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Advierte senador Luis Humberto retrocesos con propuesta de Reforma Laboral

  • La Prensa Sábado 17 de febrero de 2018 en México

 

Por: Genoveva Ortiz
Ciudad de México.- El senador Luis Humberto Fernández Fuentes advirtió que la propuesta de reforma laboral impulsada por los senadores del PRI y líderes sindicales Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas representa una contrarreforma dañina para los trabajadores.
El legislador del grupo parlamentario del PT recordó que el 24 de febrero de 2017 se publicó la reforma Constitucional en materia de Justicia-Laboral, con la cual se logró transferir la impartición de justicia laboral a los Tribunales laborales del Poder Judicial; crear un organismo encargado del proceso Conciliatorio; y brindar certidumbre a los trabajadores en su orden democrático en las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos.
Apuntó que el 24 de febrero de 2018 se cumple el plazo para llevar a cabo las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo aprobado en 2017.
No obstante, “vemos el cinismo de supuestos líderes que presentaron una contrarreforma que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora; la contrarreforma anula los pocos logros que se dieron con la Reforma Constitucional. En un momento en el que el mundo gira en favor de lo social, cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta iniciativa los desprotege”.
Fernández Fuentes subrayó que la iniciativa en comento libera del outsourcing, “que no sólo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también, un elemento coadyuvante del lavado de dinero”.
Además, agregó, echa para atrás uno de los logros más importantes de la reforma, el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo, pues en la iniciativa ni se menciona, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección.
Luis Humberto Fernández señaló que con la propuesta de reforma laboral el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria.
“También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores”, dijo.
El senador cuestionó que si bien hay fecha límite para legislar esta materia, no hay razón para que el Gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral.
“Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar”, concluyó.
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https://www.la-prensa.com.mx/mexico/277064-advierte-senador-luis-humberto-retrocesos-con-propuesta-de-reforma-laboral
Justicia Laboral

Iniciativa laboral: un monstruo jurídico


sábado 17 de febrero de 2018
Arturo Alcalde Justiniani
A medida que se conoce el contenido de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada el 7 de diciembre de 2017 por dos senadores del PRI, cumpliendo el encargo del gobierno federal, provoca mayor rechazo. Desde diversos ámbitos del país se han generado severas críticas a la iniciativa, debido a que no sólo es contraria a la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, la cual supuestamente busca reglamentar, sino que propone un nuevo modelo laboral que debilita la estabilidad en el empleo, al favorecer el despido injustificado y una profunda regresión a nivel de derechos individuales y colectivos, lo cual provocará mayor encono social y pobreza. Además de lo anterior, se diseña un procedimiento enredoso, contradictorio y lesivo para quienes acudan a juicio, sean trabajadores o patrones.
Es común preguntarse sobre las razones por las cuales el ex secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, avaló una iniciativa semejante y con tantas deficiencias, mismas que como pocas veces han logrado unificar a sus críticos, sean sirios o troyanos.
Se dice que el error –imperdonable– fue soltar la elaboración de la iniciativa y dejarla en las manos de despachos de abogados, vinculados al negocio de los contratos colectivos de protección y al outsourcing.
Por ello, gran parte de la iniciativa se convirtió en una trampa y podría dar lugar a abusos inexplicables. El hecho es que ninguna voz se ha manifestado a favor, con la salvedad de quienes consideran tener el poder de convencer a la mayoría de los senadores, por la vía del lobbypersonal y encubierto.
Conviene escuchar algunas voces calificadas que se han expresado frente a esta iniciativa. Patricia Kurcyn, académica y comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo dice todo en pocas palabras: ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo en el sector patronal?
Y concluye “…ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo”. El Economista, 14 de febrero de 2018.
Alfredo Sanchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala: “La iniciativa de ley secundaria de la reforma laboral –en análisis en el Senado– hace más opaca aún la actuación de los gremios corporativos, pues entrega carta de naturalización al sindicalismo de protección y hace casi imposible que los trabajadores cambien de representación”. Termina con una frase contundente: Están haciendo un monstruo jurídico. La Jornada, 6 de febrero de 2018.
En un evento académico realizado la semana pasada en El Colegio de México, se le plantearon a Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social, las principales críticas y la exigencia de que se suspenda su aprobación al vapor, por las serias consecuencias que ello traería para el país.
Se le dijo que la iniciativa viola el estado de derecho, porque propicia un nuevo órgano de justicia de carácter público que se privatiza al ser controlado mayoritariamente por abogados beneficiarios del control obrero y líderes de las cúpulas empresariales; que este órgano será determinante para el ejercicio de los derechos colectivos y que absurdamente es juez y parte. Se le informó de los obstáculos insalvables para ejercer el derecho de asociación, contratación colectiva y huelga.
También se arguyó que la iniciativa ignora el voto secreto y libre para acceder a la firma de un contrato colectivo, como textualmente lo señala la Fracción XXII bis del nuevo texto del artículo 123 constitucional. Este evento culminó con dos destacadas conferencias críticas de la reforma, la primera a cargo de Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México, y por Graciela Bensusán, de la UAM Xochimilco. Esta última señaló: Integrar a los líderes sindicales y los empleadores en el nuevo órgano que se creará a nivel nacional para el registro de sindicatos y contratos colectivos implicaría nada menos que trasladar a su seno el conflicto de interés que durante décadas obstruyó la libertad sindical y convirtió a las juntas de Conciliación y Arbitraje en el principal soporte del viejo régimen corporativo, hoy pervertido y sostenido a costa de una enorme corrupción sindical. Sobran los comentarios.
La buena noticia es que en la Cámara de Diputados, los partidos Morena y de la Revolución Democrática presentaron puntos de acuerdo para exigir un debate abierto antes de avanzar en el proceso legislativo. La propuesta del PRD fue aceptada por unanimidad, lo cual permite detener el monstruo y transitar hacia la deliberación pública, como forma de construir el consenso sobre su contenido y coherencia con la Constitución.
Mauricio Rojas, del PAN, señaló en tribuna: Todas las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y no a modo de un sector en particular. Propuso que por la relevancia del tema se debe invitar a especialistas y expertos del tema, universidades, a colectivos de trabajadores independientes de las cúpulas sindicales, así como a empresarios o patrones que también tengan autonomía frente a las cúpulas empresariales. Por su parte, el diputado Ramón Bañales, del PRI, coincidió sobre la necesidad de realizar de inmediato una consulta pública, antes de aprobar la ley. En una jornada inusual, todas las intervenciones coincidieron.
Confiando en que los diputados de todos los partidos honrarán su palabra, lo que procede es detener en la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa y abrir un periodo de consulta pública. Obviamente, sólo cuando se decidan las funciones del órgano autónomo, se podrá proceder a designar a su titular.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/17/opinion/020a1pol
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Entre parches y reforma integral laboral


Patricia Kurczyn Villalobos
14 de febrero de 2018, 23:17
En el 2012, en los últimos momentos de la administración de Felipe Calderón se reformó la Ley Federal del Trabajo. ¿Un acierto? No lo creo, y ahora una de mis dudas se repite: ¿Por qué una reforma laboral en el último tramo de gobierno? ¿Habrá condiciones y quedará espacio para consolidar una reforma del tamaño de la que se propone ahora y de la constitucional del 2017? ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los Senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo con el sector patronal? A fin de cuentas, muchas cabezas piensan más que unas cuántas; ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo.
Permítanme referirme como derecho a la estabilidad en el empleo, legítima aspiración de la clase trabajadora que establece la ley vigente y que hoy se pretende vulnerar. La reforma propuesta facilita el despido del trabajo, lo que implica truncar derechos de antigüedad y todo lo que ello conlleva. Despedir a trabajadores libremente, cuando tampoco existe el seguro de desempleo, es insensato y facilita al empleador la liberación de responsabilidades laborales. Esta reforma representa un desafío a la justicia social y genera un reto para la sociedad que al final cargará con las necesidades de la clase trabajadora.
Por otro lado, el outsourcing es una modalidad administrativa que surgió en Inglaterra en la década de los años 80. Se trata de allegarse de elementos externos para facilitar la gestión administrativa que, sin duda, es de gran utilidad cuando se aplica para que la empresa se enfoque en sus actividades y finalidades esenciales. Sin embargo, cuando se utiliza para realizar actividades esenciales de la empresa, se convierte en un instrumento de liberación de responsabilidades laborales y fiscales. Las empresas de subcontratación convierten el trabajo humano en mercancía; rompiendo con ello las reglas del trabajo digno y decente. Los empleados de un “patrón” trabajan para un tercero y se convierten en mercancía, una violación a los derechos humanos. La subcontratación dificulta la cohesión social e impide la sindicalización —defensa organizada de los derechos laborales—. La ley vigente exige la responsabilidad solidaria de las empresas contratantes con las de tercerización, ¿pero se cumple?
Agreguemos a la legalización de esta ficción abrir el trabajo a prueba sin condicionamientos como lo propone la iniciativa, con lo que se reducirían las oportunidades de capacitación y con ello menos productividad y otras prestaciones, como las de antigüedad, días de vacaciones, reparto de utilidades y otras, además del impacto en la seguridad social.
Una reforma progresiva como corresponde al siglo XXI impondría estrictas normas para que las empresas de tercerización se constriñan a actividades específicas y especializadas de las empresas contratantes; cumplan con el principio de igualdad de remuneración, y con sus obligaciones en general. Entre ellas, las de capacitación, de reparto de utilidades, registro de empleados en el IMSS, el cumplimiento de las normas de higiene, salud y medio ambiente en el trabajo, rigurosa inspección, etcétera. Sugiero, en cambio, que se contemple la ratificación del C. 156 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares (de 11 agosto 1983). Lo agradecerían las familias mexicanas.

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Entre-parches-y-reforma-integral-laboral-20180214-0153.html
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La contrarreforma laboral

 

El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de Justicia-Laboral, con la cual se logró:
Transferir la impartición de justicia laboral a los Tribunales laborales del Poder Judicial.
Crear un organismo encargado del proceso Conciliatorio. El organismo descentralizado en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
Brinda certidumbre a los trabajadores en su orden democrático en las modalidades de voto directo y secreto, para procesar las principales determinaciones de los sindicatos.
Este 24 de febrero de 2018 se cumple el plazo para llevar a cabo las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo anteriormente comentado.
Con sospecha, vemos el cinismo de supuestos líderes que presentaron una contrarreforma que, de aprobarse, hará gran daño a la clase trabajadora.
La contrarreforma anula los pocos logros que se dieron con la reforma constitucional. En un momento en el que el mundo gira en favor de lo social, cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta iniciativa los desprotege.
Entre los altos costos que implica la desafortunada iniciativa, se encuentra la liberación del outsorcing, que no sólo es un medio para evitar la contratación de entrega de derechos, sino también un elemento coadyuvante del lavado de dinero.
Uno de los logros más importantes de la reforma fue el voto secreto como condición para la firma de un contrato colectivo, en la iniciativa ni se menciona, se ignora, con lo que se vuelve a potenciar el negocio sindical de los contratos de protección, que ahora en muchas entidades del país implican un profundo vínculo con el crimen organizado, lo que representa una amenaza al Estado de Derecho y a la planta productiva.
En lo referente a la conformación del nuevo organismo de registro de sindicatos y contratos colectivos, parece que el Estado renuncia a la conducción de las relaciones laborales, dejándolas en manos de los sindicatos charros y los patrones, ya que contrario a lo que establece la ley, el Estado queda en representación minoritaria. También facilita el despido injustificado y masivo, propone reajustes salariales, reduce indemnizaciones por riesgo de trabajo. En síntesis, es una ley demeritoria de los derechos de los trabajadores.
La iniciativa, no sabemos si es una provocación, una impericia o un tiro parto. Si bien hay fecha límite para su legislación, ¿cuál es la razón para que el gobierno, a través de su servidumbre, remita una ley tan ofensiva y violenta en contra de los trabajadores en un momento electoral?
Estamos en favor de la reglamentación de la reforma laboral, sin duda, pero la reglamentación debe darse con una visión de responsabilidad y progreso. La iniciativa significa un paso hacia atrás, es otro caso más de cuando la visión conservadora se viste de progresista para envolver y engañar.

XXX TWITTER: @LuisHFernandez
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-contrarreforma-laboral-952306.html
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“Cumpliremos tiempos en justicia laboral”

 
Más consultas, innecesarias: Isaías González
Uno de los autores de la iniciativa de legislación secundaria aseguró que la redacción del dictamen ya está muy avanzada.
María Del Pilar Martínez
14 de febrero de 2018, 23:34
Tras señalar que el Senado de la República cumplirá con el tiempo estipulado para la aprobación de la legislación secundaria en materia de justicia laboral, misma que se cumple al término de este mes, el senador del PRI, Isaías González Cuevas, afirmó que no hacen falta más consultas sobre el tema cuando lo que se quieren es dar paso a un nuevo sistema de procesal en la materia.
En entrevista, comentó que nadie se puede oponer a terminar con el “coyotaje” que se registra en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sea federal o local, y en donde el único perjudicado es el trabajador, “de ahí la importancia de la aprobación de las leyes secundarias que cumplen con lo que se aprobó en la Constitución el año pasado”.
El legislador, quien es autor de la iniciativa de leyes secundarias, afirmó que “hay personas que no quieren que se cambie el sistema porque tienen un beneficio, son los que se oponen al cambio, les representa un negocio que al final perjudica al trabajador”.
Cabe destacar que el pasado martes se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para abrir espacio a una “amplia consulta” sobre la propuesta en la legislación para una nueva impartición de justicia laboral. De acuerdo con los tiempos en el proceso legislativo, las leyes secundarias deben estar aprobadas para el 26 de febrero.
El también secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)expuso que avanzar en un proceso modelo de impartición de justicia permitiría disminuir el rezago que se tiene en las juntas, “tan sólo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tienen un rezago de juicios de 430,000; y ahí quienes están ganando son los intermediarios”.
Recordó que los cambios, primero en la Constitución, fueron resultado de un amplio análisis que encargó el presidente Enrique Peña Nieto al Centro de Investigación y Docencia Económica, “ahí se encontraron y se documentaron los vicios del sistema de imputación de justicia, y es eso, sólo eso lo que pretendemos que avance. No son necesarias ya más consultas”.
Con respecto al tema de outsourcing, que causó controversia, reiteró que ya se tuvo un acuerdo con senadores, la Iniciativa Privada y el gobierno para determinar que no se eliminarán los candados al régimen de la subcontratación, ni se modificarán los artículos 15, 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la Ley Federal del Trabajo.
González Cuevas afirmó que se mantendrá el texto vigente de los artículos que reglamentan la subcontratación, y la limitan a aquellas actividades que no sean estratégicas para la empresa, como las administrativas, ventas, gestión, logística, y limpieza. Explicó que la redacción del dictamen de la iniciativa de reforma a diversas leyes en materia de justicia laboral ya está muy avanzada y las modificaciones son analizadas con mucho detenimiento para garantizar que no haya despido de trabajadores ni se abarate la mano de obra.

pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cumpliremos-tiempos-en-justicia-laboral-20180214-0158.html
Justicia Laboral

Outsourcing: sin condiciones para discutirlo en el Senado

 
Especialistas critican la iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral que se debatirá en el Senado y que plantea, entre otras cosas, la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para concentrarlas en un solo instituto. (JUAN )
Iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral prevé no abordar el tema, dice senador; atenta contra los trabajadores: expertos
15/02/2018 Astrid Rivera
El outsourcing podría quedar fuera de la discusión de la iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral, debido a que es “difícil que pueda transitar” este tema en la discusión, afirmó Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
El senador dijo a EL UNIVERSAL que la subcontratación, conocida como outsourcing, podría quedar fuera del proyecto de legislación que aún se discute en la Cámara Alta; aseguró que esta iniciativa no busca perjudicar a los trabajadores, por que se han sostenido reuniones con sindicatos, abogados, empresarios y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para considerar a todos los sectores.
“Están muy avanzadas las negociaciones, mañana no están las condiciones para que se presente la iniciativa, se sigue platicando con los senadores miembros de la comisión y también con los sindicatos. Estamos tratando de llegar a acuerdos con empresarios, que es parte importante, con los abogados inmiscuidos en este asunto y con la Secretaría del Trabajo. Es difícil que pueda transitar el tema del outsourgcing, es difícil que transite, no veo que pudiera entrar en la iniciativa”, expresó.
El 24 de febrero de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos constitucionales 107 y 123 en materia de justicia laboral. A partir de esa fecha los legisladores tenían plazo de un año para aprobar la ley secundaria que normaría las modificaciones a la Constitución, en las que se establecen las nuevas disposiciones en materia de conciliación de problemas laborales.
Chico Herrera comentó que pese a que este tema se está discutiendo “a contrarreloj”, se analizarán los enfoques de todos los sectores de la producción en beneficio de los trabajadores y la protección de sus derechos.
“Sabemos que vamos contrarreloj, no queremos legislar al vapor, y lo haremos de una manera seria lo más pronto posible, pero sin que las prisas nos hagan cometer errores. De ninguna manera buscamos perjudicar a la clase trabajadora”, dijo.
Especialistas consultados por EL UNIVERSAL advirtieron que el proyecto deja desprotegidos a los trabajadores, al establecer un modelo laboral que facilita los salarios bajos y las condiciones precarias, por lo que representa un “retroceso” para el sector laboral e implicaría una pérdida del valor del trabajo.
El principal eje de la iniciativa es la justicia laboral, con lo que se plantea la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales pasarán al Poder Judicial como tribunales laborales, y se creará un nuevo instituto que concentrará las funciones de conciliación de conflictos y registro de sindicatos.
El proyecto, el cual aún se encuentra en análisis en las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos. Trabajo y Previsión Social del Senado, establece la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales, organismo que concentraría las tareas de solución de conflictos que hoy desempeñan las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a fin de “modernizar” la impartición de justicia para el trabajador.
Para trasladar las funciones de las juntas al nuevo instituto se plantea que la Junta Federal y las locales de Conciliación y Arbitraje deberán presentar un plan de trabajo con un plazo máximo de duración de cuatro años para concluir los asuntos en trámite; el plan deberá presentarse en los siguientes 120 días después de la entrada en vigor del decreto.
De aprobarse la iniciativa, presentada el 7 de diciembre pasado por los senadores Isaías González, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y Tereso Medina, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, el nuevo instituto contaría con un órgano de vigilancia integrado por un Comisario Público, propietario y suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública.
Además de encargarse de la conciliación de conflictos laborales, el instituto registrará los contratos colectivos de trabajo, así como la formación de nuevos sindicatos y confederaciones obreras, las altas y bajas de sus miembros.
Sobre el outsourcing, el proyecto propone que la empresa contratista deberá informar de manera periódica a la contratante respecto del cumplimiento de todas las obligaciones de carácter laboral, de seguridad social, salud y medio ambiente, por lo que los involucrados deberán pactar la forma en la que se dará cumplimiento a esta obligación, debiendo constar por escrito en el contrato de servicios.
“Las operaciones bajo el régimen de subcontratación garantizarán la protección de los derechos de los trabajadores establecidos en esta ley o derivados de la relación contractual. Las empresas contratistas se entienden patrones respecto de sus trabajadores, aun cuando estos desempeñen labores para un tercero, y deberán cumplir con la responsabilidad que de esto se derive”, señala el documento.
Será “un monstruo jurídico”
Arturo Alcalde, abogado especialista en materia laboral, consideró que con la creación de un Instituto de Conciliación y Registro Laborales se concentrarán en un solo ente funciones que actualmente corresponden a los gobiernos estatales, como es el registro de los sindicatos, así como de los contratos colectivos, además de la resolución de conflictos laborales, con lo que este nuevo organismo podría convertirse en un “monstruo jurídico”.
“El nuevo instituto también será tripartito, su órgano de gobierno tendrá representantes de gobierno, patronales y del sector obrero, se regresa al mismo esquema sin ningún sentido, pierde totalmente su carácter independiente, es un organismo descentralizado y administrativo, un monstruo jurídico”, resaltó.
Dijo que los requisitos que se establecen en el proyecto de legislación para ejercer derechos colectivos como la huelga o de contratación colectiva, son muy difíciles de cumplir, como son reunir las armas de todos los trabajadores, presentar el número de seguro social del patrón, así como de todos los trabajadores. “Es absurdo, porque en más de un tercio de los centros de trabajo los trabajadores no tienen Seguro Social”.
En el tema del outsourcing, comentó que la iniciativa plantea que se puede subcontratar sólo cumpliendo con los requisitos de pagar el salario mínimo y afiliar a los trabajadores al Seguro Social; además, se modifican las reglas para el despido masivo: de aprobarse el documento no será necesario contar con autorización previa del tribunal laboral.
“Es muy grave (…), se va a despedir y contratar barato. Estamos ante la muerte del esquema de responsabilidad patronal, se busca imponer un modelo laboral que facilita los salarios bajos y las condiciones precarias, así como la pérdida del valor del trabajo”, dijo.
Para Ricardo Martínez Rojas, abogado laborista del despacho De la Vega y Martínez, se requiere un debate amplio sobre esta legislación en el que se involucre a todos los sectores a fin de que todos salgan beneficiados. Señaló que el outsourcing debe ser muy limitado porque daña tanto a los trabajadores, al asco y al Seguro Social. Dijo que esta augura sólo debe ser utilizada para emplear a especialistas, no para contratar a toda la plantilla laboral.
Sobre la conciliación, resaltó que el proyecto carece de “dientes” para aplicar una resolución a los conflictos, ya que la conciliación no se establece como obligatoria.
“Cuando el promovente de la conciliación no acude, de cualquier forma se le va a dar su certificado para que pueda ir a demandar, no va a ser conciliación obligatoria. Deben necesariamente agotarse los procesos de conciliación. Si el promovente, sea trabajador, empresa o sindicato no va, no tiene derecho a demandar, de lo contrario no tiene sentido, todo mundo va a faltar a la conciliación y puede demandar. Le faltan dientes a esa parte; si queremos un proceso conciliatorio real, tiene que ser obligatorio”, detalló.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/outsourcing-sin-condiciones-para-discutirlo-en-el-senado#.WoV1XY_JroQ.facebook
Justicia Laboral

Se conservan restricciones del outsourcing


Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 15 de febrero de 2018, p. 16
Legisladores, representantes del sector patronal y el gobierno federal acordaron mantener los candados al régimen de outsourcing en la reforma laboral y no liberar este esquema.
El dirigente en Coahuila de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el senador Tereso Medina, y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, indicaron que estos tres sectores participaron en las negociaciones en las que se determinó que no se modificarán los artículos en los que se trata la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo.
Indicaron que incluso en la Comisión de Trabajo del Senado la redacción del dictamen de la iniciativa ya está muy avanzada y las modificaciones son analizadas con mucho detenimiento para garantizar que no haya despido de trabajadores ni se abarate la mano de obra.
A su vez el senador González Cuevas planteó que se mantendrá el texto vigente de los artículos que reglamentan la subcontratación y la limitan a aquellas actividades que no sean estratégicas para las empresas, como las labores de limpieza, logística, gestión, ventas y tareas administrativas.
Por eso se acordó que no se eliminarán las restricciones al régimen del outsourcing ni se modificarán los artículos 15, 15-A, 15-B, y 15-C de la Ley Federal del Trabajo.
En tanto, Tereso Medina expuso que los cambios que se proponen, modifican de manera radical el actual modelo de justicia laboral, privilegian la conciliación y mejora la calidad y legitimidad de los procedimientos y sentencias judiciales.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/15/politica/016n2pol
Justicia Laboral

Una reforma laboral lamentable


Por Alfredo Sánchez Castañeda
14 febrero 2018
De aprobarse en sus actuales términos o de forma parcial, sin duda, nos encontraremos con una reforma laboral muy desafortunada para el futuro del país
14 febrero 2018
El modelo de relaciones laborales en México ha transitado en muchas ocasiones de la tutela al control estatal. Las cosas parecían cambiar el 24 de febrero de 2017; fecha en que se reforma la Constitución garantizando: la representatividad de las organizaciones sindicales; la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo; el voto libre y secreto en la resolución de conflictos sindicales; la solicitud de celebración de contratos colectivos y la elección de dirigentes sindicales; el tránsito de la justicia laboral de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial; la creación de un organismo federal descentralizado encargado de registrar sindicatos, contratos colectivos y realizar conciliación prejudicial, así como el establecimiento de centros de conciliación estatales para agilizar la justicia laboral.
Empero, fue hasta el 7 de diciembre de 2017 que dos Senadores del PRI presentaron al Senado de la República, un paquete de iniciativas de reforma en la materia. Reformas que la STPS ha hecho suyas. Desafortunadamente, las iniciativas se alejan de la Constitución tanto en lo social como en lo legal.
Las modificaciones planteadas alteran radicalmente el paradigma, si bien no siempre cumplido, de relaciones laborales establecido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, fundado en el equilibrio entre patrón y trabajador, porque: suprime la obligación del patrón de avisar por escrito al trabajador los motivos de su despido; permite el outsourcing ilimitado; desaparece requisitos de los contratos a prueba y de capacitación inicial; reduce indemnizaciones laborales; elimina la obligación del patrón de justificar despidos colectivos ante la autoridad; desecha la demanda del trabajador que no haya sido corregida en tres días; y, establece requisitos que dificultan el derecho sindical, de contratación colectiva y de huelga.
De igual manera, no se respeta el mandato constitucional, al crear: los centros de conciliación estatales y permitir conciliar también en la vía judicial, resultando elefantes blancos de mero trámite y alto impacto presupuestal; el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, también con funciones conciliatorias de mero trámite, controlado por sindicatos corporativos y cámaras patronales y, con una regulación que burocratiza el derecho de sindicalización, de contratación colectiva y de huelga, y finalmente, los Tribunales Especializados en Seguridad Social sin hacer las reformas complementarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prever el personal especializado, unificar procedimientos, ni señalar fecha para el inicio de sus operaciones en los artículos transitorios constitucionales.
Desde el punto de vista jurídico y político, el Congreso de la Unión, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto así como Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, como ya casi candidatos presidenciales, tienen dos opciones: preservar un modelo que asegure el futuro del país bajo esquemas laborales de siglo XXI, es decir, democracia, libertad, trasparencia, desarrollo, productividad e industria 4.0, o bien, abrir la puerta a un modelo de siglo XIX, de desequilibrios, explotación y pobreza.
La reforma constitucional establece un año como término para realizar las adecuaciones legislativas, el cual se cumple el 26 de febrero de 2018. Sin haber considerado lo difícil y tardado que ha sido la implementación de la reforma penal y mercantil. De aprobarse en sus actuales términos o de forma parcial, sin duda, nos encontraremos con una reforma laboral muy desafortunada para el futuro del país.
Twitter: @asc_unam

http://www.eluniversal.com.mx/alfredo-sanchez-castaneda/una-reforma-laboral-lamentable
Justicia Laboral

Una reforma que huele a podrido

14/02/2018
Manuel Fuentes
Ya está lista la propuesta de reforma laboral. Les urge aprobarla para que haga pasar a la historia a nuestro pequeño presidente | Manuel Fuentes

Quedan menos de 15 días para llegar al límite fantasmal, el 24 de febrero, impuesto desde la presidencia de la republica junto con sectores patronales y de tinterillos sindicales (que aplauden y aplauden), para aprobar la contrarreforma laboral más agresiva de los últimos 100 años en contra de los trabajadores.
Los sectores patronales son los más activos promotores para que se apruebe esta contrarreforma, que hace añicos el derecho laboral. Dicen a los distraídos senadores que se encuentran buscando hueso que es urgente su aprobación porque se requieren fuentes de empleo dignas (¿?), mejores salarios (¿?), inversiones no golondrinas (¿?), que nuestro país será de primer mundo con esta reforma (¿?) y prometen hasta que la maldita inflación se va a acabar (… y bla bla bla).

Outsorcing

En el Senado de la Republica están los cabilderos patronales, a toda hora, para que no se mueva una sola de sus propuestas, ni una coma. Ya les dijeron que la propuesta del outsourcing será retirada porque ha causado un gran enojo, principalmente la del líder cetemista y no quieren ser promotores de la división sindical (¿?).
A los empresarios ya les dijeron que sigan con el negocio de las outsourcing,como lo han hecho siempre. Que nadie les va a decir nada. Que si bien la Ley federal del trabajo prohíbe la subcontratación total, el gobierno no se mete en las empresas. Que hagan lo que quieran. Los empresarios más conspicuos están de plácemes por ese cambio para no ejecutar nada.
Ellos saben que seguir con el negocio de las outsourcing es acabar con la obligación de otorgar las utilidades a los trabajadores, y eso lo festinan por todos lados. Es permitir que sus empresas se vuelvan fantasmas cuando así lo requieran y cuando tengan un adeudo, con quien sea, se esfumen. Es contar con permiso de robar. Permitir la división de sus empresas para evadir pago de impuestos y esto, lo saben ellos, lo seguirán haciendo con reforma o sin ella.

Mera usura empresarial…

Al gobierno federal lo que le apura es que se apruebe la creación del Instituto de Conciliación, de Registros de Sindicatos y de Contratos Colectivos para controlar en la raíz al movimiento obrero y con ello mantener a raya el aumento de los salarios. En otras palabras, mantener la usura empresarial y el esclavismo obrero. La ganancia de unos pocos y la miseria de la inmensa mayoría de los mexicanos. Los promotores de esta iniciativa son unos mexicanos de vergüenza.
El gobierno federal logró insertar en el mismísimo artículo 123 constitucional su derecho a controlar la vida de los sindicatos. Legalizó que quién se encargue del aparato de control sea un emisario del presidente de la republica actual, al cual no se le pueda remover ni molestar, por ningún motivo, en los siguientes seis años.
Esa oportunidad no la quieren desaprovechar las huestes peñistas, ¿qué tal si pierden la presidencia de la república? Tendrán al menos controlado el negocio de los registros sindicales, de las huelgas, de los aumentos salariales, de los contratos colectivos de protección, de la destitución de los dirigentes sindicales incómodos, de los juicios de titularidad. Tener en sus manos el verdadero poder de control político. ¡Hay que apurarse! Insisten en el Senado de la Republica los timoratos del poder.

Hay negocio para todos

Ante el enojo de los tinterillos sindicales de no dejarlos participar en el negocio, ya les dijeron que en ese Instituto «de control sindical» también participarán junto con sus socios del sector empresarial que los protege. ¡Hay negocio para todos, no se apuren!
Ya está lista la propuesta de reforma laboral que nunca fue puesta a consideración de la sociedad. Les urge aprobarla para que sea la gran reforma que haga pasar a la historia a nuestro pequeño presidente.
¡Vamos Senadores del PRI, del PAN, ecologistas y otros satélites! ¡Solo levanten la mano para que se conviertan en héroes de la patria!  En basura…
Pretenden una reforma que privatice el derecho laboral, para que sea solo de los patrones. Que permita el despido libre y las renuncias en blanco al por mayor.
Que acabe con el salario como medida de pago para las indemnizaciones y pensiones y sustituirlo por la Unidad de Medida y Actualización.
Que termine con todo rastro de bilateralidad y de libertad sindical. Que extinga el derecho a huelga y la contratación colectiva participativa. Que cancele la transparencia sindical.
Que anule el voto secreto para evitar que los trabajadores participen en la decisión de sus condiciones de trabajo. Que mande a la basura la seguridad social.
Que cree la conciliación punitiva enfilada contra los trabajadores. Que obstaculice la justicia laboral imponiendo requisitos insalvables para demandar en los nuevos tribunales laborales.
Quieren una reforma que esclavice más a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores de todas edades y a los viejos, desaparecerlos.
Es una reforma laboral que huele a podrido, porque encarna los principios más regresivos de nuestra sociedad, volcada sin reserva, en contra de los sectores más vulnerables de este país, para condenarlos a la miseria.
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Justicia Laboral

Participación Roberto Campa Cifrián,en el Seminario «El sindicalismo, el derecho de asociación y la negociación colectiva

 

Por: reformalaboralparatodos
Hay cosas que podré comentar y cosas que por estar en medio de el proceso de negociación, ya ahora vinculado con el legislativo, pues de manera natural estando siendo hoy discutidos en las mesas, procuraré no cometer indiscreciones que dificulten el proceso de negociación. Yo suplico también su comprensión para algunos temas, que incluso con algunas y algunos de los aquí presentes estamos analizando, revisando, tratando de cumplir con el mandato legal, constitucional que tiene esta Secretaría, que es servir como un factor de equilibrio en una relación, muchas veces compleja, entre los patrones y los trabajadores.
Y se trata también, al construir y al concluir este proceso de negociación de ser ese elemento de equilibrio entre los factores de la producción.
La misión de las dependencias gubernamentales es llevar a cabo estos escenarios y estas conclusiones, estos análisis.
Celebro el poder de convocatoria de esta casa de estudios (EL COLMEX) para reunir aquí a representantes de distintos sectores sociales que están involucrados en la implementación de la reforma laboral, para ventilar temas de gran relevancia en la agenda nacional.
Aprovecho esta oportunidad para reflexionar con ustedes sobre la ejecución de algunas medidas que se han llevado a cabo para materializar la puesta en marcha de la reforma laboral, en particular en la aplicación de la justicia laboral.
Quiero destacar también el hecho de que el origen de esta reforma se encuentra también en un ejercicio que involucró a la academia, gracias a los esfuerzos realizados por el Centro de Investigación y Docencia Económica, mismo que organizó una consulta que permitió identificar propuestas de solución a distintas situaciones comunes y apremiantes que aquejan la justicia laboral.
Estas propuestas fueron retomadas en la reforma constitucional laboral de 2017, una de las reformas estructurales impulsadas con el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas del país.
El punto de partida es garantizar el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva entendida como el derecho de acudir a tribunales independientes e imparciales para hacer valer los derechos laborales y plantear una pretensión o defenderse de una pretensión en un proceso escrupuloso con el respeto a las formalidades que culmine en una sentencia con efectos determinados, y que signifique un cumplimiento obligatorio para las partes.
Ese es el objetivo de la reforma por lo que hace a la justicia laboral.
La importancia de la justicia laboral es innegable, aunque no siempre aparece como un tema evidente entre las preocupaciones de una sociedad que transforma su productividad en función del conocimiento acelerado y del progreso técnico.
La necesidad de aprender y capacitarse ha cobrado una relevancia inédita para aumentar la capacidad de competencia en los mercados internacionales, y esto depende cada vez más del talento para difundir el progreso técnico e incorporarlo al sistema productivo.
La globalización de la economía y la modernización de la planta productiva hacen previsible que se incrementen las demandas de mayor y mejor formación de la planta laboral para que esto se traduzca en un aumento de competitividad de nuestra economía en el plano nacional e internacional.
En este contexto, en donde las discusiones sobre la organización industrial y la productividad ocupan un lugar destacado en la agenda pública resulta de suma importancia subrayar la pertinencia de adoptar las medidas que representen seguridad y estabilidad para la planta laboral.
Por ello, el rasgo definitorio de la reforma laboral aprobada en 2012, es la dignificación del empleo tanto en lo individual como en lo colectivo
No es concebible ni aceptable la inserción de nuestra economía en el contexto internacional sin tomar en cuenta los derechos de los trabajadores desde la perspectiva de la justicia laboral que ratifica la importancia del trabajo digno, como orientación rectora de la reforma laboral.
Recientemente, en el mes de diciembre (2017), fueron presentadas dos iniciativas que proponen un paquete legislativo para dar cumplimiento a la reforma constitucional a la que me he referido hasta el momento.
La reforma incluye la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, que será la instancia conciliadora federal, así como la creación de los centros de conciliación en cada entidad federativa.
El instituto Federal de Conciliación y Registro Federales como cualquier organismo público contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. El propósito es que su actuación obedezca invariablemente al respeto a los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, publicidad.
Su integración y funcionamiento se determinarán en la leye en la materia, contará con oficinas en cada entidad federativa para el servicio al público.
Se establece la conciliación obligatoria como requisito previo al juicio, lo cual sin duda es un rasgo de modernidad, para estar en condiciones de acceder a una justicia eficaz y razonable para todas las partes.
El procedimiento que se propone en la instancia conciliatoria será único para todo el país y se rige por el principio de confidencialidad, y los convenios celebrados entre las partes tendrán valor de cosa juzgada.
Con la creación de tribunales laborales, locales y federales, se propone retomar la experiencia, la capacidad del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales en materia de oralidad para instituir un procedimiento oral mixto dividido en dos etapas, la primera escrita en la que se fijará la Litis; la segunda a través de un sistema de audiencias preliminar de juicio y de continuación de audiencia de juicio.
Una vez iniciado el nuevo sistema los tribunales laborales empezarán con carga cero, y las Juntas de Conciliación y Arbitraje continuarán con el trámite de los asuntos presentes hasta su conclusión.
El personal que labora en las mismas continuará con sus funciones conservando en todo momento sus derechos laborales.
El Congreso de la Unión tiene un muy alto compromiso con el nuevo modelo de justicia laboral que hoy reclaman y merecen los trabajadores de México y las empresas nacionales.
Con estas reflexiones sobre el papel de los cambios procesales a la justicia laboral para reforzar la dignificación del empleo termino mi intervención para dar paso a la participación de los ponentes.
Hago votos para que los resultados de este seminario sean fructíferos para que podamos aplicar de la mejor manera la reforma laboral.
Confiamos en que nos van a dar los tiempos. Tenemos tiempos apretados. Todos sabemos que el plazo que se dio el Congreso para la aprobación de la legislación secundaria concluye el día 26 de febrero.
Tenemos hoy dos iniciativas en la Cámara de origen que es Cámara de Senadores, no tenemos todavía dictamen.
Confiamos que concluido este proceso en el que estamos ahora trabajando con el Senado, con el legislativo, podramos tener la próxima semana un dictamen que nos de tiempo de discutir en el Senado en un proceso abierto, en un proceso transparente y estar en posibilidad de que la cámara revisora lo apruebe en los tiempos que el propio Congreso se ha dado.
Para nosotros sus opiniones, sus reflexiones, sus observaciones en este seminario son de la mayor importancia. Reitero, con algunos y algunas de ustedes estamos ahora sentados trabajando, revisando, intentando mejorar lo que se ha presentado en el Senado, pero confiamos que tendremos también de éste seminario reflexiones que habrán de ser útiles para terminar de mejorar, en el tiempo que nos queda, la iniciativa que nos servirán para el dictamen, para discusiones y para tener al final la legislación secundaria que nos permita completar una reforma que ha sido muy ejemplar en muchos sentidos.
Una reforma en la que ha habido una participación importante de los expertos, de los académicos, de los sindicalistas, de los trabajadores, de los representantes de los empleadores y que para cumplir requiere de un trabajo excepcional también en esta etapa final.
Yo estoy comprometido en que la participación de la Secretaría del Trabajo, será una participación que atienda a los reclamos de las distintas visiones que sobre estos temas están presentes y reitero y concluyo, confiamos que tendremos mucha luz de lo que derive de las conclusiones de este seminario.
Gracias