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Arturo Alcalde Justiniani
¿Cómo no van a estar enojados los trabajadores mexicanos si el gobierno pretende imponerles para 2018 un tope salarial de la mitad de la inflación reconocida oficialmente y una cuarta parte de la inflación real? ¿Acaso piensa Enrique Peña Nieto que su ofrecimiento de 3.4 por ciento de incremento salarial frente a 6.7 por ciento de inflación iba a generar beneplácito?
¿Qué reacción esperaba Peña Nieto de los hombres y mujeres que viven de su trabajo frente al golpe más severo a sus ingresos en los últimos 17 años?
¿Cuál debería ser su ánimo cuando la mayor parte de la población padece los mayores incrementos de precios y servicios del sexenio frente a un salario raquítico e insuficiente para vivir?
Para describir este ánimo vale referir, como muestra, a un nutrido grupo de trabajadores de una fábrica llantera trasnacional en donde más de la mitad no recibía prácticamente salario alguno, porque semana tras semana debía entregárselo a los prestamistas, fauna que ha ido creciendo alrededor de los centros de trabajo. Finalmente, los trabajadores optaron por ser liquidados por el patrón para pagar sus deudas y no perder su pequeño patrimonio, aunque no supieran qué pasaría el día de mañana.
¿Qué grado de indignación tendrán los trabajadores universitarios de las instituciones públicas que al final del presente mes concluirán sus negociaciones de salarios y prestaciones al recibir las respuestas de sus rectores de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les ordenó no rebasar un incremento de 3.4 por ciento que otorgó a los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 1º de noviembre? Seguramente habrá movilizaciones y tendrá que buscarse una salida con incrementos mayores para evitar la paralización de labores, pero este desgaste era previsible, sin embargo, a Peña Nieto y a José Antonio Meade, que asumió estas decisiones antes de dejar la Secretaría de Hacienda, no parece importarles el futuro de estas instituciones que son fundamentales para el desarrollo del país.
¿Qué sentirán los trabajadores de salario mínimo que reciben tan sólo 88.36 pesos diarios, esto es 2,650 pesos mensuales? Salario que el gobierno se negó a incrementar en el monto que el mismo sector patronal recomendaba. ¿Qué decir de los salarios mínimos profesionales que son aplicables a 59 actividades u oficios como carpintero, plomero o electricista, los cuales se han quedado en la congeladora? La mayoría de estos salarios varía entre 99.99 y 117.60 pesos diarios, algunos de monto mayor, como el aplicable al operador de bulldozer con 121.09 pesos y la única excepción que excede a los 200 pesos es el de reportero de prensa, con 236.28 pesos diarios. A propósito, los jornaleros agrícolas de San Quintín aún esperan se cumpla la promesa de incluirlos en la lista de los salarios mínimos profesionales.
Motivo de indignación adicional se deriva de la iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada en el Senado de la República a principios de diciembre de 2017 por dos senadores priístas, supuestamente obreros, que no sabían en qué lío se metían al cumplir el encargo del equipo de Peña Nieto y del ex-secretario de Hacienda, Meade. Este intento de reforma es tan regresivo que ha sido considerado, con razón, como el golpe más brutal a los trabajadores en los últimos 100 años. Transforma el derecho laboral de social a mercantil y el trabajo en mercancía flexible y barata, dejando a la población trabajadora en estado de indefensión. Principios, derechos, protecciones, reglas de equilibrio, todo quedó fuera.
La iniciativa surgió del mandato de reglamentar la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, la cual respondía a dos objetivos: contar con un nuevo sistema de justicia laboral respetuoso del estado de derecho y acabar con los contratos de protección patronal firmados a espaldas de los trabajadores mediante una negociación colectiva auténtica, producto del voto secreto, libre y personal de los trabajadores.
En contraste al mandato constitucional, la iniciativa Peña Nieto-Meade asigna la impartición de justicia en materia colectiva, a un instituto teóricamente autónomo, pero en realidad sometido al burdo control de patrones y sindicatos corporativos, que de manera discrecional obstaculizarán el ejercicio libre y democrático de los derechos colectivos de asociación, negociación colectiva y huelga, por medio de una telaraña de requisitos y procedimientos administrativos que sólo con el apoyo patronal se podrán cumplir.
Así, el Poder Judicial se convierte en una figura decorativa en temas colectivos que eran la causa fundamental de la reforma. En este punto es importante destacar el engaño que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó al solicitar a las legislaturas de los estados que aceleradamente crearan sus propias leyes laborales para regular los centros de conciliación, a pesar de no tener facultades constitucionales para ello y, peor aún, recomendándoles que, en lugar de preservar su autonomía, se rigieran por órganos tripartitos. Todo este circo para conservar los contratos colectivos de trabajo de protección patronal.
Por todo ello, crece la exigencia de que sea retirada la iniciativa Peña Nieto-Meade y se abra –como de manera regular sucede en otros países– un amplio debate público sobre la legislación laboral que necesitamos en beneficio de los trabajadores, del sector productivo y del país, sin perder de vista que, tratándose de una legislación reglamentaria, ésta deberá estar acorde con los principios de la reciente reforma constitucional que tantas esperanzas generó. Ahora es fundamental darse el tiempo necesario para diseñar adecuadamente la reforma e instrumentar su cumplimiento.

1. Más allá de colores partidarios, apoyamos al pueblo de Chihuahua y a su gobierno en la exigencia de que César Duarte sea extraditado y rinda cuentas del saqueo que con otros cómplices cometió.

http://www.jornada.unam.mx/2018/01/20/opinion/015a1pol