Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 15 de febrero de 2018, p. 16
Legisladores, representantes del sector patronal y el gobierno federal acordaron mantener los candados al régimen de outsourcing en la reforma laboral y no liberar este esquema.
El dirigente en Coahuila de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el senador Tereso Medina, y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, indicaron que estos tres sectores participaron en las negociaciones en las que se determinó que no se modificarán los artículos en los que se trata la subcontratación en la Ley Federal del Trabajo.
Indicaron que incluso en la Comisión de Trabajo del Senado la redacción del dictamen de la iniciativa ya está muy avanzada y las modificaciones son analizadas con mucho detenimiento para garantizar que no haya despido de trabajadores ni se abarate la mano de obra.
A su vez el senador González Cuevas planteó que se mantendrá el texto vigente de los artículos que reglamentan la subcontratación y la limitan a aquellas actividades que no sean estratégicas para las empresas, como las labores de limpieza, logística, gestión, ventas y tareas administrativas.
Por eso se acordó que no se eliminarán las restricciones al régimen del outsourcing ni se modificarán los artículos 15, 15-A, 15-B, y 15-C de la Ley Federal del Trabajo.
En tanto, Tereso Medina expuso que los cambios que se proponen, modifican de manera radical el actual modelo de justicia laboral, privilegian la conciliación y mejora la calidad y legitimidad de los procedimientos y sentencias judiciales.
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Outsourcing: El infierno para los trabajadores
El outsourcing se ha convertido en una verdadera maldición para los trabajadores mexicanos pues permite su empleo sin que las empresas para las que laboran se responsabilicen por ellos. Foto: Cuartoscuro
Por Gustavo De la Rosa
SinEmbargo
febrero 13, 2018
12:02 am
En diciembre, y mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, los representantes de la CTM y la CROC, Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, presentaron una iniciativa para reformar la Ley Federal del trabajo; entre las propuestas de la reforma sobresale la eliminación de los candados a la libre subcontratación de empleados.
Esa relación laboral se llama outsourcing, y se ha convertido en una verdadera maldición para los trabajadores mexicanos pues permite su empleo sin que las empresas para las que laboran se responsabilicen por ellos.
La actual redacción del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo permite el uso de la subcontratación solamente en casos excepcionales: Una empresa puede usar a otra como intermediaria para servicios auxiliares y secundarios al objeto de producción o servicios de la empresa, por ejemplo puede emplear a una firma de seguridad, servicios de limpieza o de mantenimiento.
Si la propuesta de los dirigentes obreros de la CTM y la CROC sale adelante, los trabajadores que producen motores para cualquier empresa transnacional pertenecerán a la firma intermediaria y, como la intermediaria no genera ganancias, sus empleados no recibirán la repartición de utilidades conforme lo dice la ley. Esta práctica y muchas más se utilizarán para empobrecer aún más las condiciones de labor en México.
Hasta la fecha, y pese a que la figura está limitada, las autoridades laborales han permitido que el outsourcing funcione con toda libertad acá en Ciudad Juárez; veamos como funciona en la vida real este esquema jurídico de sobreexplotación, y pongamos un ejemplo real con el nombre verdadero de la empresa que lo usa.
Cuando BlackBerry decidió producir sus móviles en Ciudad Juárez, contrató a una empresa maquiladora llamada Winstron; esta por su lado tampoco quiso asumir la responsabilidad de sus trabajadores y contrato dos empresas intermediarias: APSIS, con sede en Guadalajara, y otra identificada como Múltiple, con sede en Torreón Coahuila. Ambas con domicilios en Ciudad Juárez y con una oficina para contratar personal en la planta de Winstron.
Cuando BlackBerry terminó con sus operaciones en Juárez, Winstron decidió despedir a los empleados que utilizaba para producir los teléfonos; hay que aclarar que Winstron produce también lavadoras para Whirlpool y está buscando contratos con empresas mexicanas para producirles servidores.
Winstron le informó a los trabajadores despedidos que no tenía ningún compromiso con ellos porque eran empleados de agencia, que en todo caso le reclamaran a APSIS o Múltiple; y aunque algunos llegaron a acuerdos conciliatorios con las agencias, muchos no aceptaron lo que les ofrecían y decidieron tramitar el juicio laboral previsto en la ley. La demanda inició hace casi un año.
Todo juicio laboral empieza con una notificación a la empresa mediante una copia del escrito de demanda del trabajador y la ley establece que esta notificación se debe hacer en el lugar de trabajo, que en este caso es el edificio donde se producían los celulares: La empresa Winstron.
Sin embargo la Junta de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez exige que se notifique a la firma de outsourcing en su domicilio de negocios, lo que acaba protegiendo no sólo a Winstron sino también a Apsis y a Múltiple, pues cuando la Junta va a los domicilios de las agencias, descubre que no existen (porque los administradores cambian los números exteriores del edificio donde se localizan).
Debido a que no se ha podido notificar al patrón, los que trabajaron para BlackBerry contratados por Winstron a través de las agencias APSIS y Múltiple no han podido iniciar su juicio. La Junta de Conciliación, que depende del Departamento de Trabajo del Estado de Chihuahua, más bien parece tapadera para empresas ilegales.
Si así son las cosas, aún cuando están limitadas legalmente las firmas de outsourcing, ¿cómo serán cuando se les autorice su funcionamiento libre, como lo piden los senadores priistas? Estaremos a un paso de la esclavitud.
http://www.sinembargo.mx/13-02-2018/3384531
Senadores advierten que no permitirán albazo del PRI en las leyes laborales
Opositores deploran la negociación de priístas, empresarios y la STPS
Comisión del Trabajo se equivoca al pretender que el dictamen se apruebe sin discusión, señalan
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 10 de febrero de 2018, p. 13
La oposición en el Senado advirtió que no permitirá el albazo que pretenden el Revolucionario Institucional y el gobierno federal para aprobar en los próximos días la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, sin que se haya discutido en esa cámara.
Los senadores Adriana Dávila y Luis Humberto Fernández, integrantes de la Comisión de Trabajo, así como el independiente Alejandro Encinas y el coordinador perredista, Luis Sánchez, deploraron que la negociación de esa ley, referida a derechos fundamentales de los trabajadores, se realice de forma poco transparente entre la Secretaría del Trabajo, la cúpula empresarial y el PRI.
Hicieron notar que la Comisión de Trabajo ni siquiera se ha reunido y su presidente, el priísta Miguel Ángel Chico Herrera, estuvo de licencia y apenas se reincorporó, por lo que fueron sus compañeros de bancada, Isaías González Cuevas y Tereso Medina, ambos dirigentes sindicales, los que negociaron con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y la cúpula patronal.
El senador Encinas comentó que se han enterado de esos acuerdos por declaraciones del secretario del Trabajo, Roberto Campa, y del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. Este último comentó en un encuentro privado con legisladores del PAN que ya había acuerdo con González Cuevas y Medina para aprobar la ley reglamentaria sobre justicia laboral.
Es una falta de respeto al Senado, ni González Cuevas ni Medina pueden decidir por el resto de los legisladores, recalcó la panista Adriana Dávila. Dijo que seguramente la próxima semana el presidente de la Comisión de Trabajo va a presentar el dictamen que elaboraron con el gobierno y a pretender que se apruebe sin discusión.
Por separado, el coordinador perredista, Luis Sánchez, señaló que, de entrada hay tres iniciativas, no sólo la presentada por González Cuevas y Medina, dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que es la del gobierno, sino otras dos, que él llevó al pleno y fueron elaboradas conjuntamente con organizaciones sindicales independientes.
La primera, explicó, modifica la Ley Federal del Trabajo y, la más reciente, la presentó ante el pleno senatorial el jueves pasado y es una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para crear los tribunales unitarios de circuito en materia laboral, que dará certidumbre a quienes se encargarán de resolver asuntos y conflictos obrero patronales, al desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje.
El senador Sánchez adelantó que buscará el apoyo del PAN, a fin de frenar “la contrarreforma laboral que pretenden el gobierno de Enrique Peña Nieto y su partido. Sostuvo que no basta con que quede fuera de la iniciativa del Ejecutivo el tema del outsourcing, ya que hay otros puntos que vulneran derechos de los trabajadores.
Sobre el tema, el senador del PT-Morena, Luis Humberto Fernández, dijo que exigirán que se reúna la Comisión del Trabajo y se les informe sobre las negociaciones con las autoridades laborales y los empresarios. De ninguna forma, recalcó, van a aprobar un dictamen que se les presente a última hora.
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/10/politica/013n1pol
Senadores perfilan acabar con juntas de Conciliación
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, se reunió ayer en el Senado con la bancada del PAN, e informó que el sector privado está de acuerdo con gran parte de la iniciativa laboral que se discute. (ALEJANDRO ACOSTA. EL UNIV)
Se reúnen con Consejo Coordinador Empresarial; avanzan en revisión de iniciativa de reformas
Senadores del sector obrero del PRI y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) avanzan en la revisión de la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, con el propósito de que sea aprobada en el actual periodo ordinario de sesiones, confirmó el senador Isaías González Cuevas, líder de la CROC, e impulsor del proyecto que reglamenta terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, como lo ordena la Constitución.
El dirigente sindical remarcó que el tema de las reglas para el trabajo llamado outsourcing, como se designa a la subcontratación de partes en el proceso productivo, se había propuesto en general y se modifica para que se aplique en algunas industrias y en áreas del sector terciario.
Tras la revisión que se lleva a cabo con el CCE, cuyo presidente, Juan Pablo Castañón, se reunió ayer en el Senado con la bancada del PAN, informó que su sector está de acuerdo con gran parte del proyecto de los priístas.
Abogados patronales revisan el proyecto junto con representantes de los sindicatos, a hn de estar de acuerdo en la iniciativa, dijo González Cuevas, lo cual reprobó el senador Luis Humberto Fernández Fuentes (PT) en entrevista, y reclamó que se informe de lo que son actos de cabildeo sin transparencia.
“Estamos frente a una atrocidad, pues la parte patronal no vino a negociar, sino a dar instrucciones”, aseguró Fernández Fuentes.
La panista Adriana Dávila lamentó que se incurriera en una falta de respeto a los integrantes de la Comisión de Trabajo, dictaminadora de la propuesta, al no informarle de la revisión del tema con el sector privado.
Tereso Medina, senador de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), junto con González Cuevas, presentaron una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, que instrumenta la aplicación de la reforma constitucional de febrero de 2017.
En ese sentido, la iniciativa presentada por los senadores y líderes sindicales plantea la creación de un instituto federal de conciliación y registro laboral, que será un organismo público descentralizado, que dispondrá de autonomía técnica, operativa, presupuestal y de gestión.
El senador Ernesto Ruffo dijo que en la reunión con los panistas, Castañón explicó que se llegó a acuerdos con los senadores priístas que impulsan el proyecto. El sector privado, en general, está de acuerdo.
Uno de los temas que se incluyeron en la iniciativa que firmaron Tereso Medina e Isaías González se regere al trabajo outsourcing, y al respecto Ruffo Appel indicó que éste no se abordó específicamente.
Castañón, al referirse al outsourcing en lo general, señaló que había “algunos detalles” que considera se deben de incorporar.
González Cuevas afirmó que le pidió a Medina que en el tema outsourcing “todo quedara como está en la ley vigente, para que esta modalidad no sea general”, y refirió que se ocupa en la industria automotriz, con las autopartes, y en empresas terciarias.
Lo esencial en la iniciativa es terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, y al efecto se han reunido representantes del CCE, senadores y autoridades laborales, y la conclusión es sacar la reforma sólo para terminar con las juntas de Conciliación y Arbitraje, y que la justicia pase al Poder Judicial. El plazo establecido concluye el próximo 28 de febrero.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/senadores-perfilan-acabar-con-juntas-de-conciliacion
Priístas y CCE negocian cambios en lo oscurito a la ley del trabajo
Es una falta de respeto al Senado: Adriana Dávila
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Jueves 8 de febrero de 2018, p. 14
Sin consultarlo con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, los senadores del PRI Isaías González Cuevas y Tereso Medina negociaron directamente con el gobierno y con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, las modificaciones a la ley reglamentaria de la reforma laboral en materia de procuración de justicia.
Llegamos a un entendimiento con ellos, comentó el dirigente del CCE a los senadores del PAN, con los que se reunió ayer en privado, antes de la sesión. De acuerdo con legisladores del blanquiazul, entre ellos Ernesto Ruffo, el representante de la cúpula empresarial les pidió aprobar a la brevedad esa reforma.
En entrevista por separado, el priísta González Cuevas, dirigente de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC), confirmó las negociaciones con Castañón. Explicó que hubo encuentros con los abogados de la CCE y también con autoridades de la Secretaría del Trabajo para avanzar en la ley secundaria que se requiere para que entre en operación el nuevo sistema de impartición de justicia y dejar fuera todo lo que se refiere al outsourcing.
Al respecto, los senadores Adriana Dávila, del PAN, y Luis Humberto Fernández, del PT-Morena, dijeron que no se les informó de las negociaciones con los empresarios, a pesar de formar parte de la comisión de trabajo, que es la responsable de dictaminar la ley reglamentaria sobre justicia laboral.
“Es una vergüenza que líderes obreros como González Cuevas y Medina primero impulsen una reforma que deja sin prestaciones sociales a millones de trabajadores y luego negocien en lo oscurito con los representantes patronales”, recalcó Fernández, secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.
Agregó que los priístas tienen que explicar qué fue lo que acordaron con el CCE. En igual sentido, la senadora Dávila resaltó que es una falta de respeto al Senado como institución, pero es la forma de operar del PRI y el gobierno, que no debe ya permitirse.
Ambos coincidieron en que no permitirán ningún cambio a la ley que vulnere derechos adquiridos por los trabajadores, como el de la contratación colectiva.
Entrevistado por separado, González Cuevas dijo que acordaron con el gobierno federal y con el CCE sacar lo concerniente al outsourcing de esa ley y dejar lo relacionado con la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje para que la resolución de conflictos quede en el Poder Judicial. Aunque la iniciativa la presentó conjuntamente con el cetemista Tereso Medina, “le quitamos todo lo que le habían metido sobre outsourcing”.
Agregó que el dictamen lo presentará el también senador del PRI Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la comisión del trabajo, y él decidirá cuándo convoca a reunión. Tienen hasta el 28 de este mes para aprobar la ley. http://www.jornada.unam.mx/2018/02/08/politica/014n1pol
Carta a los legisladores
Arturo Alcalde Justiniani
Indebidamente, se pretende que ustedes legislen al vapor la reforma laboral más importante en la historia de nuestro país y asuman una definición trascendente para la suerte de las mujeres y hombres que viven de su trabajo, para nuestra vida democrática y el sistema productivo nacional. Lo más grave es que se intenta que tomen decisiones apresuradas, aprobando normas que formalizarían un nuevo modelo de relaciones de trabajo, sustentado en la precariedad y la violación de los derechos humanos laborales, en contradicción con los importantes avances contenidos en la reforma al artículo 123 constitucional, llevada a cabo en febrero de 2017, de la cual ustedes fueron parte. No hay que olvidar que esta reforma respondió a un añejo reclamo social y laboral, a una exigencia de la comunidad internacional y fue el resultado de una amplia consulta nacional en el entorno de la mejora a la justicia cotidiana impulsada por el Presidente de la República a finales de 2014.
La reforma constitucional de 2017, que ustedes aprobaron, atendió a dos objetivos fundamentales: primero, recuperar la vigencia del estado de derecho incluyendo el respeto a la división de poderes en la impartición de justicia, mediante jueces imparciales y procedimientos ágiles, para lo cual se abandonó la figura del tripartismo, desapareciendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje, asignando sus funciones al Poder Judicial. Para impulsar la conciliación y garantizar el respeto a la libertad de asociación y la negociación colectiva auténtica, se crearon dos instituciones: los centros de conciliación en el ámbito local y un organismo descentralizado, autónomo, de carácter nacional, que además de contar con las tareas de conciliación en el ámbito federal, tuviese el encargo del registro de los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo.
El segundo objetivo de esta reforma fue recuperar el papel de la negociación colectiva como medio de concertación productiva y así suprimir los contratos colectivos de protección patronal celebrados a espaldas de los trabajadores en un esquema de simulación y corrupción. Esta práctica ha generado indefensión laboral, violencia y un impacto negativo en las condiciones salariales y de trabajo, así como extorsión a las empresas por medio de siglas sindicales que formulan falsos emplazamientos de huelga. Para lograr este cambio trascendental, a partir de los principios de representatividad y certeza, se fijó una regla democrática esencial consistente en la consulta previa a los trabajadores mediante el voto secreto. Nació así, la fracción XXII bis del artículo 123 apartado A, que en su parte final contiene un texto fundamental: para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos preceptos.
La reforma estableció el plazo de un año para que el Poder Legislativo creara las disposiciones reglamentarias, tiempo propicio para la participación de la academia, especialistas, sectores productivos e interesados. Por el contrario, las autoridades optaron por un procedimiento oculto, sometido a la presión de los intereses que se sintieron afectados por la reforma constitucional y de otros más, conduciendo la reglamentación en su parte sustantiva a una vía contraria al mandato constitucional, esto es, hacia un nuevo modelo que suprime su carácter originalmente protector y social. La iniciativa que hoy se discute, de 7 de diciembre de 2017, elaborada por el Ejecutivo federal y presentada en su nombre por los senadores Tereso Medina, de la CTM, e Isaías González Cuevas, de la CROC, es contraria al estado de derecho, ya que suprime el carácter autónomo del denominado Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral. Lo transforma en un organismo tripartito, bajo el control de un órgano de gobierno integrado mayoritariamente por sindicatos y patrones que serán juez y parte en los conflictos colectivos, asignándosele tareas de impartición de justicia ajenas a su naturaleza de entidad de la administración pública. Este organismo resolverá sobre el cumplimiento de una serie de requisitos para ejercitar los derechos colectivos, incluyendo el acceso a la firma de un contrato colectivo, las demandas de titularidad o cambio de sindicato y el ejercicio del derecho de huelga, dejando al Poder Judicial en un plano marginal. Todo lo contrario de lo que pretendía la reforma constitucional.
En relación con la exigencia del voto secreto como condición previa a la firma de un contrato colectivo, simplemente se ignora y se sustituye por una serie de requisitos que en la práctica serían imposibles de cumplir para un gremio independiente o democrático. En suma, se blindan con mayor dureza los vicios que el constituyente buscó eliminar.
La lista de temas ajenos a la reforma constitucional es muy amplia y exhibe claramente la intención de llevar a la norma laboral el proceso de precarización que se viene experimentando en los hechos. Por ejemplo, se impulsa la subcontratación u outsourcing sin límites, eliminando restricciones y cancelando los derechos propios de una relación laboral auténtica; se facilita el despido, tanto en el plano individual como colectivo; se reducen indemnizaciones y se suprime un conjunto de principios protectores esenciales. La transparencia laboral se limita, contraviniendo la Ley General de Transparencia e Información Pública, conforme a sus artículos 78 y 79.
Tienen en sus manos una responsabilidad gigantesca y la oportunidad de diseñar una legislación secundaria acorde con los principios constitucionales, convencionales y con las necesidades de nuestro tiempo, sin menoscabo de su carácter social y protector, favorable al desarrollo productivo y al diálogo social, de reconocimiento del trabajo digno. Es falso que los temas ya han sido discutidos, porque todos ellos son tratados por primera ocasión. Abrir un espacio de tiempo suficiente para el análisis y la propuesta, sería el mejor camino para dar legitimidad a una reforma constitucional de esta envergadura. Con un sistema laboral acorde con ella, ganamos todos: trabajadores, empresarios, consumidores y una población que tiene cifrada su suerte en el mundo del trabajo.
Exhiben sindicatos de EU a México por contratos a modo y salarios bajos
02 Febrero 2018
Ciudad de México.- La queja interpuesta por la mayor central sindical de Estados Unidos y la Unión Central de Trabajadores, en contra de México, argumenta que en el País se mantienen los salarios bajos por la existencia de los contratos de protección.
El contrato de protección, advirtieron, es un «contrato colectivo de trabajo» firmado entre un empleador y un sindicato dominado por el patrón sin la participación o incluso sin el conocimiento de los trabajadores a los que el sindicato supuestamente representa.
En algunos casos, advirtieron, los contratos se firman incluso antes de que una empresa contrate a su primer trabajador.
«El propósito de los contratos de protección es asegurar salarios bajos y proteger’ al patrón contra la formación un sindicato independiente en el lugar de trabajo el cual insistiría en mejores salarios y condiciones laborales», señaló la queja que se interpuso ante la Oficina Administrativa Nacional de Estados Unidos, el pasado 25 de enero.
En el texto se argumenta que durante gran parte del año 2017 el Gobierno federal trabajó a puertas cerradas con líderes empresariales en torno a varios tema de la Ley del Trabajo, sin consultar al sindicalismo independiente.
Fue el 7 de diciembre del año pasado, que los senadores Tereso Medina Ramírez de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) e Isaías González Cuevas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), presentaron la propuesta de ley secundaria sobre Justicia Laboral.
«La iniciativa de ley es un reflejo de las demandas de la industria que se beneficia de los contratos de protección patronal por los bajos costos laborales que implican.
«La iniciativa viola la reforma constitucional que se debe implementar, y contraviene los convenios de la OIT a las que México está obligado», dijo.
Según los denunciantes, la iniciativa de ley debilitaría de manera significativa las disposiciones de transparencia estipuladas para asegurar que los trabajadores puedan tener acceso a información sobre las entidades que aseguran que los representan, y a cualquier acuerdo que estas entidades pudieran tener con los empleadores.
Además, la iniciativa de ley eliminaría el requisito actual de que los trabajadores sean notificados sobre su despido por escrito, con lo cual se interpreta que los patrones podrán despedir con mayor facilidad.
Se prevé se discuta en el Congreso con el inicio del periodo ordinario de sesiones.
Agencia Reforma
http://www.elmundodecordoba.com/index.php/slideshow/67938-Exhiben-sindicatos-de-EU-a-México-por-contratos-a-modo-y-salarios-bajos
Divergencias por Reforma en justicia laboral
- La Prensa Jueves 1 de febrero de 2018
Doble Efecto
Por: Patricia Carrasco
No sólo los sindicatos afiliados al Congreso del Trabajo, están en desacuerdo con las iniciativas de leyes secundarias sobre la reforma a la justicia laboral que se encuentran para su aprobación en el Senado, también legisladores y activistas están contra el outsourcing que busca generalizar y flexibilizar la tercerización, da carta abierta a los sindicatos de protección, facilita los despidos y cancela la autonomía de las instancias de conciliación y registro de sindicatos.
El senador perredista Isidro Pedraza platicó que la iniciativa presentada por el senador cetemista Tereso Medina y el dirigente de la CROC, Isaías González, lesiona los derechos de los trabajadores. Por ello, la fracción del PRD la rescatará durante el periodo de sesiones que inicia este jueves. Esto, dijo, con el fin de contrarrestar esas propuestas y no hacer un vacío o una omisión. “Dicen que el gobierno no tiene interés en meterla, pero sí utilizaron a esos dos legisladores”, apuntó Pedraza.
EN ESE NIVEL DE COINCIDENCIA, el líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, criticó que no fuera el Ejecutivo ni el titular de la Secretaría del Trabajo -en ese entonces-, Alfonso Navarrete, quienes la presentaran, sino que utilizaron a Tereso Medina e Isaías González.
A POCOS DÍAS DE su llegada, el Secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, recalcó que es prioridad de esa dependencia poner en marcha la reforma laboral sobre impartición de justicia; y aunque los tiempos están apretados, conjuntamente con el Senado, hará un esfuerzo enorme para que salga a tiempo la legislación secundaria en la materia.
SEGÚN LOS CAMBIOS constitucionales en materia laboral en 2017, la impartición de justicia debe cambiar, para lo cual es necesario iniciar el proceso de desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para crear tribunales laborales, a cargo del Poder Judicial; para este proceso se dio de plazo un año, mismo que se cumple en febrero de este año.
@Patri17Carrasco
https://www.la-prensa.com.mx/columnas/divergencias-por-reforma-en-justicia-laboral
Outsourcing, la avalancha que viene
Especialistas de la UAM advierten que permitiría despedir a un trabajador sin notificación escrita
Imagen Ilustrativa
Por Margarita Rodríguez
La reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se espera sea aprobada en el Senado a finales de febrero, contempla quitar los candados a la subcontratación laboral o outsourcing, trayendo como consecuencia la expansión de esta figura para la totalidad de los puestos, con lo que los trabajadores verían afectados sus derechos en materia de contratos individuales y colectivos, así como al momento de ser despedidos.
De acuerdo con especialistas consultados por El Sol de México, este modelo de contratación resulta preocupante, ya que es una ficción jurídica que involucra a pequeñas empresas sin recursos para respaldar a los trabajadores y que no son transparentes ante Hacienda.
Dicha iniciativa de reforma fue presentada el pasado 7 de diciembre por los senadores del grupo parlamentario del PRI, Tereso Ramírez Medina de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), e Isaías Cuevas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)
TODOS LOS PUESTOS
Durante la gestión de Felipe Calderón en el 2012 se legalizó en México el outsourcing y se pusieron algunos candados, por ejemplo: “No podrá abarcar a la totalidad de las actividades iguales o similares que se desarrollen en el centro de trabajo, deberá justificarse por su carácter especializado y no podrá comprender tareas iguales o similares a la que realice el resto de los trabajadores al servicio del contratante, es decir, al verdadero patrón”, que viene en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, explicó el doctor Octavio Loyzága de la Cueva, académico de la UAM Azcapotzalco y con amplia trayectoria en derecho laboral, en entrevista para El Sol de México.
Quitar candados a la legislación en materia de outsourcing es preocupante para líderes sindicales y académicos, ya que “crecerá de manera exponencial y será de forma absoluta para todos los puestos de trabajo”, subrayó el especialista. Según datos de la investigadora Verónica Curiel, coordinadora del bufete jurídico de la UAM Azcapotzalco, la subcontratación pasó de un millón de personas en 1998 a cerca de cinco millones en 2014.
Mientras que en 10 años, las empresas subcontratistas crecieron 48 por ciento; actualmente existen 900 en México, de acuerdo con el Inegi. Las empresas grandes y medianas son las que más utilizan esta figura.
El outsourcing “es una ficción jurídica. El verdadero patrón no aparece como tal, sino quien está respaldando es otro y muchas veces en una pequeña empresa, que no cuenta con el patrimonio suficiente para cubrir con las obligaciones en caso de que no las cubriera el otro, ni tampoco tiene transparencia ante Hacienda”, señaló Loyzága de la Cueva.
LESIONARÁ DERECHOS
La flexibilización del outsourcing hará “nugatorios los derechos laborales colectivos de los trabajadores como ya ocurre en empresas como Banamex, los call centers, Walmart, de acuerdo con el investigador Arturo Alcalde. En apariencia, esta figura no tiene trabajadores, toda vez que la relación laboral desaparece totalmente con el contratista, o sea, el que maneja, el que subarrienda a los trabajadores”, explicó el también autor del libro El derecho del trabajo, un análisis interdisciplinario. Con la aprobación habría un retroceso en la cuestión del despido.
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/outsourcing-la-avalancha-que-viene-809680.html
Se agrieta el corporativismo priista
Rosalía Vergara
Proceso 2018-01-27 1
Los conflictos internos del corporativismo priista se agravaron el pasado 10 de diciembre, cuando los senadores Isaías González y Tereso Medina, del “sector obrero”, presentaron su iniciativa de ley reglamentaria para la reforma de justicia laboral que entró en vigor el 25 de febrero de 2017. A decir de los especialistas consultados, esas disposiciones abren la puerta al sindicalismo propatronal pese a que la reforma buscaba atenuarlo, por presiones internacionales, y la iniciativa ha sido rechazada incluso por el líder de la CTM.
En pleno proceso electoral resurge un pleito entre viejos líderes de las centrales obreras priistas por la presentación de una iniciativa que reglamenta la reforma constitucional de justicia laboral cotidiana (Artículo 123) que entró en vigor el 25 de febrero de 2017.
Sin embargo, el trasfondo de la disputa es la defensa de los privilegios de dichos líderes, no de los derechos de los trabajadores, coinciden el abogado laboralista Arturo Alcalde y la académica Graciela Bensusán, de la UAM-Xochimilco.
Ambos señalan en entrevista que dicha iniciativa de ley, en el tema del outsourcing o subcontratación, es muy parecida a la iniciativa preferencial de reforma laboral que el presidente panista Felipe Calderón envió al Congreso un par de meses antes de concluir su sexenio, en 2012.
El artículo 123 se reformó por presiones internacionales el 24 de febrero de 2017, en el marco de la participación de México en el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
Los especialistas confirman que los problemas entre los líderes de las confederaciones de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, y la Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, son principalmente internos y se relacionan con la defensa de sus intereses en los negocios con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), entre otros factores.
En febrero de 2016 se supo que, durante casi un año, el gobierno federal preparó sigilosamente la reforma de justicia laboral cotidiana (Proceso 2050).
El 28 de abril de ese año, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado dos iniciativas para reformar y adicionar algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución con medidas que sindicatos independientes habían exigido, sin éxito, desde hace más de 30 años.
En gran medida por la presión del gobierno de Barack Obama y el apoyo de sindicatos de Estados Unidos y Canadá, preocupados por el efecto de la situación laboral mexicana sobre sus empleados, por los tratados comerciales, se concretó la reforma constitucional que supuestamente acabaría con dos grandes injusticias hacia la clase trabajadora: la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la proliferación de los contratos de protección patronal, que son un escándalo internacional (Proceso 2064).
Los sindicatos nacionales y extranjeros denominados independientes le dieron un voto de confianza a la reforma aprobada, pero los sindicatos cercanos al poder respingaron.
Por primera vez en este sexenio se realizaron manifestaciones contra el gobierno, pero no para defender a los trabajadores sino para que los líderes propatronales no perdieran sus privilegios con los llamados “contratos de protección” –negociados a espaldas de los trabajadores–, el tripartismo en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que le daba mucho poder a los corporativos en las pugnas contractuales, y porque desaparecen dichas juntas, donde aquellos líderes han tejido una red de corrupción (Proceso 2083).
Sin embargo, el 23 de enero de 2016 Donald Trump, entonces recién electo presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para retirarse del TPP, creado para formar la zona de libre comercio más amplia del mundo.
En México, el gobierno, los empresarios y los líderes del sindicalismo corporativo vieron la oportunidad para reformar la ley laboral para que nada cambie y modificar otras reglas de la Ley Federal del Trabajo, que limitaba la subcontratación. Sin embargo, a decir de Alcalde, Bensusán y el abogado laboralista Alfonso Bouzas (Proceso 2130), las nuevas modificaciones serían inconstitucionales porque se pretende reforzar el tripartismo y las facultades de las juntas de conciliación y arbitraje, a nivel federal y estatal, que son del Poder Judicial.
Choque de líderes
El pasado 4 de diciembre, en el V Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores Permisionarios del
Autotransporte, el líder de la CTM y también presidente del Congreso del Trabajo, Aceves del Olmo, amagó con una huelga ante un incumplimiento de compromisos gubernamentales con la central obrera del PRI en las obras del NAICM.
Dos días después, el 6 de diciembre, 19 federaciones desconocieron al senador Isaías González Cuevas como secretario general de la CROC, porque en marzo de 2016 se reeligió en un congreso al que no fueron convocados los líderes de las federaciones que la forman.
El 10 de diciembre, el propio González Cuevas y el también senador priista Tereso Medina, líder de la Federación Estatal Coahuilense de la CTM, presentaron en el Senado la iniciativa de reglamentación del artículo 123 constitucional, cuya reforma fue promulgada el 25 de febrero de 2017 y ha provocado el rechazo de organismos nacionales, estadunidenses y canadienses que participan en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC).
El 13 de diciembre, la Unión Nacional de Trabajadores manifestó su repudio a esa reforma, porque representa una regresión de 100 años en las reivindicaciones de obreros y campesinos, además de que, a decir de la organización, al igual que en el Porfiriato se tomaron decisiones unilaterales sobre las condiciones de trabajo.
El abogado laboralista Héctor Barba afirmó entonces que dichos cambios son “un golpe mortal para el sindicalismo democrático”, “porque tienden a eliminar todos los derechos de los trabajadores y convertir a México en el adalid del esclavismo en el mundo”.
En la CTM Aceves del Olmo reaccionó el 17 de diciembre. Acusó a González Cuevas de mentiroso por declarar que el outsourcing o subcontratación beneficia a los trabajadores, por lo que su central obrera rechazaba la iniciativa presentada en el Senado.
“El dirigente de la CROC miente, él ya no sabe cómo hacerle para sostenerse, por eso hace este tipo de cosas”, comentó en un acto público en Cancún, Quintana Roo.
Al plantearle que el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, respaldó esta reforma, Aceves del Olmo señaló: “Será buena para el secretario del Trabajo; para mí no es buena ninguna cosa que no se nos haya consultado antes y que no se dé a conocer a la opinión pública”.
Al recordarle que la presentó el senador cetemista, dijo: “Será responsabilidad personal del senador Tereso Medina, que puede tener cargos muy pesados por haber dicho algo que la central que yo dirijo no le aprobó para que lo dijera”.
Para Bensusán, la reacción del líder de la Confederación de Trabajadores de México obedece, entre otras razones, a que acaban de suspender y en breve podrían expulsar a la CROC y a la CTM de la Confederación Sindical Internacional, porque se benefician de los contratos de protección y no defienden derechos de los trabajadores.
“La CTM –explica la académica– está tratando de parar la expulsión y se deslindó de la propuesta de Tereso Medina, que es un líder de la industria automotriz de la CTM. Por otro lado, Isaías González Cuevas tiene un problema dentro de la CROC. Hay un escenario confuso que, yo creo, está también determinado por factores internacionales en la negociación del TLC.”
Ley contra los trabajadores
De acuerdo con Bensusán y Alcalde, los senadores croquista y cetemista fueron los chivos expiatorios del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien tenía la obligación de presentar la iniciativa de ley reglamentaria para las nuevas disposiciones constitucionales.
Alcalde indica que Peña Nieto le encargó esta tarea a un grupo secreto, para no pagar el costo político de la protesta y que no se involucrara al candidato priista a la Presidencia, José Antonio Meade, quien participó en la elaboración de esta reforma como secretario de Hacienda.
“Fue un grupo creado fundamentalmente por entidades gubernamentales: las secretarías del Trabajo y de Hacienda, y por organismos empresariales que elaboraron la iniciativa de ley reglamentaria. Hubo quejas porque se dio a conocer que esta tarea de reglamentación se estaba utilizando para otros fines y éstos no tenían que ver nada con la reforma constitucional e iban en sentido contrario a la norma”, explica Alcalde.
Comenta que el senador González Cuevas admitió que pretendían aprobarla fast track, el 15 de diciembre, último día del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
Prosigue el litigante laboralista: “Un tema prioritario, que no estaba contemplado en la reforma constitucional, es el outsourcing libre, que significa suprimir todos los derechos laborales a través de una subcontratación depredadora, en la que cualquier empresario puede deshacerse de la responsabilidad laboral trasladándosela a un tercero, sin más garantías que pagar el salario mínimo y registrar a los trabajadores en el Seguro Social”.
Desde su punto de vista esto convierte al trabajo en una mercancía, lo que ha sido un interés muy marcado en el sector empresarial, porque obtiene ganancias millonarias a costa de la postración de los trabajadores.
“Esta propuesta –añade Alcalde– es idéntica a la que presentó Felipe Calderón en su iniciativa de 2012, y que fue detenida por la diputación de izquierda y por el propio PRI en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, pues sostuvo que aceptar ese outsourcing era terminar con el derecho al trabajo, que sería una traición a los trabajadores.”
Con la omisión del voto secreto para que el trabajador elija afiliarse al sindicato que quiera, en la iniciativa se abre otra vez la puerta a los contratos de protección con sindicatos blancos. Con esa normatividad, el patrón no está obligado a definir por qué despide a un trabajador, pero el empleado sí debe
presentar su demanda por escrito ante el nuevo órgano de conciliación y no la podrá modificar durante el juicio. “Como esa, hay varias reglas que son muy nocivas en el procedimiento”, señala el entrevistado.
Además, indica, el que era Organismo Autónomo deja de serlo y se convierte en tripartito, al integrarse un consejo técnico formado por cuatro representantes de las centrales oficiales, cuatro del sector empresarial y cuatro del gobierno.
“Está peor que antes, porque ese órgano es el encargado del registro de sindicatos y de contratos colectivos y de conciliación, lo cual es un verdadero disparate, porque a los patrones no les corresponde decidir cuándo se forma un sindicato. ¡Eso no existía ni antes de la reforma!”
Por eso, dice Alcalde, ya existen quejas ante organismos internacionales y el sindicalismo democrático se ha unido de manera extraordinaria para combatir esa norma.
Bensusán explica que se trata de quitar las restricciones del artículo 15 de la ley laboral, aprobadas en la reforma de 2012, sobre el outsourcing. “Lo único que dicen es que el contratista, quien tiene a los trabajadores, informe periódicamente al contratante que está cumpliendo con las obligaciones y ya”.
“Es un retroceso de 100 años”, agrega, pues quieren presentar la subcontratación como la solución a los problemas laborales, cuando el propio Navarrete Prida reconoció, en días pasados, que son miles de millones de pesos que se fugan en impuestos y en el IMSS, por los esquemas de simulación del outsourcing, lo cual hace de éste “uno de los problemas más graves del país”.
En opinión de la académica, esta reforma “no tiene mucho futuro, así como está ahora. Sería un retroceso. Un problema que tenemos, y que estamos heredando, es que la transición política a la democracia no terminó con este corporativismo corrupto, por lo que se sigue festejando la reelección en el sindicato petrolero, que los sindicatos corporativos entreguen dinero al PRI para las campañas electorales, que se roban el dinero, solapando a los dirigentes enriquecidos de manera escandalosa y que haya trabajadores con pérdida de derechos y de salarios, todo con el apoyo de abogados empresariales.
“Se trata de impedir el avance que estábamos teniendo en materia laboral gracias a la reforma constitucional. Se quiere mantener el viejo sistema que, en los hechos, terminó siendo como en el Porfiriato, donde sólo mandan los patrones. Estamos en un mundo al revés, donde los sindicatos, que deberían proteger a los trabajadores, presentan iniciativas contra los trabajadores; sindicatos que deberían pedir aumento salarial, se oponen a él. ¡Es el mundo al revés!”
De hecho, le llama la atención que en México los cambios democráticos “parecen venir de afuera”, de la presión internacional, porque en el interior “estamos impotentes”. “Yo creo que no hay condiciones de aprobar (la iniciativa de ley reglamentaria), pero lo pueden hacer. Ya lo vimos con la Ley de Seguridad Interior. ¡Es una situación dramática!”, concluye.
México se está jugando la construcción de un verdadero estado de derecho en el mundo del trabajo, luego de que 183 legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta al representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, para pedirle que “dada la arraigada resistencia al derecho laboral en México, debemos exigir que se lleven a cabo reformas laborales reales e identificables, antes de que el Congreso vote sobre un TLC renegociado”.
En el contexto de la sexta ronda de negociaciones del TLC, llama la atención que la Secretaría del Trabajo haya respaldado esta reforma, pese a la carta que la Confederación Sindical Internacional envió al director de la Organización Internacional del Trabajo cuestionando el contenido de la iniciativa de ley reglamentaria del Srtículo 123 constitucional.