El cumplimiento a las nuevas normas, requisitos y derechos que derivan de la reforma laboral del 2019, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación centra sus esfuerzos en su implementación, señaló Luis Manuel Hernández, Presidente Nacional de Index, al inaugurar el Cuarto Foro Laboral, indicó que uno de los grandes aspectos es la inclusión y derechos para los colaboradores.
“Lo que hemos estado viendo este año, es que ha sido progresivo el avance en los temas de inclusión, de cumplimiento para TMEC y todo esto viene a llevarnos a un sólo tema: seguir siendo el elemento y seguir siendo el sector de más relevancia a nivel nacional, independientemente de que seamos 6 mil 400 unidades económicas y que generamos el 62 por ciento de la exportación y una quinta parte de lo que es el empleo formal de México y también el 32 por ciento del PIB”.
Por su parte Álvaro García, Director Nacional del Comité Laboral de Index, reconoció que para la plena implementación se tienen 4 años, que concluyen el próximo año, han transitado por temas que no se tenían contemplados como la limitación a la subcontratación y el teletrabajo, derivado de la pandemia.
“Lo celebramos inmerso en la aún hoy todavía inacabada implementación de la reforma laboral del 2019, inacabada por que son tan grandes los cambios, a los que somos llamados las empresas, los sindicatos, los trabajadores y la propia autoridad, de que debemos tomar acción, que toma 4 años la implementación y en esos todavía, en estos desafíos , lecciones y aprendizajes nos encontramos ahora con una ola de próximos cambios a nuestra normativa muy enfocados en la ampliación de derechos individuales: vacaciones, licencias permisos, maternidad”.
En este foro, Alfredo Domínguez Marrufo, Director General del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, detalló que al pasado 13 de mayo más de un millón y medio de trabajadores han sido consultados de sus contratos colectivos de trabajo, se han registrado a 2 mil 547 sindicatos y 4 mil 794 contratos colectivos han sido legitimados, una cifra baja en comparación con los cerca de 500 mil contratos existentes en todo el país; explicó que aquellos contratos que se firmaron a espaldas de los trabajadores o con presiones de los patrones serán cancelados.
“Yo creo que la mayor parte de contratos colectivos que estaban depositados en las juntas pues corresponden a contratos colectivos de la construcción que ya concluyeron, pero que nunca se dieron por terminados a contratos colectivos que fueron de manera temporal…en todo caso estos contratos colectivos de entrada se van a dar por concluidos, pero también todos aquellos que fueron firmados a espaldas de los trabajadores porque finalmente sabemos que los líderes sindicales, no los van a poner a consulta de los trabajadores, porque los trabajadores ni siquiera los conocen: 4 de cada 5 de estos contratos colectivos existentes en el país, se calcula están en esta situación por lo tanto el número de contratos colectivos que nosotros pensamos al final se van a legitimar, pues andarán entre 10 mil y 15 mil contratos colectivos de trabajo, después del primero de mayo lo sabremos”.
Descartó que se vaya a registrar una prórroga para dar cumplimiento a esta normatividad, ya que recordó que se trata de un compromiso firmado en el marco del TMEC, y en su caso para hacer modificaciones o prorrogar su implementación, primero tendría que intervenir el Congreso de la Unión, pero también los congresos de nuestros socios comerciales.
La conciliación laboral en La Laguna de Durango está por encima del 90 por ciento de los juicios, cuando anteriormente, por las disposiciones de ley, el acuerdo entre las partes no era prioridad, sin embargo, hoy se ha permitido así tener una justicia más pronta y expedita, que ayuda a patrones y trabajadores.
Así lo indicó Israel Soto Peña, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el gobierno de Durango, y expuso que se han conciliado 10 mil asuntos desde el inicio de la reforma, en esta región, alrededor de 25 mil en el estado, lo que consideró un número importante.
«Si no fuera así, la gran mayoría de esos asuntos se hubieran ido a litigio, y eso tiene costos altísimos para gobierno, porque hay que administrar justicia, para los trabajadores, porque no reciben su indemnización correspondiente, y para los patrones, que tienen que desembolsar grandes cantidades de dinero por la no conciliación», explicó.
Señaló que se tiene una proyección de seis años para que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje cierren definitivamente con el trabajo que llevan, en base al rezago de expedientes que presentan, no obstante, el secretario indicó que aún hay grandes retos en la materia, pues se han iniciado procesos de conciliación llamando a las partes, aunque ya esté el juicio iniciado, de modo que acuerden, a fin de disminuir este rezago.
«Buscando, principalmente, la conciliación, que es la manera más eficaz de reducir el rezago», dijo.
El secretario aseguró que el 2022 es el «año del empleo» para Durango y que se cerrará muy bien la administración y este año en la materia, resultados en lo que ha contribuido la implementación de la reforma laboral en esta entidad.
«Hay, sin duda, un aumento importante en la generación de empleos en este año, Durango se ha venido colocando, en los últimos meses, en mayor porcentaje de crecimiento en el empleo, fue de los estados con más rápida recuperación y fortalecimiento del empleo después de la etapa crítica de pandemia y ha sido también de los estados con mayor inversión extranjera de los últimos meses», comentó Soto Peña.
Consideró que el modelo de reforma laboral en el estado ha dado resultados muy positivos a favor de los sectores productivos, por lo que se enorgullece Durango en ser de las primeras ocho entidades en implementar esta reforma.
El Congreso del Estado de Guerrero ha logrado avances significativos en el tema de la Reforma Laboral para la homologación de las demandas, a pesar de que en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) tiene un rezago de más de 15 mil juicios pendientes, aseguró Cesar Felipe Leyva presidente del Colegio de Abogados Laboralistas en representación del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Alfredo Sánchez Esquivel, durante la toma de protesta de integrantes de la Coordinadora Nacional de Abogados de México (Coonamex).
Asímismo dijo que “bajo la nueva política en materia laboral del gobierno de México, garantiza la democracia sindical y se continuar con los resultados del nuevo modelo de justicia laboral, con procesos eficientes y eficaces, para que los centros de conciliación locales y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas lleven a cabo acciones de manera correcta que garantice que los mexicanos tengan acceso a la justicia y respeten los derechos laborales.”
Agregó que “la pandemia de Covid 19 hizo evidente que, por el bien de todos, debemos dejar atrás modelos económicos y laborales que durante décadas ampliaron la desigualdad de nuestras sociedades, la Nueva Reforma Laboral en México es uno de los temas que hoy en día tiene gran importancia”.
Agregó que “esta reforma pretende poner en orden las condiciones de trabajo para todos los actores de la relación laboral, esta reforma tiene impacto en muchos ámbitos de la vida en México”.
Asimismo dijo que La democracia sindical es un punto clave en la nueva Ley Federal de Trabajo, no sólo porque otorga el poder de decisión del trabajador para elegir el sindicato que más le convenga, sin ningún tipo de coacción de por medio, sino también para la ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), además de que promueve un nuevo modelo de representatividad, la creación de varios sindicatos y busca eliminar las prácticas ilegales de coacción de voto y el denominado charrismo sindical.
En este orden, la reforma laboral reconoce el derecho de libertad sindical, de libre sindicalización y la protección contra actos de injerencia, bajo los parámetros de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional”.
El Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral (reforma constitucional 2017), publicado en el DOF el 24 de febrero de 2017, ordenó en su artículo segundo transitorio que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas realizaran las adecuaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento a la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.
No obstante, hasta 1o. de mayo de 2019 se dio a conocer el Decreto de reforma en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva (Decreto), en el cual se estableció el nuevo procedimiento para la solución de los conflictos laborales, incluyendo una fase conciliatoria administrativa.
Los artículos quinto y sexto transitorios de dicho Decreto, fijaron un plazo para que los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales iniciaran actividades, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto: cuatro años a nivel federal y tres para las autoridades locales.
De esta forma, todos los estados tenían hasta el 2 de mayo de 2022 para ejecutar la referida reforma (lo cual ya se cumple en 20 entidades); a diferencia de la federación, porque su plazo vence el 2 de mayo de 2023.
Desafortunadamente, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, en su primera reunión ordinaria de enero de 2022, comunicó el acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión una prórroga para la CDMX, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, con el fin de que las instituciones locales laborales de dichos lugares pudiesen estar habilitadas y contar con el equipamiento adecuado para realizar sus funciones.
Esto muestra el incumplimiento de las entidades federativas a lo ordenado en el Decreto, y con el retraso en la divulgación de la prórroga (16 días después al 2 de mayo), la omisión presidencial de hacer cumplir la ley a su estricta observancia, expresando cierto desinterés en los sectores de la producción.
A pesar de la publicación de la reforma, se transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por la omisión legislativa, de no reglamentarse lo referente a la impartición de justicia en materia laboral.
Al señalarse una fecha posterior a lo previsto en la reforma constitucional de 2017, se afecta la plena vigencia de la CPEUM, pues en ella se implementa el desahogo de la conciliación prejudicial como el mecanismo idóneo para dar soluciones prontas a los conflictos laborales, lo que finalmente vulnera la jerarquía del orden nacional establecido.
En nuestra opinión, no se puede excusar del cumplimiento a los órganos legislativos locales del mandato que los constriñó a adoptar las medidas presupuestales para dar efectividad a la CPEUM, pues al ser derecho vigente, se tiene que acatar.
Es tan evidente el desacato, que inclusive en la CDMX, sin que se hubiese publicado la prórroga, dio a conocer en su Gaceta Oficial el 29 de abril de 2022, la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de dicha entidad y el Decreto por el que se reforman varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en cuyos transitorios se señalan que sus Tribunales Laborales y el Centro de Laboral iniciarán funciones a más tardar el 3 de octubre de 2022, lo que deja en evidencia su omisión constitucional y legal.
LABORAL
Se atrasa la reforma de justicia laboral
Aplazan cinco meses el inicio de las funciones de los Tribunales Laborales de la CDMX y 11 estados
El Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral (reforma constitucional 2017), publicado en el DOF el 24 de febrero de 2017, ordenó en su artículo segundo transitorio que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas realizaran las adecuaciones legislativas necesarias para dar cumplimiento a la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.
No obstante, hasta 1o. de mayo de 2019 se dio a conocer el Decreto de reforma en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva (Decreto), en el cual se estableció el nuevo procedimiento para la solución de los conflictos laborales, incluyendo una fase conciliatoria administrativa.
Los artículos quinto y sexto transitorios de dicho Decreto, fijaron un plazo para que los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales iniciaran actividades, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto: cuatro años a nivel federal y tres para las autoridades locales.
De esta forma, todos los estados tenían hasta el 2 de mayo de 2022 para ejecutar la referida reforma (lo cual ya se cumple en 20 entidades); a diferencia de la federación, porque su plazo vence el 2 de mayo de 2023.
Desafortunadamente, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, en su primera reunión ordinaria de enero de 2022, comunicó el acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión una prórroga para la CDMX, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, con el fin de que las instituciones locales laborales de dichos lugares pudiesen estar habilitadas y contar con el equipamiento adecuado para realizar sus funciones.
De ahí que el 26 de abril de 2022 el poder legislativo aprobó y turnó al ejecutivo, la modificación al artículo quinto transitorio del Decreto, para que los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales Locales inicien funciones a más tardar el 3 de octubre de 2022; reforma que el presidente firmó el 10 de mayo y se publicó en el DOF el 18 de mayo, de 2022.
Esto muestra el incumplimiento de las entidades federativas a lo ordenado en el Decreto, y con el retraso en la divulgación de la prórroga (16 días después al 2 de mayo), la omisión presidencial de hacer cumplir la ley a su estricta observancia, expresando cierto desinterés en los sectores de la producción.
A pesar de la publicación de la reforma, se transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por la omisión legislativa, de no reglamentarse lo referente a la impartición de justicia en materia laboral.
Al señalarse una fecha posterior a lo previsto en la reforma constitucional de 2017, se afecta la plena vigencia de la CPEUM, pues en ella se implementa el desahogo de la conciliación prejudicial como el mecanismo idóneo para dar soluciones prontas a los conflictos laborales, lo que finalmente vulnera la jerarquía del orden nacional establecido.
En nuestra opinión, no se puede excusar del cumplimiento a los órganos legislativos locales del mandato que los constriñó a adoptar las medidas presupuestales para dar efectividad a la CPEUM, pues al ser derecho vigente, se tiene que acatar.
Es tan evidente el desacato, que inclusive en la CDMX, sin que se hubiese publicado la prórroga, dio a conocer en su Gaceta Oficial el 29 de abril de 2022, la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de dicha entidad y el Decreto por el que se reforman varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en cuyos transitorios se señalan que sus Tribunales Laborales y el Centro de Laboral iniciarán funciones a más tardar el 3 de octubre de 2022, lo que deja en evidencia su omisión constitucional y legal.
.(Foto: IDConline)
Por otra parte, es de señalarse que México debe cumplir con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T—MEC) a finales de 2018, en el que se estableció un nuevo modelo de justicia laboral.
Por lo que se debe armonizar la legislación interna con ese convenio, a fin de darle uniformidad, coherencia y consistencia a un bloque normativo; y de tal suerte, se respete lo acordado por nuestro país frente a otros Estados. Ello de conformidad con la jurisprudencia de nombre: NORMAS DE DERECHO INTERNO. SU INTERPRETRACIÓN Y APLICACIÓN DEBEN ARMONIZARSE NECESARIAMENTE CON EL DERECHO INTERNACIONAL CON ENCIONAL, Registro digital: 2023266.
En otro orden de ideas, conforme a la tesis de rubro: SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ES NORMATIVA E IDEOLÓGICA, Registro digital: 2017841, al ser la CPEUM la base del sistema jurídico—político nacional, que establece valores, principios y reglas de observancia para todos los componentes del Estado, deben prevalecer las reglas jurídicas establecidas en ella, y en igual proporción el espíritu que las anima, como lo es su ideología y fines.
Por ende, lo jurídicamente correcto, sería que los estados pusieran en marcha inmediatamente el nuevo sistema de justicia laboral, y con ello se respete lo previsto en las reformas constitucional de 2017 y la legal de 2019, cuya esencia es crear una instancia prejudicial obligatoria, salvo ciertas excepciones.
Finalmente, más allá de transgredirse a la CPEUM, se está afectando a los colaboradores, porque no cuentan con instancias de conciliación, a fin de acceder a una justicia pronta y expedita, y evitar litigios largos y sin solución.
La reforma laboral tiene que operar también en los 171 sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y garantizar su democratización, “no más votos a mano alzada”, advirtió el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez.
En entrevista con La Jornada, aseveró que por lo menos a una docena de organizaciones gremiales del apartado B (sector público) se les negó la toma de nota, ya que insistieron en elegir a sus dirigentes de manera representativa, es decir a través del voto de delegados.
“La ley es muy expresa, y es causa de nulidad la coacción del sufragio la falta de voto personal, libre, directo y secreto”; debe respetarse el voto de cerca de 5 millones de trabajadores del Estado, como establece el nuevo modelo laboral, subrayó.
En gobiernos anteriores, agregó, el “control del sindicalismo fue clave y se generaron grandes élites”, por lo que las recientes disposiciones de la reforma laboral, como la transparencia, la rendición de cuentas y la libre sindicalización son los ejes para que la democracia se “vaya institucionalizando en el interior de los gremios”.
La norma no incluye legitimación de contratos colectivos en los sindicatos del Estado, sino únicamente convenios sobre las condiciones generales de trabajo, entre otros.
No obstante, estas organizaciones deben adecuar sus estatutos de acuerdo con las reformas de los artículos 69, 72 y 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, a fin de garantizar la libertad y democracia sindical en sus elecciones.
El magistrado Morales Vázquez detalló que del total de gremios de servidores públicos, 116 tienen dirigencia vigente o ya renovada y 29 prórroga por la emergencia sanitaria. No habrá más aplazamientos, “el último fue en mayo y se acabaron las extensiones de periodos”.
En 26 sindicatos, agregó, la dirigencia ya venció, y de las seis federaciones registradas ante el TFCA, en cuatro casos expiró la vigencia de la toma de nota, por lo que sus elecciones deben hacerse con base en los nuevos principios democráticos. Omitió detallar de qué organizaciones se trata, debido a que “son procedimientos activos”.
A diferencia de los sindicatos del apartado A (sector privado) para los que se crearon centros de conciliación laboral, el TFCA es el responsable de impartir justicia, un órgano colegiado donde están representados trabajadores y el gobierno, lo cual “da una mayor certeza a la validación de una elección”.
El derecho al trabajo es una de las conquistas sociales más importantes de la Revolución Mexicana, dice la abogada feminista Alix Trimmer. Pero en ese momento la sociedad era más machista y lo que no cupo en la estructura patriarcal quedó fuera de la protección de la ley.
La reforma laboral logró un sentido incluyente y de perspectiva de género “al deshacerse de ese manto protector” del Poder Ejecutivo y pasar la justicia del trabajo al Poder Judicial, pues éste se ha alineado más pronto a las luchas de las mujeres, las personas no binarias, las disidencias sexuales y otras poblaciones vulnerables, dice Alix Trimmer, laboralista feminista.
El nuevo modelo de justicia del trabajo, con centros de conciliación y tribunales laborales, ya se está implementando en 21 estados del país. Y partir del 3 de octubre entrarán en funciones en las 11 entidades restantes, entre ellas, la Ciudad de México.
Para Susana Casado, funcionaria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la perspectiva de género en la reforma se encuentra en la obligación de los sindicatos a incluir a mujeres en sus directivas y en que las empresas cuenten con un protocolo de atención a la violencia, acoso y hostigamiento, sostuvo en un foro convocado por la embajada británica.
Definitivamente hay un avance dice, Alix Trimmer. En entrevista, recupera la memoria histórica del derecho laboral en el país y detalla: “Éste surgió en un contexto bélico, que fue la Revolución Mexicana”, y cosas más patriarcales que la guerra hay pocas. Su origen se ubica en un tiempo en el que la sociedad era estructuralmente “más machista”, explica.
El mundo del trabajo estaba identificado principalmente “con el hombre cisgénero, heterosexual” y sin discapacidad. “Y lo que no cupo en esa cajita, simplemente quedó fuera de la protección de la ley”. La palabra cisgénero se refiere a las personas que se sienten identificadas con el género que les fue asignado al nacer.
Desde la segunda década del siglo pasado, cuando surgió el derecho laboral en México y fue algo novedoso en el país y a nivel mundial, poco a poco las poblaciones excluidas han logrado que algunos de sus derechos sean reconocidos.
Pero aunque las normas puedan modificarse, “lo relevante es generar un cambio en las conciencias y, con ello, un cambio social. Ahí es donde deben estar centrados nuestros esfuerzos como profesionistas jurídicos, como activistas”, y del Estado en su conjunto, considera la abogada.
Mujeres en la reforma laboral
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) está compuesto por una buena parte de mujeres, según Susana Casado, directora general de capacitación y Difusión para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la STPS.
El 62% del personal conciliador es mujer y el 43% de las plazas para ejecutar notificaciones, también. En los tribunales laborales federales hay paridad de género. A nivel local, el 56% del personal conciliador y el 47% de titulares de los juzgados son mujeres.
La proporcionalidad de género en las directivas de los sindicatos es otra medida con perspectiva de género y así lo explica la funcionaria: “si una empresa tiene 100 trabajadores y 30% es mujer, en consecuencia, su directiva sindical estará compuesta por esa proporción”.
Pero debido a que los sindicatos determinan cómo distribuyen las carteras, “mayormente las colocan en la comisión de género o en la organización de actividades secundarias. Es uno de los grandes retos, que las mujeres se sitúen en las comisiones de finanzas, de gobierno, en aquellas donde se encuentra el corazón del sindicato”.
Y para frenar la violencia de género en el trabajo las empresas están obligadas “a implementar un protocolo para prevenir discriminaciones, atenderlas y evitar que las personas sean despedidas por embarazo, por su orientación sexual o identidad de género”. Así como para atender casos de acoso y hostigamiento.
En abril pasado, fue aprobado el Plan de acción para incorporar la perspectiva de género en la instrumentación de la reforma laboral, informa.
La cajita se va rompiendo
El derecho del trabajo en este país “es una de las conquistas sociales más importantes de la Revolución Mexicana”. Antes “había una cultura de explotación obrera muy arraigada”, con las tiendas de raya y otro tipo de relaciones laborales “completamente inhumanas, con horarios extenuantes”, dice Alix Trimmer.
Así fue como se creó el artículo 123 en la Constitución de 1917. “Ese artículo tiene un enfoque proteccionista hacia la clase trabajadora, porque era la que tenía una desventaja frente a la parte patronal”.
En 1931 se creó la Ley Federal del Trabajo (LFT), su creación estuvo influenciada por Estados Unidos, pero no lo suficiente como para establecer el modelo “at will”, que se traduce como “a voluntad”, dice Alix Tremmer. Es decir, que las personas pueden ser despedidas en cualquier momento sin repercusión para la compañía.
“En México tenemos una noción completamente distinta: el principio de estabilidad en el trabajo. Desde el artículo 123 quedó claro que hay que protegerlo”. Por eso en la LFT se establecieron una serie de causales para dar por terminada la relación laboral.
Fue un gran avance, pero la igualdad de género y la protección a otras poblaciones vulnerables, como las disidencias sexuales, aún no figuraban. “A pesar de lo que ha evolucionado, no ha logrado completamente deshacerse del heteropatriarcado”.
Las normas surgen como resultado de las personas que interpretan la realidad y entienden el contexto social que están viviendo, puntualiza. “En una sociedad que tenía más marcado los roles y estereotipos de género basadas en el binarismo, las mujeres y las personas LGBT quedaban fuera. No hemos llegado a que incluyan en su lenguaje a las disidencia sexual y personas no binarias. Pero para allá vamos”.
Uno de los últimos grandes avances, celebra, es el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso. “Aunque pareciera que el grupo focalizado son las mujeres, porque somos quienes más padecemos violencia en todos los ámbitos, se incluye a otros grupos: LGBTQI+, indígenas, migrantes, población con discapacidad, que están en este riesgo de sufrir violencia laboral”.
México es un país donde a diario se violentan los derechos laborales de las y los trabajadores, por lo cual se requiere la implementación de justicia pronta y expedita donde se puedan resolver conflictos a través de la conciliación, es por ello que a partir de 3 de octubre de 2022, iniciará en Baja California Sur el nuevo modelo de justicia laboral.
Lo anterior fue dado a conocer por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, María Luisa Alcalde Luján, durante su visita a Baja California Sur; este nuevo modelo de justicia dejará atrás los eternos juicios laborales, cerrará las puertas de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Dando por concluido un sistema de justicia lento que imposibilitaba a trabajadoras y trabajadores acceder a sus derechos de justicia, además terminará con una carga excesiva para las empresas, sin embargo, para que estás desaparezcan por completo tendrán que ser agotados todos los juicios en trámite o que entren antes del 3 de octubre del año en curso.
Esto indica que, los primeros días del mes de octubre de 2022, abrirán sus puertas los nuevos centros de conciliación, los cuales llevarán a las partes de la mano para poder llegar a un acuerdo.
La conciliación se da cuando se acercan las dos posiciones y se puede encontrar solución a los conflictos y esa es la apuesta para Baja California Sur.
Este nuevo modelo ya se está implementando en 21 estados, se está logrando conciliar el 75% de los asuntos, resolviendo así, entre 7 y 8 conflictos sin llegar a los tribunales laborales, sin embargo, aquellos donde no es posible conciliar pasarán a los tribunales, para dar una solución en un lapso de tiempo no mayor a 6 meses, pasando así de un periodo de 6 años a tan sólo 6 meses para su resolución.
Cuando se concilia el tiempo será menor a 45 días, lo cual permite un acceso a la justicia, generando estabilidad para las empresas y eso realmente generará en Baja California Sur como en el resto del país el cumplimiento de las obligaciones y derechos laborales.
La entidad entraría en la tercera etapa de implementación de la reforma laboral, ya que está inicio desde el 2020, primero con 8 estados, después con 11 más y ahora se concluirá con los restantes, integrando a Baja California Sur en lo que respecta a lo local.
Ante medios de comunicación locales, la titular de la Secretaría del Trabajo Federal, explicó que aún falta tiempo para que las juntas de conciliación en BCS puedan concluir todo el rezago que tienen y que el proceso de la junta una vez que los nuevos centros de conciliación laboral y los tribunales judicializados entren en un proceso de extinción pasarán algunos años.
Por su parte, el secretario del trabajo en la entidad, Isidro Martín Ibarra, explicó que esta administración se encuentra realizando planes para instalar mesas permanentes de conciliación las cuales entraran con un amplio equipo de abogados para hacer las tareas correspondientes y poder hacer este cambio en un tiempo más razonable o más rápido ya que se cuenta con un rezago aproximado de 18 mil expedientes.
El personal que labora en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Baja California Sur, que podría quedar sin empleo luego de su extinción, se encuentra concursando en las convocatorias que ha lanzado el Gobierno Federal para pasar al nuevo sistema laboral y poder unirse a los tribunales laborales.
De gira de trabajo por Baja California Sur, una de las 11 entidades federativas que implementará el nuevo modelo laboral a partir de octubre de este año, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, dijo ante empresarios y líderes sindicales que es necesario adaptarse a la nueva realidad, en donde se respete la decisión de los trabajadores.
De gira de trabajo por Baja California Sur, una de las 11 entidades federativas que implementará el nuevo modelo laboral a partir de octubre de este año, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, dijo ante empresarios y líderes sindicales que es necesario adaptarse a la nueva realidad, en donde se respete la decisión de los trabajadores.
Se trata, dijo, de que haya elecciones libres “sí se quieren sindicalizar, que si quiere pertenecer a uno u otro sindicato, que se respete el voto personal, libre, directo y secreto, que la negociación colectiva no sea impuesta, sea producto de la voluntad colectiva y que vayamos abriéndonos a un nuevo mundo de relaciones laborales distintas, donde la libertad y la democracia sean el eje del mundo del trabajo”.
Dijo que a partir del 3 de octubre todos los nuevos conflictos irán a los Centros de Conciliación, esperando una conciliación, en donde 8 de cada 10 puedan resolverse ahí en menos de 45 días.
En conferencia de prensa, Alcalde Luján sostuvo que la reforma en materia de subcontratación se avanzó mucho en esta entidad federativa, sobre todo en el sector turístico que era donde había mayor presencia.
Reconoció que se avanzó en el pago de utilidades, pero “todavía no como hemos deseado, pero hemos avanzado para recuperar este derecho históricamente agotado”.
Subrayó que en la entidad ya opera el Centro Federal Laboral y a partir de octubre, el cambio implicará el cierre de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y la apertura del Centro Estatal de Conciliación y Registro Laboral, así como del Tribunal Laboral, instrumentación que ha probado su éxito en los 21 estados donde ya opera el nuevo sistema y se concilia 75% de todos los asuntos en un máximo de 45 días.
Luisa Alcalde reconoció que en el pasado se violaban los derecho laborales todos los días, por eso la necesidad del nuevo sistema de justicia, que además promueve la libertad y democracia sindical, para fortalecer a los organismos gremiales como verdaderos representantes laborales, y brinda la oportunidad de rescatar la negociación colectiva para mejorar las condiciones de los trabajadores.
En su participación, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío afirmó que el nuevo modelo laboral permite terminar con el alargamiento injustificable de los juicios laborales, con mecanismos que atrasan la justicia.
Mencionó como ejemplo el caso del hotel Los Arcos, que cumple dos décadas en huelga, una historia de cómo la justicia se retrasa de manera inexplicable, pero ahora, aseguró, el nuevo modelo ayudará a terminar las disputas laborales en plazos perentorios.
Juan Carlos de la Vega, experto en materia laboral, señaló que la Reforma en materia de Justicia Laboral en nuestro país está generando profundas transformaciones. “Se están dando cambios dramáticos por la introducción efectiva de los principios de libertad de asociación, respecto a la negociación colectiva y democracia sindical, sólo que son disparejos, pues las empresas de vocación exportadora tienen un nivel de observancia mayor que las demás, al estar expuestas a Mecanismos de Respuesta Rápida bajo el TMEC, los cuales las exponen a niveles mayores de escrutinio, pues quedan bajo la supervisión de las autoridades de EUA», dijo.
El especialista explicó que los ajustes legislativos recientes imponen prácticas nunca antes vistas que empoderan al trabajador al participar en las decisiones en las empresas mediante su voto personal, libre y secreto. Además, muchas de las nuevas normas son inviables para las empresa pequeñas. “Eliminar la subcontratación, asegurar el pago efectivo de la PTU, incrementar las contribuciones del seguridad social, aumentar periodos vacacionales, los de paternidad, generar negociaciones salariales y contractuales más duras, etc., constituyen un auténtico cambio de piel. Tenemos una política laboral que nos quiere llevar hacia un nuevo orden sindical. Sin embargo, esto se está haciendo para unos cuantos miles de trabajadores, no llega a la clase trabajadora en su conjunto ni resuelve los problemas de México. Ni siquiera cubre a las empresas de toda la economía formal. Le están cargando todas las piedras al mismo burro”, señaló.
Juan Carlos de la Vega aseguró que los cambios en materia sindical y todos aquellos que han generado beneficios adicionales para los trabajadores son buenos, sin embargo ya es necesario que surjan estímulos a las empresas para incrementar su productividad y generar más empleo. “El grueso de las empresas no están pudiendo con las cargas ni con los tiempos. Hace falta un enfoque de apoyo que complemente a la política laboral de México, como la posibilidad de deducir completamente prestaciones de previsión social, modificación a la baja de las tasas impositivas o el impulso a esquemas autosustentables en cuanto a prestaciones. Hay muchas opciones, pero no estamos viendo una voluntad política hacia allá”, aseguró.
“De continuar así, corremos el riesgo de que las PyMes, al ver imposible cumplir con la normatividad, se verán en un punto que las lleve hacia la informalidad”, concluyó.
El Estado no cuenta con recursos suficientes para la entrada en vigor de la Reforma Laboral, que se calculó en 600 millones de pesos y de los cuales sólo se contará con entre 20 y 40, dijo la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Myriam Hernández Acosta.
“Vamos a arrancar con 20, 30 ó 40, con lo que nos apoye el Ejecutivo federal, que realmente es mínimo, es muy poco, es una reforma que no se planeó con presupuesto, la verdad es que se planeó desde un escritorio y muy lejos de la realidad y vamos a ver, tiene que salir bien y vamos a ir avanzando poco a poco hasta que se vaya normalizando este tema”, mencionó.
Esta semana, la magistrada sostendrá una reunión vía Zoom con la secretaria del Trabajo para realizar la firma definitiva del convenio y saber cuál es la cantidad que la Federación va a empatar con la Secretaría del Trabajo del Estado, indicó.
El pasado mes de abril, durante una visita a Ciudad Juárez de la secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal, Luisa Alcalde, Julián Galicia Gabino, director de información de esa dependencia, indicó que el monto oficial para la implementación de la Reforma Laboral en el estado de Chihuahua era de 70 millones de pesos, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Judicial.
Dijo que para la instalación de los juzgados se habilitó una parte de edificio de los juzgados civiles en el eje vial Juan Gabriel y que ya se hicieron los ajustes en el lugar mientras se tiene una sede definitiva.
“Hemos venido trabajando en todo el estado buscando inmuebles, como ustedes saben también aquí tuvimos un tema muy controversial que pudimos armonizarlo con los abogados laboralistas y llegamos a buenos acuerdos en el tema de las instalaciones, que son instalaciones de arranque, buscamos un mejor lugar este año”, mencionó.
Será hasta octubre cuando se podrá estimar la cantidad que se solicitará para el próximo año; mientras tanto se revisan los detalles finales entre inmuebles, capacitaciones, y se espera que para finales de junio se tenga afinada la convocatoria para los concursos, detalló la magistrada.
Sin embargo, se espera que para poder empatar todo el estado en la aplicación de esta reforma tendrá que pasar entre un año y un año y medio, según indicó.
El Nuevo Sistema de Justicia Laboral, a partir del 3 de octubre, eliminará la figura de las Juntas Centrales de Conciliación y Arbitraje e introducirá la de los Centros de Conciliación.
