Iniciarán análisis de outsourcing rumbo a reforma laboral

Académicos, líderes sindicales, abogados laborales, integrados al Observatorio Laboral, iniciaron el análisis y propuestas ayer lunes.
María Del Pilar Martínez
22 de enero de 2019, 00:38
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A partir de este lunes, el Observatorio Laboral de la Reforma Laboral, integrada por académicos, lideres sindicales, abogados laborales, magistrados, iniciaron con el análisis, propuestas, opiniones respecto al outsourcing para encaminar la información hacia una segunda generación de reformas a la Ley Federal del Trabajo.
Alfonso Bouzas, integrante del Observatorio, comentó que hay inquietud en diversos sectores para que se revise la figura de contratación que se incluyó en la Ley Federal de Trabajo en el 2012: “No es posible que todo el trabajo sea tercerizado cuando la ley es clara y establece cuáles son las actividades que sí pueden subcontratarse ”.
Empresas del sector, consideraron que es indispensable que se incluya en la ley todo lo que está prohibido, pues si bien el mercado que ha crecido, no ha estado completamente supervisado por la autoridad, pese a la reforma laboral del 2012.
Al respecto, Germán de la Garza, socio de la firma Mowat, expuso que se debe analizar los cambios que pretenden hacerse en materia de subcontratación, con el fin de que no se conviertan en un problema que afecte al empleo formal.
“Si obligas de la noche a la mañana a los patrones a contratar de manera directa a los trabajadores, que por diversas razones subcontrataron personal, los meteremos en aprietos y eso puede traer un efecto negativo, con el riesgo de que se cierren plazas”, detalló.
Reforma del 2012 debe reforzarse
En tanto, Ricardo Martínez Rojas, abogado laboral de la firma De la Vega & Martínez, dijo que la reforma que se hizo en el 2012 a la Ley Federal del Trabajo “está bien, y no se requieren cambios. Más bien lo que se necesita es que se aplique”.
De acuerdo con el abogado, desde hace seis años se tienen los instrumentos para hacer de la subcontratación un esquema que cumpla con el pago de seguridad social y se reconozcan los derechos de los trabajadores, “lo que hace falta es que haya inspección, que se crucen los datos del IMSS y del SAT para conocer quiénes sí están cumpliendo con la ley, y si no, a partir de ello sancionar”.
En tanto, al establecer como mesa de trabajo la subcontratación en la 12 Reunión del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, el magistrado Héctor Arturo Mercado López expuso en entrevista que en la subcontratación “la reforma Constitucional plantea una reforma colectiva muy importante que requiere garantizar la estabilidad del empleo y sólo la contratación temporal de ciertos trabajadores”.
Afirmó que se requiere una legislación moderna que impida que se pierda la estabilidad del empleo.

pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Iniciaran-analisis-de-outsourcing-rumbo-a-reforma-laboral-20190122-0014.html

Saúl Escobar: “La economía gig es engaño, ambigüedad y trabajo vulnerable”

El economista mexicano advierte del empleo precario en actividades como Uber, defiende el salario mínimo y rechaza la existencia generalizada de jóvenes ´ninis´
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Saúl Escobar, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. (Genaro Rodríguez)
GENARO RODRÍGUEZ NAVARRETE, CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO)
23/01/2019 06:00
A decir de Saúl Escobar Toledo, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “los temas laborales se han ocultado o minimizado, como sí recibir un ingreso para sobrevivir no fuera uno de los temas, o el principal tema, de una sociedad”.
Advirtió que los asuntos relativos al empleo ahora están resurgiendo, “y esperemos que se coloquen en el centro de la agenda nacional”. Escobar Toledo confió en que “esta discusión tome impulso” para una mayor comprensión, divulgación y entendimiento.
En entrevista exclusiva para la red de Lectores Corresponsales de La Vanguardia, disecciona de modo perspicaz la estructura del mundo laboral que prevalece en México, sin perder de vista el contexto internacional.
Perfil
Profesor, experto e investigador
Saúl Escobar Toledo se desempeña como profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros ‘Rafael Galván’. Ha sido fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), diputado federal y subsecretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de la Ciudad de México. Es autor de ´La acumulación capitalista en el porfiriato´ y ´Los trabajadores en el siglo XX. Sindicato, Estado y sociedad en México: 1907-2004´.
– ¿Qué transformaciones recientes ha registrado el mundo del trabajo?
“A nivel mundial, las tendencias del trabajo han sido muy negativas. La globalización ha hecho que los empleos migren de un país a otro, sobre la base de salarios más bajos y condiciones muy precarias. El empleo en general se ha deteriorado. Por otro lado, el avance tecnológico ha provocado que la generación de empleos sea más lenta. La globalización ha afectado a las diferentes regiones del mundo de distinta manera. El país que más se ha beneficiado es China. Se ha convertido en la “fábrica del mundo”. Ha podido absorber una gran cantidad de mano de obra. Así, cuando en Estados Unidos escaseaba, en el sudeste asiático la oferta laboral aumentaba rápidamente. El mundo ha cambiado. El eje de la industrialización pasó de Europa y Estados Unidos a China y el sudeste asiático. México también se benefició parcialmente de este fenómeno sobre todo por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.
– ¿Las perspectivas de crecimiento de la economía contribuyen a la creación de empleos?
“Sí, porque tenemos desde hace tiempo un polo de crecimiento económico muy rápido en China, que en algún momento llegó hasta el 10 por ciento. Hoy está por el orden del 6 y 7. Mientras que Estados Unidos y Europa se ubican en 2 o 3 por ciento. Esto muestra una economía, como lo señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI), a dos velocidades: una lenta y otra rápida. Con la crisis de 2008, las cosas empezaron a cambiar porque la economía cayó. China incluso redujo su ritmo de crecimiento. Diez años después las economías se recuperan, aunque en casos como Europa, todavía no terminan de dejar atrás la recesión porque se atravesó el problema de la integración del euro. Luego el Brexit, más o menos reciente, ha generado también un marco de incertidumbre”.
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– ¿Coincide en que los empleos que hoy se generan son en general ‘precarios’?
“Precario” tiene distintas acepciones. La más común es que se trata de un empleo sin seguridad social, inestable y carente de prestaciones contractuales; por tanto, es mal pagado e inseguro. Este tipo de trabajos se generalizaron durante la etapa neoliberal en México y por todo el mundo, debido a la migración mundial de los empleos de los países más prósperos a los menos desarrollados. Los empleos precarios se crearon como una política de atracción de inversiones extranjeras o porque las instituciones laborales eran muy débiles”.
– ¿Esto en sentido contrario del ‘trabajo decente’?
“Hace 10 o 15 años la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo la propuesta del trabajo decente. Incluso la traducción ha sido cuestionada porque ‘decente’ en español tiene una connotación moral. A veces se habla mejor de ‘trabajo digno’. Se trata de un empleo protegido por la seguridad social, con un salario justo. Es resultado de una negociación colectiva, contractual y se basa en la libertad sindical de los trabajadores. Esta propuesta se lanzó como una manera de enfrentar las tendencias laborales predominantes en el mundo”.
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Protesta de conductores de Uber y Cabify en el conflicto abierto en España con el sector del taxi, fenómeno que se ha dado en otros países. (Juan Medina / Reuters)
– ¿También se han diversificado los tipos de contratación y empleo?
“Las formas del empleo como resultado de las nuevas tecnologías y la migración han cambiado. Ya no es la clásica relación trabajador asalariado-patrón. Ahora hay muchas formas de trabajo: tradicional, no tradicional; clásico, no clásico; y distintas formas de contratación: por honorarios, subcontratación, outsourcing, teletrabajo. Modalidades que lamentablemente no cumplen con los requisitos del trabajo decente”.
– ¿En qué consiste la economía gig?
“Es un término nuevo. Todavía no aceptado por todos los especialistas. Surge de una palabra que tiene su origen en el medio artístico. Podría traducirse como “palomazo”. Se da cuando un grupo musical no llega a un concierto programado, entonces se le piden apoyo a otro para cubrir la vacante. Ahora se usa para designar a un empleo que se contrata por medio de una plataforma digital, como característica fundamental, y se asume, en segundo lugar, como un trabajo propio, pero que en realidad es un trabajo asalariado al servicio de una empresa. Esta confusión, ambigüedad, disfraz y engaño, también es característica del trabajo gig. En tercer lugar, se distingue porque es un trabajo mal protegido, muy explotado, con bajos ingresos, sin seguridad social, no tiene contrato ni sindicalización, donde el trabajador asume todos los riesgos del trabajo; pero la empresa no adquiere ninguna responsabilidad y ni siquiera paga impuestos. El ejemplo más claro es el de Uber. Allí el trabajador es supuestamente independiente, conectado con una plataforma que solo es intermediaria entre el conductor y el usuario. En realidad es un trabajo al servicio de una empresa. La firma gana y le ordena al trabajador a quién tiene que recoger. Es un trabajo subordinado, aunque no se reconoce como tal. Lo que permite que sea un trabajo vulnerable. Incluso ha generado problemas con la seguridad de los pasajeros porque la compañía no se asume como patrón, solo como intermediario. En algunos países ha generado tal inconformidad que los taxistas regulares o tradicionales, han hecho paros. Y han logrado que los trabajadores de esa entidad se puedan sindicalizar y se reconozca la relación laboral. También se ha logrado que, en algunos casos, Uber pague impuestos y no burle al fisco. Y, aunque no exactamente, es el caso de Airbnb para conseguir alojamiento”.
Las nuevas tecnologías han comportado nuevas formas de empleo que,en algunos casos, aún buscan su encaje en el mundo laboral. (Richard Drew / AP)
– Debo insistir: ¿parece que el ritmo de la expansión económica mundial no ha sido suficiente para crear las plazas de trabajo necesarias?
“Uno de los rasgos de la etapa de globalización neoliberal que se ubica desde la crisis de 1982, es de un crecimiento muy bajo, con crisis económicas serias, aunque no tan recurrentes. Lo que ha generado un esquema laboral poco halagüeño, con una gran cantidad de empleos informales. El crecimiento no ha dado para crear las suficientes plazas formales. Tenemos ahora un problema en el mercado laboral de jóvenes que no encuentran empleo. Aunque es una tendencia a la baja, aún hoy es muy preocupante. Una salida a este fenómeno fue la migración. Entre 1990 y 2010, se fueron de México unas 500 mil personas al año. Es decir, cerca de 10 millones. ¿Qué hubiera sido sin la válvula de escape de la migración? Una situación angustiante”.
– Pese a ello, la administración anterior lanzó las campanas al vuelo por haber creado, según su parecer, una cantidad ‘histórica’ de empleos.
“Lo que pasa es que ahí hicieron una ‘trampa’ estadística: muchos de esos empleos ya existían; pero eran informarles, no acreditados en la seguridad social. Entonces lo que hicieron fue inscribirlos en la seguridad social. En realidad no eran plazas nuevas. De lo que no se habló es que al tiempo que aumentaban los trabajadores inscritos en la seguridad social, bajaban los salarios. Aumentó el número de empleos de dos a tres salarios mínimos y disminuyó la proporción con más de cinco salarios. Esto significó una pérdida del ingreso o un empobrecimiento de los trabajadores”.
– ¿Todavía es importante mantener como referencia los salarios mínimos?
“Creo que son muy importantes para la protección de los empleos más explotados, donde los trabajadores tienen muy poca calificación, como el trabajo de limpieza, en el sector rural o en la albañilería. Efectivamente, hubo una ofensiva encabezada por Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México, para acabar con el salario mínimo. Afortunadamente parece que esa tendencia no prosperó y ahora vemos un renacimiento parcial del salario mínimo con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lo está utilizando como un instrumento de política económica para proteger a los más débiles”.
– ¿Cómo observa la política de López Obrador para enfrentar la problemática laboral?
“Hay signos alentadores, como el aumento del salario mínimo, pero es un primer paso. Desde una perspectiva histórica es un avance pequeño. El chiste es que se mantenga. Espero que en 2020 haya un aumento de los mínimos similar al anunciado para 2019; es decir, de al menos un 16 por ciento. Esto es, la inflación más 10 o 12 puntos. De modo que el salario mínimo se convierta en un ingreso digno. Lo ideal sería que subiera en un 100 por ciento. Claro que esto no se puede hacer de un día para otro. Ojalá que a lo largo del sexenio se pueda ir aumentando paulatinamente. El otro tema es qué va a pasar con los salarios contractuales. En el pasado se utilizó el aumento de los mínimos como tope. Ahora eso no funcionará porque nadie va a dar un aumento del 16 por ciento. Lo que veremos son aumentos moderados por encima de la inflación. Lo que me gustaría ver es que se acabe con las formas de contratación precaria: los trabajos por honorarios, de tiempo parcial y la subcontratación. Es una vergüenza que en oficinas públicas los sanitarios sean limpiados por mujeres subcontratadas por alguna empresa, sin seguridad social. Se aprovechan de su condición femenina y sus necesidades para darles un empleo muy precario, con salarios muy bajos. No es posible que permanezcan estos tipos de subcontratación. El gobierno debe ser ejemplo en cumplir la ley, pero es el primero que la viola”.
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Un empleado fumiga plantas en la zona de Xochimilco, Ciudad de México. (Nick Wagner / AP)
– ¿Qué opina del programa de empleo para jóvenes?
“Es un proyecto interesante. Es algo inédito. Antes existía, pero tenía pocos fondos y no era tan masivo. Ahora le van a destinar entre 40 y 45 mil millones de pesos. Visto en el presupuesto general es poco. Aunque como un programa específico sí es notable el monto. La idea es abarcar hasta 2.5 millones de jóvenes; sin embargo, creo que sólo alcanzará para 2 millones. El experimento puede ser muy interesante, empero, tiene sus riesgos. Por ejemplo, podría convertirse en un subsidio para las empresas porque van a poder contratar gratis a un joven pagado por el gobierno. Además, si a la persona se le ocupa en actividades auxiliares como limpiar o estibar, no ayudará a su formación, adiestramiento y capacitación. Otra preocupación es que no certifiquen las capacidades adquiridas. El secreto de esto en el mundo, como en Alemania donde existe esta práctica bajo la modalidad de aprendiz –aquí sería un becario–, es que el joven aprenda un oficio y sea certificado. Es decir, se le reconozca con un diploma lo que sabe hacer y con ese papel pueda ir a otra empresa y contratarse”.
– ¿Se busca brindar soluciones a los ninis?
“El término “nini” es ofensivo y falso. En realidad, hay muy pocos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Gran cantidad de jóvenes desempeñan actividades no remuneradas, sobre todo, las mujeres. Llevan a cabo trabajos domésticos, de cuidado familiar y ayudantías en talleres. Los jóvenes sí hacen algo. Debe haber alguno que no haga absolutamente nada, sin embargo, la mayoría no son ninis en sentido estricto. Algunos realizan tareas indispensables en la familia, como el cuidado de los niños pequeños o de los abuelos. Son quehaceres no remunerados ni reconocidos, pero indispensables en el seno familiar”.
– Por otro lado, se anuncia un “cambio radical” en materia de justicia laboral, con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué prevé en esta materia?
“Es una reforma que viene de febrero de 2017 con tres asuntos centrales: cambiar la justicia laboral suprimiendo las juntas de conciliación y arbitraje, locales y federales, y crear juzgados adscritos al poder judicial; un centro de conciliación laboral y de registro de contratos y sindicatos, independiente del gobierno; y garantizar el voto universal, directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes sindicales, así como para escoger el sindicato y el contrato colectivo de su preferencia. Eran reformas muy importantes que se han quedado congeladas porque no se cambió la Ley Federal del Trabajo. Ahora hay varios proyectos en la Cámara de Diputados para ver de qué manera se concretan estos avances”.
– ¿Qué prevalece entonces hoy en este renglón?
“Simulación y engaño. Una vida de mentiras mediante los contratos de protección laboral. Son contratos que se firman a espaldas de los trabajadores entre un sindicato de papel y un empresario que acepta firmar y utiliza como parapeto para fingir que se está respetando la ley, cuando en realidad es un engaño total. Es un negocio de abogados y líderes sindicales para beneficiarse de esos acuerdos mediante cuotas que el trabajador paga a un sindicato que nunca ha visto. O para extorsionar a los empresarios bajo la amenaza de hacerles una huelga. La ficción de los contratos colectivos de protección ha sido muy dañina para el mundo laboral y esperemos que con la reforma se vaya acabando con esa práctica”.
– ¿Lo que Usted señala sería un cambio radical?
“Sí, pero esperemos que no sea un cambio súbito porque el mal está tan extendido que acabar con él no será posible en poco tiempo. La ley es un instrumento muy importante para ir erradicando este cáncer que corroe al 80 o 90 por ciento de los trabajadores asalariados. Es tan grave que la OIT la pone como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y en América Latina es una cosa sin comparación. Sólo en México existe esa práctica de los contratos de protección. En otros países, los patrones tratan de burlar la ley, pero no como en nuestro país que se ha convertido en una práctica generalizada. Ha sido un gancho para promover la inversión extranjera, sin embargo, es una vergüenza mundial. En uno de los puntos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hay una cláusula que prohíbe los contratos de protección y obliga a México a legislar para prohibir este tipo de convenios”.
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Firma del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. (EFE)
– ¿Esta situación tiene lugar en medio de una marcada debilidad institucional?
“En el medio académico y de las entidades multilaterales se habla de debilidad institucional para señalar un problema: la distancia entre la ley y la realidad. En otras palabras: no se aplica la ley. La autoridad encargada de velar por la aplicación de la ley simplemente no hace nada. En el caso de México, las autoridades laborales federales durante muchos años no han hecho nada para vigilar el cumplimiento de la ley. Han dado curso a estos contratos de protección, empleos vulnerables, al incumplimiento del pago del salario mínimo; muchas prácticas laborales que violan abiertamente la Constitución. Las autoridades ven para otro lado. A eso se le llama técnicamente debilidad institucional. En México eso quiere decir abierta corrupción. Una política que favorece a los patrones lastimando a los trabajadores. Las instituciones no cumplen con su obligación”.
– ¿Esto acentúa la desigualdad?
“Se manifiesta en varias desigualdades, por ejemplo, entre hombres y mujeres, que se hace más profunda en el mercado laboral. Las mujeres, en promedio, siguen ganando menos que los hombres incluso en puestos iguales. En general, las mujeres se colocan en empleos más vulnerables y más precarios que los hombres. También hay desigualdades cuando hablamos de edades: entre más jóvenes más desempleo. En cuando a grupos étnicos: los indígenas tienen empleos peor pagados. Y en desigualdad regional: el sureste del país es una región donde hay mucha más empleos precarios, informales y vulnerables que en el norte del país”.

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Habrá segunda ola de reformas en materia laboral: STPS

FORTALECERÁN INSPECCIÓN EN OUTSOURCING
Bajo qué lineamientos se permitirá la figura de subcontratación y “aterrizar” la reglamentación de la reforma del 2012, el objetivo.
María Del Pilar Martínez
21 de enero de 2019, 00:15
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La secretaría del Trabajo y Previsión Social contempla en su política laboral tres acciones fundamentales: Jóvenes Construyendo el Futuro, impulso e implementación de la reforma a la justicia laboral y fortalecer la inspección en outsourcing, que paralelamente iniciará con los trabajos para una segunda generación de reformas en la materia.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, dijo que la reforma laboral de 2012 en la que se incluyó, por primera vez, el outsourcing, “no se ha cumplido”, pese a los requisitos que se impulsaron para que no hubiera abuso al “precarizar el empleo” en el país.
En su primer acercamiento con medios de comunicación, la titular del trabajo dijo que está en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, y destacó que es importante que ésta se enfoque en dar cumplimiento a los cambios en la Constitución aprobados el 24 de febrero de 2017 y que se enfocan a la justicia laboral.
En ese sentido, señaló que esta administración, a través de la creación de la Unidad de Trabajo Digno, que dependerá de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, se darán a la tarea de realizar inspecciones para detectar a la “subcontratación abusiva”; de lo que se trata es “de ir a verificar realmente que se cumpla con la Ley Federal del Trabajo e ir promoviendo las reformas necesarias que se requieran en el tema de la subcontratación”.
Y recordó que, de acuerdo con los requisitos actuales en materia de outsourcing, “no puedes subcontratar haciendo las mismas funciones, ese tipo de cosas no deben ocurrir, lo que estamos planeando es actuar (inspecciones), pero también por el otro lado que exista un espacio de discusión para determinar qué se vale y qué no”.
Alcalde Luján admitió que “hay un debate en donde algunas empresas dicen que sólo con que tengan seguridad social se vale, pero eso no dice la Ley Federal del Trabajo, no puedes subcontratar cualquier materia de trabajo; entonces creo que por un lado se puede avanzar en ese sentido, pero también podemos ya tener planes estratégicos a sabiendas que hoy hay empresas que actúan fuera de la ley, pero creo que se tiene que abrir un espacio de diálogo”.
Añadió que “yo creo que sí se requieren reformas para aclarar muy bien los supuestos. Mi visión, no es si se permite o se prohibió; si no si se va a permitir bajo qué lineamientos se hará, cómo vamos a ir definiendo que no se convierta en una figura que lo único que genera es precarización del trabajo e incumplimiento de obligaciones, evasión fiscal, evasión por el lado del seguro social”.
Por lo que la dependencia tomará este tema de manera conjunta con instituciones como IMSS y SAT, “para realmente tener una estrategia en conjunto que nos permita dar golpes de precisión”.
Destacó que la dependencia no pondrá ni quitará dirigentes sindicales, de lo que sí se encargará es de revisar que los procesos internos se cumplan, “hoy la Secretaría de Trabajo, con la Dirección de Registro y Asociaciones, sólo se encarga del registro”, pero una vez que se apruebe la reforma “habla de todo el procedimiento, que no nada más tiene que ver con que haya una urna y que se deposite el voto secreto; habla de padrones confiables, históricamente los padrones se han manipulado, habla de convocatorias abiertas”.
Hacia un nuevo capítulo en outsourcing
En el 2012 se incluyó, por primera vez, en la Ley Federal del Trabajo al outsourcing.
En los artículos 15A a 15D se realizó la reglamentación del outsourcing en el país, en el que, según estimaciones de empresas de recursos humanos, hay cerca de 6 millones de trabajadores. La ley contempla:
1) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.
2) Deberá justificarse por su carácter especializado.
3) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.
La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente de que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última.
No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales (multa por el equivalente de 250 a 5,000 veces la UMA).

pmartinez@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Habra-segunda-ola-de-reformas-en-materia-laboral-STPS-20190121-0010.html

Propuesta de telefonistas sobre reforma laboral llega a la Cámara de Diputados

La iniciativa incluye tres temas adicionales: reformar el outsourcing, reformar los salarios caídos, y trabajos especiales.
María Del Pilar Martínez
17 de enero de 2019, 12:25
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El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) presentó su iniciativa de reforma laboral, a través del diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Javier Ramírez Navarrete, en la que pretende incluir modificaciones en la subcontratación, modalidad que se incorporó a la Ley Federal del Trabajo en 2012, pues señala que sólo 3% de la fuerza laboral mexicana forma parte de un sindicato y el “resto de los trabajadores se encuentran bajo un contrato de protección u contratados por un outsourcing”, lo que afecta los derechos laborales.
La propuesta de reforma laboral se suma a la que presentó el Grupo Parlamentario de Morena el pasado 22 de diciembre y que cuenta con el consenso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, así como de una parte del sector empresarial y del Poder Judicial.
Además, existe otra que lidera el Partido Encuentro Social, que busca dar cumplimiento con las modificaciones que realizaron en la Constitución en febrero de 2017 y su base es la propuesta que presentó el PRI en 2017.
En el contenido de la iniciativa de los telefonistas, mismas que apoyarán las organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores, incluye tres temas adicionales: reformar el outsourcing, reformar los salarios caídos, y trabajos especiales (trabajadores del hogar, del campo).
En ese sentido, destaca que “en este nuevo contexto, el aumento de la transparencia de la vida sindical, la vigencia de la libertad de negociación colectiva y la existencia de incentivos institucionales que fomenten la cooperación y la mejora sostenida de la productividad –como lo plantea esta propuesta– generarán beneficios indiscutibles a los inversores”.
Igualmente, indica la exposición de motivos, el reconocimiento de mejores condiciones de trabajo después de largos años de severos retrocesos, será un aliciente para recuperar la confianza entre los trabajadores y sus patrones, ingrediente fundamental de un auténtico esfuerzo por mejorar sostenidamente la productividad en el país.
Especialistas sostuvieron que es bienvenida la propuesta, pues traerá una amplia discusión en el Congreso, “pero debe definirse qué es lo que se pretende hacer, discutir una ampliar reforma o una que lleve al cumplimiento de la reforma Constitucional e 2017”.
Añade que la necesidad de adaptar los procesos productivos a las presiones competitivas no se atenderá provocando la precarización del empleo o dejando abierta la puerta para la arbitrariedad, la unilateralidad y la corrupción, “sino ofreciendo todas las oportunidades de una auténtica flexibilidad negociada que responda a las innovaciones tecnológicas y organizativas y a los cambios de los mercados sin afectar los derechos fundamentales de los trabajadores, mediante la estabilidad en el empleo y garantizando un reparto justo de sacrificios y beneficios”.

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Propuesta-de-telefonistas-sobre-reforma-laboral-llega-a-la-Camara-de-Diputados–20190117-0072.html

Estos son los temas laborales que les interesan a los diputados

Transparencia en la elección de líderes sindicales, subcontratación regulada y vigilada, derechos para las trabajadoras del hogar y home office. Estos son algunos de los temas en materia laboral que los diputados federales de la actual legislatura quieren legislar.
Blanca Juarez
16 de enero de 2019, 14:17
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Los derechos laborales serán unos de los temas importantes en la LXIV legislatura. Foto: Especial
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados han llegado ya 47 iniciativas en esta LXIV legislatura, que inició en septiembre de 2018. De ellas, 34 serán dictaminadas exclusivamente por ese grupo, nueve serán revisadas con otras comisiones y en cuatro sólo aportará su opinión.
Algunas propuestas abordan temas pendientes de la reforma laboral de 2017. Por ejemplo, la subcontratación, o la creación de nuevos órganos de justicia que sustituyan a las juntas de conciliación y arbitraje.
Los diputados también quieren legislar prácticas como la flexibilización de horarios y la posibilidad de trabajar desde casa, pues cada vez más compañías las están utilizando, un poco presionadas por las nuevas generaciones que exigen otras formas de desempeñar sus tareas.
Segunda regulación a la subcontratación
Desde 2009 la Ley del Seguro Social contempla el esquema de subcontratación. En ese año se establecieron reglas para los empleadores que operen con ese esquema. Sin embargo, la gran mayoría ha cumplido, afirma el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) propone que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sea la encargada de emitir las normas que obliguen a los patrones a cumplir con sus responsabilidades laborales.  
Robledo Leal expone en la argumentación de su iniciativa que la subcontratación es lo mismo que outsourcing. Es decir, es cuando una empresa contrata a otra para que se haga cargo de cierta parte de su actividad o proceso productivo.
La subcontratación, dice el legislador, ha facilitado “la erosión y desprotección de los trabajadores en México”. Del total de las empresas que trabajan con ese sistema, sólo 100 están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Y de ese centenar, sólo 40 por ciento paga impuestos. Muchas de esas compañías, que emplean a más de 2 millones de personas, violan los derechos de los empleados y simulan cumplir con los servicios para los que se les contrató, indica en su exposición de motivos.
Por ello, pretende reformar el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo (LFT), para especificar que la STPS será la responsable de poner orden y evitar que estos abusos sigan ocurriendo.
El sueño legislado del home office
Una de las iniciativas más populares es la del home office. El 2 de octubre del año pasado, la diputada Lyndiana Bugarín Cortés, presentó la propuesta de su grupo parlamentario, el del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Los legisladores de esa bancada proponen modificar la LFT y que un día de la semana laboral los colaboradores puedan trabajar desde casa. La iniciativa también contempla horarios escalonados.
Estos esquemas no serían obligatorios, los implementarán quienes puedan y deseen hacerlo. Pero al estar considerados dentro de la ley, protegerá a empleados y patrones ante algún conflicto.
La principal motivación de los diputados para proponer esta reforma es reducir la contaminación vehicular. La movilización de millones de empleados a sus centros de trabajo, que en ciudades como la México, Monterrey o Guadalajara genera caos vial, es lo que tratan de aminorar.
Por ello, iniciativa será dictaminada en la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. La Comisión de Trabajo solo dará su opinión sobre los cambios que se pretenden hacer a diferentes leyes.
Van por la transparencia de los sindicatos
Otro tema que será relevante en esta legislatura es el de los sindicatos. La iniciativa del diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo (PT), pretende garantizar que el voto de los trabajadores para elegir a su directiva sea libre y secreto.
Actualmente, el artículo 371 de la ley del trabajo permite que las elecciones sean directas o indirectas. Es decir, en muchos sindicatos, como el de Petróleos Mexicanos (Pemex) los agremiados votan a mano alzada, a la vista de los candidatos y los dirigentes. El legislador propone especificar que el sufragio debe ser libre y secreto.
La bancada de Morena también quiere hacer adecuaciones a la ley para garantizar la democracia sindical. Su iniciativa también va por voto libre y secreto, y además por la paridad de género en la dirigencia. Asimismo, exige que los sindicatos tengan una constancia de representatividad para realizar cualquier trámite, como la negociación salarial.
Hay otra propuesta, la de Nayeli Salvatori Bojalil, diputada del Partido Encuentro Social (PES). Ella también quiere eliminar el voto a mano alzada, y además busca que las directivas tengan un periodo de hasta seis años.
Nuevas juntas de conciliación
Uno de los pendientes de la reforma laboral de 2017 es la creación de los nuevos centros de justicia laboral. Los diputados de Morena presentaron una iniciativa para instaurar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
Ese órgano tendrá la función de conciliar los conflictos entre empleados y empleadores. La iniciativa señala que, además, cada estado del país deberá tener un centro de conciliación local. Una vez que estén en operación, las justas de conciliación y arbitraje desaparecerán.
Actualmente las JCA intentan que la parte patronal y obrera lleguen a un acuerdo. Si no sucede, ellas mismas emiten una sentencia sobre el asunto. Los nuevos organismos solo se encargarán de concertar a ambas partes. Si no se logra, la resolución del conflicto la dictará el Poder Judicial.
Derechos laborales de las trabajadoras del hogar
Los derechos de las trabajadoras del hogar son otras de las iniciativas más numerosas. Hasta ahora van cinco. Las propuestas van desde eliminar la palabra «domésticas» en la Ley Federal del Trabajo, hasta reconocerles derechos como el de la vivienda.
Antes de pedir licencia como diputada federal para dirigir la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara envió una iniciativa para pedir la reforma a varios artículos de la LFT y cambiar el concepto de “trabajadores domésticos” por “trabajadores del hogar”.
Esta ha sido una de las demandas de las empleadas de ese sector, pues argumentan que definir su trabajo como doméstico las confina a lo privado, donde difícilmente el Estado puede hacer regulaciones.
En tanto, la diputada Marcela Torres Peimbert, del PAN, también con reformas a la LFT, pide que tengan las prestaciones que marca la ley para otros trabajadores; como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, seguridad social y aguinaldo.
Propone dividirlas en tres grupos: las empleadas que trabajan para un patrón y residen en el domicilio, o “de planta”; las que trabajan para un patrón y no viven en el domicilio, o “de entrada por salida”, y aquellas que trabajan para diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguno de ellos.
Finalmente, la diputada Anilú Ingram Vallines, del PRI, quiere modificar el artículo 146 de la LFT y establecer la obligatoriedad de los patrones a pagar las aportaciones al Instituto del Seguro Social. Igual que la Torres Peimbert, quiere que su una jornada laboral sea de hasta 8 horas, pues actualmente no hay un límite.

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Estos-son-los-temas-laborales-que-les-interesan-a-los-diputados-20190116-0089.html

Gobierno de AMLO va contra outsourcing; podría aprobar leyes de reforma laboral

ECONOMÍAHOY.MX / REUTERS – 14:34 – 15/01/2019

  • Cambios sucederían en el primer trimestre: Napoleón Gómez Urrutia

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(Foto: iStock)
México podría aprobar en el primer trimestre del año las leyes secundarias de una reforma laboral realizada en los últimos años, que podría incluir controles a la contratación a través de terceras empresas, esquema conocido como «outsourcing«, dijo el martes un senador clave del partido gobernante.
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la comisión del trabajo en la cámara alta, dijo que buscará hacer obligatorias en México regulaciones laborales establecidas bajo un nuevo pacto comercial con Canadá y Estados Unidos, conocido como T-MEC.
«Yo he estado insistiendo ante las comparecencias que hemos tenido (…) que los términos que se establezcan en este capítulo de derechos laborales sean obligatorios, no sean recomendaciones, porque si no, no va a haber un gran cambio», comentó en una entrevisa con Reuters.
Gómez Urrutia, quien encabeza el mayor sindicato minero de México, dijo que también está buscando regulaciones más estrictas para concesiones en el sector y menos restricciones para cancelar permisos de exploración y explotación a las empresas.
De acuerdo con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsaría una Reforma Laboral busque quitar el control de los contratos colectivos de trabajo a los líderes sindicales, como el presidente de la comisión, y a su vez cumpla con los derechos laborales acordados con sus principales socios comerciales: Estados Unidos y Canadá.
El outsourcing, es un mecanismo de subcontratación que se legalizó en México y tiene más de seis años desde la reforma laboral de Felipe Calderón a la Ley Federal del Trabajo.
Enlaces relacionados

https://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/9636522/01/19/Gobierno-de-AMLO-va-contra-outsourcing-podria-aprobar-leyes-de-reforma-laboral.html

México avanza y retrocede en lo laboral


Cindy Jiménez
09 de enero de 2019, 00:30
Es difícil entender para dónde se mueve nuestro país en materia laboral. A veces, México parece querer aplicar las más novedosas técnicas para que los trabajadores registren las entradas y salidas de sus empleos; en otras ocasiones, parece que al patrón le interesa brindar muchos más derechos a los empleados que aquellos ínfimos contenidos en la Ley Federal del Trabajo; pero en otros momentos, simplemente y por costumbre, se recurre a las viejas prácticas de presión sindical para obtener lucros inmerecidos.
Si miramos hacia atrás, no tenemos más que mirar a la ratificación que hizo el Senado de la República del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.
En efecto, es impresionante, pues se trata de un convenio que data de 1949, cuando seguramente el mundo, el derecho, los sindicatos, los trabajadores y México funcionaban de una manera distinta a la que ahora lo hacen. Como mera referencia, el Partido Revolucionario Institucional gobernaba nuestro país a través de la figura de Miguel Alemán Valdés, quien había ganado las elecciones con 78% de los votos. Realidad que desde hace muchos años no se observa por estos lares.
Ya tendremos tiempo de averiguar cómo se estructurará el nuevo sindicalismo pero mientras tanto podemos analizar algunos pasos que en ese sentido ha dado nuestro país.
Mucho se ha hablado de si los outsourcings han dado lugar a facturación apócrifa o de si su regulación en la reforma laboral del 2012 ha dado resultado. Es importante recapitular, para entender lo que nos depara el futuro.
Cuando en el 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo para agregar los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D, en donde por primera vez se aborda el término de subcontratación en la legislación mexicana, no tardaron en surgir requisitos adicionales por cumplir. Un ejemplo de esto son los informes trimestrales a presentar ante el Seguro Social por parte del contratante y del contratista, la creación del Sistema de Responsabilidad Solidaria (Sireso) del Infonavit y recientemente, el aplicativo en la página del SAT. Ello, sin omitir comentar las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, que imponen obligaciones sobre el cliente para exigir de su prestador de servicios toda la transparencia en sus declaraciones y pagos de los citados impuestos.
No cabe duda, las autoridades están más receptivas hoy que nunca, no solamente a la posibilidad de la subcontratación, sino a corregir sus procesos, además de la terminología y convertirla en una adecuada y transparente tercerización y administración integral del capital humano.
No se puede dejar de criticar que la Norma Mexicana de Servicios de Tercerización y Gestión de Personal del 2016 se quedó guardada en la Secretaría de Economía a dormir el sueño de los justos, pero lo que significa la tercerización en México y en el mundo le quedaba muy chico, de cualquier manera, a una norma que ni siquiera poseía el carácter de oficial y obligatoria.
Tenemos que entender que empresarios, pequeñas y medianas empresas, y startups impulsan la economía del país, pero sin una adecuada administración de su capital humano, sin la capacitación y adiestramiento constante, sin el conocimiento de cómo cumplir con las normas de trabajo, ¿cómo podrían enfocarse en lo que realmente saben hacer?
Para llegar ahí, los legisladores y autoridades pueden tomar el ejemplo de Perú, que específicamente tiene una Ley que Regula los Servicios de Tercerización; o también el de Chile que en su ley número 20.123 reglamenta la subcontratación.
Tristemente, México aún está pendiente de subirse a ese barco.
Si en economías mucho más desarrolladas como la estadounidense y la canadiense se promueve y regula la tercerización a través de leyes específicas y claras, el futuro de nuestro país en materia laboral deberá ser, sin lugar a duda, la creación de una ley general de tercerización y administración del capital humano.
Indudablemente, la regulación clara, específica y transparente de la tercerización como hoy en día se practica en el país, exigiendo el total apego a las normas vigentes y aplicables, así como la protección, capacitación, adiestramiento y administración correcta de los empleados, es el escalón que hace falta para crecer y avanzar en al ámbito laboral del primer mundo.

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-avanza-y-retrocede-en-lo-laboral-20190109-0006.html

Creará STPS área de ‘trabajo digno’

Autor: Veronica Gascón, Agencia Reforma
2019-01-01 21:05:24
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NACIONAL
La Secretaría del Trabajo creará una unidad de «trabajo digno» que tendrá varias prioridades, entre ellas, atender la problemática del outsourcing ilegal
La Secretaría del Trabajo creará una unidad de «trabajo digno» que tendrá varias prioridades, entre ellas, atender la problemática del outsourcing ilegal.
La titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, dijo que para atender este tema iniciarán con un diagnóstico para descifrar cuántas empresas se dedican a esta actividad y cuántos trabajadores están contratados bajo dicho esquema.
«Vamos a crear una área de trabajo digno que tendrá prioridades específicas y una tiene que ver con la subcontratación y para atender esa problemática requerirá antes de un diagnóstico claro que nos permita saber de cuántos trabajadores, de cuántas empresas estamos hablando y cuántas están en un esquema de cumplimiento de la ley y cuántas no», señaló.
Dijo que a partir de ello podrán avanzar de manera coordinada con el IMSS y el SAT para regular mejor esta actividad.
Según información de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), en México, se estima que existen 900 empresas que ofrecen tercerización de personal y de éstas únicamente 100 están registradas ante el IMSS y de las cuales solamente 40 pagan todos los impuestos conforme a la Ley.
Algunas de las malas prácticas que existen es contratar al personal por honorarios, ya que de esta forma no se paga IMSS ni Infonavit, además no se tiene que pagar liquidación a los empleados cuando termina la relación laboral.
Otra práctica consiste en dar altas y bajas constantes del mismo trabajador ante el IMSS, aunque sigan trabajando.
De esta forma, el IMSS mantiene sus derechos y así sólo pagan la tercera parte de los meses en el año al Instituto.
También hay quienes inclusive evaden el IVA al hacer facturación entre empresas que simulan ser de un mismo grupo.
Por otro lado, Alcalde aseguró que las oficinas que actualmente albergan a la secretaría del Trabajo (Paseo de la Reforma 93), dejarán de rentarse debido a que se invierten 50 millones de pesos al año.
Advirtió que el personal que labora en dichas oficinas se cambiará a un edificio perteneciente a la Secretaría que se encuentra la colonia Los Alpes y poco a poco irán preparando la mudanza a la ciudad de León Guanajuato, como parte del programa para descentralizar a las dependencias del Gobierno federal.
El edificio que actualmente renta la STPS se utiliza desde que Javier Lozano era secretario del ramo, en tiempos del exPresidente Felipe Calderón.

http://meridiano.mx/NACIONAL/37380/Creara-STPS-area–de-trabajo-digno-

Iniciativa para transformar el mundo del trabajo 


28/12/2018 
La iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados en materia de justicia y democracia sindical es un elemento clave para enfrentar los enormes pendientes que en esta materia subsisten en nuestro país. 
Dicha reforma es producto de varias piezas de un rompecabezas que, en su conjunto, forman un punto de quiebre con un modelo laboral basado en el control, la opacidad y la falta de democracia. 
El primer elemento en el que se basa esta iniciativa son los cambios constitucionales aprobados en febrero de 2017, cuyas leyes reglamentarias quedaron para después. Otro elemento es la rati^cación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, por el cual México se comprometió a fomentar la negociación colectiva auténtica y la libre sindicalización. Finalmente, la iniciativa responde a los compromisos asumidos por México en el reciente acuerdo comercial T-MEC. 
La iniciativa es producto de un amplio proceso de participación no sólo de organizaciones sindicales y empresariales sino también de académicos, especialistas, abogados laborales, integrantes del poder judicial y autoridades en esta rama del derecho. ¿En qué consisten y por qué son tan relevantes estos cambios en puerta? Señalemos cinco razones clave. 
1. Democracia en el trabajo. Así como los ciudadanos eligen libremente a sus autoridades, ahora también los trabajadores elegirán a sus dirigentes por voto personal, libre, directo y secreto. Sus representantes tendrán que sujetarse constantemente a la rendición de cuentas, principalmente cuando renueven los términos de los contratos colectivos. Así, la reforma contribuirá a devolver el poder del sindicato a sus aliados. 
2. Contratos colectivos genuinos. La reforma rescata la negociación colectiva de la simulación y la corrupción, propios de los contratos de protección, para que los acuerdos entre trabajadores y empleadores comiencen a girar en torno a mejorar la productividad y las condiciones laborales. 
3. Se crea un órgano autónomo para la conciliación y el registro de sindicatos y contratos colectivos. Uno de los mecanismos de control político de los pasados gobiernos consistía en que el Poder Ejecutivo entregaba o negaba el 
registro a un sindicato bajo criterios discrecionales: a los leales, lo concedía; a los disidentes, lo negaba. Para asegurar la libertad sindical, el registro quedará a cargo de un órgano autónomo e imparcial. 
4. Justicia laboral. Tribunales laborales adscritos al Poder Judicial sustituirán a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Al independizar la justicia laboral de la órbita del Poder Ejecutivo, finalmente se corrige una anomalía que perduró durante muchos años. En adelante, el proceso será predominantemente oral y más expedito, en presencia de un juez en las audiencias. 
5. Eliminación de la extorsión por sindicatos fantasmas. 
Una práctica que ha agobiado a los empresarios es el constante chantaje de siglas sindicales que utilizan el emplazamiento a huelga como medio de extorsión sin contar con representación alguna. En la iniciativa se exige acreditar previamente dicha representación y se establecen distintos mecanismos para evitar estas prácticas. 
Sabemos que quedan varios pendientes de la agenda laboral, entre ellos el abuso de la subcontratación y el régimen laboral burocrático. Concluida esta tarea, tenemos la responsabilidad de abrir espacios de diálogo en relación con estos temas fundamentales. Aprovechemos esta oportunidad histórica. 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/luisa-maria-alcalde/nacion/iniciativa-para-transformar-el-mundo-del-trabajo

¿Muera el outsourcing y viva la subcontratación?


Jaime Flores Sandoval
27 de diciembre de 2018, 23:47
La reforma tiene dos objetivos: que la justicia en materia laboral se deslinde del Poder Ejecutivo y se incorpore al Judicial y que se retomen principios como libertad de negociación colectiva y abatir sindicatos blancos o de protección.
La reforma laboral por someterse a discusión en el Congreso se vincula con una modificación constitucional de febrero del 2017, al célebre Convenio 98 de la OIT y a exigencias del USMCA (T-MEC) respecto a condiciones laborales que deben equipararse a las de Estados Unidos y Canadá.
Hasta el momento, no hay reforma que busque eliminar el régimen de subcontratación, en todo caso las que existen pretenden frenar los abusos que se han realizado alrededor de todo el país, empleando figuras alternas que rompen con toda disposición legal, en francas simulaciones que afectan a trabajadores y Estado.
El desconocimiento de los orígenes y bondades del esquema —debidamente implementado— han levantado a la opinión pública e incluso a entes que operan al amparo de esta figura en su contra. Las declaraciones del senador Napoleón Gómez en que manifiesta que se promoverá una ley que terminará con el outsourcing lo confirman.
Tras este anglicismo existen múltiples acepciones, desde las que consideran que se trata de recurrir a fuentes externas de servicios —transporte, seguridad, contables o legales— hasta los que lo confunden y alternan con otros conceptos como tercerización y similares que no existen en ninguna disposición legal o constitucional.
La reforma a la que alude esta columna tiene dos objetivos centrales, así se plantea en la iniciativa: que la impartición de justicia en materia laboral se deslinde del poder ejecutivo y se incorpore al Poder Judicial —se considera que debió ocurrir así hace tiempo— y que se retomen principios sindicales como libertad de negociación colectiva, eliminación de sanciones por pertenecer a un sindicato, no hacerlo o renunciar a él, y abatir sindicatos blancos o de protección en contra de intereses de los trabajadores.
Ninguna reforma, a la fecha, intenta modificar y mucho menos extinguir al régimen de subcontratación, de hecho es un tema que ni siquiera está en la agenda de este proyecto o algún otro. Independientemente a estas reflexiones, ¿debe eliminarse el régimen de subcontratación?
Hablar de outsourcing, tercerización y trabajo en régimen de subcontratación remite a tres términos que indebidamente se emplean de manera indistinta, puesto que tienen características que los diferencian de manera radical. Por principio de cuentas, sólo el último existe en ley.
El outsourcing nace en otras latitudes, sin una definición generalizada para el ámbito nacional. Hay quien lo identifica con servicios externos —mensajería o maquila—, prestados por figuras alternas —cooperativas, S de RL, sociedades civiles u otras con las que se intenta disfrazar relaciones laborales— y quien de plano lo equipará total e injustamente con la subcontratación laboral, incluidas diversas autoridades.
En la subcontratación, un patrón —contratista— con sus trabajadores presta servicios especializados a sus clientes —contratantes—, quienes no guardan relación laboral con los trabajadores. Esta relación puede generar beneficios adicionales —no sustitutivos— para los trabajadores, mayor productividad y menos rotación.
Se fundamenta y confirma validez en los artículos 15-A, 15-B, 15-C y 15-D de la LFT. La tercerización se entiende por lo menos de dos formas: servicios en que un intermediario funge como tal entre beneficiarios y patrones, en una relación compleja para las partes y la que ofrecen las empresas que se ostentan como líderes del mercado mexicano.
Algunas organizaciones que agrupan a empresas que prestan este servicio definen tercerización como: “un proceso mediante el cual una persona física o moral, sin importar su giro ni su tamaño, delega los procesos de la administración de personal a un tercero experto en la materia”, en clara lejanía del marco legal.
Quien opera como contratista asume responsabilidades patronales, arropa a los trabajadores y no renuncia a obligaciones esenciales con afirmaciones como las que indican que se trata de administradores de personal, no patrones.
Este tipo de manifestaciones públicas son las que crean riesgos y una mala apreciación del régimen.
La reforma al artículo 15-C de la LFT propuesta por la senadora Marybel Villegas, de Morena, es clara muestra de que no se busca eliminar al régimen, sino regularlo de mejor forma, lo cual ocurriría en principio a través de una Norma Oficial Mexicana, que excede en potestades a la anhelada —y temida por algunos— Norma Mexicana.
La falta de análisis y comprensión de la figura en LFT desde el 2012 y de los servicios similares que pretenden emularla ha generado diversas regulaciones que por separado confunden, burocratizan y complican la operación de las empresas contratistas, de sus clientes y de las mismas autoridades fiscales.
Retomando la propuesta de los expertos más reconocidos en el medio, confirmo la necesidad de una ley general de subcontratación, que a nivel federal y local cohesione las disposiciones que regulan el régimen en LFT, LISR, LIVA, LIMSS, Linfonavit, LFPIORPI y legislaciones locales, con más y mejores medios de control, pero unificados para promover la creación de empleo digno y suficiente y no la absurda eliminación de una industria generadora de empleos.
Respecto a manejar de forma alterna los términos tercerización, outsourcing, insourcing o cualquier equivalente e identificarlos con el trabajo en régimen de subcontratación, me parece bien para fines editoriales y de contenido, no para ofrecer servicios cuando se pretende dar legalidad y seriedad al medio.
*El autor es director del Centro Administrativo de Desarrollo Empresarial Mexicano.

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Muera-el-outsourcing-y-viva-la-subcontratacion-20181227-0102.html