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Justicia Laboral

Arrancan campañas con amenazas del PRI a trabajadores, a indígenas y al país


Pretende madruguetes en el Senado y en la Cámara de Diputados
Con el arranque oficial de las campañas presidenciales sus tres principales protagonistas sólo dejan en claro lo mal que está el país y que, al parecer, no hay remedio en el corto plazo. Sus promesas pintan una nación convulsionada, enferma y a punto de colapsar. Un sistema lleno de enfermedades con diagnósticos cada vez más alarmantes y una ciudadanía convocada a votar con miedo a un fraude mayor por parte de quienes tienen el poder y no han sabido ejercerlo en bien de las mayorías sino únicamente en el propio.
Lo más grave de nuestra situación es que mientras el PRI y sus partidos cómplices hablan de falsas promesas en los medios electrónicos e insisten en un futuro que de seguir ellos en la presidencia es inmejorable, como ha sido desde hace 80 años de su existencia.
En los hechos, los priistas siguen asestando puñaladas a la población, ahora con reformas a la ley laboral, retrocediéndola a tiempos casi similares del porfiriato; y a la Ley General de Biodiversidad, que va en contra de pueblos, comunidades y organizaciones campesinas.
En el primer caso es el Senado de la República –donde se viola a diario la ley, según confirmó el priista Emilio Gamboa Patrón–, se conspira a toda máquina para cambiar la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de reglamentar la reforma constitucional que sufrió hace un año. Las actuaciones de los legisladores oficialistas van encaminadas a traicionar una vez más a la Constitución y a servir a las instrucciones dictadas por trasnacionales y el sector empresarial del país.
Arturo Alcalde Justiniani, el especialista en los temas que tienen que ver con los trabajadores, no se ha cansado de advertir sobre lo que intenta el priismo, que con descaro parece no importarle ya el voto a su favor sino a ofrecer el país como si fuera pastel para los que, a través de reformas llamadas estructurales aprobadas desde el inicio del sexenio, se han apoderado de minas, petróleo, selvas y playas mexicanas.
Prueba de ello es el dictamen que podría ser votado en estos días y que consta de 339 páginas elaboradas desde el gabinete presidencial, sin hacer caso –denuncia AAJ— de múltiples reuniones para debatir las modificaciones ni las posturas en contra de otros partidos políticos ni siquiera compromisos internacionales que tiene que ver con la Organización Internacional del Trabajo. Tampoco las condiciones establecidas por Estadios Unidos en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El asunto es que a la administración de Enrique Peña Nieto le urge dejar establecido en la ley una condena para la clase trabajadora a fin de impedirle la libertad de asociación y de negociación colectiva, además de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
Arturo Alcalde Justiniani nos dice también que el PRI decidió hacer nula la reforma constitucional de un año antes sin importarle el país ni el futuro de José Antonio Meade,  su candidato presidencial quien, asegura el abogado laboral, no está exento de formar parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos.
Hay que tomar en cuenta, agrega, que en un mes termina el periodo de sesiones, que el propio calcula que perderá la elección y que le queda poco tiempo para cumplir promesas y compartir negocios. Con ese objetivo el PRI está dispuesto a todo y muestra su verdadera cara de traición a los que en propaganda dice defender.
En síntesis y siempre con referencia a lo explicado por Arturo Alcalde, el PRI quiere imponer contratos colectivos de protección patronal sin chance alguno a que los trabajadores se organicen democráticamente, lo que en otras palabras significa esclavitud pues la primera y última palabra será siempre la del patrón en lo que se refiere a salarios y mejores condiciones de vida. Esta imposición va acompañada de otra que frena cualquier gestión de cambio.
Para ello “el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto.
Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado por acabar con el derecho laboral…” Con razón, Arturo Alcalde Justiniani advierte que sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume el más duro golpe en la historia laboral. Bueno, ¿y los sindicatos llamados democráticos dónde están? La otra amenaza es para los indígenas y el país. Ya se trabaja en contrarrestar la reforma legislativa.
Dicen los afectados que la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad es omisa al no consultar a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la ONU sobre el tema: las normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos nativos.
Este atentado va también sobre conocimiento tradicional que es parte esencial para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Como es obvio, lo que se busca es el saqueo de los recursos naturales, estratégicos, el agua y  genéticos. Señalan las víctimas de este golpe legislativo que seguramente se usará la fuerza letal contra las dirigencias por defender su territorio, la vida que es el futuro del Planeta y los sicarios rara vez serán llevados ante la justicia. Pero como señala Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Puedes seguir disparando al mensajero, pero te quedarás sin balas antes de que nos quedemos sin mensajeros y, al final del día, se escuchará el mensaje”.
La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y ahora deberá hacerlo la Cámara de Diputados, lo que ha provocado la protesta de asociaciones conservacionistas del país e internacionales.
Se teme, como con la ley laboral, un madrugete del PRI y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). No hay que olvidar que Ninfa Salinas, la de TV Azteca, es autora del proyecto que  pone en riesgo grandes áreas del país, entre las que destacan las áreas naturales protegidas, espacios donde, explican grupos ambientalistas, hay condiciones para respetar a las especies nativas y los ecosistemas vírgenes del país, mismas que quedarían sujetas a explotación minera y energética, poniendo en riesgo estos territorios.
Esta iniciativa modificaría totalmente la percepción de las leyes acerca de los recursos naturales del territorio mexicano. De acuerdo con Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, la extinción masiva de especies en el país es alarmante y hay quejas en varios estados contra empresas mineras que son un riesgo latente para el capital natural nacional.
El Centro para la Diversidad Biológica entró en acción al detectar que, en el área natural protegida de Sierra de La Laguna, entre el municipio de Los Cabos y La Paz en Baja California Sur, ahí se pretende instalar una empresa minera. “Este tipo de industria es sumamente invasiva, el nivel de contaminación que genera y el daño a largo plazo en mantos freáticos, suelos y especies es casi irreversible”, apuntó Oliver. La minera es de origen mexicano con capital canadiense y busca extraer oro de esa zona del desierto sudcaliforniano. Su explotación llevaría alrededor de 10 años. “México es un país que tiene una reglamentación muy laxa con las mineras, y esta nueva ley hace totalmente vulnerable a espacios protegidos”.
Nuestro país tiene reconocidas más de 28 millones de hectáreas como Área Natural Protegida. Contra ellas va el PRI y el PVEM para entregarlas a inversionistas del país y el extranjero. Son territorios de indígenas, a los que nunca se les ha consultado.
Y así quieren ganar la Presidencia…
DESDE EL CENTRO

Un ex secretario de Hacienda que no sabe de dónde provienen los ingresos de su competidor para la Presidencia de la República sólo trasmite que su desempeño como el responsable del gabinete temido por lo que sabe fue un fracaso. Y todavía JAM le pide al PEJER que debata… Qué tal, que con las Afores se construye parte del Nuevo Aeropuerto de la CDMX… El Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno se solidarizaron con la comunidad de San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde la presidenta municipal, Teresita de Jesús Luis Ojeda, mandó a atacar a los pobladores de Ikoot y Binnizá  por resistir desde la invasión de la empresa Mareña Renovables, despojadora de tierras apoyada por el PRI. tigrebilly@hotmail.com
https://mexico.quadratin.com.mx/de-norte-a-sur-guillermo-correa-barcenas-5/

 

Justicia Laboral

La nueva reforma laboral


ELDP
05/04/18 3:01 AM
Desde hace varios años la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) ha presionado (recomendado) a México, que haga una reforma a la Ley Laboral para poder ser «más» competitivo.
Recordemos que en el año 2012, se hizo una reforma en la que especialmente, se dio apertura a los contratos, eventuales, por tiempo determinado, de capacitación inicial y a prueba, con ello se modificaron las condiciones de trabajo rompiendo, en cierta forma, la estabilidad en el empleo y con ello el pago de una indemnización; a este respecto también se realiza un cambio sustancial en relación a los salarios caídos, a sólo coparlos a doce meses y a un interés irrisorio del dos por ciento sobre quince meses, en caso de prolongarse el juicio, en realidad fue sólo para que los patrones alargaran más los juicios, y no como se propuso para reducirlos; en virtud de que al cambio de la ley, en lugar de proporcionar mayor número de funcionarios para agilizar los asuntos, sucedió lo contrario, reduciendo el personal a lo mínimo, alegando falta de recursos por parte de los gobiernos estatales y en especial del federal.
A fines del año pasado, en el mes de diciembre se enviaron diferentes propuestas a la Cámara de Senadores por parte de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD, en los que proponen diversos cambios no sólo al Nuevo Procedimiento ORAL, sino también a los derechos de los trabajadores y Sindicatos.
En forma especial se propone la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, el cual va a tener dos funciones, la primera a través del Centro Federal de Conciliación, encargada de la atención de la instancia conciliatoria prejudicial para la resolución de los conflictos, que nazcan de las relaciones de trabajo entre En forma especial se propone la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, el cual va a tener dos funciones, la primera a través del Centro Federal de Conciliación, encargada de la atención de la instancia conciliatoria prejudicial para la resolución de los conflictos, que nazcan de las relaciones de trabajo entre trabajadores y patrones o entre trabajadores y sindicatos o entre sindicatos, en el orden federal, y la segunda, registrar en la República Mexicana los convenios de administración de los contratos-ley, los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, así como registrar los sindicatos, federaciones y confederaciones constituidos en el país, sus secciones, altas y bajas de sus miembros y directivas.
En ese orden de ideas, también se establece la creación de los Centros de Conciliación al nivel de los estados, que será el encargado solamente de buscar la solución de los conflictos que surjan entre trabajadores y patrones, trabajadores y sindicatos.
Como parte de esta propuesta se busca la reforma del procedimiento y con ello la creación de los Nuevos Juzgados en Materia Laboral tanto federales como locales y ahora la desaparición a un plazo de seis años de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales y federales.
Estas propuestas y varias más, están pendientes de subir al pleno de la Cámara de Senadores, puesto que todavía no resuelven en definitiva las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.
En las siguientes entregas iremos comentando en forma más amplia cada una de estas propuestas o proyecto de decreto mediante los cuales se va a reformar, adicionar, derogar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

http://www.milenio.com/firmas/eldp/nueva-reforma-laboral_18_1152064832.html
Justicia Laboral

Veracruz: Privatizar el agua, beneficiar a mineras a costa de la biodiversidad y facilitar el despido, entre las reformas que impulsa el Congreso en campañas


FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ /CUARTOSCURO.COM
Utilizar los recursos hídricos y las áreas naturales del país para impulsar la explotación de hidrocarburos mediante el fracking, es una de las mayores preocupaciones de organizaciones civiles que han dado seguimiento a las iniciativas. Esto, sin contar con la manera en que el gobierno busca poner fin al derecho a huelga.

Veracruz: La reforma laboral que acaba con los derechos de los trabajadores

Por Manuel Hernández Borbolla
VERACRUZ, VERACRUZ, 02DICIEMBRE2014.- Trabajadores de la fábrica de tubos Tenaris-Tamsa intentan la noche de este martes, establecer una huelga por diversos problemas sindicales y el incumplimiento de pliego petitorio, sin embargo, elementos de la Policía Estatal y Naval han impedido que tomen las instalaciones.
Otro de los temas que ha levantado polémica es la aprobación de la continuación de la reforma laboral impulsada por Peña y Calderón, en la cual, se dan más facilidades para que los patrones realicen despidos a través de la subcontratación (outsourcing) y también pone diversas trabas para que los sindicatos puedan ejercer el derecho de huelga.
La reforma laboral impulsada por el PRI en el Senado -a través de los legisladores Isaías González Cuevas (CROC) y Tereso Medina (CTM)- ha sido cuestionada por expertos en materia laboral, debido a que vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, como la libertad sindical y el derecho a huelga, debido en buena parte, a que los Centros de Conciliación señalados en las leyes secundarias, establecen patrones y sindicatos corporativos, lo cual permitirá al gobierno controlar qué gremios podrán emplazar o no a huelga.
«El derecho de huelga por su naturaleza no es negociable. Se firma el contrato colectivo o se estalla la huelga, por lo tanto, darle a los Centros de Conciliación atribuciones para conciliar el conflicto es poner en manos de la autoridad la posibilidad de que impida el ejercicio del derecho de huelga», apuntó Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y fundador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
Esto coincide con una tendencia en que los derechos de asociación de los trabajadores se han erosionado para evitar que defiendan sus derechos laborales, frente a los abusos de las empresas, según señala un informe de la Organización de Naciones Unidas.
«El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos», escribió el académico especialista en temas laborales, Arturo Alcalde Justiniani.
Según el experto, entre los principales peligros que encierra la reforma laboral impulsada por el PRI son:
1) Disuelve los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permitir que la responsabilidad de los patrones pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista) con la intención de abaratar el costo de la mano de obra.
2) Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, de comunicarlo por escrito al trabajador, señalando sus motivos.
3) Reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte e incapacidad.
4) Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva violando el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), imponiendo una serie de obstáculos jurídicos y prácticos imposibles de cumplir para un sindicato autónomo, fuera del control empresarial.
5) Impide el ejercicio del derecho de huelga al imponer requisitos que no podrá cumplir un sindicato auténtico.
En este sentido, la Barra Mexicana de Abogados presentó un amparo contra la discusión, aprobación y eventual publicación de las leyes secundarias de la reforma laboral por parte del Congreso de la Unión, debido a que, legalmente, dicha reforma debía haber sido publicada a más tardar el 24 de febrero de 2018.

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/03/privatizar-el-agua-beneficiar-a-mineras-a-costa-de-la-biodiversidad-y-facilitar-el-despido-las-reformas-que-impulsa-el-congreso-en-campanas_a_23400978/
Justicia Laboral

No hay dinero para reforma laboral


Abril 03, 2018 21:05 hrs.
Armando Téllez Flores › diarioalmomento.com
+Aumento a mineros de 12 por ciento
La Reforma Laboral de Justicia Cotidiana sufre de indiferencia en el Senado de la República, en donde los temas de mayor interés son los de las campañas electorales, por lo que no solo las organizaciones sindicales la rechazan, sino también partidos políticos y legisladores en ambas cámaras, en donde se preguntan que de donde van a sacar el dinero para implementarla.
Y es más se hace mención del comentario que hizo el líder de la CTM y ahora presidente del Congreso del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo, de que ojala se suspendiera ese proyecto de ley que tanta presión ha generado en el ambiente laboral.
El tema también es que nadie conoce el expediente de casi 400 hojas que contiene la nueva propuesta y por lo tanto no se conoce y ya no hay tiempo para su análisis, y menos cuando se dice que persiste el peligro a la existencia del derecho de huelga y la existencia del tripartismo.
Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Puntos Legislativos no avanzan en el dictamen con el que se dará paso a la creación del Instituto de Conciliación Federal y Registro Laboral, e iniciar con el proceso de impartición de justicia a través de los tribunales laborales, para que sea aprobado cuanto antes y en este mes.
Isaías González Cuevas, senador por el PRI, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), uno de los autores de las iniciativas de leyes secundarias, quien afirmó que aun cuando hay desacuerdo de varias organizaciones sindicales, investigadores, abogados laborales, organismos no gubernamentales, sostuvo que ya se tienen los trabajos avanzados para su dictaminación.
Isaías González Cuevas recordó que esta iniciativa surgió como una necesidad de atender la justicia cotidiana de los mexicanos; en lo concerniente al sector laboral se identificó que los juicios eran muy largos pues podrían dilatarse más de cinco años, afectando a empresas y trabajadores, pero al ser presentada en lo obscurito genero serios conflictos.
Otro de los autores, el senador del PRI, Tereso Medina, dijo que una de las tareas inmediatas es la designación de su titular del instituto de conciliación federal y registro laboral para lo cual el Ejecutivo enviará una terna a la consideración de la Cámara de Senadores, quien previa comparecencia de los candidatos hará la designación correspondiente.
Agregó que otra de las tareas que deben determinar es el procedimiento para que las autoridades competentes transfieran los expedientes y documentación que en ámbito de sus respectivas competencias tengan para el organismo descentralizado.
Pero el caso es que nadie conoce el texto presentado por el flamante presidente de la Comisión de Trabajo, en donde para variar no permitieron el paso a un dirigente sindical, lo que también genera tensiones y recelo.
Lo que se ve es que el consenso va en contra de dicha reforma y no tiene apoyo por ningún lado, y menos la fuerza suficiente para salir avante…

https://diarioalmomento.com/no-hay-dinero-para-reforma-laboral-e3TQxODk4Nw.html
Justicia Laboral

La reforma laboral pendiente


Publicado el 21 de marzo de 2018
Alma Elena Rueda Rodríguez
Doctora en Formación de la Persona y Mercado del Trabajo por la Universidad de Bérgamo (Italia), y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo,
a.elenarueda@gmail.com
El 25 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta enmienda, que probablemente sea la más relevante en materia laboral desde la promulgación de la Constitución de 1917, trata sobre temas muy importantes como: negociación colectiva, organización sindical, libertad y democracia sindical, derecho de huelga y reforma de forma integral al sistema de justicia laboral. De esta forma, nos encontrábamos ante un hecho sin precedentes y sobre todo ante una gran oportunidad que abría las puertas para cambiar un modelo de justicia laboral que se exigía desde hace años.
El artículo transitorio segundo de la reforma, estableció que el 25 de febrero de 2018 sería el término máximo en que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, tendrían que realizar las adecuaciones legislativas que correspondieran para dar cumplimiento al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plazo que notoriamente fue incumplido, puesto que al día de hoy las legislaturas federal y las estatales han sido omisas en aprobar las normas instrumentales de la reforma.
Aunque son muchos los factores por los cuales, la iniciativa 1 que presentaron los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Tereso Medina e Isaías González (dirigentes de la CTM y la CROC), no ha sido aprobada, podemos enlistar algunas de las razones más importantes.
Destaca, en primer lugar, que la iniciativa propuesta por los senadores antes indicados, no fue aprobada en las comisiones legislativas respectivas, presumiblemente por la falta de consensos políticos y la falta de interés por parte de los grupos parlamentarios sobre este tema tan trascendente, quienes han dado prioridad a los procesos electorales estatales y de la Federación; por otra parte, el presidente de la República fue omiso en remitir al Senado la terna para elegir al titular del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, y finalmente, quizá las más importantes, son los duros y ciertos cuestionamientos técnicos que se están realizando al fondo de la iniciativa por parte de los distintos sectores, el sindical, el patronal y el académico.
Dichos cuestionamientos y críticas fundadas, pudieron ser evitadas, de haberse trabajado en un proyecto de legislación redactado con la colaboración técnica de especialistas en materia laboral, la organización de foros, estudios y consultas técnicas con expertos en la materia, y con la participación de los sectores obreros y patronales.
El plazo para la aprobación de las normas en materia laboral ha fenecido, y es hasta ahora que algunos grupos parlamentarios se han enfocado en sacar adelante la legislación a marchas forzadas. Por esa razón, en las últimas semanas cada vez han surgido cuestionamientos más severos sobre el proceso legislativo, debido a que existen en ese proyecto aspectos que evidentemente son regresivos, sobre todo en derechos laborales que se habían logrado a través de los años.
Desde un punto de vista técnico, una de las principales dificultades para la implementación de la reforma es el corto tiempo que el transitorio segundo estableció, puesto que las adecuaciones legislativas que implica la reforma, evidentemente no podrían estar listas en un año.
Sin más, resulta relevante recordar que la reforma en materia de justicia penal y seguridad publica del 18 de junio de 2008, tuvo un periodo de implementación de ocho años para que los gobiernos estatales y la federación realizaran los ajustes legislativos y estructurales necesarios para propiciar la operación y consolidar el nuevo sistema de justicia penal, es por eso que el cuestionamiento es, ¿por qué el Constituyente permanente consideró que un año sería suficiente para realizar una transición en materia de justicia laboral?
Por otro lado, es importante destacar que el órgano encargado de implementar la reforma, es decir, la Unidad de Enlace de la Reforma de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha caracterizado por la poca transparencia y la nula rendición de cuentas; en este sentido, es relevante destacar que dicha Unidad ni siquiera cuenta con un sitio electrónico para consultar la información más relevante, no se sabe cuáles son las principales actividades que está realizando esta instancia en coordinación con el Poder Ejecutivo o con las entidades federativas.
En este sentido, se necesita tener información esencial, por ejemplo saber cuáles son las fases de consolidación, quién capacitará a los nuevos jueces y magistrados, al personal operativo, cuál será el costo-beneficio de la implementación de esta reforma. Sobre este último aspecto, la Unidad de Enlace no ha hecho público los estudios técnicos necesarios para la implementación de esta clase de reformas, que revelen cuántos recursos serán necesarios para la implementación de la reforma, para la transformación de las juntas de conciliación y arbitraje en juzgados laborales, entre otras cuestiones.
Sobre el fondo de la reforma, es importante destacar que la iniciativa contempla la modificación de aspectos importantes de derecho sustantivo —individual y colectivo, así como procesal—; incluso muchas de las reformas en aspectos de derechos de los trabajadores tienen apariencia de ser violatorias al principio de progresividad, reconocido en el artículo primero de la Constitución, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen, el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos (en este caso los derechos humanos laborales) y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.2
Técnico, órgano de gobierno del Instituto, se propone que sea conformado por integrantes del gobierno federal, del sector obrero y del sector patronal, por lo que nuevamente es considerando el tripartismo, integración que ha sido largamente cuestionada por la doctrina desde el siglo pasado.3
Sobre la regresividad en materia de contratación laboral, destaca la propuesta sobre los contratos a prueba, puesto que el artículo 39-A del proyecto establece que “de no satisfacer el trabajador los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón” se dará por terminada la relación de trabajo. De esta forma, la reforma elimina la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento para darle todo el poder de decisión al empleador, prevista en la Ley Federal del Trabajo vigente.
Otro aspecto que merece una crítica profunda es el artículo 47 del proyecto, que establece que el patrón que despida a un trabajador, y que para despedirlo sólo se deberá señalarle la conducta o conductas que motiven la rescisión y la fecha en que se cometieron. Este artículo deroga las formalidades en la rescisión de las relaciones laborales, es decir, el aviso por escrito y que éste sea entregado personalmente al trabajador o comunicarlo a la junta de conciliación y arbitraje competente.
Por lo que consecuentemente se deroga que la falta del aviso al trabajador, personalmente o por conducto de la junta, determinaría la separación no justificada y, en consecuencia, la nulidad del despido. Por lo tanto, el patrón tendrá la libertad de despedir a un trabajador en cualquier momento sin aviso escrito, sin que esta circunstancia sea motivo de nulidad de despido, provocando incertidumbre al trabajador, ya que en cualquier momento y sin prueba escrita será separado de sus labores, lo cual viola una vez más, el ya citado principio de progresividad y el de seguridad jurídica.
Adicionalmente se observa que la reforma contempla a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia económica para determinar la cuantía de las obligaciones, multas o indemnizaciones, suprimiendo la medida del salario mínimo general vigente, por lo que notoriamente se reduciría la indemnización de los trabajadores en el caso de riesgos de trabajo, muerte o incapacidad, debido a que la UMA es una cantidad menor al salario mínimo vigente, por lo que evidentemente la reforma contempla una incorrecta lectura de la reforma en materia de desindexación del salario mínimo.
Otro punto que se debe destacar es el relativo a la subcontratación, pues en este nuevo proyecto se omite la regulación y mecanismos para el reconocimiento de derechos de los trabajadores, vigentes en la Ley Federal del Trabajo, recordando que este tema fue un gran logro conseguido con la reforma laboral de 2012.
Son muchos más los puntos que se pueden analizar y destacar de este proyecto de reforma, y pueden ser materia de una publicación específica, pero por último, se menciona lo referente al procedimiento de conciliación y selección de conciliadores que se encuentra regulado en el título catorce del proyecto, debido a que la conciliación jugará un papel significativo, por tal motivo, es importante que se contemplen incentivos procesales, con la finalidad de evitar que estos conflictos lleguen a los nuevos tribunales del Poder Judicial, pues de no fomentar la conciliación verdadera, los nuevos tribunales seguirán conociendo de miles de demandas laborales, situación que nos llevaría al punto al que nos encontramos hoy en día.
No obstante, el proyecto no menciona ningún incentivo procesal y lo presenta como un requisito previo, sin la importancia que merece, tal y como se viene realizando en la audiencia de conciliación con la actual Ley Federal del Trabajo.
Adicionalmente, estos centros de conciliación se les debe de dotar de suficientes recursos físicos, humanos y tecnológicos, pues estos recursos son necesarios para llevar a cabo sus funciones de notificación, orientación, información y conciliación, pero sobre todo, se debe contar con el respaldo de la administración y la coercitividad para el cumplimiento de sus sanciones y el cumplimiento de los convenios celebrados entre las partes, para que éstas tengan certeza jurídica y que de esta manera se den a conocer las ventajas de la conciliación y se fomente la conciliación como un mejor medio de solución de controversias laborales; y de esta forma la conciliación no sólo sea vista como un requisito previo al proceso jurisdiccional.
De igual forma, los conciliadores no sólo deben contar con conocimientos generales de derecho y, específicos en materia laboral, y con actitudes en la función conciliatoria, como lo establece el artículo 704, sino que deben ser personal altamente capacitado y con experiencia en la conciliación, ya que su rol es muy importante y esencial para que las partes lleguen a un acuerdo. Al respecto, se destaca que la propuesta legislativa no menciona la opción de contar con conciliaciones parciales, que serían de gran ayuda para aminorar la carga de trabajo si se llegará a judicializar el asunto planteado.
Como se advierte de los puntos que a manera de ejemplo fueron destacados, se observa que la reforma presentada fue redactada desde una visión patronal, que pretende aminorar los derechos laborales, afectando la estabilidad en el empleo y pretende olvidar los años de lucha y el objeto del derecho del trabajo: equilibrar las relaciones laborales.
Es así como hoy estamos frente a una reforma laboral pendiente, y por primera vez, se puede y debe celebrar que los legisladores no hayan hecho su trabajo a tiempo, pues una proyecto de ley como la que se presentó no es digna de aprobarse, ya que de no responde a las necesidades del mercado laboral mexicano, ni respeta los derechos laborales fundamentales. No se puede aprobar una reforma que propicie la incertidumbre y sobre todo, viole los compromisos mínimos del Estado mexicano en materia de progresividad de los derechos humanos laborales.
NOTAS:
1 La iniciativa puede consultarse en:http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Iniciativa_Justicia_Laboral_19012018.pdf
2 Tesis: 1a. /J. 85/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo1, octubre de 2017, p. 189; Tesis: 1a. /J. 87/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo 1, octubre de 2017, p. 188; Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Noviembre de 2015, p. 1298.
3 Carpizo, Jorge, “La Naturaleza jurídica de las juntas de conciliación y arbitraje en México”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 15, México, 1972, p. 67.

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12201/13862

 

Justicia Laboral

Coahuila: Trabajaremos con todos los partidos para lograr Reforma Laboral: Tereso Medina


Armando Cobián Lafont Lunes 2 de abril de 2018
Torreón, Coahuila.- El senador de la República y dirigente en el estado de Coahuila de la CTM, Tereso Medina Ramírez, aseguró que a tan sólo doce sesiones de que culmine el periodo legislativo trabajarán de la mano de todos los partidos políticos para alcanzar los consensos necesarios que logren concretar la Reforma Laboral tan necesaria para salvaguardar los derechos de la clase trabajadora y la paz laboral que el país requiere en la búsqueda de la atracción de nuevas inversiones.
Lo anterior se da a conocer a unos días de que el secretario del Trabajo en el país, Roberto Campa Cifrián se mostrara optimista en el trabajo que realizan todos los legisladores federales en el afán de alcanzar importantes acuerdos para sacar adelante la Reforma Constitucional de la nueva Ley Laboral en México.
Medina Ramírez explicó que estas doce sesiones serán para alcanzar importantes acuerdos que sean de beneficio para todas las partes, para los trabajadores, empresarios, autoridades y juzgadores, pues todos juegan un papel preponderante en el tema de la Reforma Laboral.
En México afortunadamente se respira un aire de paz laboral derivado del importante trabajo que se realiza por parte del Ejecutivo federal y de las organizaciones obreras.
“Para la CTM en Coahuila sus trabajadores son lo más importante y así lo demuestra el registro positivo de revisiones de todos y cada uno de los contratos colectivos de trabajo, donde en base a acuerdos hemos evitado que se registre una sola huelga”.
“Así pues en el caso de la Reforma Laboral nos tenemos que sentar a la mesa todos los partidos para debatir en cada uno de los puntos qué es lo mejor para los trabajadores, para sus sindicatos, para los empresarios y para las autoridades, todos son parte de la Reforma Laboral en México”, destacó.

https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/trabajaremos-con-todos-los-partidos-para-lograr-reforma-laboral-tereso-medina
Justicia Laboral

Se acelera la reforma que da muerte al derecho laboral


Arturo Alcalde Justiniani
Al leer el dictamen de reforma laboral que se pretende votar la próxima semana en la Cámara de Senadores, uno concluye que en nuestro país la realidad siempre supera las expectativas. A media hora de iniciar el largo descanso de Semana Santa, el senador ex verde, ahora priísta, José María Tapia Franco, quien fuera impuesto dos días antes en el cargo de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentó un dictamen de 339 páginas, que obviamente elaboró el Ejecutivo Federal, con la intención de que fuera aprobado con urgencia.
De nada sirvieron los foros, los eventos académicos, las mesas redondas y conferencias, los diálogos con las autoridades; tampoco la iniciativa de ley del PRD, apoyando un texto elaborado por la Unión Nacional de Trabajadores, ni la propuesta de ley del PAN. Fueron ignorados los compromisos contraídos en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), así como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo el respeto al estado de derecho y la independencia en la impartición de justicia. Finalmente, se soslayaron las preocupaciones en el entorno de la negociación del TLCAN y de más de 180 legisladores estadunidenses que con razón expresaron preocupaciones por el modelo laboral mexicano. Al final se impuso la propuesta que impide la libertad de asociación y de negociación colectiva decente y el objetivo de mantener salarios bajos e indefensión laboral.
El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos. La prisa para la presentación del dictamen se explica porque tan sólo en cuatro semanas concluye el periodo legislativo y el PRI calcula que perderá la elección, por lo que éste es el último momento para cumplir las promesas al sector empresarial con el cual muchos de los integrantes de este gobierno comparten negocios. Poco les importa imponer la votación en un Congreso que va de salida, no les interesa la legitimidad democrática.
El proyecto de ley que pretende imponer el PRI y sus aliados, se sostiene en tres pilares básicos: el primero plantea blindar los contratos colectivos de protección patronal estableciendo requisitos insalvables para aquellos trabajadores que pretendan organizarse democráticamente y acceder a una negociación que pueda mejorar sus condiciones salariales y de vida. Se les exige como condición previa constancias documentales de las que carecen para justificar la negativa a que logren la firma de un contrato colectivo o que puedan cambiar al sindicato impuesto por el patrón. Primero, deberán confesar por escrito con que sindicato están, para que luego el patrón los pueda despedir; después, podrán iniciar un juicio para aspirar a un recuento secreto que carecerá de sentido.
El segundo, crea un muro de contención que hace la tarea de bloquear por la vía administrativa cualquier gestión, trámite o intento de cambio; para ello, el gobierno propone que los órganos creados por la Constitución para impulsar la conciliación, se conviertan en una especie de tribunal administrativo, que sin sujetarse al debido proceso, controlará los aspectos esenciales en el ejercicio de los derechos colectivos: registros sindicales, firmas de contratos colectivos, emplazamientos a huelga o intentos por cambiar al sindicato impuesto por el patrón (juicios de titularidad). Estos nuevos Frankestein decidirán discrecionalmente quién pasa a la segunda etapa, ante el Poder Judicial. Si no lo autorizan, los demandantes ni siquiera le verán la cara al juez (basta ver los artículos 1010, 1027 y su referencia al 1008); en otras palabras, dejarán a los verdaderos jueces sin materia de trabajo. Para remate, el nuevo monstruo será controlado por los sindicatos corporativos y los abogados empresariales que se han especializado en acabar con el derecho laboral, ya que en contravención a lo señalado por la Constitución que lo considera autónomo, ahora será tripartito, con 12 miembros, cuatro para los sindicatos corporativos, cuatro para los representantes de las cámaras patronales que ocuparán sus abogados y en minoría, cuatro representantes del gobierno. Con ello se pretende que en el caso de que obtenga el triunfo un gobierno democrático, éste quede nulificado y sin presencia alguna, pues sólo tendrá un tercio de los votos. Incluso al presidente del organismo, a quien la Carta Magna otorga el carácter de rector del organismo autónomo y que es designado por el Senado de una terna propuesta por el Presidente de la República, se le niega el derecho de voto en la instancia de gobierno. Adiós autonomía.
La tercera pinza impide que los trabajadores sean consultados por voto libre y secreto, antes de la firma de un contrato colectivo, como lo ordena la Constitución (Fracción XXII Bis, Apartado A, Artículo 123) y como complemento, se limita la transparencia sindical, reduciendo por ejemplo, la información sobre los contratos colectivos a simples ¨versiones públicas” cuando la ley general en la materia se refiere a los textos íntegros.
No hay más espacio para exhibir las trampas de esta propuesta de ley. Sólo un ejemplo más. En el artículo 390 Bis se establece que cuando el patrón intente registrar un contrato colectivo y el nuevo monstruo tripartito, del que dicho empleador forma parte, no le conteste en 20 días, se le tendrá por autorizado automáticamente. Claro, ignorando a los trabajadores.
Parece claro que los argumentos jurídicos sobran, sólo presionando electoralmente al gobierno evitaremos que se consume este golpe, el más duro en la historia laboral.

  1. Pastel sindical en el nuevo aeropuerto.

Se generó una disputa entre las centrales obreras corporativas por recibir los beneficios de las cuotas sindicales y ¨gratificaciones¨ por supuestamente representar a los más de 40 mil trabajadores que laboran en la construcción del nuevo aeropuerto. Finalmente, el gobierno los concilió con un tabulador de ganancias. Según un dirigente, obtendrán lo suficiente para jubilar a todos los líderes. A este meganegocio o megacontrato de protección patronal se le denomina: el pastel. Obviamente, los trabajadores no reciben ni una rebanada.

http://www.jornada.unam.mx/2018/03/31/opinion/011a1pol
Justicia Laboral

Chihuahua: Trabajadores pierden calidad humana con la Reforma Laboral


Angélica Bustamante Miércoles 28 de marzo de 2018 en Local
Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un total  rechazo a la Reforma Laboral por considerar que en nada favorece a los trabajadores, por el contrario los quiere convertir en un objeto más de la empresa, perdiendo su calidad humana.
Informó la abogada en Derecho Laboral Susana Prieto Terrazas, luego de que así lo dio a conocer el coordinador general y fundador del Observatorio Ciudadano Nacional, José Alfonso Bouzas Ortiz.
Lo anterior, durante la LVIII Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo, y de la Previsión Social, celebrada en Ciudad Juárez.
Recalcó la abogada Susana Prieto, que se conformó el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral en Ciudad Juárez, que se unen a los de otras ciudades del país para estar vigilantes.
La implementación Legal de la Reforma en Justicia Laboral, es uno de los temas  de la Asamblea Nacional del Derecho del Trabajo  y Previsión Social con sede en esta frontera.
Las mesas de trabajo que se llevaron a cabo en el Centro de Convenciones Cibeles, trataron temas como Derecho Procesal del Trabajo,  Ética y Derechos Humanos en Materia del Trabajo, Derecho Individual del Trabajo, entre otros.
La abogada Susana Prieto, dijo que de pasar y ser aprobada esa Reforma Laboral afectaría en los derechos más elementales de los trabajadores, es arbitrario lo que se pretende hacer, dijo la abogada Susana Prieto.
Expresó, se trata de una Reforma planeada a favorecer los intereses de la Iniciativa Privada, y negar todo beneficio a los trabajadores, como el derecho a huelga, contratación colectiva, por mencionar algunos logros que actualmente tiene.
En la conferencia sustentada por Tomás Natividad, abogado de Patrones, afirmó: “La Reforma Laboral, se autorizará a partir del mes de abril, hagan lo que sea, lo que quieran, se retuerzan, se Ampraren, antes de que se vaya el presidente Enrique Peña Nieto, se tendrá una nueva Ley Laboral en México”.
Mencionó Susana Prieto, que los representantes de la CTM y la CROC son los que propusieron dichas reformas, en una clara traición a los trabajadores, por lo que el llamado es a que organicen sus protesten, se auxilien por expertos en la materia para que no se promulgue esa Ley.
La mencionada Ley, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y va hacia la Cámara de Senadores.
Dijo que la propuesta de Reforma a la Ley Federal de Trabajo, no le da oportunidad de defensa a los trabajadores, antes de una demanda tendría  que ir a un centro de conciliación, en donde antes se convocaría al patrón para llegar a importantes acuerdos, en caso de no haberlo entonces se procede a la demanda.
El Derecho Laboral es un Derecho Social, en esa forma desaparecerá y las declaraciones primarias en el centro de conciliación, no van a poder variar, expresó Susana Prieto.
Enfatizó, que por lo que respecta a los convenios el trabajador llega con un total desconocimiento de sus derechos al momento de llegar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en donde en realidad le engañan en relación a la cantidad o monto del que tiene derecho, por ello se requiere la ayuda y el apoyo de alguien conocedor de las leyes laborales.
https://www.periodicoelmexicano.com.mx/local/trabajadores-pierden-calidad-humana-con-la-reforma-laboral

Justicia Laboral

Rechazan cambios en reforma laboral


Daniel Domínguez
El Diario de Juárez | Martes 27 Marzo 2018
El Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, Capítulo Ciudad Juárez, rechaza la iniciativa de modificación de la reforma constitucional en materia laboral del 24 de febrero de 2017, implementación y adecuación que se encuentra en análisis para discusión en comisiones en el Senado de la República.
El doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, coordinador general y fundador del observatorio a nivel nacional, señaló que los diputados no tienen ni siquiera los conocimientos sobre los límites de la ley porque la conciliación la llevan como se les da la gana, es decir el control sobre las organizaciones sindicales y sobre los contratos colectivos.
El observatorio lo conforman investigadores, académicos, abogados litigantes, sindicatos independientes y luchadores sociales.
La iniciativa que pretenden aprobar no sólo va a seguir, sino se va a agudizar y lo que procede, lo que debiera hacerse, conforme a la reforma laboral es crear tribunales del trabajo, que siguiendo la clásica división de poder ejecutivo, legislativo y judicial, tuvieran en sus manos la resolución de los conflictos, comentó Bouzas.
Enfatizó que desde Ciudad Juárez, el Observatorio Ciudadano hará un llamado de rechazo a la reforma laboral, a la oposición, porque se debe vigilar la conducta de todos y cada uno de los representantes populares, quienes de cuatro proyectos que existen, solamente se impuso el del PRI, señaló.

http://diario.mx/Local/2018-03-27_ad6cbbe5/rechazan-cambios-en-reforma-laboral/#
Justicia Laboral

Nueva Reforma Laboral es una falacia, privatiza el derecho de los trabajadores


Periódico El Mexicano Martes 27 de marzo de 2018 en Local
Ciudad Juárez, Chihuahua.- Durante la LVIII Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, el doctor en Derecho Manuel Fuentes Muñiz presentó su conferencia denominada “La Reforma que Privatiza el Derecho Laboral”, exponiendo que la nueva ley, aprobada el pasado 24 de febrero del 2017, es una falacia y sólo privatiza el derecho de los trabajadores.

Nueva Reforma Laboral es una falacia, privatiza el derecho de los trabajadores
https://www.periodicoelmexicano.com.mx/local/nueva-reforma-laboral-es-una-falacia-privatiza-el-derecho-de-los-trabajadores

Video: Olga Casas
Destacó que actualmente se discute una reforma, la cual es una de las más agresivas en contra de los trabajadores que privatiza el derecho laboral y da la voltereta a la planteada por los constituyentes en 1917, mismos que abrieron el capítulo planteado en ese entonces como una garantía social y no sólo a un grupo de individuos.
“En ese entonces se benefició al trabajo de las mujeres, sindicatos, huelgas, que tuvieran un equilibrio de patrones y trabajadores; por lo que dio bajo esta iniciativa el pasado 2017, con una Reforma a la Constitución, en especial al artículo 123, y a diferencia de establecer garantías sociales para los trabajadores, da control al Estado sobre los sindicatos, contratos colectivos de trabajo entre otras cosas”, señaló.
Para lo anterior, se viene a sumar la propuesta hecha el pasado 7 de diciembre por dos senadores priístas, quienes presentaron una propuesta para echar marcha atrás a las garantías sociales de los trabajadores y buscar que la autoridad del Poder Ejecutivo tenga registro de los sindicatos, facilidad para que los contratos sigan operando con el objetivo de que los patrones y empresarios detengan el incremento de los salarios de los empleados.
“Se está controlando que ya no puedan ganar más, desde el Estado y dándole poder a los empresarios para que lleven a cabo este control”, mencionó.
Manuel Fuentes Muñiz, detalló que al Estado le darían dominación total de la instrumentación y operación para si procede o no una huelga, un registro colectivo de contrato o sí la conciliación debe darse de la manera que elijan, ya sea los gobernadores o el Presidente de la República.
“Esta reforma es una falacia, finalmente el poder judicial se le dan unos cuantos elementos para operar, ha sido una justicia del poder de apariencia, no es una justicia social, se le da los instrumentos de conciliación para que la haga de juez y conciliador asumiendo funciones que no le corresponden al Ejecutivo, es una participación muy grave, he señalado que al reforma va dedicada a inversionistas empresarios para decirles que inviertan en nuestro país, aquí habrá seguridad de sus capitales, asegurar que la mano de obra es barata, ya no se conforman con entregar el petróleo o recursos naturales, sino hasta personas“, dijo.
Dejo en claro que la propuesta está actualmente en manos del Senado, donde el PRI es mayoría, y sólo es cuestión de que pase a los diputados; exhortando a que no sea un tema coyuntural, ya que temen perder el poder formal.
“Por eso apuran la designación de un director del Instituto de Conciliación que sea inamovible, que a pesar de los cambios políticos, no puede haber una situación distinta; entonces conciliamos esta reforma, ya que es más de volver a las personas objetos, desaparecerles sus garantías; es entregarle la sangre de nuestros trabajadores a los capitales extranjeros“, puntualizó.
Por último, sentenció que la voluntad de los políticos si aprueban dicha reforma es colocar en su armario y decir ‘ese trabajador va colocado aquí, en la extrema derecha hasta el fondo, como lo quiero, como un objeto y sin voluntad propia’.

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