09/02/2019
Porfirio Muñoz Ledo
El Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana estableció que si la remuneración básica de los trabajadores recuperara durante este sexenio el valor adquisitivo que se alcanzó en 1976, se efectuaría la distribución más efectiva del ingreso que haya habido desde la Reforma Agraria. Sería además una señal consistente de que comienza a abandonarse el ciclo neoliberal e instaurar otro que pretende reducir las enormes brechas de desigualdad entre los mexicanos, como fuente de productividad y ampliación del mercado interno.
Representa también una herencia indiscutible de Ricardo Flores Magón en su proyecto de regeneración nacional. Postula la obligación del Estado, como parte integrante de la comisión responsable de fijar esas remuneraciones, de garantizar el mandato constitucional que a la letra dice: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
Durante los últimos cuarenta años el salario mínimo se ha depreciado en 82%, hasta el 1 de enero de este año. Ello nos ubica, según la CEPAL, como el único país de América Latina en el que su ingreso básico era inferior a la línea de bienestar. La OCDE señala, por su parte, que la mano de obra mexicana es la peor pagada de los 35 países miembros. Se ha comprobado además, a lo largo del período en el que estuvo vigente el TLCAN, que una de las causas más poderosas de la migración ha sido la pauperización de las remuneraciones del trabajo. La relación entre el salario promedio norteamericano y el mexicano pasó de 5 a 1 en los años setentas a 17 a 1, según un informe reciente del Congreso de los Estados Unidos. Desde que se decidió la renovación de ese tratado se desató tanto en Canadá como en la Unión Americana, la exigencia elemental de compatibilizar los salarios en los tres países a fin de evitar el “dumping laboral”.
La promoción de la Secretaría del Trabajo para llevar el salario mínimo a $102.68 pesos y en los estados fronterizos a $176.72 pesos, coloca por primera vez en cuatro decenios a esa remuneración por encima de la Línea de Pobreza por persona. A pesar de los avances conseguidos, es menester utilizar los criterios basados en estudios objetivos por parte de organismos autónomos, que define con claridad la porción que se destina al salario dentro del sector productivo.
Por ejemplo, Coneval sostiene que cuatro de cada diez trabajadores mexicanos recibe un salario que no alcanza para adquirir los insumos de la canasta alimentaria familiar, calculada con base en dos dependientes económicos. Por añadidura, el Inegi señala que en 26 de las 32 entidades federativas el ingreso laboral empeoró entre el segundo y tercer trimestre del 2018, como consecuencia del incremento de los precios de los productos incluidos en la Línea de Pobreza Extrema.
La decisión tomada va en sentido correcto, pero hemos considerado indispensable reforzarla mediante un mecanismo permanente con fuerza de ley, que establezca el salario mínimo en dos veces la Línea de Pobreza por Ingreso Urbana, lo que equivaldría a $6,072.48 pesos mensuales por trabajador. Una medida paliativa como la que este gobierno ya tomó se convertiría en una política permanente con objetivos económicos de expansión y efectos sociales de dignidad.
Presidente de la Cámara de Diputados
Etiqueta: salario
Una cuenta por cobrar: el salario
Saúl Escobar Toledo
Septiembre 12, 2018
De todos los saldos y pendientes del sexenio de Enrique Peña Nieto, uno de las más graves se refiere al salario. En primer lugar, claro, el salario mínimo, el que, a pesar de un ligero aumento en los últimos dos años, sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. Pero la situación no es mejor en el resto de la estructura salarial. Más de la mitad de las familias, según el VI Informe de gobierno, se sostiene con un nivel de percepciones menor a 5 SMD (salarios mínimos diarios) a pesar de que en ese hogar más de una persona puede estar aportando ingresos. Según el mismo informe, la población vulnerable por ingresos aumentó entre 2012 y 2016, lo que sólo puede explicarse por una disminución de sus remuneraciones y la informalidad laboral.
De la misma manera, el Informe muestra que el salario base de cotización de los trabajadores asegurados del IMSS apenas creció un poco por encima de la inflación general (INPC) pero por debajo del aumento de la canasta básica calculada por Coneval, perdiendo casi 2 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Incluso en la industria de la transformación (en la que deberían situarse los trabajadores mejor pagados) el salario medio apenas representa alrededor de 4 SMD. Llama también la atención que en las grandes empresas los aumentos hayan sido menores que en las medianas y en las pequeñas, lo cual puede explicarse por un control salarial más estricto. Peor aún, en dólares estadunidenses por hora, los jornales de los trabajadores mexicanos en la industria de la manufactura disminuyeron entre 2012 y 2017 mientras que en EU aumentaron. La brecha salarial entre los dos países se hizo más profunda.
La agenda del próximo gobierno en esta materia es pues un asunto inevitable y urgente. Diversos integrantes del futuro equipo de gobierno han manifestado su voluntad para aumentar el salario mínimo a poco más de 100 pesos diarios para nivelarlo con el nivel de pobreza señalado por Coneval. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dicho cálculo no toma en cuenta a los hijos del trabajador. Si éste tiene, como sucede generalmente, un hogar formado por lo menos por cuatro personas y es el único que aporta ingresos, el salario mínimo vital (como lo marca la Constitución) debería ser de alrededor de seis mil pesos mensuales. De esta manera, aunque un aumento como el señalado es positivo, el problema no se resuelve del todo.
Habrá que agregar que un incremento al mínimo difícilmente repercutirá en el conjunto de la estructura salarial, es decir en aquellas que teóricamente se pactan entre el empleado y el empleador por medio de un contrato. Según diversos estudios, la relación entre los aumentos al SMD y a los salarios contractuales ha cambiado en el tiempo. Durante muchos años (entre principios de los años ochenta hasta el año 2000) el SMD sirvió como índice para topar los aumentos otorgados por las empresas. A principios del siglo XXI y hasta 2008, cuando estalló la crisis mundial, los salarios medios aumentaron mientras el mínimo se quedó congelado. Desde entonces, ambos, el mínimo y el medio casi no se han modificado. Parte del problema se explica por la escasa capacidad de negociación de los trabajadores y a la ausencia de sindicatos representativos. También hay que recordar que el salario mínimo lo obtiene un reducido número de trabajadores ubicados en los sectores más desprotegidos de la economía: en los micronegocios y en las áreas rurales donde predomina el trabajo informal (que no cuentan con seguridad social). Se trata de un conjunto de alrededor de 8 millones de trabajadores (de un total ocupado de aproximadamente 56 millones), es decir alrededor del 15%.
Además, después de la crisis de 2018, la estructura salarial se ha seguido comprimiendo hacia abajo: el número de trabajadores que gana hasta 3 SMD ha venido aumentando mientras que los que perciben más de esa cantidad se reducen año tras año. Ello está ligado a los bajos índices de crecimiento de la economía y a la destrucción de empleos en los puestos más calificados en las ramas económicas más modernas.
Una medida que todavía no conocemos pero que tendrá igual o mayor importancia que el aumento a los mínimos se refiere a las percepciones de los trabajadores del sector público a nivel federal. Durante los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard (hasta 2010) se otorgaron aumentos a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México en porcentajes promedio superiores no sólo al mínimo legal sino también a la inflación. Habrá que ver si esta política se aplicará bajo la presidencia de AMLO tanto a nivel local (en los estados que gobernará Morena principalmente) y a nivel nacional.
Legisladores del partido mayoritario y de otros grupos parlamentarios han manifestado su interés en cambiar la ley sobre los salarios mínimos. Un asunto central se refiere al organismo que toma esa decisión, la Consami (Comisión Nacional de Salarios Mínimos). Sin duda, ha sido una entidad incondicional al mandatario en turno y bastante inútil. Habrá que pensar en su reemplazo. Para ello, deberá tomarse en cuenta que, según estudios de la OIT, en los países donde existe un salario mínimo legal sólo hay tres modelos: en el primero, que es el método más frecuente a nivel mundial, la fijación de este ingreso mínimo se toma por una autoridad, usualmente el ministerio del trabajo, previa consulta con los interlocutores sociales, es decir los sindicatos y la representación patronal. En el segundo caso, la decisión se toma por una entidad tripartita, como la Consami de México. Una instancia similar existe en otros países, por ejemplo Corea del Sur y Costa Rica. En el tercer caso, el fallo recae en el órgano legislativo (Brasil, Estados Unidos).
La Consami puede cambiar de nombre, pero eso no es lo importante. Lo relevante consiste en si se migra de un modelo tripartito a cualquiera de los otros dos. Según mi parecer, la decisión debería recaer en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, previa consulta con los representantes de obreros y empleadores y auxiliado por una comisión técnica ad hoc que permita tomar una decisión acorde con las metas de política económica señaladas por el Ejecutivo y bajo la estrategia de una mejora gradual pero permanente. De esta manera, el aumento tendría un mayor impacto y serviría de base para las negociaciones contractuales. La idea sería que el conjunto de la economía se moviera en un mismo sentido, mejorando los ingresos reales de la mayoría de los trabajadores.
Para ello, las reformas a la LFT pendientes desde la reforma constitucional de 2017 que garantizan el voto secreto de los trabajadores en la elección de sus representantes y de su contrato colectivo, así como la creación de una institución independiente para el registro de los sindicatos, pueden efectivamente conducir a una negociación real en los centros de trabajo.
Estaríamos así frente a un andamiaje institucional distinto que recaería en cuatro patas: una política de aumento del salario mínimo propiciada y planeada por el gobierno, pero consultada con las representaciones obreras y patronales; una estrategia de aumento real de las retribuciones de los servidores públicos; un nuevo método para decidir el monto anual del SMD que recaería en la Cámara de Diputados; y una estructura legal que garantizaría una negociación efectiva entre obreros y patrones.
No faltará quien afirme que estos cambios podrían conducir a una espiral perversa inflación-salarios, lo que afectaría la competitividad internacional. Eso no sucederá si existe una conducción del Estado (principalmente del Poder Ejecutivo y el Congreso) responsable, apoyada en el diálogo social, que plantee un esquema de cambio previsto para varios años. El otro camino es el que ya conocemos: dejar que los ingresos laborales se reduzcan permanentemente, con el consecuente aumento de la pobreza y la desigualdad. Tenemos más de 35 años bajo esta estrategia y sólo ha arrojado pérdidas para la inmensa mayoría de la población.
saulescobar.blogspot.com
https://suracapulco.mx/impreso/9/una-cuenta-por-cobrar-el-salario/
La reducción salarial, acorde con la Constitución
Los servidores públicos que no estén de acuerdo pueden acudir a tribunales, afirma Diego Valadés
Arturo Sánchez y Dennis A. García
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de julio de 2018, p. 4
La política de austeridad de Andrés Manuel López Obrador para reducir los sueldos de funcionarios públicos está en concordancia con lo que dice la Constitución, afirma el académico Diego Valadés.
El constitucionalista explicó que los funcionarios que no estén de acuerdo con esa medida podrían acudir a tribunales, los cuales resolverán que no hay derechos adquiridos que puedan invocarse frente a lo que dice la Constitución en el artículo 127.
El artículo 127 señala que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor que el Presidente de la República. Y López Obrador anunció que percibirá 108 mil pesos mensuales, 40 por ciento del salario del actual jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. Esta reducción significará un tope salarial para el resto de los funcionarios, con eventuales excepciones.
En el caso del Poder Judicial, el referente es el del Presidente, pero también, y con la misma jerarquía constitucional, se dispone que no se les puede disminuir el salario, añadió Valadés. El artículo 94 constitucional indica que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.
Para Valadés esto abrirá una cuestión que habrán de resolver los tribunales, porque se podría modificar el tabulador de salarios para ministros y jueces de nuevo ingreso tras el inicio de la aplicación de la política de austeridad; sin embargo, podría causar un problema, porque la Constitución también dice que a trabajo igual, salario igual.
De manera que si, por ejemplo, entra un juez de distrito en enero con otro tabulador y gana menos que el resto de los jueces en funciones, a quienes no se les puede disminuir el salario, podría alegar una cuestión de inconstitucionalidad.
Ricardo Peralta, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que si la Constitución mandata que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, no importa a cuál poder del Estado mexicano pertenezca.
Luego de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, salió a defender las percepciones del Poder Judicial de la Federación, el especialista dijo que reducir las percepciones no le quita independencia a este poder.
Peralta recordó que hay casos de jueces que, ganando lo que ganan, han sido sorprendidos en la comisión de delitos. Al respecto, agregó: Si la medida es que necesitamos pagarle bien a un servidor para que no se corrompa, eso no es justificación; o se es honesto e incorruptible o no se puede trabajar en el servicio público.
Comentó que ante la situación en la que se encuentra el país se debe actuar con austeridad, debido a que casi 60 millones de connacionales están en situación de pobreza y 9 millones en pobreza extrema.
Si se modifica el salario de los servidores públicos para que sólo puedan ganar un salario menor al del Presidente, es un tema de justicia, congruencia y necesidad. No puede ser un tema de chequera abierta, enfatizó.
http://www.jornada.com.mx/2018/07/18/politica/004n2pol
Los ocho ejes de la política laboral del gobierno electo
Mejores condiciones de trabajo, salarios dignos y transparencia en la contratación colectiva y libertad sindical son algunas de las ideas rectoras de la política en materia de política laboral del gobierno de Andrés Manual López Obrador que tomará posesión en diciembre.
María Del Pilar Martínez
08 de julio de 2018, 17:59
El próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tiene como ejes fundamentales de la política laboral: la formación profesional y capacitaciónpara el trabajo; aumento del salario mínimo; facilitar negociación colectiva; recuperar lainspección de trabajo; plataforma digital para el empleo; certificación de trabajo justo; insercióndigna de los migrantes mexicanos, y programa de certificación de competenciasy habilidades para el trabajo.
Plasmados en elProyecto 18, los 8 ejes están encaminados a recuperar las condiciones de trabajo, con un salario sea digno y transparencia en la contratación colectiva y la libertad sindical.
Respecto al salario mínimo, dado el diagnóstico según el cual después de 35 años los trabajadores han perdido un 75 por ciento del el poder adquisitivoy el 67 por ciento de la población ocupada percibe menos de 3 salarios mínimos, el nuevo gobierno pretende transitar hacia un proceso de recuperación del salario mínimo de manera paulatina.
Superar la línea del bienestar mínimo
En su proyecto, el Movimiento por la Regeneración Nacional explica que el incremento “sería en una primera etapa, superar la línea de bienestar mínimoestablecido por el CONEVAL, con el fin de que este proceso sea compatible con la nueva política económica”.
Así, la propuesta consiste en unimpulso al salario mínimo mediante un incremento anual del 15.6 por ciento más inflación, para llegar al fin de sexenio a la cifra de 171 pesos diarios más la inflación que se haya generado en el periodo.
Los planes también incluyen un aumento del salario mínimo profesional y se elaborará un listado de profesiones considerando el mercado de trabajo y a los jornaleros agrícolas. Todo ello servirá de base para que, mediante el impulso de una negociación colectiva auténtica, se mejoren el resto de los salarios.
Tomando como base la reforma constitucional que realizó el presidente Enrique Peña Nieto, en febrero de 2017, el próximo gobierno buscará crear una nueva instancia que promueva y fortalezca la negociación colectiva.
Eliminar contratos de protección
Esta medida se fundamenta en en el hecho de que en el país sólo 10 por ciento de los trabajadores cuenten con un sindicato y de estos se calcula que el 90 por ciento están sujetos a contratos de protección, que se firman sin el consentimiento de los trabajadores. Esta situación ha llevado a que se deterioren los salarios y condiciones de trabajo.
“Por muchos años se ha denunciado la existencia de los contratos de protección. Organismos como la OIT han pedido a nuestro país que informa qué se ha hecho para reducir esta actividad, que incluso llegó a las negociaciones como el TLC, es momento de que se revisen”, afirmó a Factor Capital Humano Alfonso Bouzas, abogado laboral de la UNAM.
Por este motivo, el nuevo gobierno pretenderá realizar aumentar las inspecciones de trabajo. Esto que permitirá realizar diagnósticos, cuyo fin, es corregir y recuperar las mejores condiciones laborales.
En este sentido, el próximo gobierno pretende aumentar el número de inspectores, porque según el diagnóstico de Morena, parte del problema es que se incumplen las normales laborales existentes,lo que ha permitido que avance la subcontratación ilegal o el subregistro de los trabajadores en el Seguro Social y la ausencia en el pago de utilidades.
Asimismo, la Organización Internacional de Trabajo ha señalado que nuestro país tiene un numero muy bajo de inspectores, frente a su población trabajadora. Para ello se integrarán 500 inspectores y llegar asi a 1,500 para que al final del sexenio se cumpla con el incremento del 50 por ciento del número actual que recomienda la OIT.
Certificación de empresas por dar trabajo justo
Como parte de la política laboral, el nuevo gobierno pretende incluir el concepto de “trabajo justo”y por ello, se creará la “Certificación de Trabajo Justo”, que será un reconocimiento a empresas que otorguen salarios justos, según criterios “previamente determinados por un grupo de expertos, académicos y miembros de la sociedad civil, entendiendo por salarios los inscritos en el IMSS”.
La certificación se hará pública para que se conozcan a las empresas que otorguen salarios justos y cumplan con los derechos laborales, y “promoverá la vigilancia ciudadana y será considerada para las licitaciones públicas”.
Por otra parte, Ricardo Martínez Rojas, abogado laboral del despacho De la Vega & Martínez, comentó que “si bien hay temas pendientes, es importante que se avance con las leyes secundarias sobre la reforma a la justicia laboral, en gran medida ahí se tocan temas de interés que van a corregir parte de las preocupaciones que hay en materia laboral en el país”.
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Los-ocho-ejes-de-la-politica-laboral-del-gobierno-electo-20180708-0033.html
Con López Obrador, el salario mínimo crecerá a 176.72 pesos: Luisa María Alcalde
Por: Redacción/El Pulso Laboral
Luisa María Alcalde Luján, asesora del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en temas de trabajo y previsión social, aseguró que sin pretender una “locura”, en un eventual gobierno del político tabasqueño, el salario mínimo aumentaría gradualmente en seis años para quedar en 176.72 pesos, aproximadamente, sin riesgos de inflación.
Entrevistada por El Economista, la también ex diputada federal afirmó que el aumento al salario se dialogaría y consensaría, “sin imposiciones”, con empresarios. “No es riesgoso, es estabilizador”, aseveró.
Celebró que Estados Unidos y Canadá pretendan el aumento al ingreso laboral en México, como parte de la renegociación del TLCAN, y criticó que el gobierno de nuestro país lo tome como un asunto “doméstico”.
En tanto, Luisa María Alcalde aseguró que la propuesta de López Obrador de becar con 2,300 pesos mensuales a 2.3 millones de jóvenes como aprendices (programa que se denominaría Jóvenes Construyendo el Futuro), costaría 108,000 millones de pesos que saldrían, dijo, de recortes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como de austeridad y combate a la corrupción.
Alcalde Luján, de apenas 30 años de edad, afirmó que se respetaría la reforma laboral del 2012, y temas como el outsourcing, aunque se buscaría que se respeten las normas que regulan esa figura.
Asimismo, afirmó que el eventual gobierno de López Obrador respetaría la autonomía sindical, la toma de nota y los contratos colectivos de trabajo. Sobre Napoleón Gómez Urrutia, dijo que -en los hechos- sigue ejerciendo el control del sindicato minero.
—¿Cuál es la propuesta de AMLO para el aumento al salario?
—“Todo se va a hacer a través del diálogo, no de las imposiciones, esa es una cuestión clara. Ahora, hay mucha información y muchos diagnósticos. El mismo sector empresarial, a través de la Coparmex, está exigiendo un incremento más significativo del salario mínimo. Ellos mismos están diciendo no es suficiente, no se puede vivir con esa cantidad, que es algo que nosotros hemos sostenido siempre, nadie puede vivir con 88 pesos diarios”.
—“Ya no existe el pretexto aquel de que si el salario mínimo sube, va a subir todo lo demás, que suben multas, suben créditos del Infonavit, etcétera. Eso ya no, ya se reformó la Constitución, ya se creó una nueva unidad de medida para todo lo demás, y el salario mínimo se liberó. Entonces, eso ayuda a poder tener mucha mayor contundencia en un incremento del salario. En 70 años el salario mínimo ha perdido el 70% de su poder adquisitivo. Hace 70 años alguien que ganaba el salario mínimo, podía comprar 75% más.
—¿La desindexación del salario es un factor para evitar la hiperinflación?
—“Si, totalmente, ya lo que sube es únicamente el salario mínimo, no sube todo lo que está vinculado a él”.
—¿Cuál es la propuesta en términos monetarios de elevar el salario mínimo?
—“Tenemos una propuesta inicial de en seis años duplicar el salario mínimo, esa es una propuesta que está a debate, y que se va a ir analizando, lo que si es que nunca más un incremento que esté por debajo de la inflación, cosa que acaba de suceder, ahora por cierto que (José Antonio) Meade estuvo en la Secretaría de Hacienda en 2017, y necesitamos un incremento paulatino”.
—¿Entonces 176 pesos al final del sexenio?
“Más menos, sí, porque no nos lo inventamos nosotros, sino que el Coneval ha dicho que la línea mínima de bienestar, es poder tener una canasta básica alimenticia y de servicios, por una persona que trabaja y un dependiente económico, entonces la idea es que alguien que gana salario mínimo pueda subsistir, con cierta dignidad y no estar en los límites de pobreza como hasta ahora.
—“Ahora, esa propuesta se va a discutir, y por su puesto queremos escuchar a los diferentes sectores. Lo que sí digo es que ya no es la misma lógica de antes de solo escuchar a unos cuantos. Por primera vez vamos a escuchar a los que tiene poquito, a los que tienen más o menos, y a los que tienen mucho”.
—¿Canadá y Estados Unidos piden que el aumento de salarios sea parte de la renegociación del TLCAN?
—“Así es. Parece increíble, pero muestra de cuerpo entero al gobierno de Peña Nieto. Es increíble que las mesas de negociación sean Canadá y Estados Unidos los que hoy están exigiendo y poniendo sobre la mesa que mejoren los salarios en México, las condiciones y que haya democracia y libertad. México que hay dicho? Ese tema es nuestro, es doméstico, no está sobre la mesa, bajo esta lógica de ser atractivos, pero que no nos ha dado resultados.
—¿De qué va la propuesta de jóvenes becarios de AMLO?
—“Jóvenes Construyendo el Futuro, es francamente el proyecto que más me emociona, que me parece que va a ser un proyecto que va a abrir muchas puertas y es dar a 2 millones 600,000 jóvenes, buscándoles un lugar en la educación, y dándole un apoyo de 2,300 pesos para que sigan estudiando, pero sobre todo que hoy no tienen oportunidades de nada, tienen cancelada la posibilidad de desarrollase. Es buscarles esta vinculación con un centro de trabajo para que ahí puedan ser aprendices, y ahí se capaciten, tengan nuevas habilidades, nuevas herramientas y puedan, después de un año, vincularse de manera autónoma al mercado de trabajo. Creo que esto va a ayudar, no solamente a darle una oportunidad a la gente, sino que también va a ayudar mucho para el tema de violencia. Una de las principales fuentes de violencia es la falta de oportunidades”.
—¿Cuánto costaría y de dónde saldrían los recursos?
—“Este programa va a costar 108,000 millones de pesos, es uno de los principales programas que va a tener el nuevo gobierno, y hay muchas fuertes por las cuales podamos conseguir este enorme programa. Va a haber muchos cambios, se va a gobernar con austeridad; fuera lujos, olvídense de aviones presidenciales; se van a bajar los salarios de la alta burocracia, de los que ganan 200,000 o 400,000 pesos mensuales; se van a cancelar los seguros privados, nos vamos a ir al ISSSTE como cualquier otro ciudadano. Se van a ir recortando mucho gasto corriente. Y sobre todo, ser muy eficientes en el gasto de gobierno”.
—¿Qué pasaría con el Programa Nacional del Emprendedor?
—“Todo lo que tiene que ver con el Servicio de Empleo se van a ir a Jóvenes Construyendo el Futuro, porque no ha funcionado; porque este gobierno tiene como pequeños programitas de una secretaria y de otra, eso genera mucha corrupción. Necesitamos programas grandes, que tengan un impacto mucho más controlados y permeados”.
—¿Dónde se harían recortes?
—“Estamos en el análisis de eso, pero hay muchas áreas donde hay duplicidad, no está claro qué están haciendo. Por ejemplo, hay un área donde hacen una revista al mes, eso es todo lo que hacen, pero se destinan cerca de 25 millones al año, entonces, hay cosas que seguramente en la transición ya vamos a tener claro”.
—¿Cuál sería la relación con sindicatos?
—“Con todos los trabajadores organizados o no organizados, se va a respetar su autonomía. Ya no son estas alianzas en las que se cuidan las espaldas, se protege, vamos a respetar la libertad y la autonomía de las organizaciones de los trabajadores, eso deciden cómo cuándo se organizan. Cualquier sindicato va a tener la garantía de que el gobierno no va a ser persecutor ni tampoco cómplice de nada”.
—¿Y la Tomas de Nota?
—“Autonomía absoluta a tomas de nota, contratos colectivos, registro de sindicatos, eso ya no se va a meter el gobierno, y por eso fue tan importante la reforma laboral. Eso va a ayudar también a que ya no sea el gobierno el que controle el sindicalismo en México, lo que también quiere decir que no vamos a ser cómplices de ningún tipo de sindicato que hoy simula una representación que no tiene”.
—¿Cómo cuáles?
—“Hay muchos. Especialistas dicen que el 70% de los contratos colectivos actuales son de protección patronal, quiere decir que los sindicatos que los firman no representan a los trabajadores y lo pactan con el empresario”.
—¿Qué pasará con el outsourcing?
—“Subcontratación sí, pero tú tienes que cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, tienes que justificar la especialidad del trabajo. Hoy eso no se cumple”.
—¿La reforma laboral del 2012 se queda?
—“No estamos en un plano de hacer reformas legislativas. La idea no es pensar en reformas legislativas, lo que estamos pensando son acciones ejecutivas, en el tema de subcontratación que se cumplan las normas”.
—¿Qué se cumpla la reforma laboral?
—“Sí, claro, que se cumpla la ley, lo que ya no se vale es que se cumple para unos y para otros no, y que siempre hay favoritismos”.
—¿Hay un pacto de impunidad, como se dice, con Napoleón Gómez Urrutia?
—“Un pacto de impunidad sería si hubiera un proceso contra Napoleón Gómez Urrutia; hoy no hay ningún proceso en su contra, de todos modos esta exiliado en Canadá; no podría haber complicidad si no hay ningún proceso penal; si hay labores y civiles, eso lo determinará el Poder Judicial. Como cualquier otro, si le prueban cualquier circunstancia, no vamos a cubrirle las espaldas a nadie. No es el caso hasta ahora de Napoleón”.
—¿Podría regresar al sindicato?
—“El en realidad sigue siendo el líder de los mineros en los hechos, incluso desde allá (Canadá) él negocia contratos colectivos con las empresas mineras, y una de las cuestiones que me parecen significativas, es que los contratos mineros que representan el sindicato del cual Napoleón es representante, es el que mejores condiciones de trabajo tiene; los mineros que más ganan, que mejores condiciones tienen”, concluyó. //Fuente: El Economista
Ciudad de México
viernes 06 de abril de 2018
Tema: Mercado Laboral
Por: Redacción/El Pulso Laboral
http://www.elpulsolaboral.com.mx/mercado-laboral/13488/con-lopez-obrador-el-salario-minimo-crecera-a-17672-pesos-luisa-maria-alcalde
Sindicatos y salarios en el TLCAN
Orlando Delgado Selley
De nueva cuenta las amenazas de Donald Trump parecen encaminar al mundo y particularmente a nosotros a una situación bastante complicada. Su decisión de imponer aranceles a las importaciones de aluminio y acero puede ser el comienzo de guerras comerciales que afectarán dramáticamente el curso de la economía global. Sin embargo, en México lo que verdaderamente importa, en el marco de las negociaciones para un nuevo Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN), son los temas laborales.
Para los trabajadores mexicanos el TLCAN no ha significado mejoría alguna. Por el contrario, como se ha demostrado repetidamente, la participación de los salarios en el ingreso nacional cayó del pico alcanzado a mitad de los años 70 de 40 por ciento a 28 en 2015. Se trata de una disminución de 42 por ciento que tiene pocos precedentes. En la explicación de esta brutal reducción destaca que las ganancias del libre comercio, que indudablemente han existido, se han concentrado en los hogares de altos ingresos y en la región norte del país. De modo que la caída salarial ha implicado una mayor concentración del ingreso, es decir, mayor desigualdad.
En un artículo reciente S. Escobar analizó las reacciones de las organizaciones sindicales canadienses y estadunidenses respecto de la situación de los trabajadores mexicanos. Tres son los temas que a estas agrupaciones les interesan: los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo, la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la represión a las protestas laborales. Evidentemente los pronunciamientos sindicales en estas materias están asociados a la política que el gobierno mexicano ha venido implementando para atraer inversión extranjera.
Entre los objetivos para la renegociación del TLCAN expresados por el gobierno estadunidense ha señalado que los países miembros del acuerdo adopten y cumplan con las prácticas y las leyes en las que internacionalmente se reconocen los estándares fundamentales en materia laboral establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. Además, el gobierno de Trump plantea que es necesario que México, Canadá y Estados Unidos tengan ordenamientos legales que propongan condiciones aceptables para los empleados en términos salariales, de horas de trabajo, seguridad en el lugar y salud.
En este marco de renegociación del TLCAN, la AFL-CIO, importante central sindical estadunidense, ha advertido que “deben mejorar dramáticamente los derechos de los trabajadores, aumentar los salarios y los niveles de vida en los tres países… particularmente en el caso de México”. Consecuente con este planteamiento, esta central sindical ha expresado formalmente su preocupación con la propuesta de reforma laboral presentada por el PRI en el Congreso. En su opinión esta inicitiva limita la libertad de asociación, promueve el trabajo precario, alienta la subcontratación, lo que implicará que los salarios mexicanos disminuyan aún más. Por estas razones ha pedido explicaciones al gobierno mexicano. A estas consideraciones se sumó el Canadian Labour Congress, lo que llevó al gobierno federal a detener su propuesta de reforma.
La respuesta del gobierno mexicano tanto a los sindicatos como a los negociadores gubernamentales del TLCAN ha sido de rechazo a cualquier posibilidad de acuerdo trinacional sobre los salarios en México. Su rechazo, apoyado por asociaciones empresariales en nuestro país, a incrementar los salarios mínimos de modo que se cumplan con los requerimientos que determina nuestra Constitución, es decir, que permitan que los trabajadores y sus familias superen la línea de pobreza, se fundamenta en la pérdida de competitividad que sufrirían las empresas exportadoras asentadas en México.
Incorporando este argumento habría que reconocer el reclamo de la AFL-CIO: es necesario aumentar los salarios en los tres países, aunque en México tiene que hacerse dramáticamente. Actualmente el salario mínimo que permitiría superar la línea de pobreza es de 170 pesos, lo que ciertamente no podría hacerse de un golpe, pero tendría que fijarse como una meta a alcanzar en un plazo razonable.
odselley@gmail.com
http://www.jornada.unam.mx/2018/03/08/opinion/025a1eco
El salario desaparece de la reforma laboral
31 enero 2018, Manuel Fuentes
La contrarreforma laboral es un acto criminal que no debe prosperar porque es gravemente lesiva a los derechos históricos de los trabajadores | Manuel Fuentes
Los hacedores de la contrarreforma laboral presentada el 7 de diciembrepasado, tuvieron la ambición desmedida de desaparecer el concepto de salario para permitir que se paguen a los trabajadores cantidades inferiores en la mayoría de las indemnizaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo.
Desaparece en la propuesta el salario como base para el pago de las indemnizaciones por Suspensión y Terminación Colectiva del Trabajo, en contingencia sanitaria, implantación de maquinaria, en procedimientos de trabajo nuevos, en casos de muerte, riesgos de trabajo e incapacidades permanentes totales; en esencia, en todos los rubros vulnerables de protección a los trabajadores.
La iniciativa priista toma como base (en lugar del salario) la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A), concepto pueril inventado para aplicar multas y sanciones en las barandillas de los juzgados.
Actualmente el salario mínimo general diario equivale a $88.36, mientras que la U.M.A. está fijada en $80.36, lo que representaría un decremento en los ingresos del trabajador del orden del 9.05%.
En los casos del salario integrado que se sustituye por ese concepto, la afectación puede representar hasta el 50% o más de los ingresos, hecho muy grave, dada la situación en que se dan los supuestos de vulnerabilidad del trabajador en que se deben pagar las indemnizaciones.
El sector patronal pretende, en complicidad con líderes sindicales de la CROC y la CTM conjuntamente con el gobierno federal, hacer los cambios para desaparecer el concepto de salario1 y sustituirlo por uno nuevo, la U.M.A., en los siguientes casos:
- Cuando se trate de la suspensión de labores o trabajos, que declare la autoridad sanitaria competente, cuando haya contingencias declaradas por la autoridad sanitaria que en la actual fracción VII del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo señala que:
… el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.
Considerando que el texto vigente es lesivo para el trabajador porque no se le pagará con el salario que percibe (por ejemplo $200.00 diarios), sino el equivalente a un salario mínimo general vigente ($88.36 diarios); ahora el propuesto es mucho más agresivo porque se pagaría con una cantidad inferior como lo es la U.M.A. ($80.36 diarios).
El texto propuesto por el sector patronal señala:
… el patrón no requerirá aprobación o autorización del Tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de la Unidad de Medida y Actualización, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes
- En los casos de suspensión colectiva que prevé el artículo 430 de la ley federal del trabajo establece que se fijará una indemnización:
… sin que pueda exceder del importe de un mes de salario
El nuevo texto promovido por el sector patronal, con el aval del sindicalismo (también patronal) y el gobierno (con alma y esencia patronal) señala:
… sin que pueda exceder del importe de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización
- En los casos de terminación de la relación laboral, la ley vigente señala que deba pagarse con tres meses de salario integrado, ahora se propone:
Artículo 436. En los casos de terminación de los trabajos señalados en el artículo 434, salvo el de la fracción IV, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de tres meses de la Unidad de Medida y Actualización, y a recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162.
- El artículo 439 de la ley laboral establece el pago de 4 meses de salario (que debe pagarse con salario integrado), «cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos», ahora se sustituye por el pago en U.M.A. en el artículo que se propone:
Artículo 439.- (…) Los trabajadores reajustados tendrán derecho a una indemnización de cuatro meses de la Unidad de Medida y Actualización
- En el caso de indemnizaciones por riesgos de trabajo, el artículo 485 señala que la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo.
El artículo 485 propuesto por la ley laboral:
Artículo 485.- La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior a la Unidad de Medida y Actualización.
- Ahora se propone que el pago no podrá ser inferior a la U.M.A. en los casos de incapacidad permanente total. El artículo vigente indica:
Artículo 495.- Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil noventa y cinco días de salario.
Ahora la propuesta mezquina señala:
Artículo 495.- Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil noventa y cinco días de la Unidad de Medida y Actualización.
- Hasta en los gastos funerarios se ensañan para pagar menos, a pesar de que en esos negocios no reciben el pago en U.M.A.:
Artículo 500.-
- Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios;
La propuesta de estas personas sin escrúpulos dice ahora:
Artículo 500.-
- Dos meses de la Unidad de Medida y Actualización por concepto de gastos funerarios;
- En la ley vigente que les apura anular también pretenden reducir la indemnización en caso de muerte:
Artículo 502.- En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario (…)
El nuevo texto incrustado por esos bandidos señala:
Artículo 502.- En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de la Unidad de Medida y Actualización…
- En el artículo 1003 de la ley federal del trabajo que pretenden desaparecer, ubicado en el título de responsabilidades y sanciones, establece que:
Artículo 1003.- Los Presidentes de las Juntas Especiales y los Inspectores del Trabajo, tienen la obligación de denunciar al Ministerio Público al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haya dejado de pagar o pague a sus trabajadores cantidades inferiores a las señaladas como salario mínimo general.
El nuevo artículo que pretenden pase desapercibido ahora señala:
Artículo 1116.- Los Inspectores del Trabajo o el Tribunal, tienen la obligación de denunciar al Ministerio Público al patrón (…) que haya dejado de pagar o pague a sus trabajadores cantidades inferiores a las señaladas como Unidad de Medida y Actualización.
La contrarreforma laboral es un acto criminal que no debe prosperar porque es gravemente lesiva a los derechos históricos de los trabajadores, en virtud de que pretende anular de manera definitiva el salario como base de pago de las indemnizaciones, por un concepto distinto al laboral como es la Unidad de Medida y Actualización.
Los legisladores no pueden aprobar este tipo de propuestas porque de hacerlo se convertirán en viles delincuentes del viejo cuño al arrebatar, cancelar y anular el salario, derecho fundamental de los trabajadores en la legislación laboral.
¡No lo permitamos!
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-salario-desaparece-de-la-reforma-laboral/203098
Oaxaca: Queda a deber reforma laboral
29 de enero 2018
En 5 años de vigencia, reforma laboral ha derivado en empleos con bajos salarios, más puestos temporales y reducción mínima de informalidad.
Cd. de México.- Los cinco años de vigencia de la reforma laboral han dejado empleos con salarios bajos, un mayor crecimiento de puestos temporales y una reducción marginal de la informalidad.
En noviembre pasado, el Gobierno federal anunció como un logro la creación de 3.5 millones de empleos formales, calificándola como una cifra mayor a lo generado en los seis años completos de cualquiera de las administraciones anteriores.
No obstante, la precariedad de esos empleos ha sido una constante, con más del 60 por ciento por debajo de los 3 salarios mínimos (7 mil 952 pesos al mes) y con 57 por ciento de informalidad laboral.
Además, el poder adquisitivo del salario promedio ha perdido 14.4 por ciento.
La Ley que entró en vigor en diciembre de 2012, permite que el patrón pueda otorgar varios contratos temporales (prueba y capacitación) antes de que el aspirante firme un contrato definitivo. Desde el punto de vista de los expertos, dicha flexibilidad ha contribuido a quitarle calidad a los empleos.
“Eso tiene mucho que ver con la misma ley porque ahora te contratan de 3 a 6 meses pero sin obligaciones contractuales del patrón y eso abarata mucho los costos de contratación.
“El personal que tiene más antigüedad, si la empresa le interesa que se quede, lo liquida y lo recontrata por la vía de outsourcing, pero con la cuarta parte del sueldo o la mitad en promedio”, aseguró Miguel Reyes, director del Observatorio del Salario.
Consideró que a partir de 2012 ha habido una pérdida significativa del poder adquisitivo a mayor nivel de escolaridad. Hay una pérdida de 3.9 por ciento del salario mínimo, pero que el que tiene escolaridad de licenciatura perdió más de 20 puntos porcentuales en este sexenio, afirmó.
Para Ricardo Martínez, abogado laboral, las empresas siguen con la práctica de contratar a los trabajadores de manera temporal, lo cual evita que acumulen antigüedad y derechos en las empresas.
De hecho, entre diciembre de 2012 y el mismo mes de 2017, el empleo eventual ha crecido 25 por ciento superando al 18.19 por ciento de incremento de los puestos permanentes, de acuerdo con cifras del IMSS.
“Nos quedamos con el esquema de simulación en relación a que se sigue usando el contrato por tiempo determinado para poder contratar con más flexibilidad. Seguimos en ese esquema de simulación en el cual contratan a un trabajador por tiempo determinado 15 años, le van renovando los contratos”, subrayó.
Opinó que la flexibilidad que se logró también permite el despido de trabajadores, debido a que se acotó a un año el tiempo que los trabajadores pueden reclamar salarios caídos.
“Lo que cuesta más caro es el despido, en el momento que tienes menores salarios caídos donde lo máximo que puede costar (un juicio) es un año de salarios caídos, ahí ha ayudado a flexibilidad porque el temor de correr a un trabajador se reduce”, afirmó.
Para Valeria Moy, del Observatorio México ¿Cómo Vamos?, la reforma ha sido efectiva para formalizar empleo, ya que se combina con los operativos que llevan a cabo la Secretaría del Trabajo y el IMSS para identificar a los empleados que carecen de seguridad social, en los centros de trabajo.
En contraste, añadió que el indicador de la pobreza laboral es alto, ya que 41.8 por ciento de la población, con datos al tercer trimestre de 2017, no puede adquirir la canasta básica con los ingresos laborales de su hogar.
Según el Observatorio, la pobreza laboral es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros.
Hogares en pobreza laboral pueden lograr alimentarse a partir de ingresos no laborales como remesas, transferencias o acceso a programas sociales.
Reforma / Verónica Gascón
https://www.nssoaxaca.com/2018/01/29/queda-a-deber-reforma-laboral/