VARIOS AUTORES
30.05.2019/04:06
La Reforma Laboral, un pendiente legislativo que tenía el Congreso de la Unión, como resultado de la reforma al artículo 123 constitucional publicada en febrero del año 2017. Pues bien, la reciente reforma legal del 1 de mayo pasado, no solo modificó la Ley Federal del Trabajo, también modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley del Infonavit y la Ley del Seguro Social, conformando con ello, un cambio trascendental no sólo en el número de ordenamientos reformados, sino en el impacto de los mismos para las partes involucradas como actores principales de las relaciones obrero patronales, esto es, a los derechos de los trabajadores, de los patrones, de las agrupaciones sindicales y de los mismos órganos del Estado que intervienen en la impartición de la justicia laboral.
Así, se crea un nuevo sistema de justicia laboral, con aspectos muy importantes tales como el establecimiento de la conciliación previa, obligatoria y fuera de la instancia judicial, la cual se va a llevar a cabo, a través de órganos del estado de carácter descentralizado, tanto a nivel federal como local, los cuales tendrán como propósito substanciar la conciliación de manera satisfactoria para ambas partes (trabajador y patrón) antes de presentar la demanda, y así evitar prolongados y costosos juicios como actualmente se tienen en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Al respecto, la nueva Ley Laboral, establece que no se deberá agotar esta instancia si el conflicto versa sobre discriminación, designación de beneficiarios por muerte, prestaciones de seguridad social y prerrogativas fundamentales como libertad de asociación, sindical o de reconocimiento colectivo, cuestiones de trata laboral, trabajo forzoso o infantil, así como las disputas sobre la titularidad de los contratos colectivos de trabajo o la impugnación de los estatutos de los sindicatos.
Otro aspecto importante, es la creación de tribunales laborales dependientes del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial de cada entidad federativa, en razón de la competencia que corresponda a cada conflicto, esto trae como consecuencia la extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje federal y local, y con ello se da un cambio trascendental en la impartición de la justicia laboral.
Cabe recordar que las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje dependen del poder ejecutivo; sin embargo, tal modificación no es inmediata, pues el legislador otorgó ciertos plazos para llevar a cabo los cambios en los nuevos órganos de justicia, en el caso de los Centros de Conciliación y Tribunales Locales deberán iniciar labores a más tardar el 2 de mayo de 2022.
Para el caso de los Centros de Conciliación y Tribunales Federales, deberá ser a más tardar el 2 de mayo de 2023, es decir, un año posterior al inicio de labores a nivel local, por lo que como podemos observar, estamos a 3 y 4 años de distancia para la implementación de los nuevos tribunales que tendrán como propósito fundamental, impartir justicia en materia laboral, con la expectativa de que esto sea haga en condiciones más favorables de las que ahora tienen las Juntas de Conciliación y Arbitraje que conocemos. https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/escuela-libre-de-derecho-de-puebla/reforma-laboral-i
