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Justicia Laboral

Incumplen plazos sobre reforma en justicia laboral


Leyes secundarias, sin aprobación
El plazo límite para que se aprobara dicha legislación fue ayer 26 de febrero; la STPS prevé que se dé en este periodo ordinario de sesiones.
María Del Pilar Martínez
27 de febrero de 2018, 01:10
Senadores y diputados incumplieron con la aprobación de las leyes secundarias en materia de justicia laboral, mismas que debieron estar listas este 26 de febrero tal y como lo estipulaba el decreto publicado por el presidente de la República y que daba un año para la aplicación de la nueva impartición de justicia en el país.
Aun cuando se aprobara la propuesta que presentaron los senadores del PRI, Tereso Medina e Isaías González Cuevas, en este periodo de sesiones que concluye en abril “no hay tiempo suficiente para que la revisen los diputados federales”, indicó Ricardo Martínez Rojas, socio de la firma de abogados De la Vega & Martínez.
Cabe recordar que el 25 de febrero del 2017 el presidente de la República divulgó el decreto en el que se establecen los cambios constitucionales a los Artículos 107 y 123 en materia de Justicia Laboral y que contempla la desaparición de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, la creación de un organismo autónomo para llevar adelante la conciliación laboral y registro de contratos, así como los cambios respecto a los emplazamientos a huelga.
Ahí mismo, en los transitorios, se indicó que “el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo”, aspecto que no se podrá realizar, ya que no hay leyes secundarias que permitan su aplicación.
Consultado al respecto, el senador Isaías González Cuevas comentó que no tenía información sobre la fecha o el día en el que se abordará el tema, y si existe o no un dictamen que permita avanzar en la aprobación de la legislación secundaria. “Yo también estoy preguntando a la comisión”.
APROBACIÓN, EN ESTE PERIODO
Por su parte, Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) declaró que los cambios legislativos en la materia de impartición de justicia “esperamos que estén aprobados en este periodo ordinario de sesiones”.
Agregó que ha circulado información sobre supuestos contenidos de la reforma, por lo que garantizó que ésta se enfoca a un cambio trascendental vinculado con la impartición de justicia con Tribunales Laborales, y no a través de las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje, y reiteró que de ninguna manera se piensa flexibilizar el outsourcing.
Germán de la Garza, socio de la firma de abogados Mowat, comentó que “hasta ahora no tenemos conocimiento de que se haya dado alguna extensión o plazo; no tenemos ninguna comunicación del Senado al respecto”. Agregó que, si bien no se han cumplido con los tiempos, “lo que ha pasado también en otros casos, como el del fiscal o del procurador de la República que no han sido nombrados”, consideramos que la dinámica laboral continuará su curso con la ley vigente.
pmartinez@eleconomista.com.mx

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Incumplen-plazos-sobre-reforma-en-justicia-laboral-20180227-0022.html
Justicia Laboral

El lunes vence el plazo para aprobar la ley en materia de justicia laboral


Sesión en el Senado de la RepúblicaFoto Carlos Ramos Mamahua
Se teme “un albazo legislativo”: PT-Morena
Al gobierno federal y a los empresarios les urge que se apruebe: Bartlett
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 24 de febrero de 2018, p. 12
El plazo que tiene el Congreso para aprobar la ley reglamentaria en materia de justicia laboral vence el próximo lunes, pero la decisión del PRI y sus aliados en el Senado de impulsar una iniciativa que disminuye derechos de los trabajadores, impidió avanzar y la oposición teme que la próxima semana se intente “un albazo legislativo”.
El coordinador del PT-Morena, Manuel Bartlett y el senador Luis Humberto Fernández, advirtieron que estarán alertas, ya que al gobierno federal y los empresarios les urge que se apruebe la iniciativa que echa abajo los logros alcanzados en la reforma laboral de 2017 y pretenden darle fast track, como lo demostraron al manipular la integración de la Comisión de Trabajo.
Nada justifica, resaltaron que luego de más de cinco años, en las postrimerías de la actual legislatura, eleven de siete a nueve el número de integrantes de la Comisión de Trabajo, con dos nuevos integrantes, del PRI y el PAN, con lo que el tricolor tendría cinco legisladores en ese órgano de trabajo responsable de dictaminar la ley reglamentaria del 123 constitucional y estaría sobrerrepresentado.
Aunado a ello, el PRI ya inició el trámite para quitar la presidencia de esa comisión al ex priísta Miguel Ángel Chico Herrera, quién dejó el Revolucionario Institucional para integrarse a Morena, recalcaron.
El senador Fernández dijo que esperan que el coordinador priísta, Emilio Gamboa, cumpla su palabra y se lleve a cabo un análisis de cada una de las comisiones, sobre todo la del trabajo, además de permitir que haya un amplio debate, porque se ha ocultado a la opinión pública el contenido real de la propuesta del gobierno y los empresarios, contenida en la iniciativa que presentaron los priístas Isaías González Cuevas y Tereso Medina, dirigentes de la CROC y la CTM.
Agregó que un día antes se llevó a cabo un foro de análisis en el Senado en el que abogados laboristas, consultores y académicos, advirtieron que esa iniciativa “es letal” para los trabajadores, ya que facilita los despidos y ataca la contratación colectiva y la libertad sindical.
El secretario de la Comisión de Trabajo, el senador Fernández, resaltó que no ha habido ni una sola reunión de ese organismo, ya que la iniciativa la han discutido Medina y González Cuevas con autoridades de la Secretaría del Trabajo y con la cúpula patronal. Recordó que hace tres semanas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, reveló que ya había acuerdo.
“Lo que pretenden sacar con toda celeridad es una ley dañina y que es demolitoria de los logros que se tuvieron en la reforma constitucional”. Por ello, es preferible tomar el tiempo necesario para eliminar todo lo que significa disminución de derechos”.
Hizo notar que se debe legislar sólo para posibilitar el paso al nuevo sistema de justicia laboral que elimina las juntas de conciliación y arbitraje y deja la solución de conflictos obrero patronales en el Poder Judicial, sin tocar conquistas obreras.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/24/politica/012n2pol
Justicia Laboral

Reforma laboral viola los derechos humanos: especialista


Ezequiel Pineda Nava dice que la reforma no abona al crecimiento y da marcha atrás a conquistas de trabajadores
 
Bertha Becerra
Con el tiempo encima: en víspera de ponerse en marcha la reforma laboral, no se dictamina en el Senado de la República la legislación secundaria sobre justicia y todos los procedimientos que acompañarán el nuevo sistema. El plazo vence mañana lunes 26 de febrero.
Son muchos los factores que retrasan el cumplimiento del nuevo engranaje de justicia laboral.
 
El Ejecutivo federal no remitió al Senado la terna para elegir al titular del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales que se hará cargo de la conciliación y el registro de sindicatos y contratos colectivos. Debió de enviarla el 16 de febrero.
Tampoco hay dictamen de las iniciativas que presentaron los senadores priistas Tereso Medina e Isaías González (dirigentes de la CTM y la CROC respectivamente) y Luis Sánchez, coordinador de la bancada del PRD.
Se suma un conflicto con la presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República: su presidente Miguel Ángel Chico Herrera renunció al PRI, la Junta de Coordinación Política lo dio de baja, en contra del Reglamento senatorial, y se encuentra en stand by, en controversia.
LAS CRÍTICAS
Pero aparte de las formas, el fondo es que se trata de una iniciativacuestionada por los sectores obrero y académico.
“La iniciativa de reforma laboral no es incluyente, plural, justa ni legal. Se tendrá que enriquecer, ya que no abona para el crecimiento del país; afecta la estabilidad en el empleo, da marcha atrás en los derechos laborales tanto individuales como colectivos y representa una violación a los derechos humanos y laborales para los mexicanos”, considera el especialista en Derecho Laboral, doctor Ezequiel Pineda Nava.
Al hacer un análisis a la Ley Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional en materia de Justicia Laboral, dijo que pretende que las grandes empresas puedan subcontratar a su personal (outsourcing), disfrazando la relación laboral apoyado de un tercero, con lo cual los trabajadores perderían muchos de sus derechos laborales y de seguridad social.
Y coincidió el senador Luis Humberto Fernández (PT-Morena), quien subrayó: “Vemos con gran preocupación que esta iniciativa del PRI sin duda, se redactó en un despacho patronal. No veo cómo se redacte de esa forma sin ser un abogado patronal y es una gran vergüenza que la hayan presentado líderes obreros”.
Pero el senador Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo, puntualizó: “La iniciativa que se presentó en diciembre pasado se analizó incluso por los compañeros que la presentaron: Tereso Medina e Isaías González y el outsourcing no transitará en esta iniciativa de justicia laboral”.
Comentó que se trabaja y afina, ya con el outsourcing fuera, algunos puntos a analizar a cabalidad en las leyes secundarias: cómo se manejará el tránsito hacia el Poder Judicial de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
También la viabilidad, formalidad del órgano descentralizado para dirimir las controversias entre el capital, los trabajadores y los sindicatos. Estamos en ese trabajo.
En contraste, el senador Jesús Priego Calva, líder de la CTM en Hidalgo, sobre la iniciativa que presentaron sus compañeros comentó:
“Coincido ensacar el outsourcing,porque ‘friega’, con otras palabras,al Infonavit, al Seguro Social, a los trabajadores, a la empresa y friega hasta la propia madre de los outsourcing”, sentenció.
Reveló: Tengo entendido y no me consta, pero hay informes de que muchos sindicatos se prestan a eso. ¡Qué rateros! ¡Quéfalta de honorabilidad prestarse a eso!
Asume:“Esta iniciativa que presentaron Tereso e Isaías parece que la hicieron los empresarios, los bufetes de los empresarios. A veces, quizás las cámaras como Canacintra y Coparmex y demás tengan un criterio menos cruel, pero hay otros que hacen muchas cosas en contrario”.
LA OTRA INICIATIVA
A su vez, el doctor Héctor Barba García, comentó que la iniciativa que presentó el senador Luis Sánchez, coordinador de la bancada del PRD junto con la Unión Nacional de Trabajadores UNT, en cambio, abarca todos los contenidos normativos del Apartado A del Artículo 123 constitucional reformado, que se contemplan en la Ley Reglamentaria y la Ley Federal del Trabajo.
Comprende el diseño de las nuevas instituciones que devienen de la reforma al marco constitucional. “Por ello se actualiza sistemáticamente todo su articulado, con las correspondientes adiciones y derogaciones”.
Asesor jurídico de la UNT, el doctor Barba dijo que esta iniciativa plantea la reforma de 303 artículos, la adición de 10 y la derogación de 116.

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/reforma-laboral-viola-los-derechos-humanos-especialista-1025987.html
Justicia Laboral

Prepara GPPT iniciativa en materia de justicia laboral


Por Redacción –
23 febrero, 2018
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero (AlmomentoMX).- Con el objetivo de garantizar la permanencia de los beneficios logrados en la reforma en materia de justicia laboral  aprobada en 2016, el  coordinador del Grupo Parlamentario del PT,  Manuel Bartlett Díaz, anunció que esta fracción prepara una iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 123 de la Ley del Trabajo.
Al presidir la Mesa de Trabajo para el Análisis de la Ley Reglamentaria al Artículo 123 constitucional, en materia de justicia laboral, señaló que mantener la autonomía  de los sindicatos y garantizar los derechos de los trabajadores, como la libre adhesión sindical, contrato colectivo del trabajo, seguridad social y emplazamiento a huelga,  es el objetivo de la propuesta.
El PT incluirá en su iniciativa, las propuestas de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) respecto a contratación colectiva; democracia sindical basada en la libre y secreta elección de los trabajadores de su directiva sindical;  pertenecía al sindicato de su preferencia y su aprobación previa de validación del contrato colectivo, entre otros aspectos.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes explicó que el PT determinó convocar a especialistas para realizar una reflexión a fondo que permita presentar un trabajo legislativo que permita revertir otras propuestas que van en contra de la reforma en materia de justicia laboral.
“No es una acto de especulación, sino de reflexión”, señaló al referirse a la iniciativa presentada en diciembre de 2017 por los senadores del PRI  Tereso Medina e Isaías González Cuevas, que establece mecanismos contra  las garantías laborales.
En lo anterior coincidieron los especialistas Héctor Barba García, asesor de la UNT; Arturo Alcalde Justiniani, del International Labor Rights Forum; los catedráticos Alfredo Sánchez Castañeda e  Ismael González Martínez; y los asesores en materia laboral Ezequiel Pineda Nava y Jaime Cárdenas.
Explicaron que en el proyecto de decreto presentado en diciembre pasado, propone crear el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral, como organismo descentralizado que tendrá como responsabilidad el registro de sindicatos y sólo los que tenga en sus lista, serán reconocidos oficialmente.
En materia de huelga, se plantean requisitos, como  lista con los nombres y número de seguridad social de cada trabajador sujeto al contrato colectivo de trabajo; favorece a los outsourcing al permitir la libre subcontratación, y retira todo derecho a los trabajadores que estén en periodo de capacitación y prueba.

http://almomento.mx/prepara-gppt-iniciativa-en-materia-justicia-laboral/
Justicia Laboral

AFL-CIO insta a no aprobar reforma que empeorará situación de los trabajadores


Entre otros puntos, afectaría estabilidad del empleo, advierten en el Senado expertos
Facilita la subcontratación y pretende quitar el voto libre y secreto a los sindicalizados
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 23 de febrero de 2018, p. 18
Expertos, académicos y abogados en materia laboral, así como representantes de la AFL-CIO, la principal central sindical de Estados Unidos, pidieron en el Senado mexicano que no se apruebe al vapor la ley reglamentaria del artículo 123 Constitucional, como pretenden el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno federal.
Insistieron en que se debe abrir un debate amplio, ya que se trata de una contrarreforma que afectará derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos la estabilidad en el empleo.
En ese foro, organizado por el Partido del Trabajo y Morena, el coordinador de ese grupo, Manuel Bartlett, expuso que PRI y Acción Nacional están desesperados por aprobar fast track la iniciativa de ley secundaria sobre justicia laboral, que presentaron los priístas Isaías González Cuevas y Tereso Medina.
Reveló que además de que en el pleno senatorial se impuso un día antes un acuerdo de PRI, PAN y el Partido de la Revolución Democrática para crear dos espacios más en la Comisión de Trabajo –para conseguir la mayoría–, ayer trataron de votar que se quite la presidencia de ese organismo al senador Miguel Ángel Chico Herrera, quien se acaba de incorporar al PT-Morena, luego de dejar el tricolor.
Bartlett expuso que pretendieron que él firmara un acuerdo cachirul, tomado sin que la Junta de Coordinación Política se haya reunido, para reafirmar su control de esa Comisión de Trabajo responsable de dictaminar la cuestionada ley secundaria de la reforma constitucional sobre justicia laboral.
Al respecto, el senador Luis Humberto Fernández, del PT Morena y moderador del foro, dijo que se debe revertir la iniciativa de Medina y González Cuevas, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que de manera vergonzosa presentaron esa propuesta, que es una verdadera contrarreforma laboral.
En su intervención, la directora internacional de la AFL-CIO, Cathy Feingold, resaltó que el gobierno de Enrique Peña Nieto no puede apoyar una legislación que significará que la situación de los trabajadores mexicanos va a ser peor que en la actualidad.
En el foro participó Luisa María Alcalde, propuesta por Andrés Manuel López Obrador para integrar su gabinete como titular del Trabajo y Previsión Social, en caso de que gane las elecciones. Resaltó que es necesario evitar que el corporativismo sindical vuelva a tomar las decisiones e impida una verdadera democracia y libertad sindical.
Por su parte, el consultor en derecho laboral Ezequiel Pineda hizo notar que la iniciativa del PRI facilita los despidos de personal, suprime la obligación del patrón de notificar por escrito los motivos para rescindir contratos, establece menores indemnizaciones, inhibe las justas reclamaciones de los trabajadores para disminuir las demandas laborales y facilita la subcontratación y pretende quitar el voto libre y secreto a los sindicalizados, así como facilitar la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo.
De forma similar se manifestaron los también asesores laborales Arturo Alcalde y Héctor Barba, así como los catedráticos Alfredo Sánchez Castañeda e Ismael González.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/23/politica/018n1pol
Sindicalismo

Se logra punto de acuerdo en favor de los trabajadores mexicanos en la cámara de diputados


San Lázaro fue el escenario en donde se llevó a cabo un punto de acuerdo a favor de los trabajadores mexicanos.
Después de que el pasado 10 de diciembre, Tereso Medina e Isaías González del Revolucionario Institucional, ingresaran una iniciativa de ley secundaria laboral en el senado de la República, misma, que causo el enojo de organizaciones sociales y sindicales, por lo que el 14 de diciembre del año pasado, la UNT con apoyo del senador Luis Sánchez, ingresó una iniciativa a favor de la clase trabajadora.
Como un punto de acuerdo urgente promovido por el diputado Rafael Hernández Soriano en la cámara de diputados, se logró el mismo con el apoyo de diferentes bancadas de oposición, tales como la de Morena, PRD, PAN, PES, PAN, MC y por otro lado, el Partido Nueva Alianza se sumó al mismo acuerdo.
En conferencia de prensa, diputados de las diferentes bancadas rindieron declaraciones a favor de los trabajadores mexicanos, acompañados por miembros del sindicato de telefonistas, que junto a la UNT han promovido que la contrarreforma laboral encabezada por el PRI en el Senado no tenga aprobación por parte de las demás fuerzas políticas.
Los esfuerzos de la representación del sindicalismo democrático, en voz de José Luis Telléz, dijo haber encontrado el camino por medio de la propuesta realizada por la UNT y el apoyo de las fuerzas políticas de oposición.
Ahora, después de este exhorto realizado por la cámara baja, la decisión queda en manos del senado de la República en relación a la modificación o, en su defecto, el tomar en cuenta la propuesta realizada por la UNT.

https://www.strmnoticias.com/single-post/2018/02/13/Se-logra-punto-de-acuerdo-en-favor-de-los-trabajadores-mexicanos-en-la-cámara-de-diputados-Video
Justicia Laboral

De lesiva califican la propuesta de reforma laboral


De lesiva califican la propuesta de reforma laboral. Foto: El Universal
Aunque el secretario del Trabajo afirma que el tema del outsourcing será sacado del proyecto, hay temor de que al final se libere
Por: Francisco Castro
20 de Febrero 2018 · 09:38 hs
Sinaloa.- A pesar de proponer la liberalización de la subcontratación (outsourcing), tema que podría ser retirado del proyecto, además de facilitar los despidos injustificados, reducir las indemnizaciones y limitar el derecho a la libertad sindical, la propuesta de reforma laboral que actualmente está en el Senado de la República podría ser aprobada antes del 26 de febrero, situación que, de acuerdo con especialistas, podría poner en riesgo los derechos de los trabajadores.
Esta iniciativa, presentada el 7 de diciembre del 2017 por los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, ambos del grupo parlamentario del PRI, ha generado cuestionamientos de especialistas en derecho laboral y sindical, pero también quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e inconformidad de algunos dirigentes, como el propio Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, quien el 8 de febrero advirtió en su cuenta de Facebook que esta es «la peor reforma laboral en la historia de México».
María Carmen Macías
Para la doctora María Carmen Macías Vázquez, investigadora del área de Derecho Social en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta polémica iniciativa es el reflejo de cómo se hacen las cosas en materia legislativa en el país: «El problema es que todo se hace apresuradamente, cuando a esto tiene que dársele el tiempo y la maduración».
El polémico tema del outsourcing

Definido legalmente como el régimen de subcontratación por medio del cual un patrón, denominado contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la Ley Federal del Trabajo contempla actualmente una serie de candados para ello.
Impide abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares, que se desarrollen en el centro de trabajo; justificarse por su carácter especializado, y no comprender tareas iguales o similares a las que realiza el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
La reforma propone, en su artículo 1119, que a quien utilice el régimen de subcontratación en forma dolosa se le impondrá multa de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización; es decir, de 2015 a 403 000 pesos, y especifica dos casos en los que se estaría incurriendo en ello.
La doctora Macías Vázquez, investigadora de la UNAM, recordó que en 2012 intentaron los legisladores federales quitar los candados al outsourcing para poder subcontratar libremente a todos los trabajadores, pero en ese momento se hizo hincapié en que esto podría causar problemas de responsabilidad a la hora de cumplir con los derechos laborales de los trabajadores.
Imagen Especial
Liberar la subcontratación abarataría la contratación de mano de obra, pero también el despido, además de que una de las finalidades de los candados existentes es garantizar que las empresas sean socialmente responsables, detalló.
Sobre las críticas de que con esta iniciativa pretenden facilitar un crecimiento en las cifras de empleo, más allá de proteger los derechos de los mismos, coincidió con ello y añadió que no se meditaron los alcances que esta podría tener: «Con el afán de dar cifras de empleo, no se medita y se quitan ciertos candados para liberalizar, pero en el fondo les falta mucha más meditación en el análisis de lo que están regulando porque el número de plazas que se abren o de contrataciones no quiere decir que sea un empleo (bien) remunerado».
Subcontratación, una práctica viciada
Para Miguel Ángel Delgado, también especialista en derecho laboral, el outsourcing es un buen sistema traído de los Estados Unidos, pero en México se le ha dado un sesgo distinto para eludir al fisco desde hace años, lo que provoca que se afecten los derechos de los trabajadores.
Napoleón Gómez
El abogado asegura que «las grandes empresas outsourcing son propiedad de funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda», y las más conocidas —dijo— son las que ofrecen personal de vigilancia y limpieza.
Sobre el funcionamiento viciado, explicó que estas denominadas prestadoras de servicios piden a las empresas contratantes que les pasen a sus trabajadores, por los cuales reciben el pago, y luego lo triangulan. Una especie de administración de nómina que impide al trabajador conocer a su patrón y obtener acceso a las utilidades.
«Cuando se llega la hora de repartir las utilidades, esto se hace con la utilidad de la prestadora del servicio, no con la de la empresa donde realmente trabaja».
A inicios de este mes, Arturo Alcalde Justiniani, columnista de La Jornada y especialista en derecho laboral y sindical, lamentó en su columna escrita en dicho diario nacional que, de aprobarse esta iniciativa, «se podrá acceder a la subcontratación cumpliendo tan solo con los derechos mínimos de ley», comentó.
Al respecto, el 6 de febrero, el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, declaró que, ante la resistencia, «en la regulación de la contratación vía outsourcing deben prevalecer los principios de la reforma laboral del 2012, en donde se limita a tareas secundarias dentro de las empresas». Ese mismo día, el funcionario federal declaró a La Jornada que se sacaría del proyecto este tema del outsourcing.
Despidos e indemnizaciones flexibles
El proyecto de reforma laboral también contempla la Unidad de Actualización y Medida (UMA) y no el salario mínimo como unidad para el pago de las indemnizaciones no solo por despido injustificado, sino en caso de indemnización por riesgo de trabajo, muerte o incapacidad; además de permitir al patrón la realización de despidos masivos sin justificar el motivo de la quiebra o la «incosteabilidad» del trabajo.
Jorge Álvarez Máynez
Jorge Álvarez Máynez, diputado federal e integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, en entrevista para EL DEBATE afirmó que está demostrado que si se le quitan las reglas para el despido a los patrones, esto no genera mejores empleos, lo único que causa es que se dañen los derechos de los trabajadores y las capacidades de estabilidad, pues explica que los empleados quedan tan desprotegidos que no tiene posibilidad de dar su mejor resultado.
Comentó que, pese a la gran desigualdad social, con expresidentes de la República con pensiones de 50 millones al año, no debería haber pretextos para garantizar a los ciudadanos estándares mínimos de bienestar, donde tuvieran un ingreso básico que les permita cumplir con los más elemental: «Esto no significa darle un salario o ingreso máximo a todos los mexicanos o que todos tengan un mismo sueldo por decreto, sino que “exista un piso” de protección para quienes padezcan un problema, y el desempleo lo pueden afrontar con una mínima dignidad», indicó.
Para Arturo Alcalde Justiniani, las reglas que se proponen sustentarían la precariedad y la violación de los derechos humanos laborales, y así lo escribió en su columna titulada «Carta a los legisladores», publicada el 3 de febrero en La Jornada.
Las 5 claves

  • Expertos advierten falta de consenso con organismos no oficialistas
  • A nivel internacional se teme un atenta do contra la libertad sindical
  • No garantiza un salario digno, como lo exige el TLC, opina investigadora
  • Laboristas ven la mano de empresarios en la liberación del outsourcing
  • Descartan que el tema electoral frene la aprobación de la reforma

PARA ENTENDER
Prometen más empleos
Como parte de la justificación de la reforma laboral, los senadores expusieron en la sinopsis que esta «incentivaría la creación de empleos e incrementaría la protección de los derechos individuales de los trabajadores». Sin embargo, expertos en derecho laboral y sindical advierten que esto va contra el trabajo colectivo y generaría trabajos mal pagados.
Con información de David Ortega, corresponsal

https://www.debate.com.mx/sinaloa/De-lesiva-califican-la-propuesta-de-reforma-laboral-20180220-0040.html
Justicia Laboral

Defienden pilotos gremialismo en Senado

 

Por Francisco Pazos
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y la Unión Nacional de Trabajadores (UT) se manifiestan hoy martes en el Senado de la República en contra de las reformas a la Ley Federal del Trabajo que, argumentan, pondrán en riesgo sus libertades gremiales.
La manifestación fue pactada entre ambas organizaciones para llevarse a cabo a las 11:00 horas y estará enfocada en las modificaciones que los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, ambos del grupo parlamentario del PRI, propusieron, particularmente en el artículo 388 de la legislación federal.
Dicho artículo establece las normas que se seguirán en caso de que existan varios sindicatos dentro de una misma empresa.
“Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo”, dice parte del artículo.
“La propuesta de ambos senadores está encaminada a desaparecer a sindicatos como el de Pilotos. Es decir, quitarlos de la Ley, y que sean grandes sindicatos de industria, como los que representan la CTM y en la CROC, para que tengan las contrataciones colectivas de la mayoría de los trabajadores de la industria nacional”, explicó Mauricio Rodríguez, secretario de Prensa y Publicidad de ASPA.
Rodriguez agregó que las propuestas de modificaciones significarían un retroceso de la reforma constitucional en la materia aprobada y publicada en 2012, ya que se volvería a un modelo de “gran sindicato de industria”, representado por la CTM y la CROC.
Los anterior significaría que “de ahora en adelante no podrá haber pilotos solos, sino que ellos (la CTM y la CROC) en sus grandes sindicatos tendrán a todos los trabajadores de una aerolínea”, indicó el vocero de ASPA en entrevista con A21.
Este modelo ya existe con tres contratos colectivos que trabajadores de las aerolíneas Volaris, Viva Aerobús y sobrecargos de Aeroméxico Connect mantienen con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Similares y Conexos, agrupación que ha sido señalada de proteger los intereses de la empresa sobre el de los trabajadores.
“Si se acepta la iniciativa de ley, jamás ningún gremio de pilotos aviadores de la empresa que sea va a poder tener el estudio de las características de su trabajo de manera gremial, lo va a tener que aprobar y decir dentro de un gran conglomerado de trabajadores de sindicato de industria”, apuntó Rodríguez.
El vocero de ASPA consideró que incluso si las propuestas de reforma fueran aprobadas, el sindicato tendría la posibilidad de buscar un amparo, ya que se estaría violentando el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, del que México es firmante, y que protege la libertad sindical.
Para Rodríguez, los riesgos que la reforma implica son la desaparición de los sindicatos gremiales, anulación de algunos derechos colectivos y de la posibilidad de lucha por mejorar las condiciones de la seguridad social para los pilotos; así como la opción de huelga.
En la manifestación participarán alrededor de 500 trabajadores entre los que estarán miembros de ASPA y de otros sectores gremiales que resultarían afectados con las reformas propuestas.

http://a21.com.mx/normatividad/2018/02/20/defienden-pilotos-gremialismo-en-senado
Justicia Laboral

Iniciativa laboral: un monstruo jurídico


sábado 17 de febrero de 2018
Arturo Alcalde Justiniani
A medida que se conoce el contenido de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada el 7 de diciembre de 2017 por dos senadores del PRI, cumpliendo el encargo del gobierno federal, provoca mayor rechazo. Desde diversos ámbitos del país se han generado severas críticas a la iniciativa, debido a que no sólo es contraria a la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, la cual supuestamente busca reglamentar, sino que propone un nuevo modelo laboral que debilita la estabilidad en el empleo, al favorecer el despido injustificado y una profunda regresión a nivel de derechos individuales y colectivos, lo cual provocará mayor encono social y pobreza. Además de lo anterior, se diseña un procedimiento enredoso, contradictorio y lesivo para quienes acudan a juicio, sean trabajadores o patrones.
Es común preguntarse sobre las razones por las cuales el ex secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, avaló una iniciativa semejante y con tantas deficiencias, mismas que como pocas veces han logrado unificar a sus críticos, sean sirios o troyanos.
Se dice que el error –imperdonable– fue soltar la elaboración de la iniciativa y dejarla en las manos de despachos de abogados, vinculados al negocio de los contratos colectivos de protección y al outsourcing.
Por ello, gran parte de la iniciativa se convirtió en una trampa y podría dar lugar a abusos inexplicables. El hecho es que ninguna voz se ha manifestado a favor, con la salvedad de quienes consideran tener el poder de convencer a la mayoría de los senadores, por la vía del lobbypersonal y encubierto.
Conviene escuchar algunas voces calificadas que se han expresado frente a esta iniciativa. Patricia Kurcyn, académica y comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo dice todo en pocas palabras: ¿Hubiera sido democrático que la iniciativa presentada ante los senadores el pasado 7 de diciembre, se conociera para su análisis en foros de abogados, entre los sindicatos de trabajadores, en la academia y no sólo en el sector patronal?
Y concluye “…ahora esperemos que los legisladores analicen concienzudamente tal iniciativa y la rechacen, así habrán de evitar la regresividad del derecho humano al trabajo”. El Economista, 14 de febrero de 2018.
Alfredo Sanchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala: “La iniciativa de ley secundaria de la reforma laboral –en análisis en el Senado– hace más opaca aún la actuación de los gremios corporativos, pues entrega carta de naturalización al sindicalismo de protección y hace casi imposible que los trabajadores cambien de representación”. Termina con una frase contundente: Están haciendo un monstruo jurídico. La Jornada, 6 de febrero de 2018.
En un evento académico realizado la semana pasada en El Colegio de México, se le plantearon a Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social, las principales críticas y la exigencia de que se suspenda su aprobación al vapor, por las serias consecuencias que ello traería para el país.
Se le dijo que la iniciativa viola el estado de derecho, porque propicia un nuevo órgano de justicia de carácter público que se privatiza al ser controlado mayoritariamente por abogados beneficiarios del control obrero y líderes de las cúpulas empresariales; que este órgano será determinante para el ejercicio de los derechos colectivos y que absurdamente es juez y parte. Se le informó de los obstáculos insalvables para ejercer el derecho de asociación, contratación colectiva y huelga.
También se arguyó que la iniciativa ignora el voto secreto y libre para acceder a la firma de un contrato colectivo, como textualmente lo señala la Fracción XXII bis del nuevo texto del artículo 123 constitucional. Este evento culminó con dos destacadas conferencias críticas de la reforma, la primera a cargo de Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad de México, y por Graciela Bensusán, de la UAM Xochimilco. Esta última señaló: Integrar a los líderes sindicales y los empleadores en el nuevo órgano que se creará a nivel nacional para el registro de sindicatos y contratos colectivos implicaría nada menos que trasladar a su seno el conflicto de interés que durante décadas obstruyó la libertad sindical y convirtió a las juntas de Conciliación y Arbitraje en el principal soporte del viejo régimen corporativo, hoy pervertido y sostenido a costa de una enorme corrupción sindical. Sobran los comentarios.
La buena noticia es que en la Cámara de Diputados, los partidos Morena y de la Revolución Democrática presentaron puntos de acuerdo para exigir un debate abierto antes de avanzar en el proceso legislativo. La propuesta del PRD fue aceptada por unanimidad, lo cual permite detener el monstruo y transitar hacia la deliberación pública, como forma de construir el consenso sobre su contenido y coherencia con la Constitución.
Mauricio Rojas, del PAN, señaló en tribuna: Todas las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial y no a modo de un sector en particular. Propuso que por la relevancia del tema se debe invitar a especialistas y expertos del tema, universidades, a colectivos de trabajadores independientes de las cúpulas sindicales, así como a empresarios o patrones que también tengan autonomía frente a las cúpulas empresariales. Por su parte, el diputado Ramón Bañales, del PRI, coincidió sobre la necesidad de realizar de inmediato una consulta pública, antes de aprobar la ley. En una jornada inusual, todas las intervenciones coincidieron.
Confiando en que los diputados de todos los partidos honrarán su palabra, lo que procede es detener en la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa y abrir un periodo de consulta pública. Obviamente, sólo cuando se decidan las funciones del órgano autónomo, se podrá proceder a designar a su titular.

http://www.jornada.unam.mx/2018/02/17/opinion/020a1pol
Justicia Laboral

El palomazo de Isaías y Tereso, y la contrarreforma laboral


Saúl Escobar Toledo
El tema del empleo se ha convertido en una de las preocupaciones más acuciantes del mundo actual. Tanto en los países más desarrollados como en el resto del mundo hay signos evidentes de que las cosas no funcionan bien, sobre todo desde la crisis mundial de 2007-8. Y que ello ha dado lugar a una mayor irritación social y a reacciones políticas indeseables como en el caso de la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
En los países menos desarrollados el problema es más agudo en la medida en que enfrentamos factores estructurales de muchos años y nuevos desafíos producto del avance de la tecnología.
Dentro de las voces que se han pronunciado permanentemente en este debate está, naturalmente, la de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que cada año publica un informe sobre el empleo en el mundo.
Para esta organización no hay duda de que el trabajo decente es una condición necesaria para poner fin a la pobreza en todo el orbe. No basta, asegura, el crecimiento económico, por sí solo, para que ello ocurra. Por trabajo decente (o podría decirse también trabajo digno) se entiende aquel que obtiene una remuneración adecuada; estabilidad; seguridad social para las familias; libertad para organizarse; e igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres.
Su enfoque se basa en el respeto a los derechos laborales de cada país y en las normas internacionales más importantes discutidas y aprobadas en la OIT por sindicatos y empleadores, y después ratificadas por los estados nacionales. Para asegurar la creación de empleos dignos se requiere de un marco institucional fuerte y por tanto la revisión y ampliación permanente de la legislación correspondiente; asegurarse de que se cumpla la ley sobre todo mediante la inspección y un mejor acceso a la justicia; y ampliar la cobertura a un número cada vez mayor de la población trabajadora. También es indispensable garantizar la democracia y la transparencia sindical.
La OIT recomienda, asimismo, cambiar el modelo económico y diversificar la base productiva de las naciones. Para ello, advierte, se requiere una base fiscal más amplia y una inversión pública cada vez mayor en infraestructura. Considera indispensable, finalmente, instrumentar políticas de fomento al empleo basadas en la mejora constante de los niveles de calificación de los trabajadores y en facilitar la transición a la formalidad mediante diversos estímulos y políticas públicas.
Desgraciadamente, el paradigma que propone la OIT enfrenta una realidad cada vez más compleja. En los últimos años se ha extendido lo que varios empiezan a llamar la “gig economy”. Un término polémico que se utiliza de manera descriptiva y que no tiene todavía una traducción al español. La palabra gig se utiliza de manera coloquial en Estados Unidos cuando un ejecutante o un grupo musical toca ocasionalmente por invitación o para sustituir algún faltista. Podría decirse, en México, que se echa un “palomazo”.
Recientemente se habla de economía gig para describir un mercado laboral que se caracteriza por: 1) estar controlado por una plataforma digital, es decir se requiere necesariamente el intenet para contratar los servicios de un trabajador; 2) se trata de trabajos temporales; 3) no se les reconoce como trabajadores asalariados, sino por su cuenta o “freelance”, pues ofrecen sus servicios a una compañía por medio de un contrato mercantil; y 4) por lo tanto, el trabajador no tiene ninguna prestación, ni seguridad social, y puede ser despedido cuando le parezca al empleador sin ninguna obligación legal.
El ejemplo clásico de la economía gig es Uber, la empresa de taxis que se contrata por medio de un teléfono celular. Bajo las órdenes de ese consorcio, un trabajador cumple con la tarea de transportar al cliente de un lugar a otro por un precio establecido de antemano.
Pero también se habla de economía de plataformas digitales (que se distingue de la economía gig) cuando se trata de profesionales de alto nivel que se contratan bajo las mismas características, pero con una diferencia sustancial: el pago es mucho mayor pues el tipo de labores que desempeñan es sustancialmente más calificado. Por ejemplo, diseñar programas (de contabilidad, de servicios legales, de mercadotecnia o de diseño industrial) para una compañía.
Las virtudes de este modelo laboral (de plataformas digitales o gig) radican, según algunos estudios, en que ofrecen flexibilidad en el horario de trabajo y que a veces el servicio o tarea se puede hacer desde el hogar u oficina del trabajador contratado sin tener que desplazarse a la sede de la compañía. Se asegura también que las plataformas digitales son un mecanismo de intermediación muy eficiente pues se crean mercados regionales, nacionales e internacionales, lo que permite a los empleadores un mejor acceso al tipo de trabajador que requieren y a éstos últimos acceder a una ocupación más rápidamente y escoger las mejores opciones.
Sin embargo, es evidente que las mayores ventajas son para el patrón que puede utilizar los servicios del trabajador cuando lo necesita, sin ninguna responsabilidad legal, y que paga sólo por la tarea realizada. Otro problema es que, bajo este esquema, ni los patrones ni los empleados pagan impuestos ni contribuciones a la seguridad social, lo que ha despertado también la inquietud de los gobiernos, pues facilita la evasión fiscal.
El crecimiento de las economías gig y de plataforma digital ha sido muy acelerado. Según algunos estudios de McKinsey, el 27% de los trabajadores de EU y Europa forman parte de este tipo de mercado de trabajo. De acuerdo a  otra investigación, del Pew Research Center, en la mayoría de los casos se trata de trabajadores de cuello azul, es decir, son el nuevo proletariado manual que ahora es contratado bajo condiciones de incertidumbre, inestabilidad y muy bajos ingresos. Además, afirma, la mayoría de ellos opta por esta modalidad de contratación no tanto para obtener un dinero extra, sino porque está desempleado.
En el caso de Uber, el modelo gig ha causado ya la oposición decidida de sindicatos y trabajadores por los bajos salarios y la inexistencia de cualquier derecho laboral. En el Reino Unido, el año pasado, después de un largo litigio en tribunales, se les reconoció como trabajadores al servicio de la empresa, lo que fue considerado un gran triunfo para los sindicatos.
En resumen, la economía gig es una realidad que está creciendo gracias al uso cada vez más extendido de las tecnologías digitales y, sobre todo, por la falta de puestos de trabajo fijos y bien remunerados. El reto es lograr el reconocimiento de sus derechos. Convertir el modelo gig en un sistema de empleos dignos, según los criterios de la OIT. No será fácil, pero la obligación de los gobiernos y los legisladores es procurar que así sea.
En cambio, en México, a un par de senadores que dicen representar a los trabajadores, Tereso Medina e Isaías González, del PRI, se les ocurrió hacer exactamente lo contrario: proponer una reforma laboral que quitaba todas las normas legales a la llamada subcontratación para que ésta pueda extenderse sin cortapisas. Y con ello, alentar, incluso a las empresas que no están basadas en plataformas digitales, a formar parte también   de la economía gig. Es decir, convertir todas las relaciones de trabajo en un “palomazo”.
Parece que esta intención se ha detenido por el momento. Pero no basta. Hay que insistir en una ley (y en su aplicación) que no sólo impida la generalización de la subcontratación y el freelance, sino que además fomente la creación de un mayor número de empleos decentes.
Según la OIT este es el camino para una sociedad próspera y con menor pobreza y desigualdad. El de la economía gig, que defienden Isaías y Tereso, nos conduce, en cambio, a un futuro sin desarrollo ni paz social. Eso es lo que está en juego en el debate sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo que están hoy en manos de los legisladores.

https://suracapulco.mx/2018/02/14/palomazo-isaias-tereso-la-contrarreforma-laboral/