Ante la aprobación de la reforma de subcontratación, durante septiembre se observará una nueva configuración en el mercado laboral que de ser positivo, podría impactar en un incremento en el empleo formal permanente.
Los empleadores que utilizaban la subcontratación como estrategia de productividad deberán cambiar a contratación directa e incorporar servicios especializados, recordó el director de relaciones institucionales del Grupo Manpower, Héctor Márquez, quien reiteró que será a partir de septiembre cuando se observe el impacto de la reforma.
“Hasta el momento no es pública una herramienta que haga un seguimiento en los números del IMSS sobre cuáles han sido las modificaciones que ha podido sufrir el empleo en México a causa de la reforma de subcontratación. Los efectos de la reforma por sí misma se van a notar en septiembre, una vez que hayan terminado los periodos de transición que incluye la reforma en subcontratación aprobada en abril de 2021”.
En este sentido, destacó que previó a la aprobación de la reforma en materia laboral, se realizó una encuesta por parte del grupo, donde el 60 por ciento de las empresas señalaban que no podrían contratar de manera directa a sus empleados y sumarlos a sus plantillas laborales; sólo el 30 por ciento de las empresas podrían captar a los empleados eventuales subcontratados como parte de su plantilla.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que hasta el momento 830 mil trabajadores han salido del esquema de outsourcing, desde la implementación de la reforma laboral.
Cortería: UNE El sector obrero tiene la oportunidad de mejorar sus condiciones con la reforma.
La reforma laboral pone candados más estrictos a la subcontratación mejorando las condiciones de trabajadores en todos los sectores.
La reforma a la subcontratación (outsourcing) en México en la Ley Federal del Trabajo trae cambios importantes para el sector industrial en Altamira, donde una parte importante de capital humano trabaja bajo este esquema, por lo que se hace necesario un análisis del entorno.
En el sur de Tamaulipas se ha notado el crecimiento de este tipo de contrataciones, donde hay 173 mil 801 empleos registrados en los últimos 15 años, de los cuales 30 mil 60 trabajadores están en outsourcing, pero en comparación con los últimos 15 años se puede observar un crecimiento de 21 mil trabajadores en condición de subcontratación.
“Hay un crecimiento significativo en la última década, la situación ha sido muy diversa, en Ciudad Madero hay menos casos de outsourcing, el cual tiene 33 mil nuevos empleos de los cuales mil 980 son subcontratados”, advirtió Jorge Alberto Pérez Cruz, doctor en Economía y catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).
Altamira es el municipio que más tiene esta forma de contratación, con 14 mil 586 trabajadores, le sigue Tampico con 13 mil 495 puestos de trabajo en esas condiciones.
“Si revisamos los antecedentes encontraremos que esta figura se creó porque era una forma de hacer a las empresas más competitivas, sobre todo en tiempos de crisis, por el esquema de contratación que existía, que era rígido y donde se daban contratos indefinidos.
Si se llegaba a una situación de crisis o de recesión las empresas difícilmente podían reducir su planta de trabajo y con esta reforma que se hace en México se veía en esta opción una oportunidad para poder responder a la crisis económica”, dijo Pérez Cruz.
Con el tiempo se desvirtuó este mecanismo porque se vio la oportunidad de que las empresas tuvieran una menor carga fiscal en cuanto a las aportaciones que hacían a los trabajadores y en el reparto de utilidades.
El especialista agregó que muchas empresas veían la posibilidad de ampliar las utilidades haciendo una contratación outsourcing.
“Es decir que si te dedicas al calzado tal vez la seguridad o la limpieza podía ser subcontratada, pero ya poner trabajadores subcontratados en el proceso de calzado ya no es correcto”.
Resaltó Pérez Cruz que con la reforma no se acaba el outsourcing, solo se está regulando.
La subcontratación puede darse en las empresas, pero solo en la parte del proceso que no es sustancial a la actividad de la empresa y tendrá una proporción específica que no puede ser mayor de 40% de los trabajadores.
FRASE
Considero que es un acto de justicia y que dará mejores condiciones para los trabajadores . orge Alberto Pérez Cruz, Dr. en Economía
CLAVES OUTSOURCING EN EL SUR
14,586 trabajadores en Altamira
11,495 obreros en Tampico
1,980 en Ciudad Madero
30 mil trabajan en subcontratación en el sur de Tamaulipas
La Secretaría del Trabajo Estatal brindará todo el respaldo posible.
Torreón, Coahuila.- Tras sostener una reunión de trabajo que se extendió por algunas horas en el centro de negocios del Club Campestre Montebello, los representantes de siete cámaras y organismos que conforman el Grupo Empresarial de La Laguna, solicitaron a la Secretaría del Trabajo en Coahuila su respaldo para facilitar algunos trámites necesarios para cubrir el tema de la subcontratación laboral y una asesoría completa que les proteja de errores y sanciones por parte de la Secretaría de Hacienda.
En su intervención la Secretaría del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, dijo que «los empresarios laguneros aglutinados en el GEL solicitaron realizar una mesa de trabajo especifica donde cada miércoles estaremos abiertos para quienes tengan dudas en torno a la nueva reforma laboral y sobre todo en lo relacionado a la subcontratación del personal bajo este nuevo esquema de registro ante la Secretaría del Trabajo Federal».
“Reconocemos que los empresarios tienen el tiempo encima, que todos aquellos que realizan la prestación de un servicio, se van a tener que registrar para poder facturar y que estas facturas sean validadas por la Secretaría de Hacienda”, explicó.
El presidente del Grupo Empresarial de La Laguna, Guillermo Martínez Ávila, advirtió que a pesar de que a nivel nacional se han solicitado las prórrogas para que esta ley entre en vigor al igual que el gobierno el primero de enero del 2022, «sabemos que el gobierno federal siempre que se trata de respaldar a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, siempre nos deja tirados, por lo que tendremos que meter el acelerador a fondo y ayudarles a nuestros agremiados a recibir la asesoría necesaria que les permita en primera instancia registrarse ante la Secretaría del Trabajo Federal y en segundo que se dé cumplimiento en el tema fiscal».
“Estamos pensando en la realización de un foro o mesa de trabajo más amplia a donde puedan acudir los micro, pequeños y medianos empresarios, que son muchos casos a los que más pegara esto de los servicios especializados y la subcontratación de personal, antes conocido como el outsourcing”, reiteró Martínez Ávila.
A esta reunión acudieron los representantes de la Oficina de Convenciones y Visitantes, de la Industria de la Construcción, de la Industria Restaurantera, de la Industria y la Transformación y de los hoteleros.
Armando Cobián Lafont /El Sol de la Laguna 09/07/201
México y Estados Unidos acordaron un “curso de reparación” a la queja que el gobierno norteamericano interpuso por la violación de derechos sindicales en la legitimación del CCT en General Motors en Guanajuato.
Un conflicto sindical desatado al transitar por las reglas democráticas que ordena la reforma laboral resuelto con un tratado comercial internacional. México se comprometió a un plan de 20 puntos para reparar los derechos denegados a trabajadores y trabajadoras de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato. Este acuerdo es histórico, considera el laboralista Alfonso Bouzas Ortiz.
Israel Cervantes Córdova, extrabajador de esa planta y líder de grupo disidente Generando Movimiento, tiene sus reservas respecto al cumplimiento del acuerdo, aunque recoge parte de lo que pidieron. “Dudo mucho que la empresa y el sindicato Miguel Trujillo López vayan a actuar de manera democrática, porque nunca lo han hecho”, señala en entrevista.
El 12 de mayo el gobierno estadounidense utilizó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) e inició una queja contra GM Silao. Pidió a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador investigar si en la votación para legitimar el CCT se habían violado derechos sindicales.
El antecedente inmediato de esa queja se ubica en “el hostigamiento que vivieron los trabajadores de la planta por parte de la empresa y del sindicato para votar a favor del contrato”, recapitula Israel Córdova. Pero la historia es más larga: “Llevamos años pidiendo democracia sindical y a quienes lo exigimos, nos corrieron”, agrega.
Este jueves el gobierno mexicano dio a conocer de manera parcial la resolución que alcanzó con el de Estados Unidos respeto a esa queja. Pero la STPS ya había acreditado “irregularidades graves que afectaron el desarrollo y resultados de la votación”.
El plan busca dotar a los trabajadores de la posibilidad para legitimar su contrato “en condiciones libres y democráticas y para remediar la denegación de derechos de libre asociación y negociación colectiva”, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado (SE).
Las tres convergencias
“Es una primera resolución histórica. A partir de un tratado de comercio internacional se toma el tema el trabajo como una de las variantes fundamentales para todo comercio, y obviamente para el mercado internacional”, comenta Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL). Este es “el primer paso para la transformación de las relaciones laboralesen México, ahora los trabajadores son quienes tienen la última palabra”.
Pero para llegar a este punto, en el que trabajadoras y trabajadores denunciaron irregularidades en la votación y su reclamo fue atendido, debieron converger tres esferas, reflexiona el Doctor en Derecho: la reforma laboral, el T-MEC y el cambio de gobierno.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era un tigre sin dientes en materia laboral, señala el académico. Derivado de esa experiencia, en este pacto comercial se incorporaron mecanismos para vigilar los derechos laborales.
La reforma laboral, por su parte, tiene como uno de sus principales objetivos devolver el poder a las trabajadoras y los trabajadores y democratizar los sindicatos, continúa.
Este nuevo régimen de gobierno ha tenido que ver también, agrega. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se reformó la Constitución “porque no le quedó de otra, porque la presión internacional lo obligó”.
Pero luego él, junto con otras personas especializadas en materia laboral empezaron a trabajar en la reglamentación de esa modificación. “Lo pensábamos con temor, porque el aparato tiene sus mecanismos para aplastar”. Ese cambio a la Ley Federal del Trabajo se concretó en esta otra administración.
Las personas trabajadoras en México cuentan con esas tres armas, pero habrá que ver de qué manera pueden activarlas. “Silao es un laboratorio para que, cada quien desde el escenario en el que se encuentre, observe el cumplimiento” de la reforma y del T-MEC, dice el abogado, quien lleva décadas en la lucha por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos laborales.
Algunos de los acuerdos
Según el comunicado de la SE, México se compromete a asegurar que el nuevo voto de legitimación se realice a más tardar el próximo 20 de agosto. También a que:
Inspectores de la STPS acudan a la planta a partir de esta semana “para prevenir y atender cualquier intimidación o coerción”
Garantizar la participación de la OIT como instancia observadora del proceso así como de otra organización mexicana
Establecer una línea telefónica y correo electrónico para denuncias
Y otro punto importante: “Investigar y, de ser apropiado, sancionar a cualquier persona responsable de la conducta que llevó a la suspensión del voto de abril y de cualquier otra violación de la ley relacionada con dicho voto”.
Para Israel Cervantes las medidas son buenas, “pero eso que dicen que van a respetar la democracia y la libertad no es así. Desde hace varias semanas la Confederación de Trabajadores de México (CTM) —a la que pertenece el sindicato Miguel Trujillo López— está tratando de convencer a los trabajadores. Esta semana les regaló carteras por el día de la madre y el día del padre. Es una vergüenza eso que están haciendo”.
Una de las causas de este conflicto es el rechazo de los trabajadores a la CTM, dice Alfonso Bouzas. En este proceso también “se va a detectar la manipulación por parte de la empresa y la forma como la empresa se sirve de la dirección sindical”.
Si al final de la votación los trabajadores rechazan a este sindicato que les representa, mediante el “no” al CCT, “hay que preguntarnos por qué. Y llegaremos a la conclusión de que los mecanismos que han utilizado para legitimarse a sí mismos eran la razón y que han hecho un daño social muy grande”.
Sin duda, apunta el coordinador del OCRL, este proceso que ahora tiene nombre de Silao representa en realidad “un cambio cultural en el que el fraude y la simulación pasarán a la historia y el ciudadano de a pie reivindique la honestidad. Ése es el objetivo último de las reformas, no nada más laboral, sino de política general, que nuestro país necesita”.
Trabajadores de Outsourcing podrían incluirse al Sindicato Nacional Democrático
El Sindicato Nacional Democrático podría afiliar a cientos de trabajadores de compañía ante la regulación del Outsourcing que se lleva a cabo a nivel nacional, al reubicar a la gente que labora en compañías.
Lo anterior lo dio a conocer el Secretario General Ismael Leija Escalante, quien mencionó que se mantienen en comunicación con los representantes de la empresa para conocer los ajustes que se realizarán antes de que concluya el mes.
Señaló que estos movimientos vienen a raíz de la Reforma Laboral, que establece que los trabajadores de compañías no pueden intervenir en los procesos esenciales de las empresas, por lo que deberán ser reubicados.
Dijo que son muchos trabajadores los que se reubicarán y en su momento podrían contratar, los cuales serían adheridos a las secciones sindicales locales, tanto de la siderúrgica, como de las minas.
«No sabemos cuantos serán, pero si es un número importante, y todos estos trabajadores se deberán adherir al sindicato».
El dirigente sindical señaló que tiene que dialogar con la empresa para ver esta situación y definir los movimientos que se realizarán y ver de que manera impactará en los trabajadores del sindicato.
Y es que se tendrá que analizar el hecho que ante la reubicación de los trabajadores algunas áreas quedarán sin personal y deberán ser cubiertas.
Mencionó que como representantes sindicales están al pendiente de esta situación, el cual es un proceso que la empresa tiene que cumplir, y también es importante que esto no agrave el tema de desempleo.
En mayo el próximo año se espera que el reparto de utilidades ascienda a 157 mil midp con los 830 mil empleados que salieron del outsourcing o subcontratación.
Tras la implementación de la reforma laboral que se implementó hace dos meses, en la que se reguló el esquema outsourcing o subcontratación, 830 mil trabajadores pasaron de dicho esquema a ser empleados reales, dio a conocer Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En este sentido detalló que estos 830 mil trabajadores tendrán acceso por primera vez al reparto de utilidades, toda vez que según el último reporte del IMSS, el salario de cotización se incrementó en un 11%.
Gobierno de México
Detalló que se requiere explicar a las empresas sobre a cuánto equivale el reparto de utilidades, ya que puede ser de 90 días o el promedio de los últimos 3 meses, de tal suerte que el criterio será lo que convenga más al trabajador.
Recordó que antes de la reforma, se repartían 56 mil millones de pesos lo cual corresponde a un 2% de las utilidades de las empresas y tras la reforma, se estima que el reparto de utilidades en mayo ascienda 157 millones de pesos, es decir el 7.7% de las utilidades de las empresas y es lo mínimo a repartir.
Informe sobre reparto de utilidades y atención ciudadana. Conferencia presidente AMLO
Gobierno y empresas acuerdan eliminar el outsourcing en tres meses
Tras una reunión en Palacio Nacional con empresarios, dirigentes sindicales y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se acordó eliminar la figura de la subcontratación o el outsourcing en las empresas en un plazo de tres meses.
De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, se acordó que en adelante estará prohibida la subcontratación en general y solo se permitirá en servicios especializados con carácter temporal, de tal suerte que las empresas tendrán tres meses para que los empleados sean regularizados en las nóminas de las empresas con todas las prestaciones que ello implica.
AH12102015020 INFORMACION 12 DE OCTUBRE 2015
RECORRIDO POR OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DONDE HAY POCO ESPACIO PARA TRABAJAR /FOTO ADRIAN HERNANDEZ
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los nombramientos y contrataciones temporales en el gobierno deben estar justificados por la naturaleza del trabajo. A través de una jurisprudencia emitida por el máximo tribunal, se limita las contrataciones eventuales en el sector público a cumplimientos de obras o bien, para cubrir la ausencia de un trabajador de base.
“El Estado, en su carácter de empleador equiparado, está obligado a justificar el otorgamiento de nombramientos temporales, los cuales sólo podrán celebrarse cuando así lo exija la naturaleza del trabajo, tengan por objeto cubrir a otro trabajador, o bien el cumplimiento de una obra determinada”, se establece en la resolución de la Segunda Sala de la SCJN publicada este viernes.
La Suprema Corte argumentó que el gobierno y cualquier organismo que rija sus relaciones laborales con base en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), para determinar los requisitos que deben cumplir los nombramientos temporales de los servidores públicos «debe observar los criterios de la Ley Federal del Trabajo (LFT) vinculados a la duración de las relaciones de trabajo”.
Estos criterios se vinculan a los nombramientos temporales en el sector público, debido a que la LFTSE no tiene prevista regulación específica en la materia. De esta manera, los artículos 35, 36, 37 y 39 de la LFT que deberán atenderse para las contrataciones eventuales en el gobierno indican que la celebración de una relación de trabajo para obra o por tiempo determinado debe estar justificada en el desarrollo de una obra específica, la naturaleza de las funciones a desempeñar o para cubrir alguna vacante temporal.
“Se advierte que el otorgamiento de nombramientos por tiempo determinado es excepcional, de ahí que el Estado esté obligado a justificar la necesidad de su celebración bajo dicha temporalidad, pues sólo así se actualizará la prerrogativa de éste de dar por terminada la relación laboral al concluir el término del nombramiento sin responsabilidad para las entidades o dependencias, ya que de lo contrario se entenderá que el nombramiento fue por tiempo definitivo”, expone la Corte.
Reglas para evitar discrecionalidad
Para el abogado laborista Manuel Fuentes Muñiz, la jurisprudencia es positiva para los trabajadores, porque dicta condiciones claras para los nombramientos temporales, los cuales tendrán que estar justificados y no se podrán otorgar a placer de las representaciones de gobierno.
Esta resolución de la Corte, explicó el especialista, será usada para los juicios en tribunales, para resolver conflictos como despidos injustificados y reinstalación de servidores públicos.
“No basta con que la representación del gobierno diga que es temporal, tiene que justificar el por qué concluyó el nombramiento, si no lo justifica, entonces se va entender que ese nombramiento es por tiempo indeterminado. Lo que ha ocurrido es que basta con que el gobierno presente el nombramiento y argumente que el contrato fue por 90 días, por ejemplo, y ya concluyó”, expuso Manuel Fuentes.
La jurisprudencia emitida por la SCJN derivó de una contradicción de tesis, luego de que un tribunal concluyó que era suficiente para acreditar el carácter eventual de un trabajador el nombramiento en el que se establece una relación de trabajo por tiempo determinado; mientras tanto, otro determinó que para ello también era necesario que el Estado, en su carácter de empleador, justificara la razón que motivó su otorgamiento bajo dicha temporalidad.
Si bien la resolución no incide directamente en el gobierno y sus nombramientos eventuales, Fuentes Muñiz opinó que sí ayuda a que el Estado prevea que cuando se otorgan plazas temporales se justifiquen por razones reales.
“En general, en los gobiernos, muchos de los nombramientos son ficticios, en realidad son por tiempo indeterminado. Es decir, cuando a un servidor público le dan un nombramiento por tres meses, realmente debería ser por tiempo indefinido porque la naturaleza del trabajo es permanente, como trabajadores que están en una ventanilla o en alguna actividad que es indispensable para un trámite. Sin embargo, hay personas que cumplen hasta 7 años con nombramientos temporales”, detalló el especialista.///El Economista
Las empresas que tienen trabajadores enfocados en tareas esenciales y que fueron subcontratados, deberán incorporarlos a su base laboral con las prestaciones correspondientes.
Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Contratistas de construcción y productores agrícolas en Michoacán son los principales sectores que se deben alinear a la nueva normativa en materia de outsourcing, teniendo hasta el 24 de agosto de este año para registrarse en la plataforma, dio a conocer Javier Eliott Olmedo Castillo, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales en Michoacán (ANEFAC).
Tras la reforma que hubo este año sobre outsourcing, las empresas que tienen trabajadores enfocados en tareas esenciales y que fueron subcontratados, deberán incorporarlos a su base laboral con las prestaciones correspondientes.
Ello no aplica para los trabajadores que no desempeñan tareas esenciales para la empresa, es decir, los que realizan una actividad especializada podrán seguir bajo el esquema de outsourcing. Lo que, a decir de Erick Iván Virrueta Zepeda, socio de ANEFAC, deja ver que la reforma “no alcanza para dar la protección a todos los trabajadores”.
Virrueta Zepeda consideró que la reforma va más enfocada a incrementar la recaudación de impuestos, que a mejorar las condiciones laborales.
A decir de Javier Eliott Olmedo, en Michoacán, el mayor impacto de la nueva ley será para los constructores y los productores agrícolas, en especial para los aguacateros, ya que en dichos rubros es donde más subcontratación hay en el estado.
Sin tener un número preciso de cuantas personas laboran en esta condición, en Michoacán, el presidente de la ANEFAC dijo que a nivel nacional son 4.3 millones de trabajadores.
La ANEFAC tiene el registro de que anualmente se suman 200 mil empleados bajo dicha modalidad, y en el último año se dejaron de percibir 20 mil millones de pesos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por la informalidad en la que trabaja este sector, sin pagar impuestos.
Los patrones tienen hasta el 24 de agosto para registrarse en el REPSE, en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), para poder tener a personal bajo el esquema de subcontratación. Necesitan estar al día en el pago de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
Desarrolladores de vivienda buscan un entendimiento con autoridades de Infonavit e IMSS. Javier Pastén / EL DIARIO
Las fechas límite están por vencer y aún no se concede ampliar el plazo
Desarrolladores de vivienda pidieron a las autoridades encontrar un mecanismo de simplificación de la reforma laboral que los obliga a registrar los servicios especializados o ejecución de obras especializadas.
La Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) informó que derivado de la publicación de la reforma en materia de subcontratación en el Diario Oficial de la Federación, ha sostenido varias reuniones de trabajo con las principales autoridades, tanto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como del Instituto Mexicano del Seguro Social, para encontrar un mecanismo que simplifique su implementación.
Fuentes del organismo aseguraron que es común en el sector de la industria de desarrollo y promoción de vivienda la contratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas entre empresas en las que coinciden tanto el objeto social como la actividad preponderante.
“Se nos ha reiterado que el espíritu de la reforma no es de fiscalización ni recaudatorio, sino que persigue salvaguardar el empleo formal y restituir derechos de los trabajadores a través de la implementación de una clara trazabilidad de quienes son los auténticos patrones en las relaciones laborales”.
De acuerdo a lo conversado con los directivos de Infonavit e IMSS en las diversas reuniones, hay dos fechas importantes que deberán de tomar muy en cuenta: 24 de julio de 2021, plazo para que las empresas que utilizan el esquema de subcontratación laboral o de personal realicen la sustitución patronal.
También es de interés el 24 de agosto de 2021, fecha límite para que las personas físicas o morales que deseen proporcionar servicios especializados o de ejecución de obras especializadas cuenten con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el Padrón Público de Servicios Especializados u Obras Especializadas.
Tras su implementación, a reforma de ‘outsourcing’ a poco más de un mes de tener efectos fiscales. En un ambiente de incertidumbre, las empresas tendrán que regular su modelo laboral y evitar tales efectos
¿Qué es la reforma outsourcing? La prohibición de la subcontratación laboral busca combatir una práctica desleal, pero genera confusión ante sus fines recaudatorios. La reforma que prohíbe la subcontratación tendrá efectos fiscales el 1 de agosto de 2021 y aún existe un ambiente de confusión.
Aunque se trata de una reforma laboral, su impacto fiscal es innegable y se relaciona con la necesidad de aumentar la recaudación tributaria a través de fiscalización y no necesariamente mediante una reforma para 2022. Sin una política fiscal clara y criterios definidos el ambiente actual puede seguir.
La reforma prohíbe subcontratar personal, entendido como poner a disposición empleados propios en beneficio de un tercero. En cambio, permite la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del beneficiario.
Es decir, los servicios especializados son una especie de subcontratación legal en la cual hay puesta a disposición de empleados no primarios y requiere de un registro ante la autoridad. Las penas de la reforma outsourcing son graves. Para quienes incurran en subcontratación o quienes utilicen esquemas simulados de servicios especializados la condena es de prisión, pues se considera que cometen el delito de defraudación fiscal calificada.
A quienes proporcionen servicios especializados sin registro o se beneficien de ellos, las multas van desde 22 mil 405 pesos a 4 millones 481 mil por cada trabajador.
Los motivos expuestos para la nueva legislación giran en torno al alto grado de simulación que tiene el outsourcing en México y por considerarse una práctica desleal que impacta la competitividad.
La reforma busca principalmente combatir la evasión fiscal, pero también la elusión de responsabilidad laborales como el pago de participaciones en las utilidades.
Se restringe también el “insourcing”, en el cual las empresas operativas con activos y utilidades no tienen empleados y, en cambio, se auxilian de otra empresa del grupo que funge como patrón de los empleados puestos a disposición de la operativa.
Incertidumbre y riesgo a sufrir de una gran fiscalización
Actualmente existe un ambiente de confusión porque, en medio de múltiples reestructuras corporativas para cumplir con la reforma outsourcing, algunas empresas han optado por acudir al amparo en búsqueda de una suspensión que les dé más tiempo y otras han exigido a la gran mayoría de sus proveedores que se registren como especializados para evitar represalias fiscales.
Hace un mes, se publicó normatividad para el registro de quienes presten servicios especializados. Establece que estos son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista, los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria, pero no hay una definición sobre qué es poner a disposición personal.
Al existir discrepancia de criterios muchas empresas piden el registro de especializados a sus proveedores de servicios por cuidar su situación fiscal y muchos de ellos se registran a fin de no perder su clientela. Esto último ocurre pese a que, al hacerlo, periódicamente tendrán que compartir información con sus clientes y el beneficiario tendrá una responsabilidad solidaria fiscal y laboral.
Para determinar si los empleados de proveedores son puestos a disposición de un beneficiario existía un criterio del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para la retención del 6% de IVA, pero quedó sin efectos con la reforma.
Con base en precedentes de la Suprema Corte, pueden considerarse factores como el lugar de trabajo, supervisión, procesos de contratación y capacitación como indicios para definir si el beneficiario de servicios en que se pone a disposición personal conoce la forma del empleo y sus riesgos. Sin embargo, los precedentes no son directamente aplicables.
La confusión de un gran número de empresas, asesores e incluso entre autoridades laborales y fiscales, se ve agravada por declaraciones recientes sobre la recaudación a través de la fiscalización si no hay una reforma fiscal en 2022 para cubrir necesidades de gasto público.
Y ahí la duda es si después del 1 de agosto la política fiscal detrás de la reforma va a ser combatir exclusivamente los esquemas de subcontratación abusivos.
Por: Ramón de la Torre Medina. Abogado de la UNAM con maestría en NYU como becario Fulbright. Twitter (@Cerebros_Fuga)
