El economista mexicano advierte del empleo precario en actividades como Uber, defiende el salario mínimo y rechaza la existencia generalizada de jóvenes ´ninis´
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Saúl Escobar, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Genaro Rodríguez)
GENARO RODRÍGUEZ NAVARRETE, CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)
23/01/2019 06:00
A decir de Saúl Escobar Toledo, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “los temas laborales se han ocultado o minimizado, como sí recibir un ingreso para sobrevivir no fuera uno de los temas, o el principal tema, de una sociedad”.
Advirtió que los asuntos relativos al empleo ahora están resurgiendo, “y esperemos que se coloquen en el centro de la agenda nacional”. Escobar Toledo confió en que “esta discusión tome impulso” para una mayor comprensión, divulgación y entendimiento.
En entrevista exclusiva para la red de Lectores Corresponsales de La Vanguardia, disecciona de modo perspicaz la estructura del mundo laboral que prevalece en México, sin perder de vista el contexto internacional.
Perfil
Profesor, experto e investigador
Saúl Escobar Toledo se desempeña como profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros ‘Rafael Galván’. Ha sido fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), diputado federal y subsecretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de la Ciudad de México. Es autor de ´La acumulación capitalista en el porfiriato´ y ´Los trabajadores en el siglo XX. Sindicato, Estado y sociedad en México: 1907-2004´.
– ¿Qué transformaciones recientes ha registrado el mundo del trabajo?
“A nivel mundial, las tendencias del trabajo han sido muy negativas. La globalización ha hecho que los empleos migren de un país a otro, sobre la base de salarios más bajos y condiciones muy precarias. El empleo en general se ha deteriorado. Por otro lado, el avance tecnológico ha provocado que la generación de empleos sea más lenta. La globalización ha afectado a las diferentes regiones del mundo de distinta manera. El país que más se ha beneficiado es China. Se ha convertido en la “fábrica del mundo”. Ha podido absorber una gran cantidad de mano de obra. Así, cuando en Estados Unidos escaseaba, en el sudeste asiático la oferta laboral aumentaba rápidamente. El mundo ha cambiado. El eje de la industrialización pasó de Europa y Estados Unidos a China y el sudeste asiático. México también se benefició parcialmente de este fenómeno sobre todo por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.
– ¿Las perspectivas de crecimiento de la economía contribuyen a la creación de empleos?
“Sí, porque tenemos desde hace tiempo un polo de crecimiento económico muy rápido en China, que en algún momento llegó hasta el 10 por ciento. Hoy está por el orden del 6 y 7. Mientras que Estados Unidos y Europa se ubican en 2 o 3 por ciento. Esto muestra una economía, como lo señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI), a dos velocidades: una lenta y otra rápida. Con la crisis de 2008, las cosas empezaron a cambiar porque la economía cayó. China incluso redujo su ritmo de crecimiento. Diez años después las economías se recuperan, aunque en casos como Europa, todavía no terminan de dejar atrás la recesión porque se atravesó el problema de la integración del euro. Luego el Brexit, más o menos reciente, ha generado también un marco de incertidumbre”.
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– ¿Coincide en que los empleos que hoy se generan son en general ‘precarios’?
“Precario” tiene distintas acepciones. La más común es que se trata de un empleo sin seguridad social, inestable y carente de prestaciones contractuales; por tanto, es mal pagado e inseguro. Este tipo de trabajos se generalizaron durante la etapa neoliberal en México y por todo el mundo, debido a la migración mundial de los empleos de los países más prósperos a los menos desarrollados. Los empleos precarios se crearon como una política de atracción de inversiones extranjeras o porque las instituciones laborales eran muy débiles”.
– ¿Esto en sentido contrario del ‘trabajo decente’?
“Hace 10 o 15 años la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo la propuesta del trabajo decente. Incluso la traducción ha sido cuestionada porque ‘decente’ en español tiene una connotación moral. A veces se habla mejor de ‘trabajo digno’. Se trata de un empleo protegido por la seguridad social, con un salario justo. Es resultado de una negociación colectiva, contractual y se basa en la libertad sindical de los trabajadores. Esta propuesta se lanzó como una manera de enfrentar las tendencias laborales predominantes en el mundo”.
Protesta de conductores de Uber y Cabify en el conflicto abierto en España con el sector del taxi, fenómeno que se ha dado en otros países. (Juan Medina / Reuters)
– ¿También se han diversificado los tipos de contratación y empleo?
“Las formas del empleo como resultado de las nuevas tecnologías y la migración han cambiado. Ya no es la clásica relación trabajador asalariado-patrón. Ahora hay muchas formas de trabajo: tradicional, no tradicional; clásico, no clásico; y distintas formas de contratación: por honorarios, subcontratación, outsourcing, teletrabajo. Modalidades que lamentablemente no cumplen con los requisitos del trabajo decente”.
– ¿En qué consiste la economía gig?
“Es un término nuevo. Todavía no aceptado por todos los especialistas. Surge de una palabra que tiene su origen en el medio artístico. Podría traducirse como “palomazo”. Se da cuando un grupo musical no llega a un concierto programado, entonces se le piden apoyo a otro para cubrir la vacante. Ahora se usa para designar a un empleo que se contrata por medio de una plataforma digital, como característica fundamental, y se asume, en segundo lugar, como un trabajo propio, pero que en realidad es un trabajo asalariado al servicio de una empresa. Esta confusión, ambigüedad, disfraz y engaño, también es característica del trabajo gig. En tercer lugar, se distingue porque es un trabajo mal protegido, muy explotado, con bajos ingresos, sin seguridad social, no tiene contrato ni sindicalización, donde el trabajador asume todos los riesgos del trabajo; pero la empresa no adquiere ninguna responsabilidad y ni siquiera paga impuestos. El ejemplo más claro es el de Uber. Allí el trabajador es supuestamente independiente, conectado con una plataforma que solo es intermediaria entre el conductor y el usuario. En realidad es un trabajo al servicio de una empresa. La firma gana y le ordena al trabajador a quién tiene que recoger. Es un trabajo subordinado, aunque no se reconoce como tal. Lo que permite que sea un trabajo vulnerable. Incluso ha generado problemas con la seguridad de los pasajeros porque la compañía no se asume como patrón, solo como intermediario. En algunos países ha generado tal inconformidad que los taxistas regulares o tradicionales, han hecho paros. Y han logrado que los trabajadores de esa entidad se puedan sindicalizar y se reconozca la relación laboral. También se ha logrado que, en algunos casos, Uber pague impuestos y no burle al fisco. Y, aunque no exactamente, es el caso de Airbnb para conseguir alojamiento”.
Las nuevas tecnologías han comportado nuevas formas de empleo que,en algunos casos, aún buscan su encaje en el mundo laboral. (Richard Drew / AP)
– Debo insistir: ¿parece que el ritmo de la expansión económica mundial no ha sido suficiente para crear las plazas de trabajo necesarias?
“Uno de los rasgos de la etapa de globalización neoliberal que se ubica desde la crisis de 1982, es de un crecimiento muy bajo, con crisis económicas serias, aunque no tan recurrentes. Lo que ha generado un esquema laboral poco halagüeño, con una gran cantidad de empleos informales. El crecimiento no ha dado para crear las suficientes plazas formales. Tenemos ahora un problema en el mercado laboral de jóvenes que no encuentran empleo. Aunque es una tendencia a la baja, aún hoy es muy preocupante. Una salida a este fenómeno fue la migración. Entre 1990 y 2010, se fueron de México unas 500 mil personas al año. Es decir, cerca de 10 millones. ¿Qué hubiera sido sin la válvula de escape de la migración? Una situación angustiante”.
– Pese a ello, la administración anterior lanzó las campanas al vuelo por haber creado, según su parecer, una cantidad ‘histórica’ de empleos.
“Lo que pasa es que ahí hicieron una ‘trampa’ estadística: muchos de esos empleos ya existían; pero eran informarles, no acreditados en la seguridad social. Entonces lo que hicieron fue inscribirlos en la seguridad social. En realidad no eran plazas nuevas. De lo que no se habló es que al tiempo que aumentaban los trabajadores inscritos en la seguridad social, bajaban los salarios. Aumentó el número de empleos de dos a tres salarios mínimos y disminuyó la proporción con más de cinco salarios. Esto significó una pérdida del ingreso o un empobrecimiento de los trabajadores”.
– ¿Todavía es importante mantener como referencia los salarios mínimos?
“Creo que son muy importantes para la protección de los empleos más explotados, donde los trabajadores tienen muy poca calificación, como el trabajo de limpieza, en el sector rural o en la albañilería. Efectivamente, hubo una ofensiva encabezada por Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México, para acabar con el salario mínimo. Afortunadamente parece que esa tendencia no prosperó y ahora vemos un renacimiento parcial del salario mínimo con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lo está utilizando como un instrumento de política económica para proteger a los más débiles”.
– ¿Cómo observa la política de López Obrador para enfrentar la problemática laboral?
“Hay signos alentadores, como el aumento del salario mínimo, pero es un primer paso. Desde una perspectiva histórica es un avance pequeño. El chiste es que se mantenga. Espero que en 2020 haya un aumento de los mínimos similar al anunciado para 2019; es decir, de al menos un 16 por ciento. Esto es, la inflación más 10 o 12 puntos. De modo que el salario mínimo se convierta en un ingreso digno. Lo ideal sería que subiera en un 100 por ciento. Claro que esto no se puede hacer de un día para otro. Ojalá que a lo largo del sexenio se pueda ir aumentando paulatinamente. El otro tema es qué va a pasar con los salarios contractuales. En el pasado se utilizó el aumento de los mínimos como tope. Ahora eso no funcionará porque nadie va a dar un aumento del 16 por ciento. Lo que veremos son aumentos moderados por encima de la inflación. Lo que me gustaría ver es que se acabe con las formas de contratación precaria: los trabajos por honorarios, de tiempo parcial y la subcontratación. Es una vergüenza que en oficinas públicas los sanitarios sean limpiados por mujeres subcontratadas por alguna empresa, sin seguridad social. Se aprovechan de su condición femenina y sus necesidades para darles un empleo muy precario, con salarios muy bajos. No es posible que permanezcan estos tipos de subcontratación. El gobierno debe ser ejemplo en cumplir la ley, pero es el primero que la viola”.
Un empleado fumiga plantas en la zona de Xochimilco, Ciudad de México. (Nick Wagner / AP)
– ¿Qué opina del programa de empleo para jóvenes?
“Es un proyecto interesante. Es algo inédito. Antes existía, pero tenía pocos fondos y no era tan masivo. Ahora le van a destinar entre 40 y 45 mil millones de pesos. Visto en el presupuesto general es poco. Aunque como un programa específico sí es notable el monto. La idea es abarcar hasta 2.5 millones de jóvenes; sin embargo, creo que sólo alcanzará para 2 millones. El experimento puede ser muy interesante, empero, tiene sus riesgos. Por ejemplo, podría convertirse en un subsidio para las empresas porque van a poder contratar gratis a un joven pagado por el gobierno. Además, si a la persona se le ocupa en actividades auxiliares como limpiar o estibar, no ayudará a su formación, adiestramiento y capacitación. Otra preocupación es que no certifiquen las capacidades adquiridas. El secreto de esto en el mundo, como en Alemania donde existe esta práctica bajo la modalidad de aprendiz –aquí sería un becario–, es que el joven aprenda un oficio y sea certificado. Es decir, se le reconozca con un diploma lo que sabe hacer y con ese papel pueda ir a otra empresa y contratarse”.
– ¿Se busca brindar soluciones a los ninis?
“El término “nini” es ofensivo y falso. En realidad, hay muy pocos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Gran cantidad de jóvenes desempeñan actividades no remuneradas, sobre todo, las mujeres. Llevan a cabo trabajos domésticos, de cuidado familiar y ayudantías en talleres. Los jóvenes sí hacen algo. Debe haber alguno que no haga absolutamente nada, sin embargo, la mayoría no son ninis en sentido estricto. Algunos realizan tareas indispensables en la familia, como el cuidado de los niños pequeños o de los abuelos. Son quehaceres no remunerados ni reconocidos, pero indispensables en el seno familiar”.
– Por otro lado, se anuncia un “cambio radical” en materia de justicia laboral, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué prevé en esta materia?
“Es una reforma que viene de febrero de 2017 con tres asuntos centrales: cambiar la justicia laboral suprimiendo las juntas de conciliación y arbitraje, locales y federales, y crear juzgados adscritos al poder judicial; un centro de conciliación laboral y de registro de contratos y sindicatos, independiente del gobierno; y garantizar el voto universal, directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes sindicales, así como para escoger el sindicato y el contrato colectivo de su preferencia. Eran reformas muy importantes que se han quedado congeladas porque no se cambió la Ley Federal del Trabajo. Ahora hay varios proyectos en la Cámara de Diputados para ver de qué manera se concretan estos avances”.
– ¿Qué prevalece entonces hoy en este renglón?
“Simulación y engaño. Una vida de mentiras mediante los contratos de protección laboral. Son contratos que se firman a espaldas de los trabajadores entre un sindicato de papel y un empresario que acepta firmar y utiliza como parapeto para fingir que se está respetando la ley, cuando en realidad es un engaño total. Es un negocio de abogados y líderes sindicales para beneficiarse de esos acuerdos mediante cuotas que el trabajador paga a un sindicato que nunca ha visto. O para extorsionar a los empresarios bajo la amenaza de hacerles una huelga. La ficción de los contratos colectivos de protección ha sido muy dañina para el mundo laboral y esperemos que con la reforma se vaya acabando con esa práctica”.
– ¿Lo que Usted señala sería un cambio radical?
“Sí, pero esperemos que no sea un cambio súbito porque el mal está tan extendido que acabar con él no será posible en poco tiempo. La ley es un instrumento muy importante para ir erradicando este cáncer que corroe al 80 o 90 por ciento de los trabajadores asalariados. Es tan grave que la OIT la pone como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y en América Latina es una cosa sin comparación. Sólo en México existe esa práctica de los contratos de protección. En otros países, los patrones tratan de burlar la ley, pero no como en nuestro país que se ha convertido en una práctica generalizada. Ha sido un gancho para promover la inversión extranjera, sin embargo, es una vergüenza mundial. En uno de los puntos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay una cláusula que prohíbe los contratos de protección y obliga a México a legislar para prohibir este tipo de convenios”.
Firma del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. (EFE)
– ¿Esta situación tiene lugar en medio de una marcada debilidad institucional?
“En el medio académico y de las entidades multilaterales se habla de debilidad institucional para señalar un problema: la distancia entre la ley y la realidad. En otras palabras: no se aplica la ley. La autoridad encargada de velar por la aplicación de la ley simplemente no hace nada. En el caso de México, las autoridades laborales federales durante muchos años no han hecho nada para vigilar el cumplimiento de la ley. Han dado curso a estos contratos de protección, empleos vulnerables, al incumplimiento del pago del salario mínimo; muchas prácticas laborales que violan abiertamente la Constitución. Las autoridades ven para otro lado. A eso se le llama técnicamente debilidad institucional. En México eso quiere decir abierta corrupción. Una política que favorece a los patrones lastimando a los trabajadores. Las instituciones no cumplen con su obligación”.
– ¿Esto acentúa la desigualdad?
“Se manifiesta en varias desigualdades, por ejemplo, entre hombres y mujeres, que se hace más profunda en el mercado laboral. Las mujeres, en promedio, siguen ganando menos que los hombres incluso en puestos iguales. En general, las mujeres se colocan en empleos más vulnerables y más precarios que los hombres. También hay desigualdades cuando hablamos de edades: entre más jóvenes más desempleo. En cuando a grupos étnicos: los indígenas tienen empleos peor pagados. Y en desigualdad regional: el sureste del país es una región donde hay mucha más empleos precarios, informales y vulnerables que en el norte del país”.
Etiqueta: Justicia Laboral
Promoverá Morena el modelo de conciliación en la reforma laboral
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 22 de enero de 2019, p. 10
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados informó que dará prioridad en el próximo periodo de sesiones a la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia laboral, con la finalidad de aterrizar el modelo de conciliación.
“Líderes sindicales que han hecho fortunas con la venta de contratos de protección a empresas verán el fin de ese negocio”, dijo ayer Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la cámara.
La legisladora recordó que el modelo de justicia laboral permitió los llamados contratos de protección patronal y refirió que en diciembre su bancada presentó una iniciativa de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de dar cauce legal a la reforma constitucional.
Fin a sindicatos “blancos”
En el caso de los sindicatos conocidos como “blancos”, citó que al menos tres cuartas partes de los contratos son de protección patronal, “es decir, no sirven para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”, y sostuvo que la decisión de acabar con esas figuras “será una transformación de fondo en el ámbito laboral ”.
Dolores Padierna cuestionó que los denominados “gobiernos de la alternancia” renunciaron a tocar los pilares del viejo régimen, por incapacidad o por fidelidad a sus patrocinadores, y “mantuvieron un modelo de justicia laboral que favoreció la existencia de sindicatos falsos, que hasta la fecha alimentan mafias laborales a lo largo y ancho del país”.
Expuso que en febrero de 2017 entró en vigor la reforma constitucional en materia de justicia laboral, enfocada en poner fin a sindicatos de ese tipo, así como crear tribunales laborales para sustituir a los que operan en el ámbito del Poder Ejecutivo, con el ánimo de privilegiar la conciliación en la solución de controversias entre trabajadores y empresas.
Señaló que la propuesta de Morena para reformar la Ley Federal del Trabajo tiene la finalidad de hacer realidad los cambios constitucionales. “La iniciativa permitirá, además, cumplir con las obligaciones establecidas en el texto del nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México”, añadió.
Padierna Luna consideró que hacer realidad una reforma de este tipo “entraña numerosos retos, porque los rezagos son enormes. Sólo por dar unos datos: los juicios laborales pendientes en el ámbito federal son el doble que los litigios penales, civiles, mercantiles y familiares. En números gruesos, 400 mil contra 200 mil”.
En ese contexto, resaltó que el Congreso de la Unión debe obligarse a privilegiar la conciliación para que los asuntos de la materia laboral no lleguen a juicio.
https://www.jornada.com.mx/2019/01/22/politica/010n3pol
Morena va por transformación de fondo en el sector laboral: Dolores Padierna
Por Redactor En Ene 21, 2019
Acustik Noticias
La diputada de Morena, Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva, aseguró que se acerca la hora de la justicia laboral, que pondrá fin a los contratos de protección patronal, los cuales históricamente sólo han favorecido a unos cuantos y no han traído verdaderos beneficios para los trabajadores.
Cuando estuvieron en el poder los gobiernos de derecha, mantuvieron un modelo de justicia laboral que favoreció la existencia de sindicatos falsos, de los llamados ‘sindicatos de protección patronal’”.
La diputada de Morena explicó que, en febrero de 2017, entró en vigor la reforma constitucional en materia de justicia laboral, enfocada en poner fin a los sindicatos de protección, a crear tribunales laborales y a privilegiar la conciliación en la solución de las controversias laborales.
Debido a lo anterior, dijo que Morena ya presentó una iniciativa para reforma la Ley Federal del Trabajo y hacer realidad el espíritu de dicha reforma, toda vez que hoy día, tres cuartas partes de los contratos colectivos de trabajo son de protección patronal, mismos que, dijo, no sirven para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Hacer realidad esta trascendente reforma entraña numerosos retos, porque los rezagos son enormes. La decisión de acabar con los contratos de protección significará una verdadera transformación de fondo en el mundo laboral mexicano. Los líderes sindicales, a los que los trabajadores ni conocen y que han hecho fortunas con la venta de contratos a empresas, verán el fin de sus negocios. Y eso es una buena noticia para la sociedad mexicana”.
http://acustiknoticias.com/2019/01/morena-va-por-transformacion-de-fondo-en-el-sector-laboral-dolores-padierna/
Habrá segunda ola de reformas en materia laboral: STPS
FORTALECERÁN INSPECCIÓN EN OUTSOURCING
Bajo qué lineamientos se permitirá la figura de subcontratación y “aterrizar” la reglamentación de la reforma del 2012, el objetivo.
María Del Pilar Martínez
21 de enero de 2019, 00:15
La secretaría del Trabajo y Previsión Social contempla en su política laboral tres acciones fundamentales: Jóvenes Construyendo el Futuro, impulso e implementación de la reforma a la justicia laboral y fortalecer la inspección en outsourcing, que paralelamente iniciará con los trabajos para una segunda generación de reformas en la materia.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dijo que la reforma laboral de 2012 en la que se incluyó, por primera vez, el outsourcing, “no se ha cumplido”, pese a los requisitos que se impulsaron para que no hubiera abuso al “precarizar el empleo” en el país.
En su primer acercamiento con medios de comunicación, la titular del trabajo dijo que está en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, y destacó que es importante que ésta se enfoque en dar cumplimiento a los cambios en la Constitución aprobados el 24 de febrero de 2017 y que se enfocan a la justicia laboral.
En ese sentido, señaló que esta administración, a través de la creación de la Unidad de Trabajo Digno, que dependerá de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, se darán a la tarea de realizar inspecciones para detectar a la “subcontratación abusiva”; de lo que se trata es “de ir a verificar realmente que se cumpla con la Ley Federal del Trabajo e ir promoviendo las reformas necesarias que se requieran en el tema de la subcontratación”.
Y recordó que, de acuerdo con los requisitos actuales en materia de outsourcing, “no puedes subcontratar haciendo las mismas funciones, ese tipo de cosas no deben ocurrir, lo que estamos planeando es actuar (inspecciones), pero también por el otro lado que exista un espacio de discusión para determinar qué se vale y qué no”.
Alcalde Luján admitió que “hay un debate en donde algunas empresas dicen que sólo con que tengan seguridad social se vale, pero eso no dice la Ley Federal del Trabajo, no puedes subcontratar cualquier materia de trabajo; entonces creo que por un lado se puede avanzar en ese sentido, pero también podemos ya tener planes estratégicos a sabiendas que hoy hay empresas que actúan fuera de la ley, pero creo que se tiene que abrir un espacio de diálogo”.
Añadió que “yo creo que sí se requieren reformas para aclarar muy bien los supuestos. Mi visión, no es si se permite o se prohibió; si no si se va a permitir bajo qué lineamientos se hará, cómo vamos a ir definiendo que no se convierta en una figura que lo único que genera es precarización del trabajo e incumplimiento de obligaciones, evasión fiscal, evasión por el lado del seguro social”.
Por lo que la dependencia tomará este tema de manera conjunta con instituciones como IMSS y SAT, “para realmente tener una estrategia en conjunto que nos permita dar golpes de precisión”.
Destacó que la dependencia no pondrá ni quitará dirigentes sindicales, de lo que sí se encargará es de revisar que los procesos internos se cumplan, “hoy la Secretaría de Trabajo, con la Dirección de Registro y Asociaciones, sólo se encarga del registro”, pero una vez que se apruebe la reforma “habla de todo el procedimiento, que no nada más tiene que ver con que haya una urna y que se deposite el voto secreto; habla de padrones confiables, históricamente los padrones se han manipulado, habla de convocatorias abiertas”.
Hacia un nuevo capítulo en outsourcing
En el 2012 se incluyó, por primera vez, en la Ley Federal del Trabajo al outsourcing.
En los artículos 15A a 15D se realizó la reglamentación del outsourcing en el país, en el que, según estimaciones de empresas de recursos humanos, hay cerca de 6 millones de trabajadores. La ley contempla:
1) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.
2) Deberá justificarse por su carácter especializado.
3) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.
La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente de que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.
No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales (multa por el equivalente de 250 a 5,000 veces la UMA).
pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Habra-segunda-ola-de-reformas-en-materia-laboral-STPS-20190121-0010.html
Estos son los temas laborales que les interesan a los diputados
Transparencia en la elección de líderes sindicales, subcontratación regulada y vigilada, derechos para las trabajadoras del hogar y home office. Estos son algunos de los temas en materia laboral que los diputados federales de la actual legislatura quieren legislar.
Blanca Juarez
16 de enero de 2019, 14:17
Los derechos laborales serán unos de los temas importantes en la LXIV legislatura. Foto: Especial
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados han llegado ya 47 iniciativas en esta LXIV legislatura, que inició en septiembre de 2018. De ellas, 34 serán dictaminadas exclusivamente por ese grupo, nueve serán revisadas con otras comisiones y en cuatro sólo aportará su opinión.
Algunas propuestas abordan temas pendientes de la reforma laboral de 2017. Por ejemplo, la subcontratación, o la creación de nuevos órganos de justicia que sustituyan a las juntas de conciliación y arbitraje.
Los diputados también quieren legislar prácticas como la flexibilización de horarios y la posibilidad de trabajar desde casa, pues cada vez más compañías las están utilizando, un poco presionadas por las nuevas generaciones que exigen otras formas de desempeñar sus tareas.
Segunda regulación a la subcontratación
Desde 2009 la Ley del Seguro Social contempla el esquema de subcontratación. En ese año se establecieron reglas para los empleadores que operen con ese esquema. Sin embargo, la gran mayoría ha cumplido, afirma el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) propone que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sea la encargada de emitir las normas que obliguen a los patrones a cumplir con sus responsabilidades laborales.
Robledo Leal expone en la argumentación de su iniciativa que la subcontratación es lo mismo que outsourcing. Es decir, es cuando una empresa contrata a otra para que se haga cargo de cierta parte de su actividad o proceso productivo.
La subcontratación, dice el legislador, ha facilitado “la erosión y desprotección de los trabajadores en México”. Del total de las empresas que trabajan con ese sistema, sólo 100 están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Y de ese centenar, sólo 40 por ciento paga impuestos. Muchas de esas compañías, que emplean a más de 2 millones de personas, violan los derechos de los empleados y simulan cumplir con los servicios para los que se les contrató, indica en su exposición de motivos.
Por ello, pretende reformar el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo (LFT), para especificar que la STPS será la responsable de poner orden y evitar que estos abusos sigan ocurriendo.
El sueño legislado del home office
Una de las iniciativas más populares es la del home office. El 2 de octubre del año pasado, la diputada Lyndiana Bugarín Cortés, presentó la propuesta de su grupo parlamentario, el del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Los legisladores de esa bancada proponen modificar la LFT y que un día de la semana laboral los colaboradores puedan trabajar desde casa. La iniciativa también contempla horarios escalonados.
Estos esquemas no serían obligatorios, los implementarán quienes puedan y deseen hacerlo. Pero al estar considerados dentro de la ley, protegerá a empleados y patrones ante algún conflicto.
La principal motivación de los diputados para proponer esta reforma es reducir la contaminación vehicular. La movilización de millones de empleados a sus centros de trabajo, que en ciudades como la México, Monterrey o Guadalajara genera caos vial, es lo que tratan de aminorar.
Por ello, iniciativa será dictaminada en la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. La Comisión de Trabajo solo dará su opinión sobre los cambios que se pretenden hacer a diferentes leyes.
Van por la transparencia de los sindicatos
Otro tema que será relevante en esta legislatura es el de los sindicatos. La iniciativa del diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo (PT), pretende garantizar que el voto de los trabajadores para elegir a su directiva sea libre y secreto.
Actualmente, el artículo 371 de la ley del trabajo permite que las elecciones sean directas o indirectas. Es decir, en muchos sindicatos, como el de Petróleos Mexicanos (Pemex) los agremiados votan a mano alzada, a la vista de los candidatos y los dirigentes. El legislador propone especificar que el sufragio debe ser libre y secreto.
La bancada de Morena también quiere hacer adecuaciones a la ley para garantizar la democracia sindical. Su iniciativa también va por voto libre y secreto, y además por la paridad de género en la dirigencia. Asimismo, exige que los sindicatos tengan una constancia de representatividad para realizar cualquier trámite, como la negociación salarial.
Hay otra propuesta, la de Nayeli Salvatori Bojalil, diputada del Partido Encuentro Social (PES). Ella también quiere eliminar el voto a mano alzada, y además busca que las directivas tengan un periodo de hasta seis años.
Nuevas juntas de conciliación
Uno de los pendientes de la reforma laboral de 2017 es la creación de los nuevos centros de justicia laboral. Los diputados de Morena presentaron una iniciativa para instaurar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Ese órgano tendrá la función de conciliar los conflictos entre empleados y empleadores. La iniciativa señala que, además, cada estado del país deberá tener un centro de conciliación local. Una vez que estén en operación, las justas de conciliación y arbitraje desaparecerán.
Actualmente las JCA intentan que la parte patronal y obrera lleguen a un acuerdo. Si no sucede, ellas mismas emiten una sentencia sobre el asunto. Los nuevos organismos solo se encargarán de concertar a ambas partes. Si no se logra, la resolución del conflicto la dictará el Poder Judicial.
Derechos laborales de las trabajadoras del hogar
Los derechos de las trabajadoras del hogar son otras de las iniciativas más numerosas. Hasta ahora van cinco. Las propuestas van desde eliminar la palabra «domésticas» en la Ley Federal del Trabajo, hasta reconocerles derechos como el de la vivienda.
Antes de pedir licencia como diputada federal para dirigir la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara envió una iniciativa para pedir la reforma a varios artículos de la LFT y cambiar el concepto de “trabajadores domésticos” por “trabajadores del hogar”.
Esta ha sido una de las demandas de las empleadas de ese sector, pues argumentan que definir su trabajo como doméstico las confina a lo privado, donde difícilmente el Estado puede hacer regulaciones.
En tanto, la diputada Marcela Torres Peimbert, del PAN, también con reformas a la LFT, pide que tengan las prestaciones que marca la ley para otros trabajadores; como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, seguridad social y aguinaldo.
Propone dividirlas en tres grupos: las empleadas que trabajan para un patrón y residen en el domicilio, o “de planta”; las que trabajan para un patrón y no viven en el domicilio, o “de entrada por salida”, y aquellas que trabajan para diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguno de ellos.
Finalmente, la diputada Anilú Ingram Vallines, del PRI, quiere modificar el artículo 146 de la LFT y establecer la obligatoriedad de los patrones a pagar las aportaciones al Instituto del Seguro Social. Igual que la Torres Peimbert, quiere que su una jornada laboral sea de hasta 8 horas, pues actualmente no hay un límite.
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Estos-son-los-temas-laborales-que-les-interesan-a-los-diputados-20190116-0089.html
La reforma de justicia laboral más profunda en más de un siglo
La reforma es necesaria ante la evidencia rigurosa de la existencia de los contratos de protección patronal (76% de los contratos colectivos de jurisdicción federal) y el pésimo funcionamiento de los juicios laborales individuales, que en su mayoría son demandas por despido injustificado.
Por: David S. Kaplan (@David_S_Kaplan) y Joyce Sadka
El 25 de febrero de 2017 entró en vigor una reforma constitucional en materia de justicia laboral que fijó el marco general para establecer un nuevo sistema de justicia laboral. La reforma constitucional contiene tres aspectos básicos. Primero, con la finalidad de erradicar los llamados “sindicatos de protección patronal”, se hace obligatorio que un sindicato compruebe que representa a los trabajadores, a través del voto libre y secreto. Segundo, se transfieren los juicios laborales que actualmente se resuelven en el poder ejecutivo, específicamente en las juntas de conciliación y arbitraje, a tribunales laborales del poder judicial para mejorar el proceso y la calidad de impartición de justicia. Tercero, para privilegiar la conciliación en el proceso de solución de controversias, se instituye una etapa de conciliación obligatoria en una instancia administrativa como condición previa para iniciar un juicio laboral.
El 3 de enero de 2019, el grupo parlamentario de Morena envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de Justicia Laboral (la iniciativa). El propósito principal de la iniciativa es cumplir con lo establecido en la reforma constitucional de 2017. Adicionalmente, la iniciativa permite satisfacer las obligaciones establecidas en el nuevo tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos; en términos prácticos, este tratado establece la aprobación de la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional de 2017 como condición para la entrada en vigor del tratado.
En nuestra opinión, la iniciativa representa un avance importante para la impartición de justicia laboral en el país. (Es de notar que no opinábamos lo mismo sobre la reforma de 2012). La iniciativa fue elaborada a partir del trabajo de un grupo de expertos organizados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, el cual incluyó litigantes patronales, litigantes de los trabajadores, autoridades laborales de niveles tanto local como federal, miembros de poderes judiciales, sindicalistas, representantes del sector patronal y académicos. La diversidad de opiniones y la apertura de los participantes dio como resultado una iniciativa de reforma sólida y muy rica. No obstante, consideramos que la iniciativa podría ser mejorada sustancialmente por medio de ajustes menores. Esta columna tiene el afán de sugerir estos ajustes.
Una reforma necesaria ante un problema gigantesco
¿Por qué es necesaria esta iniciativa? Hay dos respuestas claras. La primera es la evidencia rigurosa de la existencia de los contratos de protección patronal, es decir, los contratos colectivos que no sirven para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Se estima que el 76% de los contratos colectivos de jurisdicción federal son de protección patronal. La segunda es el pésimo funcionamiento de los juicios laborales individuales, que en su mayoría son demandas por despido injustificado.
Los juicios laborales presentan un sinfín de problemas. Aquí explicamos solo un ejemplo. En 2011 realizamos un estudio del funcionamiento de una de las Juntas Locales más grandes del país, sistematizando en bases de datos electrónicas la enorme riqueza de información que aparece en los expedientes de dicha Junta. En este estudio descubrimos que más del 50% de los laudos favorables al trabajador no se cumplían. En este mismo estudio, utilizando métodos de estimación estructurales estimamos que alrededor del 40% de las empresas que pierden laudos en la jurisdicción estudiada, son “a prueba de cobranza”, es decir, aun cuando el trabajador intenta un procedimiento de ejecución, es imposible ejecutar un laudo laboral en su contra. Por un lado, esto ocurre porque muchas empresas dejan de existir durante los tres años que se requieren en promedio para alcanzar un laudo (mientras según la ley un juicio debe durar menos de cuatro meses). Por otro lado, muchas cuentan con mecanismos para evitar el pago, como la manipulación de diversos Registros Federales de Contribuyentes o la corrupción de las autoridades laborales que deben dar cumplimiento a los laudos.
El tipo de problemas del párrafo anterior son sistémicos en la justicia laboral y provienen de los malos incentivos que la propia ley provee y la impunidad en su aplicación. Por estas razones, el traslado de los juicios laborales al poder judicial no representa por sí solo un beneficio significativo. Es necesario mejorar la ley para eliminar los incentivos a las prácticas indebidas y fortalecer las herramientas que aseguran el cumplimiento de las decisiones finales de los tribunales.
Una reforma ambiciosa, pero con riesgos
Sin duda la reforma laboral tiene potencial para revolucionar, en el buen sentido, el sindicalismo mexicano y la impartición cotidiana de la justicia laboral. Pero también presenta retos complejos de diseño e implementación. ¿Cómo diseñar mecanismos efectivos y costeables de verificación de la representatividad de un sindicato? ¿Cómo rediseñar la ley sustantiva y procedimental para que no se reproduzcan en el poder judicial los mismos malos incentivos y prácticas que observamos en las juntas de conciliación y arbitraje? ¿Cómo evitar la duplicación de procesos e implementar la coordinación y comunicación correcta entre instancias administrativas y judiciales y proveer incentivos a patrones y trabajadores para que la conciliación sea efectiva y se transforme en la manera más común de solucionar los conflictos laborales?
Sobre este último punto es importante señalar que la reforma será inoperable si los centros de conciliación que crea no resultan efectivos para conciliar un alto porcentaje de los conflictos. Esto es porque la cantidad de juicios laborales es enorme en comparación con la carga de trabajo actual del poder judicial. En 2017, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reportó 422,978 juicios laborales en trámite, de los cuales aproximadamente la mitad eran conflictos individuales del trabajo. En el mismo año el Poder Judicial de la Federación tuvo en trámite alrededor de 200,000 juicios en materia civil, mercantil, familiar y penal. Para el mismo periodo el INEGI declaró que solamente el 51.4% de los conflictos de despido en México (de jurisdicción local) concluyeron en un convenio conciliatorio. (La tasa de convenios a nivel federal difícilmente superaría la local por renuencia a conciliar de los organismos paraestatales). La única solución a este problema grave de flujos, que requeriría una expansión incosteable de la infraestructura y capacidad del poder judicial, es aumentar muy sustancialmente la tasa de convenios conciliatorios para concluir los juicios laborales.
La buena noticia es que es posible mejorar los procesos de conciliación, pues países con alta propensión al litigio como EEUU, y otros con leyes extremadamente favorables a los trabajadores como Australia, logran conciliar el 80% de sus conflictos laborales. Más aún, un estudio empírico muy reciente llevado a cabo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México muestra que, en los juicios laborales, proporcionar información estadística directamente al trabajador sobre los probables resultados del juicio aumenta sustancialmente la probabilidad de alcanzar un convenio y mejora el bienestar del trabajador. Por esta razón, nos parece muy apropiado que la iniciativa exija que el trabajador comparezca personalmente a la audiencia de conciliación.
¿Qué hace la reforma en esta iniciativa?
En lo colectivo, la propuesta instituye mecanismos serios para la verificación y declaración de representatividad, lo que dificultará la existencia o persistencia de sindicatos falsos. Nuestra experiencia en la investigación y en el campo, sin embargo, se concentra en el derecho individual del trabajo, por lo que concentraremos nuestros comentarios en cómo la nueva ley regularía los conflictos de despido, que representan más del 90% de las demandas laborales de tipo individual. En nuestra opinión, la iniciativa tiene los siguientes aspectos cruciales:
- La inclusión de sanciones importantes por actos indebidos de partes, litigantes y funcionarios.
- La creación de los órganos de conciliación con la autonomía e independencia de función necesarias para que sean efectivos.
- El establecimiento de un procedimiento de conciliación sensato, que incluye una sanción significativa para los patrones citados que no asistan a la audiencia de conciliación y la exigencia de que el trabajador mismo (no necesariamente con un abogado) esté presente en la audiencia.
- La adopción de innovaciones en las notificaciones a las partes involucradas, las cuales suelen ser los principales cuellos de botella en los juicios. Una innovación importante es la creación de buzones electrónicos para facilitar la comunicación para las notificaciones posteriores a la primera. Otra innovación es la asignación diaria y aleatoria de los expedientes a los notificadores, lo que se ha mostrado científicamente como efectivo en reducir la probabilidad de que los notificadores incurran en actos de corrupción, pues tendrían menos poder sobre el proceso.
- La inclusión de las pruebas en el escrito inicial de demanda, lo que debe traducirse en un ahorro importante de tiempo.
- El carácter oral de las audiencias jurisdiccionales, con un procedimiento moderno y la presencia obligatoria del juez laboral.
- La no reversión de la carga de la prueba en un juicio laboral como resultado del ofrecimiento de reinstalación del patrón al trabajador. Este es un cambio sutil pero importante. En un juicio laboral donde la relación laboral es evidente, el patrón tiene la carga de la prueba; es decir, para ganar el juicio, el patrón debe probar que el despido no ocurrió, o que fue justificado. No obstante, bajo la normatividad vigente, el patrón puede revertir la carga de la prueba si ofrece restituir el empleo al trabajador. Por esta razón, es difícil que un trabajador rechace la oferta de regresar a su empleo. En muchos casos, estas ofertas de reinstalación son simulaciones. El patrón ofrece que el trabajador regrese para evitar ser condenado en el juicio actual, pero al poco tiempo vuelve a despedir al trabajador.
- Permitir que un patrón que no dio un aviso de despido demuestre que el despido fue justificado. Actualmente, el simple hecho de no haber dado un aviso de despido es suficiente para una determinación de un despido injustificado. Sin embargo, entregar un aviso de despido es difícil o costoso en muchos casos, especialmente para empresas pequeñas.
- La inclusión de una obligación para las autoridades jurisdiccionales de utilizar mecanismos efectivos de cumplimiento de sus sentencias, como son la investigación y embargo de cuentas bancarias a través del Sistema de Atención a Requerimientos de Información de Autoridad del SAT y el aviso al IMSS para las sanciones pertinentes en materia de seguridad social.
A pesar de todas las bondades de la iniciativa, consideramos que hay un riesgo que podría limitar su efectividad. La iniciativa especifica que la primera notificación tiene que ser personal (no electrónica) y tiene que ocurrir en un plazo máximo de cinco días después de que el trabajador pide la audiencia de conciliación. Si no logran realizar la notificación en ese plazo, se da por concluida la fase de conciliación y se procede a la fase judicial. Con base en la experiencia de las notificaciones en las juntas de conciliación y arbitraje, nos preocupa que en la gran mayoría de los casos las notificaciones no ocurran a tiempo para que el proceso de conciliación se lleve a cabo. La falta de conciliación ahogaría las instancias jurisdiccionales y podría llevar la iniciativa al fracaso. Los ajustes que sugerimos para evitar estos riesgos son:
- Dotar a las autoridades de conciliación de un plazo más largo y de mejores herramientas para realizar la primera notificación. Los cinco días permitidos en la iniciativa de Morena simplemente no son suficientes para llevar a cabo la primera notificación. Dado que la iniciativa contempla un periodo de 45 días para la fase de conciliación, es perfectamente factible agregar 10 días para la primera notificación.
- Obligar a la notificación electrónica. La iniciativa permite la notificación electrónica para las notificaciones posteriores a la primera, pero no le da un carácter obligatorio, a pesar de la comparecencia personal previa de la parte a notificar, ni siquiera en el caso de que esta parte sea un organismo público. La notificación electrónica debe ser obligatoria para los organismos públicos, incluyendo la primera notificación, pues en la actualidad reciben todo tipo de notificaciones oficiales por medios electrónicos, incluyendo las hacendarias, las de amparo y otras. Proponemos que las notificaciones para los particulares, posteriores a la primera, sean obligatoriamente electrónicas, con pocas excepciones en los casos en que realmente no se tiene acceso a medios electrónicos. Finalmente, todas las notificaciones en la fase judicial deben ser electrónicas. Es decir, las instituciones tanto de conciliación como jurisdiccionales deben estar vinculadas de manera que la notificación personal de los centros sirva para sustentar notificaciones electrónicas posteriores por parte de los tribunales. De otro modo, la notificación personal, que es el cuello de botella más importante del proceso laboral, se duplica, entorpeciendo el trabajo de las nuevas instituciones y poniendo en riesgo la efectividad de una buena reforma.
Como comentario final, es imprescindible que las nuevas instituciones a cargo de la justicia laboral cuenten con sistemas de gestión inteligentes, integrales y seguros para garantizar un manejo eficiente del proceso de todo conflicto laboral, tanto en la etapa de conciliación como en la de juicio. Es difícil exagerar la importancia del diseño e implementación correctos de estos sistemas, y la vinculación informática efectiva de todas las autoridades involucradas (centros de conciliación y tribunales laborales), además de organismos que son partes, terceros, o coadyuvantes en la ejecución de sentencias (IMSS y SAT, por ejemplo). Ojalá haya la voluntad política de utilizar los recursos y herramientas tecnológicas disponibles para darle la mejor oportunidad de éxito a esta iniciativa con el fin de garantizar la calidad y acceso a la justicia laboral para todos.
* David S. Kaplan es Especialista Sénior en la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Forma parte del grupo de expertos de @MexicoComoVamos. Joyce Sadka es profesora e investigadora del ITAM. Es doctora en economía por la Universidad de Rice y obtuvo el grado de Juris Doctor por la Universidad George Mason.
https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-mexico-como-vamos/2019/01/15/la-reforma-de-justicia-laboral-mas-profunda-en-mas-de-un-siglo/?fbclid=IwAR3YLHK5Fb-pIEuFEIqJPiC0w6RCWNKdrz7FEBqY9K-WJ-Fu8R17zqRdUwY
Cambios a marco laboral se suman a incertidumbre de IP, Congreso avalará pronto y prevén más huelgas
*El viernes humo blanco en CCE, elegirán a Salazar y 27 de febrero asunción; por 3º año caerá venta de camiones y 5.5% en 2019; Sampaio también en Sanofi Pasteur
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres, Nombres / Heraldo de México
POR ALBERTO AGUILAR ENERO 15, 2019
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EN EL CONTEXTO de las versiones vinculadas con respecto a posibles cambios en la dirigencia del sindicato petrolero a cargo de Carlos Romero Deschamps, ya está en curso una reforma de fondo a la Ley Federal del Trabajo, justo para erradicar los sindicatos de protección tan útiles para el gobierno y las empresas en los últimos años.
Más allá del derrotero que pueda tener el desprestigiado dirigente del STPRM, la intención el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es modificar el andamiaje legal que se utilizó en los últimos años para que la sobrevivencia de ese tipo de agrupaciones sea imposible.
Para ello el 22 de diciembre ya se publicó una iniciativa con cambios a la Ley Federal del Trabajo que se estima será aprobada sin dificultades en el próximo periodo de sesiones del Congreso.
Elaborada por la Secretaría del Trabajo que lleva Luisa María Alcalde, será apenas la tercera modificación a esa legislación desde 1970. La primera fue en 2012, sin tocar el tema de negociación colectiva, que ahora es el fondo, y la segunda en 2017.
Este es un asunto que sigue de cerca la IP vía el CCE de Juan Pablo Castañón, otros de sus organismos así como expertos.
Recordará que la ratificación del convenio 98 de la OIT por el Senado en septiembre causó agrias críticas, pese a que va en la dirección de acabar con los “sindicatos charros” en pro de una libertad de asociación.
Amén de la voluntad del actual gobierno de ir por dicho camino, la propia presión internacional contra el actual esquema laboral mexicano se ha hecho patente.
Primero en la negociación del TPP con un capítulo 19 orientado a garantizar la libertad de asociación, de negociación colectiva y de mejoramiento a justicia laboral del que surgió la reforma del 2017, cuya ley secundaria está pendiente.
Luego también en el TLCAN. Ahí EU y Canadá obligaron a México a ceñirse a un anexo con obligaciones puntuales para romper el actual estatus de contención salarial y que catalogan como “dumping”.
La prisa por publicar la iniciativa de ley laboral antes del 31 de diciembre responde a un compromiso expreso.
Las recientes alzas al salario mínimo van en la misma dirección, más allá del desfase que ya se dio con los “salarios mínimos profesionales” factor que presionará la inflación con los ajustes próximos en las negociaciones colectivas.
Es indudable que se requieren aumentar las remuneraciones, pero debe realizarse con cautela para no regresar a los 80´s. El abogado experto Oscar de la Vega dice que entonces “los salarios subían por la escalera y los precios por el elevador”.
Como parte de los cambios a la ley, los trabajadores podrán asociarse al sindicato sólo de manera voluntaria. Ya no existirán las cláusulas de exclusión como las que validan al STPRM, entre otros. En ese sentido deberán reinventarse esas agrupaciones.
También acabarán los contratos de protección que utilizaron las empresas contra los chantajes de huelga injustificados y los eternos estadios de prehuelga, para que esta figura se ajuste a la realidad de los trabajadores.
Se va a regresar a una actividad más acelerada de estos movimientos con tribunales de conciliación que deben renovarse conforme a los cambios de ley.
La IP ya se prepara a esta otra arista de cambios en la escena económica, lo que agrega incertidumbre en detrimento de la inversión.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/cambios-a-marco-laboral-se-suman-a-incertidumbre-de-ip-congreso-avalara-pronto-y-preven-mas-huelgas/?fbclid=IwAR3sgjtpj57l5eb82N0w4AAp0oKeEBJIA0JnQNBVy3Irt25VDpZA3gwiR_M
Secretaría del Trabajo y Poder Judicial se quedan sin presupuesto para reforma laboral
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 no prevé recursos para este propósito hasta que se aprueben las leyes secundarias en materia laboral.
ZENYAZEN FLORES @ElFinanciero_Mx4:50
La reforma laboral es un compromiso adquirido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Fuente: Bloomberg
14 enero 2019
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) se quedaron sin presupuesto para echar a andar la reforma laboral en materia de justicia durante 2019, a pesar de que la aprobación de esa reforma es un compromiso adquirido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Bajo el contexto de mayor austeridad y disciplina presupuestaria en el que se plantea el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, no se prevén recursos para este fin, hasta en tanto se cuente con las señaladas reformas secundarias”, suscribe el Poder Judicial en su estrategia programática para este año.
El Poder Judicial argumenta que la reforma secundaria se encuentra suspendida, por lo que al no tener definido el proyecto del nuevo procedimiento laboral, resulta imposible planear estructuras orgánicas con certeza, de los nuevos juzgados y tribunales laborales.
Carlos Ferrán, socio del bufete Cuesta Campos y coordinador de Comisiones del Colegio de Abogados, consideró que desde que empezó la discusión de la reforma constitucional en materia de justicia una de las grandes preguntas fue el presupuesto, ya que al ser el Poder Judicial el que recibirá los asuntos laborales, requerirá de recursos iniciales para capacitar al personal.
“La reforma es tan ambiciosa que si no se acompaña del presupuesto adecuado, lo que va a pasar es que funcionará mal el nuevo sistema de justicia laboral o nos llevaremos más de 10 años en la implementación”, expuso Ferrán.
El partido Morena presentó el 22 de diciembre de 2018 ante la Cámara de Diputados la iniciativa sobre justicia y democracia laboral correspondiente a las leyes secundarias de la reforma constitucional de febrero de 2017, la cual se prevé inicie su discusión durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/secretaria-del-trabajo-y-poder-judicial-se-quedan-sin-presupuesto-para-reforma-laboral
Ver también
Sin recursos para la justicia laboral acusatoria muchos tiemblan por las leyes secundarias y la revancha del nuevo régimen
Plataforma Laboral
+Sin dinero la reforma laboral
Armando Téllez Flores
No se sabe si fue a propósito, pero en el paquete financiero presupuestario para el presente año no se ven recursos para la instrumentación de la Reforma Laboral, y sobre todo para la instrumentación de la nueva justicia laboral y concretamente de la instalación de los nuevos tribunales, sustitutos de las justas de Conciliación y Arbitraje.
Nadie lo discute, pero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) se quedaron sin presupuesto para echar a andar la reforma laboral en materia de justicia durante 2019, a pesar de que la aprobación de esa reforma es un compromiso adquirido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Y mientras los sindicatos siguen sudando en frio , bajo el contexto de mayor austeridad y disciplina presupuestaria en el que se planteó el Presupuesto de Egresos 2019, no se destinaron recursos para este fin, hasta en tanto se cuente con las señaladas reformas secundarias.
El Poder Judicial argumenta que la reforma secundaria se encuentra suspendida, por lo que al no tener definido el proyecto del nuevo procedimiento laboral, resulta imposible planear estructuras orgánicas con certeza, de los nuevos juzgados y tribunales laborales y además los grupos legislativos no se ven preocupados al respecto.
Asi las cosas ,la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) se quedaron sin presupuesto para echar a andar la reforma laboral en materia de justicia durante 2019, a pesar de que la aprobación de esa reforma es un compromiso adquirido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual lo mantiene en serio riesgo.
Bajo el contexto de mayor austeridad y disciplina presupuestaria en el que se planteo el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, no se guardaron recursos para este fin, hasta en tanto se cuente con las señaladas reformas secundarias.
El Poder Judicial argumenta que la reforma secundaria se encuentra suspendida, por lo que al no tener definido el proyecto del nuevo procedimiento laboral, resulta imposible planear estructuras orgánicas con certeza, de los nuevos juzgados y tribunales laborales.
El partido Morena presentó el 22 de diciembre de 2018 ante la Cámara de Diputados la iniciativa sobre justicia y democracia laboral correspondiente a las leyes secundarias de la reforma constitucional de febrero de 2017, la cual se prevé inicie su discusión durante el próximo periodo extra ordinario de sesiones.
Pero entre tanto se presentan acciones en contra de posiciones cetemistas, como fue ayer la salida del secretario general del IMSS, Juan Carlos Velasco y la advertencia de que pudieran seguir sustituciones muy parecidas como en el INFON AVIT, FONACOT y en otras instituciones…..
(tellezflores@hotmail.com)
https://prensatellez.blogspot.com/2019/01/sin-recursos-para-la-justicia-laboral.html?fbclid=IwAR0LStpQcJ3XqeSoXmFoG26Ad7hiVwfKXd-aE6Cy4DbweqNVJUt10OzZ1ZU
Jalisco: Buscarán eliminar a los “coyotes” en alrededores de Conciliación y Arbitraje
Así lo informó el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Gollaz
Foto: Twitter @MarcoValerioGDL
DOMINGO 13 DE ENERO DE 2019
Viridiana Saavedra Ponce
La estrategia para eliminar a los “coyotes” en los alrededores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se fundamenta en la tecnología, informó Marco Valerio Pérez Gollaz, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al dar a conocer que ya han platicado con distintos organismos para proporcionarles apoyo y eliminar la corrupción.
“Es un planteamiento que estamos puliendo, desde el punto de vista estratégico y también de incorporarnos con certificaciones de despachos con buenas prácticas, así como se certifican contadores en el Colegio de Contadores, abogados en la Barra Mexicana de Abogados, queremos incorporar, para que no sorprendan a los trabajadores que acuden y que no sea solamente un número por tener un expediente”.
Afirmó que la falta de presupuesto no va a ser una justificación, porque la tecnología está al alcance de todos “y es nada más cuestión de diseñar el traje a la medida e incorporarlo al trabajo diario de la Secretaría”.
El objetivo final, dijo, es ofrecer certidumbre para que lleguen más empresas a Jalisco. “Vamos a poner verdadero orden en materia de la justicia laboral y nos interesa como prioridad que se conserven las fuentes de empleo y que crezcan a partir de generarle las mejores condiciones a las empresas, queremos que exista mucha inversión extranjera y nacional”.
https://www.eloccidental.com.mx/local/buscaran-eliminar-a-los-coyotes-en-alrededores-de-conciliacion-y-arbitraje-2918427.html
Una reflexión sobre la reforma laboral
Por Jesús Enrique Ramírez Pérez
11 enero 2019
En el marco del foro Justicia Laboral y Seguridad Social del foro Justicia en Construcción, en la Ciudad de México, y que reunió a especialistas que analizaron la propuesta del Gobierno Federal de modificar la Ley Federal del Trabajo, uno de los abogados laboralistas líderes en el país, Jorge de Presno, se expresó sobre el sindicalismo nacional y destacó que México no practica una adecuada negociación colectiva y tampoco una adecuada libertad de sindicalización. El jurista afirmó por su propia experiencia en los juzgados que “Los contratos de protección son usados por algunas empresas en México para evitar emplazamientos a huelga que pueden servir para extorsionar a los patrones”.
Esta reflexión del destacado abogado no está nada alejada de la realidad nacional, incluso, hemos estado viviendo un ejemplo en la entidad de ello, y es el caso de los trabajadores de Nissan Mexicana con la CTM.
Hace meses un grupo de ahora extrabajadores de Nissan Mexicana nos buscaron para defenderlos ante los abusos y abandono de su central obrera, que en efecto había negociado contratos colectivos sin haber tenido la atención de consultarles, solaparon la discriminación y violencia de género entre los operarios, sus líderes nunca tuvieron la atención de presentarse con ellos, y formaban parte sin saberlo, de un listado que históricamente ha sido usado a para alimentar las bases del PRI en el país.
En la CROM, hemos sido más que críticos ante las acciones del sindicalismo nacional, incluso, en el estado hemos impulsado nuestro proyecto como el Nuevo Sindicalismo, en el que estamos a favor de la adhesión de México al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical, en la que los trabajadores no sólo podrán crear su propio sindicato, podrán elegir a cuál quieren pertenecer si este le conviene, eso, por una sensata lógica nos obligará a las centrales obreras a ofrecer cada vez más beneficios para nuestros agremiados.
En la misma reforma, los sindicatos estaremos trabajando de la mano a la transparencia y uso sano de las finanzas, que si bien no están siendo financiados por recursos públicos, están siendo financiados por los trabajadores.
En el nuevo Sindicalismo tenemos que pugnar porque con el reciente aumento a los salarios en el país, se construyan lazos de colaboración entre empresa-gobierno-trabajadores para que no se incrementen las tasas de empleos informales, y por último, que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá la mano de obra mexicana no se conviertan en una competencia desleal respecto a Canadá y Estados Unidos, particularmente en la industria automotriz.
En vías de la Reforma Laboral, habrá que privilegiar la democratización sindical y garantizar relaciones laborales libres de violencia, así lo esperamos y así seguiremos trabajando de la mano a los trabajadores.