Ligados al poder unipartidista, arcaicos, sin una pizca de democracia interna, opacos, los líderes sindicales en su mayoría llevan una vida opulenta a costa de la explotación de la clase trabajadora
por RebecaGonzalez
08 de Mayo 2019 · 11:15 hs
Reforma laboral descabeza al sindicalismo “charro”
Eliminar el sistema sindical caduco, obsoleto y totalitario que prevalece en el sistema laboral mexicano, es uno de los principales objetivos de la Reforma Laboral, aprobada recientemente y a punto de entrar en vigor.
El maridaje entre los sindicatos y el régimen de partido único en el gobierno (PRI) que prevaleció hasta el año 2000, surgió con los llamados sindicatos charros en 1948. El término se acuñó cuando Jesús Díaz de León se apoderó del sindicato ferrocarrilero (STFRM) con ayuda de policías, militares y guardias presidenciales del gobierno de Miguel Alemán.
La Reforma Laboral, según los legisladores, garantiza que las decisiones tomadas por los trabajadores serán consideradas y protegidas.
Díaz de León –se sabe- era aficionado a la charrería y gustaba vestir atuendos distintivos de esta disciplina, por lo que su estrategia de despojar a los obreros ferrocarrileros de su sindicato se le conoció como “el charrazo”.
Líderes charros
A partir de entonces a cualquier conducta de sumisión sindical ante el Gobierno y las empresas; la ausencia de democracia, las dirigencias perpetuas, el estricto control de sus agremiados y la falta de claridad en el uso y destino de las cuotas, se ha conocido como sindicalismo ”charro” y más específicamente a quienes detentan el poder son llamados “líderes charros”.
Se establecerá un nuevo sistema de justicia laboral, más ágil y expedito.
Remontarse a la evolución del sindicalismo en México, inevitablemente es referirse a la corrupción, la opacidad, la escasa o nula defensa de los trabajadores y la absoluta sumisión ante el poder a cambio de privilegios, que van desde partidas presupuestales, hasta la entrega de diputaciones, alcaldías, senadurías, pasando por lujos y excesos que hacen contrastar el estilo de vida de los dirigentes sindicales, con el del grueso de la clase trabajadora.
Mal vistos sindicatos charros
“Los sindicatos son las segundas agrupaciones, después de los partidos políticos, peor vistos, a los que los obreros y la población los miran –y con sobrada razón- con total desconfianza”, asegura el abogado laborista Miguel Orlando Matú.
Para el litigante, la reforma laboral, además de los beneficios que busca para la clase trabajadora, podría cimbrar la organización obrera en el país, ya que existen muchos ejemplos de liderazgos que han abusado del poder, malgastado las cuotas y traicionado la confianza de las bases.
Con esta reforma se busca fijar, entre otros puntos, reglas claras, disminuir juicios individuales de conciliación y garantizar representatividad óptima en negociaciones colectivas.
“La reforma laboral puede ser un marco jurídico para la democratización y transparencia de los sindicatos, pero no lo es todo, hay muchas resistencias que buscarán los mecanismos para seguir actuando en el viejo régimen”, expone el abogado.
Sindicatos charros, una herencia
El criticado estilo de llevar las riendas de uno de los sindicatos más poderosos: la CTM, implantado por Fidel Velásquez Sánchez, Joaquín Gamboa Pascoe y Leonardo Rodríguez Alcaine ha sido replicado, y hasta mejorado por otros tantos líderes y representantes de los más poderosas agrupaciones sindicales de México.
Carlos Romero Deschamps ha sido el dirigente más cuestionado por actos de corrupción y riqueza mal habida.
Joel Ayala Almeida, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE) desde 1998, ha sido diputado federal tres veces y va en su segundo periodo como senador. A este dirigente sindical se le atribuye una fortuna superior a los 15 millones de dólares; casi una docena de casas tanto en diversos puntos de la Ciudad de México y en diferentes entidades mexicanas, incluso sus propiedades se extienden a Estados Unidos de Norteamérica.
Sus propios agremiados han señalado que posee una flotilla de automóviles de lujo, un jet privado y un establo con caballos pura sangre.
Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) desde 2005; ha sido tres veces diputado y senador por el PRI. Es el accionista mayoritario de la empresa desarrolladora y operadora del Golfo S.A. de C.V. dedicada a la prestación de servicios y desarrollos turísticos en La Paz, Los Cabos y Cancún, entre otros negocios.
Carlos Romero Deschamps, ha sido tres veces diputado y dos veces senador, lidera desde hace 25 años al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con sus maniobras antidemocráticas consiguió un último mandato que terminaría hasta 2024.
De Romero Deschamps, son de sobra conocidas la opulencia y los excesos de su diario vivir como el uso de relojes de lujo de la marca Aude Piquet, valuados hasta en siete millones de pesos; un departamento en Cancún valorado en 18.7 millones de pesos; propiedades en The Bath Club en Miami, Estados Unidos valorados en más de 110.8 millones de dólares, bienes que contrastan con su nómina oficial que no supera los 30 mil pesos mensuales. Los lujos del líder petrolero se extienden a sus más cercanos familiares y sus principales colaboradores.
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) que agrupa a 89 sindicatos nacionales le da la bienvenida a la nueva Ley Laboral.
Sin duda Romero Deschamps ha sido el dirigente más cuestionado por actos de corrupción y riqueza mal habida, siendo el llamado “Pemexgate” uno de los peores escándalos en los que ha estado involucrado el líder sindical y más recientemente el saqueo a Pemex con el huachicol, pero ni de estos temas, ni del destino de las millonarias cuotas, el viejo dirigente ha querido esclarecer, amparándose a más de 200 peticiones de información.
Francisco Hernández Juárez, dirige desde hace 43 años el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, tiene como principal señalamiento, además de la ausencia de democracia, el manejo opaco de la Caja de Ahorros del sindicato que deja un dividendo superior a los 2 mil millones de pesos.
Víctor Félix Flores Morales, líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana desde 1995, ha sido en diferentes ocasiones diputado por el PRI y dirigente del Congreso del Trabajo. Manejó a discreción 13 mil 500 millones de pesos, que formaban parte del fideicomiso para pagar a los jubilados y pensionados.
Recientemente se dio a conocer que su sueldo es de 1 millón 547 mil mensuales y percibe un bono navideño de 17 millones de pesos. Entre sus bienes destaca un edificio de departamentos valuado en más de 5 millones de pesos. La desaparecida PGR tiene archivos de 14 mil denuncias contra Flores Morales. En 2007 Flores Morales regaló a diputadas federales aretes Cartier de diamantes y esmeraldas, con dinero de las cuotas de los trabajadores jubilados y pensionados.
Agustín Rodríguez Fuentes, con 27 años al frente del Secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM); Carlos Aceves del Olmo, quien se ha reelegido repetidamente en la CTM. En el Sindicato del Infonavit, Rafael Rivapalacio Pontones cumplió 40 años como secretario general; Gilberto Muñoz Mosqueda también ajusta cuatro décadas al frente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química. Y entre otros, Rodolfo González Guzmán, líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) desde 2010 son las muestras de un sindicalismo repudiado por la clase trabajadora.
Otros casos
La cúpula sindical que ha amalgamado poder y fortuna tiene otros claros ejemplos en Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia y Martín Esparza Flores.
La maestra más poderosa como fue considerada alguna vez la ex lideresa del SNTE, no obstante haber estado presa, recién recuperó su libertad y toda la fortuna amasada al amparo del sindicato magisterial. Ahora se prepara para fundar un nuevo partido desde buscará incrustarse de nuevo en el poder público.
En cuanto a Gómez Urrutia, convertido en flamante senador puede seguir disfrutando de los 55 millones de dólares del fideicomiso y de las cuotas de los trabajadores mineros.
Martín Esparza Flores, conocido como El Mago mientras estuvo al frente del desaparecido Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por su habilidad de convertir sus 335 pesos de sueldo diario en ranchos y casas; caballos finos y gallos de peleas y automóviles de lujo.
Líderes sindicales que de ganar sueldos míseros como cualquier otro trabajador, de la noche a la mañana amasaron grandes fortunas y vidas colmadas de lujos, producto de actos de corrupción y a costa de las cuotas de las personas a quienes se supone, debían defender, podrían tener con la puesta en vigor de las reformas laborales, sus días contados.
¿Qué es el sindicalismo ”charro”?
Se refiere a la corrupción de líderes sindicales, la opacidad, la nula defensa y explotación de los trabajadores y la sumisión ante el poder a cambio de privilegios
Nombre: Joel Ayala Almeida
Joel Ayala Almeida
Cargos: Líder sindical de la FETSE desde 1998, ha sido 3 veces diputado federal y 2 veces senador
Fortuna: Más de 15 mdd
Propiedades: Una docena de casas en México y EU, además de autos de lujo, jet privado y establo con caballos pura sangre
Nombre: Isaías González Cuevas
Isaías González Cuevas
Cargos: Líder de la CROC desde 2005, ha sido 3 veces diputado y senador por el PRI
Fortuna: Millones de pesos
Propiedades: Accionista mayoritario de la empresa desarrolladora y operadora del Golfo S.A. de C.V
Nombre: Carlos Romero Deschamps
Carlos Romero Deschamps
Cargos: Lidera al STPRM desde hace 25 años, ha sido 3 veces diputado federal y 2 veces senador
Fortuna: Miles de millones de pesos
Propiedades: Relojes de lujo valuados en 7 mdp, propiedades en Cancún y EU, además de autos de lujo
Nombre: Francisco Hernández Juárez
Francisco Hernández Juárez
Cargos: Líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana desde hace 43 años
Fortuna: Millones de pesos
Propiedades: Se desconoce
Nombre: Víctor Félix Flores Morales
Víctor Félix Flores Morales
Cargos: Líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana desde 1995, ha sido diputado y dirigente del Congreso del Trabajo
Fortuna: Millones de pesos. En 2007 regaló a diputadas federales aretes Cartier de diamantes y esmeraldas.
Propiedades: Departamentos valuados en más de 5 mdp
Otros líderes sindicales que se han envejecido en el poder:
– Agustín Rodríguez Fuentes, líder del STUNAM desde hace 27 años
– Carlos Aceves del Olmo, quien se ha reelegido repetidamente en la CTM.
– Rafael Rivapalacio Pontones, lleva 40 años como secretario general del Infonavit
– Gilberto Muñoz Mosqueda, ajusta 4 décadas al frente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química.
– Rodolfo González Guzmán, líder de la CROM desde 2010
Etiqueta: sindicalismo charro
«No es una amenaza, pero el Poder Judicial cambia desde adentro o lo cambiamos nosotros desde afuera»
Ricardo Monreal repasó los pendientes de la agenda legislativa de Morena en el Senado.
Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado
LPO / Rodrigo González Olivares
»No es una amenaza, pero el Poder Judicial cambia desde adentro o lo cambiamos nosotros desde afuera»
Ricardo Monreal repasó los pendientes de la agenda legislativa de Morena en el Senado.
Por Andrés Wainstein
16/04/2019
Ricardo Monreal es una pieza tan necesaria como controvertida en el ecosistema de la 4T. Su operación política -quizás el aspecto más valorado, incluso entre sus adversarios- fue la punta de lanza para lograr los dos tercios requeridos para la Guardia Nacional o en la búsqueda de apoyos para Yasmín Esquivel, cuya relación marital con José María Rioboó la ponía en duda para la Suprema Corte. Esa capacidad contrasta con las acusaciones de algunos sectores del partido que resisten su ambición de incidir en las candidaturas para las próximas elecciones.
En una charla exclusiva con LPO, el líder de los senadores oficialistas niega que exista una pelea con Yeidckol Polevnsky, al mismo tiempo que rechaza tener intenciones de disputar el control de Morena. En medio de la sesión de fotos, sin embargo, se le dibujará una pequeña sonrisa en el rostro, cuando un colaborador le revele que el Tribunal Electoral resolvió pedirle a las autoridades del partido marrón los fundamentos de la designación de Miguel Barbosa en Puebla.
¿Cuál es la agenda que intentará completar el oficialismo de aquí al 30 de abril, cuando termine el período ordinario?
Hay cuatro reformas pendientes que queremos evacuar en estas semanas: laboral, revocación de mandato, educativa y consulta popular. Son los cuatros temas pendientes. Tres de ellas son constitucionales y la laboral es reglamentaria. Ya nos enviaron la Laboral desde Diputados. Quedarían tres.
También nos llegaron las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, que serán analizadas en una comisión plural. En esas leyes secundarias no necesitas mayoría calificada, pero de todos modos queremos sacarlas por consenso.
Por lo que se escucha desde la oposición, la más difícil de aprobar sería la revocación de mandato. Pareciera que no hay margen en ese tema para negociar. ¿Es así?
La revocación de mandato es con la que tengo más dificultad. Porque ellos no quieren que sea el mismo día de la elección de medio término. Obviamente creen que tendrá una influencia determinante el Presidente. No quieren que compita. Es lo que dicen. Al estar en la boleta, AMLO les generaría un problema serio. Esa es la más difícil. Si no logro en estos días un consenso, quedaría para un extraordinario.
Cuando se repasa la agenda del Senado de estos meses, se encuentra una efectividad muy alta en los temas prioritarios de AMLO. Pero también se observan temas como comisiones bancarias o reforma al poder judicial, que despertaron muchas críticas por una presunta falta de coordinación con el Ejecutivo. Esa alarma crece sobre todo en los mercados…
La autonomía del poder legislativo es real. Nadie debe asustarse, porque no somos radicales ni irracionales. No queremos afectar a la economía, al país, ni al desarrollo de la nación. En el tema de comisiones bancarias voy muy avanzado con un dictamen que espero salga en unos días más. Nos asiste la razón. No nos vamos a detener. Vamos a reformar lo que sea necesario.
Con lo del Poder Judicial hemos llegado a un acuerdo con sus autoridades. No han descalificado nuestra propuesta. Ellos quieren opinar y nos han dicho que, con el mismo propósito -combatir la corrupción en la Justicia-, tienen otras alternativas. Pues está muy bien. Por eso hemos instalado una mesa de trabajo conjunto entre el poder judicial, la consejería jurídica y el poder legislativo.
Lo cierto es que el poder judicial también tiene que sufrir el cambio. Sí tiene que reformarse, desde adentro o desde afuera. Pero no puede mantenerse ajeno de la transformación que vive el país, porque es parte del reclamo social que se expresó en las urnas.
La gente cree que no hay justicia, o que la justicia está al servicio del mejor postor. Entonces, es cierto que hay jueces impecables y honestos, pero hay otros que no lo son. Se han construido amplios circuitos de corrupción o de nepotismo. Hay juzgados que tienen 60-70 familiares de un jefe de ese clan. Eso no puede ocurrir.
AMLO hizo público este modus operandi cuando revela el cabildeo de Julio Scherer para que se rechace la solicitud de los ex accionistas de Grupo Modelo y que el SAT devuelva los impuestos de la venta de esa compañía. ¿Medina Mora se comunicó con alguien del Gobierno para explicar su posición en esa controversia?
No que yo sepa. Siempre hemos respetado la autonomía de la Corte. Yo no tenía relación con los ministros. Hasta ahora, al menos, porque con el Presidente actual de la Corte tengo confianza de que puede empujar desde dentro todas estas reformas sin que nosotros lo hagamos por la vía legislativa. Ellos saben muy bien que tienen problemas.
Saben que tienen problemas severos frente a la población. O se reforman ellos, o los reformamos nosotros. Eso es inevitable. Y no es una amenaza, ni baladronada, ni actitud desafiante. Nada de eso. El problema es el reclamo social.
Ya estuve hablando con Zaldívar y hay un principio de entendimiento. Creo que va a funcionar. Confío en que esto funcione y tengamos una relación de colaboración de poderes.
Volviendo a la coordinación en la 4T. Los senadores o diputados pueden explicar estas contradicciones en la autonomía de poderes. Pero, ¿por qué cree que también ocurre con los secretarios, es decir al interior del Gabinete? AMLO ya contradijo, por citar dos ejemplos recientes, a Jiménez Espriú y a Arturo Herrera.
Al Presidente lo conozco hace 22 años. Es un hombre muy firme en sus convicciones, pero también es un hombre que delega, que otorga amplias facultades a sus colaboradores. Pero cuando se equivocan les va a corregir la plana. No se va a callar frente a situaciones que no han sido tomadas en cuenta o indicaciones que no fueron ejecutada como él quería.
Hace unos días Salinas Pliego fue muy duro con el tipo de conducción que ejerce AMLO. Y se trata de un empresario que, al menos en principio, se consideraba un aliado de la 4T.
Sí, fue dura. También la respuesta de Andrés fue dura. No es lo deseable en un Gobierno establecer una relación de confrontación con ningún poder, ni fáctico ni de la Unión. Por eso no creo que el Presidente quiera pelearse ni con el legislativo, ni con el judicial. Pero tampoco con el poder económico, ni eclesiástico, o los medios de comunicación.
Percibo que AMLO, con su sinceridad, a veces no gusta. Y es porque lleva al combate de ideas, a una confrontación de ideas inevitable.
Con la reforma laboral de AMLO se dice que se terminará el sindicalismo «charro». Conceptualmente es imposible oponerse a la elección libre de los liderazgos. Ahora, cuando uno observa los perfiles que esperan ansiosos para reemplazar a esos liderazgos no pareciera tratarse de un proceso de renovación real, ¿no?
Yo sí creo que habrá una renovación. La reforma laboral es una oportunidad. No creo que la fortaleza de la CTM como un órgano obrero partidista se vaya a debilitar, por ejemplo. No disminuyo ni minimizo la presencia de todo el sector obrero identificado con el PRI, aunque muchos de ellos hayan votado por López Obrador.
¿Su diagnóstico es que van a permanecer en la CTM aunque apoyen a este Gobierno?
Sí. No es una fuga, ni un traslado de trabajadores de una organización a otra. Claro, cada uno tiene su toma de nota. Habrá libertad sindical y se creará nuevas centrales obreras. Eso es natural, siempre sucede en transiciones como esta. Pero la CTM va a mantener su posición. Sólo van a tener expresiones distintas y, sobre todo, ya no habrá sindicatos favoritos del gobierno.
Esta reforma traerá más libertad. Y eso con el tiempo ayudará. Desde luego será un proceso gradual. No será de la noche a la mañana.
Entre empresarios hay una preocupación creciente por el desborde de las huelgas en todo el país…
También es parte de una transición. Los sindicatos se mueven a razón de la nueva composición política. Pero el Presidente ha ofrecido respeto ante todas las muestras de inconformidad, huelgas o reclamos justos salariales. Habrá más movilizaciones. Es que ya no hay ese control férreo. Hay libertad.
¿De no resolverse en el corto plazo, esta conflictividad social no puede catalizar un eventual problema de gobernabilidad?
Se resolverá en el corto plazo. No se va a demorar. El Presidente está iniciando un nuevo estilo, pero eso no quiere decir que sea un proceso de anarquía. Cumplirá las normas y la constitución. Sí estoy convencido que será uno de los presidentes que más respete el estado de derecho. No va a asumir posiciones radicales. No habrá nacionalizaciones, expropiaciones, atentar contra el patrimonio de los particulares. Son falsedades que se usan para desacreditarlo.
Ya en su segundo o tercer año va a crear condiciones de inversión impresionantes. Este semestre no ocurrió porque hay incertidumbre, porque las empresarios están esperando cómo reacciona, están esperando el Plan Nacional de Desarrollo… Por eso los inversionistas están cautos. Han detenido sus inversiones para saber cómo pinta el gobierno. AMLO será un gran Presidente.
Con una oposición que todavía no se recupera del golpe electoral de 2018, ahora la disputa política pareciera ocurrir dentro de Morena. ¿Eso explica la pelea con Yeidckol?
No. Creo que la oposición está en un proceso de reorganización. No minimizaría el peso de la oposición. Está en un proceso de reorganización natural porque nadie esperaba los resultados del año pasado. ¿Quién se hubiera imaginado que el PRI iba a tener sólo 14 senadores? Fue una verdadera sacudida para el sistema de partidos de México. Habla del hartazgo que había.
¿Cómo se explica la disputa política con Yeidckol apenas inicia el sexenio?
No hay disputa. No voy a cambiar mi posición. No voy a opinar del partido, no me voy a involucrar en esas tareas. Estoy concentrado en el ejercicio del poder legislativo. Lo hago con mucho gusto.
Sin embargo, una persona muy cercana a usted, como Alejandro Rojas Díaz Durán, está en una gira para pelear la dirigencia.
Puede ser. Pero no soy pilmama de nadie. Alejandro es más grande que yo. Tiene su propio perfil y su propia carrera política. No lo veo desde que salió de aquí. No platicamos. No hay ninguna vinculación. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo. Pero tiene libertad, yo no reclamo ni descalifico. Lo mejor es no meterse en ningún conflicto partidario.
Elba Esther dijo que la reforma educativa de AMLO puede ser «la misma gata pero revolcada»…
Ella tiene derecho a decir todo lo que quiera. La gente sabe quién es ella. No me sorprende.
¿Qué cree que está reclamando?
No sé. Estará reclamando que se la vea. Andrés Manuel siempre los va a respetar. Es un hombre demócrata y pacifista. No se va a meter en broncas. Busca la reconciliación del país.
Usted tiene una amistad con Manuel Velasco, quien además de flamante operador de la 4T es un promotor de Alejandro Moreno Cárdenas para la dirigencia del PRI. ¿Ese rol de Velasco no es una intromisión indirecta del Poder Ejecutivo en los asuntos de un partido de oposición?
El Presidente no se va a meter en ningún partido. Dijo que no irá a los estados que tengan elecciones, que no influirá en la toma de decisiones de dirigencias de los partidos, incluso de Morena. Debemos creerle. Aquí va a ser la sana distancia en su máxima expresión, no simulada ni fingida.
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/121735-no-es-una-amenaza-pero-el-poder-judicial-cambia-desde-adentro-o-lo-cambiamos-nosotros-desde-afuera/
¿Por qué será tan difícil sanear los sindicatos mexicanos?
Una nueva reforma laboral se discute en la Cámara de Diputados, y contempla modificar la forma en la que operan los sindicatos mexicanos, un reto para el gobierno federal que espera resistencia de líderes sindicales.
Por Luis Alonso Pérez
GETTY IMAGES
Desde su llegada a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una reforma para democratizar la vida laboral del país. En diciembre de 2018 la Cámara de Diputados recibió dicha propuesta, y está siendo debatida a través de foros abiertos y mesas de discusión.
El 14 de octubre de 1948, Alfonso Ochoa Partida, un trabajador de Ferrocarriles de México, orquestó -en contubernio con el presidente Miguel Alemán- un asalto a las oficinas del sindicato de ferrocarrileros. Lo apoyaron policías y guardias presidenciales; su intención era poner el sindicato a los pies del presidente.
Además de ser ferrocarrilero, Ochoa era conocido por su afición a la charrería, por lo que su liderazgo sindical supeditado a la voluntad presidencial se le conoció popularmente como «sindicalismo charro«. Por décadas, esta alianza convirtió a algunos líderes sindicales en millonarios, y benefició a políticos y a empresarios por igual.
Desde su llegada a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una reforma para democratizar la vida laboral del país. En diciembre de 2018 la Cámara de Diputados recibió dicha propuesta, y está siendo debatida a través de foros abiertos y mesas de discusión.
Para la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, esta reforma sería «una herramienta poderosa para reconducir la labor de los sindicatos frente a los trabajadores y en el mundo laboral«.
«Será el cambio más significativo en la historia del derecho procesal laboral desde la creación de las juntas de Conciliación y Arbitraje en 1917. Esta es la reforma».
Luisa María Alcalde.
Una parte sustancial de su propuesta se basa en modificar la forma en la que operan los sindicatos:
La resistencia de los líderes
Para el abogado laborista, Germán de la Garza, las propuestas de reforma podrían generar cambios importantes a favor de los trabajadores que actualmente no ven los beneficios de estar sindicalizados, ya sea porque sus sindicatos se conformaron para proteger a empleadores abusivos, o que lucran de extorsionar a los empresarios con amenazas de emplazarse a huelga, sin que los trabajadores así lo deseen, o incluso estén enterados de estas acciones.
Sin embargo, romper una inercia que ha prevalecido por décadas no será fácil, y seguro vendrá acompañado de una oposición de líderes sindicales. Es que parte de los mecanismos de democratización de la vida sindical implica permitir que se puedan elegir a sus dirigentes a través de votaciones reales, libres, directas y secretas.
En Entrevista con HuffPost México, De la Garza explica que un fenómeno arraigado en el sindicalismo son las elecciones simuladas, a través de «asambleas de papel». Estas reuniones podían o no realizarse, y solo bastaba que se redactara un documento en el que se daba validez a un proceso de votación ilegítimo.
«Este es un fenómeno arraigado que permitió que muchos líderes sindicales se eternizaran en sus cargos».
Germán de la Garza.
La coerción del voto es otra práctica abusiva ampliamente utilizada, en la que se manipulaba el voto de los trabajadores a través de mecanismos económicos, políticos y hasta físicos.
Ante las amenazas de cambio, el abogado prevé que los líderes sindicales, que ahora participan en las mesas de análisis y que aún cuentan con un poder político importante, opongan resistencia a una reforma que podría contravenir sus intereses.
«Evidentemente muchos de ellos no están de acuerdo con lo cambios. Argumentan que está habiendo un quebranto a la autonomía sindical, que está habiendo injerencia de parte del Estado al querer establecer nuevos requisitos».
Germán de la Garza.
¿Están listos para el cambio?
Una de las propuestas planteadas en la reforma es permitir que los trabajadores puedan elegir qué sindicato los represente, pues la Ley Federal del Trabajo permite que una compañía pueda tener celebrado un contrato colectivo sin que los empleados lo sepan. El fin de estos sindicatos blancos o charros, es proteger a las compañías de la posibilidad de que puedan emplazarlos a huelga.
También se pretende modificar el procedimiento para emplazar a huelga, instituyendo la obligatoriedad de que el sindicato deba acreditar que tiene la legal representación de los trabajadores, y acreditar también la voluntad de que la mayoría desea irse a huelga.
De implementarse, los trabajadores tendrían un mayor poder de decisión, el cual -para el abogado De la Garza- requiere de mucho conocimiento sobre las implicaciones económicas, laborales, e incluso sociales, de promover huelga.
«Yo espero que tengamos la capacidad para discernir cuando es conveniente ir a una huelga y cuando no, pero para que estos modelos sean exitosos, debe haber una preparación y una madurez para no tomar malas decisiones».
Germán de la Garza.
https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/03/03/por-que-sera-tan-dificil-sanear-los-sindicatos-mexicanos_a_23682690/
Expulsan a la CTM y CROC de la Confederación Sindical Internacional
Oficialmente las centrales obreras mexicanas quedaron fuera de esta poderosa organización con presencia en 156 países de los cuatro continentes.
La causa: propagar «contratos blancos y de protección» y pactar acuerdos a espaldas de la clase trabajadora.
«Porque día a día se fue conociendo el papel real que han jugado en el sindicalismo mexicano, sus profundos vicios y simulaciones», afirma el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani
De la Redacción / BTS
El declive de la CTM y la CROC en otros tiempos consideradas las más poderosas centrales obreras de México, dirigidas por los vetustos líderes Carlos Aceves del Olmo e Isaías González Cuevas, proclives al sindicalismo charro, fué exhibido a nivel mundial al ser expulsadas ambas organizaciones de la Confederación Sindical Internacional bajo acusaciones de propagar «contratos de protección«, además, de hacerse patentes sus profundos vicios y simulaciones en contra de la clase trabajadora.
La decisión de la CSI, con más de 166 millones de afiliados en 156 países fue celebrada por el político parlamentario, Tony Burke, miembro prominente del Partido Laboral de Australia quien publicó en su Tweeter:
«Excelente noticia que dos sindicatos debilitados, la CTM y la CROC que han minado la legitimidad del sindicalismo independiente en México, finalmente fueron expulsados de ITUC-donde no hay cabida para sindicatos que ofrecen empleo y actividad laboral en contra de los deseos de los trabajadores».
«El día de hoy, 7 de diciembre de 2018, es oficial que la Confederación Sindical Internacional ha expulsado de sus filas a la CTM y a la CROC», postea por su parte el espacio en Twitter, «Reforma para Todos».
De acuerdo con el abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani, representante del sindicalismo independiente, este hecho se da después de que, a nivel internacional, habían solicitado a las centrales obreras de México salir de las filas de la Central Sindical de las Américas (CSA), en donde han llegado infinidad de quejas por la aparición de contratos “blancos o de protección” que establecen con los empresarios para mantener a los trabajadores bajo un control, pero además porque violan sus estatutos.
Asimismo, se suma el hecho de que, tanto la CTM que encabeza Carlos Aceves del Olmo y la CROC, Isaías González, buscaron crear, la Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS), con el fin de dividir la fuerza de la CSA y porque “La CTM y la CROC nunca estuvieron cómodos dentro de la CSA, entre otras cuestiones, por su agenda progresista y porque día a día se fue conociendo el papel real que han jugado en el sindicalismo mexicano, sus profundos vicios y simulaciones y en particular, su práctica de firmar contratos colectivos de trabajo a espaldas de los trabajadores”, explicón Alcalde Justiniani.
En medio de este panorama, cabe destacar el impulso a la reforma laboral, la cual incluye modificaciones a la ley para transparentar la contratación colectiva; que aún no ha avanzado, pese a que se tuvo como plazo para su aplicación el pasado mes de febrero de 2018.
El secretario general de la CTM dijo sobre la reforma que “nos quieren enterrar”, ya que contempla cambios, como el voto secreto, y hay quienes opinan que la reforma pondría fin al corporativismo.
Mientras tanto, la expulsión a la CROC de la CSl, se da en momentos en que González Cuevas enfrenta una de las divisiones más graves que ha sufrido está organización desde su creación hace 66 años y es repudiado por más de dos millones de trabajadores de sindicatos estatales y nacionales, agrupados en el recién fundado Consejo Nacional Laboral que exige su renuncia al mando de la central obrera y lucha por la democratización y modernización sindical en el país.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1917142701668700&id=1100500533332925
¿En busca del paraíso laboral?
Ernesto Santillán
27 de septiembre de 2018
La lucha por garantizar los derechos laborales de los trabajadores en México y acabar con los abusos sindicales quedó de manifiesto con la ratificación del Convenio 98 de la OIT en el Senado que fue impulsado por Napoleón Gómez Urrutia y ante el cual varios de los actores involucrados se mostraron en desacuerdo, sin embargo, el verdadero reto no está en prometer cambios, sino en aplicarlos.
México tiene una deuda con sus trabajadores. Durante años las condiciones laborales en el país han sido más que desfavorables, privilegiando los intereses de empleadores, empresarios y líderes sindicales por encima de los obreros y sus derechos, situación que sexenio tras sexenio se promete cambiará y que al día de hoy no ha sucedido.
Intentos han habido varios, quizá el más claro fue la reforma Constitucional del 24 de febrero de 2017, donde se modificó el artículo 123 de la Carta Magna para sentar ahí las bases del derecho colectivo en el país y normar la libertad sindical, un compromiso pendiente de aplicar por la actual administración y ahora una responsabilidad por cumplir del gobierno electo
Por ese motivo y con la intención de atender una exigencia de la clase trabajadora que ha permanecido en el olvido por más de 50 años, en el Senado de la República, donde Morena junto con sus aliados gozan de la mayoría, se ratificó la semana pasada el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
La propuesta fue impulsada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y quien hoy también encabeza la comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta.
“Estamos haciendo un acto de justicia porque hay muchos intereses creados, con esto se acabarán los contratos de protección patronal y sindicatos blancos”, aseguró Gómez Urrutia durante su posicionamiento.
Este es el primer instrumento internacional que ratifica la 64 Legislatura en el Senado y el cual busca garantizar la libertad de asociación y la sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, dotar a los trabajadores de una adecuada protección contra todo acto de discriminación que pudiera menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo y eliminar prácticas como los votos a mano alzada para elegir a sus representantes para ser sustituidas por un método donde la elección de los mismos se haga de manera libre.
Además pretende que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de unos respecto de los otros; abre la posibilidad de que se cree más de un sindicato dentro de una misma empresa y prohíbe la afiliación obligatoria a centrales de trabajadores oficialistas; una de las prácticas del llamado corporativismo sindical que se acentuó durante los más de 70 años del PRI en el poder.
“Hoy por hoy los sindicatos en México no necesariamente hacen los trabajos más fuertes, contundentes y congruentes para tutelar a sus agremiados.
Todavía hace falta una condición de libertad sindical; que no se obligue, que no se presione, que no se chantajeé, que no hayan votaciones controladas, que no haya sindicalismo blanco, que no haya sindicalismo charro”, dijo el senador Emilio Álvarez Icaza en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Todos estos cambios que se quieren implementar parecieran solucionar, por lo menos en el papel, el problema laboral por el que atraviesa México, pero una cosa es planear y soñar y otra muy diferente llevarlas a la realidad.
A pesar de los elogios que diversos actores políticos, académicos y representantes de la sociedad civil lanzaron ante la ratificación del Convenio 98, no todos los involucrados en el tema mostraron el mismo optimismo.
Entre los principales inconformes se encuentran Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la bancada del Partido Acción Nacional, la cual incluso trató de reventar la sesión al abandonar el Senado durante la votación.
Tanto el CCE como la CTM publicaron a través de sus canales oficiales comunicados en donde dejaron de manifiesto que no estaban de acuerdo con la manera en la que se aprobó la ratificación del Convenio 98, asegurando que no se discutió lo suficiente el tema y que además se estaba violando otro de los acuerdos ya firmados con la OIT, que sería el 144.
Sin embargo, para la doctora Graciela Bensusán, el tema ya se ha discutido lo suficiente.
“El tema se ha hablado hasta que nos aburrimos de la discusión porque está todo claro. Se respondieron las quejas de la OIT, primero se le dijo que no existían los contratos de protección, después se reconoció que sí existían, luego que se iban a corregir; fuimos y vinimos años con el tema.
Ahora se vota con la mayoría como siempre se han votado las leyes y resulta que nos faltó discusión”, dice la investigadora de la UAM Xochimilco.
Esta postura también la comparte el senador Julio Menchaca.
“El tema de los sindicatos y el Convenio 98 de la OIT es un asunto que está esperando la ratificación prácticamente desde 1956, se firmó en 1949 y en el 2015 Enrique Peña Nieto lo volvió a mandar al Senado”
– Julio Menchaca
Senador de Morena por Hidalgo
Entonces de que se ha discutido se ha discutido por todas las organizaciones obreras, por lo tanto no pueden decir sus detractores que un tema que ha estado presente por más de 50 años no se ha discutido lo suficiente”.
En cuanto a la posibilidad de que esta ratificación desate un conflicto entre el gobierno electo y la clase empresarial, el senador por Hidalgo ve esto como algo lejano.
“Lo que pasa es que hay que diferenciar bien entre algunos líderes empresariales y los empresarios. Aquí el punto es que Juan Pablo Castañón no son los empresarios de México.
Quizá exista alguna situación de molestia por parte de algún sector pero eso no significa que estemos en un círculo de confrontación”, señala.
Ahora el reto será la implementación de lo firmado y acordado tanto en el Convenio 98 como de lo que establece el artículo 123 Constitucional, pues los alcances que tendría la correcta aplicación de estas normas trascienden el tema laboral, ya que rompen el estatus quo y modificarían la relación entre el Estado y los trabajadores, una realidad que de llegar a alcanzarse, también ayudaría a acabar con la desigualdad en el país, sacar a los trabajadores de la informalidad, reducir la corrupción y la violencia al igual que mejorar la relación con nuestro principal socio comercial: Estados Unidos.
CUMPLIR LOS COMPROMISOS
Con la ratificación del Convenio 98 de la OIT México concluye con la aprobación de los ocho compromisos fundamentales en materia de derechos laborales con los que cuenta la Organización Internacional del Trabajo y se suma a los 165 países de América Latina y el Caribe que también suscribieron el acuerdo que hoy causa tanta polémica en el país.
“Con esta decisión, México se unirá a los 165 países del mundo que han ratificado el Convenio 98 y toda la región de América Latina y el Caribe tendrá ratificado este Convenio” señaló en un comunicado la OIT, en el que también aclara que las normas internacionales del trabajo están orientadas a garantizar que el crecimiento económico y el desarrollo vayan de la mano de la creación de trabajo decente.
Todo esto, incluida la reforma Constitucional al artículo 123 de la Carta Magna que se realizó el año pasado, se vislumbra como un gran avance, sin embargo, una cosa es lo que se describe en el papel y otra muy distinta su aplicación en el actual contexto nacional.
Como bien se sabe, México cuenta con una de las Constituciones más robustas del mundo, sin embargo, esto nunca se ha traducido en la correcta aplicación o respeto de las leyes que de ésta emanan, un hecho que demuestra que de nada sirve tener las mejores normas si éstas no se pueden implementar
Por ese motivo, la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco y experta en temas laborales, Graciela Bensusán, cuestiona las capacidades con las que cuenta el Estado para poder cumplir tanto lo que la Constitución establece en materia laboral como los convenios internacionales a los que se ha sumado.
“Un grave problema que tenemos en México, no sólo en el ámbito laboral, es que cambiamos las leyes con cierta facilidad pero luego no podemos implementarlas”, comenta.
Ejemplos para sustentar esta aseveración hay muchos. Tal es el caso de la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual, al día de hoy, no se ha podido aplicar con éxito.
Algo similar ocurre con la prometida transformación de la Procuraduría General de la República a una Fiscalía independiente y autónoma.
Para evitar que estos fracasos se repitan en el ámbito laboral, Bensusán explica que lo primero que se tiene que hacer es crear la reglamentación de la reforma Constitucional al artículo 123 que todavía está pendiente y que depende del legislativo
Otra tarea que es imprescindible y que también duerme el sueño de los justos desde hace más de un año a pesar de que en la Carta Magna se estableció un periodo máximo para su creación de 365 días es la fundación de un nuevo organismo autónomo que sería el espacio donde se registrarían los sindicatos y donde se inscribirían los contratos colectivos de trabajo.
Aunado a todo esto la experta indica que para poder comenzar a ver un cambio real en el tema laboral también se necesita que los pocos sindicatos verdaderos que existen comiencen a aplicar esta nueva normativa, un Estado comprometido con capacidades estatales y recursos para hacer el nuevo órgano de registro de los contratos colectivos y los sindicatos, dinero para hacer la transición de las juntas de conciliación hacia el poder Judicial y la formación de cuadros y de jueces en materia laboral.
Además, Graciela Bensusán comenta que también vamos a requerir que los sindicatos y los trabajadores mismos encuentren algún incentivo para crear nuevos sindicatos o para legitimar los que ya existen a partir de la votación universal, secreta y directa de los trabajadores y a partir de negociaciones reales crear los contratos colectivos con los empleadores.
“Sin duda si esto no se conduce bien y no generamos una buena reglamentación y no tenemos procesos ágiles y transparentes para llevar a cabo todos estos cambios sindicales y de sus contratos pude haber problemas en las empresas que lleven a conflictos intersindicales, por eso hay que fijar las reglas del juego. El convenio no nos las da, éste simplemente establece una serie de principios que debemos de seguir”, asevera.
La investigadora también lanza un par de cuestionamientos que se deben tomar en cuenta.
El principal reto para mejorar las condiciones laborales en México es que las leyes y los convenios que se han creado y ratificado en este tema se apliquen y no se queden como letra muerta sobre el papel
“Necesitamos de reglas muy claras que nos digan cómo va a funcionar el órgano autónomo, cómo va a garantizar su autonomía, su independencia, sus recursos y cómo vamos a hacer para que el proceso de reorganización sea transparente, cómo hacer que los trabajadores voten, que los conflictos intersindicales no se vuelvan huelgas, y qué tienen que hacer todas las partes: el gobierno, los empleadores, los sindicatos existentes, y los trabajadores para que este proceso de transformación sea real y no genere daños a la economía, a los trabajadores o al país”.
NO HAY VUELTA ATRÁS
Romper con el estatus quo y cambiar la relación que existe entre el Estado y los trabajadores que al día de hoy ha provocado violaciones tanto a derechos humanos como laborales, ha fomentado la corrupción y ha incidido en la creciente desigualdad del país parecería ser un objetivo común de todos los mexicanos, sin embargo, esto no es así.
Empresarios, sindicatos e incluso algunos partidos políticos se han manifestado en contra de la manera como se ratificó el Convenio 98 de la OIT en el Senado. Una situación que algunos senadores y expertos en el tema consideraron como un intento de tratar de trabar la aprobación para que sus intereses personales no se vieran afectados.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Juan Pablo Castañón, manifestó a través de un comunicado su desacuerdo.
El argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT no tiene ningún peso, pues este tipo acuerdos no son vinculantes
“El Consejo Coordinador Empresarial expresa su desacuerdo con la decisión del Senado de presentar ante el Pleno, sin contar con un dictamen de comisiones y sin realizar las consultas pertinentes, la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Rechazamos que el Senado busque tomar determinaciones que afectan fundamentalmente a la relación entre trabajadores y empleadores en un trámite apresurado, violando así lo dispuesto en el Convenio 144 de la OIT…”
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en voz de su secretario general y también senador, Carlos Aceves del Olmo, igualmente mostró su inconformidad por las mismas cuestiones que el CCE.
“Sería deseable que esta Soberanía recapacitara sobre el atropellado proceso que se llevó a cabo y se pueda regresar la ratificación a las Comisiones Unidas a las que fue turnada para que se pueda cumplir con lo establecido en el Convenio 144 de la OIT y con la obligación de las Comisiones Legislativas Permanentes del Senado y se pueda dar una discusión sobre el Convenio 98 de la OIT, con todos los sectores involucrados en la materia”.
Diversos actores involucrados en la ratificación del Convenio 98 de la OIT se han quejado por la manera en que se dio la aprobación, sin embargo ninguno de sus argumentes cuenta con la fuerza legal para revertir lo ya votado
La bancada panista simplemente abandonó la sesión.
“Los empresarios que se han manifestado en contra de la ratificación del Convenio 98 es porque temen que al firmarlo ya no se puedan imponer al sindicato que firma el contrato colectivo, algo que es violatorio de los derechos humanos en todo el mundo.
ntonces lo que se está queriendo es cuestionar y decir que no se discutió suficientemente el tema cuando el asunto ha estado presente en el país desde 1949”
– Graciela Bensusán
Investigadora de la UAM Xochimilco
La investigadora de la UAM Xochimilco también asegura que algunos empresarios y empleadores están acostumbrados a imponer sus condiciones y lo que ellos temen es que tanto la ratificación del Convenio como la reglamentación y en su momento la reforma Constitucional los obligue a reconocer una interlocución sindical verdadera.
“Les preocupa que haya genuinamente la necesidad de negociar porque no saben ni quieren hacerlo, no tienen una cultura de negociación”, comenta.
Además explica que el argumento de que se violó el Convenio 144 de la OIT que todos los detractores están utilizando no tiene ningún peso, pues este tipo de acuerdos que emite la Organización Internacional del Trabajo no son vinculantes, es decir, no se tienen que cumplir de manera obligatoria por el país que lo firma.
Por su parte, el senador por Hidalgo Julio Menchaca, califica el abandono de la sesión por parte del PAN como una irresponsabilidad.
“Cuando uno asume su responsabilidad podrá no estar de acuerdo con algo y votar en contra, algo que han hecho en el transcurso del tiempo las minorías cuando el PRI o el PAN estaban en el poder.
Pero los panistas, que por un lado no quisieron verse poco solidarios con los trabajadores y por otro decidieron atender los intereses que los representan, en este caso el de los sectores empresariales a los que no les conviene esto porque hay contratos que ni siquiera conocen los trabajadores y que los perjudican, prefirieron usar como excusa la propuesta de reducir los tiempos para presentar propuestas para abandonar la sesión”.
Respecto a la crítica de que el Convenio 98 no se turnó a comisiones en la Cámara Baja, Menchaca dice que eso no implica ninguna violación a la Ley, por lo tanto no hay forma de echar para atrás lo que ya se aprobó.
“La reglamentación también te dice que si ya tiene primera lectura le puedes dar una segunda y la sometes a votación”.
POR UN NUEVO MODELO SINDICAL
La creación de los sindicatos es quizá uno de los avances más importantes en materia laboral que se ha creado, sin embargo, lo que en un principio se concibió como una manera de proteger a los trabajadores de los abusos de sus empleadores terminó por convertirse en todo lo contrario.
Ejemplos hay muchos, tal es el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana encabezado por el priista y exsenador Carlos Romero Deschamps, quien ha sido acusado por presuntamente enriquecerse de manera ilícita con los recursos del sindicato y de utilizar a sus agremiados como fichas de negociación para cumplir con sus intereses políticos y personales.
Tan es así, que hace una semana, senadores de Morena pidieron al SAT un informe sobre los bienes adquiridos por Romero Deschamps, sus familiares y prestanombres de 1993 a la fecha y a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda un reporte sobre presuntos manejos irregulares del líder petrolero
Deschamps es el claro ejemplo de lo que ningún líder sindical debe ser: un hombre millonario que lidera a puros trabajadores pobres.
Un caso similar se da con Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y quien ha estado al frente del gremio desde 1998.
Al también priista se le ha denunciado ante la PGR por fraude hipotecario a trabajadores.
Por personajes como éstos es que ahora se busca crear un nuevo modelo de sindicalismo en el país donde los trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales y exigir que se respeten.
“En este momento en México ya conocemos cómo se encuentra el mercado laboral, la situación que viven los sindicatos y las condiciones laborales de los trabajadores. Por lo tanto lo que este modelo nuevo tiene que crear son incentivos para que todos puedan defender sus intereses legítimos”, comenta Graciela Bensusán.
México requiere de una transformación radical en la forma como maneja sus sindicatos, pues la que prevalece actualmente lo único que fomenta son las violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores
Sin embargo en este cambio el papel de los trabajadores también es fundamental, pues éstos deben dejar atrás los vicios que de igual manera afectan a sus empleadores y que pocas veces reconocen.
Como ejemplo de un sindicato real en México la investigadora de la UAM pone a la empresa Volkswagen.
https://www.reporteindigo.com/reporte/en-busca-del-paraiso-laboral-senado-propuesta-morena-ratificacion-convenio-98-oit-derechos-trabajadores/
Justicia laboral en México. Inicio del fin al sindicalismo corporativo
Jesús Cantú (*)
Finalmente el pasado jueves se votó en el Senado la adhesión de México al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que había sido adoptado desde 1949 y que garantiza la libertad de asociación y la libertad sindical de los trabajadores, además de establecer la eliminación de todas formas de trabajo infantil, la discriminación en materia de empleo y ocupación y de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio.
México fue el último de los países de América Latina y el Caribe en ratificar el convenio, que previamente fue adoptado por 165 países del mundo.
Durante muchos años el convenio estuvo archivado en la Presidencia de la República porque la legislación laboral mexicana incluía desde 1931 la llamada cláusula de exclusión, que permitía a líderes sindicales y patrones separar a un trabajador que se negara a afiliarse al sindicato que detentaba el contrato colectivo de trabajo.
Dicha disposición se encontraba en el artículo 236 de la ley expedida en 1931 y se trasladó al artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo promulgada en 1970, con lo cual se mantuvo vigente hasta el 17 de abril de 2001, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dicha norma. Sin embargo, fue hasta el 2015 cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto envió el convenio para su ratificación al Senado, sin embargo, el dictamen nunca se había elevado al pleno del mismo.
Y fue hasta el 17 de febrero de 2017 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sienta las bases para un nuevo modelo de impartición de justicia laboral y de relaciones obrero-patronales. Otro paso para el desmantelamiento de esta protección se dio en el proyecto de Tratado de Libre Comercio que acordaron México y Estados Unidos hace algunas semanas, pues se incluyó un capítulo especial que garantiza, entre otros, estos mismos derechos laborales.
La cláusula de exclusión era la columna que soportaba al sindicalismo corporativo mexicano, sea aquel que tenía como principal soporte al gobierno federal, llamado el sindicalismo charro, con la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) como su más conspicuo representante, pero que se extendía a muchos otros sindicatos que respaldaron al PRI, otrora partido hegemónico.
Pero también era el sostén del llamado sindicalismo blanco, que respaldado por los distintos grupos empresariales mexicanos se convertía en el instrumento que les permitía mantener deprimidos los salarios e imponer sus condiciones a cambio de ciertas prebendas a los líderes sindicales.
La llamada cláusula de exclusión es la que abría la puerta a los llamados contratos de protección (todavía vigentes el día de hoy) mediante los cuales el patrón firmaba el contrato colectivo de trabajo con una central sindical a espaldas de los trabajadores, en muchos casos dicho documento se tenía desde antes de iniciar operaciones. Los líderes del sindicalismo charro y del blanco, por igual, se prestaban a dicha simulación a cambio de pingües ganancias económicas o posiciones políticas y demás prebendas.
Y, desde luego, esto les permitía a los empresarios mantener los bajos niveles salariales que ya han sido ampliamente tratados en este espacio en colaboraciones previas, además de limitar las prestaciones que les otorgaban. Entre otras, esta es una de las razones de la creciente desigualdad en México, pues es una de las razones de que los beneficios del crecimiento económico —de por sí bajo para un país emergente— se concentraran en los dueños de las empresas y no se derramara hacia empleados y trabajadores.
Había razones de peso (y de pesos) para que los gobiernos emanados del PRI y el PAN no ratificaran el citado convenio y mantuvieran vigente —en los hechos— la llamada cláusula de exclusión, incluso una vez que la Corte declaró su inconstitucionalidad y que ya se había promulgado una reforma constitucional que pretendía precisamente desarrollar un nuevo modelo sindical y de relaciones obrero-patronales.
Influencia
Seguramente por la influencia política que todavía mantienen los líderes sindicales y los empresarios, los senadores de la pasada legislatura habían eludido dictaminar el citado convenio y fue hasta el pasado martes, cuando el senador Napoleón Gómez Urrutia publicó en la Gaceta Parlamentaria una excitativa para que las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y Trabajo (que todavía no se han conformado y, mucho menos, instalado) emitieran un dictamen sobre el convenio que ya llevaba más de tres años en dicha Cámara, que el tema cobró relevancia en la opinión pública.
La Mesa Directiva de la Cámara Alta decidió convertir dicha excitativa en dictamen y lo elevó al pleno el pasado jueves 20 de septiembre para su inmediata discusión y aprobación. El dictamen fue avalado por legisladores de todos los partidos políticos representados en el Senado, excepto del PAN. Los legisladores blanquiazules hicieron suyas las preocupaciones de los empresarios, que pedían ser consultados previamente, pues temen que la adopción del mismo impulse la creación de cientos de sindicatos que afecten la productividad de sus empresas.
La adopción del Convenio 98 es un paso más en la dirección correcta, sin embargo, todavía falta emitir la legislación secundaria en el que se norme el nuevo modelo de impartición de justicia laboral y defina las nuevas reglas que regularán la vida de los sindicatos mexicanos. Y, una vez que eso se logre, la mesa estará servida para que gobierno, trabajadores y empresarios empiecen a construir una nueva era en el sindicalismo mexicano y las relaciones obrero-patronales, en beneficio de la clase trabajadora y de México.— Ciudad de México.
jecantue@gmail.com
Periodista
http://www.yucatan.com.mx/editorial/justicia-laboral-en-mexico
Inicio del fin al sindicalismo corporativo
Jesús Cantú
Domingo 23 de sep 2018
Finalmente el pasado jueves se votó en el Senado la adhesión de México al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que había sido adoptado desde 1949, y que garantiza la libertad de asociación y la libertad sindical de los trabajadores, además de establecer la eliminación de todas formas de trabajo infantil, la discriminación en materia de empleo y ocupación y de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio.
México fue el último de los países de América Latina y el Caribe en ratificar el convenio, que previamente fue adoptado por 165 países del mundo.
Durante muchos años el convenio estuvo archivado en la Presidencia de la República porque la legislación laboral mexicana incluía desde 1931 la llamada cláusula de exclusión, que permitía a líderes sindicales y patrones separar a un trabajador que se negara a afiliarse al sindicato que detentaba el contrato colectivo de trabajo.
Dicha disposición se encontraba en el artículo 236 de la ley expedida en 1931 y se trasladó al artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo promulgada en 1970, con lo cual se mantuvo vigente hasta el 17 de abril de 2001, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional dicha norma. Sin embargo, fue hasta el 2015, cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto envió el convenio para su ratificación al Senado, sin embargo, el dictamen nunca se había elevado al Pleno del mismo.
Y fue hasta el 17 de febrero del 2017 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sienta las bases para un nuevo modelo de impartición de justicia laboral y de relaciones obrero-patronales. Otro paso para el desmantelamiento de esta protección se dio en el proyecto de Tratado de Libre Comercio, que acordaron México y Estados Unidos hace algunas semanas, pues se incluyó un capítulo especial que garantiza, entre otros, estos mismos derechos laborales.
La cláusula de exclusión era la columna que soportaba al sindicalismo corporativo mexicano, sea aquel que tenía como principal soporte al gobierno federal, llamado el sindicalismo charro, con la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) como su más conspicuo representante; pero que se extendía a muchos otros sindicatos que respaldaron al Partido Revolucionario Institucional, otrora partido hegemónico.
Pero también era el sostén del llamado sindicalismo blanco, que respaldado por los distintos grupos empresariales mexicanos, se convertían en el instrumento que les permitía mantener deprimidos los salarios e imponer sus condiciones a cambio de ciertas prebendas a los líderes sindicales.
La llamada cláusula de exclusión es la que abría la puerta a los llamados contratos de protección (todavía vigentes el día de hoy), mediante los cuales el patrón firmaba el contrato colectivo de trabajo con una central sindical a espaldas de los trabajadores, en muchos casos dicho documento se tenía desde antes de iniciar operaciones. Los líderes del sindicalismo charro y del blanco, por igual, se prestaban a dicha simulación a cambio de pingües ganancias económicas o posiciones políticas y demás prebendas.
Y, desde luego, esto les permitía a los empresarios mantener los bajos niveles salariales, que ya han sido ampliamente tratados en este espacio en colaboraciones previas, además de limitar las prestaciones que les otorgaban. Entre otras, ésta es una de las razones de la creciente desigualdad en México, pues es una de las razones de que los beneficios del crecimiento económico -de por sí bajo para un país emergente- se concentraran en los dueños de las empresas y no se derramara hacia empleados y trabajadores.
Había razones de peso (y de pesos) para que los gobiernos emanados del PRI y el PAN no ratificaran el citado convenio y mantuvieran vigente -en los hechos- la llamada cláusula de exclusión, incluso una vez que la Corte declaró su inconstitucionalidad y que ya se había promulgado una reforma constitucional que pretendía precisamente desarrollar un nuevo modelo sindical y de relaciones obrero-patronales.
Seguramente por la influencia política que todavía mantienen los líderes sindicales y los empresarios, los senadores de la pasada legislatura habían eludido dictaminar el citado convenio y fue hasta el pasado martes, cuando el Senador Napoleón Gómez Urrutia publicó en la Gaceta Parlamentaria una excitativa para que las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y Trabajo (que todavía no se han conformado y, mucho menos, instalado) emitieran un dictamen sobre el convenio que ya llevaba más de tres años en dicha Cámara, que el tema cobró relevancia en la opinión pública.
La Mesa Directiva de la Cámara Alta decidió convertir dicha excitativa en dictamen y lo elevó al Pleno el pasado jueves 20 de septiembre para su inmediata discusión y aprobación. El dictamen fue avalado por legisladores de todos los partidos políticos representados en el Senado, excepto del PAN. Los legisladores blanquiazules hicieron suyas las preocupaciones de los empresarios, que pedían ser consultados previamente, pues temen que la adopción del mismo impulse la creación de cientos de sindicatos que afecten la productividad de sus empresas.
La adopción del Convenio 98 es un paso más en la dirección correcta, sin embargo, todavía falta emitir la legislación secundaria en el que se norme el nuevo modelo de impartición de justicia laboral y defina las nuevas reglas que regularán la vida de los sindicatos mexicanos. Y, una vez que eso se logre, la mesa estará servida para que gobierno, trabajadores y empresarios empiecen a construir una nueva era en el sindicalismo mexicano y las relaciones obrero-patronales, en beneficio de la clase trabajadora y de México.
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1501724.inicio-del-fin-al-sindicalismo-corporativo.html
El triunfo electoral irreversible, llega la hora del cambio
Posted by Óscar Alzaga
Date: julio 02, 2018
Todos los factores políticos se han sumando en los últimos siete meses, para llegar al triunfo de la democracia en México, la hora del pueblo o de la votación mayoritaria a favor de Andrés Manuel López Obrador, o de cambiar la política de gobierno de derecha –neoliberal-, por el Constitucionalismo Social, surgido en 1917 producto de la Revolución de 1910, materializado por el Cardenismo de 1934 a 1940.
La enorme ventaja de AMLO y Morena frente a sus contendientes en los siete meses nunca varió, salvo matices sin importancia; ante un PRI y PAN que les hicieron crisis sus direcciones, estructuras y deserciones en ese lapso; y confrontados como nunca: PRI vs. PAN, cuya alianza fue y es fundamental para un fraude electoral. La crisis de los partidos llega hasta los pequeños también, algunos a punto de desaparecer. Y queda muy desprestigiada la vía de los “independientes”.
Dos caras de la misma moneda subyacen en el triunfo: el enorme ánimo de muchos por AMLO y el hartazgo de otros del PRI y el PAN. Que juntos hacen la aplastante mayoría.
El fraude electoral ha estado al acecho en las elecciones, pero pierde fuerza conforme acaba el tiempo. Todavía en Toluca, Meade invocó “el triunfo” del PRI en el Estado de México de manera ladina, esperanzado en otro fraude para ganar. Como quedó claro para la opinión pública.
El fraude solo lo puede decidir Peña Nieto con el aparato del Estado, el apoyo de la oligarquía y el Ejército. Lo que de inmediato llevaría a una protesta social y nacional irrefrenable, peor aún a una masacre y brutal muerte de personas, para ahogar la democracia y la justicia. Solo un enfermo mental podría decidir el fraude. Que algunos oligarcas se desvivan por el fraude, solo habla de su degradación.
El miércoles 27 de junio, todas las encuestas eran favorables a AMLO, ni siquiera las de derecha daban esperanzas de ganar al PRI o al PAN. Y sobre todo el ánimo de la gente, ciudadanos o pueblo que es lo más importante en esta jornada histórica, iba en ascenso.
Diferencias entre el neoliberalismo y el Constitucionalismo Social
Al país lo rige el sistema capitalista en la etapa monopolista, cuando las trasnacionales dominan la economía y la sociedad, y lleva como lastre ser un capitalismo subdesarrollado y dependiente, impuestos por el imperialismo, antes europeo, hoy norteamericano.
El neoliberalismo es la política de gobierno de la extrema derecha del sistema, a favor de los grandes capitales o las trasnacionales, es la política de la derecha extrema.
O sea, las mismas leyes del país de otros tiempos, las maneja a favor del gran capital, y las modifica o reforma a favor de ellos, como fue la reforma energética, la educativa o la laboral. El neoliberalismo incluso acude a actos ilegales en tribunales y a fraudes electorales.
El Constitucionalismo Social es nuestro, surgió de la Revolución y del proyecto de nación plasmado en 1917. Es una política social en la que la participación activa de trabajadores de ciudades y campo, maestros, estudiantes, profesionistas y empleados, que son tomados en cuenta en las políticas de gobierno.
No es una política comunista o socialista, sino social y original de México; no es -ni ha sido- una política anti-patronal, sino social, justa.
El Constitucionalismo Social es para atacar la pobreza y la pobreza extrema. Así como los ilegales abusos patronales, solo exige que los patrones cumplan con la Ley y los derechos humanos y sociales. Ese es el cambio político y de gobierno al que nos referimos: que haya justicia para todos, no solo abusos para el gran capital nacional y extranjero.
Recientemente se denunció que el gobierno de Peña Nieto incumplió el compromiso que tenía con las Pymes, las empresas pequeñas y medianas del país en el 60%, para favorecer a las trasnacionales de los grandes oligarcas del país y extranjeros.
Parte esencial del neoliberalismo es la corrupción, no solo del gobierno, sino también de tribunales de justicia y de elecciones, al grado de que en 35 años parece una “costumbre” vivir con la ilegalidad, nos parece “normal” que hayamos vivido tres mega fraudes electorales en 1988, 2006 y 2012. Para los neoliberales es parte definitiva de su política de gobierno e imprescindible para ganar elecciones y dinero. Para nosotros no. No definitivamente, la corrupción y la ilegalidad van de la mano.
La política neoliberal es del enemigo principal del pueblo: la oligarquía y sus servidores o lacayos. Nuestra política es social y de justicia, no es populista, es popular porque es del pueblo. Aclaremos bien las cosas, lo popular es del pueblo, la injusticia y los fraudes son neoliberales.
Ellos, los neoliberales, establecieron los bajos salarios al extremo y los empleos precarios para que el gran capital tuviera ganancias extremas, llevaron en 35 años al sindicalismo charro a uno patronal, más dócil y adecuado a la nueva era: sindicatos y contratos colectivos de protección patronal. Salinas diseñó con el TLCAN los sindicatos “a la carta” y los contratos colectivos de trabajo, igualitos. Modificaron las Juntas de Conciliación y Arbitraje para servir al patrón y la corrupción. Pero aún en el “año de hidalgo”.
Los neoliberales anularon la soberanía popular, con sus gobiernos nos sometieron al Consenso de Washington: todo a favor del gran capital y las transnacionales. Con el Plan Mérida sometieron al país al narco y a los traficantes, porque Estados Unidos es el principal consumidor de drogas de América, principal financiero de la droga, y vendedor de armas a los narcos y al ejército del gobierno del país.
Ellos impusieron que no haya consultas populares o ciudadanas sobre los grandes problemas nacionales, para que las reformas estructurales pasen, “fast track”, sin consulta al pueblo para que no haya conciencia nacional e impusieron la mentira y la simulación como política nacional.
El cambio del nuevo gobierno consiste en que todos respeten las leyes en los diversos ámbitos de la realidad y las leyes. ¿Les parece poco una nación en la que se respeten y cumplan las leyes? ¿Un país que exija en todos los foros internacionales que respeten a los migrantes como seres humanos?
La gran diferencia radicará en la participación del pueblo, de las mujeres y los jóvenes, sobre todo de los trabajadores del campo y las ciudades. Porque los gobiernos del PRI y el PAN casi anularon esa presencia y ahora será distinto. ■
http://ljz.mx/2018/07/02/el-triunfo-electoral-irreversible-llega-la-hora-del-cambio/
Militarización y acumulación de capital
Por Rubén Martín
21 de Abril de 2018
Son días aciagos para la mayoría de los mexicanos. Como si de una vez se hubieran desnudado de sus verdaderas intenciones, los poderes públicos y los poderes fácticos que los sostienen, impulsaron un conjunto de legislaciones y decisiones que favorecen la explotación, atentan contra la libertad de expresión y se encaminan a una militarización de la sociedad y la represión de las disidencias políticas. Y todo mediante procesos legislativos antidemocráticos y bajo el manto de la impunidad a la corrupción.
14abr; aprobó la Ley de Seguridad Interior que legaliza la ilegal presencia militar en calles y faculta al Ejecutivo a crear estados de excepción de facto y reprimir la protesta social; se aprobaron cambios al Código Civil Federal diseñados para penalizar la libertad de expresión en los medios de distribución de información, incluido Internet y las redes sociales.
Cada una de estas leyes o decisiones afectan en menor o mayor medida a la mayoría de los mexicanos, y son legislaciones sobre asuntos esenciales para la vida diaria de la sociedad. La iniciativa de reforma laboral fue impulsada por dos senadores del PRI que provienen del sindicalismo charro y procuran satisfacer una de las exigencias centrales de los capitalistas: eliminar los controles para el uso flexible de la fuerza laboral. De aprobarse, se daría vía libre a la contratación por outsourcing, eliminando derechos laborales básicos de la fuerza de trabajo mexicana.
Las modificaciones a la fracción I del artículo 1916 del Código Civil Federal supuestamente para “la reparación del daño moral” por comunicar “un hecho cierto o falso”, está destinada a intentar someter la deliberación y la mordaz crítica a la clase política en las redes sociales.
De todas las leyes aprobadas, la Ley de Seguridad Interior es la más peligrosa, puesto que ha sido diseñada para un control militar y autoritario de la sociedad por parte de la minoría gobernante. No es una ley pensada solo para reprimir protestas contra un presunto fraude electoral. Basta recordar cómo los antiguos adversarios de 2006 (PAN y PRD) ahora son socios del negocio electoral.
La ley de Seguridad Interior legalizaría el uso de la fuerza contra protestas sociales (entre ellas electorales), pero está más bien diseñada para asegurar, mediante la violencia y represión, el siguiente ciclo de negocios que son producto de las reformas estructurales: los negocios de la explotación energética (petróleo, gas, eólicas, hidroeléctricas), mineros, de privatización del agua, costas, bosques y espacios urbanos para la especulación inmobiliaria. Las herramientas represivas y de control territorial que la Ley de Seguridad Interior conceden al ejecutivo en turno, son el complemento perfecto de la reforma energética, de las Zonas Económicas Especiales y de los cambios de uso de suelo que están permitiendo entregar las ciudades al capital inmobiliario.
De modo que estas aciagas legislaciones aprobadas por los poderes públicos mexicanos nos recuerdan el verdadero carácter de esta guerra que existe en México: los ciclos de acumulación de capital se acompañan, regularmente, de dosis mayores de violencia.