El IMSS habilitó un esquema que reduce a la mitad los requisitos para que los patrones reales cumplan de manera simplificada y rápida con la obligación de realizar la sustitución patronal, se destacó en un foro sobre “La Reforma en materia de Subcontratación Laboral”.
Norma Gabriela López Castañeda, Directora de Incorporación y Recaudación del IMSS afirmó que transitoriamente la reforma establece facilidades para que las empresas puedan llevar a cabo dentro de los plazos correspondientes los procedimientos para cumplir con las nuevas disposiciones de seguridad social.
“Con la reforma entró en vigor un régimen cuyo propósito es restituir y salvaguardar los derechos laborales, es decir los derechos básicos para el bienestar de trabajadores y de sus familias”, destacó.
Agregó que el trámite para la sustitución patronal en el IMSS se puede hacer totalmente en línea.
López Castañeda resaltó la posibilidad de subcontratar servicios u obras especializadas siempre que no formen parte del objeto social o actividad preponderante de la empresa contratante; la responsabilidad solidaria del beneficiario de tales servicios u obras ante el incumplimiento de obligaciones de seguridad social por parte del contratista y la desaparición del registro patronal por clase.
De acuerdo con Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, cerca de nueve mil empresas han empezado el proceso de registro en el REPSE.
Hasta el momento, tres mil ya lo terminaron, y solamente 600 han conseguido su registro. Esto representa solamente el 7% de las empresas que iniciaron el trámite.
Esto es especialmente alarmante por el tiempo que queda. El REPSE comenzó a operar el 24 de mayo, y se dio un plazo de 90 días para el registro; es decir, hasta el 24 de agosto. A partir del día de de hoy, quedan solamente 60 días para hacerlo.
Problemas más importantes
Durante el webinar “Aspectos prácticos en materia de subcontratación”, organizado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Salafranca explicó los problemas más importantes que las empresas han enfrentado durante el registro.
e.firma
En primer lugar, las empresas o han podido conseguir citas en el SAT para tramitar la e.firma. Este es un requisito para el REPSE. La e.firma se utiliza para para verificar que la compañía esté al corriente con el IMSS, SAT e Infonavit.
La semana pasada, Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), también señaló la falta de citas como uno de los problemas principales para las empresas.
Objeto social
El segundo error principal que las empresas han cometido es que se han equivocado al llenar el objeto social en el registro. Hay que recordar que la reforma solamente permite la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social.
Por esto, las empresas contratistas deben proporcionar el objeto social que dieron de alta en el SAT. El problema es que estas compañías han registrado otros objetos sociales que no dieron de alta, por lo que no pueden conseguir el registro.
De acuerdo con Salafranca, esa es la única parte del registro que se hace manualmente. Así, revisores de la STPS verifican que el objeto social registrado del REPSE sea el mismo que se dio de alta en el IMSS y el SAT. Si no es así, se cancela el registro.
La intención es restituir y salvaguardar derechos de los trabajadores
Durante encuentros en torno a la Reforma en materia de Subcontratación Laboral (Reforma) organizados por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) —llevados a cabo de manera virtual los días 21 y 22 de junio respectivamente—, la Maestra Norma Gabriela López Castañeda, Directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, precisó que con la Reforma entró en vigor un régimen cuyo propósito es restituir y salvaguardar derechos laborales, es decir, derechos básicos para el bienestar de trabajadores y de sus familias.
La Directora López Castañeda planteó que, transitoriamente, la Reforma establece facilidades para que las empresas puedan llevar a cabo dentro de los plazos correspondientes los procedimientos para cumplir con las nuevas disposiciones de seguridad social; por ejemplo, para realizar ante el IMSS la sustitución patronal.
Al respecto, la Directora aprovechó la oportunidad para destacar que el Instituto habilitó un esquema que redujo a la mitad los requisitos para que los patrones reales cumplan de manera simplificada y rápida con la obligación de realizar dicha sustitución; procedimiento que puede realizarse totalmente en línea.
De manera orientativa, la Directora López Castañeda también abordó —entre otros temas— la posibilidad de subcontratar servicios u obras especializadas siempre que no formen parte del objeto social o actividad preponderante de la empresa contratante; la responsabilidad solidaria del beneficiario de tales servicios u obras ante el incumplimiento de obligaciones de seguridad social por parte del contratista y la desaparición del registro patronal por clase.
En un ambiente de apertura y colaboración, así como enteramente cordial y productivo, la Directora reiteró la entera disposición del IMSS para estrechar y reforzar el contacto con los sectores comercial, de servicios, de turismo e industrial a fin de continuar brindándoles asesoría integral sobre el camino a seguir para que cumplan con sus obligaciones de seguridad social tras la entrada en vigor de la Reforma.
En este sentido, destacó que el IMSS habilitó el correo electrónico uiss.subcontratacion@imss.gob.mx y el teléfono 800 623 2323, opción 2 (horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 14:00 horas de sábado a domingo y días festivos).
El plazo para que las empresas incluyan en su nómina a los trabajadores que tenían bajo un esquema de outsourcing se acerca. A partir del 23 de abril, cuando entró en vigor la reforma a la subcontratación, se dieron 90 días naturales para que las compañías del sector privado hicieran la transición.
Pero, a casi un mes de la fecha marcada, Mary Kay interpuso un amparo para mantener la subcontratación laboral en las condiciones previas a la legislación vigente. Y la suspensión provisional contra la reforma se la concedió en Nuevo León María del Carmen Leticia Hernández Guerrero, jueza Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo.
Sin embargo, la firma cosmética no es la primera ni la única empresa que ha interpuesto un amparo contra la reforma al outsourcing. Otras 17 compañías, de Nuevo León y Ciudad de México, también decidieron ampararse. Cinco ya obtuvieron la suspensión provisional.
¿Qué buscan las empresas amparadas contra la reforma al outsourcing? Mary Kay no respondió a la solicitud de entrevista para conocer sus razones. Pero Javier Zepeda, consultor de negocios, que tiene conocimiento de dos de los otros amparos, asegura que la causa del recurso es la inconformidad a los nuevos lineamientos y, sobre todo, la falta de claridad en cuanto a los servicios especializados.
Hay quienes creen que un servicio especializado es aquel que una empresa puede brindar por su grado de especialidad. “La Secretaría del Trabajo tendría que ser más específica en cuáles son esos servicios, ¿por qué no un catálogo de servicios como el que maneja el SAT para poder facturar electrónicamente?”, dice.
Zepeda no prevé que la resolución sea a favor de las compañías, pues la reforma al outsourcing se dio en común acuerdo entre el gobierno, el sector privado y obrero. “No veo argumentos sólidos por parte de los quejosos para echar para atrás esta reforma”, menciona.
Lorenia Atondo, socia del despacho Reynoso y Atondo Abogados y responsable de otros de los 17 amparos interpuestos en la materia, dice que conseguir la suspensión provisional ya es un juicio ganado. “No es que las empresas no quieran entrar en este nuevo esquema legislativo, sino que es imposible hacerlo en el tiempo establecido”, indica.
Gabriel Fernández, abogado fiscalista del mismo despacho, reitera que el objetivo de los amparos no es echar para atrás la reforma al outsourcing, sino ganar tiempo. Lo suficiente para que las empresas amparadas puedan seguir operando, en lo que concluyen con su proceso de transición de nómina, así como el registro ante la autoridad laboral como prestadoras de servicios especializados, en el caso que corresponda.
La administración pública tiene hasta el 1 de enero de 2022 para incluir en la nómina a los trabajadores que están en la modalidad de outsourcing, a diferencia de los tres meses que se estipularon para el sector privado. De no cumplir con ello, las empresas podrían hacerse acreedoras a multas que pueden ir desde los 250 hasta las 5,000 unidades de medida y actualización (UMA), esto es, de los 22,405 a los 448,100 pesos.
“Si el gobierno, como uno de los grandes empleadores del país, se dio más tiempo para cumplir con la política que él mismo creó, entonces el proceso debería ser más igualitario”, comenta Maya Dadoo, CEO de Worky, una compañía de software para recursos humanos.
La transición de nómina no es tan ágil, agrega. Una compañía que tiene gente con conocimientos contables puede incorporar al personal subcontratado, mediante programas de cálculo de nómina. Y las empresas que no tienen a un contador o un área de recursos humanos pueden recurrir a un servicio de maquila de nómina, es decir, un tercero especializado que se encargue del proceso.
Sin embargo, Dadoo refiere que incorporar a 50 empleados en una nómina tarda en promedio quince días, y agregar a más de 500 conlleva más de tres meses. Además, antes de iniciar con el cambio, la empresa debe cerciorarse de que cuenta con su registro patronal ante el IMSS y el SAT.
“Aquí las empresas dependen de la disponibilidad de citas, y aunque tengan tecnología detrás que las apoye a ser más eficientes, el trámite es un filtro que hace un poco más difícil el camino hacia la internacionalización”, expresa.
La intención de los abogados consultados es que sus clientes tengan hasta el año entrante para cumplir con la reforma. Esta semana esperan una resolución.
El efecto dominó
En opinión de Javier Zepeda, que empresas grandes como Mary Kay hayan recurrido a un amparo abre la puerta a que más compañías lo hagan. Aunque no considera que esto pase de manera generalizada porque no todas tienen el soporte económico para hacerlo, sobre todo las pymes.
Asimismo, no todas las empresas cuentan con los recursos para contratar como trabajadores propios a las personas subcontratadas. En una encuesta realizada por OCCMundial a 500 compañías, del 4 al 10 de junio, solo el 16% afirmó que sí podrá hacerlo, mientras que un 24% señaló que solo puede contratar a unos cuantos empleados.
Para el 22%, en cambio, no existe ninguna probabilidad de incorporar a los trabajadores subcontratados en su plantilla laboral, y en consecuencia tendrá que prescindir de ellos, una vez que transcurran los 90 días que dio la autoridad laboral.
Y sobre el plazo, el 46% de las empresas no se sienten completamente seguras de concluir la transición de nómina en tiempo y forma. Solo el 37% asegura estar lista y con la documentación necesaria para lograrlo, en tanto que un 17% reconoce que le falta conocimiento a detalle sobre la reforma para poder tomar decisiones definitivas.
Luis Javier Algorri Franco, titular del STPS en BC.
Con la nueva Ley emitida en BC, se prohíbe las subcontrataciones de trabajadores, debido a que las empresas no cumplían con las debidas prestaciones obligatorias.
A partir del 1 de octubre cambiará el Sistema Laboral en Baja California, desapareciendo las juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) y dando paso a la creación del Centro Estatal de Conciliación.
Así lo expuso el secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California (STPS), Luis Javier Algorri Franco, al dar a conocer la nueva ley que prohibe la subcontratación de trabajadores, una practica de la que se ha abusado en el país y con las que las compañias evitan cumplir con las debidas prestaciones de ley.
«El sistema laboral cambio a partir de las reformas de hace un par de años y Baja California, estamos en la segunda etapa, somos el tercer estado que estamos inmersos, y el 1 de octubre cambia el sistema laboral en Baja California», aseguró.
Detalló que para llevar acabo las acciones arribas mencionadas, se tuvo que reformar la Constitución de Baja California, y se modificaron varias leyes en nuestro estado, entre ellas la ley orgánica del Poder Judicial para dar nacimiento a los juzgados en materia laboral.
El funcionario estatal, dijo que los objetivos principales está el registro nacional de sindicatos y los contratos colectivos, el fortalecimiento de figuras de inspecciones para que se cumplan todas las condiciones de trabajo.
Contratación de servicios
También, la subcontratación acotada, especialización, transparencia en contradicciones; no será como en el pasado que unicamente el loder sindical y el patrón eran únicos que sabían el contenido del contrato, ahora los trabajadores expresarán si estan de acuerdo con lo estipulado en el documento . Finalmente evitar la simulación y defraudación fiscal.
La reforma laboral prohíbe la subcontratación de personal, pero sí permite la contratación de servicios y obras especializadas.
«Se dice adios el 1 de agosto a las empresas que tenían una pagadora para pagar menos Seguro Social e Infonavit , que redundaba en perjucio de la clase trabajadora porque luego np había utilidades», afirmó.
También, comentó que se van a endurecer las sanciones económicas para aquellas empresas que no se apeguen a este nuevo esquema, a partir del 1 de agosto.
El día 27 de junio del presente año termina el palzo que se dio a todas las empresas que son especializadas para que registren en el padrón nacional y serán las únicas que podrán tener estos esquemas de subcontratación.
TIJUANA BC 21 DE JUNIO 2021 (AFN).- A partir del próximo mes de septiembre, quedará prohibida por ley la subcontratación, también conocida como “outsourcing”, y aquellas empresas que continúen con esta actividad recibirán sanciones severas, advirtió Luis Javier Algorri Franco, secretario del Trabajo y Previsión Social en Baja California.
De igual forma, anunció que a partir del mes de octubre, desaparecerán las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, para dar entrada a los Juzgados Laborales, que dependerán del Poder Judicial del Estado, como parte de la reforma laboral de hace dos años, explicó, por lo que en la entidad se pondrá en marcha un Centro Estatal de Conciliación.
Entre los puntos más relevantes de dicha reforma, dijo, está la eliminación de la subcontratación, o “outsourcing”, y la creación de un registro nacional de empresas especializadas, y señaló que las empresas dedicadas a esta actividad, tienen hasta el próximo 27 de junio para registrarse en un padrón nacional.
Resaltó que al acotar la subcontratación, habrá una mejor supervisión del contrato colectivo y con ello, se evitará la simulación y defraudación fiscal
“La subcontratación está prohibida porque las empresas las usaban para evitar pagar IMSS, INFONAVIT, entre otros, y no repartían utilidades”, insistió.
Óscar de la Vega, socio fundador de De la Vega & Martínez Rojas, explicó que las empresas buscan ampararse ante un trato «discriminatorio», al dar tres meses a los particulares para realizar los cambios en las relaciones laborales, mientras que las entidades de gobierno contarán con un año.
La búsqueda de un amparo para la aplicación de la reforma en materia de subcontratación no es per sé a la prohibición que marca el Artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, sino a tres hechos que detectaron las organizaciones a la hora de avanzar en la aplicación de las nuevas reglas.
En ese sentido, las empresas buscan ampararse ante un trato discriminatorio -al dar tres meses a los particulares y un año a las entidades de gobierno- para realizar los cambios en las relaciones laborales y absorber las plantillas al cien por ciento como patrón.
En segundo término a la retroactividad; sobre todo porque las empresas ya tenían ciertos contratos que habían celebrado y se alega que la publicación de este reforma no puede invalidar otros actos.
Y un tercer aspecto, está relacionado con la poca claridad que existe en el tiempo que pueden aplicar los cambios, una vez que las empresas que ofrecen servicios especializados se registran, pues se desconocen los criterios que tomarán en las nuevas inspecciones, coinciden especialistas.
“Es claro que la reforma en materia de subcontratación es buena, trata de eliminar el cáncer que se provocó con el mal uso de esta figura, las empresas ya han dejado de utilizar insourcing; pero el problema está en la aplicación y si ya se otorgó la primera suspensión provisional, no descartamos que vengan en cascada y de manera muy rápida las siguientes”, dijo Óscar de la Vega, socio fundador de De la Vega & Martínez Rojas.
De la Vega detalló que el 23 de abril fue cuando realmente las empresas conocieron el contenido, 3 meses es un periodo sumamente reducido “y digo discriminatorio porque al sector gobierno le dieron un año para que las dependencias del gobierno se ajusten al cumplimiento de esta nueva normatividad. Ese es un primer concepto de violacion que se está manejando, el tema del trato discriminatorio”.
Cabe señalar que le fue otorgado a Mary Kay una suspensión provisional, lo que le permite mantener la subcontratación laboral tal y como estaba hasta antes de la reforma en la materia.
Poca claridad en la reglamentación da pauta a la solicitud de amparos
El tema toral, refirió, está en que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) ha sido poco clara en establecer el alcance de la reforma; es una reforma laboral, debería de circunscribirse única y exclusivamente a la subcontratación laboral y ahí es donde está la dificultad en la interpretación, ya que artículo 12 que prohíbe y cuando emite el reglamento lo permite de nueva cuenta.
A lo anterior, se suma la dificultad para registrarse en la plataforma, comentó Germán de la Garza de Vecchi, socio líder de servicios laborales en Deloitte, “si bien las empresas consideraban que el proceso sería más sencillo; ha resultado complejo por la cantidad de datos que se deben proporcionar, aunado a que en casos de que sean empresas de reciente creación, simplemente no pueden avanzar en la plataforma”.
Además de que en la reglamentación que emitió la autoridad el 24 de mayo, cuando establece las bases para que las empresas se registren como prestadores de obras o servicios especializados, “en el artículo primero establece que tiene por objeto establecer las disposiciones de carácter general, para el registro de personas físicas o morales que cuenten con servicios especializados o realicen obras especializadas, pero agrega, y que para ello proporcionen o pongan a disposición trabajadores propios en beneficio de otra para ejecutar servicios especializados o realizar obras especializadas, entonces se prohíbe o no”, añadió De la Vega.
No ha habido trabajadores que se quejen o presenten denuncias por la falta del pago de utilidades o el PTU, lo que quiere decir que las empresas están cumpliendo con esta responsabilidad: Manuel Lozano.
Pese a que las condiciones económicas para las empresas no fueron las más favorables durante el 2020, debido a la pandemia por Covid-19, se cumplió bien con el pago de utilidades a los trabajadores, pues hasta el momento no se han recibido quejas respecto a este tema.
Aseguró lo anterior el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Manuel Lozano Nieto, quien manifestó que en general nunca han tenido problema con las empresas cuando se lleva a cabo el reparto de utilidades, así como con el pago de otras prestaciones a fin de año, pues destacó que “en San Luis Potosí tenemos empresarios muy responsables”,
“Asumimos que concluyó bien el reparto de utilidades porque no hemos tenido quejas en relación a ello, no ha habido trabajadores que se quejen o presenten denuncias por la falta del pago de utilidades o el PTU, por eso decimos que las cosas van bastante bien, lo que quiere decir que las empresas están cumpliendo con esta responsabilidad”, expresó.
Finalmente, señaló que se prevé que San Luis Potosí continúe con un clima de paz laboral, sobre todo con la aplicación de la Reforma Laboral, ya que el reparto de utilidades es uno de los aspectos que se busca que lleve a cabo de forma más exacta y cuidadosa en beneficio y protección de los derechos laborales de los trabajadores en todo el país.
Por: Daniel Aranda / El Sol de San Luis 07/06/2021
Las nuevas reglas en materia de subcontratación incrementarán en 25% el costo para la operación de las empresas que recurran a este esquema, informó el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. Éste es el monto, aclaró, que las compañías habían estado evadiendo a la hacienda pública en perjuicio también de las trabajadoras y los trabajadores a través de esta figura y que ya no podrán evitar.
“Es que es lo que debían pagar”, dijo. El funcionario fue invitado por el Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impartir la conferencia magistral Implementación de las reformas de outsourcing.
Vía remota, explicó que la práctica ilegal de transferir personal de una a otra empresa para evadir el pago de cuotas patronales e impuestos les permitía ahorrarse una cantidad superior a los 270,000 millones de pesos. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las compañías bajo este esquema dejaban de pagar al año más de 21,000 millones de pesos. Y el “agujero fiscal” que dejaban por evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR) ascendía a 250,000 millones de pesos.
“Esto fue maléfico, perverso”, porque lo que provoca es que ese grupo de personas trabajadoras “no puedan tener una pensión digna, pues siempre van a cotizar con el salario mínimo”. Tampoco una vivienda propia o, si acaso pudieran acceder a un crédito, esa casa sería “precaria”.
Antes de la reforma, cerca de 4 millones 600,000 personas laboraban de manera subcontratada en más 15,000 empresas, informó. Pero de esas organizaciones, sólo 900 estaban registradas en el Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). De estas últimas, sólo 100 tenían registro ante el IMSS y, de esas, sólo 40 pagaban impuestos.
Es por eso que, “si los obligas a que paguen lo que les corresponde, obviamente van a subir 25% sus costos, pero es lo que debían pagar”.
Subcontratación legal para elevar la recaudación:
La subcontratación ha sido una forma de empleo polémica, apuntó. En el debate público por la reforma había dos posturas que chocaban: “Una era la que señalaba que debía desaparecer del sistema jurídico por haberse utilizado para defraudar la ley en perjuicio de los trabajadores”. La otra, que debía dejarse en los mismos términos, pues de lo contrario afectaría competitividad de las empresas y, por ende, de la economía.
Sin embargo, sostuvo, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador optó por prohibir las formas ilegales y abusivas, y dar alternativas al permitir la subcontratación de servicios u obras especializadas, siempre y cuando éstas no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria.
“Algo valioso que hizo el presidente fue abrir el diálogo entre el sector obrero, gubernamental y empresarial para llegar a un consenso”. De esa manera se logró un acuerdo y el pasado 23 de abril fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Pero para llegar a este punto, además de debates, reuniones, cabildeos y propuestas, el gobierno federal realizó un diagnóstico. En México, “históricamente la recaudación fiscal ha sido baja”, a pesar de varias reformas a las leyes tributarias. Y ante crisis económicas o tributarias las anteriores administraciones federales han tomado diversos caminos.
Por ejemplo, en el sexenio de Ernesto Zedillo, se optó por aumentar el IVA de 10 a 15%, o incluso crear el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Esto le ha dejado al país una deuda, que sigue pagando, de más de 900,000 millones de pesos.
“En la crisis económica de 2009 la recaudación se vio sumamente afectada”, puntualizó. La caída en los ingresos tributarios fue de 350,000 millones de pesos, lo que llevó al gobierno del presidente Felipe Calderón a crear el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo consumo (IDE) “para aumentar la recaudación”. Y por esta misma situación, en 2010 se justificó elevar los impuestos al consumo.
Por el contrario, en 2020, pese a la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, sin la creación de nuevos impuestos o el aumento a los existentes, las autoridades hacendarias “recaudaron 170,000 millones de pesos arriba de lo que se cobró en 2019”. La estrategia ha sido, dijo el funcionario, el “combate a empresas fantasma, es decir, aquellas personas físicas o morales que facturan operaciones inexistentes” en beneficio de otros contribuyentes.
Y por otro lado, perseguir “con mano firme los esquemas de defraudación fiscal a gran escala”, así como a empresas que simulan la subcontratación laboral.
Ante cualquier duda, con la autoridad:
En total, mediante diversas formas de evasión, se dejaba de percibir una cifra de 340,000 millones de pesos anualmente. “Con eso hubiéramos podido construir 221 hospitales; comprado 472,000 ambulancias, 663 patrullas, construido 77 segundos pisos como el de Periférico o 295 desniveles como el construido en el Mixcoac-Insurgentes, 118 estadios de beisbol”.
En la discusión de la reforma, confió, algunas empresas trasnacionales amenazaron con retirarse de México si se aprobaban estos cambios. Si por pagar “sueldos de hambre” y dejar de evadir impuesto se van a ir, “te abrimos la puerta”, les respondió el funcionario. “Era, básicamente, un esquema de esclavitud moderna y no lo tenemos que permitir”, subrayó.
El pasado 24 de mayo la STPS habilitó la plataforma para el registro de empresas dedicadas a la subcontratación, el cual quedará bajo el mando de la Unidad de Trabajo Digno, encabezada por Alejandro Salafranca. Estar inscritas en ese padrón es un requisito fundamental para poder operar, recordó.
Las subcontratistas deberán identificar a todo su personal, para que no haya duda de cuál es la empresa responsable laboralmente de cada trabajador o trabajadora. También se le otorgará un folio específico para el tipo de actividad u obra especializada que ofrezca.
Advirtió que las empresas que contraten los servicios de subcontratistas deben verificar que ese folio esté vigente. De no estarlo, podrían también estar cayendo en una actividad ilegal, por lo que los pagos que hagan no serán deducibles y el IVA no sería acreditable. El funcionario recomendó acercarse a las autoridades laborales y fiscales para resolver todas las dudas y pedir las respuestas por escrito.
Hizo un llamado a las empresas a migrar lo más pronto posible del esquema anterior al nuevo, para estar a “prueba de balas” y cumplir con la nueva regulación.
Si bien estamos arrancando con la parte laboral de la reforma al outsourcing, en agosto entrarán en vigor las disposiciones fiscales que, de no cumplirse, implican 13 años y medio de cárcel, advirtió el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda.
Por eso, hizo un llamado a las empresas a migrar lo más pronto posible del esquema anterior al nuevo, para estar a “prueba de balas”, y poder cumplir con la nueva regulación.
“Al inscribirse y cumplir con todos los requisitos, si te contestan favorablemente a lo que tú quieres, estás a prueba de balas, tienes tu resolución ante la autoridad. Si te dicen que no, para qué lo haces si sabes que vienes con una contingencia”, afirmó.
Sin embargo, si incurren a que con uso de engaños o aprovechamiento se omita el pago de alguna contribución, pero sobre todo el utilizar servicios especializados para simulación de actos o el que subcontrate de forma ilegal, puede ser sancionado hasta con 13 años y medio de prisión, señaló.
El funcionario destacó que lo anterior es muy importante porque al final de cuentas está entrando en vigor la parte laboral, pero cuando sea la fiscal tendrá mayores implicaciones
Dijo que el registro de empresas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es el “primer espejo” que se tendrá; falta que entre en vigor toda la parte fiscal con las leyes del IVA y el Impuesto Sobre la Renta.
Así como la normatividad relacionada con el IMSS, el Infonavit y el Código Fiscal de la Federación (CFF), destacó al dictar la conferencia magistral Implementación de las Reformas de Outsourcing,
Eso es lo que será obligatorio el 1 de agosto del 2021, recordó en el evento organizado por el Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM.
De no cumplir, advirtió, las personas o personas físicas no podrán deducir el gasto o acreditar el IVA, además de las consecuencias penales.
Al mencionar que actualmente todas las empresas tendrían que estar haciendo la transición, reconoció que habrá muchas dudas en el camino, pero como se dice: “arrancando la carreta se acomodan las naranjas”, consideró
Lo mejor es iniciarlo y consultar a la autoridad laboral o, en su caso, la fiscal para ir normando todo el vacío que pudiera haber.
Romero Aranda detalló que en México hay 5 millones de trabajadores subcontratados por terceros que laboran en condiciones de esclavitud moderna, sin prestaciones de seguridad social, que se verán beneficiados con la reforma al outsourcing, afirmó la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
