Presentan en la UAQ foro sobre Reforma Laboral secundaria


Actualización 14 marzo, 2018
Presentan en la UAQ foro sobre Reforma Laboral secundaria / Foto: Especial.
Compartir
Se buscó abrir un debate plural sobre la Reforma Laboral secundaria, así como analizar las dos propuestas que ya fueron presentadas ante el Senado
Con el objetivo de abrir un debate plural sobre la Reforma Laboral secundaria, así como analizar las dos propuestas que ya fueron presentadas ante el Senado de la República, además de las repercusiones a las empresas y los aspectos políticos que esto implica, se llevó a cabo en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) el Foro “Reforma Laboral para Todos: Desarrollo de las empresas, bienestar para las y los trabajadores”.
En su intervención el secretario particular de la máxima casa de estudios del estado, Mtro. Luis Alberto Fernández García, en representación de la Rectora, Dra. Teresa García Gasca, reconoció la necesidad de que estos ejercicios cuenten con la participación de los jóvenes y la sociedad en general.
“Es bienvenida la reflexión sobre los asuntos laborales porque ha cambiado mucho la realidad en el mundo y en México. Debemos prever no retrasarnos en torno a los fenómenos del trabajo, porque si lo hacemos se retrasará el contenido de las normas, las Leyes que rigen las relaciones laborales. Debemos reflexionar qué pasa con los compañeros que no tienen un buen empleo y deben trabajar en malas condiciones, es su medio de vida”, manifestó.
Asimismo, agradeció el apoyo de la fundación Friedrich Ebert Stiftung, la cual es considerada como la más grande y más antigua de las fundaciones políticas alemanas creada por el Partido Socialdemócrata Alemán y que se dedica a promover la socialdemocracia y el socialismo democrático a nivel mundial, para contar con los especialistas en diferentes temas, los cuales, dijo, aportan sus conocimientos y permiten un análisis a fondo en favor de todos los trabajadores.
De la misma forma la Lic. Inés González Nicolás, representante de la fundación, recordó que el 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional a los artículos 7° y 123, donde se contempla la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, mismas que tardan actualmente hasta cuatro años en dar una solución a un conflicto laboral; ante este escenario considera necesario contar con una Reforma secundaria que permita dar mayor voz a los trabajadores.
“Necesitamos sindicatos representativos, verdaderos y también una figura legal que permita el cumplimiento de la obtención de beneficios equitativos para todos. Es una gran oportunidad para los trabajadores y las trabajadoras, así como para los sindicatos, para que se vuelvan actores principales al interior de las empresas y como entes sociales. Es una oportunidad para ustedes, nos debemos involucrar, informarnos e intervenir en el debate de la Reforma secundaria”, acotó González Nicolás.
Cabe señalar que este Foro surgió por iniciativa de los estudiantes de la Facultad de Filosofía; se contó con la participación de alumnos de Psicología y Derecho de la UAQ. En total se realizaron dos paneles y la conferencia: La empresa moderna mexicana y la legislación laboral, a cargo del Dr. Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

https://t.co/aHzr0QwV68

Chihuahua: Analizarán reforma en materia laboral


Juan de Dios Olivas/
El Diario de Juárez | Sábado 10 Marzo 2018 | 00:01:00 hrs
 
La reforma constitucional en materia laboral aprobada el febrero del 2017 que desaparece los tribunales del trabajo tradicionales y que crea los juzgados laborales así como las iniciativas de leyes secundarias en discusión actualmente en el Senado, serán analizadas en Ciudad Juárez.
Lo anterior durante la LVIII Asamblea de Derecho del Trabajo y la Previsión Social, que se llevará del 25 al 28 de marzo y en la que se espera la asistencia de expertos en la materia de todo el país.
El evento es organizado por la Academia Mexicana de Derecho de Trabajo y Previsión Social y recibirá más de mil laboralistas, litigantes y estudiosos, dio a conocer Ana Luisa Herrera Laso, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Habrá diversas mesas de trabajo para discutir la implementación legal de la Reforma Laboral, la Reforma Constitucional que fue aprobada el 24 de febrero del año pasado, cuya iniciativa de reforma secundaria aún está en discusión en el Senado¨, expuso.
Cenobio Terrazas Estrada, delegado de la Academia, agregó que se reformó el artículo 123 de La Constitución, la cual es la base de todo el derecho laboral mexicano y cambió la forma de impartición de justicia laboral.
“Es la oportunidad de todos aprendamos de este nuevo procedimiento laboral, de esta nueva forma de impartir justicia laboral”, añadió.
La reforma constitucional transforma el derecho procesal del trabajo ya que la justicia laboral será impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales.
También replantea la función conciliatoria, de manera que se propone constituir una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir, a fin de privilegiar que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas propias de su nueva responsabilidad.
En ese sentido, Herrera Laso señaló que Chihuahua ya se encuentra avanzada con la creación de los Centros de Conciliación Laboral.

jdolivas@redaccion.diario.com.mx
http://diario.mx/Local/2018-03-09_7cfcaa4b/analizaran-reforma-en-materia-laboral/

Aguascalientes: Reforma Laboral del PRI entregará “la sangre de los trabajadores para convertirlos en esclavos”


Posted by ALMA RÍOS
Date: marzo 10, 2018
La Reforma Laboral secundaria que plantean los senadores priístas Tereso Medina (CTM) e Isaías González (CROC), entregará “la sangre de los trabajadores para convertirlos en esclavos”, pues entre otras cosas plantea la desaparición del salario, de los sindicatos, y la anulación de los contratos colectivos de trabajo, dijo Manuel Fuentes Muñiz.
El experto en derecho laboral propuso a esta reforma como la más regresiva en la materia en los últimos 100 años en México, ya que su eje fundamental es “la producción, la usura, la ganancia patronal” y por tanto la imposición de la voluntad de los empleadores a la par del despojo del derecho humano al trabajo de los mexicanos.
Expuso que es especialmente preocupante porque va enfocada a perjudicar a los jóvenes, las mujeres y a la gente de mayor edad, ya afectados por las dificultades de acceder al derecho al trabajo, la estabilidad en el empleo y la seguridad social.
Fuentes Muñiz, Héctor Arturo Mercado López, magistrado del 17 Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia del Trabajo, Juan Romero Tenorio, diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y Pablo Franco Hernández, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ofrecieron una conferencia de prensa para adelantar elementos del foro Retos de la Nueva Justicia Laboral.
El evento fue realizado ayer en el foyer del Teatro Fernando Calderón, y organizado por el precandidato al Senado por el Morena, José Narro Céspedes, quien expuso que estas reformas ni siquiera son conocidas y por tanto respaldadas por los propios trabajadores agremiados a la CTM y la CROC.
Coincidieron en que la iniciativa que actualmente se discute en comisiones en el Senado de la República y que deriva de una reforma constitucional del 24 febrero de 2017, debe detenerse, socializarse ampliamente tanto entre los patrones y especialmente los trabajadores, discutirse y llevarse a consulta.
Pablo Franco Hernández expuso desde su experiencia que los sindicatos son cada vez más inoperantes e incapaces, no sólo de defender los intereses de sus agremiados, sino siquiera de emitir una opinión al respecto de este tipo de temas.
Dijo que de acuerdo al Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sindicatos y los representantes de los patrones deberían estar “discutiendo públicamente” estas leyes secundarias, pero no lo están haciendo, mientras que el “trámite” se realiza en el Senado en lo “oscurito”.
Contrario a lo que está ocurriendo actualmente y que se agudizará con esta reforma, “lo que nosotros estamos planteando es que tiene que discutirse cómo se regresa a los trabajadores” su derecho a nombrar a sus representantes y a aspirar a serlo.
La política económica ha abandonado a los trabajadores y el fortalecimiento del mercado interno al buscar insertarse en el ámbito de la distribución del trabajo internacional ofreciendo mano de obra barata y erosionando con ello los derechos laborales, especialmente el de la negociación colectiva, puntualizó.
Refirió que la reforma de febrero de 2017 busca cumplir solo de palabra los compromisos internacionales celebrados por el Estado mexicano, concretamente el capítulo laboral del Tratado Transpacífico que obliga a dar cumplimiento al convenio 98 de la OIT sobre negociación colectiva y al correspondiente 87 sobre libertad sindical, pero a la hora proponerlo en la Ley Federal del Trabajo, por el contrario, lo que se refuerza es el control patronal sobre la negociación colectiva.
Actualmente el patrón, quien descarta la existencia de la lucha de clases, sostiene que “los trabajadores no necesitan un sindicato porque soy como su papá”.
Dijo que este “triunfo cultural” de un pensamiento totalmente contrario a los intereses de la clase trabajadora ha logrado permear tanto que “hasta los trabajadores se lo creen”, también por el gran desprestigio de los sindicatos.
“Entonces estamos parados –en un escenario- de cero derechos”, por lo que hay que buscar recuperarlos.
El derecho ciudadano dentro de la fuente del trabajo, que no es otra cosa que democratizar las decisiones y que se ha planteado como algo imposible, pues ”¿cómo le vas a dar derecho al trabajador de participar en las decisiones de la empresa?”, contestó: con “el mismo derecho que le da el participar en la producción de riqueza. Y que es un derecho humano que se ha perdido”.
Observó que los sindicatos tradicionales son cada vez más débiles e inservibles pues se venden al patrón, y sus dirigentes firman contratos “basura” (como los denominan en Europa), “que no le dan derechos al trabajador”.
El magistrado Héctor Arturo Mercado López centró la atención por su parte, en la disposición de la reforma constitucional de desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto federal como estatales, y sustituirlas por tribunales laborales.
Aunque originalmente esta modificación a la Constitución general del país pretendía agilizar la administración de justicia en esta materia, pues con datos de un estudio que realizó, sostuvo que en este momento en México un juicio laboral (desde la presentación de la demanda hasta que se emite un laudo) se lleva en promedio cuatro años dos meses y 19 días, sostuvo que este objetivo no se cumplirá tal como ha sido propuesta la instrumentación de los procedimientos.
Comparativamente agregó que en Chile el mismo proceso ocurre en 72 días, y en Venezuela, “la agredida y terrible”, implica menos de seis meses.
La iniciativa priísta divide el procedimiento en una fase de conciliación a favor del patrón “que es tortuosa y desequilibrada” y establece juntas para el desahogo de pruebas que generarán muchos problemas, por lo que no se modificará en lo sustancial la necesidad de una justicia laboral eficaz y eficiente, enfatizó.
Precisó también que la reforma implicaría la modificación de más de 500 artículos de la Ley Federal del Trabajo y criticó que quiera hacerse entrar en vigor en noviembre de este 2018 sin una discusión suficiente y amplia.
En otros países, informó, este tipo de modificaciones tardan entre dos a cuatro años en procesos de análisis y discusión entre los sectores involucrados hasta que se ponen de acuerdo en el contenido de la ley para después ponerla en marcha bajo procedimientos de verificación que aseguren su éxito.
Objetó asimismo que no se haya destinado presupuesto para instrumentar los nuevos tribunales laborales, algo que incluye la capacitación de la gente para este efecto.
Para el caso de Zacatecas propuso como una buena pregunta, ya que estas funciones las asumirá el Poder Judicial local, si tiene suficiente presupuesto para ello, por lo que dijo, “la razonabilidad y la prudencia” indican que no debe votarse esta reforma sino “discutirse entre todos” para obtener una buena ley.
Por su parte, Juan Romero Tenorio, diputado federal por Morena, se refirió a esta reforma secundaria en materia de justicia laboral como otra más de la serie de reformas estructurales que ha impulsado Enrique Peña Nieto.
Ésta modifica el proceso de producción nacional y las relaciones de trabajo, y con ello, aparentará impartir justicia laboral cuando en realidad facilitará las condiciones de producción para los grandes inversionistas.
Se inserta en un plan nacional que ha impulsado zonas económicas especiales con diferenciaciones de regímenes fiscales y seguridad social, y que han pasado desapercibidas para el grueso de la población porque no se le ha dado la difusión necesaria a estos temas que están impactando las condiciones de trabajo de los mexicanos.

http://ljz.mx/2018/03/10/reforma-laboral-del-pri-entregara-la-sangre-de-los-trabajadores-para-convertirlos-en-esclavos/

Estado de México: Sin aplicar cambios en materia laboral


En el limbo
Laura Elena Rivera
La Justicia Laboral está en el limbo, pues aunque la Constitución mandata que en febrero y a más tardar en noviembre de este año los poderes judiciales de los estados y la Federación ser harían cargo de ésta, no se cuenta con las leyes secundarias que lo permitan.
Así lo expresó Javier Medina Peñaloza, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, quien estuvo en esta entidad en el marco del Día del Juzgador, para impartir la conferencia denominada “Los retos de la justicia en México”.
Ante integrantes del Poder Judicial del Estado, indicó que por lo menos el tema de la Justicia Laboral se encuentra en el limbo y con la etapa política que se tiene, se complica la posibilidad que el Congreso de la Unión realice las modificaciones que permitan el cumplimiento de su mandato.
Dadas las condiciones “la reforma a la Constitución en materia laboral, tendrá que esperar, pues no hay leyes secundarias que permitan su implementación”, indicó el también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
De esta manera el Congreso de la Unión ha incurrido en desacato en cuanto a la falta de leyes secundarias en esta materia, aunque “a veces las condiciones impiden la implementación, como sucedió también con la Justicia Oral Penal que tardó ocho años para su aplicación”.
Y así como se mantienen a la espera de las leyes secundarias, también se necesita presupuesto parar hacer frente a la reforma en materia de justicia laboral, tema en el que también se tendrá que trabajar con los congresos estatales.
Medina Peñaloza subrayó que quienes son parte de este sistema, han alzado la voz para que en todas las reformas que es atañen, “seamos escuchados, que nos inviten a las pláticas, con el afán de sumar a las grandes reformas que se plantean y sobre las que el mejor pulso lo pueden tener los jueces”.
En otro orden de ideas, quien también es presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de México, habló sobre lo importante que resulta la aplicación de tecnología en materia judicial, como es el caso del Centro de Telepresencia en la entidad donde está su sede, en donde se han realizado con ese esquema, procesos familiares y mercantiles, cursos de capacitación, presentación de peritajes e inclusive enlaces internacionales.
FRASE
A veces las condiciones impiden la implementación, como sucedió también con la Justicia Oral Penal que tardó ocho años para su aplicación”
Javier Medina Peñaloza
Presidente del Tribunal Superior de Justicia

https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/sin-aplicar-cambios-en-materia-laboral-1100269.html

 

Aguascalientes: Proceso electoral retrasa implementación de la reforma de justicia laboral


HILDA HERMOSILLO · 07/03/2018
Espera secretario de Gobernación que haya tribunales laborales a finales de año

  • No es la falta de presupuesto, sino de las leyes secundarias, lo que impide aterrizar la reforma constitucional

Sería hasta el último trimestre de 2018 cuando comiencen a operar en Aguascalientes los tribunales laborales, adelantó el titular de la Secretaría General de Gobierno (Seggob), Enrique Morán Faz.
El funcionario estatal aclaró que no es la falta de presupuesto, sino de las leyes secundarias, el único impedimento para aterrizar la reforma constitucional que prevé la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para que las controversias entre trabajadores y patrones sean dirimidas en juzgados.
En entrevista colectiva, comentó que las adecuaciones presupuestales para la construcción de tribunales no representa tanto problema para el estado como la falta de estructura jurídica en el ámbito federal.
De acuerdo con estimaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), se necesitarán más de 50 millones de pesos para la habilitación de seis juzgados.
Morán Faz sospechó que el Congreso de la Unión pospondrá el debate de dicha legislación hasta después de las elecciones del 1 de julio: “Están esperando también a nivel federal a que pase el proceso electoral para que avancen las leyes reglamentarias. Solamente salió la ley general y en ese sentido todavía falta normatividad por aprobar para que se dé esto. Se tendrán que establecer los tribunales laborales, se tendrá que establecer el instituto de mediación y una serie de figuras jurídicas que hoy por hoy no existen todavía”, comentó en entrevista colectiva.
Reveló que los tribunales laborales posiblemente sean construidos en Ciudad Justicia, con lo que “pasará al Poder Judicial algo que antes estaba en el Ejecutivo, tanto en los estados ya nivel federal”.
Las modificaciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de febrero de 2017.
A finales del año pasado, se creó la Comisión Ejecutiva para la Implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral en el Estado de Aguascalientes, un órgano colegiado que tiene por objeto ejecutar y coordinar las políticas, programas y acciones tendientes a la implementación de la reforma en materia de justicia laboral.
En pasados días, el magistrado presidente del STJE, Juan Manuel Ponce Sánchez, dijo a La Jornada Aguascalientes que no es posible adelantar los procesos, en capacitación, selección de personal e inclusive iniciar con los trámites para generar la nueva infraestructura, pues mientras no se tenga la base legal sobre cómo se va a operar el nuevo modelo judicial, no es posible hacer nada más que mantenerse a la expectativa.

http://www.lja.mx/2018/03/proceso-electoral-retrasa-implementacion-la-reforma-justicia-laboral/

Puebla: Congela Congreso de Puebla iniciativa de reforma laboral


FRANCISCO SÁNCHEZ@pacosanchez63 05, MAR 2018
El 24 de febrero de 2017 se aprobó la Reforma Laboral a nivel federal y se dio de plazo un año a los estados para que ajustaran las leyes locales.
A dos meses de que el gobernador Antonio Gali Fayad envió al poder legislativo la iniciativa de Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado, esta no ha sido aprobada, lo que generó que Puebla se encuentre en la ilegalidad ya que la reforma constitucional obligaba a los estados a aplicar la desaparición de las juntas locales de conciliación a partir del 25 de febrero.
En conferencia de prensa, el abogado Gonzalo Castillo, presidente del grupo Litigium, señaló que el 24 de febrero de 2017 se aprobó la Reforma Laboral a nivel federal y se dio de plazo un año a los estados para que armonizaran las leyes locales, sin embargo se incumplió.
Precisó que una de las principales modificaciones de la reforma era la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje que dejaron de ser funcionales, sin embargo estas continúan funcionando.
Sostuvo que las juntas tienen una tendencia ya que “se volvieron un grupo cerrado de abogados donde ellos las manejan” y aseguró que en el caso de Puebla, la junta local sigue prestando funciones al desaprobarse, por parte del Congreso del Estado, la creación del nuevo organismo.
De acuerdo a las modificaciones que aprobó el Congreso de la Unión, los casos que se encuentran en las juntas pasarían a los nuevos organismos, además explicó que la “lentitud con la que está actuando el congreso local impide que se tenga una justicia pronta y expedita en materia laboral como lo establece la propia constitución”.
El abogado comentó que los afectados por esa tardanza son los trabajadores que se encuentran en litigios laborales.
Gali si cumplió
El pasado 4 de enero, el gobernador Antonio Gali Fayad envió al Congreso del Estado la iniciativa para crear el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla que sustituirá la figura de las juntas de conciliación y arbitraje, documento que se encuentra en el listado de iniciativas en trámite de la página del poder legislativo.
El ejecutivo envió el documento para dar cumplimiento al proceso de armonización con la legislación federal y que debía cumplirse el 25 de febreo y que forma parte de la implementación de la Reforma Constitucional en materia laboral, promulgada en febrero de 2017.
De acuerdo a información obtenida al interior del Congreso, el objetivo del Centro de Conciliación Laboral es prestar servicio público y gratuito para que, con base en el diálogo, surja un acuerdo entre las partes involucradas en un conflicto laboral, sin necesidad de llegar a un juicio.
Con la reforma propuesta por el gobernador a la legislación laboral, el diálogo deberá agotarse antes de presentar una demanda para exigir el cumplimiento de los derechos laborales.
Se informó que para garantizar la independencia y eficacia del Centro de Conciliación, éste contará con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, además de un servicio de carrera para brindar seguridad a los conciliadores en su labor, como de contar con experiencia y capacidad en el desarrollo de sus funciones.
La iniciativa propone una reforma de fondo al derecho procesal del trabajo a partir de que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial del Estado; asimismo, replantea la función conciliatoria, de manera que constituya una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir, medida con la cual los nuevos órganos de impartición de justicia se concentrarán en las tareas jurisdiccionales, propias de su nueva responsabilidad.
Esta función conciliatoria estará a cargo del Centro de Conciliación especializado e imparcial, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de que contará con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, mismo que será organismo descentralizado.
La iniciativa proyecta también el nuevo procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria de manera que resulte eficaz para las partes.
La reforma entraría en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del estado y previa armonización que se realice a la Constitución Política Local, respecto del establecimiento del Centro de Conciliación.
http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/164532/politica/congela-congreso-de-puebla-iniciativa-de-reforma-laboral

Propuesta de reforma laboral con perspectiva de género

Por: Martha Heredia, Secretaria de Igualdad de Género de la UNT

Presentada en el foro “Reforma Laboral para Todos y Todas” , el pasado 28 de febrero de 2018, en la Cámara de Diputados, Ciudad de México

Principios de equidad y género a considerar en la reforma laboral.
Establecer las garantías y mecanismos para la consecución de la Igualdad sustantiva en las contrataciones de trabajo.
Tutelar los derechos reproductivos y la protección de la maternidad de las trabajadoras; ampliar las licencias de paternidad para los trabajadores y establecer derechos y obligaciones del gobierno, empleadores, trabajadoras y trabajadores para hacer compatibles
las responsabilidades familiares y laborales.
Prohibir toda forma de violencia contra las trabajadoras, estableciendo los mecanismos para prevenir y sancionarla.
Implantar medidas especiales o acciones afirmativas que transformen de forma real y pronta las oportunidades para las mujeres.
Acceso e impartición de justicia laboral para las trabajadoras. Establecer procedimientos libres de criterios sexistas e instancias especializadas en discriminación y violencia de género en el ámbito de la justicia.
 
Los principios rectores que deben integrarse
Para que la ley laboral sea incluyente y democrática debe contener y garantizar la aplicación de aspectos fundamentales como son: el trabajo digno, la no discriminación por razones de sexo y género; la Igualdad Sustantiva, ambientes laborales libres de violencia, acceso a la justicia para las trabajadoras.
Garantizar el trabajo digno con las condiciones y características establecidas para el avance de los derechos de las mujeres que hoy se insertan en la informalidad y precarización laboral.
Los patrones y las autoridades laborales garantizarán la libertad de las trabajadoras a ejercer sus derechos reproductivos en el momento de su elección, sin menoscabo de sus derechos adquiridos.
Prohibición de toda forma de discriminación contra las trabajadoras por lo que será considerada violatoria al principio constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.
Aplicación de medidas y sanciones a las empresas que tienen implícita la responsabilidad e incurren en violación al principio de igualdad.
Eliminación de la violencia de género en el ámbito laboral para lo qué hay establecer las pautas legales para tutelar y sancionar el ejercicio de la violencia.
Instrumentación de acciones para hacer efectiva la Igualdad Sustantiva, que se logra eliminando la discriminación y supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales entre mujeres y hombres.
 
Armonización legislativa con los convenios internacionales
El conjunto de normas que aportan los Convenios Internacionales no han sido consideradas ni aplicadas obligatoriamente como se señala en la Constitución.
Los Convenios como el número 100, respecto a la igualdad en la remuneración y el número 111, relativo a la no discriminación en materia de empleo y ocupación, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Convención Belém Do Pará) nos colocan en la obligación de incluir en la legislación los principios de no discriminación e igualdad sustantiva.
La ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, la ley General de Acceso de las Mujeres a un vida Libre de Violencia, representan un gran avance para la tutela de nuestros derechos y nos apremia a revisar y proponer modificaciones a Ley Federal de Trabajo, ya que ambas leyes por ser generales son insuficientes para avanzar en materia de Igualdad, no discriminación y en contra de la violencia.
 
Salud laboral y riesgos de trabajo, el reglamento interior de trabajo y de la inspección del trabajo.
Su reglamentación en la ley laboral son centrales para hacer exigibles los derechos. Se elaborarán propuestas especificas al respecto.
 
La contratación y las condiciones laborales.
Es necesario incluir el derecho de salario igual a trabajo de igual valor. Se adoptarán sistemas de evaluación de trabajo que faciliten la comparación de valor de los trabajos de distinta índole, en el que actualmente predominan las mujeres con los trabajos en los que actualmente predominan los hombres.
 
Derecho procesal del trabajo
La resolución de los conflictos laborales deberá desarrollarse sin prejuicios sexistas y mediante los procedimientos apropiados para enfrentar todos los conflictos basados en el sexo y género.
 
Ratificación de Convenios Internacionales de la OIT y su armonización con la LFT
Ratificación del convenio 156 sobre responsabilidades familiares, 183 protección a la maternidad, 189 sobre trabajo digno para las trabajadoras del hogar. Creación de un Convenio para eliminar la violencia en el lugar de trabajo.
 
Contrato colectivo de trabajo
El Sindicato que firme un contrato colectivo de trabajo, registre o deposite los contratos colectivos de trabajo, debe contar con la autorización de la base trabajadora a través del voto libre, personal y secreto. Para garantizar los principios de transparencia y legalidad, previo a la firma del contrato colectivo de trabajo, debe publicarse a la base con al menos 30 días de anticipación el anteproyecto, en cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso de Información y Protección de Datos Personales, a fin de que trabajadoras y trabajadores puedan revisar y ratificarlo, contemplando el enfoque de DDHH y perspectiva de género.
Si el patrón se niega a firmar el contrato colectivo, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450.
Se establecerán procedimientos bilaterales para asegurar en la contratación colectiva la prohibición de discriminación contra las trabajadoras por razón de sexo, género, estado civil, condición de embarazo, grupo étnico, preferencia sexual, condición de salud entre otras.
Las cláusulas de los contratos colectivos que sean contrarias al principio de igualdad de acceso, trato y oportunidades entre trabajadoras y trabajadores y aquellas que por resultado produzcan discriminación contra las trabajadoras forzosamente tendrán que modificarse de acuerdo a los principios establecidos y de no hacerlo se considerarán nulas.
La negociación colectiva es el instrumento por excelencia de regulación de las condiciones de trabajo y de las relaciones laborales y de garantía de los Derechos Fundamentales en el seno de la empresa.
Se establecerán medidas que promocionen la diversidad profesional de las trabajadoras y su acceso a la formación y contratación en ocupaciones y puestos tradicionalmente desempeñados por trabajadores.
Los sistemas para la contratación, el acceso, la promoción y el ascenso serán libres de prejuicios sexistas y garantizarán la eliminación de la discriminación por razones de sexo y género.
La formación y la capacitación para las trabajadoras deberá ser, específica e integral, tener valor profesional, realizarse dentro de la jornada de trabajo y dirigirse a la formación en aquellas especialidades, sectores o profesiones en los que las mujeres se encuentran subrepresentadas.
Se establece la creación de una comisión bilateral y mixta para la construcción de un sistema de equivalencias entre los puestos de trabajo para considerar el trabajo de igual valor. Bajo este sistema se homologarán los puestos, perfiles y categorías.
Se establecerán cláusulas sobre la atención, seguimiento y solución a las quejas presentadas sobre violencia laboral, hostigamiento sexual y hostigamiento moral, que deberán ser atendidas con personal capacitado. Los procedimientos deberán ser confidenciales y de respeto a la vida privada estableciendo las garantías para que no haya represalias.
Adoptar acciones afirmativas encaminadas a eliminar la discriminación directa e indirecta, así como, la violencia por razones de sexo y género.
El contrato colectivo contendrá permisos o licencias por maternidad, por paternidad y por responsabilidades familiares de trabajadoras y trabajadores.
 
De los Sindicatos
En su declaración de principios estatutarios deberán incluir la no discriminación por razones de sexo y género, la igualdad sustantiva, el principio de no violencia laboral, el acoso y hostigamiento sexual y moral contra las trabajadoras.
Tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir con voto libre, personal y secreto a sus representantes. La representación deberá estar conformada por mujeres y hombres en forma proporcional al número de trabajadores y trabajadoras existentes.
En todos los sindicatos, se debe crear la secretaría de igualdad de género.
 
Integrantes y Organización del OPD
Para la terna de tres candidat@s para dirigir el Organismo Público Descentralizado de Registro de Sindicatos, CCT y Conciliación, se propone se integre al menos una mujer para dirigirlo.
Las personas que ocupen los cargos del OPD deberán tener conocimientos en derechos humanos, en perspectiva de género e igualdad sustantiva, en los instrumentos internacionales, experiencia en resolución de conflictos laborales, conocimientos jurídicos laborales, serán personas comprometidas con la transparencia de la información, acceso a la justicia y la no violencia; de probada honradez, ajenas a los partidos políticos y sindicatos.
Garantizar la paridad en la estructura organizativa de la OPD, buscando la igualdad de condiciones en los puestos de toma de decisiones.
Las personas integrantes del OPD tendrán que realizar una previa capacitación en perspectiva de género e igualdad sustantiva.
Un OPD alejado del tripartismo porque obstaculiza la procuración de justicia, pronta y expedita, especialmente contra las mujeres que enfrentan conflictos por su condición de género.
 
La Conciliación
El proceso de conciliación debe garantizar: la igualdad de la representatividad de las partes, se aplicará el enfoque de género y no discriminación en cada uno de los casos, fundamentalmente en demandas interpuestas por trabajadoras. No son materia de conciliación del OPD los casos de acoso y hostigamiento sexual.
 
Justicia Laboral
Los juzgados o tribunales laborales impartirán justicia con transversalidad de género y de derechos humanos, lo que establece el 1º. Constitucional y en específico los convenios internacionales de la OIT, la Convención Belém Do Pará y la CEDAW .
La carga de la prueba corresponde al patrón. Principalmente cuando se trate de casos por maternidad y violencia sexual. Quienes emprendan un juicio, en el caso de la reinstalación, la víctima decidirá libremente los términos de la misma; la reparación económica será un 30% mayor a lo que corresponde; se obliga al empleador ofrezca ayuda psicológica profesional, conjuntamente con el sindicato deberán implementar mecanismos eficientes para erradicar el acoso, hostigamiento y violencia sexual en el centro de trabajo, será obligatorio que la STPS supervise y vigile el cumplimiento.
En el caso de despidos injustificados, se deberá garantizar mediante una fianza del importe correspondiente.
Los juicios laborales serán orales, prontos y expeditos, que no rebase el plazo de 10 meses.
Combatir la impunidad de quienes cometen actos de discriminación y el establecimiento de mecanismos que garanticen el acceso de las víctimas a la justicia laboral.
 

Te invitamos a leer el documento completo aquí:

Propuesta de reforma laboral con perspectiva de género

Apoyan aplazar el nuevo sistema de justicia laboral


Se necesita más de un año para la transición: senadores del PAN, PT-Morena y PRD
“Este es el sexenio de grandes leyes que no operan”, expresó el senador Luis Humberto Fernández al apoyar la vacation legis o aplazamiento en la puesta en marcha de juicios orales en materia laboralFoto Luis Humberto González
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 3 de marzo de 2018, p. 13
Senadores del PAN, PT-Morena y PRD coincidieron en señalar que el Congreso debe rectificar su error y dar un plazo de transición mayor para la puesta en marcha del nuevo sistema de impartición de justicia laboral, a fin de que pueda operar con éxito esa reforma que desaparece las juntas de Conciliación y Arbitraje y pasa la resolución de conflictos obrero-patronales al Poder Judicial.
El plazo de un año para la entrada en vigor del nuevo sistema, basado en jueces y tribunales laborales, que los legisladores establecieron en la reforma constitucional de febrero de 2017, no fue suficiente, como quedó demostrado ya, advirtió el senador del PT-Morena Luis Humberto Fernández.
Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, responsable de dictaminar esa ley secundaria sobre justicia laboral, hizo notar que se deben escuchar las voces de magistrados y presidentes de juntas de Conciliación que han insistido en una vacation legis, es decir, en un mayor tiempo para la aplicación del nuevo modelo, ya que ni siquiera se asignaron los recursos necesarios.
El senador Fernández señaló que desafortunadamente “este es el sexenio de grandes leyes que no operan”. Basta ver, dijo, la catástrofe que ha representado el sistema penal acusatorio, debido a las deficiencias en su operación, y lo mismo podría pasar con el modelo laboral.
Por separado, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, coincidió en señalar que ambas cámaras del Congreso deben asumir sus fallos y acordar esa vacation legis, para que haya tiempo suficiente de poner en marcha el instituto de conciliación y el tribunal laboral, permitir que las juntas terminen con el fuerte rezago de juicios que arrastran y capacitar al personal.
Igualmente, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, dijo que no puede pensarse en que una nueva ley podrá operar al 100 por ciento “de golpe y porrazo” y menos una legislación como ésta, “que viene a mover el estado actual de las cosas”.
Sin embargo, comentó que está dispuesto a discutir la necesidad de ampliar los plazos, a fin de que la ley “tenga un aterrizaje óptimo”. Lo importante, recalcó, es que todas las fuerzas políticas en el Senado “estemos en la dis-posición de movernos en una dirección y apostar a que a la brevedad se tomen medidas integrales que conduzcan a un modelo con mejores condiciones para resolver los diferendos entre trabajadores y empresarios”.
El senador Fernández dijo que esa reforma es importante y lo conveniente es dar un tiempo suficiente para que opere y sea en realidad una justicia ágil, expedita, no juicios que tardan cuatro años. Hay que escuchar, insistió, a quienes aplicarán el derecho laboral y expusieron ya los problemas.
A su juicio, hay que ampliar el plazo de un año fijado en la reforma constitucional y “tomar algunas precauciones en la ley reglamentaria. Creo que eso sería lo más efectivo, pero no tiene sentido ampliarlo si no hay una hoja de ruta para dictaminar”.

http://www.jornada.unam.mx/2018/03/03/politica/013n2pol

Reforma laboral suspendida, una oportunidad


Arturo Alcalde Justiniani
La decisión del Senado de diferir la aprobación de la reforma reglamentaria al artículo 123 constitucional es una oportunidad para abrir el debate y transitar por el camino correcto en este capítulo fundamental para el país.
Existen hasta ahora tres iniciativas en la Cámara de Senadores con relación a este tema. La primera, presentada el 7 de diciembre pasado por dos senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tereso Medina (CTM) e Isaías González Cuevas (CROC); esta controvertida propuesta ha generado un rechazo generalizado por diversos motivos, entre ellos, el hecho de que contraviene el texto constitucional que pretende reglamentar, por regresar al control gremial en la administración de justicia y mantener los vicios de la contratación colectiva.
La segunda iniciativa es impulsada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); su contenido es producto de un sólido proceso de participación plural de académicos, especialistas y distintos actores del mundo laboral y fue presentada por el senador Luis Sánchez Juárez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La tercera iniciativa corresponde a la senadora María del Pilar Ortega Martínez del Partido Acción Nacional (PAN); su contenido es hoy objeto de análisis y debate.
La reforma constitucional de febrero de 2017 planteó como objetivos centrales contar con un sistema de justicia eficiente e imparcial y por ello abandona el sistema tripartita que prevalece en las juntas de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, pretende rescatar la negociación colectiva de la simulación y corrupción que caracterizan a los contratos de protección patronal. También busca suprimir la extorsión a empresas por parte de siglas sindicales sin representación real de trabajadores.
En un periodo corto de tiempo, el tema de la reforma laboral ha generado un interés creciente, reflejado en la organización de múltiples foros y pronunciamientos públicos en los que han participado numerosos actores políticos y sociales. En un desplegado publicado en este diario el pasado 26 de febrero, se subrayan los temas que deberán atenderse, destacándose la autonomía en los órganos de impartición de justicia y el respeto al voto secreto. El pronunciamiento tiene especial importancia por la pluralidad de sus firmantes.
La reforma constitucional creó dos nuevos organismos para hacer cumplir los principios del nuevo texto constitucional: uno de carácter federal autónomo, con tareas de conciliación registro de sindicatos y contratos colectivos, y otro con el fin de impulsar la conciliación en los estados.
La propuesta del PRI, apoyada por abogados y líderes beneficiarios del sistema de corrupción gremial, pretende que en el nuevo organismo federal se imponga de nuevo la representación tripartita. Este intento de intromisión cancelaría los fines de la reforma por los siguientes motivos:
Primero, porque no se puede ser juez y parte, peor aún en una realidad como la nuestra, en la que la parcialidad, los intereses creados, la cultura del control, la opacidad y la corrupción han sido los ingredientes esenciales del modelo que la reforma pretende superar.
Segundo, porque el organismo será el receptor de información proporcionada por los trabajadores que pretenden organizarse, cambiar de sindicato o emplazar a huelga, y de su decisión depende la viabilidad práctica de estos procesos. Ningún grupo de trabajadores va a ser tan atrevido como para darle información logística y vulnerable a los representantes de la parte contraria. La experiencia demuestra que la consecuencia inmediata es la represión.
Tercero, porque no es atendible el argumento de que el carácter tripartita del organismo que se propone es similar a otros, como la Organización Internacional del Trabajo o el Seguro Social, porque su naturaleza es totalmente distinta y la función de estos últimos no es aplicar la ley; tampoco es atendible el argumento de que el problema se resuelve limitando en la reglamentación del organismo la injerencia de empresarios y sindicatos. En cualquier lugar que se encuentre la representación gremial influirá en las decisiones de dicho órgano y contará con información que puede afectar a los trabajadores. No es una cuestión de diseño organizativo o simple redacción.
Cuarto, porque en la experiencia internacional no existe un referente similar al órgano de control gremial que pretende la iniciativa del PRI.
A contracorriente, la propuesta impulsada por la UNT plantea que este organismo debe preservar su autonomía, como lo señala el texto constitucional, y propone que su órgano de gobierno incluya a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que, por su naturaleza, están vinculados a los fines del organismo. Por su parte, la propuesta panista plantea que también participen especialistas en materia laboral de reconocido prestigio.
En conclusión, preservar la autonomía e imparcialidad de este órgano es un problema de vida o muerte para la reforma. De otra manera carecerían de sentido todos los recursos y esfuerzos implementados en esta tarea.
Para entender la campaña contra Napoleón Gómez Urrutia:
Circunstancialmente, conocí a un abogado que trabaja en un despacho de asesoría y litigio laboral, en el que todo su equipo es financiado por una empresa minera. En nuestro encuentro me comentó: “Nosotros nos dedicamos a presentar demandas y denuncias contra Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato nacional minero; la empresa nos da listas de trabajadores y acudimos a sus domicilios para convencerlos de que demanden al líder, ofreciéndoles nuestros servicios gratuitos y, a cambio de su firma, pueden recibir muchos miles de pesos.
La intención es presionar y desprestigiar a Napoleón, porque la empresa no quiere su regreso a México, pues ha sido demasiado exigente en el cumplimiento de los estándares de seguridad para los mineros y en el reclamo de las prestaciones laborales e incrementos salariales, más allá de lo que se otorga en el mercado laboral. Su confesión confirma los motivos de esta campaña.

http://www.jornada.unam.mx/2018/03/03/opinion/014a1pol

Quintana Roo: Prepara Trabajo Y Previsión Social el arribo del Nuevo Sistema de Justicia Laboral


NOTICARIBE
POSTED ON FEBRERO 28, 2018, 4:03 PM
CANCÚN, MX.- Para llegar completamente preparados en noviembre con el nuevo Sistema de Justicia Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo (STPS) está enfocada en avanzar en los dictámenes del estado, con el objetivo de que el Poder Judicial no tenga ningún expediente existente e inicie de cero, informó la titular de dicha instancia, Catalina Portillo Navarro.
“Estamos armonizando, para que también se desprenda, viene posteriormente la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, del Poder Judicial y ahora serán juzgados laborales… las juntas de conciliación y arbitraje aún continúan, coexisten”, explicó, previo a la inauguración de la Jornada Universitaria de Orientación en la que participó con el tema Derechos Laborales.
Fue el pasado 21 de febrero cuando los diputados de la Legislatura aprobaron las reformas constitucionales en materia laboral para la armonización de las leyes federales que faculten al Poder Judicial y que a través de los tribunales laborales o juzgados, conozca y resuelva las controversias que se susciten en lo laboral.
Recordó que los órganos de conciliación, son órganos descentralizados a la STPS con patrimonio jurídico propio, que tendrán un director, y de acuerdo a las leyes secundarias se espera que se discutan iniciativas ante el Senado, en donde se tocan leyes reglamentadas a la Ley Federal del Trabajo, que contempla Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Infonavit, pero que hasta ahora no se han tocado.
“La conciliación es una obligación y esta conciliación va correr a cargo forzoso del centro de conciliación del estado, dentro del Poder Ejecutivo; si se agota, no hay arreglo, ni mediación, un punto de equilibrio entre trabajadores y patrón, entonces a partir de ese momento se canalizan las demandas para el poder judicial, que iniciará con cero juicios y cero demandas”, puntualizó. (Noticaribe)

http://noticaribe.com.mx/2018/02/28/prepara-trabajo-y-prevision-social-el-arribo-del-nuevo-sistema-de-justicia-laboral/