NOTIMEX 15.05.2018
El outsourcing es un sector vulnerable que debe ser regulado, «blindarlo con acciones de inspección más severas e incluso el adecuado salario real», consideró Héctor Márquez Pitol, director Comercial y de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.
Mencionó que existen empresas que abusan de este esquema de gestión porque hay vacíos legales respecto a cómo dar seguimiento al incumplimiento de obligación con los empleados, debido a algunos vacíos legales.
“Hay empleadores que se vuelven vulnerables cuando no toman en consideración los requisitos necesarios para subcontratar personal, actividad que otorga competitividad a la empresa, porque se comparte la gestión del personal con especialistas en capital humano”, explicó.
Pero si no se ajusta a los criterios legales de subcontratación, indicó el directivo de Manpower, la empresa incurre en prácticas que merman su productividad y rentabilidad debido a la multa que puede ser impuesta ante esquemas irregulares de contratación.
De ahí, expuso, el llamado a que las empresas que contemplan incluir los servicios de tercerización en su organización, verifiquen el cumplimiento de cada uno de los requisitos que impone la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 15 “A”.
“La subcontratación no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo; deberá justificarse por su carácter especializado; no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante», mencionó.
Márquez Pitol dijo que pese a la reforma laboral de 2012, donde se reguló la tercerización, la simulación de algunas empresas continúa lo que ha llevado incluso a que empleadores sean multados hasta con 800 millones de pesos porque no se hizo el pago de impuesto correspondiente y «el principal evasor fue una outsourcing».
Refirió que las malas prácticas en el uso de la tercerización podrían afectar a las empresas, con multas de hasta cinco mil salarios mínimos, si antes no verifican el tipo de servicio que contratan, además de que el pago del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, las cuotas al IMSS y al INFONAVIT son fundamentales.
Entre los esquemas de evasión más comunes, por parte de las empresas que incumplen las prácticas de outsourcing, destacan las cooperativas, sindicatos, y declarar ante la autoridad menor percepción salarial.
Etiqueta: subcontratación
Reforma a Ley Federal del Trabajo en México pondría en peligro el TLCAN: demócratas
Más de 90 legisladores de EU aseguran, en una carta enviada a Robert Lighthizer, que si este cambio a la legislación pasa , sería un obstáculo devastador en las renegociaciones.
DANIEL BLANCO @ElFinanciero_Mx19/04/2018Actualización 19/04/2018 – 15:41
Guajardo destacó los avances en los aspectos técnicos y estimó que en esta ronda se podrían cerrar los capítulos de telecomunicaciones y energía.Fuente: Reuters
Más de 90 legisladores demócratas enviaron una carta a Robert Lighthizer, representante comercial de EU y cabeza negociadora de las mesas del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en la que aseguran que, de pasarse una iniciativa para hacer cambios en la Ley Federal del Trabajo en México que abriría las puertas a la subcontratación, se podría comprometer los esfuerzos para modernizar el TLCAN.
“Le urgimos (Lighthizer) a comprometerse con sus contrapartes en México y dejar en claro que aprobar esa ley tendría ramificaciones serias e impacto negativo en el esfuerzo de la renegociación del TLCAN… Si este cambio a la legislación pasa y se convierte en una ley, sería un obstáculo potencialmente devastador para el éxito de las renegociaciones del TLCAN”, escriben los legisladores en la misiva.
La propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada el 7 de diciembre por los senadores priistas Isaías González, integrante de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y por Tereso Medina, miembro de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, significaría obstáculos al derecho de huelga y menores prestaciones laborales, ya que los trabajadores que son contratados por outsourcing no cuentan con acceso a IMSS, seguro de desempleo, en entre otras cosas.
Las enmiendas que buscarían cambiar la Ley Federal del Trabajo se presentaron el 22 de marzo del presente año en el Senado nacional.
“Este es el segundo intento de introducir implementaciones legislativas que empujen el proceso de reforma del 2017. Ambas propuestas fueron introducidas por dos miembros del PRI, quienes también lideran los dos sindicatos proteccionistas más grandes del país. La propuesta, introducida en diciembre del 2017, impulsó a sindicatos en EU y México a presentar una queja bajo el acuerdo laboral paralelo del TLCAN original”, detallan los legisladores de EU.
De acuerdo con los funcionarios estadounidenses, esta modificación a la ley permitiría que “la red corrupta de sindicatos proteccionistas” mantuvieran el control de las relaciones laborales en México.
“La propuesta socava el requisito constitucional para que los trabajadores aprueben los convenios colectivos por votación secreta, debilita disposiciones de transparencias establecidas que garantizan que los trabajadores puedan acceder a información de las organizaciones que los representan e impone requisitos onerosos para que los sindicatos independientes ganen reconocimiento”, escriben los funcionarios de EU.
Para la secretaria del Trabajo y Fomento del Empleo de la Ciudad de México, Amalia García, mencionó que la propuesta laboral es contraria a la reforma constitucional al no garantizar la defensa de los derechos de los trabajadores.
Asimismo el senador Luis Humberto Fernández, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de aprobarse los cambios en materia laboral, las huelgas desaparecerían completamente porque no habría forma de cumplir los requisitos que plantea la iniciativa lanzada por los priistas.
En el marco del foro “Reforma Laboral para todos. Última llamada”, el funcionario aseguró que la propuesta de dictamen no fue elaborada por los senadores, sino por un despacho ajeno a la cámara, y agregó que la iniciativa circuló antes del receso de actividades que tuvieron él y sus similares hace algunas semanas.
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-a-ley-federal-del-trabajo-en-mexico-pondria-en-peligro-el-tlcan-democratas
La oposición alerta: el PRI querrá imponer en estos días la Ley que elimina los derechos laborales
FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM
Por Daniela Barragán
Sin Embargo 17 de abril de 2018
Fueron dos los senadores que presentaron un documento para reformar las Leyes Secundarias de la Ley Federal del Trabajo. Ambos son del PRI y ambos tienen como origen organizaciones que son también tricolores desde hace décadas: la CTM y la CROC.
Faltan dos semanas para que terminen las actividades de la actual legislatura y las alertas están encendidas ya que, conforme el tiempo se agota, se abre la posibilidad de que se apruebe esa Ley sin tomar en cuenta todas las opiniones y con la intención de ponerle fin al derecho laboral en México, alertan senadoreCiudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- En las siguientes dos semanas, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) podrían aprobar, sin discusión ni consenso, los cambios a las leyes secundarias de la Ley Federal del Trabajo que hacen aún más flexible la subcontratación y ponen más trabas a las huelgas y a la contratación colectiva, alertaron senadores de la oposición.
Se trata de cambios al Artículo 15 A de la actual Ley y es, por completo, una iniciativa completamente priista.
El pasado 7 de diciembre, los senadores priistas, Tereso Medina Ramírez, quien es miembro de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) desde 1980 y quien ha ocupado varios puestos dentro de esa organización, e Isaías González Cuevas, integrante y ex funcionario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y quien sólo tiene estudios de secundaria, presentaron al Senado de la República la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Ahí proponen quitarle todos los candados a la subcontratación; es decir, le abre la puerta de par en par al outsourcing o subcontratación, con el mínimo de prestación laboral.
De aprobarse tal cual fue presentada, dejaría como única obligación de una empresa con sus trabajadores el registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y darle una constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
La iniciativa se presentó cuando en el Senado de la República la atención estaba puesta en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y forman parte de las leyes secundarias que están contempladas en la materia y que debían emitirse antes de febrero de 2018.
Desde que se hizo pública esa iniciativa, académicos y expertos señalaron que el documento puede tener consecuencias en términos de desigualdad y bienestar en los mexicanos, ya que si el Gobierno federal busca avanzar hacia la flexibilización laboral, debería proponer a la par políticas para dar a los trabajadores contratados por outsourcing, acceso a la salud, una pensión, seguro de desempleo, indemnización, etcétera. O sea, todas las prestaciones.
Además, en el terreno de las cifras y la experiencia, resulta evidente que esta política laboral no ha dado los frutos esperados en bienestar ni en generación de empleos de calidad.
El día de ayer, el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México falló a favor de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, en un amparo promovido en contra de esas leyes secundarias.
El amparo fue contra ambas cámaras y contra el Presidente de México.
En entrevista con SinEmbargo, el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, representante del bloque conformado por el Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó que el problema es que la iniciativa del PRI, de aprobarse tal y como está el dictamen, representará “la extinción del derecho laboral en México”.
Esto porque no sólo revierte todos los avances del Artículo 123, sino que además constituye una contrarreforma por la cantidad de requisitos que tiene para el derecho a huelga o para la contratación colectiva, “la hace tan difícil que terminará siendo imposible”.
“Es un dictamen tan peligroso como desafortunado. El dictamen está tan mal hecho, es tan atroz, que significa un deterioro tan grande de los derechos humanos de los trabajadores que muchísimas organizaciones de trabajadores en Canadá, Europa y Centro y Sudamérica, ya han externado su preocupación de que de aprobarse esta ley sería violatorio a los derechos humanos de los trabajadores mexicanos. Esta Ley, en los términos que está el dictamen que se mandó, no significa más que mayor desgracia para los trabajadores mexicanos”, comentó Fernández Fuentes.
EL FIN DEL DERECHO LABORAL
Entre las organizaciones que han criticado el dictamen del PRI están Global Junior, la United Electrical Radio and Machine Workers of America, International Association of Machines and Eerospace Workers, International Brotherhood of Teamsters y la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas.
Una de las razones de las críticas es que la Ley dejaría como única obligación de una empresa con sus trabajadores, registrarlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y darle constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Al respecto, Rodolfo Rubén Islas Ramos, secretario técnico de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que aprobar las leyes secundarias es más una decisión de carácter político y que pasa por encima de una discusión de fondo del problema.
Islas Ramos se centró en lo que concierne a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
“Hay una reforma vigente en materia constitucional del Artículo 123 que modificó de lleno nuestro sistema laboral. Veníamos de un sistema laboral con Juntas de Conciliación y Arbitraje integradas por una parte patronal, una de trabajadores y otra del gobierno. Ese es un sistema que ya no es vigente en ninguna otra parte del mundo y que nosotros mantenemos por dos razones: una, el poder corporativo que el Gobierno, el PRI, ejerce sobre sus sindicatos –CTM, CROC, CROM– y por otro, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que eso le garantiza el control de las negociaciones políticas”, expuso el legislador Islas.
Desde su perspectiva, hay un interés de parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto de saltarse la discusión de fondo de la legislación de reglamentaria de esta reforma constitucional por compromisos que tiene, particularmente con el CCE.
“Quien está más interesado en que la reforma se apruebe tal y como la propusieron estos dos senadores del PRI, es el Consejo Coordinador Empresarial. Son ellos los que no han querido entrar al debate o a la discusión o a la comprensión de la iniciativa que presentó el PRI. Han venido planteando que la representación tripartita en los órganos de conciliación, particularmente en el Instituto de Conciliación que ordena la Constitución debe seguir siendo tripartita, cuando la Constitución anuló cualquier forma de representación tripartita. Ese organismo debe ser público descentralizado, con una representación de profesionales en materia laboral que garanticen la independencia del Instituto, tanto frente a los Sindicatos como a los organismos empresariales”, explicó.
QUINCE DÍAS DE ALERTA
A 15 días de que que termine la Legislatura las alertas están encendidas, ya que en el Senado, al igual que en el Cámara de Diputados, hay mayoría priista.
De acuerdo con el Senador Fernández Fuentes, se debe destacar que la oposición ya ganó el debate realizado en varios foros al respecto y en todos los casos los académicos, los líderes sindicales, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, coincidieron en oponerse a la Ley.
Agregó que hasta la fecha no hay nadie que hable a favor, ni los verdaderos autores que, dijo, son de un despacho empresarial de Nuevo León.
“Esta Ley está tan mal hecha que hasta los que lo hicieron les da vergüenza salir a defenderla y sobre eso no podemos trabajar. Pero el PRI y sus secuaces, con mayoría, sabemos cómo se la avientan. Ya ni siquiera le entran a debatir porque saben que eso lo tienen perdido, que no les asiste la razón. Sólo tienen el cinismo para ir a votar”, comentó.
Para el Secretario Técnico del PRD, hay una señal de alerta porque hace dos semanas se presentó un proyecto de dictamen sin que la Comisión de Trabajo y Previsión Social se haya reunido.
“En ese proyecto de dictamen ya se establecía aprobar la Reforma tal y como la presentó el PRI, lo cual es absolutamente grave. Primero porque se soslayó la propuesta que presentó el PRD y que avala la propuesta de la Organización Nacional de Trabajadores (UNT) y porque la propuesta que ellos tienen es una posición que deja parcial la reglamentación de la Reforma Laboral porque ellos no atienden la reforma en términos del Poder Judicial de la Federación […] El PRI puede intentar aprobar la ley en estas dos semanas que quedan, las de conclusión del periodo”, agregó.
Aunado a lo anterior, destaca lo ya denunciado por el Senador del Partido del Trabajo respecto que se creó una mayoría artificial en la Comisión del Trabajo, que tenía cinco miembros y ahora tiene nueve, con un 70 por ciento de senadores del Partido Revolucionario Institucional.
“Se debe realizar un dictamen que respete lo que dice la Constitución. No es conveniente que se apruebe esta Ley y haya una movilización tan amplia de quien esté en contra”, concluyó.
Finalmente, para Islas, la propuesta más racional es que no se apruebe nada y esperar a entrar a la discusión de fondo de la Reforma a la reglamentación laboral, poniendo en la balanza ambas propuestas y abriendo a la discusión pública. Lo cual implicaría llegar a un proceso en el que tendríamos una reglamentación mucho más acabada y con mucho consenso.
El documento de 286 páginas, presentado por Tereso Medina Ramírez, quien es miembro de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) desde 1980 y quien ha ocupado varios puestos dentro de esa organización, e Isaías González Cuevas, integrante y ex funcionario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), es una Ley que impactaría a más de 40 millones de trabajadores y a sus derechos laborales.
http://www.sinembargo.mx/17-04-2018/3408410
Por elecciones, se complica en el Senado la votación de la reforma laboral que pide Guajardo
LPO. El secretario de Economía reclama esta norma antes de votar el aval al TPP.
La semana terminará, una vez más, sin que se haya cumplido el objetivo de Ildefonso Guajardo, que es votar la reforma laboral dentro del periodo extraordinario. El secretario de Economía le pidió a los senadores esta norma como paso previo a la revalidación del TPP que debería votarse antes de fin de mes.
La estrategia para la aprobación la lleva el senador (y sindicalista) de Coahuila por el PRI, Tereso Medina. El problema es que la nueva norma tiene objeciones en Morena, en el PAN y en el propio PRI. El temor de todas las fuerzas es que avalar este nuevo marco legal luego implique un costo electoral.
Ante este escenario el senador de Coahuila ha recordado esta semana que ya fueron eliminas las normas que permiten con mayor facilidad la subcontratación pero esto no sería suficiente.
La reforma establece menores costos laborales para los empleadores que requieran despedir personal, al tiempo que limita las medidas de reclamo que puede realizar el sector sindical. En paralelo le da un enorme poder a las juntas de arbitraje, donde habitualmente los sindicatos llevan las de perder.
En el Senado se menciona que senadores del PRI y del PAN pretenden agregar modificaciones al dictamen oficia. El senador panista Héctor Larios, aliado de Guajardo en la Cámara Alta, había comunicado a Economía que el tratamiento de la reforma sería veloz, algo que ahora parece lejos de suceder.
http://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/110859/
Fraude vía,“outsourcing”
La Prensa
martes 10 de abril de 2018
Arturo R. Pansza
El compromiso de ventilar en el actual periodo ordinario de sesiones, para su probable aprobación, la iniciativa de hacer una definición más amplia sobre el régimen de subcontratación y, con ello, evitar la afectación e incertidumbre de los legítimos intereses de los empleados, sigue vigente en la Cámara de Diputados.
Aún y cuando concluye el último periodo de la actual LXIII Legislatura el 30 de abril, hay voluntad de estudiar la propuesta que en esa materia hizo el representante popular perredista Julio Saldaña Morán.
Se trata de la incorporación a la Ley Federal del Trabajo, de una figura que revoluciona el ámbito mundial de la que algunos equivocadamente denominan tercerización: la Administración Integral del Capital Humano, a lo que representantes de diversas bancadas en San Lázaro estuvieron de acuerdo.
Va encaminada a acreditar la calidad de patrón del contratista, involucrándolo en el cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley de forma tácita o explícita.
Así, se confirmaría que quien se asume como patrón, realmente lo sea, cumpla con esa figura de manera cabal.
Recientemente se realizó en el recinto deliberativo de San Lázaro el foro Fomentar el Trabajo Digno y Suficiente: subcontratación integral del capital humano, impulsado por el propio Julio Saldaña, quien funge como secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
En ese ejercicio de exposición de ideas el ahora diputado panista con licencia Juan Corral Mier, se congratuló por la iniciativa que busca establecer esquemas que permita a los empleados obtener un salario digno y unas prestaciones decentes.
Asimismo el militante del PAN que fungió como secretario de la Comisión de Trabajo, aseguró que dentro de la misma se trabajará para que la iniciativa, que calificó de noble, avance rápidamente y logre debatirse y, en su caso, aprobarse antes de que concluya el actual periodo de sesione del Congreso de la Unión, el 30 de abril.
Sostuvo en ese foro que se realizó en un auditorio del recinto deliberativo de San Lázaro, que el salario mínimo tendría que eliminarse, para plantear una medida distinta que fomente un ingreso digno para todos los que tienen una actividad lícita en el país, en tanto que Saldaña Morán informó que, de acuerdo con un estudio profundo de la reforma laboral aprobada en 2012, se detectó la necesidad de definir de una forma mucho más certera y amplia al citado régimen de subcontratación laboral, para evitar confusiones y cerrar espacios para la simulación y defraudación fiscal.
A su vez Saldaña Morán dejó en claro que la reforma que sugiere no pretende adicionar obligaciones al contratista, pero sí establecer que como patrón debe cumplir las obligaciones que la ley estipula, lo cual ocurre cuando participa en procesos de Administración Integral del Capital Humano.
El militante del Partido de la Revolución Democrática argumentó que actualmente existen 4.9 millones de trabajadores que están integrados a la subcontratación y que sólo el 3.8 tiene bondades como mejores prestaciones y capacitación, entre otras.
Mientras tanto, el presidente del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal y Tributario AC, Agustín Celorio Vela, refirió que se tienen 400 empresas identificadas a nivel nacional que aparentemente se dedican a la subcontratación u outsourcing; sin embargo, “simplemente son cuevas defraudadoras que no pagan retención de ISR, lo cual daña y perjudica a la clase trabajadora nacional”.
Por ello estimó fundamental que la legislación sancione con pena privativa de libertad, igual o similar a la que existe para la defraudación fiscal, al patrón que utilice el régimen de subcontratación de forma dolosa, es decir, transfiera de manera deliberada a sus trabajadores al modelo de outsourcing.
En su turno, el presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, externó que las empresas de administración de capital humano son mal vistas, porque no existe certeza de que operan adecuadamente, al tiempo que dijo que ese modelo genera mayores índices de utilidad, porque logra mejores condiciones de trabajo en equipamiento de alto nivel, es vanguardista, da seguridad y mayores salarios.
Aludió que las reformas que se contemplan en la materia permitirán que las empresas subcontratistas cumplan con todas las obligaciones fiscales, laborales y sociales; evitarán que se creen empresas fantasmas que afectan a la sociedad y gobierno.
“Hoy día muchas empresas se crean para nacer y morir de forma inmediata, por lo que la modificación legislativa es primordial, a fin de exista una situación jurídica más estable y saber cuántas hay”, declaró.
Por su parte, el socio director de GINgroup Centro, Raúl Navarrete Pizaña, expuso que la regulación de las empresas de outsourcing “no sólo dará certeza jurídica a los contratistas, sino a los contratantes”.
El presidente del Grupo ORFE AC, Carlos Orozco Felgueres-Loya, quien puntualizó que el outsourcing es necesario para el mundo; por ello, se requiere regularlo para evitar malversación de los recursos.
La Administración Integral del Capital Humano implica participar en procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción y gestión de diversas necesidades del trabajador cuando en ese carácter presta un servicio personal subordinado.
El fin es que alguien responda por el trabajador en una relación laboral de facto, y ese mismo sujeto debe satisfacer obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social por las que el fisco espera contribuciones al gasto público y social.
Durante su intervención, el director general de CADEM Consultores, Jaime A. Flores Sandoval, expuso que el eje toral de la iniciativa es establecer quién es el patrón en la relación de la subcontratación.
Propuso generar una ley general para normar esta práctica, donde se premie a quien cumpla sus obligaciones, ya que esto impulsará el empleo y los salarios podrían mejorar.
Fue el coordinador del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, quien aclaró que la subcontratación ha convertido al trabajo en una mercancía, como abarata la mano de obra y vulnera los derechos fundamentales, como el principio constitucional y legal de igualdad de salario.
A su parecer, la subcontratación ha propiciado la elusión de responsabilidades como el reparto de utilidades; generar antigüedad, que conlleva prestaciones y beneficios elementales como vacaciones, pensiones, indemnizaciones, liquidación; facilita el despido y rompe la unidad del contrato colectivo.
Explicó que el trabajo informal, por cuenta propia, eventual, la alta rotación en los puestos, la ausencia de una contratación colectiva, la falta de prestaciones y el pago por debajo de la línea mínima de bienestar, de ser modalidades atípicas se han convertido en formas predominantes.
Detalló que lo atípico ahora es el empleo estable y bien remunerado, conforme a la definición de trabajo digno o decente que contempla nuestra Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el Derecho Internacional.
Hizo alusión que, en 2012, la reforma a la Ley Federal del Trabajo atendió este tema y se reconoció a la subcontratación como una modalidad del trabajo que debe regularse, imponiéndole condiciones, así como sanciones a los patrones que utilicen este régimen en forma dolosa.
Aseguró que el propio gobierno federal reconoce que no se han instrumentado políticas públicas y que se necesita mayor inspección en las empresas de subcontratación, para evitar se eluda el pago de impuestos y las obligaciones laborales.
Fue el diputado perredista Jesús Zambrano Grijalva, quien mencionó que con la Reforma Laboral de 2012 no sólo se ha tenido una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, sino una pérdida de sus derechos contractuales, de todo lo que tiene que ver con las prestaciones, la seguridad social y otros rubros.
Apoyó la iniciativa presentada por Julio Saldaña para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el fin de cambiar este panorama, en lo referente a la administración integral del capital humano, dentro del que se debe poner en el centro a la persona.
“Se entiende que el empresario pretende conseguir mayor ganancia en el menor tiempo posible; es decir, elevando la capacidad productiva de los trabajadores, pero esto no debe ocurrir viendo al trabajador como una mercancía más, sino como una parte fundamental de la actividad productiva”, dejó asentado Zambrano.
Precisó que México bajó varios puntos en sus niveles de competitividad internacional, a pesar de generar más empleos, lo cual se debe a que los trabajadores no poseen una mejor calidad de vida, y disminuyen sus derechos y prestaciones.
El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, el perredista Arturo Santana Alfaro, externó que buscar mejores derechos para los trabajadores es fundamental, por lo que desde su trinchera trabajará para impulsar que la iniciativa sea aprobada por el pleno en el actual periodo de sesiones.
Agustín Celorio Vela reconoció que los legisladores deben impulsar, sino un salario de altura como Estados Unidos y Canadá, al menos una previsión social que les permita una mejor calidad de vida y que el Estado no sea víctima de defraudación fiscal, porque ello afecta las finanzas públicas.
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/299691-carpeta-de-investigacion-fraude-via-outsourcing
Veracruz: Privatizar el agua, beneficiar a mineras a costa de la biodiversidad y facilitar el despido, entre las reformas que impulsa el Congreso en campañas
FOTO: FÉLIX MÃRQUEZ /CUARTOSCURO.COM
Utilizar los recursos hídricos y las áreas naturales del país para impulsar la explotación de hidrocarburos mediante el fracking, es una de las mayores preocupaciones de organizaciones civiles que han dado seguimiento a las iniciativas. Esto, sin contar con la manera en que el gobierno busca poner fin al derecho a huelga.
Veracruz: La reforma laboral que acaba con los derechos de los trabajadores
Por Manuel Hernández Borbolla
VERACRUZ, VERACRUZ, 02DICIEMBRE2014.- Trabajadores de la fábrica de tubos Tenaris-Tamsa intentan la noche de este martes, establecer una huelga por diversos problemas sindicales y el incumplimiento de pliego petitorio, sin embargo, elementos de la PolicÃa Estatal y Naval han impedido que tomen las instalaciones.
Otro de los temas que ha levantado polémica es la aprobación de la continuación de la reforma laboral impulsada por Peña y Calderón, en la cual, se dan más facilidades para que los patrones realicen despidos a través de la subcontratación (outsourcing) y también pone diversas trabas para que los sindicatos puedan ejercer el derecho de huelga.
La reforma laboral impulsada por el PRI en el Senado -a través de los legisladores Isaías González Cuevas (CROC) y Tereso Medina (CTM)- ha sido cuestionada por expertos en materia laboral, debido a que vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, como la libertad sindical y el derecho a huelga, debido en buena parte, a que los Centros de Conciliación señalados en las leyes secundarias, establecen patrones y sindicatos corporativos, lo cual permitirá al gobierno controlar qué gremios podrán emplazar o no a huelga.
«El derecho de huelga por su naturaleza no es negociable. Se firma el contrato colectivo o se estalla la huelga, por lo tanto, darle a los Centros de Conciliación atribuciones para conciliar el conflicto es poner en manos de la autoridad la posibilidad de que impida el ejercicio del derecho de huelga», apuntó Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y fundador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral.
Esto coincide con una tendencia en que los derechos de asociación de los trabajadores se han erosionado para evitar que defiendan sus derechos laborales, frente a los abusos de las empresas, según señala un informe de la Organización de Naciones Unidas.
«El gobierno priísta optó por hacer nula la reforma constitucional de un año atrás, en contraposición de todas las voces que advirtieron sobre los graves riesgos que se tendrían no sólo para el país, sino también para su candidato presidencial José Antonio Meade, quien seguramente forma parte de este brutal golpe a las y los trabajadores mexicanos», escribió el académico especialista en temas laborales, Arturo Alcalde Justiniani.
Según el experto, entre los principales peligros que encierra la reforma laboral impulsada por el PRI son:
1) Disuelve los derechos laborales fundamentales al liberar la subcontratación (outsourcing) y permitir que la responsabilidad de los patrones pueda ser trasladada libremente a un tercero (contratista) con la intención de abaratar el costo de la mano de obra.
2) Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, de comunicarlo por escrito al trabajador, señalando sus motivos.
3) Reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte e incapacidad.
4) Obstaculiza el derecho de libertad sindical y negociación colectiva violando el texto constitucional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), imponiendo una serie de obstáculos jurídicos y prácticos imposibles de cumplir para un sindicato autónomo, fuera del control empresarial.
5) Impide el ejercicio del derecho de huelga al imponer requisitos que no podrá cumplir un sindicato auténtico.
En este sentido, la Barra Mexicana de Abogados presentó un amparo contra la discusión, aprobación y eventual publicación de las leyes secundarias de la reforma laboral por parte del Congreso de la Unión, debido a que, legalmente, dicha reforma debía haber sido publicada a más tardar el 24 de febrero de 2018.
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/03/privatizar-el-agua-beneficiar-a-mineras-a-costa-de-la-biodiversidad-y-facilitar-el-despido-las-reformas-que-impulsa-el-congreso-en-campanas_a_23400978/
La reforma laboral pendiente
Publicado el 21 de marzo de 2018
Alma Elena Rueda Rodríguez
Doctora en Formación de la Persona y Mercado del Trabajo por la Universidad de Bérgamo (Italia), y miembro activo de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo,
a.elenarueda@gmail.com
El 25 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta enmienda, que probablemente sea la más relevante en materia laboral desde la promulgación de la Constitución de 1917, trata sobre temas muy importantes como: negociación colectiva, organización sindical, libertad y democracia sindical, derecho de huelga y reforma de forma integral al sistema de justicia laboral. De esta forma, nos encontrábamos ante un hecho sin precedentes y sobre todo ante una gran oportunidad que abría las puertas para cambiar un modelo de justicia laboral que se exigía desde hace años.
El artículo transitorio segundo de la reforma, estableció que el 25 de febrero de 2018 sería el término máximo en que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, tendrían que realizar las adecuaciones legislativas que correspondieran para dar cumplimiento al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plazo que notoriamente fue incumplido, puesto que al día de hoy las legislaturas federal y las estatales han sido omisas en aprobar las normas instrumentales de la reforma.
Aunque son muchos los factores por los cuales, la iniciativa 1 que presentaron los senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Tereso Medina e Isaías González (dirigentes de la CTM y la CROC), no ha sido aprobada, podemos enlistar algunas de las razones más importantes.
Destaca, en primer lugar, que la iniciativa propuesta por los senadores antes indicados, no fue aprobada en las comisiones legislativas respectivas, presumiblemente por la falta de consensos políticos y la falta de interés por parte de los grupos parlamentarios sobre este tema tan trascendente, quienes han dado prioridad a los procesos electorales estatales y de la Federación; por otra parte, el presidente de la República fue omiso en remitir al Senado la terna para elegir al titular del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, y finalmente, quizá las más importantes, son los duros y ciertos cuestionamientos técnicos que se están realizando al fondo de la iniciativa por parte de los distintos sectores, el sindical, el patronal y el académico.
Dichos cuestionamientos y críticas fundadas, pudieron ser evitadas, de haberse trabajado en un proyecto de legislación redactado con la colaboración técnica de especialistas en materia laboral, la organización de foros, estudios y consultas técnicas con expertos en la materia, y con la participación de los sectores obreros y patronales.
El plazo para la aprobación de las normas en materia laboral ha fenecido, y es hasta ahora que algunos grupos parlamentarios se han enfocado en sacar adelante la legislación a marchas forzadas. Por esa razón, en las últimas semanas cada vez han surgido cuestionamientos más severos sobre el proceso legislativo, debido a que existen en ese proyecto aspectos que evidentemente son regresivos, sobre todo en derechos laborales que se habían logrado a través de los años.
Desde un punto de vista técnico, una de las principales dificultades para la implementación de la reforma es el corto tiempo que el transitorio segundo estableció, puesto que las adecuaciones legislativas que implica la reforma, evidentemente no podrían estar listas en un año.
Sin más, resulta relevante recordar que la reforma en materia de justicia penal y seguridad publica del 18 de junio de 2008, tuvo un periodo de implementación de ocho años para que los gobiernos estatales y la federación realizaran los ajustes legislativos y estructurales necesarios para propiciar la operación y consolidar el nuevo sistema de justicia penal, es por eso que el cuestionamiento es, ¿por qué el Constituyente permanente consideró que un año sería suficiente para realizar una transición en materia de justicia laboral?
Por otro lado, es importante destacar que el órgano encargado de implementar la reforma, es decir, la Unidad de Enlace de la Reforma de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha caracterizado por la poca transparencia y la nula rendición de cuentas; en este sentido, es relevante destacar que dicha Unidad ni siquiera cuenta con un sitio electrónico para consultar la información más relevante, no se sabe cuáles son las principales actividades que está realizando esta instancia en coordinación con el Poder Ejecutivo o con las entidades federativas.
En este sentido, se necesita tener información esencial, por ejemplo saber cuáles son las fases de consolidación, quién capacitará a los nuevos jueces y magistrados, al personal operativo, cuál será el costo-beneficio de la implementación de esta reforma. Sobre este último aspecto, la Unidad de Enlace no ha hecho público los estudios técnicos necesarios para la implementación de esta clase de reformas, que revelen cuántos recursos serán necesarios para la implementación de la reforma, para la transformación de las juntas de conciliación y arbitraje en juzgados laborales, entre otras cuestiones.
Sobre el fondo de la reforma, es importante destacar que la iniciativa contempla la modificación de aspectos importantes de derecho sustantivo —individual y colectivo, así como procesal—; incluso muchas de las reformas en aspectos de derechos de los trabajadores tienen apariencia de ser violatorias al principio de progresividad, reconocido en el artículo primero de la Constitución, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen, el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos (en este caso los derechos humanos laborales) y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano.2
Técnico, órgano de gobierno del Instituto, se propone que sea conformado por integrantes del gobierno federal, del sector obrero y del sector patronal, por lo que nuevamente es considerando el tripartismo, integración que ha sido largamente cuestionada por la doctrina desde el siglo pasado.3
Sobre la regresividad en materia de contratación laboral, destaca la propuesta sobre los contratos a prueba, puesto que el artículo 39-A del proyecto establece que “de no satisfacer el trabajador los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón” se dará por terminada la relación de trabajo. De esta forma, la reforma elimina la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento para darle todo el poder de decisión al empleador, prevista en la Ley Federal del Trabajo vigente.
Otro aspecto que merece una crítica profunda es el artículo 47 del proyecto, que establece que el patrón que despida a un trabajador, y que para despedirlo sólo se deberá señalarle la conducta o conductas que motiven la rescisión y la fecha en que se cometieron. Este artículo deroga las formalidades en la rescisión de las relaciones laborales, es decir, el aviso por escrito y que éste sea entregado personalmente al trabajador o comunicarlo a la junta de conciliación y arbitraje competente.
Por lo que consecuentemente se deroga que la falta del aviso al trabajador, personalmente o por conducto de la junta, determinaría la separación no justificada y, en consecuencia, la nulidad del despido. Por lo tanto, el patrón tendrá la libertad de despedir a un trabajador en cualquier momento sin aviso escrito, sin que esta circunstancia sea motivo de nulidad de despido, provocando incertidumbre al trabajador, ya que en cualquier momento y sin prueba escrita será separado de sus labores, lo cual viola una vez más, el ya citado principio de progresividad y el de seguridad jurídica.
Adicionalmente se observa que la reforma contempla a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia económica para determinar la cuantía de las obligaciones, multas o indemnizaciones, suprimiendo la medida del salario mínimo general vigente, por lo que notoriamente se reduciría la indemnización de los trabajadores en el caso de riesgos de trabajo, muerte o incapacidad, debido a que la UMA es una cantidad menor al salario mínimo vigente, por lo que evidentemente la reforma contempla una incorrecta lectura de la reforma en materia de desindexación del salario mínimo.
Otro punto que se debe destacar es el relativo a la subcontratación, pues en este nuevo proyecto se omite la regulación y mecanismos para el reconocimiento de derechos de los trabajadores, vigentes en la Ley Federal del Trabajo, recordando que este tema fue un gran logro conseguido con la reforma laboral de 2012.
Son muchos más los puntos que se pueden analizar y destacar de este proyecto de reforma, y pueden ser materia de una publicación específica, pero por último, se menciona lo referente al procedimiento de conciliación y selección de conciliadores que se encuentra regulado en el título catorce del proyecto, debido a que la conciliación jugará un papel significativo, por tal motivo, es importante que se contemplen incentivos procesales, con la finalidad de evitar que estos conflictos lleguen a los nuevos tribunales del Poder Judicial, pues de no fomentar la conciliación verdadera, los nuevos tribunales seguirán conociendo de miles de demandas laborales, situación que nos llevaría al punto al que nos encontramos hoy en día.
No obstante, el proyecto no menciona ningún incentivo procesal y lo presenta como un requisito previo, sin la importancia que merece, tal y como se viene realizando en la audiencia de conciliación con la actual Ley Federal del Trabajo.
Adicionalmente, estos centros de conciliación se les debe de dotar de suficientes recursos físicos, humanos y tecnológicos, pues estos recursos son necesarios para llevar a cabo sus funciones de notificación, orientación, información y conciliación, pero sobre todo, se debe contar con el respaldo de la administración y la coercitividad para el cumplimiento de sus sanciones y el cumplimiento de los convenios celebrados entre las partes, para que éstas tengan certeza jurídica y que de esta manera se den a conocer las ventajas de la conciliación y se fomente la conciliación como un mejor medio de solución de controversias laborales; y de esta forma la conciliación no sólo sea vista como un requisito previo al proceso jurisdiccional.
De igual forma, los conciliadores no sólo deben contar con conocimientos generales de derecho y, específicos en materia laboral, y con actitudes en la función conciliatoria, como lo establece el artículo 704, sino que deben ser personal altamente capacitado y con experiencia en la conciliación, ya que su rol es muy importante y esencial para que las partes lleguen a un acuerdo. Al respecto, se destaca que la propuesta legislativa no menciona la opción de contar con conciliaciones parciales, que serían de gran ayuda para aminorar la carga de trabajo si se llegará a judicializar el asunto planteado.
Como se advierte de los puntos que a manera de ejemplo fueron destacados, se observa que la reforma presentada fue redactada desde una visión patronal, que pretende aminorar los derechos laborales, afectando la estabilidad en el empleo y pretende olvidar los años de lucha y el objeto del derecho del trabajo: equilibrar las relaciones laborales.
Es así como hoy estamos frente a una reforma laboral pendiente, y por primera vez, se puede y debe celebrar que los legisladores no hayan hecho su trabajo a tiempo, pues una proyecto de ley como la que se presentó no es digna de aprobarse, ya que de no responde a las necesidades del mercado laboral mexicano, ni respeta los derechos laborales fundamentales. No se puede aprobar una reforma que propicie la incertidumbre y sobre todo, viole los compromisos mínimos del Estado mexicano en materia de progresividad de los derechos humanos laborales.
NOTAS:
1 La iniciativa puede consultarse en:http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-07-1/assets/documentos/Iniciativa_Justicia_Laboral_19012018.pdf
2 Tesis: 1a. /J. 85/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo1, octubre de 2017, p. 189; Tesis: 1a. /J. 87/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo 1, octubre de 2017, p. 188; Tesis: 2a. CXXVII/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Noviembre de 2015, p. 1298.
3 Carpizo, Jorge, “La Naturaleza jurídica de las juntas de conciliación y arbitraje en México”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 15, México, 1972, p. 67.
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12201/13862
Foto Archivo.
EDOMEX: Triangula contratación de trabajadores el outsourcing
Hay una cifra negra de estas empresas: Rubí Salazar
Patricia Venegas
Tlalnepantla, México; El outsourcing desafortunadamente se ha tergiversado en muchos casos y ha dado pauta a que se evadan responsabilidades por parte de los patrones como la formalidad del empleo, el nivel de ingreso, seguridad social y la relación jurídica formal entre ambas partes.
Ignacio Rubí Salazar, secretario del ramo, informó que ya se analiza y revisa esta triangulación de la contratación que se está haciendo. «En el Estado de México, no hay número de cuántas empresas realizan la subcontratación, que es un problema de fondo» aseguró.
«Cuando digo que se está revisando es porque en el Senado de la República se lleva a cabo el análisis de una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en donde se encuentra el marco jurídico que regula específicamente esta tercerización de la contratación que hace el outsourcing» comentó.
“No tenemos un dato exacto porque esto es una cifra negra, quisiéramos saberlo para combatir aquellos casos donde la figura se está utilizando precisamente para afectar las características del empleo y la calidad. Se verificara aquellos casos donde se utiliza esta figura, para que se haga conforme lo establece la ley puntualmente”, refirió el secretario del trabajo.
«Estamos llevando a cabo inspecciones específicamente de la materia que se denomina condiciones generales de trabajo para verificar y vigilar que la relación laboral esté enmarcada en la ley Federal» aseveró Rubí Salazar.
La Secretaría del Trabajo vigila en las Ferias del Empleo que la oferta esté enmarcada en la formalidad, es decir que el salario esté dentro de lo que establece la ley.
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/triangula-contratacion-de-trabajadores-el-outsourcing-1445806.html
Hay condiciones para concretar Reforma Laboral, dice Campa en Senado
Roberto Campa Cifrián asegura que queda fuera de los cambios la subcontratación, por consenso de los sectores patronal y de los trabajadores
El secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, afirmó en el Senado que hay condiciones para que la legislación secundaria en materia Laboral pase en este periodo de sesiones, y concluir así la Reforma Laboral del presidente Enrique Peña Nieto.
La propuesta de flexibilizar la subcontratación, informó, quedó eliminada del proyecto que se discute en comisiones en la Cámara Alta.
El tema «se procesa y ayer (miércoles) se resolvieron puntos con la Comisión de Trabajo, de manera que hay condiciones» para su aprobación en el Senado, dijo el secretario Campa Cifrián.
«Lo que le conviene al país es concluir el proceso que empezó el año pasado con la reforma a la Constitución y que implica una nueva visión en torno a la Justicia Laboral«, comentó Campa a los periodistas luego de asistir a la reunión de la Comisión de Gobernación.
Recordó que la reforma laboral definió plazos y estamos convencidos en la Secretaría de Trabajo en que lo más conveniente es terminar con la Reforma Laboral, como manda la Constitución, en este periodo ordinario de sesiones.
Tocante a las reglas para la subcontratación, Campa dijo que «ese componente de la propuesta está eliminado. Hoy todos los grupos y sectores han planteado que no conviene modificar, sobre todo el artículo 15-A, de la Ley Federal de Trabajo que define las condiciones para que una subcontratación sea legal».
Y subrayó: «Eso está fuera de la revisión legislativa y no hay riesgo de que se flexibilice todavía más la subconstratación».
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/hay-condiciones-para-concretar-reforma-laboral-dice-roberto-campa-en-senado
Llama Coparmex-CDMX a aterrizar reformas hacendarias a realidad
Redacción/Quadratín México | 21 de marzo de 2018
Ciudad de México, 21 de Marzo de 2018.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capitalina hizo un llamado al Congreso de la Unión para revisar los proyectos de reforma fiscal y laboral, así como a las autoridades respectivas para sacar los pendientes en materia de reglamentación fiscal dada la incertidumbre existente, siendo este un factor que inhibe la creación de empleos y el desarrollo económico.
En voz de la contadora pública Virginia Ríos, tesorera de Coparmex-CDMX y una de las ponentes en el Foro Laboral donde se abordaron diversos temas relacionados con el ámbito laboral y fiscal, el Centro Empresarial dio a conocer su postura.
Ahí, Ríos Hernández explicó cómo la reforma fiscal realizada en 2014 lastimó sensiblemente a los empresarios porque se estableció que las prestaciones sociales para los trabajadores como el fondo de pensiones, la despensa, el fondo de ahorro, el reembolso de gastos funerarios, las ayudas para útiles escolares, el tiempo extraordinario, los subsidios por incapacidad, entre otras, no podrían ser objeto de deducibilidad al cien por ciento, sino solo al 47 o al 53 por ciento.
“Los patrones no pudieron con esta carga fiscal y algunos decidieron quitar las prestaciones que habían otorgado a sus trabajadores con la intención de mejorar su calidad de vida, al no poder deducir al cien por ciento estos conceptos”, indicó.
La también empresaria calificó como urgente y necesario que los legisladores se avoquen a este importante rubro de prestaciones sociales con base en la realidad, pues apuntó, por un lado los trabajadores necesitan de las prestaciones sociales provistas por los patrones, y por el otro los patrones debieran tener incentivos por procurar un mejor nivel de vida a sus trabajadores, quitándoles carga fiscal.
“El patrón dice yo les doy a mis trabajadores una despensa, o les voy a dar un fondo de pensiones para que su nivel de vida en su etapa ya no productiva sea digna”, pero con esa disposición los patrones no pueden mantener esos incentivos.
Todas las prestaciones sociales ofrecidas por los patrones, explicó, son de gran apoyo para sus trabajadores, sobre todo las integradas en fondos adicionales para su jubilación, porque la mayoría de las pensiones por recibir en unos años a partir de las afores no llegarán ni al 30 por ciento de lo percibido actualmente por un trabajador.
Virginia Ríos citó también algunos estudios realizados por aseguradoras y especialistas como indicadores de la necesidad de mayor ahorro por parte del trabajador pero, aseguró, el trabajador no tiene de dónde ahorrar, entonces es ahí donde los patrones preocupados por esta situación decidieron otorgar fondos de apoyo para prever el retiro de sus empleados.
“Como estos fondos de apoyo no son deducibles al cien por ciento, algunos patrones los cortaron definitivamente y otros dijeron ya no le incremento más, y los que pensaban otorgarlo decidieron quedarse esperando a ver si habría alguna regulación diferente”, expresó.
Enfatizó la urgencia de revisar la situación actual de empresarios y trabajadores por parte de los legisladores del Congreso de la Unión, autoridades fiscales, laborales y de seguridad social para elaborar reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, o bien que el jefe del Ejecutivo por decreto permita deducir al cien por ciento las prestaciones sociales que los empresarios otorgan a sus trabajadores.
Al referirse a la subcontratación, mejor conocido como outsourcing, la especialista en temas financieros y fiscales aseguró que en este renglón los contratantes son los más afectados con la normatividad al respecto, al no permitírseles contratar servicios de naturaleza igual a la que corresponde el giro de la empresa, es decir, si se tiene una maquiladora de ropa y una empleada se incapacita, el patrón no puede contratar a una empresa que le envíe a una persona a realizar las tareas de la trabajadora incapacitada.
“Es necesario que eso se reforme no como viene en el proyecto del 7 de diciembre presentado a los senadores, sino con base en la realidad. Esto no está en la realidad”, indicó.
Como hoy están las cosas, “la subcontratación debe justificarse por su carácter especializado y no pueden realizar tareas iguales o similares a las que realicen los demás trabajadores de la empresa y en caso de no cumplir con esta condición, entonces al contratante se le considerará patrón para todos los efectos, incluso para seguridad social”.
Además, mencionó, hoy al contratante se le deja la tarea de prácticamente supervisar fiscalmente a la empresa de la cual subcontratará servicios, al establecer que “el contratante debe cerciorarse de que el contratista cuente con la documentación y elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones con sus trabajadores”, es decir registros en la Secretaría de Hacienda, del Trabajo, de Finanzas (de la entidad de la que se trate), en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) porque con ello se garantiza que el contratista es un empresario formal.
Y explicó la fracción V del artículo 27 de la Ley del ISR donde se establece que el contratante deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses así como de su declaración de entero de las retenciones efectuadas a dichos trabajadores y del pago de las cuotas obrero patronales al IMSS y aquí la sanción por incumplir esta disposición es para el contratante, es decir, para quien no hará deducible el pago de los servicios subcontratados.
El presidente de Coparmex-CDMX, Jesús Padilla Zenteno, reiteró la necesidad de fomentar y defender la competitividad laboral en la Ciudad de México con el objetivo de preservar la capital como uno de los mejores sitios para invertir y agregó que ante el complicado panorama internacional es necesario mantener la confianza en la inversión y crear mecanismos para permitir la generación de más empleos y salarios dignos.
“Esto se logrará en la medida en la que fortalezcamos el mercado interno y mejoremos la competitividad laboral que asegure que las empresas tengan certidumbre jurídica y flexibilidad para mantener la capacidad de trabajo formal.
“Desde Coparmex-CDMX hacemos un llamado para que la Reforma Laboral venga acompañada de un proyecto de capacitación y formación profesional para quienes integrarán las nuevas instancias encargadas de impartir la justicia social con el fin de asegurar el respeto a los derechos de los trabajadores y que las empresas cuenten con los mecanismos para brindar más y mejores empleos”, detalló.
Las legislaciones secundarias de la reforma laboral, dijo, no deben perder de vista que de acuerdo con datos del Instituto de Informática y Geografía (INEGI), alrededor del 60 por ciento de los trabajadores no cuentan con prestaciones básicas de ley.
“Cerca del 90 por ciento de trabajadores cuentan con empleos generados por micro, pequeñas y medianas empresas, pero esto no garantiza un trabajo perdurable en el tiempo dada la mortandad de las empresas en Méxicol”, añadió.