Las iniciativas para extender los plazos de transición de la reforma de outsourcing “desdibujan la política laboral que quedó claramente establecida” en la propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador y que pretende liquidar la simulación patronal, que es la subcontratación, señaló Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
El miércoles pasado la Comisión Permanente dio entrada a dos propuestas para ampliar los plazos de las disposiciones de la reforma en materia de subcontratación; una de ellas pretende ampliar a un mes y otra a seis meses los términos establecidos en la reforma que entró en vigor el 24 de abril. Ambas fueron turnadas a la Cámara de Diputados.
En entrevista, el también académico especialista en materia laboral, consideró que las iniciativas “son injustificadas, porque implica un perjuicio hacia los trabajadores” y ello abonaría a incrementar “nuevas formas para violentar la estabilidad en el empleo”.
“Simplemente no hay una razón por la cual se diga la corremos (la reforma) uno o cuatro mesecitos más. Sencillamente la conducta de subcontratación es una conducta delictiva y no hay más que aplicar la ley”, subrayó.
Consideró que el hecho de pretender diferir la puesta en marcha de la reforma “habla muy mal de la forma en que están entendiendo la necesidad de garantizar los derechos de los trabajadores y la estabilidad en el empleo”.
Bouzas señaló que se está instrumentando “un control y desarticulación del outsourcing”, lo cual es bueno, pero si no se lleva a cabo no descartó “una queja más” como parte del capítulo laboral del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
“Tenemos que decirlo abiertamente: muchas de las políticas laborales que se están instrumentando son consecuencia de la presión de Estados Unidos y sindicatos de ese país”, comentó.
En contraste, Ricardo Landero Aramburu, maestro en derecho laboral, aseguró que ampliar un mes los plazos de transición de la reforma no altera su implementación, ya que sólo se tocan los artículos transitorios y “eso no va a modificar de fondo la reforma”.
El sector patronal del país advirtió que 3.1 millones de trabajadores en México podrían quedar en el “limbo” y en la indefensión, de no permitir la prórroga de la entrada en vigor de los cambios en subcontratación laboral.
José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que “las empresas queremos cumplir con nuestras obligaciones legales”, pero se requiere abrir el espacio de tiempo para ajustar las contrataciones al nuevo esquema.
A través del mensaje la Señal Coparmex, el líder empresarial instó al legislativo y al gobierno federal se permita ajustar la fecha hasta el primero de enero del 2022, y no solo un mes como se planteó en la propuesta del senador Ricardo Monreal.
Les solicitamos que la ampliación planteada sea tal que se homologue el plazo al 1 de enero de 2022 con la finalidad de que tanto el sector público como el sector privado podamos cumplir cabalmente con las medidas contenidas en la reforma aprobada”, acotó.
Medina Mora consideró necesario que tanto el poder Legislativo y el Ejecutivo aprueben que los artículos transitorios de la reforma sean ajustados, “evitando así que 3.1 millones de trabajadores queden en el limbo y en estado de indefensión, ya que ésta podría ser la población trabajadora que aún está vinculada a empresas a las cuales brindan servicios y que no han logrado concluir la sustitución patronal o el registro ante la STPS”.
Al 24 de junio, la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde advertía que medio millón de trabajadores ya formaba parte de las plantillas de empresas que antes los subcontrataban, y que hasta ese momento había ya 8,000 empresas que habían solicitado su inscripción al Registro.
De la cuarta semana de junio a la segunda semana de julio se lograron registrar cerca de 4,500 empresas más. Tan solo en esas semanas se afiliaron 225 empresas diarias, equivalente a una tasa de crecimiento diaria del 2.1%,abundó.
Al considerar que el 40% de los patrones registrados en el IMSS utilizan este esquema, se estima que cerca de 400,000 empresas inscritas al IMSS utilizan el esquema de outsourcing.
“Esto implica que a menos dos semanas de la fecha límite de inscripción al padrón quedan 387,500 empresas por registrarse. Lo cual hace que la tasa diaria de crecimiento de las empresas inscritas tendría que aumentar en 17.9 puntos porcentuales (para lograr una tasa diaria de 20%). Esto permite dimensionar el problema”, explicó el líder de la Coparmex. /// El Economista
Es prácticamente un hecho que los pendientes de la reforma de subcontratación no entrarán en vigor el 1 de agosto. El PAN propone, además de extender el plazo hasta el primer día del 2022, precisar varios conceptos que no quedaron claros.
“Sabíamos que iba a pasar”, dice el presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Manuel Baldenebro (PES). “Lo pedimos desde el principio”, señala la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas (PAN). Las empresas con esquemas de subcontratación han vuelto a solicitar tiempo adicional para adecuar sus nóminas y registros, y el Congreso lo concederá. Sólo falta saber si será un mes o cinco.
La panista prevé que la próxima semana la Comisión Permanente apruebe un periodo extraordinario para que en San Lázaro se discuta en el pleno el proyecto para prorrogar la entrada en vigor de la reforma de outsourcing. Las comisiones que presiden ella y Baldenebro serán de nuevo las encargadas de dictaminar las propuestas.
Hasta este momento, hay dos proyectos formalmente presentados. Por una lado, la iniciativa del senador de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta, otorga un mes de gracia, es decir, la transición total hacia el nuevo esquema de tercerización ya no sería el 1 de agosto, sino el 1 septiembre. Por el otro, la de la senadora Kenia López Rabadán (PAN), que amplía el plazo hasta el 1 de enero de 2022.
“Voy más con la de la senadora Kenia”, dice en entrevista Patricia Terrazas. A partir de septiembre, la Cámara de Diputados analizará el Paquete Económico que proponga el Ejecutivo federal para 2022 “y ahí podremos hacer las precisiones necesarias para que la entrada en vigor de la reforma inicie con el año fiscal y con las modificaciones que podamos hacer al Paquete Económico”.
Adelanta que tratara que todo el bloque opositor apoye la propuesta de su partido en el Senado. “No necesitamos todos los votos de Morena, pero sí que Morena y sus aliados ayuden a transitar esta iniciativa”.
“La de Morena tiene más viabilidad por el peso de las bancadas”, puntualiza Manuel Baldenebro. “Ahora, el plazo adecuado es otro asunto. Habría que analizar el avance de las empresas para adecuarse a las nuevas reglas, y si no le han echado ganas y se han confiado, eso tendría que tomarse en cuenta”.
Es un problema que “sabíamos que iba a pasar. La iniciativa privada siempre dijo que no había condiciones para hacer la migración de forma rápida. Pero también es cierto que ya sabía, desde el año pasado que esto iba a pasar. Si ampliamos un mes, al mes vamos a estar igual”, opina en entrevista.
Transición de la reforma
En abril de este año el Congreso aprobó, con modificaciones, la reforma de subcontratación que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre de 2020. La primera vez que fue legislado este tema fue en 2012 y en la discusión de la reforma laboral de 2019 intentaron volver a hacerlo.
Esta modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT), en vigor desde el 24 de abril, prohíbe la subcontratación de personal, es decir, que las empresas simulen no ser patronas de las personas que laboran para ellas, sino que lo es otra compañía, y con ello evadan sus responsabilidades. Pero sí permite la subcontratación de servicios u obras especializadas.
De esta manera, las compañías que contaban con personal subcontratado para realizar sus actividades económicas principales y preponderantes deberán contratarlo directamente.
Por otro lado, aquellas organizaciones que quieran dedicarse a subcontratar servicios u obras especializadas tienen que registrase ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Para ello, deben acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales, de seguridad social y fiscales.
Para integrar al personal a su nómina y para obtener su nuevo registro patronal, las empresas tenían de plazo este fin de semana. “Si aceptamos que el plazo se extienda hasta enero, en diciembre estarán corriendo otra vez. Es parte de nuestra cultura, hacer todo al último momento”, considera Manuel Baldenebro.
“Pero no queremos afectar a las empresas, así que vamos a modificar la reforma”, pondera el diputado federal, quien ha sido reelecto y en la próxima legislatura pasará a formar parte de la bancada de Morena.
Oportunidad para precisar
Para la diputada Patricia Terrazas, en realidad no habría necesidad de hacer este nuevo cambio en la legislación. “Es algo que si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quiere, puede darle prórroga por la parte administrativa”.
Sin embargo, podría ser la oportunidad para resolver otros problemas que se han presentado en estos meses de transición. “Si le vamos meter mano, sería bueno también precisar cuál es el tipo de trabajo especializado” que pueden realizar las empresas del sector.
En este corto periodo, la reforma “sí ha funcionado. Los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han aumentado no sólo porque hay una recuperación económica y recontratación de quienes fueron despedidos, también porque muchos trabajadores subcontratados que siguieron laborando no estaban dados de alta”, afirma Baldenebro.
“Ha sido un calvario”, dice Patricia Terrazas, también consejera nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “A la gente no le queda claro qué es servicio especializado y las autorizaciones para ser empresa de subcontratación no están siendo ágiles y precias. A muchas organizaciones las rechazan; luego, vuelven a meter la misma documentación y sí las aceptan”.
También se les ha negado el registro a las empresas que se escinden, sostiene. “Muchas, sobre todo las trasnacionales, si no tienen la autorización, no están contratando, así que están en riesgo los trabajos y la certidumbre legal”.
La empresaria chihuahuense también señala “una desigualdad” de trato en la reforma para la iniciativa privada. El sector público es el principal subcontratista, apunta Baldenebro. Pero el Estado tiene hasta el 1 enero para contratar directamente al personal tercerizado, “por qué hay un plazo para la IP y otro para el gobierno”, cuestiona Terrazas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los empresarios se han ajustado a la nueva legislación, por lo que avala que tengan un mes más para sacar de la subcontratación a sus empleados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que se amplíe hasta septiembre el plazo para que las empresas puedan sacar del esquema de subcontratación o outsourcing a sus empleados.
“Los empresarios nos pidieron una prorroga de un mes porque les lleva tiempo el que se ajusten a la nueva circunstancia, es muy probable que en el Congreso se resuelva esta ampliación. Nosotros lo vemos bien porque si es para que se puedan preparar, ajustar a la nueva ley, y que no haya la subcontratación”, destacó.
El mandatario federal recordó que la reforma sobre subcontratación laboral se implementó para sacar del esquema de outsourcing a miles de empleados y para mejorar sus condiciones laborales.
“Estoy de acuerdo con eso (la ampliación) porque estoy constatando que la mayoría de los empresarios está aceptando ajustarse a la nueva legislación. Lo estamos constatando, ellos están ayudado con esto, por eso lo de la prorroga, para que terminen de hacer todos sus cambios”, señaló.
De acuerdo con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, desde que entró en vigor la reforma al outsourcing, 1 millón 600,000 trabajadores han salido del esquema de subcontratación.
El Senado discutirá en próximos días una prorroga de un mes para que las empresas cumplan la ley; el plazo se tenía previsto en agosto.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, informó que hasta hoy, alrededor de 1 millón 600 mil trabajadores que se encontraban en esquema de outsourcing han sido contratados por los patrones directos.
En sus redes sociales, la funcionaria federal refirió que el Senado discutirá en los próximos días una prorroga de un mes más para las empresas se pongan al corriente en este sentido, ya que estaba previsto hasta agosto el plazo par que todos los patrones eliminen la subcontratación irregular.
Desde ahora, la subcontratación y outsourcing será regulado por el gobierno federal a través de un registro de empresas.
“Al día de hoy 1 millón 600 mil trabajadores han salido del esquema de subcontratación y sus derechos han sido reconocidos por sus patrones. De aprobarse en el Congreso, se ampliará el plazo de regularización de las empresas hasta el primero de Septiembre”, escribió Luján en su cuenta de Twitter.
Fernando Yllanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de Concamin, calificó como “muy importante” el anuncio sobre la iniciativa del coordinador de Morena en el Senado de la República, para ampliar hasta el 1 de septiembre todos los plazos de transición de la reforma de outsourcing que entró en vigor el 23 de abril pasado.
El sector industrial de México destacó la sensibilidad del senador Ricardo Monreal con el empresariado para tratar de postergar la implementación de las reformas en subcontratación, y sugirieron ampliar el periodo hasta enero del 2022 -como ya se había planteado-, a fin de dar cumplimiento a las regulaciones.
A través de un Twitter, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) que encabeza Francisco Cervantes, aplaudió la propuesta de Monreal para ampliar la fecha para la entrada en vigor de las “complejas reformas en materia de contratación. Sugerimos que se amplíe lo más posible, para asegurar la eficacia de la Ley”.
Fernando Yllanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de Concamin, calificó como “muy importante” el anuncio sobre la iniciativa del coordinador de Morena en la Cámara Alta, para ampliar hasta el 1 de septiembre todos los plazos de transición de la reforma de outsourcing que entró en vigor el 23 de abril pasado.
“Es necesario evitar una paralización económica, ante la imposibilidad de contratar proveeduría que aun no ha podido superar las barreras que representan la implementación de la reforma, se requiere de más tiempo, cuando menos este año”, dijo el representante de la Concamin.
El presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos dijo: “nos sumamos, los industriales de Canacintra a la modificación propuesta por Ricardo Monreal, que prorrogaría la entrada en vigor de las reformas relacionadas a regular la subcontratación”. /// El Economista
Sobre el desafuero de los diputados Saúl Huerta, acusado de violación, y de Mauricio Toledo, señalado de corrupción, aún no hay consenso.
Luego de una semana de discusiones, los grupos parlamentarios en la Comisión Permanente del Congreso alcanzaron un acuerdo para que el próximo martes se discuta la convocatoria a un periodo extraordinario en ambas cámaras.
El objetivo del periodo extraordinario es analizar cambios a la reforma laboral en materia de outsourcing, aunque también se discutiría la ratificación del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en funciones, Rogelio Ramírez de la O.
El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, prevé que el periodo extraordinario se pueda celebrar el jueves 29 o el viernes 30, y explicó que la comisión permanente ha convocado a sesión presencial el martes próximo y ahí se definirá si se acepta o no.
La senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López, afirmó que su grupo parlamentario apoyará retrasar la entrada en vigor de la Ley de Outsourcing, pero no un mes como propone Morena, sino hasta enero del próximo año.
“Hay que corregir una cirugía de 15 centímetros y no se puede corregir con un curita, dar un mes más es un curita, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo a favor de México”, sostuvo la legisladora panista.
Sobre la convocatoria al extraordinario en San Lázaro para desahogar los desafueros de los diputados Saúl Huerta, acusado de violación, y de Mauricio Toledo, señalado de corrupción, así como del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, aún no hay consenso.
“El artículo 02 compacta los tres casos, no da oportunidad de llevar al pleno cada caso por separado en un artículo, es decir, si estamos de acuerdo en dos, pues votamos dos, si estamos de acuerdo en uno, votamos uno, si estamos de acuerdo en los tres votamos por los tres, pero al compactarlo hizo muy complicado que se pusiera a discusión más cuando existe riesgo patente en ese dictamen de violar un amparo”, declaró la diputada del PRI, Dulce María Sauri.
Personal de una empresa de limpieza en la terminal 1 del AICM. Foto Cristina Rodríguez/ Archivo
Ciudad de México. El sector industrial del país celebró la iniciativa del senador Ricardo Monreal de postergar por un mes la entrada en vigor de la reforma laboral.
En un mensaje de Twitter, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) reconoció la sensibilidad del legislador morenista de ampliar el plazo establecido para la implementación de las “complejas reformas en materia de subcontratación” y sugirió “que se amplíe lo más posible, para asegurar la eficacia de la ley.”
Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), en la misma red social respaldó la propuesta que hizo pública Monreal, pues prorrogaría la entrada en vigor las modificaciones que regularán el outsourcing.
Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena (Especial)
El senador morenista señaló que las reformas en la materia han causado incertidumbre en el sector laboral.
Ricardo Monreal, senador de Morena, dijo que presentará una iniciativa para modificar el artículo primero transitorio sobre la ley de subcontratación (outsorcing) para que su entrada en vigor sea el 1 de septiembre próximo y no el 1 de agosto como está establecido.
Señaló que en los artículos transitorios de la Reforma Laboral aprobada hace unos meses se establece, como fecha límite, el 1 de agosto, para la entrada en vigor al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la ley del impuesto al Valor Agregado, así como a otras reformas vinculadas a esta materia.
Asimismo, agregó se establecen plazos para que los sectores involucrados realicen una serie de acciones, entre las que destacan de manera muy clara: darse de alta en el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de personas físicas y morales que proporcionan servicios de subcontratación y de transmitir los bienes objeto de la empresa o establecimiento como lo dispone la reforma al artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo y dar de baja registros los patronales ante las autoridades de seguridad social, efectuados bajo la vigencia anterior a esta reforma.
Enfatizó que hasta este momento no se han logrado implementar en su totalidad tales acciones, propiciando inquietud e incertidumbre entre los sectores involucrados y generando también una gran confusión por esta situación que, para muchos, les es ajeno y para muchos no han podido lograrlo.
“En tal virtud, después de haber escuchado a varios de los principales actores participantes, con los que me he reunido en los últimos días he considerado conveniente la necesidad de proponer una iniciativa que amplíe el plazo del 1 de agosto a septiembre y con ello permitir una mejor ejecución de las medidas que contiene la reforma aprobada.
“Una vez que comparta con mis compañeros de la bancada y con algunos coordinadores de grupos parlamentarios a manera de cortesía política, presentaré una iniciativa que proponga modificar este artículo Transitorio, el Primero del decreto referido y con ello aumentar 30 días más el plazo para su entrada en vigor, el cual quedaría para el primero de septiembre de 2021″.
Indicó que los 30 días adicionales que se proponen permitirán, por un lado, que no se pierda el propósito de la reforma planteada y, por otro, cumplir con el propósito de las medidas fiscales que se implementarán como consecuencia del mencionado decreto.
Monreal señaló que el próximo 9 de septiembre será el plazo en el que el Ejecutivo proponga el paquete fiscal para 2022, el cual deberá contener ya los criterios en materia fiscal y económica.
Para cumplir con este propósito “presentaré ante la Comisión Permanente está iniciativa, que les he expuesto para que, en caso de contar con los acuerdos y consensos necesarios, se pueda convocar a las Cámaras a un periodo extraordinario para el jueves 29 o el viernes 30 de julio, a fin de discutir y, en su caso, aprobar este proyecto”.
Los sistemas han sido diseñados, puestos en marcha y corregidos sus errores durante el plazo para que los patrones cumplan. A la fecha siguen presentando errores
La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), Colegio de Abogados, S.C., solicitó al Gobierno Federal una prórroga para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de subcontratación laboral, debido a que “no existen las condiciones ni los medios suficientes para cumplir a tiempo”.
Lo anterior a través de un texto dirigido a Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administració Tributaria (SAT) y Carlos Martínez, director de Instututo del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en el que se detallan 9 razones para dicha solicitud, las cuales se transcriben íntegras a continuación:
1.-Falta de coordinación suficiente entre el SAT, IMSS, Infonavit y STPS.
2.- Disparidad en los requisitos solicitados por las diversidas autoridades v. gr. IMSS y STPS no requieren la ratificación de convenios de sustitución ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (en periodo vacacional, actualmente), el Infonavit sí.
3.- Demora en la aclaración de créditos (en su mayoría prescritos y caducos) ante Infonavit, que impiden a los patrones contar con una opinión de cumplimiento positiva.
Falta de respuesta adecuada para solucionar esta aspecto, más allá de pedir que se paguen los créditos (a pesar de su antigüedad y prescripción).
4.- Fallas constantes en los sistemas del IMSS (altas y sustituciones patronales); STPS (Registro de Prestadores de Servicios); e Infonavit (asociación de registros patronales).
Actualmente los documentos que deben de subirse tienen un límite de tamaño, difícil de alcanzar.
Los sistemas han sido diseñados, puestos en marcha y corregidos sus errores durante el plazo para que los patrones cumplan. A la fecha siguen presentando errores.
5.- Falta de comunicación del Infonavit con el sector patronal sobre el trámite de asociación de registros patronales.
Se han negado una gran cantidad de trámites en perjuicio de la capacidad crediticia de los trabajadores.
6.- La actualización del sistema de otorgamiento de créditos del Infonavit no detecta oportunamente la transferencia entre Registros Patronales, complicando a los trabajadores la obtención de créditos para vivienda.
7.- Falta de coordinación con Infonacot para realizar altas y sustituciones patronales. Falta de personal para recibir las solicitudes en las oficinas.
8.- Retraso en la obtención de citas ante el SAT para la obtención RFC u obtención de la e. Firma.
9. Desfase entre la entrada en vigor de las disposiciones seguridad social para la migración de trabajadores y sustituciones patronales (23 de julio); fiscales (1 de agosto) y las de registro ante el REPSE (21 de agosto).
Cabe recordar que el pasado 23 de abril fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma para prohibir la subcontratación de personal, cuya entrada en vigor se dio al día siguiente, mientras que las reformas a las leyes fiscales entran en vigor el día 1 de agosto de 2021.
