Quieren gran consulta en reforma a justicia laboral


Pese a que faltan 12 días para que se cumpla el plazo para expedir la legislación secundaria, se avaló que exista una consulta nacional.
Jorge Monroy
14 de febrero de 2018, 01:02
La Cámara de Diputados se pronunció por llevar a cabo una gran consulta nacional para expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral, pese a que faltan 12 días para que se cumpla el plazo que fijó la reforma constitucional aprobada en febrero del 2017.
Así lo expuso Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD, quien presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por los legisladores, a fin de frenar la aprobación de la legislación secundaria y abrir espacio a las consultas. Cabe señalar que el Senado de la República es la cámara de origen respecto a la aprobación de las propuestas sobre las leyes secundarias y donde se espera que sea presentado el dictamen final.
El 24 de febrero del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución, en materia de justicia laboral, la cual estableció un nuevo modelo para el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, a fin de que haya un nuevo mecanismo e impartición de justicia.
Entre los principales cambios se contempla la desaparición de las juntas de conciliación, la federal y las locales, y en su lugar estarían los jueces dependientes del Consejo de la Judicatura Federal, que estarían encargados de registrar sindicatos y los contratos colectivos. El punto de acuerdo aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral se realice una consulta amplia a trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en derecho laboral, instituciones de educación superior, colegios de profesionistas, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos, laborales nacionales y también internacionales.
También se comprometió que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados realizará las gestiones pertinentes para que se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo que lleve a la expedición de la legislación secundaria en materia de justicia laboral.
El diputado Jaime Mauricio Rojas Silva (PAN) afirmó que “el buen juez, por su casa empieza, y si esta Cámara de Diputados ha sido muy exigente con el gobierno de la República para que se conduzca con transparencia, respete el derecho a la información y rinda cuentas de su actuar, esta soberanía también tiene la obligación de hacer lo mismo”.
El diputado Ramón Bañales Arámbula (PRI) aseveró que “la reforma constitucional en materia de justicia laboral tuvo origen a partir de un ejercicio democrático, plural y transparente, y la dictaminación de su legislación secundaria no será la excepción”.

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Quieren-gran-consulta-en-reforma-a-justicia-laboral-20180214-0019.html

Sonora: Darán certeza jurídica a trabajadores sonorenses mediante justicia laboral


TermómetroenLínea /
2018-02-14
Hermosillo, Sonora, 13 de febrero de 2018.- Una reforma constitucional con la que se pretende dar certeza jurídica a las y los miles de trabajadores sonorenses, al garantizar sus derechos laborales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y conocidos como «derechos humanos de segunda generación», aprobó el Pleno del Congreso del Estado.
Se trata de la armonización de la norma jurídica local en materia de justicia laboral a lo establecido en el Artículo 123 de la Carta Magna Federal, iniciativa presentada ante esta Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal el 24 de febrero de 2017 y dictaminada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos del Trabajo.
De acuerdo a la lectura del dictamen que estuvo a cargo del diputado Javier Villarreal Gámez, la Gobernadora del Estado propuso modificaciones a la Constitución Política del Estado de Sonora en los siguientes términos:

  1.      Facultar al Congreso del Estado para expedir leyes y reglamentos que faciliten la recta aplicación de la Ley Federal del Trabajo, así como para regular la creación del Centro de Conciliación Laboral:
  2.      Otorgar al titular del Ejecutivo la facultad de prestar el servicio de conciliación en materia laboral, a través del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora;
  3.      Otorgar al Poder Judicial del Estado de Sonora la facultad de dirimir las controversias o los conflictos entre trabajadores y patrones; y
  4.      Precisar que los trabajadores y patrones, antes de acudir al Poder Judicial del Estado para la solución de un conflicto laboral entre los mismos, deberán agotar la etapa conciliatoria.

La exposición de motivos del dictamen establece que el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Carta Magna para crear un nuevo sistema de justicia laboral, como una reforma de fondo al Derecho Procesal del trabajo, de manera que la justicia laboral será impartida, en lo sucesivo, por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
Las comisiones dictaminadoras consideraron viable jurídicamente la iniciativa, ya que recoge el espíritu de las modificaciones a la Constitución Federal en materia de justicia laboral, y sobre todo porque cumple con los principios constitucionales de «no contradicción y supremacía constitucional».
Esta Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora será remitida a los 72 ayuntamientos para ponerla a consideración de sus cabildos y, una vez sea aprobada por la mitad más uno de éstos, enviarla a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.
Desechan iniciativa y turnan proyecto de decreto
En el desarrollo de la sesión ordinaria fue desechada por la Presidencia una iniciativa con punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario del PAN, al no obtener las dos terceras partes de la votación en el Pleno.
El exhorto estaba dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Economía Federal, a la Gobernadora del Estado y al Secretario de Economía estatal, mediante la cual solicitaban que llevaran a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones tendientes a revertir la caída en el crecimiento y el empleo que sufrió la economía estatal a finales de 2017, a fin de garantizar el bienestar de las familias sonorenses en 2018.
Enseguida la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora, la cual establece algunas medidas de seguridad cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales.
La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la Procuraduría Ambiental y/o los ayuntamientos en su caso podrán ejecutar dichas medidas, entre las que se encuentra la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones que manejen o almacenen materiales o substancias contaminantes. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Previo al inicio de la sesión, el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, a nombre del grupo parlamentario del PAN, y acompañado del diputado Juan José Lam Angulo, con la representación parlamentaria del PRD, se pronunciaron en contra de las supuestas acciones de espionaje denunciadas por el precandidato de la coalición «Por México al Frente», a través del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, y exigieron al Gobierno Federal aclarar la presunta persecución de la que dicha persona asegura ha sido objeto en los últimos días.
http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=63104&cat=1#.WoWL261Dm-o

Cámara de Diputados: Aprueban punto de acuerdo en materia de justicia laboral


Boletín N°. 4927
13-02-2018.- La Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo en el que se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral, se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial y especialistas en derecho laboral.
Asimismo, con instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales, y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen.
También se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, realizar a la brevedad las gestiones pertinentes para que, bajo un modelo de Parlamento Abierto, se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo.
Al presentar la propuesta, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) recordó que la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada el 24 de febrero del año pasado, mandató al Congreso para que en un plazo de un año, se emitieran las reformas a las leyes secundarias correspondientes.
Mencionó que esta reforma constitucional propone un nuevo modelo de ejercer sus derechos colectivos e individuales de la clase trabajadora, para que haya un nuevo mecanismo e impartición de justicia.
Añadió que esta propuesta abona para que la justicia laboral coadyuve a que todos los trabajadores tengan acceso a un salario digno y a una justicia laboral pronta, expedita, imparcial y atienda la equidad entre las partes de los conflictos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) puntualizó que es fundamental que las condiciones de trabajo sean benéficas para empleados, se reconozcan y respeten los derechos adquiridos y bajo ninguna circunstancia sean puestos en entredicho.
En este sentido, se debe asegurar que la justicia laboral funcione de manera clara y transparente; por ello, Encuentro Social se une a la propuesta que dará como resultado la concreción de la legislación secundaria, llevar a cabo una amplia consulta para robustecer y asegurar el beneficio, el desarrollo humano y el tema de la integración de las cuestiones familiares.
La diputada Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, aseguró que la reforma en materia de justicia laboral es una de las de mayor calado en los cambios estructurales que durante las dos últimas legislaturas se emprendió; es necesario crear la ley secundaria, que permita lograr el cambio significativo en la forma de conducir las relaciones laborales.
“El reto de materializar la reforma y hacerla eficiente solo podrá conseguirse al escuchar y analizar las voces y puntos de vista de todos y con ello garantizar la estabilidad del mercado laboral”.
Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) se manifestó a favor del punto de acuerdo, ya que la justicia laboral ha sido una de las de más rezago. “En la actualidad existen más de 300 mil juicios y en promedio la resolución de un juicio laboral lleva algo así como tres años”.
“Hoy que la reforma constitucional ya está plasmada es fundamental que la ley reglamentaria tenga una discusión amplia que se escuche a expertos y académicos para que el ordenamiento sea una reforma que realmente haga justicia a los trabajadores”.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) dijo estar a favor de hacer los cambios necesarios para que la nueva justicia laboral reduzca los márgenes de discrecionalidad a las autoridades y, con ello, los espacios a la corrupción.
“Pongamos las reglas para que se sustituyan las juntas federales y locales de Conciliación y Arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales, creando un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo encargado de registrar sindicatos y contratos colectivos, donde el voto personal y secreto quede realmente consagrado para la resolución de conflictos”.
En representación de Morena, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez recordó que su fracción parlamentaria presentó el 17 de enero, en la Comisión Permanente, un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que la ley secundaria de la reforma constitucional en justicia laboral sea el resultado del análisis, consulta y propuesta de todos los actores involucrados y se llegue a un proyecto de reforma equitativo y justo.
“En él estamos exhortando al Congreso de la Unión, para que la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo sea analizada y discutida con los diferentes sectores interesados e hicimos un segundo exhorto para crear un grupo de trabajo con la participación de las Cámaras del Congreso de la Unión, actores involucrados y el apoyo de instituciones especializadas con el objeto de elaborar una nueva iniciativa que beneficie a todos”, subrayó.
Del PRD, el diputado Julio Saldaña Morán se pronunció a favor de la propuesta al considerar que se necesita estabilidad económica y social, y eso lo da la clase trabajadora.
Enfatizó que su grupo parlamentario defiende a la clase trabajadora con esta reforma innovadora, ya que hace falta “una verdadera justicia laboral, incluyendo mejores salarios a los trabajadores”.
El diputado del PAN, Jaime Mauricio Rojas, Silva consideró que una materia pendiente de concretar en nuestro país, es contar con una justicia laboral genuina que tome en cuenta necesidades y demandas de los trabajadores, así como de los patrones.
En este sentido, las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y “no a modo de un sector en particular”.
En tanto, el diputado Ramón Bañales Arambula (PRI) aseguró que la reforma constitucional en materia de justicia laboral tuvo origen a partir de un ejercicio democrático, plural y transparente. “La dictaminación de su legislación secundaria no será la excepción. Un sistema de justicia democrático lo construimos todos”.
Se pronunció a favor del acuerdo para asegurar que durante el proceso legislativo, se cuente con una consulta amplia con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en la materia, universidades y organismos defensores de derechos humanos, garantizando la participación de la sociedad civil en su elaboración.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2018/Febrero/13/4927-Aprueban-punto-de-acuerdo-en-materia-de-justicia-laboral

Una reforma laboral lamentable


Por Alfredo Sánchez Castañeda
14 febrero 2018
De aprobarse en sus actuales términos o de forma parcial, sin duda, nos encontraremos con una reforma laboral muy desafortunada para el futuro del país
14 febrero 2018
El modelo de relaciones laborales en México ha transitado en muchas ocasiones de la tutela al control estatal. Las cosas parecían cambiar el 24 de febrero de 2017; fecha en que se reforma la Constitución garantizando: la representatividad de las organizaciones sindicales; la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo; el voto libre y secreto en la resolución de conflictos sindicales; la solicitud de celebración de contratos colectivos y la elección de dirigentes sindicales; el tránsito de la justicia laboral de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial; la creación de un organismo federal descentralizado encargado de registrar sindicatos, contratos colectivos y realizar conciliación prejudicial, así como el establecimiento de centros de conciliación estatales para agilizar la justicia laboral.
Empero, fue hasta el 7 de diciembre de 2017 que dos Senadores del PRI presentaron al Senado de la República, un paquete de iniciativas de reforma en la materia. Reformas que la STPS ha hecho suyas. Desafortunadamente, las iniciativas se alejan de la Constitución tanto en lo social como en lo legal.
Las modificaciones planteadas alteran radicalmente el paradigma, si bien no siempre cumplido, de relaciones laborales establecido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, fundado en el equilibrio entre patrón y trabajador, porque: suprime la obligación del patrón de avisar por escrito al trabajador los motivos de su despido; permite el outsourcing ilimitado; desaparece requisitos de los contratos a prueba y de capacitación inicial; reduce indemnizaciones laborales; elimina la obligación del patrón de justificar despidos colectivos ante la autoridad; desecha la demanda del trabajador que no haya sido corregida en tres días; y, establece requisitos que dificultan el derecho sindical, de contratación colectiva y de huelga.
De igual manera, no se respeta el mandato constitucional, al crear: los centros de conciliación estatales y permitir conciliar también en la vía judicial, resultando elefantes blancos de mero trámite y alto impacto presupuestal; el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, también con funciones conciliatorias de mero trámite, controlado por sindicatos corporativos y cámaras patronales y, con una regulación que burocratiza el derecho de sindicalización, de contratación colectiva y de huelga, y finalmente, los Tribunales Especializados en Seguridad Social sin hacer las reformas complementarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prever el personal especializado, unificar procedimientos, ni señalar fecha para el inicio de sus operaciones en los artículos transitorios constitucionales.
Desde el punto de vista jurídico y político, el Congreso de la Unión, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto así como Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, como ya casi candidatos presidenciales, tienen dos opciones: preservar un modelo que asegure el futuro del país bajo esquemas laborales de siglo XXI, es decir, democracia, libertad, trasparencia, desarrollo, productividad e industria 4.0, o bien, abrir la puerta a un modelo de siglo XIX, de desequilibrios, explotación y pobreza.
La reforma constitucional establece un año como término para realizar las adecuaciones legislativas, el cual se cumple el 26 de febrero de 2018. Sin haber considerado lo difícil y tardado que ha sido la implementación de la reforma penal y mercantil. De aprobarse en sus actuales términos o de forma parcial, sin duda, nos encontraremos con una reforma laboral muy desafortunada para el futuro del país.
Twitter: @asc_unam

http://www.eluniversal.com.mx/alfredo-sanchez-castaneda/una-reforma-laboral-lamentable

Una reforma que huele a podrido

14/02/2018
Manuel Fuentes
Ya está lista la propuesta de reforma laboral. Les urge aprobarla para que haga pasar a la historia a nuestro pequeño presidente | Manuel Fuentes

Quedan menos de 15 días para llegar al límite fantasmal, el 24 de febrero, impuesto desde la presidencia de la republica junto con sectores patronales y de tinterillos sindicales (que aplauden y aplauden), para aprobar la contrarreforma laboral más agresiva de los últimos 100 años en contra de los trabajadores.
Los sectores patronales son los más activos promotores para que se apruebe esta contrarreforma, que hace añicos el derecho laboral. Dicen a los distraídos senadores que se encuentran buscando hueso que es urgente su aprobación porque se requieren fuentes de empleo dignas (¿?), mejores salarios (¿?), inversiones no golondrinas (¿?), que nuestro país será de primer mundo con esta reforma (¿?) y prometen hasta que la maldita inflación se va a acabar (… y bla bla bla).

Outsorcing

En el Senado de la Republica están los cabilderos patronales, a toda hora, para que no se mueva una sola de sus propuestas, ni una coma. Ya les dijeron que la propuesta del outsourcing será retirada porque ha causado un gran enojo, principalmente la del líder cetemista y no quieren ser promotores de la división sindical (¿?).
A los empresarios ya les dijeron que sigan con el negocio de las outsourcing,como lo han hecho siempre. Que nadie les va a decir nada. Que si bien la Ley federal del trabajo prohíbe la subcontratación total, el gobierno no se mete en las empresas. Que hagan lo que quieran. Los empresarios más conspicuos están de plácemes por ese cambio para no ejecutar nada.
Ellos saben que seguir con el negocio de las outsourcing es acabar con la obligación de otorgar las utilidades a los trabajadores, y eso lo festinan por todos lados. Es permitir que sus empresas se vuelvan fantasmas cuando así lo requieran y cuando tengan un adeudo, con quien sea, se esfumen. Es contar con permiso de robar. Permitir la división de sus empresas para evadir pago de impuestos y esto, lo saben ellos, lo seguirán haciendo con reforma o sin ella.

Mera usura empresarial…

Al gobierno federal lo que le apura es que se apruebe la creación del Instituto de Conciliación, de Registros de Sindicatos y de Contratos Colectivos para controlar en la raíz al movimiento obrero y con ello mantener a raya el aumento de los salarios. En otras palabras, mantener la usura empresarial y el esclavismo obrero. La ganancia de unos pocos y la miseria de la inmensa mayoría de los mexicanos. Los promotores de esta iniciativa son unos mexicanos de vergüenza.
El gobierno federal logró insertar en el mismísimo artículo 123 constitucional su derecho a controlar la vida de los sindicatos. Legalizó que quién se encargue del aparato de control sea un emisario del presidente de la republica actual, al cual no se le pueda remover ni molestar, por ningún motivo, en los siguientes seis años.
Esa oportunidad no la quieren desaprovechar las huestes peñistas, ¿qué tal si pierden la presidencia de la república? Tendrán al menos controlado el negocio de los registros sindicales, de las huelgas, de los aumentos salariales, de los contratos colectivos de protección, de la destitución de los dirigentes sindicales incómodos, de los juicios de titularidad. Tener en sus manos el verdadero poder de control político. ¡Hay que apurarse! Insisten en el Senado de la Republica los timoratos del poder.

Hay negocio para todos

Ante el enojo de los tinterillos sindicales de no dejarlos participar en el negocio, ya les dijeron que en ese Instituto «de control sindical» también participarán junto con sus socios del sector empresarial que los protege. ¡Hay negocio para todos, no se apuren!
Ya está lista la propuesta de reforma laboral que nunca fue puesta a consideración de la sociedad. Les urge aprobarla para que sea la gran reforma que haga pasar a la historia a nuestro pequeño presidente.
¡Vamos Senadores del PRI, del PAN, ecologistas y otros satélites! ¡Solo levanten la mano para que se conviertan en héroes de la patria!  En basura…
Pretenden una reforma que privatice el derecho laboral, para que sea solo de los patrones. Que permita el despido libre y las renuncias en blanco al por mayor.
Que acabe con el salario como medida de pago para las indemnizaciones y pensiones y sustituirlo por la Unidad de Medida y Actualización.
Que termine con todo rastro de bilateralidad y de libertad sindical. Que extinga el derecho a huelga y la contratación colectiva participativa. Que cancele la transparencia sindical.
Que anule el voto secreto para evitar que los trabajadores participen en la decisión de sus condiciones de trabajo. Que mande a la basura la seguridad social.
Que cree la conciliación punitiva enfilada contra los trabajadores. Que obstaculice la justicia laboral imponiendo requisitos insalvables para demandar en los nuevos tribunales laborales.
Quieren una reforma que esclavice más a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores de todas edades y a los viejos, desaparecerlos.
Es una reforma laboral que huele a podrido, porque encarna los principios más regresivos de nuestra sociedad, volcada sin reserva, en contra de los sectores más vulnerables de este país, para condenarlos a la miseria.
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@Manuel_FuentesM | @OpinionLSR | @lasillarota
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Sonora: Darán certeza jurídica a trabajadores sonorenses mediante justicia laboral


Una reforma constitucional con la que se pretende dar certeza jurídica a las y los miles de trabajadores sonorenses, al garantizar sus derechos laborales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y conocidos como “derechos humanos de segunda generación”, aprobó el Pleno del Congreso del Estado.
Se trata de la armonización de la norma jurídica local en materia de justicia laboral a lo establecido en el Artículo 123 de la Carta Magna Federal, iniciativa presentada ante esta Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal el 24 de febrero de 2017 y dictaminada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos del Trabajo.
De acuerdo a la lectura del dictamen que estuvo a cargo del diputado Javier Villarreal Gámez, la Gobernadora del Estado propuso modificaciones a la Constitución Política del Estado de Sonora en los siguientes términos:

  1. Facultar al Congreso del Estado para expedir leyes y reglamentos que faciliten la recta aplicación de la Ley Federal del Trabajo, así como para regular la creación del Centro de Conciliación Laboral:
  2. Otorgar al titular del Ejecutivo la facultad de prestar el servicio de conciliación en materia laboral, a través del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora;
  3. Otorgar al Poder Judicial del Estado de Sonora la facultad de dirimir las controversias o los conflictos entre trabajadores y patrones; y
  4. Precisar que los trabajadores y patrones, antes de acudir al Poder Judicial del Estado para la solución de un conflicto laboral entre los mismos, deberán agotar la etapa conciliatoria.

La exposición de motivos del dictamen establece que el 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Carta Magna para crear un nuevo sistema de justicia laboral, como una reforma de fondo al Derecho Procesal del trabajo, de manera que la justicia laboral será impartida, en lo sucesivo, por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
Las comisiones dictaminadoras consideraron viable jurídicamente la iniciativa, ya que recoge el espíritu de las modificaciones a la Constitución Federal en materia de justicia laboral, y sobre todo porque cumple con los principios constitucionales de “no contradicción y supremacía constitucional”.
Esta Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora será remitida a los 72 ayuntamientos para ponerla a consideración de sus cabildos y, una vez sea aprobada por la mitad más uno de éstos, enviarla a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigor.
Desechan iniciativa y turnan proyecto de decreto
En el desarrollo de la sesión ordinaria fue desechada por la Presidencia una iniciativa con punto de acuerdo presentada por el grupo parlamentario del PAN, al no obtener las dos terceras partes de la votación en el Pleno.
El exhorto estaba dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Economía Federal, a la Gobernadora del Estado y al Secretario de Economía estatal, mediante la cual solicitaban que llevaran a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones tendientes a revertir la caída en el crecimiento y el empleo que sufrió la economía estatal a finales de 2017, a fin de garantizar el bienestar de las familias sonorenses en 2018.
Enseguida la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sonora, la cual establece algunas medidas de seguridad cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales.
La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la Procuraduría Ambiental y/o los ayuntamientos en su caso podrán ejecutar dichas medidas, entre las que se encuentra la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones que manejen o almacenen materiales o substancias contaminantes. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Previo al inicio de la sesión, el diputado Luis Gerardo Serrato Castell, a nombre del grupo parlamentario del PAN, y acompañado del diputado Juan José Lam Angulo, con la representación parlamentaria del PRD, se pronunciaron en contra de las supuestas acciones de espionaje denunciadas por el precandidato de la coalición “Por México al Frente”, a través del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN, y exigieron al Gobierno Federal aclarar la presunta persecución de la que dicha persona asegura ha sido objeto en los últimos días.
El Pleno sesionará este miércoles 14 de febrero, a las 10:00 horas.

http://h.canalsonora.com/daran-certeza-juridica-a-trabajadores-sonorenses-mediante-justicia-laboral/

Participación Roberto Campa Cifrián,en el Seminario «El sindicalismo, el derecho de asociación y la negociación colectiva

 

Por: reformalaboralparatodos
Hay cosas que podré comentar y cosas que por estar en medio de el proceso de negociación, ya ahora vinculado con el legislativo, pues de manera natural estando siendo hoy discutidos en las mesas, procuraré no cometer indiscreciones que dificulten el proceso de negociación. Yo suplico también su comprensión para algunos temas, que incluso con algunas y algunos de los aquí presentes estamos analizando, revisando, tratando de cumplir con el mandato legal, constitucional que tiene esta Secretaría, que es servir como un factor de equilibrio en una relación, muchas veces compleja, entre los patrones y los trabajadores.
Y se trata también, al construir y al concluir este proceso de negociación de ser ese elemento de equilibrio entre los factores de la producción.
La misión de las dependencias gubernamentales es llevar a cabo estos escenarios y estas conclusiones, estos análisis.
Celebro el poder de convocatoria de esta casa de estudios (EL COLMEX) para reunir aquí a representantes de distintos sectores sociales que están involucrados en la implementación de la reforma laboral, para ventilar temas de gran relevancia en la agenda nacional.
Aprovecho esta oportunidad para reflexionar con ustedes sobre la ejecución de algunas medidas que se han llevado a cabo para materializar la puesta en marcha de la reforma laboral, en particular en la aplicación de la justicia laboral.
Quiero destacar también el hecho de que el origen de esta reforma se encuentra también en un ejercicio que involucró a la academia, gracias a los esfuerzos realizados por el Centro de Investigación y Docencia Económica, mismo que organizó una consulta que permitió identificar propuestas de solución a distintas situaciones comunes y apremiantes que aquejan la justicia laboral.
Estas propuestas fueron retomadas en la reforma constitucional laboral de 2017, una de las reformas estructurales impulsadas con el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas del país.
El punto de partida es garantizar el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva entendida como el derecho de acudir a tribunales independientes e imparciales para hacer valer los derechos laborales y plantear una pretensión o defenderse de una pretensión en un proceso escrupuloso con el respeto a las formalidades que culmine en una sentencia con efectos determinados, y que signifique un cumplimiento obligatorio para las partes.
Ese es el objetivo de la reforma por lo que hace a la justicia laboral.
La importancia de la justicia laboral es innegable, aunque no siempre aparece como un tema evidente entre las preocupaciones de una sociedad que transforma su productividad en función del conocimiento acelerado y del progreso técnico.
La necesidad de aprender y capacitarse ha cobrado una relevancia inédita para aumentar la capacidad de competencia en los mercados internacionales, y esto depende cada vez más del talento para difundir el progreso técnico e incorporarlo al sistema productivo.
La globalización de la economía y la modernización de la planta productiva hacen previsible que se incrementen las demandas de mayor y mejor formación de la planta laboral para que esto se traduzca en un aumento de competitividad de nuestra economía en el plano nacional e internacional.
En este contexto, en donde las discusiones sobre la organización industrial y la productividad ocupan un lugar destacado en la agenda pública resulta de suma importancia subrayar la pertinencia de adoptar las medidas que representen seguridad y estabilidad para la planta laboral.
Por ello, el rasgo definitorio de la reforma laboral aprobada en 2012, es la dignificación del empleo tanto en lo individual como en lo colectivo
No es concebible ni aceptable la inserción de nuestra economía en el contexto internacional sin tomar en cuenta los derechos de los trabajadores desde la perspectiva de la justicia laboral que ratifica la importancia del trabajo digno, como orientación rectora de la reforma laboral.
Recientemente, en el mes de diciembre (2017), fueron presentadas dos iniciativas que proponen un paquete legislativo para dar cumplimiento a la reforma constitucional a la que me he referido hasta el momento.
La reforma incluye la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, que será la instancia conciliadora federal, así como la creación de los centros de conciliación en cada entidad federativa.
El instituto Federal de Conciliación y Registro Federales como cualquier organismo público contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. El propósito es que su actuación obedezca invariablemente al respeto a los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, publicidad.
Su integración y funcionamiento se determinarán en la leye en la materia, contará con oficinas en cada entidad federativa para el servicio al público.
Se establece la conciliación obligatoria como requisito previo al juicio, lo cual sin duda es un rasgo de modernidad, para estar en condiciones de acceder a una justicia eficaz y razonable para todas las partes.
El procedimiento que se propone en la instancia conciliatoria será único para todo el país y se rige por el principio de confidencialidad, y los convenios celebrados entre las partes tendrán valor de cosa juzgada.
Con la creación de tribunales laborales, locales y federales, se propone retomar la experiencia, la capacidad del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales en materia de oralidad para instituir un procedimiento oral mixto dividido en dos etapas, la primera escrita en la que se fijará la Litis; la segunda a través de un sistema de audiencias preliminar de juicio y de continuación de audiencia de juicio.
Una vez iniciado el nuevo sistema los tribunales laborales empezarán con carga cero, y las Juntas de Conciliación y Arbitraje continuarán con el trámite de los asuntos presentes hasta su conclusión.
El personal que labora en las mismas continuará con sus funciones conservando en todo momento sus derechos laborales.
El Congreso de la Unión tiene un muy alto compromiso con el nuevo modelo de justicia laboral que hoy reclaman y merecen los trabajadores de México y las empresas nacionales.
Con estas reflexiones sobre el papel de los cambios procesales a la justicia laboral para reforzar la dignificación del empleo termino mi intervención para dar paso a la participación de los ponentes.
Hago votos para que los resultados de este seminario sean fructíferos para que podamos aplicar de la mejor manera la reforma laboral.
Confiamos en que nos van a dar los tiempos. Tenemos tiempos apretados. Todos sabemos que el plazo que se dio el Congreso para la aprobación de la legislación secundaria concluye el día 26 de febrero.
Tenemos hoy dos iniciativas en la Cámara de origen que es Cámara de Senadores, no tenemos todavía dictamen.
Confiamos que concluido este proceso en el que estamos ahora trabajando con el Senado, con el legislativo, podramos tener la próxima semana un dictamen que nos de tiempo de discutir en el Senado en un proceso abierto, en un proceso transparente y estar en posibilidad de que la cámara revisora lo apruebe en los tiempos que el propio Congreso se ha dado.
Para nosotros sus opiniones, sus reflexiones, sus observaciones en este seminario son de la mayor importancia. Reitero, con algunos y algunas de ustedes estamos ahora sentados trabajando, revisando, intentando mejorar lo que se ha presentado en el Senado, pero confiamos que tendremos también de éste seminario reflexiones que habrán de ser útiles para terminar de mejorar, en el tiempo que nos queda, la iniciativa que nos servirán para el dictamen, para discusiones y para tener al final la legislación secundaria que nos permita completar una reforma que ha sido muy ejemplar en muchos sentidos.
Una reforma en la que ha habido una participación importante de los expertos, de los académicos, de los sindicalistas, de los trabajadores, de los representantes de los empleadores y que para cumplir requiere de un trabajo excepcional también en esta etapa final.
Yo estoy comprometido en que la participación de la Secretaría del Trabajo, será una participación que atienda a los reclamos de las distintas visiones que sobre estos temas están presentes y reitero y concluyo, confiamos que tendremos mucha luz de lo que derive de las conclusiones de este seminario.
Gracias

Las trampas de una iniciativa laboral


Por: Graciela Bensusán
 
La reforma al artículo 123 constitucional del 24 de febrero de 2017 fue una estrella fugaz. Prometió el fin del tripartismo en el sistema de justicia laboral, un esquema que por décadas fue el soporte del régimen corporativo-estatista que, en el contexto del modelo exportador, generó pocos ganadores y muchos perdedores, y entregó a un órgano nacional autónomo el registro de los sindicatos y los contratos colectivos, terminando con la ineficiente distribución de competencias entre los ámbitos federal y local.
Fue precisamente en el ámbito local donde hubo mayor inequidad entre las organizaciones sindicales contendientes y la influencia de los gobernadores en los conflictos laborales frustró el acceso a la justicia para los trabajadores y sindicatos independientes. La medida legislativa parecía una excelente noticia.
Más tardamos en asimilar la importancia de estos cambios para transitar por fin al siglo XXI, que sus oponentes en diseñar una iniciativa de ley reglamentaria que amenaza con llevarnos al siglo XIX, cuando la unilateralidad patronal decidía las condiciones de trabajo.
Como ha venido sucediendo en las últimas cuatro décadas bajo los imperativos de un modelo económico probadamente fallido, el viejo sindicalismo reclama seguir beneficiándose de un arreglo que obliga a pagar el precio de su complicidad y corrupción para facilitar la más extrema flexibilidad laboral y los salarios más bajos de la región.
A su vez, gran parte del sector empresarial sigue resistiéndose a aceptar un derecho humano fundamental: la libertad sindical y de negociación colectiva. Ni qué decir que el gobierno actual cobija estos intereses ilegítimos en un juego tramposo en el que después de dar un paso adelante con la reforma constitucional, busca la complicidad del sindicalismo para dar dos pasos atrás.
La iniciativa reglamentaria del 123 constitucional –presentada por dos conspicuos senadores de la CTM y la CROC el 7 de diciembre último, en medio de conflictos entre ambas centrales por intereses internos, ajenos a los de los trabajadores– está plagada de reglas que transgreden los principios constitucionales. Incluso eliminan los avances que la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2012 impuso a favor de los trabajadores al restringir la libertad patronal de subcontratación.
Entre los más graves retrocesos está la pretensión de eliminar el recuento previo del voto de los trabajadores para negociar colectivamente, reservado en la iniciativa a los casos en que la demanda se tramite vía el emplazamiento a huelga. Como hasta ahora, bastaría el acuerdo con el empleador para que el sindicato acredite su representatividad con la pura documentación, sin consulta a sus agremiados, lo que dará nueva vida a los contratos colectivos de protección al empleador.
Es igualmente inaceptable incluir la representación de sindicatos y empleadores en el órgano autónomo encargado del registro de los sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, así como de conciliar los conflictos laborales a nivel federal, a la par que se otorga a un órgano administrativo competencias jurisdiccionales en la resolución de conflictos colectivos que corresponden al Poder Judicial. En la respuesta del gobierno de México a la queja que la Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó a la Organización Internacional del Trabajo, se aclara que “esta propuesta no tiene identificación de organización sindical alguna para esta integración (por lo que) la participación en su órgano de gobierno se determina a partir de un criterio de representatividad numérica, de la cual se tiene certeza a partir de los registros sindicales con que cuenta la autoridad”.
Esta respuesta merece tres comentarios. Primero, permitir que la representación de los sindicatos y de los empleadores tenga voz en el órgano que resuelve el registro de sindicatos y contratos colectivos es llevar al órgano de nueva creación un conflicto de interés que estuvo históricamente presente en las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.
En segundo lugar, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), que firmó la respuesta a la CSI, quiere hacernos creer que la representatividad numérica de las organizaciones sindicales, de acuerdo con sus registros o los de las juntas locales de conciliación, goza de alguna credibilidad, cuando se trata de mayorías artificiales. La autonomía del nuevo órgano y el voto de los trabajadores son los que ayudarían a legitimar, si se quiere de manera gradual, a la representación sindical.
Por último, otorgar a un órgano administrativo así integrado funciones que van más allá de la conciliación y competen a la justicia laboral en temas de contratación colectiva y derecho de huelga, anularía los aciertos de la reforma constitucional al trasladar los conflictos laborales a un ámbito independiente con las garantías del debido proceso.
La recomendación, aparentemente girada desde la STPS, para que las legislaturas locales adopten leyes que establezcan la estructura tripartita de los órganos locales de conciliación y regulen su operación, ignorando que constitucionalmente ésta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, es preocupante. El único apoyo jurídico sería una disposición transitoria en el artículo 123 que ordena que las legislaturas de los estados hagan las adecuaciones necesarias para cumplir con dicho precepto. ¿De verdad se quiere otorgar a las legislaturas locales competencia para legislar en materia de trabajo o es una estratagema de dudosa constitucionalidad para salir del paso ante las objeciones a la reforma?
Un escenario como el actual, en donde un muy competido y polarizado proceso electoral opaca temas cruciales de la agenda nacional, aunado al poco interés que el devenir de la institucionalidad laboral genera en diversos sectores de la sociedad, abre el paso a estas maniobras. Parecería que sólo la presión externa, que llevó al gobierno a presentar la iniciativa de reforma en el marco de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), logrando en menos de 10 meses las mayorías necesarias para su aprobación, podría obligar a desandar este sinuoso camino. Sin embargo, reglamentar los principios constitucionales en este contexto es desaconsejable. La reforma de la LFT de 2012 se logró después del proceso electoral de ese año y resultó del acuerdo entre el presidente saliente y el candidato ganador, apoyado por legisladores de los tres partidos políticos mayoritarios. Cualquier reglamentación regresiva carecerá hoy de legitimidad y, más que resolver, complicará la urgente necesidad de incluir a los trabajadores entre los beneficiarios del proceso económico, toda vez que el mercado laboral es el principal generador de pobreza y desigualdad y, por ende, una traba para el crecimiento y el desarrollo.
Revista PROCESO
3 de febrero de 2018
*Profesora de la UAM-Xochimilco

Aguascalientes: Contemplan reformar la LFT para generalizar el outsourcing

  • El Sol del Centro Martes 6 de febrero de 2018 en Local

Por cancelar más derechos laborales
Por Mario Mora Legaspi
Se avecinan tiempos oscuros para el gremio de los trabajadores, toda vez que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se espera sea aprobada en el Senado a finales de febrero, contempla quitar los candados a la subcontratación laboral o outsourcing, lo que traerá como consecuencia la expansión de esta figura para la totalidad de los puestos.
Con ello, los trabajadores verían afectados sus derechos en materia de contratos individuales y colectivos, así como al momento de ser despedidos, señaló el consultor laboral Fausto García Castañeda.
Este modelo de contratación resulta preocupante, ya que es una “ficción jurídica” que involucra a pequeñas empresas sin recursos para respaldar a los trabajadores y que no son transparentes ante Hacienda.
Dicha iniciativa de reforma fue presentada el pasado 7 de diciembre por los senadores del grupo parlamentario del PRI, Tereso Ramírez Medina, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), e Isaías Cuevas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).
Fue en el año 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se legalizó en México el outsourcing y se pusieron algunos candados, por ejemplo: “No podrá abarcar a la totalidad de las actividades iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo, deberá justificarse por su carácter especializado y no podrá comprender tareas iguales o similares a la que realice el resto de los trabajadores al servicio del contratante, es decir, al verdadero patrón”, que viene en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo.
Quitar candados a la legislación en materia de outsourcing es preocupante para líderes sindicales y académicos, ya que “crecerá de manera exponencial y será de forma absoluta para todos los puestos de trabajo”, subrayó el especialista. Según datos disponibles, la subcontratación pasó de un millón de personas en 1998 a cerca de cinco millones en 2014.
Mientras que en 10 años, las empresas subcontratistas crecieron 48 por ciento; actualmente existen 900 en México, de acuerdo con el INEGI. Las empresas grandes y medianas son las que más utilizan esta figura.
El outsourcing “es una ficción jurídica”. El verdadero patrón no aparece como tal, sino quien está respaldando es otro y muchas veces en una pequeña empresa, que no cuenta con el patrimonio suficiente para cubrir con las obligaciones en caso de que no las cubriera el otro, ni tampoco tiene transparencia ante Hacienda, señaló García Castañeda.
La flexibilización del outsourcing hará anulatorios los derechos laborales colectivos de los trabajadores como ya ocurre en varias empresas financieras y de servicios.
En apariencia, esta figura no tiene trabajadores, toda vez que la relación laboral desaparece totalmente con el contratista, o sea, el que maneja, el que subarrienda a los trabajadores”, explicó.
Con su aprobación habría un retroceso en la cuestión del despido, manifestó por último.

https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/contemplan-reformar-la-lft-para-generalizar-el-outsourcing

La promulgación de la Constitución de 1917 y el artículo 123


Héctor Barba García,
Asesor legal de la UNT.
5 de febrero de 2018
 
Estaban todavía calientes los cañones, cuando el Presidente Carranza convocó en diciembre de 1916 al congreso que resolvería sobre su proyecto de reformas a la Constitución liberal de 1957, que solo planteaba cambios en las instituciones políticas pero que no promovía los cambios económicos y sociales necesarios para superar las causas que generaron la Revolución Mexicana, con Zapata y Villa.
El Congreso Constituyente se integró con mayoría de legisladores incondicionales al carrancismo y personeros patronales del viejo sistema, más al influjo del gran movimiento armado, participó un pequeño grupo de liberales progresistas y fueron éstos los que lograron el histórico cambio plasmado en la nueva Constitución de 1917. Establecieron en su artículo 3°, la educación pública gratuita; en el 27, el reparto de los latifundios en favor de los campesinos y en el artículo 123, para los obreros, las garantías constitucionales de libertad de sindicación y de derecho de huelga.
Esos nuevos derechos constitucionales, las garantías sociales, hicieron de nuestra Constitución la más avanzada de sus tiempos y modelo para la mayoría de las constituciones nacionales de la época moderna.
Hoy, a cien años, se logró perfeccionar el 123 constitucional para que la justicia laboral se imparta por los poderes judiciales; se reconozca rango constitucional a la negociación colectiva; se consagra el voto libre, personal y secreto para que los trabajadores tomen sus decisiones fundamentales y los registros de sindicatos y contratos colectivos sean auténticos. Después de esta importante reforma, publicada el 24 de febrero de 2017, los representantes patronales y los herederos del carrancismo en el PRI, tratan de sabotear la reforma constitucional en su reglamentación secundaria. En respuesta, los trabajadores organizados democráticamente en la UNT, junto con otras fuerzas progresistas del país e internacionales, ya promovieron una propuesta de reforma secundaria presentada por el PRD en el Senado de la República, acorde con la reforma constitucional, e iniciaron una movilización política nacional por el respeto a sus nuevos derechos fundamentales.
También se luchará legalmente en los foros nacionales e internacionales hasta lograr la plena vigencia de los nuevos derechos constitucionales. Desde aquí convocamos a todos a la solidaridad nacional e internacional para defender