El secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, participó ayer en la ceremonia de conmemoración del Día Nacional por la Inclusion Laboral en el Castillo de Chapultepec: Foto Luis Humberto González
El secretario del Trabajo confirmó que el tema salió de las leyes secundarias
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de febrero de 2018, p. 19
Se deben diseñar políticas públicas para que haya mayor inspección en las empresas de subcontratación y evitar que éstas sigan eludiendo el pago de impuestos y sus obligaciones laborales, aseguró el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, luego de confirmar que el planteamiento de “flexibilizar” la tercerización ya fue eliminado de las iniciativas de leyes secundarias de la reforma de justicia laboral.
El funcionario sostuvo que el outsourcing es uno de los puntos “ríspidos y delicados” que han estado atorando la votación de las iniciativas en el Senado. Sin embargo, una vez que por consenso este tema fue sacado de la discusión, así como otros, se espera que sean aprobadas en esta cámara y en la de Diputados antes de que termine el actual periodo de sesiones.
Entrevistado durante la ceremonia para conmemorar el Día Nacional por la Inclusión Laboral, Campa explicó que ya venció el plazo de un año que dio el constituyente para tener listos los ordenamientos en materia laboral. Sin embargo, dijo, “confiamos en el que el Congreso en ambas cámaras, antes de que termine este periodo, pueda legislar en una materia que resulta de la mayor importancia para los trabajadores”.
Expuso que a partir de la aprobación de estas iniciativas habrá un lapso de nueve meses para que se pongan en marcha los tribunales laborales en el país, empiece a operar el nuevo instituto de conciliación y las juntas dejen de recibir los juicios obrero-patronales, porque las controversias laborales ahora se dirimirán en tribunales y se dará tiempo para hacer esta transformación.
Se tenía previsto que en noviembre de este año empiece a funcionar el instituto de conciliación y las juntas dejen de recibir los asuntos. No obstante, éstas no desaparecerán de inmediato, sino que tendrán un plazo de cuatro años para concluir el cúmulo de expedientes que tienen.
En cuanto a la flexibilización del outsourcing aseguró que hay consenso entre los legisladores y sectores involucrados en la reforma laboral para que no forme parte de las leyes secundarias. Por el contrario, es necesario fortalecer la inspección sobre estas empresas para evitar que dejen de cumplir sus obligaciones laborales y de pago de impuestos.
En ese acto Campa informó que se han entregado distintivos de empresa incluyente a 2 mil 479 compañías, de empresa familiarmente responsable a 2 mil 133 y el reconocimiento de empresa agrícola libre de trabajo infantil a 472 centros laborales.
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Necesario fortalecer políticas para que empresas cumplan normas laborales: Roberto Campa
El secretario del Trabajo y Previsión Social expuso que el plazo que se había dado el Constituyente de un año para aprobar la ley secundaria en materia de justicia laboral se está venciend
27 DE FEBRERO, 2018 NOTIMEX
Foto: Cuartoscuro/Archivo | Roberto Campa resaltó que la informalidad en México se ha reducido en un tres por ciento
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, afirmó que es necesario fortalecer las políticas públicas para obligar a las empresas de subcontratación (outsourcing) a cumplir con la legislación laboral y con los requerimientos fiscales.
Entrevistado al término de la ceremonia conmemorativa del Día Nacional por la Inclusión Laboral, expuso que el plazo que se había dado el Constituyente de un año para aprobar la ley secundaria en materia de justicia laboral se está venciendo.
Mencionó que hay avances en la discusión de este tema tan importante para el mundo laboral “y esperamos que antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones sea aprobada tanto por el Senado de la República como por la Cámara de Diputados”.
Uno de los temas más ríspidos y delicados, dijo, era el de “outsourcing” y la Secretaría del Trabajo fijó su postura respecto a que no debía formar parte de esta propuesta.
Después de excluir este tema, abundó, hemos conversado con los representantes de los diferentes factores de la producción y se acordó que este tema estorba en la discusión de las reformas secundarias en materia de justicia laboral.
Hizo notar que el Artículo 15 A de la Ley Federal del Trabajo establece con toda claridad el tema de la subcontratación y la forma en que los patrones deben asumir su responsabilidad con sus trabajadores.
Necesitamos, abundó Campa Cifrián, que los patrones cumplan plenamente en materia laboral con lo que establecen las tres disposiciones que hay en esta materia.
Asimismo, las empresas de “outsourcing” deben asumir su responsabilidad fiscal. “Los empresarios que se dedican a la subcontratación tienen obligaciones que cumplir con sus trabajadores”.
Por ello, insistió el secretario, es necesario fortalecer las políticas públicas para que se cumpla con la ley en este sector.
En este marco Roberto Campa resaltó que la informalidad en México se ha reducido en un tres por ciento, ya que seis de cada 10 mexicanos se encuentran en esta situación, sin protección social y percibiendo salarios más bajos.
En ese sentido comentó que no hay problemas de desempleo en el país, sino de informalidad laboral, aunque “a pesar de esta cifra se ha reducido este fenómeno económico en el país en más de tres por ciento”.
El encargado de la política laboral del país estableció que el balance en general en este sector es positivo, pues se ha logrado reducir en 600 mil el número de menores de edad que trabajan, se ha incrementado el empleo para personas de la tercera edad, así como para aquellas con alguna discapacidad.
http://www.24-horas.mx/2018/02/27/necesario-fortalecer-politicas-empresas-cumplan-normas-laborales-roberto-campa/
La reforma laboral se aprobará en el periodo legislativo ordinario: Campa
Ayer venció el plazo para definirla; sindicatos señalan que hay diferencias
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 27 de febrero de 2018, p. 15
La discusión y votación de las leyes secundarias de la reforma en materia de justicia laboral en la Cámara de Senadores se encuentra frenada. Ayer venció el plazo legalmente establecido para que estos ordenamientos estuvieran aprobados por el Legislativo.
Ya deberían haber pasado por las dos cámaras legislativas, pero aún no hay acuerdos entre los diferentes sectores para sacarlas adelante.
El secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, dijo ayer ante el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación que hay confianza en que en el actual periodo ordinario de sesiones concluya este proceso y tengamos terminada la reforma en materia de justicia laboral. Dicha ley no es un asunto menor, no implica poco, aseveró.
Aseguró a los empresarios que en las leyes secundarias no hay ninguna intención para limitar o reducir los derechos colectivos y particulares de los trabajadores mexicanos o para cambiar los formatos de contratación.
En tanto, fuentes sindicales señalaron que continúa la disputa entre diversos sectores por el contenido de la iniciativa, ya que no se ha logrado destrabar en el Senado, a pesar de que se anunció que no incluiría liberar la subcontratación (outsourcing).
La discusión en el Senado se atoró fundamentalmente porque además del tema de la subcontratación, hay diferencias muy importantes sobre los nuevos planteamientos y términos que los trabajadores deberán cumplir para emplazar a huelga señalaron a este diario.
Agregaron que en los ordenamientos se señala, por ejemplo, que no puede haber emplazamiento a huelga en una empresa que no tiene trabajadores, lo que significaría que empleados de centros comerciales –a quienes no les llaman trabajadores, sino asociados– no pueden llevar a cabo un paro por violación a sus condiciones laborales. Asimismo, las empresas de outsourcing quedarían protegidas en este caso.
Consideraron insuficiente que se mantenga sin liberalizar la subcontratación, pues se debe garantizar el carácter tutelar de la Ley Federal del Trabajo.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/27/politica/015n1pol
Reforma laboral viola los derechos humanos: especialista
Ezequiel Pineda Nava dice que la reforma no abona al crecimiento y da marcha atrás a conquistas de trabajadores
Bertha Becerra
Con el tiempo encima: en víspera de ponerse en marcha la reforma laboral, no se dictamina en el Senado de la República la legislación secundaria sobre justicia y todos los procedimientos que acompañarán el nuevo sistema. El plazo vence mañana lunes 26 de febrero.
Son muchos los factores que retrasan el cumplimiento del nuevo engranaje de justicia laboral.
El Ejecutivo federal no remitió al Senado la terna para elegir al titular del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales que se hará cargo de la conciliación y el registro de sindicatos y contratos colectivos. Debió de enviarla el 16 de febrero.
Tampoco hay dictamen de las iniciativas que presentaron los senadores priistas Tereso Medina e Isaías González (dirigentes de la CTM y la CROC respectivamente) y Luis Sánchez, coordinador de la bancada del PRD.
Se suma un conflicto con la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República: su presidente Miguel Ángel Chico Herrera renunció al PRI, la Junta de Coordinación Política lo dio de baja, en contra del Reglamento senatorial, y se encuentra en stand by, en controversia.
LAS CRÍTICAS
Pero aparte de las formas, el fondo es que se trata de una iniciativacuestionada por los sectores obrero y académico.
“La iniciativa de reforma laboral no es incluyente, plural, justa ni legal. Se tendrá que enriquecer, ya que no abona para el crecimiento del país; afecta la estabilidad en el empleo, da marcha atrás en los derechos laborales tanto individuales como colectivos y representa una violación a los derechos humanos y laborales para los mexicanos”, considera el especialista en Derecho Laboral, doctor Ezequiel Pineda Nava.
Al hacer un análisis a la Ley Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional en materia de Justicia Laboral, dijo que pretende que las grandes empresas puedan subcontratar a su personal (outsourcing), disfrazando la relación laboral apoyado de un tercero, con lo cual los trabajadores perderían muchos de sus derechos laborales y de seguridad social.
Y coincidió el senador Luis Humberto Fernández (PT-Morena), quien subrayó: “Vemos con gran preocupación que esta iniciativa del PRI sin duda, se redactó en un despacho patronal. No veo cómo se redacte de esa forma sin ser un abogado patronal y es una gran vergüenza que la hayan presentado líderes obreros”.
Pero el senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo, puntualizó: “La iniciativa que se presentó en diciembre pasado se analizó incluso por los compañeros que la presentaron: Tereso Medina e Isaías González y el outsourcing no transitará en esta iniciativa de justicia laboral”.
Comentó que se trabaja y afina, ya con el outsourcing fuera, algunos puntos a analizar a cabalidad en las leyes secundarias: cómo se manejará el tránsito hacia el Poder Judicial de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
También la viabilidad, formalidad del órgano descentralizado para dirimir las controversias entre el capital, los trabajadores y los sindicatos. Estamos en ese trabajo.
En contraste, el senador Jesús Priego Calva, líder de la CTM en Hidalgo, sobre la iniciativa que presentaron sus compañeros comentó:
“Coincido ensacar el outsourcing,porque ‘friega’, con otras palabras,al Infonavit, al Seguro Social, a los trabajadores, a la empresa y friega hasta la propia madre de los outsourcing”, sentenció.
Reveló: Tengo entendido y no me consta, pero hay informes de que muchos sindicatos se prestan a eso. ¡Qué rateros! ¡Quéfalta de honorabilidad prestarse a eso!
Asume:“Esta iniciativa que presentaron Tereso e Isaías parece que la hicieron los empresarios, los bufetes de los empresarios. A veces, quizás las cámaras como Canacintra y Coparmex y demás tengan un criterio menos cruel, pero hay otros que hacen muchas cosas en contrario”.
LA OTRA INICIATIVA
A su vez, el doctor Héctor Barba García, comentó que la iniciativa que presentó el senador Luis Sánchez, coordinador de la bancada del PRD junto con la Unión Nacional de Trabajadores UNT, en cambio, abarca todos los contenidos normativos del Apartado A del Artículo 123 constitucional reformado, que se contemplan en la Ley Reglamentaria y la Ley Federal del Trabajo.
Comprende el diseño de las nuevas instituciones que devienen de la reforma al marco constitucional. “Por ello se actualiza sistemáticamente todo su articulado, con las correspondientes adiciones y derogaciones”.
Asesor jurídico de la UNT, el doctor Barba dijo que esta iniciativa plantea la reforma de 303 artículos, la adición de 10 y la derogación de 116.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/reforma-laboral-viola-los-derechos-humanos-especialista-1025987.html
Sinaloa: Es un outsourcing a la mexicana: Martha Tamayo
La diputada priista señala que la subcontratación ya se aplica en México, pero con respeto a derechos de los trabajadores; líderes camarales dicen que habrá trabajadores «destajistas»
Por: Lino Cardenas
21 de Febrero 2018 · 14:30 hs
Tras el señalamiento de analistas entrevistados por EL DEBATE en el que dicen que el proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo pudiera lastimar a la clase trabajadora del país, la diputada priista Martha Tamayo Morales y vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados asegura en entrevista a este rotativo que la reforma llega para hacer mejoras en los derechos de los trabajadores de México.
«Esto es para buscar la justicia a los ciudadanos, y una de las cosas que se ha detectado a través de investigaciones del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas AC) es que había insatisfacción con las juntas de conciliación y arbitraje, eso obligó que se consultaran especialistas en derecho laboral y magistrados de tribunales de contencioso»
En lo particular participé en las mesas de discusión sobre los temas y se acordó que los gestores dañan al trabajador al quedarse con parte de lo que les corresponde, y por esto se puso en la que se hicieran juzgados laborales y que se diera a un instituto federal la parte que es laboral-administrativa, pero la reglamentación está en discusión en el Senado.
La legisladora señaló que la subcontratación ya se aplica en México, pero que con la reforma tendría modificaciones: «El outsourcing ya existe en México, no se está introduciendo nada, de hecho las reformas que el PRI está proponiendo para este tema en el artículo 15 A de la iniciativa se señala de manera clara que las operaciones de subcontratación garantizarán en todos los casos los derechos de los trabajadores que están establecidos en la ley. Es decir, que no porque un trabajador esté contratado por un tercero pierde derechos, es como un outsourcing a la mexicana, y no como se realiza a nivel internacional», señaló Tamayo.
Luis Antonio Quiñónez, presidente de Canacintra en Guasave, señaló que la aplicación del outsourcing solo estaría oficializando a quienes se dedican a tener brigadas de trabajadores para prestar servicios, tanto en industrias como en la construcción, los que agregó que ellos llaman «destajistas» (persona que hace un trabajo por una paga que se ha acordado o ajustado antes).
Los sindicatos tienen otra modalidad de trabajar, ellos tienen prácticamente un listado de actividades y de salarios que corresponden a cuotas que tienen que cubrir. En este caso, a nosotros nos conviene que estas brigadas y estos destajistas estén fuera del sindicato, sostuvo.
Por su lado, Guillermo Romero, presidente de la Fecanaco en Sinaloa, dice mirar difícil la posible aprobación de la reforma: «Como toda iniciativa, tiene sus pros y sus contras. Consideramos y vemos muy difícil que puedan aprobarse estos cambios. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social está en contra, presionando mucho para que no se apruebe porque con las modificaciones y la liberación de la subcontratación nadie tendría el carácter de patrón y los trabajadores prácticamente quedarían desprotegidos, lo que lastimaría mucho la relación obrero-patronal. Se tienen que analizar muy bien las cosas, pues no se trata de hacer reformas que beneficien a un sector y afecten a otro», mencionó Romero.
Diputados y líderes camarales dan sus puntos de vista
Luego de que EL DEBATE publicara un artículo en el que se dan a conocer puntos controversiales que incluye el proyecto de reforma a la Ley Federal de Trabajo, entre los que destaca la liberación del outsourcing (subcontratación), diputados del PRI y líderes camarales del estado dieron sus puntos de vista sobre el tema. Antes, analistas entrevistados por este rotativo señalaron que la posible aprobación de la reforma pudiera ser dañina para el sector laboral del país, que vería dañados sus intereses.
https://www.debate.com.mx/politica/Es-un-outsourcing-a-la-mexicana-Martha-Tamayo-20180221-0186.html
De lesiva califican la propuesta de reforma laboral
De lesiva califican la propuesta de reforma laboral. Foto: El Universal
Aunque el secretario del Trabajo afirma que el tema del outsourcing será sacado del proyecto, hay temor de que al final se libere
Por: Francisco Castro
20 de Febrero 2018 · 09:38 hs
Sinaloa.- A pesar de proponer la liberalización de la subcontratación (outsourcing), tema que podría ser retirado del proyecto, además de facilitar los despidos injustificados, reducir las indemnizaciones y limitar el derecho a la libertad sindical, la propuesta de reforma laboral que actualmente está en el Senado de la República podría ser aprobada antes del 26 de febrero, situación que, de acuerdo con especialistas, podría poner en riesgo los derechos de los trabajadores.
Esta iniciativa, presentada el 7 de diciembre del 2017 por los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, ambos del grupo parlamentario del PRI, ha generado cuestionamientos de especialistas en derecho laboral y sindical, pero también quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e inconformidad de algunos dirigentes, como el propio Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, quien el 8 de febrero advirtió en su cuenta de Facebook que esta es «la peor reforma laboral en la historia de México».
María Carmen Macías
Para la doctora María Carmen Macías Vázquez, investigadora del área de Derecho Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta polémica iniciativa es el reflejo de cómo se hacen las cosas en materia legislativa en el país: «El problema es que todo se hace apresuradamente, cuando a esto tiene que dársele el tiempo y la maduración».
El polémico tema del outsourcing
Definido legalmente como el régimen de subcontratación por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la Ley Federal del Trabajo contempla actualmente una serie de candados para ello.
Impide abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares, que se desarrollen en el centro de trabajo; justificarse por su carácter especializado, y no comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
La reforma propone, en su artículo 1119, que a quien utilice el régimen de subcontratación en forma dolosa se le impondrá multa de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización; es decir, de 2015 a 403 000 pesos, y especifica dos casos en los que se estaría incurriendo en ello.
La doctora Macías Vázquez, investigadora de la UNAM, recordó que en 2012 intentaron los legisladores federales quitar los candados al outsourcing para poder subcontratar libremente a todos los trabajadores, pero en ese momento se hizo hincapié en que esto podría causar problemas de responsabilidad a la hora de cumplir con los derechos laborales de los trabajadores.
Imagen Especial
Liberar la subcontratación abarataría la contratación de mano de obra, pero también el despido, además de que una de las finalidades de los candados existentes es garantizar que las empresas sean socialmente responsables, detalló.
Sobre las críticas de que con esta iniciativa pretenden facilitar un crecimiento en las cifras de empleo, más allá de proteger los derechos de los mismos, coincidió con ello y añadió que no se meditaron los alcances que esta podría tener: «Con el afán de dar cifras de empleo, no se medita y se quitan ciertos candados para liberalizar, pero en el fondo les falta mucha más meditación en el análisis de lo que están regulando porque el número de plazas que se abren o de contrataciones no quiere decir que sea un empleo (bien) remunerado».
Subcontratación, una práctica viciada
Para Miguel Ángel Delgado, también especialista en derecho laboral, el outsourcing es un buen sistema traído de los Estados Unidos, pero en México se le ha dado un sesgo distinto para eludir al fisco desde hace años, lo que provoca que se afecten los derechos de los trabajadores.
Napoleón Gómez
El abogado asegura que «las grandes empresas outsourcing son propiedad de funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda», y las más conocidas —dijo— son las que ofrecen personal de vigilancia y limpieza.
Sobre el funcionamiento viciado, explicó que estas denominadas prestadoras de servicios piden a las empresas contratantes que les pasen a sus trabajadores, por los cuales reciben el pago, y luego lo triangulan. Una especie de administración de nómina que impide al trabajador conocer a su patrón y obtener acceso a las utilidades.
«Cuando se llega la hora de repartir las utilidades, esto se hace con la utilidad de la prestadora del servicio, no con la de la empresa donde realmente trabaja».
A inicios de este mes, Arturo Alcalde Justiniani, columnista de La Jornada y especialista en derecho laboral y sindical, lamentó en su columna escrita en dicho diario nacional que, de aprobarse esta iniciativa, «se podrá acceder a la subcontratación cumpliendo tan solo con los derechos mínimos de ley», comentó.
Al respecto, el 6 de febrero, el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, declaró que, ante la resistencia, «en la regulación de la contratación vía outsourcing deben prevalecer los principios de la reforma laboral del 2012, en donde se limita a tareas secundarias dentro de las empresas». Ese mismo día, el funcionario federal declaró a La Jornada que se sacaría del proyecto este tema del outsourcing.
Despidos e indemnizaciones flexibles
El proyecto de reforma laboral también contempla la Unidad de Actualización y Medida (UMA) y no el salario mínimo como unidad para el pago de las indemnizaciones no solo por despido injustificado, sino en caso de indemnización por riesgo de trabajo, muerte o incapacidad; además de permitir al patrón la realización de despidos masivos sin justificar el motivo de la quiebra o la «incosteabilidad» del trabajo.
Jorge Álvarez Máynez
Jorge Álvarez Máynez, diputado federal e integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, en entrevista para EL DEBATE afirmó que está demostrado que si se le quitan las reglas para el despido a los patrones, esto no genera mejores empleos, lo único que causa es que se dañen los derechos de los trabajadores y las capacidades de estabilidad, pues explica que los empleados quedan tan desprotegidos que no tiene posibilidad de dar su mejor resultado.
Comentó que, pese a la gran desigualdad social, con expresidentes de la República con pensiones de 50 millones al año, no debería haber pretextos para garantizar a los ciudadanos estándares mínimos de bienestar, donde tuvieran un ingreso básico que les permita cumplir con los más elemental: «Esto no significa darle un salario o ingreso máximo a todos los mexicanos o que todos tengan un mismo sueldo por decreto, sino que “exista un piso” de protección para quienes padezcan un problema, y el desempleo lo pueden afrontar con una mínima dignidad», indicó.
Para Arturo Alcalde Justiniani, las reglas que se proponen sustentarían la precariedad y la violación de los derechos humanos laborales, y así lo escribió en su columna titulada «Carta a los legisladores», publicada el 3 de febrero en La Jornada.
Las 5 claves
- Expertos advierten falta de consenso con organismos no oficialistas
- A nivel internacional se teme un atenta do contra la libertad sindical
- No garantiza un salario digno, como lo exige el TLC, opina investigadora
- Laboristas ven la mano de empresarios en la liberación del outsourcing
- Descartan que el tema electoral frene la aprobación de la reforma
PARA ENTENDER
Prometen más empleos
Como parte de la justificación de la reforma laboral, los senadores expusieron en la sinopsis que esta «incentivaría la creación de empleos e incrementaría la protección de los derechos individuales de los trabajadores». Sin embargo, expertos en derecho laboral y sindical advierten que esto va contra el trabajo colectivo y generaría trabajos mal pagados.
Con información de David Ortega, corresponsal
https://www.debate.com.mx/sinaloa/De-lesiva-califican-la-propuesta-de-reforma-laboral-20180220-0040.html
Reforma Laboral es una violación a los derechos humanos: CDHDF
La ombudsman capitalina dijo que esta iniciativa está endeble para operar
19 de febrero, 2018 Alejandro Granados
La Reforma laboral que se discutirá en el Senado de la República son una violación a los derechos humanos laborales ya que consideran menores indemnizaciones para los empleados o trabajadores despedidos, afirmó Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México.
Al encabezar el foro de análisis del proyecto de Reglamentación a la Reforma Constitucional Laboral de 2017, la ombudsman capitalina dijo que esta iniciativa está endeble para operar, pretende implementar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) sustituyendo con esto el salario como base para su cálculo, y el outsourcing que es una forma de contratación que tiene como resultado la precarización de las condiciones laborales de las y los trabajadores al trasladar la responsabilidad de los patrones que reciben sus servicios a un tercero.
Explicó que con ello, los patrones quedan sin las responsabilidades que tienen, pues los trabajadores no tienen seguridad social, ni los mismos derechos de quienes están en las instituciones y con una dirección laboral directa, a lo cual se suma el tema de las indemnizaciones con una unidad de medida diferente al salario, que va en contra del empleado.
El coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, Alfonso Bouzas, dijo que es un “monstruo, pues tiene características de incongruencia, irresponsabilidad, ilegalidad, falta de conocimiento, no considera la división de poderes y coloca a los trabajadores e una situación que mucho se parece a la esclavitud”, indicó.
Por su parte, Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM, advirtió que se trata de una iniciativa que atenta contra la paz social, al desestimular las demandas de los trabajadores, poniéndoles todos los obstáculos posibles para que puedan reclamar a un patrón, ahondando las desigualdades sociales.
El académico universitario planteo que a fin de abrir una discusión más abierta se prorrogue su discusión y aprobación en el Senado y que el próximo presidente del país decida sobre la reforma.
“Nos despierta graves sospechas de que hay algo encerrado ahí y no huele muy bien, y evitar que por la vía de facto, las organizaciones se hagan escuchar, rompiendo el orden y la paz social”, advirtió
http://www.24-horas.mx/2018/02/19/reforma-laboral-una-violacion-a-los-derechos-humanos-cdhdf/
Ombudsman capitalina señala riesgos por reforma laboral
Laura Gómez Flores
lunes 19 de enero de 2018
Ciudad de México. La reglamentación de la reforma laboral representa grandes riesgos al no considerar los recursos para operar, plantear la terciarización de los servicios para hacer informal el trabajo formal y considerar menores indemnizaciones para los empleados cuando sean despedidos, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez.
La iniciativa, que se discute en el Senado de la República y que entraría en vigor el 24 de febrero, es un “monstruo, pues tiene características de incongruencia, irresponsabilidad, ilegalidad, falta de conocimiento, no considera la división de poderes y coloca a los trabajadores en una situación que mucho se parece a la esclavitud”, afirmó Alfonzo Bouzas.
El coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral señaló que se creará un instituto que será un pre-juicio que llevará a los trabajadores a poner en la mesa todos sus argumentos de defensa y a aceptar la negociación que la política de Estado determine, y colocarlos a como estaban atrás de 1917, en materia laboral.
Se trata de una iniciativa que atenta contra la paz social, al desestimular las demandas de los trabajadores, poniéndoles todos los obstáculos posibles para que puedan reclamar a un patrón, ahondando las desigualdades sociales, advirtió a su vez Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM.
Las nuevas instituciones contempladas en la iniciativa, explicó, tienen un objetivo: encapsular los contratos colectivos de protección patronal en un centro denominado de conciliación y de registro de contratos colectivos y todo lo que concierne al mundo sindical, para conservar los privilegios del sector sindical y patronal “charros”.
Así como cerrar el acceso a la justicia evitando que algún asunto laboral llegue a tribunales, con lo cual se hará más tediosa y larga, a fin de “asfixiar a una de las clases de la sociedad, la trabajadora y si eso pasa en el Congreso de la Unión, deben saber perfectamente que el PRI lo ha enviado directamente, y perderá votos; así como los partidos que la apoyen”, dijo.
En el foro de análisis del proyecto de Reglamentación a la Reforma Constitucional Laboral de 2017, la presidenta de la CDHDF explicó que el primer riesgo que enfrenta la iniciativa es que no cuenta con presupuesto, está endeble para operar y, el segundo, la terciarización de los servicios como una norma, la parte del outsourcing.
Con ello, los patrones quedan sin las responsabilidades que tienen, pues los trabajadores no tienen seguridad social, ni los mismos derechos de quienes están en las instituciones y con una dirección laboral directa, a lo cual se suma el tema de las indemnizaciones con una unidad de medida diferente al salario, que va en contra del empleado, indicó.
Hasta el momento, comentó, los trabajadores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no han venido a presentar una queja en contra de la iniciativa, porque todavía no opera, pero si se aprueba de esa manera, seguramente vamos a tener varias, porque no hay presupuesto ni recursos para operarla.
Su aprobación corresponde al Congreso de la Unión, no existe otro camino al cual acudir para impedir que pase, por lo cual pedimos una prórroga y un debate abierto, antes del 25 de febrero, cuando tendría que publicar esta reglamentación, propuso la ombudspersona, petición a la cual se sumó la academia y el Observatorio Ciudadano.
Enrique Larios planteó que el nuevo presidente del país decida sobre la reforma, pues “nos despierta graves sospechas de que hay algo encerrado ahí y no huele muy bien”, a fin de abrir una discusión ordenada y democrática para toda la República; y evitar que por “la vía de facto”, las organizaciones se hagan escuchar, rompiendo el orden y la paz social.
Bouzas Ortiz también se sumó a esa petición de prórroga, para “ser prudentes por el bien de la sociedad y de un estado de derecho, pues no es una exageración decir que las nuevas condiciones en que se coloca al trabajo, se parecen mucho a las de la esclavitud”.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/19/ombudsman-capitalina-senala-riesgos-por-reforma-laboral-9696.html
CDHDF: No al Outsourcing en la reglamentación de la Reforma Constitucional en materia laboral
Boletín 18/2018
7 de febrero de 2018
En unos días, el Senado de la República estará discutiendo la Reglamentación de la Reforma Constitucional respecto de los Artículos 107 y 123 en materia de justicia laboral. Dicha Reforma tiene como puntos principales la transferencia al Poder Judicial de la impartición de justicia en la materia -sustituyendo a las Juntas de Conciliación y Arbitraje-, el fortalecimiento de la conciliación a través de los denominados centros de conciliación (teniendo en el ámbito federal el organismo descentralizado la responsabilidad del registro de los contratos colectivos y de las organizaciones sindicales), así como garantizar el voto personal, libre y secreto de las y los trabajadores para la elección de sus dirigentes y la resolución de conflictos inter sindicales.
En la iniciativa presentada se contemplan, entre otros temas, la liberalización del outsourcing que es una forma de contratación que tiene como resultado la precarización de las condiciones laborales de las y los trabajadores al trasladar la responsabilidad de los patrones que reciben sus servicios a un tercero, que por lo general no garantizan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha relación.
Por tal motivo es necesario que no se norme esta forma de relación triangular de trabajo, para preservar el carácter tutelar de la normativa laboral en nuestro país y evitar los abusos que se presentan con este mecanismo de contratación.
Esta figura contractual no debe permanecer en la Ley Federal del Trabajo para reestablecer los principios fundamentales contemplados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de la materia, que plantean como uno de los derechos humanos laborales fundamentales la estabilidad en el empleo como parte del trabajo decente, que es el concepto que ha venido a englobar el conjunto de condiciones que permiten, a quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo, una vida digna.
El Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, que está integrado por representantes de organizaciones de las y los trabajadores y estudiosos de la materia, ha señalado que la iniciativa conforme a su contenido plantea un nuevo modelo laboral que puede constituir, de ser aprobado en sus términos, una regresión de derechos al facilitar el despido, reducir indemnizaciones, obstaculizar la libertad sindical y negociación colectiva, restringir el derecho de huelga, poner en riesgo la autonomía del Instituto Federal de Conciliación y Registro y suprimir avances en transparencia sindical.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) continúa dando seguimiento al proceso legislativo y hace un llamado para que sean escuchadas las voces de las organizaciones representativas de los sectores obrero y patronal, las y los especialistas en la materia, academia e investigadores a fin de atender sus planteamientos y reconducir la propuesta hacia el respeto y garantía de los derechos humanos laborales y que ésta se ajuste a su propósito que es el mantenimiento del Estado de Derecho.
http://cdhdf.org.mx/2018/02/no-al-outsourcing-en-la-reglamentacion-de-la-reforma-constitucional-en-materia-laboral/
Cómo fastidiar a México hasta el final
POR JESÚS CANTÚ , 18 FEBRERO, 2018ANÁLISIS
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En un esfuerzo final para que las grandes empresas tengan todavía más oportunidades de seguirse beneficiando de los recursos naturales del subsuelo y de los bajísimos salarios de los trabajadores mexicanos, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsa la aprobación fast track de la Ley General de Aguas y una nueva legislación en materia laboral.
La primera pretende privatizar el manejo y comercialización del agua, y la segunda, condenar a la mayoría de los trabajadores a la precariedad. Tal como sucedió con la Ley de Seguridad Interior, al Ejecutivo lo único que le interesa es que se aprueben sus proyectos de
La Ley General de Aguas (Proceso 2153) contempla el otorgamiento de concesiones a perpetuidad y, aunque pone un límite máximo de 30 años, permite las renovaciones ilimitadas. Además, autoriza la transmisión de las mismas, aunque el cambio de titular implique también el cambio de uso del líquido, por ejemplo, de uso para fines agrícolas a industriales.
También contempla, de acuerdo con un análisis desarrollado por la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, que las tarifas del agua se determinen tomando en cuenta los costos, la inflación y la utilidad que debe lograr el operador.
Los expertos entrevistados en el reportaje de Jesusa Cervantes también hacen hincapié en que el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, a través de Ignacio Pichardo Lechuga, impulsaría el uso de fracking para la producción de gas y aceite, dado que dicho proceso requiere de gran cantidad de agua; así, la propuesta de nueva legislación es el complemento ideal para la reforma energética.
Mientras tanto, en lo referente a la propuesta de legislación laboral (Proceso 2153) ésta trasgrede los principios constitucionales promulgados en la reforma de febrero del año pasado, pues en lugar de crear Centros de Conciliación en los estados, y el organismo descentralizado con plena autonomía, prácticamente revive el formato de las Juntas de Conciliación al recrear instancias tripartitas: trabajadores, empresarios y gobierno. Lo que da al traste con una de las principales intenciones de la reforma.
También revierte el voto libre y secreto como requisito previo para cualquier negociación colectiva, al reservarlo únicamente para los casos en los que se emplace a huelga, con lo cual abre la puerta para los llamados contratos de protección.
Mención aparte merece la liberalización del llamado outsourcing, que es una de las vías más socorridas para evadir responsabilidades laborales y precarizar el trabajo en México, al eliminar las restricciones de la actual legislación que limita el mismo a actividades accesorias, como limpieza y vigilancia, e impide que se otorguen a terceros la realización de las tareas centrales del negocio. Aunque el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa, ya se manifestó contrario a esta propuesta, es un hecho que el proyecto que se discute en la Cámara de Diputados sí lo contempla.
Como bien señala Arturo Alcalde en un artículo publicado en La Jornada el sábado 3 de febrero, el proyecto de ley da al traste con los dos principales objetivos de la reforma constitucional: recuperar la vigencia del estado de derecho y dejar en manos de tribunales adscritos al Poder Judicial la impartición de justicia en materia laboral; y “recuperar el papel de la negociación colectiva como medio de concertación productiva y así suprimir los contratos colectivos de protección patronal celebrados a espaldas de los trabajadores”.
Estas dos iniciativas de ley, aunque nunca se contemplaron en el llamado Pacto por México, forman parte del paquete de reformas estructurales que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha impulsado incluso desde antes de llegar al poder, como fue el caso de la reforma laboral aprobada todavía durante el gobierno de Felipe Calderón, pero ya consensuada con el entonces presidente electo.
Todas las reformas (con la única excepción de la llamada reforma fiscal, aunque en realidad fue un aumento de impuestos indispensable para que las finanzas públicas federales no empeoraran) establecen condiciones muy favorables para que los grandes empresarios (en muchos casos de la mano de exsecretarios de Estado, ya muy bien señalados) exploten los recursos naturales y humanos del país.
Algunas de las primeras consecuencias negativas de la reforma energética ya están presentes con el encarecimiento de los combustibles y la debacle de las refinerías mexicanas; pero donde éstas son todavía más alarmantes es en el ámbito de la reforma laboral, pues entre 2013 –el inicio del sexenio y cuando apenas entraba en vigor la reforma laboral– y 2016 el número de personas empleadas que ganan más de cinco salarios mínimos se redujo en 700 mil; y, en contrapartida, el de personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos se incrementó en 3 millones 200 mil. Y, por si esto fuera poco, también hay cerca de 7 millones 200 mil personas que laboran menos de 35 horas por razones ajenas a su voluntad o reciben menos de un salario mínimo.
Para dar una idea de esta precariedad del empleo en México, en una encuesta levantada en Nuevo León entre septiembre y noviembre del año pasado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para el proyecto Cómo Vamos, Nuevo León, muestra que 51.1% de los encuestados manifestó percepciones menores a 9 mil 900 pesos mensuales, en ese entonces equivalente a cuatro salarios mínimos y, únicamente 1.6%, más de 24 mil 800 pesos mensuales, es decir más de 10 salarios mínimos.
En resumen, como resultado de la reforma laboral se ha incrementado el número de empleos, pero de muy mala calidad y, en contrapartida, se ha reducido el número de empleos bien pagados.
Es muy evidente que, hasta el momento, las reformas estructurales han beneficiado a muy pocos y perjudicado a la mayoría de los mexicanos; lo cual es claramente percibido por la población, pues en la última encuesta de Latinobarómetro 2017, 90% de la población consideraba que “el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”.
Y, no conforme con esto, Peña está empeñado en concluir su compromiso (con esos grupos poderosos que lo llevaron a la Presidencia) de reformas estructurales, sin importar los resultados que produzcan para el país. Parece que, aunque lo niegue, hasta el último día de su mandato se despertará pensando “en cómo joder a México”.
Este análisis se publicó el 11 de febrero de 2018 en la edición 2154 de la revista Proceso.