El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario del PRD, sostuvo que la subcontratación ha convertido al trabajo en una mercancía, como abarata la mano de obra y vulnera los derechos fundamentales, como el principio constitucional y legal de igualdad de salario.
Al inaugurar el foro “Fomentar el Trabajo Digno y Suficiente: subcontratación integral del capital humano”, impulsado por el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Julio Saldaña Morán (PRD), el legislador aseguró que la subcontratación ha propiciado la elusión de responsabilidades como el reparto de utilidades; generar antigüedad, que conlleva prestaciones y beneficios elementales como vacaciones, pensiones, indemnizaciones, liquidación; facilita el despido y rompe la unidad del contrato colectivo.
Explicó que el trabajo informal, por cuenta propia, eventual, la alta rotación en los puestos, la ausencia de una contratación colectiva, la falta de prestaciones y el pago por debajo de la línea mínima de bienestar, de ser modalidades “atípicas” se han convertido en formas predominantes.
Añadió que lo “atípico” ahora es el empleo estable y bien remunerado, conforme a la definición de trabajo digno o decente que contempla nuestra Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el Derecho Internacional.
Recordó que en 2012, la reforma a la Ley Federal del Trabajo atendió este tema, reconociendo a la subcontratación como una modalidad del trabajo que debe regularse, imponiéndole condiciones, así como sanciones a los patrones que utilicen este régimen en forma dolosa.
Asimismo, continuó, el propio secretario del Trabajo reconoce que no se han instrumentado políticas públicas y que se necesita mayor inspección en las empresas de subcontratación, para evitar que sigan eludiendo el pago de impuestos y sus obligaciones laborales.
El diputado perredista, Jesús Zambrano Grijalva, mencionó que con la Reforma Laboral de 2012 no sólo se ha tenido una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, sino una pérdida de sus derechos contractuales, de todo lo que tiene que ver con las prestaciones, la seguridad social y otros rubros.
Comentó que el diputado Julio Saldaña presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el fin de cambiar este panorama; por ello, dijo, este evento es muy importante en lo referente a la administración integral del capital humano poniendo en el centro a la persona.
“Se entiende que el empresario pretende conseguir mayor ganancia en el menor tiempo posible; es decir, elevando la capacidad productiva de los trabajadores, pero esto no debe ocurrir viendo al trabajador como una mercancía más, sino como una parte fundamental de la actividad productiva”.
Enfatizó que México bajó varios puntos en sus niveles de competitividad internacional, a pesar de generar más empleos, lo cual se debe a que los trabajadores no poseen una mejor calidad de vida, y disminuyen sus derechos y prestaciones.
El vicepresidente de la Mesa Directiva, el diputado Arturo Santana Alfaro, manifestó que buscar mejores derechos para los trabajadores es fundamental, por lo que desde su trinchera trabajará para impulsar que esta iniciativa sea aprobada en el Pleno este periodo de sesiones.
Julio Saldaña, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, indicó que su iniciativa plantea reformas a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para hacer una definición más amplia sobre el régimen de subcontratación y, con ello, evitar la afectación e incertidumbre de los legítimos intereses de los empleados.
Apuntó que “en un estudio profundo de la reforma laboral aprobada en 2012, se detectó la necesidad de definir de una forma mucho más certera y amplia al citado régimen de subcontratación laboral, para evitar confusiones y cerrar espacios para la simulación y defraudación fiscal”.
Subrayó que la reforma propuesta no pretende adicionar obligaciones al contratista, pero sí establecer que como patrón debe cumplir las obligaciones que la ley estipula, lo cual ocurre cuando participa en procesos de administración integral del capital humano.
Agregó que actualmente existen 4.9 millones de trabajadores que están integrados a la subcontratación y que sólo el 3.8 tiene bondades como mejores prestaciones y capacitación, entre otras.
El secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Juan Corral Mier (PAN), se congratuló por la iniciativa, pues busca establecer esquemas que permita a los empleados obtener un salario digno y unas prestaciones decentes.
Resaltó que dentro de la comisión se trabajará para que esta iniciativa noble avance rápidamente y logre debatirse y, en su caso, aprobarse antes de que concluya este periodo de sesiones.
Expresó que el salario mínimo tendría que eliminarse y plantear una medida distinta que fomente un ingreso digno para todos los que tienen una actividad lícita en este país.
Agustín Celorio Vela, presidente del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal y Tributario AC, sostuvo que se tienen 400 empresas identificadas a nivel nacional que aparentemente se dedican a la subcontratación u outsourcing; sin embargo, “simplemente son cuevas defraudadoras que no pagan retención de ISR, lo cual daña y perjudica a la clase trabajadora nacional”.
Consideró fundamental que la legislación sancione con pena privativa de libertad, igual o similar a la que existe para la defraudación fiscal, al patrón que utilice el régimen de subcontratación de forma dolosa, es decir, transfiera de manera deliberada a sus trabajadores al modelo de outsourcing.
Refirió que los legisladores deben impulsar, si no un salario de altura como Estados Unidos y Canadá, al menos una previsión social que les permita una mejor calidad de vida y que el Estado no sea víctima de defraudación fiscal, pues esto afecta las finanzas públicas.
Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, mencionó que las empresas de administración de capital humano son mal vistas, ya que no existe certeza de que operan adecuadamente; no obstante, continuó, este modelo genera mayores índices de utilidad, ya que logra mejores condiciones de trabajo en equipamiento de alto nivel, es vanguardista, da seguridad y mayores salarios.
Coincidió en que las reformas que se contemplan en la materia permitirán que las empresas subcontratistas cumplan con todas las obligaciones fiscales, laborales y sociales; evitarán que se creen empresas fantasma que afectan a la sociedad y gobierno.
“Hoy en día muchas empresas se crean para nacer y morir de forma inmediata, por lo que la modificación legislativa es primordial, a fin de exista una situación jurídica más estable y saber cuántas hay”.
Raúl Navarrete Pizaña, socio director de GINgroup Centro, concordó en que la regulación de las empresas de outsourcing “no sólo dará certeza jurídica a los contratistas, sino a los contratantes”.
Jaime A. Flores Sandoval, director general de CADEM Consultores, expuso que el eje toral de la iniciativa es establecer quién es el patrón en la relación de la subcontratación.
Propuso generar una ley general para normar esta práctica, donde se premie a quien cumpla sus obligaciones, ya que esto impulsará el empleo y los salarios podrían mejorar.
Carlos Orozco Felgueres-Loya, presidente del Grupo ORFE AC, afirmó que el outsourcing es necesario para el mundo; por ello, se requiere regularlo para evitar malversación de los recursos.
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La reforma laboral en zona de turbulencia
Arturo Alcalde Justiniani
El trabajo legislativo que se realiza en el Senado, para modificar la Ley Federal del Trabajo y, de esta manera, reglamentar la reforma constitucional de hace un año, enfrenta una serie de obstáculos y riesgos que se verán incrementados si el gobierno pretende acelerar su aprobación sin consenso y debida instrumentación. La clave para superar estos escollos está en ser congruente con la Constitución y no caer en el juego de aquellos intereses que impulsan una regresión, pretendiendo volver a un sistema de justicia ineficiente y parcial y a una contratación colectiva en manos del patrón, teniendo como entorno la corrupción y la simulación.
Actualmente, por lo menos son cinco los factores que condicionan la reforma. El primero, es el conflicto político que el gobierno federal ha trazado contra el PAN, lo cual rompe temporalmente con la alianza que en estos temas mantenían, respondiendo esencialmente a las peticiones empresariales.
Un segundo elemento se relaciona con el contenido de la iniciativa de ley presentada el siete de diciembre pasado por dos senadores priístas, elaborada por encargo del gobierno federal, aunque procesada en la sede de un despacho empresarial, que según se ha demostrado, se fue hasta la cocina en sus pretensiones. Esta iniciativa ha recibido desde su presentación el rechazo de todos los sectores, porque no sólo excede y contradice el mandato constitucional, sino que es altamente lesiva para todos y totalmente impracticable.
La tercera cuestión se ubica al interior del Senado. Hace días, el presidente de la Comisión de Trabajo decidió migrar del PRI a Morena, trastocando con ello los planes del gobierno. Atendiendo a la palabra comprometida del líder del Senado, cualquier cambio en esta Comisión, debe operarse en conjunto con otras comisiones, lo cual seguramente llevará su tiempo.
El cuarto factor tiene una vinculación internacional. Al firmarse el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el gobierno mexicano se comprometió a regirse por jueces laborales independientes, respetando los principios de la Organización Internacional del Trabajo. La iniciativa reglamentaria de origen priísta que hoy se discute, va en sentido contrario, pues invade las funciones del poder judicial por conducto de un órgano administrativo tripartito que impone requisitos para el ejercicio de derechos colectivos imposibles de cumplir por un gremio auténtico, omitiendo el voto secreto para acceder a la contratación colectiva. También nos encontramos en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se ha visto acompañada de una vigorosa presencia de gremios, organismos no gubernamentales y legisladores de los tres países participantes que consideran, con razón, que el modelo laboral autoritario y corrupto que pretende reeditarse en México, por medio de la Iniciativa priísta, daña los principios y derechos acordados para las tres naciones.
El quinto factor que condiciona el trabajo legislativo preocupa al gobierno federal más que los otros; consiste en que una reforma laboral regresiva, aprobada en estos momentos, sería el tiro de gracia para su candidato presidencial, José Antonio Meade. Si bien Enrique Peña Nieto tiene cifradas sus esperanzas en la compra del voto, la manipulación de las instituciones y el aprovechamiento de la infame pobreza de los municipios más olvidados, una movilización laboral en su contra puede ser letal, porque desataría otros agravios, incluso en las filas de los gremios laborales controlados. A esto se añade el hecho de que en estos meses se ha articulado una amplia red de oposición al proyecto gubernamental.
Frente a este panorama, el gobierno tiene la opción de seguir por el camino de la imposición y aprobación de la iniciativa repudiada o escuchar a quienes en congruencia con la Constitución y con las necesidades del país plantean un camino diferente. Para ello, sería necesario, en primer lugar, no incluir en los cambios a la ley laboral temas ajenos a la reforma constitucional, como facilitar el despido injustificado y afectar la estabilidad laboral por medio de la contratación temporal sin contrapesos. Segundo, respetar la función de los jueces laborales para que apliquen la ley sin la invasión del Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral.
Nada tiene que ver este órgano administrativo en los conflictos intergremiales o de titularidad de contratos y nada hay que conciliar cuando un sindicato afirma ante el juez que representa a la mayoría de los trabajadores, ya que sólo el voto de ellos podrá dilucidar esta controversia y no una negociación únicamente explicable por un acto de corrupción.
Tercero, ser congruente con la Carta Magna y, por tanto, rescatar el gigantesco valor de una negociación colectiva decente y responsable, lo cual implica que los trabajadores tengan facultad de decisión y textualmente señalar la condición del voto personal, libre y secreto, admitiendo también la opción de la huelga como un derecho humano reconocido en el mundo, que no debe ser obstaculizado mediante requisitos insalvables ni órganos administrativos ajenos a la función jurisdiccional.
Cuarto, establecer un procedimiento ordinario con base en las mejores prácticas del método oral para que un juicio no dure más de cuatro meses, cuente con la cercanía del juzgador y se construya sobre la veracidad en las declaraciones y reclamos.
El dilema del gobierno es atender a los principios constitucionales y necesidades del país o seguir siendo aliado a los intereses de siempre. Veamos en los próximos días por dónde decide transitar.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/17/opinion/015a2pol
Outsourcing . ¡Es lo fiscal, estúpidos!
Foto propiedad de: Internet
Vladimir Ricardo Landero Arámburu
@riclandero
lun 05 mar 2018 07:49
Desde 2013 el SAT ha expedido esquemas para combatir la subcontratación ilegal
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está cometiendo uno de los errores más graves del sexenio en materia de política económica, al omitir de forma deliberada el análisis del outsourcing en México en la discusión de las reformas en materia laboral que se están llevando en el Senado, dejando de aplicar una política pública de integración fiscal – laboral y los métodos de homologación sobre leyes vigentes.
Antecedente.
El debate se suscitó cuando se presentó en el Senado una iniciativa firmada por dos líderes sindicales en donde incluía, además de las leyes secundarias de justicia laboral, un apartado relativo a la subcontratación, mejor conocida como outsourcing. Lo primero que saltó a la vista fue la redacción proveniente de una fuente obrera, supuestamente defensora de los derechos laborales, y aclaro que saltó a la vista pero tampoco generó una gran sorpresa, en realidad estamos hablando de centrales obreras que manejan sindicatos blancos de protección para empresas (cobran cuotas sindicales por mantener a los obreros pasivos y permitir la violación de sus derechos laborales).
Surgieron voces en todos los medios, sobre todo académicos, que hicieron ver la atrocidad de la redacción en la propuesta de reforma, por lo que tuvo que salir la STPS a señalar primero, que se revisaría, después, que ya no formaría parte de la discusión en las leyes secundarias. Y allí se paró el asunto, sin moverse del eje de discusión (la reforma del senado) el tema de la subcontratación no salió a formar parte del debate, sólo se dedicaron a callar tanto la propuesta como la crítica, pero se dejó de lado el análisis.
Por otra parte, las autoridades hacendarias, tanto el SAT, IMSS e INFONAVIT, han manifestado de manera alarmante que la utilización de esta figura de forma ilegal ha generado desfalcos fiscales cada año del orden de los 200,000 millones de pesos, entre impuestos y cotizaciones que se dejan de pagar al erario. Si además tomamos en cuenta que actualmente un cuarto del total de los trabajadores formales del país labora bajo este régimen (5 millones), es fundamental para las finanzas públicas, la economía nacional y las políticas fiscales y de seguridad social.
Desde 2013 el SAT ha expedido esquemas para combatir la subcontratación ilegal, tanto por las operaciones inexistentes y venta de facturas, como incluso cambiar las reglas para la acreditación del IVA para las empresas que implementan subcontratación. La última adecuación se realizó para los CFDI, los recibos de nómina, en donde establece incluir datos fiscales en los recibos de ambas empresas, contratante y contratista, a efecto de que se acredite la existencia de esta obligación. El Seguro Social e INFONAVIT, también cambiaron su ley para imponer obligaciones extras, a las señaladas en la Ley Federal, para tratar de impedir la simulación en el pago de las obligaciones de seguridad social a más empresas que usar y prestan subcontratación.
¡Es lo fiscal, estúpidos! Frase que tomamos en analogía de James Carville, para señalar que lo económico es lo importante, pues es sin duda el tema central de una discusión de esta envergadura como lo es una reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Conclusión.
Al colocarse dentro del eje de la propuesta de los senadores y no salir de allí en el tema del outsourcing, la STPS está omitiendo – pero más bien lo está evadiendo, tapando y solapando -, el problema central que implica la subcontratación en México. Si la figura jurídica ha demostrado en los últimos 10 años ser un foco de evasión fiscal, generando grandes pérdidas millonarias al erario y delitos penales fiscales, es absurdo que la autoridad laboral solamente diga que se saca de la discusión el tema, en lugar de afrontar el problema. De qué sirve que las autoridades fiscales del SAT, IMSS e INFONAVIT estén por su lado luchando por regular y formalizar la figurara de subcontratación si no existe una política integral del Estado que vele por los intereses de la Nación, a efecto de evitar más daño a los ingresos del país. Lo que debe hacer la STPS es muy simple, debe incorporar las disposiciones tributarias que ya existen en materia fiscal, las obligaciones que tienen los patrones y empresas que utilizan esta figura, tanto en la documentación como en su acreditamiento en la Ley Federal del Trabajo; reconocer expresamente la obligación de los documentos fiscales como documentales públicas e imponer cargas de la prueba en los juicios laborales de los mismos de forma expresa; realizar un ejercicio de homologación legal que armonice todo el sistema de regulación de la figura tanto fiscal como laboralmente, en lugar de salir alegremente a decir que estemos tranquilos, que el tema mejor no se toca y se saca de la discusión. La STPS es responsable por omisión del daño patrimonial que sufre el país al no realizar las adecuaciones a la Ley Laboral. En un país de rendición de cuentas esto debería ameritar una sanción implacable.
** Abogado postulante. Maestro en Derecho por la UNAM. Socio de www.landeroasociados.com
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/03/05/outsourcing-es-lo-fiscal-estupidos
Reforma laboral suspendida, una oportunidad
Arturo Alcalde Justiniani
La decisión del Senado de diferir la aprobación de la reforma reglamentaria al artículo 123 constitucional es una oportunidad para abrir el debate y transitar por el camino correcto en este capítulo fundamental para el país.
Existen hasta ahora tres iniciativas en la Cámara de Senadores con relación a este tema. La primera, presentada el 7 de diciembre pasado por dos senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tereso Medina (CTM) e Isaías González Cuevas (CROC); esta controvertida propuesta ha generado un rechazo generalizado por diversos motivos, entre ellos, el hecho de que contraviene el texto constitucional que pretende reglamentar, por regresar al control gremial en la administración de justicia y mantener los vicios de la contratación colectiva.
La segunda iniciativa es impulsada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); su contenido es producto de un sólido proceso de participación plural de académicos, especialistas y distintos actores del mundo laboral y fue presentada por el senador Luis Sánchez Juárez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La tercera iniciativa corresponde a la senadora María del Pilar Ortega Martínez del Partido Acción Nacional (PAN); su contenido es hoy objeto de análisis y debate.
La reforma constitucional de febrero de 2017 planteó como objetivos centrales contar con un sistema de justicia eficiente e imparcial y por ello abandona el sistema tripartita que prevalece en las juntas de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, pretende rescatar la negociación colectiva de la simulación y corrupción que caracterizan a los contratos de protección patronal. También busca suprimir la extorsión a empresas por parte de siglas sindicales sin representación real de trabajadores.
En un periodo corto de tiempo, el tema de la reforma laboral ha generado un interés creciente, reflejado en la organización de múltiples foros y pronunciamientos públicos en los que han participado numerosos actores políticos y sociales. En un desplegado publicado en este diario el pasado 26 de febrero, se subrayan los temas que deberán atenderse, destacándose la autonomía en los órganos de impartición de justicia y el respeto al voto secreto. El pronunciamiento tiene especial importancia por la pluralidad de sus firmantes.
La reforma constitucional creó dos nuevos organismos para hacer cumplir los principios del nuevo texto constitucional: uno de carácter federal autónomo, con tareas de conciliación registro de sindicatos y contratos colectivos, y otro con el fin de impulsar la conciliación en los estados.
La propuesta del PRI, apoyada por abogados y líderes beneficiarios del sistema de corrupción gremial, pretende que en el nuevo organismo federal se imponga de nuevo la representación tripartita. Este intento de intromisión cancelaría los fines de la reforma por los siguientes motivos:
Primero, porque no se puede ser juez y parte, peor aún en una realidad como la nuestra, en la que la parcialidad, los intereses creados, la cultura del control, la opacidad y la corrupción han sido los ingredientes esenciales del modelo que la reforma pretende superar.
Segundo, porque el organismo será el receptor de información proporcionada por los trabajadores que pretenden organizarse, cambiar de sindicato o emplazar a huelga, y de su decisión depende la viabilidad práctica de estos procesos. Ningún grupo de trabajadores va a ser tan atrevido como para darle información logística y vulnerable a los representantes de la parte contraria. La experiencia demuestra que la consecuencia inmediata es la represión.
Tercero, porque no es atendible el argumento de que el carácter tripartita del organismo que se propone es similar a otros, como la Organización Internacional del Trabajo o el Seguro Social, porque su naturaleza es totalmente distinta y la función de estos últimos no es aplicar la ley; tampoco es atendible el argumento de que el problema se resuelve limitando en la reglamentación del organismo la injerencia de empresarios y sindicatos. En cualquier lugar que se encuentre la representación gremial influirá en las decisiones de dicho órgano y contará con información que puede afectar a los trabajadores. No es una cuestión de diseño organizativo o simple redacción.
Cuarto, porque en la experiencia internacional no existe un referente similar al órgano de control gremial que pretende la iniciativa del PRI.
A contracorriente, la propuesta impulsada por la UNT plantea que este organismo debe preservar su autonomía, como lo señala el texto constitucional, y propone que su órgano de gobierno incluya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que, por su naturaleza, están vinculados a los fines del organismo. Por su parte, la propuesta panista plantea que también participen especialistas en materia laboral de reconocido prestigio.
En conclusión, preservar la autonomía e imparcialidad de este órgano es un problema de vida o muerte para la reforma. De otra manera carecerían de sentido todos los recursos y esfuerzos implementados en esta tarea.
Para entender la campaña contra Napoleón Gómez Urrutia:
Circunstancialmente, conocí a un abogado que trabaja en un despacho de asesoría y litigio laboral, en el que todo su equipo es financiado por una empresa minera. En nuestro encuentro me comentó: “Nosotros nos dedicamos a presentar demandas y denuncias contra Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato nacional minero; la empresa nos da listas de trabajadores y acudimos a sus domicilios para convencerlos de que demanden al líder, ofreciéndoles nuestros servicios gratuitos y, a cambio de su firma, pueden recibir muchos miles de pesos.
La intención es presionar y desprestigiar a Napoleón, porque la empresa no quiere su regreso a México, pues ha sido demasiado exigente en el cumplimiento de los estándares de seguridad para los mineros y en el reclamo de las prestaciones laborales e incrementos salariales, más allá de lo que se otorga en el mercado laboral. Su confesión confirma los motivos de esta campaña.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/03/opinion/014a1pol
Chihuahua: Iniciativa laboral EPN-Meade
Sobre Aviso
Candelario González Villa
Presentada en diciembre pasado por los senadores priistas Isaías González Cuevas (CROC) y Tereso Medina (CTM) con el evidente encargo del actual Ejecutivo federal y su candidato presidencial, José Antonio Meade, al día de hoy ni una sola voz se ha alzado apoyando esta propuesta, mal llamada iniciativa.
Ambos senadores fueron desconocidos por sus propias centrales, pero aun así tuvieron la desfachatez de proponer que se aprobara al vapor. Ahora anuncian que intentarán repetirlo este mes en el inicio del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, con la excusa de que la reforma laboral a la Carta Magna planteó el término de un año para reglamentarla.
El contenido de la iniciativa en cuestión se puede resumir en los diez puntos siguientes:
- Desaparece los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permite que la responsabilidad de los patrones pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista) con la intención de abaratar el costo de la mano de obra.
- Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, al permitir que se haga simplemente comunicando por escrito al trabajador y señalando sus motivos.
- Promueve los ajustes y despidos masivos injustificados de trabajadores al liberar al patrón de la obligación vigente de justificar previamente ante la autoridad su causa. Cuando alega el patrón incosteabilidad, quiebra o la decisión de los acreedores de cerrar un centro laboral. Reduce la indemnización en caso de reajuste o separación colectiva, sustituyendo la obligación de pago conforme al salario vigente por una cuantía menor al salario mínimo. La invitación al despido está contenida en los artículos 436 y 439 a bajo costo.
- Reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte o incapacidad, sustituyendo la obligación actual de pagar en base al salario que recibía el trabajador por una unidad de medida menor al salario mínimo.
- Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva, violando así el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Impone obstáculos jurídicos y prácticos imposibles de cumplir para sindicatos autónomos, fuera del control empresarial. Fortalece así los contratos de protección patronal. La reforma constitucional (reciente) restringe el voto secreto como exigencia previa para la firma del contrato colectivo. Hace imposible el ejercicio de derechos laborales colectivos en la pequeña y mediana empresa.
- Hace imposible que los trabajadores puedan cambiar de sindicato por la vía de los juicios de titularidad al imponer requisitos insalvables de “procedibilidad” y “legitimación” que se deben cumplir bajo un tortuoso procedimiento aun antes de iniciar el juicio, con el fin de reprimir a los trabajadores.
- Impide el ejercicio del derecho a huelga al imponer requisitos que no podrá cumplir un sindicato auténtico. Hay una cerrazón al acceso a la negociación colectiva para dejar libre la controlada por el patrón, es decir, el outsourcing.
- Cancela el carácter autónomo del Instituto de Conciliación y Registro laboral, encargado del registro de sindicatos y depósito de contratos colectivos, al imponerle un esquema de gobierno controlado por la representación, tanto de los sindicatos oficialistas como patronales, regresando así a un sistema corporativo más rígido y discrecional a las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje. Todo el sistema en materia de asociación, contratación colectiva y huelga en este instituto y en los centros de conciliación estatales se convierten en fiscalizadores o jueces administrativos, invadiendo las tareas de los jueces laborales, que son relegados a una función marginal en detrimento del estado de derecho.
- Suprime los avances en materia de transparencia sindical contraviniendo la nueva Ley General de Transparencia e Información Pública que obliga a publicitar íntegramente por internet los documentos en poder de la autoridad, así como copia de los mismos a cualquier solicitante. Es decir, todo se reduce a las figuras de “declaraciones públicas” e “índices” con la intención de ocultar información y mantener el sistema de control y corrupción.
- En materia procesal, se impone un marco de derecho laboral hueco, regresivo y violatorio de los derechos humanos. El daño no solamente es en perjuicio de los trabajadores, sino a la sociedad en su conjunto, incluyendo a los empresarios.
Con esta propuesta, nos damos cuenta que el Estado como garante de justicia y seguridad de la clase trabajadora y de la sociedad en general, incumplió todas las reglas del Derecho y hace su entrega a los intereses de la iniciativa privada, es decir, la élite que se adueñó de la agenda nacional para satisfacer su voracidad y su ínfima calidad humana.
(*Con la participación de Arturo Alcalde Justiniani, licenciado en Derecho y académico en Derecho Laboral de la UNAM)
http://www.juarezhoy.com.mx/index.php/perspectiva/item/33121-iniciativa-laboral-epn-meade
Reglamentación pendiente
Columna: CAPITANES
02 de marzo 2018
En plena renegociación del Tratado de Libre Comercio, se da una mala señal en el tema laboral en México.
El pasado 26 de febrero se cumplió el plazo para que la reforma a leyes secundarias en materia de justicia laboral se aprobara, por lo que no se cuenta con un dictamen para que se materialice la transición de las Juntas Locales de Conciliación a Tribunales especializados, entre otros temas.
Existe una iniciativa que fue presentada el 7 de diciembre por los senadores Tereso Medina e Isaías González Pérez, que entre otros puntos, consideraba la flexibilización al máximo en la contratación vía outsourcing.
Dicho documento fue motivo de una denuncia en contra de México ante la Organización Internacional del Trabajo, así como de una queja ante la Oficina Administrativa Nacional de Estados Unidos, por parte de la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) el pasado 25 de enero.
El tema más polémico, el de la subcontratación, se bajó finalmente de esta iniciativa, pero continúan otros puntos álgidos, como es el de los contratos de protección.
La reforma está en el limbo, pero flamante secretario del Trabajo, Roberto Campa, espera que el Senado lo haga antes de que termine el actual periodo de sesiones.
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2018/3/2/capitanes-715965.html
Incumplen plazos sobre reforma en justicia laboral
Por: Redacción /El Pulso Laboral
Senadores y diputados incumplieron con la aprobación de las leyes secundarias en materia de justicia laboral, mismas que debieron estar listas este 26 de febrero tal y como lo estipulaba el decreto publicado por el presidente de la República y que daba un año para la aplicación de la nueva impartición de justicia en el país.
Aun cuando se aprobara la propuesta que presentaron los senadores del PRI, Tereso Medina e Isaías González Cuevas, en este periodo de sesiones que concluye en abril no hay tiempo suficiente para que la revisen los diputados federales, indicó Ricardo Martínez Rojas, socio de la firma de abogados De la Vega Martínez.
Cabe recordar que el 25 de febrero del 2017 el presidente de la República divulgó el decreto en el que se establecen los cambios constitucionales a los Artículos 107 y 123 en materia de Justicia Laboral y que contempla la desaparición de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, la creación de un organismo autónomo para llevar adelante la conciliación laboral y registro de contratos, así como los cambios respecto a los emplazamientos a huelga.
Ahí mismo, en los transitorios, se indicó que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo, aspecto que no se podrá realizar, ya que no hay leyes secundarias que permitan su aplicación.
Consultado al respecto, el senador Isaías González Cuevas comentó que no tenía información sobre la fecha o el día en el que se abordará el tema, y si existe o no un dictamen que permita avanzar en la aprobación de la legislación secundaria. Yo también estoy preguntando a la comisión.
APROBACIÓN, EN ESTE PERIODO
Por su parte, Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social ( STPS ) declaró que los cambios legislativos en la materia de impartición de justicia esperamos que estén aprobados en este periodo ordinario de sesiones.
Agregó que ha circulado información sobre supuestos contenidos de la reforma, por lo que garantizó que ésta se enfoca a un cambio trascendental vinculado con la impartición de justicia con Tribunales Laborales, y no a través de las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje, y reiteró que de ninguna manera se piensa flexibilizar el outsourcing.
Germán de la Garza, socio de la firma de abogados Mowat, comentó que hasta ahora no tenemos conocimiento de que se haya dado alguna extensión o plazo; no tenemos ninguna comunicación del Senado al respecto.
Agregó que, si bien no se han cumplido con los tiempos, lo que ha pasado también en otros casos, como el del fiscal o del procurador de la República que no han sido nombrados, consideramos que la dinámica laboral continuará su curso con la ley vigente. Fuente: María del Pilar Martínez/El Economista
Ciudad de México
martes 27 de febrero de 2018
Tema: Mercado Laboral
Por: Redacción /El Pulso Laboral
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/13234/incumplen-plazos-sobre-reforma-en-justicia-laboral
Prevén ley secundaria de justicia laboral en este periodo
El secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, enfatizó que hay consenso entre legisladores y empresarios para que el tema de subcontratación quede fuera de la iniciativa que será discutida en el Senado
Astrid Rivera
27 de febrero 2018
Antes de que concluya este periodo ordinario en el Congreso estará terminada la ley secundaria de la reforma en materia de justicia laboral, aseguró Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social.
Entrevistado al término de la conmemoración del Día Nacional por la Inclusión Laboral, Campa Cifrián comentó que la subcontratación, conocida como outsourcing, ha sido uno de los temas más “ríspidos” en la elaboración de la normativa, aseguró que hay consenso de todos los sectores para sacar de la discusión este tema, a `n de que en este periodo se concluya la legislación en materia de justicia laboral.
“Yo creo que los temas que se plantearon como más ríspidos, delicados, es el de la subcontratación, la propia Secretaría planteó su postura contraria a un esquema de flexibilización mayor en el artículo 1 a. Hay consenso de que esto no debe formar parte de la reforma. Ha sido el tema más difícil, lo importante es que arranque el proceso pronto en el senado para que pueda concluir esta reforma tan importante antes de que termine el periodo”, dijo.
Enfatizó que hay consenso tanto entre legisladores como con los empresarios para que el tema de la subcontratación quede fuera de la iniciativa que será discutida en el Senado; detalló que aunque el plazo establecido para elaborar la ley secundaria para regular la reforma en materia de justicia laboral “está venciendo”, confío en que antes de que concluya el actual periodo legislativo se concluya con esta normativa.
No obstante, consideró que se requiere fortalecer la verificación y vigilancia a las empresas que realicen la subcontratación, no sólo de parte de las autoridades laborales, sino también fiscales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas.
“El plazo que se dio en la reforma constitucional de un año está venciendo confiamos en que el Congreso en ambas cámaras, antes de que termine el periodo, pueda legislar una materia que resulte de la mayor importancia, ha habido un avance en el proceso de discusión en cámaras de origen y confiamos en que antes de concluir el periodo esté concluida la reforma”, enfatizó.
El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos constitucionales 107 y 123 en materia de justicia laboral, a partir de esta fecha los legisladores tenían el plazo de un año para aprobar la ley secundaria que normaría las modificaciones a la constitución en las que se establecen las nuevas disposiciones en materia de conciliación de problemas laborales.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/preven-ley-secundaria-de-justicia-laboral-en-este-periodo
Llama Campa Cifrián a regular ‘outsourcings’ para cumplir con normas laborales
El titular de la STPS informó en el Día Nacional por la Inclusión Laboral, que el legislativo ya analiza esta propuesta de ley en materia de justicia laboral
Por Notimex
Martes 27, febrero 2018 16:00
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, afirmó que es necesario fortalecer las políticas públicas para obligar a las empresas de subcontratación (outsourcing) a cumplir con la legislación laboral y con los requerimientos fiscales.
Entrevistado al término de la ceremonia conmemorativa del Día Nacional por la Inclusión Laboral, expuso que el plazo que se había dado el Constituyente de un año para aprobar la ley secundaria en materia de justicia laboral se está venciendo.
Mencionó que hay avances en la discusión de este tema tan importante para el mundo laboral «y esperamos que antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones sea aprobada tanto por el Senado de la República como por la Cámara de Diputados».
Uno de los temas más ríspidos y delicados, dijo, era el de «outsourcing» y la Secretaría del Trabajo fijó su postura respecto a que no debía formar parte de esta propuesta.
Después de excluir este tema, abundó, hemos conversado con los representantes de los diferentes factores de la producción y se acordó que este tema estorba en la discusión de las reformas secundarias en materia de justicia laboral.
Hizo notar que el Artículo 15 A de la Ley Federal del Trabajo establece con toda claridad el tema de la subcontratación y la forma en que los patrones deben asumir su responsabilidad con sus trabajadores.
Necesitamos, abundó Campa Cifrián, que los patrones cumplan plenamente en materia laboral con lo que establecen las tres disposiciones que hay en esta materia.
Asimismo, las empresas de «outsourcing» deben asumir su responsabilidad fiscal. “Los empresarios que se dedican a la subcontratación tienen obligaciones que cumplir con sus trabajadores».
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Por ello, insistió el secretario, es necesario fortalecer las políticas públicas para que se cumpla con la ley en este sector.
En este marco Roberto Campa resaltó que la informalidad en México se ha reducido en un tres por ciento, ya que seis de cada 10 mexicanos se encuentran en esta situación, sin protección social y percibiendo salarios más bajos.
En ese sentido comentó que no hay problemas de desempleo en el país, sino de informalidad laboral, aunque «a pesar de esta cifra se ha reducido este fenómeno económico en el país en más de tres por ciento».
El encargado de la política laboral del país estableció que el balance en general en este sector es positivo, pues se ha logrado reducir en 600 mil el número de menores de edad que trabajan, se ha incrementado el empleo para personas de la tercera edad, así como para aquellas con alguna discapacidad.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/02/27/llama-campa-cifrian-a-obligar-a-ot.html
La reforma laboral se aprobará en el periodo legislativo ordinario: Campa
Ayer venció el plazo para definirla; sindicatos señalan que hay diferencias
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 27 de febrero de 2018, p. 15
La discusión y votación de las leyes secundarias de la reforma en materia de justicia laboral en la Cámara de Senadores se encuentra frenada. Ayer venció el plazo legalmente establecido para que estos ordenamientos estuvieran aprobados por el Legislativo.
Ya deberían haber pasado por las dos cámaras legislativas, pero aún no hay acuerdos entre los diferentes sectores para sacarlas adelante.
El secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, dijo ayer ante el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación que hay confianza en que en el actual periodo ordinario de sesiones concluya este proceso y tengamos terminada la reforma en materia de justicia laboral. Dicha ley no es un asunto menor, no implica poco, aseveró.
Aseguró a los empresarios que en las leyes secundarias no hay ninguna intención para limitar o reducir los derechos colectivos y particulares de los trabajadores mexicanos o para cambiar los formatos de contratación.
En tanto, fuentes sindicales señalaron que continúa la disputa entre diversos sectores por el contenido de la iniciativa, ya que no se ha logrado destrabar en el Senado, a pesar de que se anunció que no incluiría liberar la subcontratación (outsourcing).
La discusión en el Senado se atoró fundamentalmente porque además del tema de la subcontratación, hay diferencias muy importantes sobre los nuevos planteamientos y términos que los trabajadores deberán cumplir para emplazar a huelga señalaron a este diario.
Agregaron que en los ordenamientos se señala, por ejemplo, que no puede haber emplazamiento a huelga en una empresa que no tiene trabajadores, lo que significaría que empleados de centros comerciales –a quienes no les llaman trabajadores, sino asociados– no pueden llevar a cabo un paro por violación a sus condiciones laborales. Asimismo, las empresas de outsourcing quedarían protegidas en este caso.
Consideraron insuficiente que se mantenga sin liberalizar la subcontratación, pues se debe garantizar el carácter tutelar de la Ley Federal del Trabajo.