Por Edgar Amigón Dominguez –
abril 5, 201
Una reforma de justicia laboral requiere consultas abiertas e incluyentes, que evite violaciones a las nuevas disposiciones; se requiere tiempo suficiente para instituir un sistema de justicia laboral verdadero, que responda a las necesidades del país, tanto para los trabajadores, como para los empleadores, estimaron abogados laborales.
Las primeras iniciativas de reforma en la materia fueron conocidas por la Cámara de Senadores apenas en diciembre de 2017. A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores les fueron turnadas tres iniciativas, sin embargo en la elaboración del dictamen únicamente se tomó en cuenta la iniciativa de los Senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En tanto las iniciativas del Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, no fueron tomadas en cuenta, únicamente se acusó de recibidas.
Es del dominio público que el tema fue trabajado en secrecía a grado tal que incluso miembros de la Comisión de Trabajo en el Senado no fueron consultados para su dictamen como es el caso del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, que siendo el Secretario de la Comisión de Trabajo no fue convoca para el análisis y dictamen de dichas iniciativas.
El abogado Manuel Fuentes Muñiz afirma que con dicha iniciativa se estará privatizando el derecho laboral y sus consecuencias serán: mantener bajos salarios, legalizar el outsourcing, anular la seguridad social, pagar riesgos de trabajo mediante la Unidad de Medida y Actualización U.M.A y no en salario mínimos, fomentar contratos colectivos de protección patronal, desaparecer sindicatos, anular derechos colectivos, acabar con la huelga y quitar el sentido social del derecho del trabajo.
Por su parte Arturo Alcalde ha señalado que la reforma constitucional de febrero de 2017 es “la más importante en los últimos cien años desde el nacimiento de nuestra Carta Magna, ya que plantea cambios fundamentales al modelo laboral, incluyendo el sistema de justicia y el ejercicio de los derechos colectivos”
Alcalde advierte la pretensión de regresar al tripartismo en el nuevo organismo descentralizado para el Registro de Sindicatos, Contratos Colectivos y Conciliación Laboral, la cual, afirma “regresar a un esquema tripartita en el nuevo órgano laboral, es contraria a la naturaleza del organismo que por definición constitucional debe ser autónomo en su funcionamiento, coadyuvaría a su pérdida de prestigio y limitaría la libertad con la que debe operar su titular. La propia exposición de motivos de la reforma constitucional advierte de las limitaciones del tripartismo, por lo que regresar a esta forma de funcionamiento sería transitar en sentido contrario a sus altos fines”
“Si la nueva reforma laboral sólo va a refritear lo que existe en la actualidad con los defectos de ausencia de presupuesto, capacitación, personal insuficiente, instalaciones deficientes, procedimientos mal diseñados en la ley que se han prestado para muchas trampas legales entre abogados habilidosos. Si esto se va a reproducir, la reforma será un fracaso”, apuntó.
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Con López Obrador, el salario mínimo crecerá a 176.72 pesos: Luisa María Alcalde
Por: Redacción/El Pulso Laboral
Luisa María Alcalde Luján, asesora del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en temas de trabajo y previsión social, aseguró que sin pretender una “locura”, en un eventual gobierno del político tabasqueño, el salario mínimo aumentaría gradualmente en seis años para quedar en 176.72 pesos, aproximadamente, sin riesgos de inflación.
Entrevistada por El Economista, la también ex diputada federal afirmó que el aumento al salario se dialogaría y consensaría, “sin imposiciones”, con empresarios. “No es riesgoso, es estabilizador”, aseveró.
Celebró que Estados Unidos y Canadá pretendan el aumento al ingreso laboral en México, como parte de la renegociación del TLCAN, y criticó que el gobierno de nuestro país lo tome como un asunto “doméstico”.
En tanto, Luisa María Alcalde aseguró que la propuesta de López Obrador de becar con 2,300 pesos mensuales a 2.3 millones de jóvenes como aprendices (programa que se denominaría Jóvenes Construyendo el Futuro), costaría 108,000 millones de pesos que saldrían, dijo, de recortes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como de austeridad y combate a la corrupción.
Alcalde Luján, de apenas 30 años de edad, afirmó que se respetaría la reforma laboral del 2012, y temas como el outsourcing, aunque se buscaría que se respeten las normas que regulan esa figura.
Asimismo, afirmó que el eventual gobierno de López Obrador respetaría la autonomía sindical, la toma de nota y los contratos colectivos de trabajo. Sobre Napoleón Gómez Urrutia, dijo que -en los hechos- sigue ejerciendo el control del sindicato minero.
—¿Cuál es la propuesta de AMLO para el aumento al salario?
—“Todo se va a hacer a través del diálogo, no de las imposiciones, esa es una cuestión clara. Ahora, hay mucha información y muchos diagnósticos. El mismo sector empresarial, a través de la Coparmex, está exigiendo un incremento más significativo del salario mínimo. Ellos mismos están diciendo no es suficiente, no se puede vivir con esa cantidad, que es algo que nosotros hemos sostenido siempre, nadie puede vivir con 88 pesos diarios”.
—“Ya no existe el pretexto aquel de que si el salario mínimo sube, va a subir todo lo demás, que suben multas, suben créditos del Infonavit, etcétera. Eso ya no, ya se reformó la Constitución, ya se creó una nueva unidad de medida para todo lo demás, y el salario mínimo se liberó. Entonces, eso ayuda a poder tener mucha mayor contundencia en un incremento del salario. En 70 años el salario mínimo ha perdido el 70% de su poder adquisitivo. Hace 70 años alguien que ganaba el salario mínimo, podía comprar 75% más.
—¿La desindexación del salario es un factor para evitar la hiperinflación?
—“Si, totalmente, ya lo que sube es únicamente el salario mínimo, no sube todo lo que está vinculado a él”.
—¿Cuál es la propuesta en términos monetarios de elevar el salario mínimo?
—“Tenemos una propuesta inicial de en seis años duplicar el salario mínimo, esa es una propuesta que está a debate, y que se va a ir analizando, lo que si es que nunca más un incremento que esté por debajo de la inflación, cosa que acaba de suceder, ahora por cierto que (José Antonio) Meade estuvo en la Secretaría de Hacienda en 2017, y necesitamos un incremento paulatino”.
—¿Entonces 176 pesos al final del sexenio?
“Más menos, sí, porque no nos lo inventamos nosotros, sino que el Coneval ha dicho que la línea mínima de bienestar, es poder tener una canasta básica alimenticia y de servicios, por una persona que trabaja y un dependiente económico, entonces la idea es que alguien que gana salario mínimo pueda subsistir, con cierta dignidad y no estar en los límites de pobreza como hasta ahora.
—“Ahora, esa propuesta se va a discutir, y por su puesto queremos escuchar a los diferentes sectores. Lo que sí digo es que ya no es la misma lógica de antes de solo escuchar a unos cuantos. Por primera vez vamos a escuchar a los que tiene poquito, a los que tienen más o menos, y a los que tienen mucho”.
—¿Canadá y Estados Unidos piden que el aumento de salarios sea parte de la renegociación del TLCAN?
—“Así es. Parece increíble, pero muestra de cuerpo entero al gobierno de Peña Nieto. Es increíble que las mesas de negociación sean Canadá y Estados Unidos los que hoy están exigiendo y poniendo sobre la mesa que mejoren los salarios en México, las condiciones y que haya democracia y libertad. México que hay dicho? Ese tema es nuestro, es doméstico, no está sobre la mesa, bajo esta lógica de ser atractivos, pero que no nos ha dado resultados.
—¿De qué va la propuesta de jóvenes becarios de AMLO?
—“Jóvenes Construyendo el Futuro, es francamente el proyecto que más me emociona, que me parece que va a ser un proyecto que va a abrir muchas puertas y es dar a 2 millones 600,000 jóvenes, buscándoles un lugar en la educación, y dándole un apoyo de 2,300 pesos para que sigan estudiando, pero sobre todo que hoy no tienen oportunidades de nada, tienen cancelada la posibilidad de desarrollase. Es buscarles esta vinculación con un centro de trabajo para que ahí puedan ser aprendices, y ahí se capaciten, tengan nuevas habilidades, nuevas herramientas y puedan, después de un año, vincularse de manera autónoma al mercado de trabajo. Creo que esto va a ayudar, no solamente a darle una oportunidad a la gente, sino que también va a ayudar mucho para el tema de violencia. Una de las principales fuentes de violencia es la falta de oportunidades”.
—¿Cuánto costaría y de dónde saldrían los recursos?
—“Este programa va a costar 108,000 millones de pesos, es uno de los principales programas que va a tener el nuevo gobierno, y hay muchas fuertes por las cuales podamos conseguir este enorme programa. Va a haber muchos cambios, se va a gobernar con austeridad; fuera lujos, olvídense de aviones presidenciales; se van a bajar los salarios de la alta burocracia, de los que ganan 200,000 o 400,000 pesos mensuales; se van a cancelar los seguros privados, nos vamos a ir al ISSSTE como cualquier otro ciudadano. Se van a ir recortando mucho gasto corriente. Y sobre todo, ser muy eficientes en el gasto de gobierno”.
—¿Qué pasaría con el Programa Nacional del Emprendedor?
—“Todo lo que tiene que ver con el Servicio de Empleo se van a ir a Jóvenes Construyendo el Futuro, porque no ha funcionado; porque este gobierno tiene como pequeños programitas de una secretaria y de otra, eso genera mucha corrupción. Necesitamos programas grandes, que tengan un impacto mucho más controlados y permeados”.
—¿Dónde se harían recortes?
—“Estamos en el análisis de eso, pero hay muchas áreas donde hay duplicidad, no está claro qué están haciendo. Por ejemplo, hay un área donde hacen una revista al mes, eso es todo lo que hacen, pero se destinan cerca de 25 millones al año, entonces, hay cosas que seguramente en la transición ya vamos a tener claro”.
—¿Cuál sería la relación con sindicatos?
—“Con todos los trabajadores organizados o no organizados, se va a respetar su autonomía. Ya no son estas alianzas en las que se cuidan las espaldas, se protege, vamos a respetar la libertad y la autonomía de las organizaciones de los trabajadores, eso deciden cómo cuándo se organizan. Cualquier sindicato va a tener la garantía de que el gobierno no va a ser persecutor ni tampoco cómplice de nada”.
—¿Y la Tomas de Nota?
—“Autonomía absoluta a tomas de nota, contratos colectivos, registro de sindicatos, eso ya no se va a meter el gobierno, y por eso fue tan importante la reforma laboral. Eso va a ayudar también a que ya no sea el gobierno el que controle el sindicalismo en México, lo que también quiere decir que no vamos a ser cómplices de ningún tipo de sindicato que hoy simula una representación que no tiene”.
—¿Cómo cuáles?
—“Hay muchos. Especialistas dicen que el 70% de los contratos colectivos actuales son de protección patronal, quiere decir que los sindicatos que los firman no representan a los trabajadores y lo pactan con el empresario”.
—¿Qué pasará con el outsourcing?
—“Subcontratación sí, pero tú tienes que cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, tienes que justificar la especialidad del trabajo. Hoy eso no se cumple”.
—¿La reforma laboral del 2012 se queda?
—“No estamos en un plano de hacer reformas legislativas. La idea no es pensar en reformas legislativas, lo que estamos pensando son acciones ejecutivas, en el tema de subcontratación que se cumplan las normas”.
—¿Qué se cumpla la reforma laboral?
—“Sí, claro, que se cumpla la ley, lo que ya no se vale es que se cumple para unos y para otros no, y que siempre hay favoritismos”.
—¿Hay un pacto de impunidad, como se dice, con Napoleón Gómez Urrutia?
—“Un pacto de impunidad sería si hubiera un proceso contra Napoleón Gómez Urrutia; hoy no hay ningún proceso en su contra, de todos modos esta exiliado en Canadá; no podría haber complicidad si no hay ningún proceso penal; si hay labores y civiles, eso lo determinará el Poder Judicial. Como cualquier otro, si le prueban cualquier circunstancia, no vamos a cubrirle las espaldas a nadie. No es el caso hasta ahora de Napoleón”.
—¿Podría regresar al sindicato?
—“El en realidad sigue siendo el líder de los mineros en los hechos, incluso desde allá (Canadá) él negocia contratos colectivos con las empresas mineras, y una de las cuestiones que me parecen significativas, es que los contratos mineros que representan el sindicato del cual Napoleón es representante, es el que mejores condiciones de trabajo tiene; los mineros que más ganan, que mejores condiciones tienen”, concluyó. //Fuente: El Economista
Ciudad de México
viernes 06 de abril de 2018
Tema: Mercado Laboral
Por: Redacción/El Pulso Laboral
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/13488/con-lopez-obrador-el-salario-minimo-crecera-a-17672-pesos-luisa-maria-alcalde
La reforma laboral, una afrenta al sector obrero: Steelworkers
Su aprobación sería un fracaso para México
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 5 de abril de 2018, p. 18
La United Steelworkers envió una carta al representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en la que asegura que el proyecto de reforma a la legislación laboral que se encuentra en el Senado en México, en espera de ser dictaminado y votado, significará la mayor degradación de los derechos de las y los trabajadores mexicanos.
Esta organización, que es el sindicato industrial más grande de Estados Unidos, indicó en la misiva que esta iniciativa es una afrentafundamental para el sector obrero y si se promulga pondría en peligro cualquier posibilidad de equilibrar la situación de los trabajadores mexicanos respecto de sus pares de Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La carta firmada por el presidente internacional de la USW, Leo Gerard, plantea que el sector laboral mexicano tiene una dramática necesidad de reformas. El año pasado se adoptaron cambios constitucionales que deberían mejorar la situación de los trabajadores, pero el Senado mexicano está en camino de aprobar una ley que es un ataque directo a esos derechos y, esencialmente, anula los cambios constitucionales.
Indica que lejos de proponerse una mejora en los salarios e ingresos de los trabajadores se está tratando de poner en marcha una reforma que vulnera sus derechos, lo que sería un fracaso de México, por lo que demandó que se impida y bloquee el proyecto de ley regresivo que se encuentra actualmente ante el Senado mexicano y adoptar reformas consistentes y que sean constitucionales.
Hay una gran preocupación entre las organizaciones obreras mundiales de que el Congreso mexicano apruebe una legislación enmascarada, cuyo impacto será la degradación de los derechos laborales.
La mejora crítica que se requiere es el fin de los llamados contratos de protección impuestos por el sector patronal a expensas de los trabajadores y sus derechos; sin embargo, la reforma laboral en discusión protege y blinda al sindicalismo blanco, restringiría el derecho al voto libre y secreto, limita la posibilidad de emplazar a huelga por firma de contrato o de cambio de sindicato, entre otros, indica la carta enviada por esta organización mundial al respresentante comercial de Estados Unidos.
La misiva del gremio metalúrgico expone que el déficit comercial de Estados Unidos con nuestro país “se ha visto impulsado por el outsourcingmasivo en México que genera grandes ganancias a las corporaciones a costa de que miles de trabajadores no tengan derechos laborales”.
Hace ver que el área crítica de las negociaciones del TLCAN, es el tema laboral y la ruta ha sido promover un enfoque de tres partes: leyes laborales mejoradas en México, un capítulo sindical más fuerte en el acuerdo y una estructura de cumplimiento mejorada con recursos y en el contexto del tratado. Sin embargo, todo esto se perdería si se aprueba la reforma laboral referida.
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/05/politica/018n1pol
Veracruz: Privatizar el agua, beneficiar a mineras a costa de la biodiversidad y facilitar el despido, entre las reformas que impulsa el Congreso en campañas
FOTO: FÉLIX MÃRQUEZ /CUARTOSCURO.COM
Utilizar los recursos hídricos y las áreas naturales del país para impulsar la explotación de hidrocarburos mediante el fracking, es una de las mayores preocupaciones de organizaciones civiles que han dado seguimiento a las iniciativas. Esto, sin contar con la manera en que el gobierno busca poner fin al derecho a huelga.
Veracruz: La reforma laboral que acaba con los derechos de los trabajadores
Por Manuel Hernández Borbolla
VERACRUZ, VERACRUZ, 02DICIEMBRE2014.- Trabajadores de la fábrica de tubos Tenaris-Tamsa intentan la noche de este martes, establecer una huelga por diversos problemas sindicales y el incumplimiento de pliego petitorio, sin embargo, elementos de la PolicÃa Estatal y Naval han impedido que tomen las instalaciones.
Otro de los temas que ha levantado polémica es la aprobación de la continuación de la reforma laboral impulsada por Peña y Calderón, en la cual, se dan más facilidades para que los patrones realicen despidos a través de la subcontratación (outsourcing) y también pone diversas trabas para que los sindicatos puedan ejercer el derecho de huelga.
La reforma laboral impulsada por el PRI en el Senado -a través de los legisladores Isaías González Cuevas (CROC) y Tereso Medina (CTM)- ha sido cuestionada por expertos en materia laboral, debido a que vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, como la libertad sindical y el derecho a huelga, debido en buena parte, a que los Centros de Conciliación señalados en las leyes secundarias, establecen patrones y sindicatos corporativos, lo cual permitirá al gobierno controlar qué gremios podrán emplazar o no a huelga.
«El derecho de huelga por su naturaleza no es negociable. Se firma el contrato colectivo o se estalla la huelga, por lo tanto, darle a los Centros de Conciliación atribuciones para conciliar el conflicto es poner en manos de la autoridad la posibilidad de que impida el ejercicio del derecho de huelga», apuntó Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y fundador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
Esto coincide con una tendencia en que los derechos de asociación de los trabajadores se han erosionado para evitar que defiendan sus derechos laborales, frente a los abusos de las empresas, según señala un informe de la Organización de Naciones Unidas.
«El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos», escribió el académico especialista en temas laborales, Arturo Alcalde Justiniani.
Según el experto, entre los principales peligros que encierra la reforma laboral impulsada por el PRI son:
1) Disuelve los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permitir que la responsabilidad de los patrones pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista) con la intención de abaratar el costo de la mano de obra.
2) Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, de comunicarlo por escrito al trabajador, señalando sus motivos.
3) Reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte e incapacidad.
4) Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva violando el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), imponiendo una serie de obstáculos jurídicos y prácticos imposibles de cumplir para un sindicato autónomo, fuera del control empresarial.
5) Impide el ejercicio del derecho de huelga al imponer requisitos que no podrá cumplir un sindicato auténtico.
En este sentido, la Barra Mexicana de Abogados presentó un amparo contra la discusión, aprobación y eventual publicación de las leyes secundarias de la reforma laboral por parte del Congreso de la Unión, debido a que, legalmente, dicha reforma debía haber sido publicada a más tardar el 24 de febrero de 2018.
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/03/privatizar-el-agua-beneficiar-a-mineras-a-costa-de-la-biodiversidad-y-facilitar-el-despido-las-reformas-que-impulsa-el-congreso-en-campanas_a_23400978/
La reforma laboral pendiente
Publicado el 21 de marzo de 2018
Alma Elena Rueda Rodríguez
Doctora en Formación de la Persona y Mercado del Trabajo por la Universidad de Bérgamo (Italia), y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo,
a.elenarueda@gmail.com
El 25 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta enmienda, que probablemente sea la más relevante en materia laboral desde la promulgación de la Constitución de 1917, trata sobre temas muy importantes como: negociación colectiva, organización sindical, libertad y democracia sindical, derecho de huelga y reforma de forma integral al sistema de justicia laboral. De esta forma, nos encontrábamos ante un hecho sin precedentes y sobre todo ante una gran oportunidad que abría las puertas para cambiar un modelo de justicia laboral que se exigía desde hace años.
El artículo transitorio segundo de la reforma, estableció que el 25 de febrero de 2018 sería el término máximo en que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, tendrían que realizar las adecuaciones legislativas que correspondieran para dar cumplimiento al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plazo que notoriamente fue incumplido, puesto que al día de hoy las legislaturas federal y las estatales han sido omisas en aprobar las normas instrumentales de la reforma.
Aunque son muchos los factores por los cuales, la iniciativa 1 que presentaron los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Tereso Medina e Isaías González (dirigentes de la CTM y la CROC), no ha sido aprobada, podemos enlistar algunas de las razones más importantes.
Destaca, en primer lugar, que la iniciativa propuesta por los senadores antes indicados, no fue aprobada en las comisiones legislativas respectivas, presumiblemente por la falta de consensos políticos y la falta de interés por parte de los grupos parlamentarios sobre este tema tan trascendente, quienes han dado prioridad a los procesos electorales estatales y de la Federación; por otra parte, el presidente de la República fue omiso en remitir al Senado la terna para elegir al titular del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, y finalmente, quizá las más importantes, son los duros y ciertos cuestionamientos técnicos que se están realizando al fondo de la iniciativa por parte de los distintos sectores, el sindical, el patronal y el académico.
Dichos cuestionamientos y críticas fundadas, pudieron ser evitadas, de haberse trabajado en un proyecto de legislación redactado con la colaboración técnica de especialistas en materia laboral, la organización de foros, estudios y consultas técnicas con expertos en la materia, y con la participación de los sectores obreros y patronales.
El plazo para la aprobación de las normas en materia laboral ha fenecido, y es hasta ahora que algunos grupos parlamentarios se han enfocado en sacar adelante la legislación a marchas forzadas. Por esa razón, en las últimas semanas cada vez han surgido cuestionamientos más severos sobre el proceso legislativo, debido a que existen en ese proyecto aspectos que evidentemente son regresivos, sobre todo en derechos laborales que se habían logrado a través de los años.
Desde un punto de vista técnico, una de las principales dificultades para la implementación de la reforma es el corto tiempo que el transitorio segundo estableció, puesto que las adecuaciones legislativas que implica la reforma, evidentemente no podrían estar listas en un año.
Sin más, resulta relevante recordar que la reforma en materia de justicia penal y seguridad publica del 18 de junio de 2008, tuvo un periodo de implementación de ocho años para que los gobiernos estatales y la federación realizaran los ajustes legislativos y estructurales necesarios para propiciar la operación y consolidar el nuevo sistema de justicia penal, es por eso que el cuestionamiento es, ¿por qué el Constituyente permanente consideró que un año sería suficiente para realizar una transición en materia de justicia laboral?
Por otro lado, es importante destacar que el órgano encargado de implementar la reforma, es decir, la Unidad de Enlace de la Reforma de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha caracterizado por la poca transparencia y la nula rendición de cuentas; en este sentido, es relevante destacar que dicha Unidad ni siquiera cuenta con un sitio electrónico para consultar la información más relevante, no se sabe cuáles son las principales actividades que está realizando esta instancia en coordinación con el Poder Ejecutivo o con las entidades federativas.
En este sentido, se necesita tener información esencial, por ejemplo saber cuáles son las fases de consolidación, quién capacitará a los nuevos jueces y magistrados, al personal operativo, cuál será el costo-beneficio de la implementación de esta reforma. Sobre este último aspecto, la Unidad de Enlace no ha hecho público los estudios técnicos necesarios para la implementación de esta clase de reformas, que revelen cuántos recursos serán necesarios para la implementación de la reforma, para la transformación de las juntas de conciliación y arbitraje en juzgados laborales, entre otras cuestiones.
Sobre el fondo de la reforma, es importante destacar que la iniciativa contempla la modificación de aspectos importantes de derecho sustantivo —individual y colectivo, así como procesal—; incluso muchas de las reformas en aspectos de derechos de los trabajadores tienen apariencia de ser violatorias al principio de progresividad, reconocido en el artículo primero de la Constitución, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen, el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos (en este caso los derechos humanos laborales) y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.2
Técnico, órgano de gobierno del Instituto, se propone que sea conformado por integrantes del gobierno federal, del sector obrero y del sector patronal, por lo que nuevamente es considerando el tripartismo, integración que ha sido largamente cuestionada por la doctrina desde el siglo pasado.3
Sobre la regresividad en materia de contratación laboral, destaca la propuesta sobre los contratos a prueba, puesto que el artículo 39-A del proyecto establece que “de no satisfacer el trabajador los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón” se dará por terminada la relación de trabajo. De esta forma, la reforma elimina la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento para darle todo el poder de decisión al empleador, prevista en la Ley Federal del Trabajo vigente.
Otro aspecto que merece una crítica profunda es el artículo 47 del proyecto, que establece que el patrón que despida a un trabajador, y que para despedirlo sólo se deberá señalarle la conducta o conductas que motiven la rescisión y la fecha en que se cometieron. Este artículo deroga las formalidades en la rescisión de las relaciones laborales, es decir, el aviso por escrito y que éste sea entregado personalmente al trabajador o comunicarlo a la junta de conciliación y arbitraje competente.
Por lo que consecuentemente se deroga que la falta del aviso al trabajador, personalmente o por conducto de la junta, determinaría la separación no justificada y, en consecuencia, la nulidad del despido. Por lo tanto, el patrón tendrá la libertad de despedir a un trabajador en cualquier momento sin aviso escrito, sin que esta circunstancia sea motivo de nulidad de despido, provocando incertidumbre al trabajador, ya que en cualquier momento y sin prueba escrita será separado de sus labores, lo cual viola una vez más, el ya citado principio de progresividad y el de seguridad jurídica.
Adicionalmente se observa que la reforma contempla a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia económica para determinar la cuantía de las obligaciones, multas o indemnizaciones, suprimiendo la medida del salario mínimo general vigente, por lo que notoriamente se reduciría la indemnización de los trabajadores en el caso de riesgos de trabajo, muerte o incapacidad, debido a que la UMA es una cantidad menor al salario mínimo vigente, por lo que evidentemente la reforma contempla una incorrecta lectura de la reforma en materia de desindexación del salario mínimo.
Otro punto que se debe destacar es el relativo a la subcontratación, pues en este nuevo proyecto se omite la regulación y mecanismos para el reconocimiento de derechos de los trabajadores, vigentes en la Ley Federal del Trabajo, recordando que este tema fue un gran logro conseguido con la reforma laboral de 2012.
Son muchos más los puntos que se pueden analizar y destacar de este proyecto de reforma, y pueden ser materia de una publicación específica, pero por último, se menciona lo referente al procedimiento de conciliación y selección de conciliadores que se encuentra regulado en el título catorce del proyecto, debido a que la conciliación jugará un papel significativo, por tal motivo, es importante que se contemplen incentivos procesales, con la finalidad de evitar que estos conflictos lleguen a los nuevos tribunales del Poder Judicial, pues de no fomentar la conciliación verdadera, los nuevos tribunales seguirán conociendo de miles de demandas laborales, situación que nos llevaría al punto al que nos encontramos hoy en día.
No obstante, el proyecto no menciona ningún incentivo procesal y lo presenta como un requisito previo, sin la importancia que merece, tal y como se viene realizando en la audiencia de conciliación con la actual Ley Federal del Trabajo.
Adicionalmente, estos centros de conciliación se les debe de dotar de suficientes recursos físicos, humanos y tecnológicos, pues estos recursos son necesarios para llevar a cabo sus funciones de notificación, orientación, información y conciliación, pero sobre todo, se debe contar con el respaldo de la administración y la coercitividad para el cumplimiento de sus sanciones y el cumplimiento de los convenios celebrados entre las partes, para que éstas tengan certeza jurídica y que de esta manera se den a conocer las ventajas de la conciliación y se fomente la conciliación como un mejor medio de solución de controversias laborales; y de esta forma la conciliación no sólo sea vista como un requisito previo al proceso jurisdiccional.
De igual forma, los conciliadores no sólo deben contar con conocimientos generales de derecho y, específicos en materia laboral, y con actitudes en la función conciliatoria, como lo establece el artículo 704, sino que deben ser personal altamente capacitado y con experiencia en la conciliación, ya que su rol es muy importante y esencial para que las partes lleguen a un acuerdo. Al respecto, se destaca que la propuesta legislativa no menciona la opción de contar con conciliaciones parciales, que serían de gran ayuda para aminorar la carga de trabajo si se llegará a judicializar el asunto planteado.
Como se advierte de los puntos que a manera de ejemplo fueron destacados, se observa que la reforma presentada fue redactada desde una visión patronal, que pretende aminorar los derechos laborales, afectando la estabilidad en el empleo y pretende olvidar los años de lucha y el objeto del derecho del trabajo: equilibrar las relaciones laborales.
Es así como hoy estamos frente a una reforma laboral pendiente, y por primera vez, se puede y debe celebrar que los legisladores no hayan hecho su trabajo a tiempo, pues una proyecto de ley como la que se presentó no es digna de aprobarse, ya que de no responde a las necesidades del mercado laboral mexicano, ni respeta los derechos laborales fundamentales. No se puede aprobar una reforma que propicie la incertidumbre y sobre todo, viole los compromisos mínimos del Estado mexicano en materia de progresividad de los derechos humanos laborales.
NOTAS:
1 La iniciativa puede consultarse en:http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Iniciativa_Justicia_Laboral_19012018.pdf
2 Tesis: 1a. /J. 85/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo1, octubre de 2017, p. 189; Tesis: 1a. /J. 87/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo 1, octubre de 2017, p. 188; Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Noviembre de 2015, p. 1298.
3 Carpizo, Jorge, “La Naturaleza jurídica de las juntas de conciliación y arbitraje en México”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 15, México, 1972, p. 67.
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12201/13862
El instituto de conciliación, a modo para líderes sindicales y patrones: informe
Foto Víctor Camacho
Se sienta así un precedente con el tema del desequilibro con los factores de producción y una jurisprudencia en la Suprema Corte de justicia de la Nación
Según el Observatorio de la Reforma Laboral, se simularon modificaciones
De acuerdo con el Observatorio de la Reforma Laboral, el proyecto de sustitución de las juntas locales de conciliación beneficia al sector patronal “más duro”, por lo que trabajadores estarían con desventaja
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Lunes 26 de marzo de 2018, p. 15
Para buscar la aprobación de las iniciativas de reforma en materia de justicia laboral “se simularon modificaciones y búsqueda de consensos”; sin embargo, el borrador de las mismas evidencia que el instituto nacional de conciliación que sustituirá a las juntas “quedará en manos de líderes sindicales y patrones”; además, será imposible para los trabajadores cambiar de sindicato, no se obliga al voto secreto ni presenta mecanismos para la oralidad de los juicios.
La única modificación que se hizo a estas iniciativas es quitarle la liberalización del outsourcing, pero en todas sus cláusulas responde a las exigencias del sector patronal “más duro”, revela un informe del Observatorio de la Reforma Laboral y la copia del último borrador del documento.
Una reproducción del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos del Senado, señala que además de las iniciativas presentadas por Tereso Medina e Isaías González, ambos del PRI, Luis Sánchez Jiménez (PRD) entregó otra para modificar la Ley de Amparo para temas laborales; María del Pilar Ortega (PAN) incluso puso a consideración otro proyecto de decreto de la Ley del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y para que se deroguen disposiciones de la Ley del Seguro Social y del Infonavit.
Todo eso, a decir del observatorio, “conforma una pinza para cambiar toda la normatividad laboral” a favor de los empresarios, acabar con derechos consagrados y dejar en manos de éstos y de líderes corporativos la justicia laboral.
Es una mentira que las autoridades laborales hayan querido consensuar con los sectores; por el contrario, acordaron con otros legisladores la interposición de otros proyectos de ley para endurecer más aún la reforma en materia de justicia laboral, indicó.
En los artículos 387, 390 bis, 1004, 1008 y 1010 se plantea cómo los patrones y los líderes de sindicatos corporativos van a formar parte del Centro Nacional de Conciliación, es decir, decidirán quiénes “cumplen con los requisitos” para, por ejemplo, conformar nuevos sindicatos o exigir por firma de contratos colectivos. Serán juez y parte y convertirán al organismo en un “frankestein laboral”.
El documento impone condiciones para emplazar a huelga por cambio de sindicato o contrato colectivo, lo que a su vez blinda los contratos de protección, hace imposible que trabajadores que no tienen gremio se puedan sindicalizar o que quieran quitar un sindicato charro, por ejemplo. En cambio, el voto secreto para todos los procesos, como lo exigía el sector laboral, se ignora y no se hace obligatorio.
Además, según la iniciativa presentada por el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, se pretende hacer cambios a la Ley de Amparo “adecuando la reforma al artículo 107 Constitucional a su ley reglamentaria y a la Ley Federal del Trabajo”. A eso se suma la iniciativa de María del Pilar Ortega, que plantea el proyecto de derecho para la Ley del Centro Federal y modificar la Ley del Seguro Social además de la del Infonavit.
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/26/politica/015n1pol
Salarios: Lo que empobrece a la nación
Ricardo Becerra
«Cuesta trabajo explicar, cuesta trabajo a veces poder ejemplificar a la sociedad, el beneficio de las reformas estructurales”, prorrumpió, lamentando, el presidente Peña Nieto, la semana que termina.
Está por hacerse un balance de los resultados reales de esa catarata de 11 grandes cambios (unos buenos, otros bastante malos) cultivados en el Pacto por México, pero si nos atenemos a los resultados gruesos, el balance no es positivo.
Concentrémonos en la gran noticia del sexenio. Cierto que las estadísticas del empleo son extraordinarias: 113 mil 722 empleos formales se registraron al IMSS en enero, cifra 4.5 por ciento superior a la del mismo mes en 2017 y es la más alta en 11 años, nos lleva ya a niveles previos a la crisis financiera. ¿A cantar aleluyas?
No, por desgracia: la tasa de crecimiento del empleo en 2017 fue de 4.3 por ciento, pero la tasa de crecimiento económico se quedó en el 2.1 por ciento. ¿Cómo es posible que la economía apenas asome la cabeza y no obstante el empleo más que la duplica? Pues porque no estamos hablando —sobre todo— de creación de empleos nuevos, sino de formalización —vía outsourcing, contrataciones más baratas y despido fácil. ¿El resultado? El número de trabajadores que ganan el salario mínimo es la franja que más crece, para llegar a 7 millones 926 al cierre del año pasado (cifras de INEGI). Un incremento anual de ¡6.4 por ciento! Dicho de otro modo: el empleo y el deterioro del empleo crecen, y mucho.
En parte esta dinámica explica las cifras que —también esta semana— difundió el Coneval: en los últimos ocho años, 2.9 millones de compatriotas dejaron de ser pobres extremos, santo y bueno; pero 3.9 millones de personas engrosaron las filas de la pobreza a secas.
Veámoslo más de cerca: hubo una salida de la miseria porque se amplió el acceso a los servicios de salud y hubo más vivienda esencialmente social. Siguiendo al Coneval, diríamos: la acción compensatoria del Estado funciona, con muchas dificultades, pero es la que explica la reducción de la pobreza extrema. El problema principal está en otra parte: en el mercado, en el mundo del trabajo, circuito en el cual “el ingreso de los hogares ha tenido una trayectoria errática” (Coneval).
El problema son, pues, los salarios, el hecho antieconómico de que trabajar no te salva de la pobreza. Y aún más: las grandes tendencias muestran que en este mundo al revés, los salarios en México, al achicarse, te acercan a la pobreza.
Un estudio del Centro de Investigación en Economía y Negocios, del Tec de Monterrey, exhibe que quienes ganan dos, tres y hasta cinco salarios mínimos se han reducido; llamativamente, el segmento que se estrecha más es precisamente el de los mejores salarios (más de 5 salarios mínimos), ¡23.2 por ciento menos en un año!, para seguir bajando y, por lo tanto, para arrimar a los trabajadores en los linderos de la pobreza.
Está por hacerse un estudio que lo demuestre, pero mi hipótesis es que los 3.9 millones de nuevos pobres vienen de abajo (los que escaparon de la miseria extrema, sí), pero también de arriba: los que antes ganaban más pero dadas las condiciones de la nueva ley laboral, han de contentarse con una remuneración inferior (y con mayor inestabilidad).
De modo sumario: lo que está empobreciendo a la nación es la política salarial. Recomienda el Coneval: “Aumentar el salario mínimo de manera constante y moderada usando el mecanismo denominado Monto Independiente de Recuperación (MIR) propuesto por la Conasami, que ha sido empleado en los dos últimos años”. Claro, se trata de usarlo en serio, sostenidamente, como un compromiso público y de Estado.
53.4 millones de personas en pobreza, debería avergonzarnos. Y 9.4 millones en pobreza extrema, es sencillamente inaceptable. Pero en esas estamos. Por cierto, no escuché a ningún candidato decir pío frente a estas cifras tan dramáticas.
El Presidente tiene razón: las reformas estructurales han sido mal explicadas, pero hay algo mas de fondo, pues en conjunto, también han sido portadoras de expectativas fallidas, pues ni ellas ni la política social en curso han sido capaces de contener a la pobreza. Y es que la pobreza crece, se reproduce y multiplica, todos los días, en el lugar de trabajo, donde se ofrecen salarios cada vez más deprimidos.
Mientras tanto, leo en la prensa: Colombia, desde 2010, sacó a 4.7 millones de personas de la pobreza. Pues sí: más que duplican nuestro salario mínimo. Presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática
ricbec@prodigy.net.mx
@ricbecverdadero
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1071141.html
Foto Archivo.
EDOMEX: Triangula contratación de trabajadores el outsourcing
Hay una cifra negra de estas empresas: Rubí Salazar
Patricia Venegas
Tlalnepantla, México; El outsourcing desafortunadamente se ha tergiversado en muchos casos y ha dado pauta a que se evadan responsabilidades por parte de los patrones como la formalidad del empleo, el nivel de ingreso, seguridad social y la relación jurídica formal entre ambas partes.
Ignacio Rubí Salazar, secretario del ramo, informó que ya se analiza y revisa esta triangulación de la contratación que se está haciendo. «En el Estado de México, no hay número de cuántas empresas realizan la subcontratación, que es un problema de fondo» aseguró.
«Cuando digo que se está revisando es porque en el Senado de la República se lleva a cabo el análisis de una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en donde se encuentra el marco jurídico que regula específicamente esta tercerización de la contratación que hace el outsourcing» comentó.
“No tenemos un dato exacto porque esto es una cifra negra, quisiéramos saberlo para combatir aquellos casos donde la figura se está utilizando precisamente para afectar las características del empleo y la calidad. Se verificara aquellos casos donde se utiliza esta figura, para que se haga conforme lo establece la ley puntualmente”, refirió el secretario del trabajo.
«Estamos llevando a cabo inspecciones específicamente de la materia que se denomina condiciones generales de trabajo para verificar y vigilar que la relación laboral esté enmarcada en la ley Federal» aseveró Rubí Salazar.
La Secretaría del Trabajo vigila en las Ferias del Empleo que la oferta esté enmarcada en la formalidad, es decir que el salario esté dentro de lo que establece la ley.
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/triangula-contratacion-de-trabajadores-el-outsourcing-1445806.html
Llama Coparmex-CDMX a aterrizar reformas hacendarias a realidad
Redacción/Quadratín México | 21 de marzo de 2018
Ciudad de México, 21 de Marzo de 2018.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capitalina hizo un llamado al Congreso de la Unión para revisar los proyectos de reforma fiscal y laboral, así como a las autoridades respectivas para sacar los pendientes en materia de reglamentación fiscal dada la incertidumbre existente, siendo este un factor que inhibe la creación de empleos y el desarrollo económico.
En voz de la contadora pública Virginia Ríos, tesorera de Coparmex-CDMX y una de las ponentes en el Foro Laboral donde se abordaron diversos temas relacionados con el ámbito laboral y fiscal, el Centro Empresarial dio a conocer su postura.
Ahí, Ríos Hernández explicó cómo la reforma fiscal realizada en 2014 lastimó sensiblemente a los empresarios porque se estableció que las prestaciones sociales para los trabajadores como el fondo de pensiones, la despensa, el fondo de ahorro, el reembolso de gastos funerarios, las ayudas para útiles escolares, el tiempo extraordinario, los subsidios por incapacidad, entre otras, no podrían ser objeto de deducibilidad al cien por ciento, sino solo al 47 o al 53 por ciento.
“Los patrones no pudieron con esta carga fiscal y algunos decidieron quitar las prestaciones que habían otorgado a sus trabajadores con la intención de mejorar su calidad de vida, al no poder deducir al cien por ciento estos conceptos”, indicó.
La también empresaria calificó como urgente y necesario que los legisladores se avoquen a este importante rubro de prestaciones sociales con base en la realidad, pues apuntó, por un lado los trabajadores necesitan de las prestaciones sociales provistas por los patrones, y por el otro los patrones debieran tener incentivos por procurar un mejor nivel de vida a sus trabajadores, quitándoles carga fiscal.
“El patrón dice yo les doy a mis trabajadores una despensa, o les voy a dar un fondo de pensiones para que su nivel de vida en su etapa ya no productiva sea digna”, pero con esa disposición los patrones no pueden mantener esos incentivos.
Todas las prestaciones sociales ofrecidas por los patrones, explicó, son de gran apoyo para sus trabajadores, sobre todo las integradas en fondos adicionales para su jubilación, porque la mayoría de las pensiones por recibir en unos años a partir de las afores no llegarán ni al 30 por ciento de lo percibido actualmente por un trabajador.
Virginia Ríos citó también algunos estudios realizados por aseguradoras y especialistas como indicadores de la necesidad de mayor ahorro por parte del trabajador pero, aseguró, el trabajador no tiene de dónde ahorrar, entonces es ahí donde los patrones preocupados por esta situación decidieron otorgar fondos de apoyo para prever el retiro de sus empleados.
“Como estos fondos de apoyo no son deducibles al cien por ciento, algunos patrones los cortaron definitivamente y otros dijeron ya no le incremento más, y los que pensaban otorgarlo decidieron quedarse esperando a ver si habría alguna regulación diferente”, expresó.
Enfatizó la urgencia de revisar la situación actual de empresarios y trabajadores por parte de los legisladores del Congreso de la Unión, autoridades fiscales, laborales y de seguridad social para elaborar reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, o bien que el jefe del Ejecutivo por decreto permita deducir al cien por ciento las prestaciones sociales que los empresarios otorgan a sus trabajadores.
Al referirse a la subcontratación, mejor conocido como outsourcing, la especialista en temas financieros y fiscales aseguró que en este renglón los contratantes son los más afectados con la normatividad al respecto, al no permitírseles contratar servicios de naturaleza igual a la que corresponde el giro de la empresa, es decir, si se tiene una maquiladora de ropa y una empleada se incapacita, el patrón no puede contratar a una empresa que le envíe a una persona a realizar las tareas de la trabajadora incapacitada.
“Es necesario que eso se reforme no como viene en el proyecto del 7 de diciembre presentado a los senadores, sino con base en la realidad. Esto no está en la realidad”, indicó.
Como hoy están las cosas, “la subcontratación debe justificarse por su carácter especializado y no pueden realizar tareas iguales o similares a las que realicen los demás trabajadores de la empresa y en caso de no cumplir con esta condición, entonces al contratante se le considerará patrón para todos los efectos, incluso para seguridad social”.
Además, mencionó, hoy al contratante se le deja la tarea de prácticamente supervisar fiscalmente a la empresa de la cual subcontratará servicios, al establecer que “el contratante debe cerciorarse de que el contratista cuente con la documentación y elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones con sus trabajadores”, es decir registros en la Secretaría de Hacienda, del Trabajo, de Finanzas (de la entidad de la que se trate), en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) porque con ello se garantiza que el contratista es un empresario formal.
Y explicó la fracción V del artículo 27 de la Ley del ISR donde se establece que el contratante deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses así como de su declaración de entero de las retenciones efectuadas a dichos trabajadores y del pago de las cuotas obrero patronales al IMSS y aquí la sanción por incumplir esta disposición es para el contratante, es decir, para quien no hará deducible el pago de los servicios subcontratados.
El presidente de Coparmex-CDMX, Jesús Padilla Zenteno, reiteró la necesidad de fomentar y defender la competitividad laboral en la Ciudad de México con el objetivo de preservar la capital como uno de los mejores sitios para invertir y agregó que ante el complicado panorama internacional es necesario mantener la confianza en la inversión y crear mecanismos para permitir la generación de más empleos y salarios dignos.
“Esto se logrará en la medida en la que fortalezcamos el mercado interno y mejoremos la competitividad laboral que asegure que las empresas tengan certidumbre jurídica y flexibilidad para mantener la capacidad de trabajo formal.
“Desde Coparmex-CDMX hacemos un llamado para que la Reforma Laboral venga acompañada de un proyecto de capacitación y formación profesional para quienes integrarán las nuevas instancias encargadas de impartir la justicia social con el fin de asegurar el respeto a los derechos de los trabajadores y que las empresas cuenten con los mecanismos para brindar más y mejores empleos”, detalló.
Las legislaciones secundarias de la reforma laboral, dijo, no deben perder de vista que de acuerdo con datos del Instituto de Informática y Geografía (INEGI), alrededor del 60 por ciento de los trabajadores no cuentan con prestaciones básicas de ley.
“Cerca del 90 por ciento de trabajadores cuentan con empleos generados por micro, pequeñas y medianas empresas, pero esto no garantiza un trabajo perdurable en el tiempo dada la mortandad de las empresas en Méxicol”, añadió.
Otro aspecto que se debe considerar, apuntó, es el trabajo informal, más de dos millones de personas laboran en esta condición, lo cual detona la importancia de involucrarnos en una reforma laboral que los alcance y los abrace a todos y acotó: “para esto es necesaria la participación del gobierno local y federal, además de los sectores productivos para hacer propuestas integrales a políticas públicas que permitan realizar estrategias para la generación de empleos formales”.
https://mexico.quadratin.com.mx/llama-coparmex-cdmx-a-aterrizar-reformas-hacendarias-a-realidad/
PRD rechaza abaratar aún más el empleo
La Prensa Martes 20 de marzo de 2018 en México
Por: Arturo R. Pansza
Ciudad de México.- La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, en rechazo a la pretensión de abaratar aún más el empleo mediante la eliminación de derechos sociales y la desregulación de la subcontratación u “outsourcing”, que pretenden el PRI y el gobierno federal, llamó al Congreso de la Unión a reformar el marco jurídico laboral para elevar el salario, la productividad y el nivel de vida de los trabajadores, así como la competitividad de las empresas y de la nación.
Al respecto, el coordinador y el vicecoordinador de la diputación perredista, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, en la inauguración del Foro “Para Fomentar el Empleo Digno y Suficiente: Subcontratación Mediante la Administración Integral del Capital Humano”, coincidieron en que el Revolucionario Institucional, así como los partidos aliados a éste y la propia administración del Presidente Enrique Peña Nieto, son responsables del deterioro de la calidad de vida de los trabajadores en lo que va de este sexenio.
En dicho foro, organizado por el diputado perredista Julio Saldaña Morán y ante representantes de organizaciones sindicales, empresariales, académicas, defensoras de Derechos Humanos y de derecho laboral nacionales e internacionales, Martínez Neri, acusó al gobierno de incumplir la ley para someter a control a las empresas subcontratistas y de no obligarlas a respetar los derechos de los trabajadores, tal como lo han reconocido el titular y otros funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Dijo que el principio básico de la reforma laboral de 2012 fue evitar la evasión y la elusión en el cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón a través de la subcontratación u “outsourcing”. Dicha reforma establecía condiciones para que la empresa que contrataba trabajadores a través de otra u otras empresas no se considerase patrón.
De no cumplirlas, se consideraría tal patrón y debería asumir las obligaciones correspondientes, como las de seguridad social. Además, advertía que, si se utilizaba esta subcontratación de forma dolosa, la empresa sería objeto de sanciones.
Adelantó que, desde luego, la bancada del PRD no acompañará una reforma como ésta que pretende legalizar las simulaciones sino, por el contrario, demandará a la autoridad cumplir con su responsabilidad en los ámbitos laboral, fiscal y de seguridad social a través de reformas como las que impulsa el diputado Julio Saldaña Morán.
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/292344-prd-rechaza-abaratar-aun-mas-el-empleo