16/05/2019 | 01:30 | Ivette Saldaña
La reforma laboral mexicana lleva los sellos de Estados Unidos y Canadá, porque muchos de sus resultados tienen que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el futuro T-MEC.
En el Anexo 23-A del T-MEC, México se comprometió a tener listas las modificaciones laborales en su legislación antes de enero de 2019, lo que no se logró por el cambio de administración federal.
Sin embargo, de acuerdo con expertos, los convenios con sus socios comerciales presionaron al gobierno a concretar la reforma laboral, porque era condicionante para la raticcación y puesta en marcha del acuerdo.
El texto del T-MEC dice: “Se entiende que la entrada en vigor de este acuerdo se retrasaría hasta que esta legislación laboral se haga efectiva” en México.
El representante de la firma Holland and Knight, Carlos Vejar, explicó que la reforma laboral obedece a los tiempos de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por los compromisos que se hicieron en la negociación.
Con el T-MEC, el gobierno mexicano se comprometió a cambiar su legislación para que los trabajadores tuvieran derecho a organizarse libremente y pertenecer al sindicato de su elección, dijo el especialista en derecho laboral de EY, Alejandro Carlo.
Está el compromiso de que las elecciones de los dirigentes sindicales sean forzosamente mediante un voto personal, libre y secreto, y ya no a mano alzada.
Se creó el Centro de Conciliación y Registro Sindical, que será el encargado de emitir una certiccación al sindicato que tenga la mayor representación de trabajadores en una empresa y el que tenga la legitimidad para revisar el contrato colectivo, emplazar y levantar la huelga, agregó.
Sin embargo, Carlo y Diego González, socio de EY, explicaron que se mantiene la “cláusula de exclusión por afiliación”, aquella por la que un patrón está obligado a admitir únicamente a trabajadores que se afilien al sindicato mayoritario del contrato colectivo. Por lo que, cuando ingrese un trabajador, deberá asociarse al sindicato principal de la empresa, pero una vez dentro podrá moverse a otro.
Hay también una nueva obligación de equidad de género en el que se obligará a las empresas a tener un protocolo para evitar discriminación, violencia laboral, acoso y hostigamiento, en la que deberán decnir acciones ante esos casos.
Además, en pro de la equidad de género que se estableció en el T-MEC, el Congreso aprobó en la reforma que la dirigencia de un sindicato esté representada en la misma proporción de hombres y mujeres.
En línea con lo establecido. El coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, Ignacio Martínez, dijo que con la libertad sindical con la que se adopta el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, el voto libre y secreto de líderes, entre otros ajustes, se cumple con el capítulo 23 del T-MEC.
“Cumplimos con lo que dice el T-MEC, así que ya no tiene excusa Estados Unidos para no raticcarlo”.
Por su parte, González comentó que “es cierto que viene una presión internacional de los socios comerciales para adoptar esta legislación y, probablemente, ésta nos ha llevado a esa vieja conclusión de que tuvimos la mejor reforma posible por los tiempos electorales del país vecino”.
El socio fundador del Bufete Sales Boyoli, Jorge Sales Boyoli, mencionó que México se apega a los compromisos que hizo con Canadá y la Unión Americana, porque ambas economías señalaron al sistema laboral nacional de incurrir en prácticas de salarios bajos y sindicatos a modo en ciertas industrias.
El presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex, Lorenzo Roel, dijo que más que la presión de Estados Unidos, en el gobierno mexicano existía la prisa de tener la legislación antes del 1 de mayo, el Día del Trabajo.
Sales Boyoli, González y Roel coincidieron en que México ya cumplió con los compromisos del T-MEC, pero ahora faltará la implementación y el contar con presupuesto para la puesta en marcha, por lo que se espera que tarde entre tres o cuatro años la ejecución total de los cambios hechos en materia laboral.
Etiqueta: Tratado de Libre Comercio de América del Norte
¿Viene ola de huelgas?
Alberto Barranco
Bajo el argumento de que, despertada la exigencia de reivindicación salarial de los trabajadores por la sacudida a maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, lo que derivaría en una ola de huelgas, el sector patronal está lanzando toda la carga de cabildeo en el Senado para acotar el alcance de la reforma laboral
23/04/2019
El objetivo apunta a endurecer la posibilidad de creación de sindicatos alternos y mantener la descentralización en el registro de sindicatos y contratos colectivos, y no hacer públicos éstos.
Como usted sabe, el incremento sustantivo al salario mínimo en la región fronteriza norte provocó un desequilibrio en las percepciones, a cuyo marco las empresas debieron no sólo nivelar la nómina, sino otorgar pagos extraordinarios a los trabajadores.
A partir de ahí las revisiones contractuales plantean exigencias de incrementos salariales que algunos patrones califican de desmesuradas.
El problema, como se sabe, es que las modificaciones de ley obedecen a una exigencia de Estados Unidos para integrar el acuerdo mercantil con nuestro país y Canadá.
Y el problema es que, descontada la aprobación de la reforma, la Comisión de Comercio del vecino país, en su evaluación de la negociación, prevé un incremento salarial de 17% en el país, “al fortalecerse las normas y derechos laborales, incluida la negociación colectiva”.
Y el problema, más allá, es que aun así la mayoría Demócrata en la Cámara de Representantes no está totalmente satisfecha de la reforma al considerar, desde un ángulo, que está no incluye el tema de la tercerización, es decir la práctica del outsourcing, y por otro lado el que el nuevo escenario se vuelva simulación.
A la llegada de los demócratas a la Casa Blanca, justo en la antesala de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se exigió modificar lo negociado por los Republicanos, lo que derivó en las llamadas cartas paralelas en materia laboral y ambiental, que resultaron letra muerta.
Lo cierto es que el nuevo escenario borra la posibilidad de vicios de añeja data, como el que desde la Secretaría del Trabajo se dictaran topes salariales para las revisiones contractuales; como el que las Juntas locales de Conciliación expidieran tomas de nota sin cumplirse trámites de rigor o registraran contratos colectivos pactados por sindicatos blancos o de protección.
Bajo el nuevo marco se crea un Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
En la ruta, la desaparición de la llamada Cláusula de Exclusión, es decir la expulsión de un trabajador del sindicato y por tanto de la plaza laboral, le quita al viejo sindicalismo su principal arma de control.
En paralelo, la muerte del escalafón ciego, que premia la fidelidad con ascensos sin raciocinio, permitirá incrementar la productividad de las empresas y el aprovechamiento de las multihabilidades de un trabajador.
La batalla por la justicia laboral.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/cartera/viene-ola-de-huelgas
México, a favor de fortalecer tribunales laborales
Se trata de una de las principales peticiones de los legisladores demócratas para dar su apoyo al T-MEC.
Roberto Morales
22 de marzo de 2019, 00:32
México está dispuesto a fortalecer el mecanismo de los tribunales laborales que operarían en el T-MEC, afirmó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la SRE.
Según el diplomático, la principal petición que plantean ahora los legisladores demócratas para dar su voto a favor de la ratificación de T-MEC está no en nuevas regulaciones, sino en las garantías de que lo que México pacte en materia laboral se cumpla efectivamente. Existen dos puntos para fortalecer este cumplimiento: la conformación de una lista de jueces (panelistas en el argot del acuerdo comercial) y que el levantamiento del tribunal (pánel) no se haga por consenso de las partes, esto es, con la aprobación de México y Estados Unidos en este caso, y sí por el interés de una sola de las partes.
Seade planteó que los cambios demandados podrían darse a través de una carta paralela o por voluntad propia de Estados Unidos, quien no ha querido anteriormente conformar la lista de panelistas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual sería remplazado por el T-MEC.
Por su parte, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, destacó que las concesiones laborales en el T-MEC no se habían hecho por parte de México en ningún otro tratado de libre comercio, y que esto se debió a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es “tremendamente progresista en materia laboral”. Añadió que esto último ayudó a impulsar el cierre de las negociaciones, porque el gobierno de López Obrador impulsó la redacción del Anexo 23 A del T-MEC, en el cual México se compromete a adoptar en su legislación, a más tardar el 1 de enero del 2019, una serie de medidas y principios relacionados con el reconocimiento efectivo a la negociación colectiva, condicionando incluso la entrada en vigor del T-MEC a que dicha legislación exista.
Guajardo recordó que México no negoció esta concesión específica en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, sino que simplemente en ese acuerdo se comprometió a hacer cumplir su propia legislación. Seade y Guajardo participaron por separado en un evento organizado por Baker McKenzie, el Comexi y Atlantic Council.
También el Anexo 23 A del T-MEC dispone que México deberá incluir en su legislación disposiciones respecto al derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección, sin la interferencia de los patrones en las actividades sindicales. Finalmente, obliga a la creación de un órgano independiente, encargado de la conciliación y el registro de los contratos colectivos de trabajo, a la vez que los trabajadores deberán participar en la elección de líderes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto.
rmorales@eleconomista.com.mx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-a-favor-de-fortalecer-tribunales-laborales-20190322-0018.html
Opinión / Alberto Barranco / Empresa
¿Fuera máscaras?
Balance general. Abortado, paradójicamente, ante la protesta de centrales sindicales de Estados Unidos de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el artilugio que pretendían los senadores sindicalistas Isaías González y Tereso Medina, al colar en una iniciativa de justicia laboral la posibilidad de generalizar la práctica del outsourcing o tercería, en el capítulo laboral del nuevo acuerdo mercantil se plantea una revisión del tema.
La intención, de cara a la equidad, es vigilar, justo, que la práctica de subcontratación, colocada originalmente, para fines de limpieza y mantenimiento, se siga extendiendo en un escenario en que existen empresas que utilizan la vía para sus ejecutivos.
La práctica coloca a éstos al margen de las prestaciones que se otorgan, es decir pólizas de gastos médicos mayores, bonos, participación accionaria, al ser contratados por una firma distinta… a veces creada por la propia empresa que los emplea.
La garantía de cumplimiento correría a cargo del nuevo gobierno.
https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/cartera/manipulan-cifras-del-imss
Libertad laboral
24/09/2018
Martí Batres
Despertador
La ratificación en el Senado de la República del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ocurrida el pasado jueves 20 de septiembre, es un paso histórico que beneficia a los trabajadores y se corresponde con una de las exigencias de Estados Unidos en las recientes renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) consistente en fortalecer la contratación colectiva.
El Convenio 98 fue adoptado en Ginebra, durante la 32 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), el 1 de julio de 1949, y entró en vigor el 18 julio 1951. México firmó este convenio en 1956 interponiendo una reserva para mantener la llamada cláusula de exclusión, que permitía despedir del trabajo a los disidentes sindicales. La OIT rechazó dicha reserva por un lado porque estos convenios se aceptan en bloque o se rechazan en bloque, pero también porque la cláusula de exclusión era directamente contraria al espíritu de la libre sindicalización. En este sexenio, el gobierno mexicano eliminó la cláusula de exclusión. Entonces nuestro gobierno volvió a firmar el acuerdo y lo envió al Senado para su ratificación hace tres años.
Sin embargo, se mantuvo en la congeladora. Es decir, México tardó 69 años en incorporarse a este acuerdo y fue la última nación latinoamericana en hacerlo.
La ratificación de este tratado rompe con el corporativismo sindical pues establece que los trabajadores son libres a pertenecer o no a una organización sindical y que su decisión no puede ser motivo para causar el despido. También prohíbe que se condicione la permanencia en el empleo a no pertenecer a una organización sindical. Además, prohíbe la existencia de los llamados sindicatos de protección.
La tradición de control corporativo en México explica por qué nos tardamos tanto en ratificar este acuerdo y lo sucedido esta semana en el Senado encarrila a nuestro país en una ruta de modernización y normalización de las relaciones laborales.
Hay que decir que la ratificación del Convenio 98 no sólo beneficia a los trabajadores. El sector empresarial también resulta favorecido al liberarlo de chantajes y presiones por parte de los llamados sindicatos blancos.
Llama la atención que a pesar de que el presidente Peña Nieto dio los pasos necesarios para su ratificación, la anterior Legislatura condenó el trámite a la congeladora aún cuando cumplió con las consultas requeridas tanto a organizaciones sindicales como la CTM, la CROC y la UNT, así como a organismos empresariales como la Concamin, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial y a entidades gubernamentales. Con ello, se cumplió con los requisitos del Convenio 144.
La ratificación de este convenio internacional se da en dos contextos importantes:
Uno, el que llama más la atención, es que forma parte de las exigencias del gobierno norteamericano, el país más capitalista del mundo e insignia del libre mercado. Dos, es que la democracia sindical se presenta como consecuencia del arribo de la democracia política al país. Es decir, vía el libre comercio y el avance político de México se rompe con una de las principales características del Estado autoritario mexicano: el control de los trabajadores.
La noticia causó distintas reacciones. A mi parecer la principal es la de la ONU que saludó esta resolución del Senado y señaló que con esto “el Estado mexicano estará atendiendo las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
Si bien esta ratificación no estuvo exenta de resistencias como la de los senadores del PAN que decidieron abandonar el salón de sesiones para no participar en su aprobación y dar un golpe mediático para tapar esta importante decisión, también es cierto que el Convenio 98 de la OIT contó con el apoyo unánime del resto de los partidos que estuvieron presentes en la sesión.
El hecho confirma la vocación transformadora del nuevo Senado. México está cambiando.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/libertad-laboral
¿Avanzará el nuevo gobierno mexicano en la reforma de la justicia laboral?
Sep 20, 2018
El 1º de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador (conocido por sus iniciales AMLO) y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), lograron una arrolladora victoria electoral que crea un nuevo contexto político para la implementación de la Reforma Constitucional al sistema de justicia laboral de 2017.
No solo ganó la presidencia AMLO, sino que también MORENA ganó la mayoría de escaños en ambas cámaras del Congreso Federal, haciendo que la aprobación de una legislación de implementación progresista de la Reforma Constitucional sea posible en los próximos meses.
El contexto de este cambio histórico en el liderazgo político en México es las negociaciones por un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que incluirá un nuevo capítulo laboral con disposiciones sobre derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.
El Documento Informativo en profundidad de la RSM, ¿Avanzará el Nuevo Gobierno Mexicano en la Reforma de la Justicia Laboral?, analiza la convergencia de eventos en México y a nivel internacional que podrían determinar el nuevo marco legal e institucional por la justicia laboral y los derechos de las trabajadoras(es) en México.
Cliquea aquí por el Documento Informativo de septiembre, 2018
Cliquea aquí por antecedentes y otros vínculos a recursos de la RSM y análisis de la Reforma Constitucional de 2017 y otros temas relacionados con la libertad de asociación en México.
http://www.maquilasolidarity.org/es/avanzar-el-nuevo-gobierno-mexicano-en-la-reforma-de-la-justicia-laboral
TLCAN 2.0 pone presión a México para que concluya reforma laboral
Las empresas mexicanas deberán cumplir con leyes en justicia laboral, pero requiere que se desatore su aprobación en el Congreso.
20 septiembre, 2018
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) – El acuerdo bilateral al que han llegado México y Estados Unidos en materia laboral para la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) requiere que el Congreso apruebe leyes para mejorar la relación entre empresas y trabajadores.
Información de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), detalla que el capítulo de Trabajo incluye un anexo en el que México se compromete a adoptar medidas legislativas a favor de la libertad sindical, celebrar contratos colectivos y eliminar la figura de contratos de protección.
“El acuerdo se ve positivo, pero ponerlo en el texto del Tratado, significa un riesgo para el comercio con Estados Unidos, desde el punto de vista empresarial, ya que hay leyes secundarias pendientes de aprobarse para que se pueda cumplir este compromiso”, explicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Sí hay un compromiso en este sentido y esperamos que lo podamos sacar en este periodo ordinario de sesiones”, detalló el empresario.
En específico se trata de l a reforma al Sistema de Justicia Laboral , misma que está pendiente de ser aprobada, desde finales de 2017, cuando la iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), refiere información de la agencia Thomson Reuters.
Aprobar esta reforma es importante porque con ella se lograría la implementación de los tribunales dependientes del poder judicial en materia laboral, además de la ley para que opere el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, el cual se encargará de la administración y registro de contratos colectivos de trabajo, explicó Germán de la Garza, socio del despacho de abogados Mowat.
También permitiría que se eliminen los contratos colectivos de protección, aquellos entre una empresa y un sindicato, los trabajadores no se enteran de éste y sirven para un trato discrecional y reducen la posibilidad de negociaciones colectivas o el derecho a huelga.
Este tipo de prácticas son las que Estados Unidos busca eliminar con el acuerdo, algo positivo para los trabajadores, pero que los empresarios no podrán cumplir si de entrada no se cuenta con una estructura jurisdiccional para la solución de conflictos laborales y adoptar mejores prácticas, consideró De la Garza.
De acuerdo con Castañón, el riesgo de que se incluya en el TLCAN es que si las empresas mexicanas no cumplen con esas condiciones se da pauta a que Estados Unidos imponga prohibicioneso vetos o que incluso, puedan parar ciertas exportaciones de México a EU, bajo el argumento de que no cumplen con lo establecido en el nuevo TLCAN.
Cabe destacar que la reforma al Sistema de Justicia Laboral, incluye una iniciativa para expedir la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, entre otras cosas.
El líder empresarial agregó que hay disposición para trabajar con el equipo de la futura secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde para que el sector empresarial participe en el análisis y propuesta que tenga esta dependencia en este tema.
http://mexicoxport.com/tlcan-2-0-pone-presion-a-mexico-para-que-concluya-reforma-laboral/
TLCAN 2.0 pone presión a México para que concluya reforma laboral
Las empresas mexicanas deberán cumplir con leyes en justicia laboral, pero requiere que se desatore su aprobación en el Congreso.
septiembre 20, 2018 05:30 AM
Dainzú Patiño
@DainzuP
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) – El acuerdo bilateral al que han llegado México y Estados Unidos en materia laboral para la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) requiere que el Congreso apruebe leyes para mejorar la relación entre empresas y trabajadores.
Información de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), detalla que el capítulo de Trabajo incluye un anexo en el que México se compromete a adoptar medidas legislativas a favor de la libertad sindical, celebrar contratos colectivos y eliminar la figura de contratos de protección.
“El acuerdo se ve positivo, pero ponerlo en el texto del Tratado, significa un riesgo para el comercio con Estados Unidos, desde el punto de vista empresarial, ya que hay leyes secundarias pendientes de aprobarse para que se pueda cumplir este compromiso”, explicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Sí hay un compromiso en este sentido y esperamos que lo podamos sacar en este periodo ordinario de sesiones”, detalló el empresario.
En específico se trata del a reforma al Sistema de Justicia Laboral , misma que está pendiente de ser aprobada, desde finales de 2017, cuando la iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), refiere información de la agencia Thomson Reuters.
Aprobar esta reforma es importante porque con ella se lograría la implementación de los tribunales dependientes del poder judicial en materia laboral, además de la ley para que opere el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, el cual se encargará de la administración y registro de contratos colectivos de trabajo, explicó Germán de la Garza, socio del despacho de abogados Mowat.
También permitiría que se eliminen los contratos colectivos de protección, aquellos entre una empresa y un sindicato, los trabajadores no se enteran de éste y sirven para un trato discrecional y reducen la posibilidad de negociaciones colectivas o el derecho a huelga.
Este tipo de prácticas son las que Estados Unidos busca eliminar con el acuerdo, algo positivo para los trabajadores, pero que los empresarios no podrán cumplir si de entrada no se cuenta con una estructura jurisdiccional para la solución de conflictos laborales y adoptar mejores prácticas, consideró De la Garza.
De acuerdo con Castañón, el riesgo de que se incluya en el TLCAN es que si las empresas mexicanas no cumplen con esas condiciones se da pauta a que Estados Unidos imponga prohibiciones o vetos o que incluso, puedan parar ciertas exportaciones de México a EU, bajo el argumento de que no cumplen con lo establecido en el nuevo TLCAN.
Cabe destacar que la reforma al Sistema de Justicia Laboral, incluye una iniciativa para expedir la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales, entre otras cosas.
El líder empresarial agregó que hay disposición para trabajar con el equipo de la futura secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde para que el sector empresarial participe en el análisis y propuesta que tenga esta dependencia en este tema.
https://expansion.mx/economia/2018/09/20/tlcan-2-0-pone-presion-a-mexico-para-que-concluya-reforma-laboral
El nuevo TLCAN y la revalorización del trabajador
Por Jesús Cantú , 5 septiembre, 2018
Negociación del TLCAN. El representante de Comercio de EU, Robert Lighthizer (EU) estrecha la mano a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, junto con el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. Foto: AP / Jacquelyn Martin
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los 24 años de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ayudaron a estabilizar la economía mexicana y contribuyeron a mantener una tasa de crecimiento baja, pero constante; sin embargo, también fueron decisivos para precarizar el trabajo, aumentar la concentración de la riqueza y ensanchar las desigualdades.
En la renegociación del mismo, de acuerdo con la información que hasta hoy está disponible en los medios de comunicación masiva, se incorporó un capítulo dedicado a las cuestiones laborales, además de la disposición, en el capítulo de la industria automotriz, de que 40% de las autopartes de contenido regional de los vehículos tendrán que producirse en zonas con salarios de al menos 16 dólares la hora.
Estas dos nuevas reglas, en las que insistió Canadá y que ahora que se ha reincorporado a las pláticas ha ponderado muy positivamente, pueden ser un catalizador para impulsar la revalorización del trabajador mexicano, pese a las resistencias del empresariado del país.
En los 24 años de vigencia del TLCAN la economía mexicana ha crecido a un promedio anual de 2.2%, muy bajo pero constante. Sin embargo, lo más crítico es que ese crecimiento se ha basado en 90% de incremento del número de empleos, es decir, simplemente porque ha crecido la disponibilidad de mano de obra, aunque a la par ha disminuido el ingreso medio que reciben los trabajadores. México ha crecido gracias a la mano de obra barata y eso ha hecho que los dividendos del raquítico crecimiento económico lo concentren los inversionistas a costa de la pauperización del trabajador.
En el último trimestre del año pasado 41% de la población mexicana recibía un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria; en los últimos 12 años (de 2005 a 2017), la mitad de la vigencia del TLCAN, el ingreso laboral per cápita perdió 29% de su valor. Hay más empleos, pero muy mal pagados: el salario mínimo actual es de 2 mil 686 pesos mensuales y la línea de bienestar se ubica en 2 mil 985.48 pesos, por lo cual el salario mínimo vigente no basta para alcanzarla. En los primeros cinco años del gobierno que está a punto de concluir, el número de personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos se incrementó en más de 3 millones.
La posibilidad de producir autopartes en regiones de México donde el obrero de la industria automotriz reciba un salario de más de 16 dólares por hora es prácticamente una utopía, pues al actual tipo de cambio implicaría aproximadamente un ingreso mensual de 73 mil pesos, que representa más de 27 veces el salario mínimo vigente.
Este requisito, aunado al incremento de 62.5 a 75% de los componentes de los vehículos de contenido regional, impactará en el volumen de las exportaciones de automotores mexicanos y hará disminuir sustancialmente el déficit comercial entre México y Estados Unidos, tal como buscaba el presidente Donald Trump; pero también obligará a las empresas automotrices instaladas en territorio nacional a replantearse su modelo de negocio, ya no podrán seguir impulsando la lógica de la cuasi maquila, en la que se importaba un muy alto porcentaje de autopartes y aquí únicamente se ensamblaba, aprovechando el bajo costo de la mano de obra mexicana.
Los grandes corporativos trasnacionales además se aprovechaban de la legislación laboral mexicana para sujetar su relación obrero-patronal a los llamados contratos de protección. El crecimiento de la industria automotriz mexicana estaba apoyado en los bajos salarios y los contratos colectivos simulados, permitiendo a las grandes automotrices obtener pingües ganancias a costa del sacrificio del trabajador mexicano.
Todavía el 7 de diciembre del año pasado un par de senadores priistas, con el respaldo del gobierno de Enrique Peña Nieto, presentaron una iniciativa de ley que pretendía revertir los avances logrados con la reforma al artículo 123 constitucional (Proceso 2153 y 2154) de febrero del mismo año. La denuncia oportuna de sus intenciones y el momento político electoral que se vivía permitieron frenar dicho intento.
La incorporación del capítulo laboral en el TLCAN obliga a México a cumplir los compromisos firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de libertad de asociación sindical y justicia laboral, con lo cual ya no hay más alternativa que adaptar la legislación laboral a los principios establecidos en los convenios con la OIT y en el artículo 123 constitucional. Así, las nuevas disposiciones incorporadas en la renegociación del TLCAN propiciarán un avance en el mismo sentido que ha manifestado el próximo gobierno de contribuir a la revalorización del trabajador mexicano.
El nuevo clausulado del TLCAN impulsará también la materialización de los avances legislativos en las condiciones laborales reales de los trabajadores mexicanos –particularmente en casos como la industria automotriz–, salvo que las empresas establecidas en territorio mexicano se resignen a pagar un arancel por no cumplir con los nuevos requerimientos de componentes regionales.
Según la información publicada el pasado jueves 30 en el periódico Reforma, “de los 56 modelos de vehículos ligeros y sus versiones que se ensamblan en el país para el mercado de exportación, 32 no cumplen la nueva regla de contenido regional que convinieron México y Estados Unidos”. Y esto es considerando únicamente 75% del contenido regional, sin incorporar la regla de que de 40 a 45% del mismo corresponda a zonas con salarios de 16 dólares la hora.
Al menos en el ramo automotriz, las nuevas reglas obligan a transitar de la cuasi maquila a la manufactura, lo cual sin duda contribuirá a pagar mejores salarios, aunque no se llegue a los mínimos establecidos en dicho apartado.
De esa forma, aunque a Trump únicamente le interesaba disminuir su déficit comercial con México y a Peña Nieto salvar el acuerdo, uno de los efectos no buscados en la renegociación del TLCAN (al menos por los gobiernos en ejercicio) puede ser la revalorización del trabajador mexicano, que ciertamente requiere de un plazo prudente y la implementación de otras políticas públicas para materializarse.
https://www.proceso.com.mx/549711/el-nuevo-tlcan-y-la-revalorizacion-del-trabajador
Congresistas de EU piden a Lightizer oponerse a legislación de reforma laboral mexicana
Foto: Giorgio Viera
Un grupo de congresistas estadounidenses pidió al representante comercial Robert Lightizer “a que se oponga activamente a la legislación anti-trabajador que actualmente está en proceso en el Senado de la República”.
María Del Pilar Martínez
19 de abril de 2018, 14:40
En un intenso cabildeo emprendido por organizaciones sindicales en Estados Unidos, lograron posicionar el tema de la legislación laboral mexicana —justicia laboral— para que 94 congresistas emitieran una carta de llamado al represente de Comercio de ese país, Robert Lightizer, en donde hacen llamado “a que se oponga activamente a la legislación anti-trabajador que está en proceso en el Senado de la República”.
La carta de los congresistas Rosa DeLauro, Bill Pascrell, Sander M. Levin, Bárbara Lee y Mark Pocan, entre otros, expusieron que “estamos alarmados y preocupados por las enmiendas a la Ley Laboral mexicana presentadas en el Senado el 22 de marzo. La iniciativa podría mantener la corrupción en el sistema que ha impedido por décadas que las y los trabajadores mexicanos ejerzan derecho a a libertad de sindicalización, negociación de mejores sueldos”.
Agregaron que “esto socava directamente el esfuerzo continuo para crear un campo de juego nivelado para los trabajadores estadounidenses y las empresas estadounidenses a través de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y garantizará que México siga incumpliendo las normas laborales en el acuerdo actual. Le instamos a usted comunicar con sus contrapartes en México, y dejar en claro que la aprobación de esta ley tendrá serias ramificaciones e impactará negativamente en el esfuerzo de renegociar el TLCAN”.