El cambio es de tal magnitud que se requiere un presupuesto muy importante y esfuerzos de muchas personas con especialidad en el tema para que salga adelante, coincidieron.
La solicitud que se hizo al Congreso de la Unión para que otorgue una prórroga de cinco meses para llevar a cabo la implementación de la reforma laboral en 12 entidades federativas, obedece “a que el cambio es de tal magnitud que se requiere un presupuesto muy importante y esfuerzos de muchas personas con especialidad en el tema para que salga adelante. Es uno de los mayores cambios que ha sufrido nuestro país en términos de administración e impartición de justicia”, dijo Germán de la Garza de Vecchi, socio Líder de Servicios Laborales en Deloitte México.
En la Primera Reunión Ordinaria de este 2022 el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (CCIRSJL), acordó que solicitar una prórroga, ya que las entidades de Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, no están en condiciones de dar cumplimiento a los cambios laborales en mayo, por lo que se pidió se realicen hasta octubre de este año.
Lo anterior, implica que “en el ámbito individual los Juzgados Laborales, Federales y Locales comiencen sus funciones hasta octubre de este año al igual que las funciones conciliatorias del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Centros Locales de Conciliación, lo que llevará a aumentar la carga de trabajo y rezago de las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto Federal como Locales, quienes deberán seguir recibiendo demandas nuevas hasta en tanto no entren en funciones los Tribunales y que, ante la nueva ola de contagios de Covid-19, seguramente vendrán muchos retrasos en las Juntas y ello ampliará su operación”, estimó Adrián Castillo, socio de D&M Abogados.
En tanto, en el ámbito colectivo serán las Juntas de Conciliación y Arbitraje quienes sigan recibiendo los conflictos colectivos, así como los emplazamientos a huelga y las revisiones de los Contratos Colectivos de Trabajo, retrasando con ello el establecimiento de las nuevas reglas aplicables ya a más de la mitad del país.
En esta última etapa de implementación de la reforma, se encuentran los estados con mayor número de juicios tramitados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a excepción del Estado de México, y con ello “el retrasar el establecimiento del nuevo sistema de juicios laborales implica irremediablemente la extensión de la vida de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por lo que el costo que representará llevará más años”.
A lo anterior, la secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Susana Prieto Terrazas, comentó que desde la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año, “sabíamos que hacían falta recursos, al menos 30% más, para los gastos ordinarios de la operatividad; y la implementación de la reforma con los nuevos Tribunales”, y a pesar de ello, nadie lo tomó en consideración.
Por: Pilar Martínez
