2 de Junio de 2019 a las 12:59:00 | Por:Patricia Torres / Noventa Grados
Morelia, Mich., 2 de junio de 2019.– El tema sobre la reforma laboral del siglo XXI, una perspectiva sindical, que fue abordado en el tercer foro, tuvo como objetivo dar a conocer entre las agrupaciones y entender la ley laboral “hacerlo de manera aislada puede provocar que cada quien tenga su propio concepto, la idea es analizarla conjuntamente con los interesados”, refirió la legisladora de Morena, Teresa López Hernández.
La presidenta de la comisión de trabajo y previsión social de la 74 legislatura del congreso estatal opinó que los líderes sindicales deben conocer de esta reforma laboral para socializarla entre sus compañeros y de la que destaca la democracia sindical; la desaparición de tribunales, para ir a un colegiado que puede dar respuesta más eficaz a los trabajadores”.
Igualmente, de acuerdo a la visión de la legisladora y docente, otros beneficios que se señalan en esta reforma es la libertad sindical y combatir sindicatos blancos que estaban coludidos con los patrones y la incorporación de las trabajadoras domésticas a servicios de salud.
Si bien reconoce que esta nueva reforma no es la ‘panacea’, debido a que le faltaron algunos ‘detalles’, pero, prometió, se irá perfeccionando desde la visión de los trabajadores “la primera fase ya está lista, pero le iremos adicionando algunas iniciativas, cambios o agregados que consideremos en este tercer foro que le pudiera hacer falta a esta reforma”.
Las Procuradurías de la Defensa del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben garantizar un ambiente laboral libre de violencia.
A pesar de que las Procuradurías de la Defensa del Trabajo y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben garantizar un ambiente laboral libre de violencia, rechazan las denuncias de las víctimas de acoso y hostigamiento sexual, las canalizan a otros organismos y en el mejor de los casos les piden conciliar con sus patrones o sus agresores.
Las mujeres, principales víctimas, no encuentran justicia porque las instancias gubernamentales no perciben el acoso y hostigamiento sexual como una violación a los derechos laborales, creen que estas denuncias deben resolverse entre particulares, o bien, consideran que no pueden intervenir en empresas privadas porque cada lugar de trabajo debe generar acciones para mitigar esta violencia de género.
Las pocas trabajadoras que logran ser atendidas en las Procuradurías y seguir su demanda ante las Juntas de Conciliación, como en todo proceso, deben presentar evidencias que confirmen la violencia, conseguir pruebas que avalen sus dichos, demostrar las afectaciones que les causó la violencia e incluso intentar que algún testigo -si es que lo tienen- declare contra el acusado.
Este círculo de violencia acompañado por cambios culturales profundos, podría transformarse con las reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Federal de la Defensoría Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo, las cuales sientan las bases para un nuevo sistema de justicia laboral.
Con esta reforma las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecen y se crean tribunales laborales, que van a depender del Poder Judicial; además se creará una instancia conciliatoria que en casos de acoso no será necesario que se agote, deberá evitar la revictimización y tendrá conciliadores con conocimientos en Derechos Humanos y perspectiva de género.
Mientras se implementan estas políticas laborales, a dos meses que sacudieron a diversos centros de trabajo las denuncias de acoso y hostigamiento sexual difundidas en Twitter con la etiqueta #MeTooMX, Cimacnoticias buscó a las responsables de las instancias laborales que deben atender estos casos en la Ciudad de México con el objetivo de indagar qué hacen para atender a las víctimas de acoso y hostigamiento sexual en los centros de trabajo.
En estas dependencias se reconoce el acoso y el hostigamiento como una forma de violencia en el entorno laboral pero no logran hacer más por falta de personal y porque prefieren que estas conductas se resuelvan en lo interno en cada centro de trabajo.
LA PRÁCTICA DE CANALIZAR CASOS
El acoso y hostigamiento sexual laboral son conductas definidas en la LFT y pueden ser causa de la rescisión de la relación de trabajo y de multas para los patrones que las realicen o toleren; sin embargo, el primer paso para hacer realidad la ley es que las víctimas que denuncian sean atendidas por las autoridades.
La subprocuradora de Atención a Mujeres en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, María de Lourdes Lezama Aguilar, instancia que forma parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México, señala que cuando una mujer llega a pedir asesoría por causas relacionadas con el acoso sexual, la Subprocuraduría las canaliza a otras dependencias.
En este año, hasta abril de 2019, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo local reportó que había realizado 8 mil 955 asesorías en materia laboral, de las cuales 4 mil 973 fueron para mujeres (55 por ciento) y 3 mil 982 para hombres (45 por ciento).
Por ejemplo, se les remite a la Secretaría de las Mujeres, para que reciban contención psicológica; o si es discriminación las mandan al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y en caso de que detecten un delito como violación sexual las mandan a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) o al Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), que depende de la Procuraduría.
Lezama Aguilar argumentó que se les remite a otras instancias para que reciban atención especializada pero lo cierto es que con este método la Subprocuraduría se libera de casos y no debe seguir el camino administrativo hasta llegar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Sin embargo, las solicitudes de asesoría son pocas. En cinco meses, de diciembre de 2018 a abril de 2019, se registraron 14 casos de hostigamiento sexual y en el mismo periodo se registraron 77 por discriminación, en específico por despido de mujeres embarazadas, según datos proporcionados por la Subprocuraduría.
En los casos de acoso si las mujeres insisten en que quieren seguir su denuncia por la vía laboral y descartan el camino penal, la Subprocuraduría las acerca a programas sociales como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el Seguro de Desempleo y a las ferias del empleo, pero no siguen la línea de violencia de género.
La funcionaria Lezama Aguilar reconoció que el acoso y hostigamiento sexual en los lugares de trabajo es una violencia que puede causar “bajo rendimiento, estrés, apatía, depresión” por ello dice que es mejor remitir a otras instancias.
También, porque en el área especializada de mujeres sólo hay dos abogados para atender todos los casos de trabajadoras que lleguen de la Ciudad de México y las víctimas incluso deben notificar oficios y demandas a su patrón porque la institución solo cuenta con una persona notificadora.
Por otra parte, si la instancia atiende a las mujeres, la primera recomendación es decirle que lleve su caso al órgano interno de su empresa y si no se logra una solución les piden que concilie con el patrón para que reciba una liquidación justa. Sólo en pocos casos, aunque no hay cifra pública, las denuncias llegan a juicio ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
“Nosotros preferimos conciliar. En eso radica la asesoría, en orientar a la trabajadora, al trabajador. Nosotras tratamos de que las dos partes ganen. Entonces, la cuantificación que se hace de lo que le corresponde conforme a la ley, indemnización, liquidación, prestaciones, prima vacacional o de antigüedad, aguinaldo, todo es en una negociación”.
Ahora, con la reforma laboral de 2019, habrá centros de conciliación por lo que la negociación entre la trabajadora y el patrón seguirá siendo el primer camino para resolver una acusación de acoso u hostigamiento sexual y solo se tomarán previsiones cuando la autoridad encuentre un riesgo inminente de revictimización para la víctima.
“En la Subprocuraduría de Atención a Mujeres yo no aplico un protocolo en específico. Estamos trabajando en ello. El año pasado se publicó en el boletín de la STyFE, en marzo de 2018, un Protocolo para Prevenir, Erradicar y Sancionar el Acoso Laboral, con perspectiva de género y no discriminación. No se ha implementado”.
Explica: “Lo que pasa es que para tu poder aplicar una sanción administrativa por ese tipo de conductas hay que llevar a cabo un procedimiento, es una investigación donde tiene que haber un grupo especializado que discuta los casos, otro grupo especializado de contención a la víctima y después, si quiere, se haga una denuncia”.
Sobre las acciones para garantizar un ambiente libre de violencia agrega: “nosotros no tenemos competencia como tal en esas conductas” y explicó que la Procuraduría de Defensa del Trabajo y la Procuraduría de Justicia capitalina están trabajando en editar un manual de atención a víctimas de acoso laboral.
POCAS DENUNCIAS LABORALES
Una vez que las mujeres agotaron las instancias internas en su lugar de trabajo pueden presentar una denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCyA), pero no es común que lo hagan, ya sea por desconocimiento, desisten de seguir el proceso, o algunos casos se resuelven internamente en los centros laborales.
En la Ciudad de México la JCyA creó en 2014 la Junta Especial 19 para atender asuntos laborales relacionados con grupos considerados en “situaciones de vulnerabilidad” en los que se encuentran mujeres, menores de edad, personas mayores y personas de la comunidad LGBTTTI. A la Junta 19 se turnan los expedientes de acoso u hostigamiento sexual.
Desde su creación en 2014 a 2018 la Junta Especial 19 sólo ha recibido 63 denuncias por acoso sexual. Según los datos que proporcionó la instancia a Cimacnoticias, 60 de las denuncias las presentaron mujeres y 3 las tramitaron hombres.
La coordinadora de Asuntos Jurídicos e Información de la JCyA de la Ciudad de México, Yedid Mendoza Hernández, abundó que la Junta Especial 19 se creó con el propósito de resolver este tipo de casos de forma eficaz y con atención especializada.
Sin embargo, de estas 63 denuncias de acoso sexual que ha recibido la Junta, no se sabe cómo se resolvieron, cuáles fueron las sanciones o cuál es el estado que guarda cada caso. A pesar de ello, la maestra Yedid Mendoza asegura que de las 23 personas trabajadoras que integran la Junta, 19 están capacitadas en perspectiva de género y sensibilizadas para resolver los casos.
De manera incipiente han incrementado en la Junta de Conciliación las denuncias por acoso sexual, en 2017 recibieron 22 casos, en 2018 se presentaron 32. En los años anteriores, las denuncias son pocas; en 2014 se presentaron cuatro; en 2015 hubo seis denuncias; en 2016 otras cuatro denuncias.
DESCONOCEN TIPOS DE SANCIONES
En las denuncias de acoso sexual, como en cualquiera de los casos que recibe la Junta Especial 19, se cuenta con dos conciliadores quienes primero ofrecen una solución a ambas partes para evitar iniciar el juicio.
Cuando los casos no se concilian, comienza el litigio donde fundamentalmente son las mujeres quienes deben comprobar que sufrieron el acoso u hostigamiento sexual por medio de pruebas psicológicas de la afectación, documentos o testigos, describe Yedid Mendoza.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2018 reconoció que en el acoso sexual es difícil tener pruebas porque frecuentemente no hay testigos durante las agresiones. Además de que la carga de evidencias recae en las víctimas y en la mayoría de los países no hay mecanismo de protección a las víctimas ni a los testigos, factores que desalientan denunciar.
La coordinadora de Asuntos Jurídicos asegura que en comparación con otras juntas que tardan hasta tres años en resolver un caso, la Junta Especial 19 en un máximo de cuatro meses revisa las pruebas y emite un laudo por una denuncia de acoso u hostigamiento sexual.
Sin embargo, Cimacnoticias en la primera parte de este reportaje, mostró el testimonio de una trabajadora que en marzo de 2018 interpuso una denuncia en esta Junta, la cual a la fecha no ha sido resuelta.
Eloisa Farrera, ex editora de la sección Internacional del periódico Reforma, fue una de las denunciantes en el #MeTooMx, quién narró que en junio de 2017 interpuso una queja en el área de Recursos Humanos de la empresa y determinaron que no ocurrió el acoso.
Con todo en contra, en marzo de 2018 Eloisa presentó una demanda contra la empresa en la Junta de Conciliación y Arbitraje argumentando que en aquel lugar no se garantiza un espacio libre de violencia para las mujeres. Aunque la demanda pudo quedar en una conciliación la empresa rechazó ofrecerle una disculpa, garantizar su atención psicológica y adoptar la Norma Mexicana 025 sobre Igualdad Laboral y No Discriminación, por lo que a más de un año el juicio sigue.
Sobre las sanciones que podrían recibir quienes acosen u hostiguen sexualmente a una mujer en el trabajo, Yedid Mendoza aseguró que la Junta Especial únicamente puede “orientar para que las empresas se abstengan de hacer esas conductas o solicitar a las contralorías que pongan sanciones internas”.
No obstante, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 51 y 994 establece que el hostigamiento y el acoso sexual son causas de rescisión de la relación de trabajo y que se impondrá multa, por el equivalente a 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores.
Pero en la Junta de Conciliación de la Ciudad de México no hay datos públicos que muestren cuántas veces se han aplicado las sanciones establecidas en la Ley.
“PREVENCIÓN CORRESPONDE A EMPRESAS”
En comparación con las denuncias que reciben en las Juntas de Conciliación de la ciudad, que son alrededor de 90 mil asuntos en trámite, los casos por acoso u hostigamiento sexual son mínimos, reconoció Yedid Mendoza.
La funcionaria consideró que el bajo número de denuncias está relacionado con el hecho de que las mujeres no perciben comportamientos como los comentarios ofensivos, miradas lascivas o contactos físicos no deseados como acoso u hostigamiento sexual.
Pero entre la responsabilidad de la Junta Especial 19, Mendoza afirmó que la instancia no tiene facultad para mitigar esta violencia en los centros laborales: “La Junta no puede incidir en las empresas o instituciones porque es un tema doméstico”, expresó la funcionaria e indicó que es una tarea que requiere “mucha labor interna” de las instituciones y empresas.
Como ejemplo, aseguró que la Junta de Conciliación ha difundido entre su personal un mensaje de cero tolerancia ante estas violencias y repartido folletos del código de ética y actuación en los casos.
INDOLENCIA A LAS DENUNCIAS
Las administradoras de las diversas cuentas de Twitter donde se publicaron los testimonios del #MeToo, junto con algunas denunciantes y defensoras feministas consideraron que ante el movimiento gestado en las redes sociales instancias de derechos laboral del Estado y empresas privadas debían responder y asegurar a las mexicanas su derecho a una vida libre de violencia.
El 11 de abril emplazaron en pronunciamiento a que les informarán dentro de un mes las acciones que realizarían ante las denuncias expuestas en el #MeToo. En la fecha límite, el 6 de mayo de 2019, ninguna Junta de Conciliación, Secretaría de Trabajo o Procuradurías de Defensa, respondieron.
Quienes atendieron al llamado fueron organismos de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, ambas de la Ciudad de México. Se comprometieron a acompañar a las mujeres que deseen presentar su denuncia.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia de la capital del país dijo que investigará las agresiones que enfrentaron en Twitter las administradoras de las diversas cuentas del #MeToo.
A nivel federal, la Secretaría de la Función Pública dijo que fortalecería las acciones para erradicar el hostigamiento y el acoso sexual, mientras el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) exhortó a las víctimas a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, e invitó a denunciar con las autoridades competentes. (Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta)
Alejandro Rivera Nieto, líder el SITEZ, se reunió con diputados locales ■ foto: Andrés Sánchez
Posted by ALMA RÍOS
Date: mayo 31, 2019
■ Dice que la falta de fondos limita el buen funcionamiento de la impartición de justicia laboral
■ La Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, establece tiempos específicos dentro de los procesos laborales: Alejandro Rivera Nieto
El Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ) “tomó” alrededor del mediodía de ayer las instalaciones de la Legislatura del estado en demanda de diálogo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en exigencia de que le otorgue “autonomía financiera” al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, ya que la falta de recursos “limita el buen funcionamiento de las actividades propias para la impartición de justicia laboral, pronta y expedita para la clase trabajadora”.
Alejandro Rivera Nieto, líder el SITEZ, dijo que la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, establece tiempos específicos dentro de los procesos laborales que se llevan en esa instancia y que no se cumplen afectando a los trabajadores involucrados, por lo que demandó que se otorguen recursos para contratar personal necesario para desahogarlos, y adquirir insumos tales como herramientas de trabajo, vehículos, mejoras a los salarios y para los procedimientos administrativos y capacitación al personal.
Informó que en el Presupuesto de Egresos del estado del 2019 se etiquetaron para impartir Justicia laboral 34 millones 150 mil 963 pesos, pero en una estimación que ha hecho el propio SITEZ basada en el número de trabajadores e insumos que se consumen tanto en el Tribunal como en la Junta local, de Conciliación y Arbitraje, arrojó que “no se aplica en su totalidad”.
Dijo que anualmente, la Junta ejerce según su análisis, entre 13 a 14 millones de pesos, y de 4 a 5 millones, el Tribunal; por lo que se preguntan, ¿dónde queda el resto del dinero?
Pidió a los legisladores “poner los ojos” para que se haga una revisión exhaustiva de la aplicación del presupuesto destinado a Justicia laboral, e informó que el documento que ayer se les entregó vía la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, también se remitiría a la Secretaria de la Función Pública (SFP), dependencia a la que se refirió no obstante, como “un tentáculo de Gobierno del Estado”.
El SITEZ solicitó asimismo que la 63 Legislatura exhorte al secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, para que no intervenga “en la autonomía” tanto de la Junta como del Tribunal, locales de Conciliación y Arbitraje, y respete el estado de Derecho.
Dijo que cuando el SITEZ solicitó la toma de nota para su organización al encontrarse como presidente del Tribunal, Héctor Cruz Landeros, se les negó de manera injustificada como ocurrió en su momento en el procedimiento ante la Junta Local, del Sindicato Independiente de Trabajadores del IZEA, este último, quien luego de acudir a una segunda instancia, la obtuvo con sustento al derecho constitucional de libre asociación, un recurso legal al que ya no accedió el SITEZ porque en su caso “ya no era viable”.
Rivera Nieto sostuvo que estas negativas desde el Tribunal y la Junta, “tácitamente” comprueban “que las manos y los tentáculos” de Gobierno del estado a través de Alejandro González Saldaña, entonces funcionario en el Tribunal Local de CA en la cartera obrero-patronal, y actual titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración está interviniendo directamente en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje “y no dejan que la magistrada –presidenta- haga su trabajo”.
Aseveró que se ha dado cuenta de la existencia de “una grilla importante” y manifestó su respaldo a Fabiola Flores.
Alejandro Rivera Nieto expuso asimismo que en el año 2016 Gobierno del estado solicitó una modificación al artículo 33 fracción primera de la Ley del Servicio Civil para que en caso de haber sido separado un trabajador de su empleo injustificadamente, además de su derecho a la reinstalación o la indemnización con el importe de tres meses de salario, se le pagarán nada más salarios vencidos desde la fecha del despido “hasta por un periodo máximo de doce meses”, lo que ha dado pauta a los ayuntamientos y al Gobierno del Estado a seguir “corriendo gente injustificadamente”.
Se argumentó entonces, que si se entorpecían los procedimientos alargando los litigios y por tanto afectando a los trabajadores que luego de esta reforma solo pueden esperar que se les pague un año de salarios caídos, “iban a aplicar las sanciones correspondientes” a los funcionarios que realizaran acciones dilatorias, pero no se trabajó en un Reglamento “anexo al Tribunal local de Conciliación y Arbitraje”, dijo.
Señaló entonces que los diputados “hacen que legislan” y les demandó que “se pongan las pilas”, y lo hagan a “favor de la clase trabajadora”, pues persiste esta omisión.
El líder gremial comentó que el movimiento generado por el SITEZ ha crecido de manera importante, pues se siguen adhiriendo a la organización trabajadores de organismos públicos descentralizados y ayuntamientos.
Anunció en este sentido que la próxima semana “vamos a dar muchas sorpresas”, y agregó un mensaje dirigido a Gobierno del estado señalándole que “tiene que respetar el derecho a la libre asociación de la clase trabajadora, –pues- todavía no se hace a la idea porque ellos tienen un sindicato arrodillado, vendido –dijo en referencia al oficialista Sutsemop-, que le dio en la madre a los trabajadores con un aumento raquítico a los salarios”, mismo que luego de la resta de impuestos que se realizan en cada pago, hace “que la canasta básica se haya vuelto inalcanzable”.
Sostuvo que derivado de la “manifestación unificada de la clase trabajadora” que se realizó el pasado primero de mayo, se obtuvo un aumento de 3% al salario que benefició, a entre 15 a 20 mil, trabajadores, lo que expuso como uno de los tantos logros del SITEZ.
Foto Facebook NOTIMEX 23.05.2019 – 17:31HLa senadora de Morena por el estado de Campeche, Cecilia Sánchez García, reiteró su respaldo a los trabajadores mexicanos que viven situaciones laborales de castigo y despido por luchar a favor de la libertad sindical. “La democratización laboralva, porque fue una de las promesas de campaña del actual presidente de la República”, advirtió la legisladora al reunirse con organizaciones sindicales internacionales. En conferencia de prensa, señaló que las organizaciones están muy interesadas en conocer la reforma laboralrecién aprobada por el Congreso de la Unión, porque su columna vertebral es la democratización sindical que permitirá unificar y homologar los derechos de los trabajadores en el país. Acompañada por una delegación de la UNI-Global, la federación sindical mundial de habilidades y servicios, que reúne sindicatos nacionales y regionales de más de 150 países, con sede en Suiza y una oficina regional para América Latina en Montevideo, Uruguay, dijo a los invitados que es un honor que dicha organización “voltee los ojos hacia nosotros para que estemos en la misma tesitura con los países del primer mundo” en esa materia. La también integrante de la Comisión de Seguridad Social del Senado, explicó que con la nueva legislación laboral habrá voto libre, directo y secreto en las elecciones sindicales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social homologará criterios y evitará que los sindicatos jalen por su lado, para que ya no manejen los estatutos a su modo. “Los cambios vienen muy fuertes. Sabemos que los trabajadores tienen mucha presión en sus centros de trabajo. Muchos son castigados y despedidos por dar la lucha hacia la libertad sindical. Les decimos que los vamos a apoyar. Que la democratización laboral va, porque fue otra de las promesas de campaña del actual presidente de la República”, advirtió. A su vez, la secretaria general de UNI-Global, Christy Hoffman, aseguró que les emociona saber sobre la participación de los trabajadores en la democratización laboral y su derecho a formar sindicatos. “Esperamos que la nueva legislación ayude a tener una organización más colectiva, con sindicatos que tengan cimientos fuertes y democráticos, porque en el mundo no puede haber una sociedad unida sin sindicatos fuertes. La organización colectiva no sólo sirve para subir el estatus a cualquier individuo. Las sociedades con organización colectiva son más fuertes y democráticas”, puntualizó. Indicó que siempre se debe ir por la democratización sindical. En el caso de México, el problema es que durante mucho tiempo los sindicatos han sido proteccionistas o “charros”, y eso es lo que se busca cambiar con la nueva reforma laboral. “Sabemos que los trabajadores mexicanos tienen altas expectativas. Esperamos que se beneficien con los cambios que vienen. Como UNI-Global les ayudaremos a implementar los cambios que se buscan», expresó. Finalmente, manifestó que están preparados para trabajar con patrones responsables que quieran formar parte de este proceso, lo que será un ejemplo de éxito.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, en el marco de Parlamento Abierto, convoca a representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial; Tribunales Laborales; Colegios y Barras de Abogados; Académicos; Organismos y Colectivos de la Sociedad Civil, y público en general a participar en las Audiencias Públicas sobre la reforma en materia de Justicia Laboral, organizadas en mesas temáticas, que se realizarán del 26 al 28 de febrero del año en curso, en el salón Protocolo del edificio C del Recinto Legislativo de San Lázaro.
Lo anterior, con el propósito de enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista con los sectores involucrados y con el objetivo de que la ciudadanía conozca las diversas opiniones respecto a la iniciativa de reformas en materia de justicia a laboral, presentada por legisladores, para adecuar la Ley Federal del Trabajo a la reforma constitucional de febrero de 2017, al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y al Tratado Comercial celebrado entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC). Formato de las Audiencias Públicas
Las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados se desarrollarán con el siguiente formato:
Se trabajará en mesas integradas por legisladora, legisladores y expositores invitados a las audiencias públicas.
Las mesas de trabajo serán moderadas por uno o varios legisladores de diversos grupos parlamentarios.
El moderador o moderadora dará la bienvenida a los invitados, mencionará el tema de la mesa y dará una pequeña semblanza curricular de los invitados.
Para garantizar todas las participaciones, cada expositor invitado dispondrá de hasta 8 minutos para su intervención.
Cada invitado deberá entregar a la brevedad a la mesa, una versión electrónica o impresa de su intervención.
En la sesión de preguntas y respuestas contemplada en cada mesa, las y los legisladores que así lo deseen expresarán brevemente sus comentarios u opiniones a los expositores invitados.
Los invitados dispondrán de hasta 3 minutos para hacer alguna opinión o responder a alguna de las opiniones de las y los legisladores.
Actualmente existen en la Cámara de Senadores tres iniciativas de reforma legal vinculadas a la reforma constitucional al artículo 123 en su apartado A, en materia de justicia laboral:
Promovida en agosto de 2017 por el Senador Isaías González Cuevas secretario general de la CROC, que plantea la reforma a los artículos 94 y 104 constitucionales, buscando privatizar el derecho del trabajo y no aborda ninguno de los puntos sobre los que versa la reforma constitucional del artículo 123, apartado A, en materia de justicia laboral;
Promovida a principios de diciembre de 2017, por los senadores Tereso Medina de la CTM y también Isaías González Cuevas de la CROC, ambos de la bancada del PRI, que plantean reformas a la Ley Federal del Trabajo y otras leyes, que pretende anular los derechos más relevantes de los trabajadores y sindicatos, por lo que es contraria a la reforma constitucional del artículo 123, apartado A, en materia de justicia laboral;
Promovida a mediados de diciembre de 2017 por el Senador Luis Sánchez Jiménez que hizo suya la propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Amparo preparada por la Unión Nacional de Trabajadores y que respeta el contenido esencial de la reforma constitucional del artículo 123, apartado A, en materia de justicia laboral contenido en las fracciones XVIII, XX y XXII bis.
Objetivo del proyecto de reforma UNT-PRD
Sanear la justicia laboral y rescatar, como producto esencial de la reforma, la contratación colectiva auténtica, el principio de libertad sindical con pluralidad, autonomía y democracia, que posibilite la determinación electoral personal, libre y secreta de los trabajadores
para elegir a su directiva sindical, su pertenecía al sindicato de su preferencia y su aprobación previa de validación del contrato colectivo y del sindicato que lo suscriba. Ello, en virtud de que ahora constitucionalmente la libertad sindical está conjugada con la libertad de contratación colectiva en binomio indisoluble, entre otros aspectos, que se sintetizan:
Pretensiones de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo preparada por la UNT-PRD
Los puntos más relevantes de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo preparada por la UNT-PRD son:
Se plantea con estricto apego a la reforma constitucional en materia de justicia laboral, nutrida con lo esencial de los tratados internacionales.
Se dota a los trabajadores y a los sindicatos de las herramientas jurídicas para la defensa de sus intereses y mejora de las condiciones generales de trabajo fortaleciendo el Sindicato democrático y auténtico, los cuales son:
2.1 Se prevén mecanismos que le permitan al Organismo de Conciliación Federal, realizar válidamente las consultas a los trabajadores, mediante el voto libre, personal y secreto, para dos de los eventos que le corresponderá atender:
a) Las elecciones de las directivas sindicales y
b) La aceptación o rechazo de la celebración y firma de contrato colectivo nuevo, destinado a aplicarse en sus relaciones individuales y colectivas ante su patrón, para su correspondiente registro.
2.2 Se contempla que, si superados los requisitos citados en el punto anterior y solo para el caso de que el patrón se niega a firmar el contrato colectivo, el sindicato que los trabajadores hayan elegido para su celebración, quedará plenamente legitimado como representante de ellos para exigir esa celebración y emplazar a huelga al patrón para ese fin, obviamente por conducto del Tribunal Laboral competente para obtener su firma y registro.
Se establece la posibilidad de que, una vez publicado cada uno de los contratos colectivos de trabajo por la nueva autoridad registral, una coalición de por lo menos cinco trabajadores de los afectados pueda promover dentro del año siguiente a esa publicación, y en la vía colectiva, la nulidad de contrato colectivo de trabajo cuya validez se cuestiona, resolviéndose el fondo del asunto mediante el recuento de los trabajadores con derecho a voto y que deberá hacerse de forma libre, personal y secretamente, con dos objetivos:
a) Ratificarlo si es auténtico, operativo y cuenta con el principio de representatividad dicho contrato colectivo, o
b) Que tengan los trabajadores la posibilidad de rechazarlo y sea anulado por carecer del requisito esencial de validez: el principio de representatividad.
Con lo ello se pretende eliminar al sindicalismo de protección y limpiar el sistema laboral mexicano de la simulación de los contratos colectivos de protección patronal, que son la mayoría de los depositados.
Acorde a la reforma constitucional reivindica el sistema constitucional de división de poderes, estableciendo que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas denominándolos “Tribunales Laborales Unitarios de Circuito”.
Se establece que todo el personal que labore en los Tribunales Laborales Unitarios, se encuentre debidamente capacitado para aplicar, con diligencia y debido conocimiento, la normativa laboral, a cada caso concreto justiciable, sea este de carácter individual o colectivo.
Se crean Centros de Conciliación en ambos ámbitos (Local y Federal), para llevar a cabo la instancia pre-judicial obligatoria (conciliación) pero conforme a la Constitución, solo respecto a los asuntos individuales y no en los colectivos.
Se plantea que la conciliación pre-judicial interrumpirá la prescripción para demandar jurisdiccionalmente.
Se plantea que en rebeldía del cumplimiento patronal, la ejecución forzosa de los convenios celebrados ante la Autoridad Conciliatoria Federal o Local, sea a cargo del Tribunal Unitario Laboral competente por materia y territorio, resaltando que la celebración de estos se realiza con la aprobación de la autoridad conciliadora.
Se prevé que acorde a la reforma constitucional, en el país solo la autoridad conciliatoria del ámbito federal, tenga la facultad para registrar todos los contratos colectivos y todas las organizaciones sindicales.
Se establecen las bases para la constitución y funcionamiento del organismo registral y de conciliación en materia federal, conformado de la forma siguiente:
a) Una Dirección General Unitaria,
b) Una Junta Directiva integrada con los siguientes representantes:
Un representante del Sistema Nacional Anticorrupción,
Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Un representante del Sistema Nacional de Transparencia y acceso a la Información.
Lo anterior con la finalidad de prever que esta integración garantice el cabal respeto a los derechos humanos laborales y eliminar la intención de meter las manos del peculiar tripartismo en México dentro del citado Organismo para majearlo a su antojo, como inconstitucionalmente se prevé en la iniciativa CTM-CROC.
Se plantea en materia Local la constitución de los Centros de Conciliación, como Organismos Descentralizados Estatales, con la integración siguiente:
a) Una Dirección Unitaria
b) Consejos Directivos Integrados por las instituciones locales siguientes:
Un representante del Sistema Anticorrupción Estatal,
Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y
Un representante del Sistema de Trasparencia y Acceso a la Información Estatal.
Cabe resaltar que con la iniciativa PRD-UNT, no se anula ningún derecho de los trabajadores y sindicatos contenido en la Ley Federal del Trabajo vigente, ni mucho menos se trastoca norma procesal en perjuicio de estos actores, por lo que se mantiene en esencia el procedimiento laboral vigente salvo los temas de titularidad, de registro y de la instancia de conciliación pre-judicial.
Conoce los 7 puntos medulares que las iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo deben abordar para cumplir a cabalidad con la reforma constitucional al artículo 123, apartado A, en materia de justicia laboral, del 24 de de febrero de 2017.
I. Substituir todas la Juntas de Conciliación y Arbitraje (locales y federales) por Tribunales Laborales de los poderes judiciales Federal, de los Estados de la Unión y de la CDMX; (primer párrafo de la fracción XX del artículo 123 Constitucional).
II.- Instaurar un organismo descentralizado de carácter federal que se encargará de la conciliación pre-judicial en materia federal; (cuarto párrafo de la fracción XX del artículo 123 Constitucional)
III. Por otra parte se faculta a dicho organismo descentralizado para que conozca del registro de todos los sindicatos y de todos los contratos colectivos de trabajo, en ambos fueros; (cuarto párrafo de la fracción XX del artículo 123 Constitucional)
IV.- En el fuero Local se instauran organismos descentralizados en cada uno de los estados y en la CDMX, que se encargarán de la conciliación pre-judicial en casos individuales; (segundo párrafo de la fracción XX del artículo 123 Constitucional)
Lee, haz tuya, defiende y difunde la iniciativa a la Ley Federal del Trabajo preparada por la UNT y presentada por el PRD al Senado
PROMUEVE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LIBERTAD DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
PROPICIA EL FORTALECIMIENTO DEL SINDICALISMO AUTÉNTICO, REPRESENTATIVO Y DEMOCRÁTICO DOTANDO A LOS SINDICATOS DE HERRAMIENTAS JURIDICAS PARA ACATAR ESOS PRINCIPIOS.
COMBATE LA PROLIFERACIÓN DE CONTRATOS COLECTIVOS DE PROTECCIÓN PREVIENDO ACCIONES LEGALES A LAS COALICIONES DE TRABAJADORES PARA DECLARAR LA NULIDAD DE ESTOS, POR CARECER DEL PRINCIPIO DE REPRESENTATIVIDAD Y POR SER ESTA LA MATERIA PRIMA DE LOS SINDICATOS DE PROTECCIÓN PATRONAL CON DICHAS MEDIDAS TAMBIÉN SE COMBATE A ESTOS.
ASI MISMO DA SENTIDO AL DERECHO FUNDAMENTAL DE VOTO PERSONAL LIBRE Y SECRETO, PREVIÉNDOLO PARA ELEGIR A SU DIRECTIVA SINDICAL, SU PERTENECÍA AL SINDICATO DE SU PREFERENCIA Y SU APROBACIÓN PREVIA DE VALIDACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO Y DEL SINDICATO QUE LO SUSCRIBA
16/04/2019 | 19:57 | Juan Arvizu y Suzzete Alcántara Foto: Archivo/EL UNIVERSAL El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, con acceso a la información de la administración de la Cámara Alta, dijo que es«aberrante» que haya trabajadores autsourcing, que sirvan a este órgano legislativo y cobren la mitad de lo que se paga por sus tareas. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) brinda los servicios de limpieza y mantenimiento en el Senado de la República, sin que la Cámara Alta tenga ninguna relación con este ejército laboral que facilita que los legisladores estudien y voten leyes. A su vez, el senador Manuel Añorve Baños (PRI) dijo que en el contexto de la Reforma Laboral se deberá regularizar la terciarización y evitar que se lucre con el ingreso y el trabajo de quienes tengan necesidad de estar en este tipo de empresas. Es buen momento para revisar perfectamente bien esa figura, señaló. Este martes, EL UNIVERSAL dio a conocer un estudio de la Universidad de la Chapingo, elaborado para el SAT, en el que se estableció que el outsourcing se utiliza para evadir impuestos y abaratar la mano de obra, en el caso de unas seis mil empresas. La reglamentación de esta modalidad de contratación está en estudio en la reforma Laboral en el Congreso. PRD y PRI señalaron que la Reforma Laboralcon sus componentes en materia de outsourcing o terciarización, podría ser aprobada en la última semana de abril o en un periodo extraordinario inmediato en mayo próximo. «En cuanto llegue la Reforma Laboral en el Senado, vamos a entrar al estudio del outsourcing que es uno de los pendientes que tenemos», dijo Mancera, de acuerdo en el objetivo de que «una regulación garantice los derechos de los trabajadores, que evite evasión jscal o fraude y que esté perfectamente regulado». Dijo que se debe terminar con el abuso que hay de esta jgura con la que se cometen fraudes laborales y jscales. A favor de la regulación de este mecanismo de contratación, dijo, el PRD ha estado a favor en distintos debates en el pleno, sobre todo en los que «hemos rechazado el outsourcing en el Senado, que es una aberración». Explicó que «en el Senado hay outsourcing del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que a sus trabajadores les paga la mitad de lo que este órgano del poder Legislativo le paga al organismo; es increíble», subrayó Mancera. Añorve Baños dijo que respecto de abusos contra trabajadores en contrato outsourcing, «hay muchas denuncias». EL debate de la Reforma Laboral«es el momento que no se debe circunscribir, como lo han querido manejar algunos diputados de Morena, sólo a la libertad sindical para elegir a sus dirigentes; eso es muy simple». Añorve dijo que «tiene que haber equilibrio en los factores de la producción, y es la situación adecuada para revisar el outsourcing porque hay denuncias de muchos casos en que se lucran con el salario y el esfuerzo de los trabajadores que tienen la necesidad de incorporarse a esas empresas».
La titular de la STPS y Ricardo Monreal sostuvieron ayer una reunión. Rolando Ramos 16 de abril de 2019, 01:06 La Cámara de Senadores aprobaría antes del próximo día 30, fecha en que terminará el actual periodo de sesiones ordinarias, la minuta sobre la nueva reforma laboral. Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y coordinador de la bancada senatorial de Morena, informó que sobre el punto dialogó en privado, con Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, quien lo visitó. “Hoy (ayer) empezamos a trabajar en la reforma laboral”, comentó en entrevista. También se encontró con Napoleón Gómez Urrutia, su correligionario y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, amplió, y con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales, y de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, sin precisar con quiénes en específico, “para ir avanzando en la reforma laboral’’. Los empresarios, aseguró, “están de acuerdo’’ con los cambios aprobados por los diputados federales la semana pasada; “en términos generales la han aceptado, según me dijeron. “Vamos a ver cómo avanzamos la próxima semana”. Cuestionado sobre si aprobará el Senado la reforma laboralen el actual periodo de sesiones ordinarias, el zacatecano respondió: “Sí. Lo deseable es que pudiéramos la semana que entra aprobarla”. ¿En los términos en que llegó la minuta de la Cámara de Diputados?. Estamos en eso. Está muy allanada porque trabajamos antes. Entonces, vamos a intentar, por consenso, sacarla. El sector empresarial, enfatizó, “en términos generales, da el visto bueno (a la reforma), aunque tiene observaciones. Vamos a revisar la pertinencia y creo que podemos avanzar. Sus observaciones, finalizó, las harán públicas la semana que entra durante el proceso de discusión de la reforma laboral en comisiones. El dictamen de la reforma laboral aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados plantea mecanismos encaminados a fortalecer la democracia sindical, a través del voto libre, secreto y directo, además de garantizar el derecho de los trabajadores que no deseen sindicalizarse. Contempla también la creación de un órgano de registro sindical y centros de conciliación laboral, además de la creación de tribunales especializados en materia laboral administrados por el poder judicial. rramos@eleconomista.mx
Categoría: Boletines Publicado: Lunes, 29 Abril 2019 23:13 Número 1809
Podrán elegir sus directivas mediante voto personal, libre, directo y secreto; tienen derecho de formar parte o no de un sindicato.
El Pleno reformó el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, por 115 votos en favor y dos abstenciones. La modificación establece que todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Asimismo, el trabajador ejercerá en todo momento su libertad de adhesión o separación de un sindicato, a nadie se le obligará a formar o no formar parte de él, o a permanecer en el mismo. El dictamen avalado señala que las disposiciones normativas actuales de la ley confieren la libertad al trabajador de asociarse al sindicato de su preferencia, pero no la libertad de separación, y limita dicha acción únicamente a un proceso de expulsión. Los legisladores consideraron que la expulsión, referida actualmente en el artículo 69, es un método obsoleto, al margen de las políticas nacionales e internacionales en tema de sindicación de los trabajadores. Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, refirió que la reforma armoniza el derecho a la libre sindicalización, dispuesto para los trabajadores contemplados en el Apartado A del artículo 123, y en el Convenio 98 de la OIT. Además, reconoce el derecho de las personas trabajadoras del Estado a gozar de forma plena y efectiva su derecho humano laboral y a decidir libremente sobre su pertenencia a un sindicato, lo que los coloca en un plano de igualdad, dijo. En la ronda de posicionamientos, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PT, comentó que la libertad de asociación, en lo general, y la libertad sindical en lo particular, son dos derechos característicos de todo sistema democrático. Por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado precisó que los trabajadores del Apartado B viven en un régimen de excepción. No obstante señaló que en Parlamento Abierto y como parte de la agenda laboral, se buscará que los todos los trabajadores ganen el derecho a la libertad sindical. En el rubro de reservas, el senador Pedro Haces Barba, de Morena, propuso derogar el artículo 68, para quedar en los términos de la ley vigente. También, adicionar los artículos 69, 71, 73, 78, 79 y 84, a fin de hacer congruente la reforma propuesta. Agrega un párrafo al artículo 69, relativo a la elección de directivas sindicales, mediante voto personal, libre, directo y secreto de todos y cada uno de los afiliados, previa convocatoria que se emitirá con un plazo no menor a 15 días; se difundirá entre los miembros del sindicato, y también deberá notificarse al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la misma anticipación. El Tribunal podrá verificar el procedimiento de la elección, a través de servidores públicos. Las elecciones que no cumplan estos requisitos serán nulas. Lo anterior, para hacer precisiones en materia de elección de directivas sindicales, constitución y cancelación de los sindicatos, adhesión de éstos a las federaciones de sindicatos de trabajadores, y sobre las prohibiciones a estos grupos de trabajadores. Las adiciones a diversos artículos, planteadas por el senador Haces Barba, fueron aprobadas en votación nominal por 118 votos en favor, uno en contra y una abstención. Fue turnado a la Cámara de Diputados.
Patricio Flores Sandoval refirió que había varias propuestas para legislar el outsourcing, que se ha convertido en un verdadero enemigo de los trabajadores 16 DE ABRIL, 2019 NOTIMEX Foto: Cuartoscuro | Con la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales se pone en riesgo a los trabajadores Con la Reforma Laboral, el gobierno federal busca cumplir los “caprichos” de legisladores de Estados Unidos y poner entre la espada y la pared a las organizaciones sindicales mexicanas y que las condiciones laborales sean favorables para las grandes empresas, sobre todo las estadounidenses, afirmó la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Consideró que los foros a los que ha convocado el poder Legislativo para discutir este proyecto que ya está en manos del Senado de la República, donde también se realizan encuentros de discusión de esta legislación, “son una gran farsa”, porque no se toman en cuenta los planteamientos de los sindicatos y centrales obreras. En entrevista, el secretario de Comunicación de la CTM, Patricio Flores Sandoval, refirió que había varias propuestas para legislar la subcontratación (outsourcing), que se ha convertido en un verdadero enemigo de los trabajadores porque no tienen contratación colectiva ni seguridad social e incumple en gran parte lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, expuso que el sector obrero tendrá que adecuarse a este nuevo marco legal que habrá en el país próximamente, con las consecuentes adecuaciones a los contratos colectivos que serán necesarias para defender los derechos de los agremiados. Aseveró que con la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales se pone en riesgo a los trabajadores, toda vez que los fallos que acuerden jueces “independientes” podrían favorecer a los patrones. Por ello, consideró necesario que esta instancia legal sea tripartita para no dejar en la indefensión a la clase obrera cuando demande una liquidación, reinstalación por despido injustificado y el pago del seguro social. El dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la República Mexicana confió en que en el Senado las cosas cambien y la minuta enviada por la colegisladora pueda ser modificada para el beneficio de la clase asalariada y de las organizaciones sindicales. https://www.24-horas.mx/2019/04/16/reforma-laboral-pone-entre-la-espada-y-la-pared-a-trabajadores-mexicanos-ctm/
