de utilidades.
“Hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos”, escribió López Obrador en su cuenta de Twitter, sin dar más detalles sobre los acuerdos alcanzados este lunes.
Posteriormente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) detalló que los acuerdos alcanzados comprenden: la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.
Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.
En noviembre del año pasado, López Obrador presentó una iniciativa para regular la subcontratación y erradicar sus abusos. En diciembre se suscribió en Palacio Nacional un acuerdo tripartito para que a partir de ahí se discutiera con los sectores involucrados la iniciativa y los posibles efectos que traería en el reparto de utilidades. Después de tres meses de diálogo, mediante mesas de trabajo y foros se lograron atender las preocupaciones de los sectores en ambas materias.
Por parte del sector empresarial, en la reunión estuvieron presentes Carlos Salazar Lomelín (CCE), José Medina Mora (Coparmex), José Manuel López Campos (Concanaco-Servytur) y Francisco Cervantes Díaz (Concamin).
Por parte del sector obrero asistieron Fernando Salgado (CTM), Abel Domínguez Azuz (CTC), Jesús González Cárdenas (Federación Nacional de Sindicatos Independientes), Genaro Leal Cavazos (Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos), Pedro Haces Barba (CATEM), Napoleón Gómez Urrutia (Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana), Rodolfo G. González Guzmán (CROM), Isaías González Cuevas (CROC) y Francisco Hernández Juárez (UNT).
De igual forma asistieron por parte del Poder Legislativo los Coordinadores de las Juntas de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila y el diputado Ignacio Mier Velazco.
Acompañaron al Presidente la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján; el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez; el Consejero Jurídico Julio Scherer; la Titular del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez; el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto; el titular del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez y el Procurador Fiscal Carlos Romero Arana.
“Dichos acuerdos contribuyen a saldar una deuda histórica en favor de las mujeres y hombres que por años han trabajado bajo la figura de la subcontratación y han visto vulnerado sus derechos. Estos acuerdos serán entregados a la H. Cámara de Diputados para que, en su caso, puedan ser considerados por los legisladores para su aprobación”, expuso la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
En tanto, la diputada Anita Sánchez, comentó que están a la espera de la propuesta para que el legislativo la revise; tal y como se tenía contemplado en la agenda legislativa.
AutorSecretaría del Trabajo y Previsión SocialFecha de publicación05 de abril de 2021CategoríaComunicado
Ciudad de México, a 5 de abril de 2021
Esta mañana en Palacio Nacional se reunieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador los principales representantes de los sectores obrero y empresarial, funcionarios del Gobierno de México, así como representantes del Poder Legislativo.
Por parte del sector obrero asistieron Fernando Salgado (CTM), Abel Domínguez Azuz (CTC), Jesús González Cárdenas (Federación Nacional de Sindicatos Independientes), Genaro Leal Cavazos (Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos), Pedro Haces Barba (CATEM), Napoleón Gómez Urrutia (Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana), Rodolfo G. González Guzmán (CROM), Isaías González Cuevas (CROC) y Francisco Hernández Juárez (UNT).
Por parte del sector empresarial estuvieron presentes Carlos Salazar Lomelín (CCE), José Medina Mora (COPARMEX), José Manuel López Campos (CONCANACO SERVYTUR) y Francisco Cervantes Díaz (CONCAMIN).
De igual forma asistieron por parte del Poder Legislativo los Coordinadores de las Juntas de Coordinación Política, el Senador Ricardo Monreal Ávila y el Diputado Ignacio Mier Velazco.
Acompañaron al Presidente la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján; el secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez; el consejero jurídico Julio Scherer; la titular del SAT Raquel Buenrostro Sánchez; el director general del IMSS Zoé Robledo Aburto; el titular del INFONAVIT Carlos Martínez Velázquez y el procurador fiscal Carlos Romero Aranda.
En noviembre del año pasado el Presidente presentó una iniciativa para regular la subcontratación y erradicar sus abusos. En diciembre se suscribió en Palacio Nacional un acuerdo tripartito para que a partir de ahí se discutiera con los sectores involucrados la iniciativa y los posibles efectos que traería en el reparto de utilidades. Después de tres meses de diálogo, mediante mesas de trabajo y foros se lograron atender las preocupaciones de los sectores en ambas materias.
Los acuerdos alcanzados comprenden: la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real. Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.
Dichos acuerdos contribuyen a saldar una deuda histórica en favor de las mujeres y hombres que por años han trabajado bajo la figura de la subcontratación y han visto vulnerado sus derechos. Estos acuerdos serán entregados a la H. Cámara de Diputados para que, en su caso, puedan ser considerados por los legisladores para su aprobación.
