Entre otras cosas, eso significa que podría haber sanciones comerciales por el incumplimiento de los compromisos en materia laboral.
Luis Miguel González
31 de enero de 2018, 01:36
Un grupo de legisladores del partido demócrata de Estados Unidos estuvo en Montreal. Su misión era comunicarle al negociador Lighthizer que el reforzamiento del capítulo laboral es un factor que la “bancada” demócrata tomará muy en cuenta para dar apoyo al TLCAN 2.0.
Esta presencia demócrata se suma a la presión de los sindicatos canadienses y estadounidenses. Ambos quieren darle mayor visibilidad al capítulo laboral. No sabemos cómo se procesó este asunto puertas adentro en Montreal, pero Ildefonso Guajardo fijó una posición que recupera Morning Trade de Politico.
México buscará que en lo laboral la negociación tenga un enfoque parecido a lo que ocurrió en el TPP. En el Acuerdo Transpacífico, los negociadores mexicanos consiguieron que los socios reconocieran que México estaba en medio de un proceso de implementación de cambios profundos, relacionados con la reforma laboral aprobada en el 2012. El TPP no implicó compromisos adicionales en materia laboral, porque México logró convencer a los firmantes del TPP de que los cambios legales e institucionales que implicaba la reforma laboral daban respuesta a las preocupaciones de los socios comerciales.
La negociación del TPP concluyó en el 2016 y no incluyó ningún tipo de compromiso para igualar los salarios de México, respecto a los de Estados Unidos y Canadá. Planteó una larga lista de obligaciones que están contemplados en las leyes mexicanas: libertad de asociación de los trabajadores; derecho de negociación colectiva; estándares mínimos laborales; mayor prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo; eliminación de toda forma de discriminación laboral; prohibición del trabajo infantil, y el trabajo forzado e implementación de medidas concretas para mejorar el acceso a la justicia laboral.
Estos argumentos, usados en el TPP en el 2016, ¿valen para el TLCAN en el 2018? El primer problema para México es que Canadá y Estados Unidos han vivido un cambio radical en dos años. Eran Harper y Obama; ahora son Trudeau y Trump, que han hecho grandes compromisos con los sindicatos de sus países. El segundo problema es la terca distancia que existe entre la ley y la realidad en México: ¿Cómo vamos en la implementación de la reforma laboral? Esto debería importarnos en México porque una buena implementación implica una mejora de nuestras prácticas laborales. En estos días importa por razones del TLCAN: la no implementación plena de la reforma justifica la exigencia de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá. Ellos quieren que haya mecanismos adicionales de presión contra México.
La nueva realidad obliga a dar mayor importancia al tema laboral. En el TLCAN 2.0 dejará de ser un anexo y estará en el ADN del texto. Esto implica que los derechos laborales tendrán un estatus similar al que tienen los derechos de los inversionistas y a las cuestiones relacionadas con el comercio internacional. Entre otras cosas, eso significa que podría haber sanciones comerciales por el incumplimiento de los compromisos en materia laboral.
Las sanciones serían multimillonarias e irían contra el país, además de contra las empresas. No es un asunto menor: el capítulo laboral preocupa por razones comerciales y porque no hemos hecho toda la tarea en casa.
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