Redacción/Quadratín México | 16 de agosto de 2018
Ciudad de México, La 64 Legislatura del Congreso de la Unión tendrá que trabajar en los puntos pendientes o en cumplir con las metas que no alcanzó la Reforma Laboral, señalaron especialistas durante el foro Balance de la reforma laboral, organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
Jesuswaldo Martínez Soria, investigador del IBD, dijo que uno de los objetivos de la reforma era aumentar el número de empleos formales en 21 por ciento, lo cual se logró y se rebasó en los últimos seis años, con más de tres millones 800 mil.
Sin embargo, añadió Senado en un comunicado, el crecimiento está asociado a las contrataciones temporales, en contraste con las permanentes que sólo aumentaron en 2.3 por ciento; lo anterior “atenta contra la estabilidad del empleo” y está asociada a bajos salario, ya que 80 por ciento ganan entre uno y dos salarios mínimos.
Refirió que se debe elevar la eficacia de las acciones que permitan garantizar los derechos laborales fundamentales –seguridad social, trabajo digno y desarrollo– mediante la reforma a los sistemas institucionales del Estado, en concreto, la seguridad social y el sistema de salud.
Además, se tienen que crear y mejorar los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la Ley; fortalecer el registro y control de trabajadores y empresas en los sistemas fiscales y de seguridad social; reducir los costos de cumplimiento de la regulación; y consolidar la regulación de las actividades de subcontratación.
Arturo Alcalde Justiniani, titular de Asesoría Jurídica Laboral, comentó que muchos de los temas importantes de la reforma han sido ignorados, como la reducción de los juicios laborales y las reglas para controlar la subcontratación, la cual creció en lugar de reducirse.
Dijo que una de las primeras tareas del Senado de la República, en la nueva Legislatura, debe ser la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por el Presidente de México, en 2015, relativo a la libertad sindical y la contratación colectiva.
David Kaplan, especialista en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, explicó que México tiene un mercado laboral con muchos problemas, y es de los peores a escala regional; con una informalidad muy alta, y para ejemplificar explicó que es 30 por ciento mayor que la de Brasil, “que incluso es algo más pobre”.
En la reforma laboral del 2012, apuntó, se desatendió la problemática de los trabajadores; y la legislación secundaria agregó, representa una oportunidad para lograr un buen proceso de conciliación, fortalecer el voto secreto y la transparencia de los sindicatos.
Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, señaló que en la Ley Federal del Trabajo aún existen candados en cuanto a derechos de los trabajadores, como la cláusula obligatoria de inclusión a un sindicato.
Abundó en que la nueva Legislatura del Senado deberá trabajar en la ley secundaria y poner énfasis en las conciliaciones para evitar un procedimiento ante los tribunales laborales en el Poder Judicial, y la expectativa de un juicio ágil y transparente.
Ángel García, senador electo, advirtió que el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales no han realizado las adecuaciones legislativas necesarias, acorde con la reforma, para lo cual tenían un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del decreto.
Etiqueta: subcontratación
Combatirán outsourcing abusivo
Reforma
Luisa Alcalde, próxima titular de STPS, dijo que combatirán outsourcing que contrate ilegalmente y patrones que registren salarios menores.
En la próxima Administración, en materia laboral, se perseguirá a las empresas de outsourcing que realicen contrataciones de manera ilegal y patrones que registren a sus empleados con un salario menor al que perciben.
Para ello, la Secretaría del Trabajo se coordinará con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda para detectarlas, explicó Luisa Alcalde.
La futura titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aseguró que actualmente hay esfuerzos muy pulverizados de las dependencias para verificar las contrataciones informales y las malas prácticas patronales.
«La subcontratación tiene límites en la ley y hemos venido planteando que la Secretaría debe recuperar la función de la inspección y en ese sentido tener una coordinación estrecha con el IMSS y la Secretaria de Hacienda que nos permita una inspección más eficaz.
«Para nosotros es prioritario atender el tema de la subcontratación abusiva, no toda la subcontratación es igual, pero ha habido un tipo de subcontratación que no ha cumplido con la seguridad social y una serie de requisitos que ha precarizado el empleo», advirtió en entrevista.
Añadió que también está consciente de que existe el problema de la subcotización, es decir, cuando los patrones registran a los trabajadores en el IMSS con un salario menor al que les pagan.
Esto, según Alcalde, genera problemas en pensiones y para obtención de créditos del Infonavit.
Destacó que 90 por ciento de los contratos colectivos son de protección y que por ello se presentará una nueva iniciativa de ley secundaria a la reforma en materia de justicia laboral, en donde se defiende la autonomía sindical.
«El subregistro no es tan difícil de detectar porque muchas empresas declaran una cosa ante el SAT y declaran otra distinta ante la seguridad social. Si hay una coordinación sería mucho más fácil. Y esto me lleva a decir que en el mundo del trabajo, el tema del trabajo decente no solo es una estrategia de la Secretaria sino está vinculada a todas las secretarías y con la seguridad social», afirmó.
Sobre los contratos de protección en las empresas, Alcalde señaló que 90 por ciento de los contratos colectivos son de este tipo, o sea, existe una simulación en la relación patronal con los trabajadores.
«El 90 por ciento de los contratos colectivos en México son de protección. Ha sido una práctica cotidiana y hoy el nuevo contexto constitucional de la Ley Secundaria que se va a probar significa un cambio de las reglas del juego», consideró.
Subrayó que se presentará una nueva iniciativa de ley secundaria a la reforma en materia de justicia laboral, en donde se defiende la autonomía sindical.
Sobre el programa de «Jóvenes Construyendo el Futuro», Alcalde afirmó que se iniciará un censo para determinar quiénes serán beneficiados con una beca de 3 mil 600 pesos para estudiar y para insertarse en las empresas como aprendices.
Subrayó que la idea es arrancar dicho programa a partir del 1 de diciembre próximo.
http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/combatiran-outsourcing-abusivo
Secretaria del Trabajo de AMLO promete empleo para 2.6 millones de jóvenes
“No vamos a mantener ninis, se les incorporará al mercado laboral”; renombrarán a la STPS: será la Secretaría del Trabajo y del Empleo
El gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obradoremprenderá una gran estrategia que ayudará a pacificar al país, plan en el que se contempla integrar a 2 millones 600 mil jóvenes a universidades, empresas privadas y al sector público, para atraerlos y aprovechar el gran potencial que tienen, afirmó Luisa María Alcalde Luján, propuesta como Secretaria del Trabajo y Previsión Social para la próxima administración.
En entrevista con EL UNIVERSAL, subrayó que “todos
debemos ayudar a pacificar al país y nosotros pondremos
nuestra parte con la integración de jóvenes que han sido
rechazados de universidades y que quieren tener una
oportunidad”, para lo que se desarrollará un programa —que se presentaráendos semanas y quetendrá unainversión de108 mil millones de pesos— en el que se les dará a los inscritos una beca de capacitación con un pago de 3 mil 600 pesos mensuales.
Luisa María Alcalde —quien dijo que la STPS podría cambiar de nombre a Secretaría del Trabajo y del Empleo— destacó que uno de los retos de esta instancia será mejorar el salario, que deberá quedar, como un primer paso, de 100 pesos diarios, hasta llegar a cubrir la canasta básica. El aumento será, dijo, de manera paulatina.
“El salario mínimo es una figura que se pulverizó, que perdió su capacidad y que perdió su sentido de existencia, porque nadie puede vivir con 88.36 pesos diarios”.
Sobre la descentralización de la secretaría a León,Guanajuato, adelantó que en los próximos días presentará un plan al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el que se plantea que primero se muden órganos
de dirección a partir de principios de 2019.
¿Cuáles son los retos que se tienen en materia laboral para el próximo gobierno?
—Tienen que ver con la calidad en el empleo y el salario. Necesitamos ir mejorando las condiciones de trabajo.
Habrá varios temas centrales y ahora se abre una enorme oportunidad para una transición en la cultura laboral. Por un lado, porque hay un nuevo contexto constitucional, a partir de la reforma que se aprobó en febrero del año pasado, que cambia muchas reglas del juego en el mundo del trabajo.
¿Cuál es la idea?
—Que exista esta transición de la justicia laboral al plano judicial, eso va a abrir la posibilidad de que sea imparcial y dependa del Poder Judicial. Por otro lado, se crea un nuevo órgano autónomo para todo lo que tiene que ver con registros sindicales, contratos colectivos y eso también me parece que va ayudar mucho a transitar a una verdadera independencia, donde no haya injerencia del gobierno en las organizaciones de los trabajadores.
Un elemento más es esta idea de la consultaprevia a la firma de los contratos colectivos que se establece en la Constitución, que es una enorme oportunidad para transitar y pensar en defender la libertad y la democracia sindical en nuestro país.
¿Y sobre el empleo?
—Vamos a emprender un programa muy importante que se llama Jóvenes construyendo el futuro. Atenderá a 2 millones 600 mil muchachos. La idea es que 300 mil de estos que quieran estudiar una carrera universitaria, lo puedan hacer y que 2 millones 300 mil más se capaciten en los centros de trabajo.
¿Cómo se hará?
—Crearemos una red de empresas tutoras que se comprometan a que los jóvenes se integren a los diferentes centros de trabajo y se puedan capacitar, y a partir de eso, tener mejores herramientas, así como experiencia profesional que les permita incorporarse al mercado laboral.
Se atenderá a esa juventud que se ha quedado sin oportunidades de estudiar, porque cuando hacen los exámenes de admisión para entrar a la universidad, según esto no los pasan, cuando en realidad no hay cupo. Se abrirán esos espacios en las universidades y se atenderá a los que quieran capacitarse en oficios alrededor del país. Ese va a ser un programa madre.
¿Cuánto se va a solicitar de presupuesto para el programa?
—Tiene un presupuesto de 108 mil millones de pesos para atender a los 2 millones 600 mil jóvenes. Se pretende darles una beca de capacitación en el trabajo pagándoles 3 mil 600 pesos mensuales. Este programa iniciará a partir de diciembre.
Hay quien dice que con impuestos se mantendrá a los ninis…
—No se trata de mantener ninis, por el contrario, la beca que se va a dar es para estudiar una carrera o para capacitarse en un centro de trabajo. Serán 300 mil para que entren a las universidades y 2 millones 300 mil para capacitarse en un centro de trabajo. La gran mayoría entrará a empresas privadas, al sector público y social.
Todos debemos ayudar a pacificar al país y nosotros pondremos nuestra parte con la integración de jóvenes que han sido rechazados de universidades y que quieren tener una oportunidad, porque hay un enorme capital de talento. No puede ser que un gobierno rechace a esos jóvenes. La idea es integrarlos y que las empresas puedan ser tutoras.
¿Qué se hará para generar un salario digno?
—Una de nuestras prioridades será la recuperación del salario mínimo. Vamos a estar acompañando el proceso que permita una recuperación paulatina, habrá un programa para la frontera norte en el que se pretende duplicar el salario mínimo.
¿De cuánto deberá ser el salario mínimo en el país?
—Nuestro plan es la recuperación paulatina para estar en condiciones de que cualquier hombre y mujer con su trabajo, pueda vivir con dignidad.
Todo eso con responsabilidad, vamos a ir viendo, pero la recuperación tiene que ser una realidad. No vamos a poner cifras exactas por ahora, pero la idea es que para 2019 tengamos una recuperación significativa.
¿Con 88.36 pesos del salario mínimo diario actual alcanza para cubrir la canasta básica?, ¿con cuánto puede surtirla un trabajador?
—Si nos vamos a la línea de bienestar que establece el Coneval, está hoy por los 100 pesos. Eso tiene que ser sin duda un primer paso, de entrada, pero eso no es suficiente, porque no nada más se trata de que pueda subsistir la persona que vive de su trabajo, sino que también tiene hijos o personas que dependen de él.
Entonces, la idea es una recuperación paulatina, constante, que permita que garanticemos que las mujeres y hombres que viven en este país y trabajan puedan cubrir sus necesidades básicas.
¿Cuáles serían entonces los principales puntos de la estrategia de gobierno en materia laboral?
—Número uno, recuperación del salario mínimo; número dos, el programa Jóvenes construyendo el futuro; número tres, ir, a partir de la reforma laboral, en una transición de una nueva política en materia de justicia en el trabajo y en materia de sindicatos, de libertad y democracia sindical, y finalmente, poner muchísima atención en subcontratación abusiva, en informalidad y en contratos con honorarios.
¿Cómo se dará la descentralización de la Secretaría del Trabajo a León, Guanajuato?
—Estamos haciendo un plan, porque será todo un proceso y, como tal, tiene sus pasos. Apenas estamos viendo inmuebles en León, Guanajuato, y en unos días vamos a presentar al [virtual] presidente electo cómo sería este proceso paulatino.
¿Cómo sería ese proceso?
—Apenas estamos haciendo el plan, ojalá podamos lograr que algunos órganos de dirección se pudieran ir a partir de principios de 2019. No se iría toda la secretaría, va a ser un proceso, pero algunos cargos altos o funcionarios de la secretaría pueden empezar a operar ya en León, Guanajuato.
¿Se seguirá llamando Secretaría del Trabajo y Previsión Social?
—Estamos viendo eso, estamos pensando en que se llame Secretaría del Trabajo y del Empleo.
¿Qué pasará con los trabajadores de base en este proceso de descentralización?
—Los trabajadores deben estar tranquilos porque se respetarán sus derechos y salarios. La idea es más bien bajar los sueldos de los de arriba, recortar todas las duplicidades de funciones, porque la idea es aumentar los sueldos de los de abajo.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/secretaria-del-trabajo-de-amlo-promete-empleo-para-26-millones-de-jovenes
Tocará a AMLO vigilar outsourcing ilegal
En el país existen 900 empresas de outsourcing, pero 90 por ciento de las mismas no estaban cumpliendo plenamente sus obligaciones fiscales, refieren. Foto: Archivo
- Verónica Gascón
Cd. de México (27 julio 2018).- La vigilancia para detectar a empresas de outsourcing ilegal le corresponderá a la próxima Administración a través de una herramienta electrónica vía el Sistema de Administración Tributaria, señaló Edmundo Escobar, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano.
Afirmó que la mayoría de las empresas de subcontratación en el País operan en el ámbito de la informalidad y por ello se implementó una plataforma en la cual se concentran los reportes sobre el pago de IVA e ISR de parte de estas empresas.
«La obligación es que las empresas de tercerización entreguen el comprobante de los pagos de cuotas de Seguridad Social, de retenciones de impuestos sobre la renta y recibos timbrados de pagos de la nómina», describió.
Será a partir del 1 de septiembre cuando las empresas que contraten servicios de tercerización puedan verificar los datos aportados por las empresas de outsourcing. Así, los clientes podrán validar y asegurar si hay un cumplimiento de las empresas.
«Cuando los miembros de la próxima Administración hablan de una plataforma digital para el empleo, de la certificación del trabajo justo y la revisión de lo que es la inspección del trabajo, es mi opinión que es una buena medida para garantizar que las empresas dan empleo decente y digno a los trabajadores», afirmó.
Escobar señaló que según datos de la Secretaría del Trabajo y el IMSS, en el País existen 900 empresas de outsourcing, pero 90 por ciento de las mismas no estaban cumpliendo plenamente sus obligaciones fiscales, ni tampoco están inscritas en el Seguro Social.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1453229&md5=8bdc3f4041dbf846cb21ebc6f922b731&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=3d2fdb4a733e6685423009f541862544
Legisladores deben aprobar leyes secundarias de Reforma Laboral ‘sí o sí’: expertos
En el foro Rumbo a la Reforma Laboral 2019, abogados y empresarios explicaron la importancia de las modificaciones a esta implementación.
LETICIA HERNÁNDEZ @ElFinanciero_Mx25/07/2018
La aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Laboral no debe seguir pendiente, por lo que los legisladores deben discutirlas o, de lo contrario, hay elementos legales para obligarlos a hacerlo, concluyeron especialistas en la materia.
“A los legisladores, en caso de que no instrumenten estas legislaciones, podemos obligarlos a través de una acción de inconstitucionalidad y que sea la Suprema Corte de Justicia la que los obligue a actuar”, advirtió este miércoles Carlos Javier González, abogado, analista político y empresarial, durante su participación en el foro Rumbo a la Reforma Laboral 2019.
La Reforma Laboral se aprobó en la Constitución en febrero de 2017 y requeriría leyes secundarias para su aplicación.
En éstas se incluye un nuevo modelo de impartición de justicia con la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje para dar lugar a la creación de Tribunales laborales bajo el mando del Poder Judicial.
En la legislación, se estipula la creación de un nuevo organismo autónomo independiente para llevar a cabo la conciliación y el registro de contratos y desaparecerían los representantes obrero-patronales en las resoluciones en materia laboral, quedando únicamente a cargo un juez laboral.
El proceso de aprobación de las reformas secundarias debió ser concluido en febrero de este año, pero no se ha concretado, recordó Gustavo De Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“El paso más difícil ya se dio en la reforma constitucional. Ahora hay que ser eficientes para que en el periodo extraordinario de esta legislatura o para la próxima que se instale en septiembre, quede resuelto”, dijo.
De Hoyos Walther expuso el interés de sus agremiados para que se resuelvan las nuevas legislaciones para mejorar el marco legal de las empresas de terciarización o outsourcing, los procesos de conciliación patrón-trabajador, de pronto entendimiento, la reglamentación de asociaciones sindicales, y los contratos colectivos y reglamentos internos de trabajo.
“Sí o sí tenemos que lograr que los esquemas de terciarización queden debidamente plasmados en la legislación”, comentó De Hoyos
Actualmente, el término de subcontratación en la legislación mexicana se ha adaptado como el anglosajón, cuando en la práctica se lleva a cabo una terciarización que difiere en características de operación con la subcontratación, explicó Cindy Jiménez, socia directora de GIN Group.
“La Norma Mexicana en materia de terciarización se quedó en la congeladora. Es diferente la subcontratación de la terciarización. En la primera, una empresa hace un contrato con un tercero y esto es más del derecho anglosajón y no a la práctica que se hace en Latinoamérica. La terciarización es cuando una empresa especializada en capital humano se encarga de los trabajadores y es contratada por una empresa para administrar a sus recursos humanos. Colombia y Perú tienen una ley específica de tercerización”, expuso la especialista.
Destacó que prevalece incertidumbre jurídica porque las leyes no se han adaptado a la realidad social y así como la Reforma Penal tomó tiempo consolidar, ahora la Reforma Laboral debe avanzar.
http://elfinanciero.com.mx/economia/legisladores-deben-aprobar-leyes-secundarias-de-reforma-laboral-si-o-si-expertos
AMLO recibirá cargada agenda laboral: expertos
El nuevo gobierno heredará el pendiente de la legislación secundaria en justicia laboral y la norma de tercerización para abatir la informalidad.
Claudia Juárez Escalona
26 de julio de 2018, 00:08
Generar más y mejores empleos, reducir niveles de informalidad, adaptar la legislación laboral a la realidad nacional y erradicar el trabajo infantil persisten como los grandes retos para la próxima administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, consideraron expertos.
Cindy Jiménez, socia directora de GINgroup, destacó que “la Norma Mexicana en materia de terciarización se quedó en la congeladora, cuando en países como Colombia y Perú hay una ley específica de tercerización”. Ante dicha situación, prevalece incertidumbre jurídica porque las leyes “no se han adaptado a la realidad social”.
En el marco del foro Rumbo a la Reforma Laboral 2019, organizado por GINgroup y El Economista, Jiménez dijo que el “gobierno saliente queda a deber mucho en la parte legislativa”, en referencia a las leyes reglamentarias a la reforma en justicia laboral del 2017.
En el área laboral, lo que queda es “evaluar y allanar el camino”. La reforma del 2017 que no se ha podido implementar, la implementación de tribunales laborales y la norma mexicana en materia de terciarización son cambios que se “quedaron en la congeladora”.
“Tenemos una Ley Federal del Trabajo a la que se le van haciendo parches. En el 2012 se ingresó un artículo para definir la subcontratación. Actualmente, el término de subcontratación en la legislación mexicana se ha adaptado como el anglosajón, cuando en la práctica se lleva a cabo una terciarización que difiere en características de operación con la subcontratación”.
Explicó que es diferente hacer un contrato para la prestación de servicios (subcontratación), pero la terciarización es lo que se hace en Latinoamérica en donde se tiene una empresa especializada en capital humano que atiende toda la legislación y que atiende a los trabajadores.
Por su parte, Eloisa Pulido, directora general de Investigación y Estadísticas del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, comentó que al inicio de la actual administración, 60% de las personas ocupadas estaban en la informalidad laboral y a la fecha esta situación ha disminuido en 3 puntos porcentuales, “suena pobre pero lo que se ha hecho es invertir la tendencia que traíamos”. En generación de empleos, dijo, están por alcanzar la cifra de 4 millones en los últimos cinco años, cifra no lograda en otras administraciones.
Por su parte, Carlos Javier González, presidente del Consejo de Administración de Abogados a tu Alcance, dijo que se requiere de una potencialización de las inversiones para fomentar la generación de más y mejores empleos. “En algunas ocasiones el empresario se ve obligado a entrar en la informalidad porque el marco regulatorio hacía allá lo empuja”, y añadió que es necesario evitar largos juicios entre empleados y empleador.
Exhorto a gobierno y a AMLO
Salario mínimo debe quedar en 102 pesos este año: Coparmex
En materia salarial, el nuevo gobierno federal debería iniciar con una definición clara hacia el proceso de recuperación del salario mínimo y para finales de año esta variable debería fijarse en 102 pesos desde los 88.36 pesos en que se ubica actualmente, planteó la Coparmex.
“Hay condiciones económicas y políticas para dar este primer paso hacia el bienestar”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente del organismo.
Detalló que los rubros del país que deben estar en la agenda primaria son fortalecer el Estado de Derecho, en donde es necesario fincar una agenda en materia de seguridad pública, y que haya una transformación en el combate a la corrupción e impunidad.
Anunció que la Coparmex presentará en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos una propuesta para dar este primer paso y que no termine el 2018 sin que podamos “levantar la bandera blanca para lograr mayor bienestar personal”.
Reconoció que el 2018 ha sido un año de grandes desafíos para el país, la democracia y la economía. Frente a estos retos, dijo, el país debe fortalecer su Estado de Derecho, en el que se abarcan temas de seguridad pública, transformaciones fundamentales en el combate a la corrupción y erradicar el clima de impunidad.
Mencionó que, a partir de la próxima semana, comenzará una nueva iniciativa ciudadana, que encabezará la Coparmex, para conformar una fiscalía independiente, pues el Estado de Derecho es uno de los pilares para que funcione la economía.
“En una economía insertada globalmente la educación debe jugar un papel preponderante. Los retos para fortalecer son la educación básica y la educación técnica, que generen competencias”, dijo.
De Hoyos dijo que la Coparmex buscará con el nuevo gobierno que el país tenga una política salarial de largo plazo.
Nuevo sexenio, para sumar esfuerzos
Urge regular tercerización: Beyruti
Ante el cambio de gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, en el sector empresarial hay incertidumbre y temas que atender desde diferentes frentes: en el plano laboral, por ejemplo, la subcontratación, que debe estar encaminada hacia una adecuada regulación que dé certidumbre a las organizaciones y a los trabajadores que se encuentran en este esquema, afirmó Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup.
El empresario hizo un llamado a las autoridades para que “el tema de terciarización o subcontratación sea regulado, no puede ser que una actividad tan importante y que genera muchos empleos y oportunidades de mejorar condiciones de trabajo no sea regulado y que haya instituciones bancarias que traten de forma injusta a las empresas que operan en este esquema”. En el marco del foro: Rumbo a la Reforma Laboral 2019, Raúl Beyruti dijo: “En el sector empresarial hay incertidumbre, entonces tenemos que dedicarnos a trabajar”.
Destacó: “Hoy más que nunca se deben generar empleos, necesitamos crecer a más de 1 millón de empleos al año y, a cómo se ven las cosas será difícil lograrlo, por eso es importante que el sector empresarial nos unamos y podamos lograr crecimientos importantes”.
Explicó que ello se logrará a través de la creación de fuentes de empleo mejor remuneradas, pero, sobre todo, haciendo más competitivo al personal, impulsando un mayor grado de escolaridad, entre otros factores.
De acuerdo con estimaciones de GINgroup, en México hay 5 millones de trabajadores contratados bajo esquemas de subcontratación, y sólo 26% cuenta con los beneficios de seguridad social plena.
cjescalona@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/AMLO-recibira-cargada-agenda-laboral-expertos-20180726-0001.html
Buscan prohibir esquema outsourcing
Morena impulsa reformas para que trabajadores no sean despedidos sin justificación
15/07/2018
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al Código Penal Federal, para prohibir que los trabajadores al ser contratados, sean obligados a firmar documentos en blanco, o sin fecha determinada, que les implique renuncia de derechos o imposición de obligaciones.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (Morena) indicó que los casos de este tipo representan más de 40% de las contrataciones, afirmó.
Refirió que las empresas que más incurren en esta práctica son las menos reguladas y guardan menores responsabilidades frente a sus trabajadores, específicamente las que operan bajo outsourcing, que “florece”.
Cañedo Jiménez destacó la necesidad de adecuar la legislación laboral y penal, con el fin de hacer efectivo el derecho de los trabajadores a no ser despedidos injustificadamente. Presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para que en caso de que se le exija a un trabajador firmar en blanco un contrato pueda defenderse.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/buscan-prohibir-esquema-outsourcing
Menuda bronca la de Luisa María Alcalde
16/07/2018Actualización 16/07/2018 – 14:20
Eduardo Torreblanca
Universo Pyme
- etorreblancaj
La que será la próxima Secretaria del Trabajo y Previsión Social tiene uno de los retos más complicados dentro del gabinete de AMLO: ofrecer soluciones para que los trabajadores incrementen no sólo su ingreso sino también sus condiciones de vida y las de su familia, al tiempo de contribuir a la estrategia para abatir la informalidad.
En el primer punto sabrá la joven que recomponer el ingreso no se consigue sólo ofreciendo salarios más elevados, que indudablemente tendrá que hacerse, sino mejorando sus condiciones de trabajo y de las prestaciones laborales o garantizando que los patrones no las evadan o eludan.
Los empresarios han insistido en una deducibilidad fiscal al 100 por ciento de las prestaciones que son relevantes en la vida de las familias de trabajadores. El gobierno de EPN no hizo caso al reclamo.
Otro asunto tendrá que ver con la subcontratación, que es todo un tema que, al parecer, le ‘saca ronchas’ a la próxima funcionaria.
Y es que el asunto no es menor si tomamos en cuenta que el esquema de la subcontratación ha ganado espacios en todo el mundo. México es la segunda economía de América Latina, pero es el quinto lugar en el recurso de la subcontratación en el continente.
El valor de la subcontratación en México alcanza mil 457 millónes de dólares anuales y comprende a poco más de cinco millones de trabajadores. Ante la renuencia de 96 por ciento de las empresas que subcontratan, no hay registros confiables de la industria porque son un puñado de compañías las que llevan cabalmente sus obligaciones ante el trabajador, Hacienda y el Seguro Social.
Según la Staffing Industries Analysis, en México habría 900 empresas ofreciendo las mecánicas de la subcontratación, de las cuales sólo 100 se registran ante el IMSS y sólo 40 pagan impuestos completos correspondientes al ISR y las contribuciones correctas al IMSS.
De las 40, sólo 20 aceptan correr la probabilidad de someterse a una auditoría legal y fiscal.
Existe una norma de las empresas de subcontratación (por cierto, que el término de outsourcingno está contemplado en nuestras leyes), la Norma Mexicana que se adopta de manera voluntaria. Solo un puñado de empresas, un muy pequeño número, solicitan a la autoridad el reconocimiento y registro de una Norma Oficial Mexicana que daría seriedad y cumplimiento responsable a las empresas dedicadas a la subcontratación.
En la Cámara de Diputados saliente se hizo un esfuerzo que estuvo cerca de concretar cambios a la LFT en los incisos 15 A, B, C y D para obligar a las empresas de subcontratación a cumplir cabalmente con todas las responsabilidades de un patrón ante los trabajadores.
Lamentablemente, el proceso electoral resultó más importante que concretar esos cambios promovidos por empresas, por ese puñado de empresas serias que han visto, como el caso de Gingroup, en la administración integral del capital humano un modelo que contribuye al fortalecimiento económico del trabajador y de sus condiciones de vida en su familia.
Será relevante que el gobierno de AMLO conozca y fortalezca iniciativas empresariales que tienen en el trabajador un punto de preocupación que genera mejores rendimientos del talento humano.
Por más que pudiera pensarse hay empresas que promueven el cumplimiento cabal de la ley y el que el trabajador mejore sus condiciones de ingreso y la vida de sus familiares.
Pero la ‘bronca’ que tiene enfrente Luisa María Alcalde no es, que digamos, nada menor.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-torreblanca-jacques/menuda-bronca-la-de-luisa-maria-alcalde
¿Nueva Ley Federal del Trabajo?
Foto: https://www.facebook.com/pg/dariocelisestrada/photos/?ref=page_internal
Por Dario Celis
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá la mesa puesta en el Poder Legislativo para tirar a la basura las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, pero también los parches que los diputados y los senadores hicieron a la Ley Federal del Trabajo.
El único contrapeso real que tendrá el nuevo gobierno no serán por supuesto los sindicatos; tampoco los partidos políticos; vamos, ni si siquiera los organismos empresariales. Ya no digamos la llamada “mafia del poder” aglutinada en el Consejo Mexicano de Negocios, que cabildea Zimat, de Martha Mejía.
El contrapeso real vendrá del exterior, de los negociadores de Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre Comercio, de la Organización Internacional del Trabajo, o incluso de las empresas instaladas en México, las cuales requieren flexibilidad para operar y ser más productivas y competitivas.
A partir del próximo 1 de septiembre el dilema de López Obrador y sus mayorías en las cámaras de diputados y senadores será: o bien operan con las leyes como están moviendo las aguas lo menos que se pueda, o proponen y aprueban una nueva Ley Federal del Trabajo (LFT).
Y es que la LFT permaneció durante casi 40 años sin tener cambios significativos y fue hasta fines de 2012, ya durante el gobierno de Enrique Peña, que se modificó para incluir la figura de subcontratación (outsourcing) y limitar el pago de los salarios caídos en los juicios individuales.
Posteriormente, fue presentada una reforma constitucional a los artículos 107 y 123, la cual se aprobó en febrero de 2017, y en la cual se determinó que la justicia laboral dejara de estar en manos del Ejecutivo (federal y local) y se eliminaran las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
De igual forma, que se adoptara la figura de juez laboral y se crearan los centros de conciliación estatales y un organismo descentralizado al que le corresponde el registro de todos los sindicatos, así como los contratos colectivos.
Asimismo, se instituiría el voto personal libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes; y el requisito de que, para estallar una huelga en demanda de la firma de un contrato, se exigiría que el sindicato tuviera la anuencia de la mayoría de los trabajadores afectados.
Derivada de este cambio constitucional, los senadores priistas Isaías González, de la CROC, y Tereso Medina, de la CTM, promovieron la adecuación de la LFT en diciembre pasado, pero ésta no ha sido votada aún.
Ahora todo indica que Morena tendrá la mayoría en las cámaras del Congreso, lo que le otorgará el poder para aprobar cambios a las leyes aunque, tratándose de la Constitución, le faltarían alrededor de 20 diputados y 20 senadores y la aprobación de al menos 17 congresos locales. Preocupa que México no siga adelante con su proceso de ser más productivo y por tanto poder competir mejor a nivel mundial.
https://www.dineroenimagen.com/dario-celis/nueva-ley-federal-del-trabajo/101416
Los ocho ejes de la política laboral del gobierno electo
Mejores condiciones de trabajo, salarios dignos y transparencia en la contratación colectiva y libertad sindical son algunas de las ideas rectoras de la política en materia de política laboral del gobierno de Andrés Manual López Obrador que tomará posesión en diciembre.
María Del Pilar Martínez
08 de julio de 2018, 17:59
El próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador tiene como ejes fundamentales de la política laboral: la formación profesional y capacitaciónpara el trabajo; aumento del salario mínimo; facilitar negociación colectiva; recuperar lainspección de trabajo; plataforma digital para el empleo; certificación de trabajo justo; insercióndigna de los migrantes mexicanos, y programa de certificación de competenciasy habilidades para el trabajo.
Plasmados en elProyecto 18, los 8 ejes están encaminados a recuperar las condiciones de trabajo, con un salario sea digno y transparencia en la contratación colectiva y la libertad sindical.
Respecto al salario mínimo, dado el diagnóstico según el cual después de 35 años los trabajadores han perdido un 75 por ciento del el poder adquisitivoy el 67 por ciento de la población ocupada percibe menos de 3 salarios mínimos, el nuevo gobierno pretende transitar hacia un proceso de recuperación del salario mínimo de manera paulatina.
Superar la línea del bienestar mínimo
En su proyecto, el Movimiento por la Regeneración Nacional explica que el incremento “sería en una primera etapa, superar la línea de bienestar mínimoestablecido por el CONEVAL, con el fin de que este proceso sea compatible con la nueva política económica”.
Así, la propuesta consiste en unimpulso al salario mínimo mediante un incremento anual del 15.6 por ciento más inflación, para llegar al fin de sexenio a la cifra de 171 pesos diarios más la inflación que se haya generado en el periodo.
Los planes también incluyen un aumento del salario mínimo profesional y se elaborará un listado de profesiones considerando el mercado de trabajo y a los jornaleros agrícolas. Todo ello servirá de base para que, mediante el impulso de una negociación colectiva auténtica, se mejoren el resto de los salarios.
Tomando como base la reforma constitucional que realizó el presidente Enrique Peña Nieto, en febrero de 2017, el próximo gobierno buscará crear una nueva instancia que promueva y fortalezca la negociación colectiva.
Eliminar contratos de protección
Esta medida se fundamenta en en el hecho de que en el país sólo 10 por ciento de los trabajadores cuenten con un sindicato y de estos se calcula que el 90 por ciento están sujetos a contratos de protección, que se firman sin el consentimiento de los trabajadores. Esta situación ha llevado a que se deterioren los salarios y condiciones de trabajo.
“Por muchos años se ha denunciado la existencia de los contratos de protección. Organismos como la OIT han pedido a nuestro país que informa qué se ha hecho para reducir esta actividad, que incluso llegó a las negociaciones como el TLC, es momento de que se revisen”, afirmó a Factor Capital Humano Alfonso Bouzas, abogado laboral de la UNAM.
Por este motivo, el nuevo gobierno pretenderá realizar aumentar las inspecciones de trabajo. Esto que permitirá realizar diagnósticos, cuyo fin, es corregir y recuperar las mejores condiciones laborales.
En este sentido, el próximo gobierno pretende aumentar el número de inspectores, porque según el diagnóstico de Morena, parte del problema es que se incumplen las normales laborales existentes,lo que ha permitido que avance la subcontratación ilegal o el subregistro de los trabajadores en el Seguro Social y la ausencia en el pago de utilidades.
Asimismo, la Organización Internacional de Trabajo ha señalado que nuestro país tiene un numero muy bajo de inspectores, frente a su población trabajadora. Para ello se integrarán 500 inspectores y llegar asi a 1,500 para que al final del sexenio se cumpla con el incremento del 50 por ciento del número actual que recomienda la OIT.
Certificación de empresas por dar trabajo justo
Como parte de la política laboral, el nuevo gobierno pretende incluir el concepto de “trabajo justo”y por ello, se creará la “Certificación de Trabajo Justo”, que será un reconocimiento a empresas que otorguen salarios justos, según criterios “previamente determinados por un grupo de expertos, académicos y miembros de la sociedad civil, entendiendo por salarios los inscritos en el IMSS”.
La certificación se hará pública para que se conozcan a las empresas que otorguen salarios justos y cumplan con los derechos laborales, y “promoverá la vigilancia ciudadana y será considerada para las licitaciones públicas”.
Por otra parte, Ricardo Martínez Rojas, abogado laboral del despacho De la Vega & Martínez, comentó que “si bien hay temas pendientes, es importante que se avance con las leyes secundarias sobre la reforma a la justicia laboral, en gran medida ahí se tocan temas de interés que van a corregir parte de las preocupaciones que hay en materia laboral en el país”.