Arnoldo Piñón
Antes del 1 de mayo, las reformas a la Ley Federal del Trabajo deberán estar aprobadas por las Cámaras de Diputados y de Senadores, de acuerdo con las intenciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Lograrlo no representará problemas, debido a que en ambas cámaras Morena tiene, con sus aliados, mayoría simple para aprobarla. Hasta ahora, salvo la pretensión de meterle mano al articulado del outsourcing, como lo contempla una de las dos ultimas iniciativas de reformas que ese partido ha presentado, el resto de las propuestas como la acreditación de representación de los trabajadores en emplazamiento por firma de contrato colectivo y los informes del manejo del patrimonio sindical cada seis meses, parecen no haber generado aparentemente mayor inquietud.
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Después que se realizó ya un foro en San Lázaro, donde dirigentes sindicales y especialistas analizaron el contenido de las propuestas, la Comisión de Trabajo de los diputados tiene condiciones para elaborar un dictamen y presentarlo al pleno para su discusión y votación, a fin de que siga el mismo procedimiento en el Senado de la República.
Interesante por demás que la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde haya dicho, desde el 20 de marzo, que el gobierno de Estados Unidos, como parte del proceso de ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), estaría a la espera de la concreción de un nuevo sistema laboral en nuestro país que extinga el tripartido en las juntas de conciliación y promueva la libertad sindical y la contratación colectiva.
Las palabras de la encargada de la política laboral del país dejan ver que el gobierno lopezobadorista privilegiará intereses por encima de los trabajadores, con la finalidad de preservar la tranquilidad para las empresas. ¿Como entender entonces las huelgas en Matamoros, impulsadas por, entre otros, el sindicato minero y que se han traducido en la salida de algunas maquiladora al no satisfacer las exigencias de aumentos salariales de 20 por ciento más bonos por 32 mil pesos?
Lo anterior corre el riesgo de interpretarse que en materia de outsourcing pudiera incluso mantenerse en las condiciones en que se encuentra desde que en el último cuatrimestre de 2012 en que fue incorporado a la Ley Federal del Trabajo, pese a que se ha convertido en práctica usual para disminuir prestaciones económicas a los mínimos legales.
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En otras oportunidades he reiterado que el outsourcing o subcontratación tiene una finalidad benéfica, al permitirles a las empresas no desviarse de su objetivo. A manera de ejemplo, la banca tiene un objeto social especializado, por lo que requiere que la limpieza de sus instalaciones la realice una firma dedicada a ese rubro.
Lamentablemente por la ausencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión para hacer cumplir la ley, esa figura ha sido utilizada para reducir salarios y prestaciones de los trabajadores. En otras oportunidades he citado que en la banca más del 40% de los trabajadores están contratados a través de empresas subcontratistas.
A esos trabajadores de la banca se les pagan las prestaciones previstas por la ley laboral, excepto al reparto de utilidades -una prestación económica con rango constitucional-. Incluso el banco número uno creó, desde la década pasada, una empresa a la que le trasladó a todos sus trabajadores -unos 30 mil- ahorrándose miles de millones de pesos.
Es cierto que el actual gobierno tiene sólo cuatro meses. Sin embargo, frente a la situación del país es inaceptable, desde cualquier punto de vista, se permitan prácticas que lesionan sus intereses en beneficio de empresarios que sólo ven las utilidades de sus firmas, sin reparar en las necesidades de sus trabajadores.
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La propuesta de Morena de endurecer los requisitos para la contratación a través de empresas outsourcing ha generado inquietud entre algunos empresarios, por lo que de mantenerse la posición de Morena de incluir la propuesta en la Ley Federal del Trabajo, la reforma pudiera no ser tan tersa.
Es cierto, no es necesario endurecer los criterios para subcontratación: lo que se necesita es que se aplique la ley en los términos en que está. Ese es uno de los grandes retos en materia laboral del Gobierno de López Obrador.
Si bien es cierto ese punto es el único que ha provocado algunas tensiones, también lo es que la iniciativa presentada en diciembre por el diputado Miguel Ángel Chico Herrera, contiene puntos que pudieran violentar disposiciones contenidas en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Es importante puntualizar que ese convenio -junto con el 98 recién ratificado por nuestro país-, forman parte del marco jurídico, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución. Por tanto los legisladores deberán ser muy cuidadosos en lo que aprueben, porque de lo contrario lloverán juicios que obligarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer la constitucionalidad en algunos casos.
El Convenio 87 en específico es muy claro en que el gobierno no puede inmiscuirse en la vida interna de las organizaciones sindicales, incluida su propia administración.
La reforma laboral es una necesidad, a fin de de regular la que en materia constitucional se aprobó y está vigente desde 2016 y que implican, entre otros renglones, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, para ser sustituidas por juzgados laborales.
Y viene ahí otro aspecto: el nuevo centro de conciliación y registro sindical, con las facultades que se le pretende otorgar, lo convertirá en un ente particularmente poderoso, una especie de monstruo.
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Ocaso de un país sin huelgas
21/04/2019
JORGE FALJO
Durante décadas se nos prometió que el libre funcionamiento del mercado laboral nos llevaría por sí mismo a la mejora de las condiciones de los trabajadores.
PERFIL
Las pasadas huelgas en Matamoros Tamaulipas tomaron de sorpresa al país. Nadie predijo que duplicar el salario mínimo en la franja fronteriza del norte del país podría, de rebote, provocar una revuelta laboral de los trabajadores de las maquiladoras. O tal vez sÍ se consideró esa posibilidad, porque el decreto indica, como un buen consejo, que la elevación del mínimo no debe ser referente para incrementar los demás salarios vigentes en el mercado laboral.
En esa perspectiva, que comparten las empresas, los trabajadores de las maquiladoras no serían beneficiados porque, tomando en cuenta bonos e incentivos, ya tenían ingresos superiores al nuevo mínimo. Sin embargo, esos trabajadores lejos de considerarse privilegiados recordaban tiempos mejores. A principios de los años noventa, antes de la firma del TLCAN, el salario medio de las maquiladoras de la región era de 19.50 dólares diarios; a precios constantes, hoy es menor a eso. Además, habían conseguido que la semana laboral fuera de 40 horas con pago de 56 horas; mientras que ahora en la mayoría de esas empresas se trabaja 48 horas a la semana.
Huelgas
En Matamoros se conjuntaron condiciones particulares de activismo, liderazgo y organización que llevaron a los trabajadores a una huelga general local en la que rebasaron a sus liderazgos sindicales formales. Exigieron un incremento salarial del 20 por ciento y el pago de un bono especial de 32 mil pesos que resultaba de calcular un pago salarial acordado con las empresas que se cubría en un solo pago al fin de año y que resultó alto porque estaba indexado al salario mínimo. El resultado es que cerca de un centenar de empresas llegó a un acuerdo favorable a las exigencias de los trabajadores.
Lo realmente sorprendente es que este era un país sin huelgas. En el sexenio de Vicente Fox estallaron 267 huelgas de carácter federal; en el de Calderón 111, y en el de Peña Nieto tan solo 22. Al final de la anterior administración se cumplieron 31 meses sin un solo estallamiento de huelga.
Esta «paz laboral» no era de ningún modo indicador de satisfacción de parte de los trabajadores. Se originaba más bien en dos factores: uno, la efectividad de los mecanismos de control y represión instaurados en el sindicalismo mismo y en las instituciones laborales. O segundo, un mercado laboral dominado por la informalidad y la ausencia de oportunidades de mejora.
Con el TLCAN México se comprometió a procurar el bienestar de los trabajadores; y simplemente no cumplió. Durante décadas se alentaron organizaciones sindicales autocráticas, corruptas y represoras de los trabajadores. Un régimen de desprotección de los derechos laborales alentado desde el gobierno.
TLCAN
Ahora desde los Estados Unidos viene la exigencia de reformas laborales que serán parte del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC. Y esta vez parece que la cosa va en serio.
Trump ha ubicado a México, ante sus «fans», como un país que le roba empleos a los norteamericanos. En su campaña presidencial prometió acabar con la explotación laboral en México, porque constituye una forma de competencia desleal. Ese discurso ha trascendido y ahora es compartido por los demócratas. Importa resaltarlo porque en Estados Unidos existe la impresión de que México los engañó.
No suena bien plantearlo de ese modo. Pero, por otra, parte sería difícil negar que los mexicanos mismos hemos sido constantemente engañados. Durante décadas se nos prometió que el libre funcionamiento del mercado laboral nos llevaría por sí mismo a la mejora de las condiciones de los trabajadores.
En ese contexto se consideró inútil fijar un salario mínimo porque por sí mismas las empresas ya pagaban sueldos superiores. Matamoros demostró que no era cierto. De acuerdo con el IMSS el 10% de los trabajadores formales más pobres incrementó sus ingresos en más del 50% por la elevación del mínimo. Aunque en el conjunto total el salario promedio sólo subió un 8 por ciento, antes de las huelgas.
La reforma laboral se encuentra a discusión.
Sus ejes de transformación jurídica son el derecho de los trabajadores a organizarse; a elegir por voto libre y secreto a sus líderes; a discutir y aprobar, o no, el contrato de trabajo, a eliminar los contratos de protección, y a que las disputas laborales se resuelvan ante jueces independientes.
No conocemos aún cual será la redacción final de la ley y si acaba o no con el outsourcing y los falsos contratos de honorarios, o los deja para después. Pero basta lo esencial de las demandas norteamericanas para que aquí ocurran cambios fundamentales que abrirán escapes a la gran olla de presión donde durante décadas se han acumulado demandas reprimidas.
Y la exigencia de los demócratas no se limita al cambio legal. Sabedores ellos como nosotros, que con frecuencia el cambio legal es mero formulismo e hipocresía, esta vez exigen asegurarse que los cambios se instrumentarán adecuadamente y que a final de cuentas se conseguirá lo que quieren: disminuir la brecha salarial entre los trabajadores mexicanos y los norteamericanos.
Es en el terreno de la efectividad donde se librarán las más fuertes batallas internas. El sector privado mexicano sabe que la reforma laboral es inevitable; acepta el cambio legal para acoplarse a las exigencias de la renovación del tratado comercial, pero al mismo tiempo se opondrá a la sindicalización, a las elevaciones salariales y pondrá el grito en el cielo cuando ocurran huelgas.
La transición será un camino empedrado.
No sólo habrá tumbos inevitables en el camino de una cultura de auténtica negociación entre empresarios y trabajadores organizados. Abrir la ruta de la mejora salarial entra en contradicción con la estrategia económica de competir en un mundo globalizado sobre la base de pagar salarios de hambre en un mercado interno desprotegido.
Tendremos que revisar el modelo económico en su conjunto empezando por darle peso al Estado como rector de la economía, al diseño de una política industrial consensada con los sectores empresariales y una política social adecuada a la inclusión de todos los mexicanos. Y en las relaciones con el exterior pasar de la competitividad salarial a otra asociada a la protección de nuestra producción interna.
Utopías, las ajenas y las propias
@JorgeFaljo | @OpinionLSR | @lasillarota
https://lasillarota.com/opinion/columnas/ocaso-de-un-pais-sin-huelgas/281177?fbclid=IwAR1tD4VYYkB_yar-IcOLm6AA_Oa2tWG8bLss_4nv4zYUtjVERG8p1aici8Y
La reforma laboral y sus leyes secundarias
Corolario
RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE
El Senado debe hacer una confección más rigurosa de la reforma para ahorrarle a México muchos sinsabores
20 de Abril de 2019
En febrero de 2017 fue publicada —en el Diario Oficial— una reforma constitucional de carácter laboral de hondo calado. El segundo artículo transitorio de dicha enmienda señaló la obligación del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales para realizar —dentro del año siguiente de su entrada en vigor— las conciliaciones legislativas secundarias necesarias para dar cumplimiento al mandato constitucional.
Ante los compromisos asumidos por México con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y su inminente proceso de ratificación, la Cámara de Diputados aprobó hasta hace unos días una serie de reformas a diferentes leyes.
Las leyes modificadas son: Ley Federal del Trabajo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de la Defensoría Pública, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, todo ello en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
La Constitución ya establece en su artículo 123, fracción XX, que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, desapareciendo de esta manera a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Las normas secundarias recién procesadas reglamentan el tránsito de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, lo cual representa un reto mayúsculo. Lo es, porque en el presupuesto de este año no se previeron recursos financieros suficientes para dicha transición. Así que reformas sin presupuesto, quedan en buenas intenciones.
Se plantea la creación del “Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral” y uno por cada entidad federativa. Aquí se substanciarán los procedimientos de conciliación entre trabajadores y patrones para evitar llegar a los tribunales.
Resulta curioso que en otras ramas del derecho se esté optando por privilegiar la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de controversias y en materia laboral se vaya en sentido inverso, creando procedimientos judicializables.
En materia sindical, las leyes en proceso de aprobación establecen que los trabajadores tienen derechos de libre afiliación y participación al interior de los sindicatos. Es decir, no pueden ser obligados a formar parte de ningún sindicato, federación o confederación.
Además, las directivas sindicales deberán rendir cuentas detalladas de la administración de su patrimonio y podrán perder su registro si sus dirigentes incurren en actos de extorsión en contra de patrones.
Hay que destacar que uno de los grandes pendientes de estos cambios es el referente a la subcontratación laboral, conocido como outsourcing, en el que casi cinco millones de trabajadores en el país laboran. Creo que no hay asunto laboral que permita mayor exportación, evada más impuestos y permita que se atropelle la protección social de los trabajadores. Es una verdadera lástima.
La aprobación de las leyes secundarias ha demorado demasiado. Es lamentable que durante ese tiempo desperdiciado no se haya hecho una consulta ni un estudio a fondo para poder tener una reforma laboral que beneficie más a la clase trabajadora del país. El Senado debe hacer una confección más rigurosa de la reforma para ahorrarle a México muchos sinsabores.
Como Corolario, la frase del jurista argentino Roberto Saba: “Los derechos sociales siguen siendo el núcleo para combatir la desigualdad”.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/raul-contreras-bustamante/la-reforma-laboral-y-sus-leyes-secundarias/1308462
Reforma Laboral sin outsourcing
SOBRE LA MARCHA
Por Carlos Urdiales –
20 abril, 2019
La subcontratación (outsourcing) es tema que ocupa a la bancada de Morena en el Senado en la ratificación de la Reforma Laboral, aprobada por la Cámara de Diputados, la cual será discutida por el pleno el próximo martes en sesión ordinaria.
Para Pedro Haces, senador por Morena, secretario de la Comisión y líder sindical, el outsourcing es un huachicoleo social, financiero y fiscal, cuya regulación justifica ir despacio en la aprobación definitiva de la citada reforma constitucional.
Para el legislador, la Reforma Laboral no es una imposición del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino una imperiosa necesidad de justicia social interna.
Que la reforma se revise y discuta en la Cámara alta en sesión ordinaria, y se planteen observaciones que podrían devolverla a Diputados, da fe de la soberanía con que México procesa un marco laboral, sobre el cual nuestros socios comerciales hicieron señalamientos y exigencias.
Para Pedro Haces el outsourcing se distorsionó en la Ley aún vigente. La flexibilidad para que empresas pudieran delegar determinadas funciones a entidades especializadas y externas, devino en esquemas de simulación y evasión fiscal. Para el senador de Morena hay subcontratación legal, ética y otra que constituye un fraude en más de un aspecto.
A los trabajadores subcontratados les han “robado” prestaciones sociales y años de antigüedad. Sin derecho a servicios médicos, créditos especiales y sin aportaciones al fondo individual de retiro, millones de mujeres y hombres deberán enfrentar su vejez sin la protección mínima que la Ley laboral pretendía, alerta la bancada de Morena.
La Procuraduría Fiscal de la Federación investiga a más de 200 empresas que han utilizado el outsourcing como mecanismo legaloide para evitar asumir los costos sociales de una plantilla laboral formal, así como para ofrecer a clientes un eficiente esquema de evasión fiscal, a través de facturas piramidadas entre empresas de papel.
Mientras la autoridad judicial fiscaliza a quienes han abusado y deformado la Ley, la bancada de Morena, que encabeza Ricardo Monreal, insiste en ajustar la letra para obligar a los empleadores a respetar derechos inherentes a todo empleo formal. En legalidad, ninguna disyuntiva debería existir entre crear empleos y hacerlo con pleno respeto al espíritu del constituyente.
Este martes en el Senado, la Reforma Laboral será analizada y, en caso de enmendar lo aprobado por Diputados, la iniciativa deberá ser devuelta a la Cámara de origen. Sólo después podrá emprender la ruta por los Congresos locales, para que alcance su estatus de reforma constitucional.
Y al tiempo cumplir con lo comprometido en el marco del T-MEC, respecto a un esquema más justo de contratación para los trabajadores en México.
UAM, casa cerrada al tiempo. La huelga más larga de su historia mantiene a la Universidad Autónoma Metropolitana cerrada desde el 1 de febrero. El Sindicato Independiente de la UAM exige 20 por ciento de incremento salarial, la rectoría ofrece 6.45 (el ofrecimiento original fue de 3.35 por ciento).
El trimestre en las cinco unidades de la UAM se ha perdido. Más de 68 mil alumnos, trabajadores y académicos están afectados, trámites de titulación detenidos, protocolos de investigación tirados a la basura y miles de salarios caídos no presionan a la dirigencia sindical para acercar posiciones con una rectoría que afirma, no puede dar lo que no tiene.
Las huelgas en la UAM y en la Universidad de Chapingo alarman por el desprestigio que la educación superior pública suma. La promesa de campaña del Presidente López Obrador para abrir decenas de universidades públicas y la evidente decadencia que las academias profesionales de la Ciudad de México (creadas cuando AMLO gobernó la capital nacional), construyen un imaginario negativo sobre lo que la 4T aporta en materia de política educativa.
Urge que la UAM y Chapingo encuentren puntos de equilibrio entre lo deseable y lo posible para que sus alumnos, trabajadores, académicos, laboratorios y talleres, vuelvan a las actividades centrales que sus prestigios demandan.
Apremia que la 4T avance en la preparación profesional de las generaciones presentes sobre planes consensuados y no sobre promesas ocurrentes o menos aún, sobre pruebas contundentes de modelos fallidos.
https://www.razon.com.mx/opinion/reforma-laboral-sin-outsourcing/
Prevén con T-MEC mejora en salarios
Si México garantiza el cumplimiento de ciertos compromisos, la economía de los trabajadores mejoraría
ARRAY AGENCIAS, sábado 20 de abril 2019, actualizada 4:31 am
Los salarios de los trabajadores sindicalizados en México aumentarían 17.2 por ciento con el nuevo Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) si el país cumple los compromisos de negociación colectiva, consideró la Comisión de Comercio Internacional (USITC, en inglés).
En un análisis para evaluar el acuerdo trilateral firmado en noviembre de 2018, se destacó que si el gobierno mexicano logra garantizar el cumplimiento de compromisos para una libre negociación de contratos colectivos, la economía de los trabajadores observaría una mejoría.
«El análisis cuantitativo hecho por la Comisión sobre los compromisos hechos por México respecto a la negociación colectiva estima que estas provisiones incrementarían los salarios de sindicalizados en México en 17.2 por ciento, asumiendo que estas provisiones sean cumplidas», señaló el reporte.
«El ingreso de los hogares y el Producto Interno Bruto (PIB) real, crecen ligeramente como resultado del incremento de los salarios de los trabajadores sindicalizados«.
Dentro del texto que presenta una modesta mejoría para la economía estadounidense si el T-MEC es avalado por el Capitolio, la USITC asegura sin embargo que el aumento en los salarios tendría algunos efectos negativos para la economía mexicana y no tanto beneficio para la economía estadounidense.
«El incremento tendría impactos negativos en los precios de los productos de México y el comercio con Estados Unidos. Al final, el efecto de las provisiones de negociación colectiva en México para la economía de Estados Unidos es pequeño respecto a otras provisiones que modelamos», aseveró.
Considerado como uno de los puntos de mayor fricción para la ratificación del pacto en el Congreso de EU, el tema laboral aparece en el cuerpo central del T-MEC y no como un acuerdo paralelo como fue negociado en 1993 bajo el aún vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
Los compromisos laborales de México bajo el T-MEC están contenidos en el Anexo 23-A y en éste el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar listo para finalmente avalar las leyes secundarias de justicia y conciliación laboral de la reforma constitucional laboral de 2017.
El pleno de la Cámara de Diputados avaló el pasado 11 de abril la reforma a la justicia y conciliación laboral pero aún falta su aprobación en el Senado mexicano.
La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ha insistido desde noviembre en esperar dichas reformas.
Los diputados aprobaron la reforma que garantiza la democracia sindical y cambia los procesos de justicia laboral, al tiempo de asumir el compromiso de revisar próximamente el esquema del outsourcing.
El proyecto se turnó al Senado para su revisión, donde tiene hasta el 30 de abril para su aprobación.
En materia de justicia laboral, la reforma prevé la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como crear una medida para prohibir a un patrón despedir a una trabajadora embarazada, si se sospecha que ese fue el motivo.
En materia sindical, abre la posibilidad de consultar a trabajadores por voto libre, personal y secreto sobre el contrato colectivo de trabajo.
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1568533.preven-con-t-mec-mejora-en-salarios.html
¿Qué hay detrás de la supuesta libertad sindical?
Este jueves se votó en lo general y lo particular la reforma laboral, la careta con la que fue presentada es la supuesta libertad sindical, como respuesta al apriete imperialista para dar inicio al T-MEC ¿Qué hay de fondo en la nueva reforma laboral?
Alex Osorio
México
Viernes 12 de abril | 22:36
Tras la presentación del proyecto de Reforma Laboral presentada por una pequeña comisión de trabajo representativa de todos los partidos políticos, este jueves la cámara de diputados la aprobó en lo general y en lo particular.
El gobierno federal en voz de la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, salió a aplaudir la aprobación de la reforma y asegurar que con ésta se saldaba una deuda histórica en la impartición de justicia, la democracia y la libertad sindical.
Lo cierto y como reconoce la propia María Luisa, es que la reforma laboral aprobada de manera “Fast track” tiene de telón de fondo las relaciones comerciales con el imperialismo estadounidense expresadas en el T-MEC y la presión que EE UU realizó por conducto de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, al decir que no se avanzaría en el T-MEC si México no aprobaba la reforma laboral.
Es cierto también que la reforma laboral es la continuidad de la propuesta de reforma aprobada en febrero del 2017 en el sexenio de Peña Nieto.
Las principales consecuencias que se han retomado en la gran mayoría de los medios reflejan el intento de construcción de la «cara buena» de la reforma laboral. Hablan de lo “progresivo” que es la desaparición de las juntas de conciliación, las supuestas garantías para una mayor democracia sindical en las que se habla de garantizar el voto libre, seguro y secreto para los trabajadores, la posibilidad de que los trabajadores puedan afiliarse al sindicato que quieran, la ratificación para que los trabajadores puedan generar nuevos sindicatos y supuestos mecanismos para garantizar la rotación de los dirigentes sindicales.
Sin embargo, la Reforma Laboral tiene otros aspectos que son regresivos para los derechos laborales de los trabajadores.
Una reforma hecha para las grandes transnacionales
Entre los aspectos negativos para los trabajadores destaca la eliminación de sanción para la patronal por falta de aviso de despido, ya que se considera como una sospecha en la cual el trabajador está obligado a probar lo contrario, además de una nueva serie de candados punitivos para el trabajador en el que la patronal tiene mayor margen para evadir dicha situación.
En aras de la supuesta transparencia sindical y rendición de cuentas, la nueva ley viola el derecho humano a la protección de datos personales ya que hace de dominio público el nombre de los trabajadores que forman parte de un sindicato.
Se formulan trabas para pelear contra los contratos de protección patronal, al exigir a cualquier sindicato que pretenda tener la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo el apoyo del 30% de los trabajadores “al servicio del patrón” (que no trabajen por outsourcing) así como que se cuente con más del 50% de los trabajadores en caso de querer estallar una huelga, negando el ejercicio de la libertad sindical.
Tras la supuesta democracia sindical hay tres cuestiones ambiguas que niegan esta afirmación: que el sindicato emplazante es quien contabilizará los votos y no la autoridad, que el sindicato, en el marco de la votación por el contrato inicial fije el lugar de las votaciones; lo que empujaría a que las votaciones no se den en lugares neutros que garanticen el ejercicio real del voto libre y por último deja a expensas de los burócratas sindicales el cumplir o no con la disposición de ejercer el voto directo, personal, libre y secreto para la elección de dirigencias sindicales al dejarlo como “voluntaria”.
Sobre la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, aprobadas desde la reforma laboral del 2017, el abogado laboralista Juan de Dios Hernández Monge decía: “En la nueva redacción de la fracción XX del artículo 123 constitucional se decreta la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) y se otorga competencia a los poderes judiciales federal y de los estados, «para resolver las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones». La creación de órganos jurisdiccionales con jueces de lo laboral, en lugar de las juntas, significa un grave retroceso respecto del esquema de la justicia laboral (que todavía se imparte en forma tripartita: gobierno, patrón y trabajadores, toda vez que no se han legislado las leyes reglamentarias).
No debe perderse de vista el papel que el Poder Judicial Federal (tanto los Tribunales Colegiados de Circuito, TCC, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) ha jugado en detrimento de los derechos de los trabajadores”. La visión que tienen quienes impulsan este cambio es que los jueces, acostumbrados a fallar en favor de los grandes adinerados, lo hagan en contra de los trabajadores.
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Los aspectos más graves de esta reforma laboral son la continuidad legal de la jornada laboral de 12 horas diarias para las trabajadoras del hogar, la restricción a los sindicatos universitarios para conformarse como sindicatos de docentes, administrativos o mixtos pero solo por institución, violando el acuerdo 87 de la OIT que contempla libertad de asociación como los trabajadores consideren conveniente.
Como era de esperarse la reforma laboral mantiene intacto el apartado de la subcontratación u outsourcing. No era para menos ya que el avance del oustorucing tras la reforma laboral del 2012 fue por presión de órganos internacionales como el FMI y la OCDE. Además de que es pieza fundamental de la precarización laboral y la mano de obra barata que México ofrece para atraer inversión privada, cuestión que en el marco del T-MEC es irreal que el gobierno se juegue a abrogarlo, como dijo María Luisa Alcalde, las modificaciones se reducirán a la regulación del mismo.
Este panorama que por un lado es dañino para los trabajadores y por el otro muestra la enorme subordinación al imperialismo estadounidense, es necesario verlo en el marco de una enorme guerra comercial entre EE UU y China que atraviesa el panorama económico internacional, es en este marco que EE UU se juega a redoblar las cadenas de opresión y sobrexplotación en su patio trasero como parte de una jugada que apuesta a fortalecer su control en todo América Latina, tras las grandes inversiones chinas en distintos países de esta región. Para eso se apuesta también a tejer estrechos lazos con la derecha latinoamericana de Marcí, Piñera y Bolsonaro.
http://www.laizquierdadiario.mx/Que-hay-detras-de-la-supuesta-libertad-sindical?fbclid=IwAR3sYW2h9VGb_uG0Eqi1NO54Gw1kWvijYpccx980HorvicEbI8rm2Qeew9M
Apuestan legisladores por regulación de la subcontratación, no su eliminación
Gerardo Hernández
© Foto Factor Capital Humano trabajadores-subcontratacion
El tema de la subcontratación en México será el próximo tema laboral que abordará el Congreso de la Unión, pero las modificaciones que harán los legisladores serán para regular este esquema de contratación, no para desaparecerlo.
Los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas cámaras reconocen la importancia de regular el outsourcing en la legislación laboral para evitar malas prácticas; sin embargo, descartan su eliminación.
Por una parte, el morenista Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, aseguró que la regulación de la subcontratación debe contemplarse en la siguiente reforma laboral, pues algunas empresas han usado el outsourcing para violar derechos laborales.
De ahí la necesidad de regular la subcontratación, que ha crecido enormemente en los últimos años, apuntó el senador.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Manuel Baldenebro Arredondo (PES), dijo que no todas las empresas hacen mal el outsourcing. Y adelantó que este tema será prioritario en el periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre.
“El compromiso que hicimos, y que fue votado, es el de organizar foros para escuchar a trabajadores, organizaciones sindicales y patrones, y en base a eso nacerán iniciativas. Ya existen dos, ahorita, pero llegarán más”, apuntó.
Se debe trabajar “una reglamentación adecuada con debidas sanciones para quien no cumpla con lo que el outsourcing les permite hacer”, señaló.
Cuestionado sobre por qué no se incluyó este asunto en la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, aprobada el 11 de abril, respondió que se analizará más adelante, porque en esta ocasión fue predominantemente sobre organizaciones sindicales y cumplimiento con tratados internacionales.
“Decidimos que vamos primero con el tema sindical y luego entremos al outsourcing a desmenuzarlo y reglamentarlo adecuadamente. Nosotros decimos: vamos agarrándonos de uno por uno y los que quieran, pero no en bola”, expresó.
El legislador puntualizó que los integrantes de la comisión también se comprometieron a analizar, discutir y proponer soluciones para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo.
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/apuestan-legisladores-por-regulación-de-la-subcontratación-no-su-eliminación/ar-BBW2oBH?li=AA4WUs
Exigen que desaparezca el outsourcing
Por: Redacción/El Pulso Laboral
La reforma laboral quedará en letra muerta si no se destina el presupuesto suficiente para su implementación y no desaparece el outsourcing, advirtieron especialistas.
Académicos y abogados laborales consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que la reforma en materia de justicia laboral enfrenta grandes retos, como es la falta de personal para vigilar que se cumpla la democracia sindical, la capacitación del personal en este nuevo modelo de justicia que se impulsa, los recursos para la operación de los centros estatales de conciliación y arbitraje, así como la tercerización del empleo, que impide a los trabajadores ejercer sus derechos laborales de manera plena.
Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM advirtió que uno de los grandes pendientes del proyecto de legislación secundaria de la reforma laboral que está a discusión en el Senado es la regulación del outsourcing, puesto que no se garantiza la estabilidad laboral; además, al tener contratos eventuales por tres meses los trabajadores no pueden acceder a la contratación colectiva ni formar parte de un sindicato.
Consideró inviable adaptar este modelo de justicia laboral de Estados Unidos a la realidad mexicana, ya que es muy costoso y se requieren recursos para la capacitación de los abogados y de los jueces para su aplicación.
Resaltó que se necesita sumar la participación de la sociedad civil para fortalecer la vigilancia en los procesos de democracia sindical y en la elección de nuevos dirigentes para asegurar el voto libre y secreto, porque en la actualidad las autoridades laborales no tienen la capacidad para supervisar estos procedimientos.
Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, comentó que aunque el proyecto de legislación contiene aspectos muy positivos como la democracia en los sindicatos, con lo que se busca terminar con el corporativismo y los grandes capos sindicales, se requiere impulsar la regulación de la tercerización del trabajo. Se tiene que hacer una legislación para regular el outsourcing.
Hay un interés innegable para que se respeten los derechos de los trabajadores contratados por esta vía. Las relaciones laborales se han corrompido profundamente, apuntó.
Comentó que el principal obstáculo al que se enfrentará la reforma laboral es la resistencia de los líderes sindicales y del sector empresarial, que es bastante conservador y no está acostumbrado a negociar, sino a pactar con los sindicatos blancos.
Oscar de la Vega, abogado laboral del despacho De la Vega y Martínez, consideró que a pesar de que este proyecto de legislación es un paso adelante en materia laboral, enfrenta muchos desafíos, como el presupuestal.
Para aplicar los cambios se requiere de mucho presupuesto para que las juntas locales de conciliación y arbitraje atiendan el rezago de casos que tienen, a fin de que cumplan con el plazo de cuatro años.
Vamos a ver si coincide con la realidad, porque en el papel suena bien, pero la realidad es otra, enfatizó. Reyes Soberanes, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (con subrayó que de no corregir la reforma que se discute, habrá afectación en la productividad de las empresas, puesto que se generará mucho activismo sindical ante la apertura de crear más sindicatos para un contrato en un centro de trabajo.
Se generarían más sindicatos y habrá disputa por la posición, lo cual agotará más el ambiente laboral y la productividad, resaltó. Las centrales sindicales, dijo, deberán continuar con su trabajo de encauzar la inconformidad de la gente y cuando se afecte la productividad.
Consideró que sería positivo que antes de que se pruebe la reforma laboral en el Senado de la República, los legislado es deberían entrar en contacto con los empresarios, ya que hay preocupación por la afectación que puec e haber respecto a la productividad.
La semana pasada, dirigentes empresariales afirmaron que les inquieta y preocupan algunos de los cambios que se hicieron a a reforma laboral en la Cámara de Diputados, por lo que buscarán que se hagan ajustes antes de que se concluya el proceso en el Senado de la República.
Héctor de la Cueva Díaz, coordinador General del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) resaltó que falta una reforma laboral con mayor alcance mediante la cual se consoliden los derechos de los trabajadores a fin de eliminar el empleo precario en formas como la subcontratación, el pago por honorarios y por hora determinada.
Es muy importante que (a) este cáncer (outsourcing) que ha ido expandiéndose en el país para rebajar derechos laborales y precarizar el empleo se le pongan suficientes candados para que no haya abuso de los patrones en la subeontratación y otras formas de simulación, dijo. //El Universal
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/18244/exigen-que-desaparezca-el-outsourcing
Provocan outsourcings grave daño al país, deben desaparecer, consideran diputados
Las 6 mil empresas intermediarias tienen en sus nóminas más de 7.6 millones de trabajadores y evaden más de 21 mil 466 millones de pesos, según el SAT
por La Verdad
17 de Abril 2019
Para para acabar con la explotación de los trabajadores y la evasión fiscal, la subcontratación representadas por las outsourcing deben desaparecer, sostuvo el vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña.
Y es que el país hay más de 6 mil empresas con 7.6 millones de trabajadores que evaden impuestos a través del outsourcing que incurren en actos no permitidos como son el abuso de pagos exentos y la subdeclaración, pues según el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el monto de la evasión a través de las outsourcing supera los 21 mil 466 millones de pesos.
Tras apuntar que más les vale” a los diputados de Morena sumarse a la desaparición de las outsourcings, Fernández Noroña aseguró que la reforma laboral es insuficiente. Sin embargo, dijo que la reforma que pretenden aprobar los legisladores de Morena está encaminada a superar las negociaciones del T-MEC, y está encaminada a la democratización de los sindicatos, pero 90 por ciento de los trabajadores no tienen”.
Por su parte, la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mónica Bautista (PRD), lamentó que 6 mil empresas utilicen ese esquema para evadir impuestos y adelantó que su partido presentará una iniciativa para eliminarlo de la reforma.
En entrevista dijo que las outsourcings provocan un daño fiscal muy grave a nuestro país porque por ahorrarse los empleadores unos pesos, afectan a los trabajadores que no pueden solventar sus necesidades mínimas.
En tanto, la diputada priista Mariana Rodríguez Mier y Terán exigió al Ejecutivo dejar de simular, pues sin presupuesto no habrá justicia laboral, por lo que aseguró que se requieren 5 mil millones de pesos para poner en marcha la reforma laboral.
https://laverdadnoticias.com/politica/Provocan-outsourcings-grave-dano-al-pais-deben-desaparecer-consideran-diputados-20190417-0134.html
Expresa EU inquietud por reforma laboral
Líderes demócratas en el Congreso de EU aseguraron que la declaración de emergencia de Trump para construir el muro con México es ilegal.
Reforma
Miércoles, 17 Abril 2019
Miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta a Robert Lighthizer, representante Comercial de ese país expresando sus preocupaciones acerca de la reforma laboral, en medio de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La reforma laboral debería eliminar los contratos de protección, sistema usado en México por más de 70 años y que mantiene bajos salarios y niega los derechos y protección a los trabajadores, señala la carta fechada el 12 de abril.
Bajo dicho sistema, los empleados firman los acuerdos colectivos de negociación con sindicatos dominados por los patrones o empleadores, generalmente sin que los trabajadores lo sepan, incluso antes de que fueran contratados, explican en la carta.
«En enero de 2018, muchos de nosotros le escribimos solicitándole priorizar este asunto crítico en las negociaciones con México, como suprimido; los bajos salarios en México han sido un conductor principal de la contratación vía outsourcing de los trabajos de Estados Unidos», se lee en el documento.
Los congresistas expresaron su satisfacción de que el Anexo 23 sea parte del T-MEC, con lo cual se tiene el potencial para dirigir algunas preocupaciones claves si se supervisa y se aplica de manera adecuada.
Sin embargo, destacaron que México todavía no ha promulgado y mucho menos implementado su reforma a la Ley Federal del Trabajo, como lo solicita el Artículo 3 del Anexo 23-A del T-MEC.
Las versiones anteriores del proyecto de ley no garantizaron que los trabajadores pudieran ejercer un voto personal, libre y secreto en el acuerdo de negociación colectiva que cubrirán los sus términos y condiciones de trabajo, como se solicita en el Articulo 2 (e y f) del Anexo.
Asimismo, señalaron, la legislación mexicana también debe crear una Junta Nacional de Conciliación y Registro Laboral, la cual será autónoma, pues abandonará los errores del pasado y el modelo del empleador dominante.
«Sin mecanismos de cumplimiento rápidos y ciertos, de los que actualmente carece el acuerdo, las nuevas protecciones laborales y ambientales en el acuerdo no tendrán efecto», refirieron.
https://diario.mx/economia/expresa-eu-inquietud-por-reforma-laboral-20190417-1504050/
Reforma laboral
Por: Luis Jorge Cárdenas Díaz
18 de Abril de 2019 – 04:00 hs
Reforma laboral
La Cámara de Diputados aprobó la Reforma Laboral y la pasó al Senado. Si éste propone cambios sustanciales, la iniciativa de reforma se devolverá a la Cámara de Diputados, por lo que todavía falta para que los cambios propuestos a la Ley Federal del Trabajo se hagan efectivos.
Se puede anticipar cuáles son los principales cambios que se proponen, a reserva de ver en definitiva como quedan, estos son:
Mejora en las condiciones laborales de productividad; cumplirá con los compromisos adquiridos con Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio entre los tres países (T-MEC); cumplirá con las directrices de las autoridades internacionales del trabajo y no se toca el tema relacionado con el outsourcing; se establece la libertad de afiliación al sindicato, no se podrá obligar a nadie a afiliarse contra su voluntad, con esto desaparece la figura política conocida como “charrismo”, que consiste en un servilismo plegado a las autoridades del Poder Ejecutivo; se eliminan las juntas de conciliación y Arbitraje que tanto daño han causado a empresas y gobierno con sus absurdos fallos de indemnizaciones millonarias. Estas juntas serán sustituidas por Tribunales Laborales que dependerán del Poder Judicial de la Federación, no obstante, estos tribunales actuarán solo cuando se han agotado las instancias conciliadoras. Para el efecto se creará un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y 32 centros locales, uno en cada entidad federativa, en donde se resolverán los conflictos laborales en primera instancia y de no llegar a un acuerdo, se pasarán a los Tribunales; de tal manera que no siendo la última instancia, se quitará la presión mediante la cual se han llevado a cabo miles de extorsiones, tanto a empresas como a diversas entidades gubernamentales en los tres niveles.
Otra de las sanas reformas es la democracia sindical que reconoce el derecho a la libertad sindical. Los sindicatos podrán perder su registro si incurren en actos de extorsión en contra de patrones. Solo se descontarán cuotas sindicales a trabajadores cuando lo acepten por escrito y la votación para elegir representantes sindicales será por voto escrito directo y secreto.
En el caso de la minería se multará con cinco mil UMAS a los patrones que por omisión provoquen la muerte de un trabajador.
Se regula el régimen de trabajadores del hogar; de momento continúa la afiliación voluntaria de los trabajadores domésticos, tendrán los mismos derechos de los demás asegurados. Ya está en servicio un programa piloto para afiliación de trabajadores del hogar.
Esta reforma no resuelve todos los problemas laborales ni corrige otras injusticias y abusos, pero es un buen intento por mejorar las actuales condiciones. Bueno sería que se reglamentara el aspecto de los despidos justificados, ya que en la práctica resulta actualmente imposible correr a un mal trabajador, inclusive en los casos en los que se le sorprende robando, pues las juntas de conciliación estiman indebidamente que es un truco del patrón para no indemnizarlo.
Otra práctica sana sería que en el sector público se contratara al personal de nuevo ingreso por tiempo determinado que dure el periodo de gobierno de nuevos funcionarios que están de paso, ya sea por elección popular o por designación, así dejaría de engrosarse la nómina con cada cambio de gobierno. La aplicación del Servicio Civil de Carrera que ya se practica en algunas dependencias, da la seguridad del trabajador de permanencia en el sector público, debería ser obligatorio.