La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó este jueves al sindicato de trabajadores administrativos la propuesta de incremento de 3.4 por ciento directo al salario, y 1.8 por ciento en prestaciones que regiría del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021.
En reunión efectuada en la Dirección de Relaciones Laborales, el secretario Administrativo de esta casa de estudios, Luis Álvarez Icaza Longoria, presentó el ofrecimiento a la representación sindical.
Acompañado de la titular de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, Mónica González Contró, Álvarez Icaza destacó el arduo trabajo entre ambas partes, el cual se efectuó en condiciones inéditas con el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información.
Asimismo, se entregó el resultado de la revisión integral del Contrato Colectivo de Trabajo que regirá durante el periodo 2020-2022.
Luis Álvarez Icaza explicó que llevar a cabo una revisión salarial no resulta sencillo y fue más complicado ahora con la emergencia sanitaria, que ha impactado fuertemente la situación económica mundial y nacional.
Destacó que se atendieron las nuevas disposiciones legales que rigen en materias de negociación y contratación colectiva.
Sabemos, continuó el secretario Administrativo de la UNAM, que siempre hemos buscado la voluntad, el diálogo y, sobre todo, acuerdos que nos permitan seguir avanzando en la construcción de la institución que todos deseamos.
Ambas partes externaron su disposición para continuar con el diálogo abierto y respetuoso.
Comparece Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, ante la LX Legislatura local, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Resultados del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza(Foto: Especial).
El próximo miércoles 18 de noviembre empieza a funcionar el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México y los juzgados en la materia, dependientes del Poder Judicial, con lo que se inaugura una justicia tal y como la demanda la población: más cercana y cotidiana, así como autónoma, pronta y expedita, afirmó la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, al comparecer ante la LX Legislatura local, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Resultados del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.
Agregó que lo anterior es un logro del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien supo impulsar la reforma a nivel nacional, del Gobernador Alfredo Del Mazo, que desde un principio dio la instrucción y los apoyos para que la entidad mexiquense sea de los primeras a nivel nacional en concretar la reforma, y de los Diputados locales que, con una visión republicana, aprobaron las reformas necesarias y siempre estuvieron en las mesas de coordinación interinstitucional.
Ante diputados de las distintas fracciones parlamentarias e independientes, indicó que esta reforma es considerada la más innovadora en los últimos 100 años, porque la justicia laboral privilegia la conciliación y si no es posible, pasa a los tribunales del Poder Judicial.
Subrayó que, en este nuevo sistema de justicia laboral, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo amplió su servicio de representación jurídica gratuita, para representar a los trabajadores, tanto en la instancia prejudicial conciliatoria, como en los juicios que se sigan en los juzgados laborales.
Mencionó que, además de la concreción de la reforma laboral, y ante la emergencia sanitaria, en la Secretaría del Trabajo, cumpliendo con los protocolos por la emergencia sanitaria, se implementaron diferentes programas y se habilitaron plataformas digitales, para que la justicia laboral no paralizara y quedara sin efecto.
González Calderón informó que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo brinda asesorías de manera gratuita y en este año se ha beneficiado a más de 30 mil mexiquenses.
Dijo que, por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y del Valle Cuautitlán-Texcoco, se lograron 225 convenios de modificación de condiciones de trabajo, para beneficio de 37 mil trabajadores.
Asimismo, establecieron 10 mil 214 convenios con y sin juicio (laudos) para beneficio de 13 mil 300 personas, con un monto de indemnización global, en favor de los trabajadores, de poco más de 600 millones de pesos.
Por su parte, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ha entrado a una nueva era digital y de servicios, en la que su gran apuesta es resolver los conflictos por la vía conciliatoria. Ha reducido en 73 por ciento el total de demandas presentadas en contra de ayuntamientos, principalmente.
Explicó que el monto para ejecución contra municipios bajó en un 72 por ciento, lo que representa un monto de poco más de 876 millones de pesos, que contribuye a mejorar las finanzas de los mismos.
Por lo que toca a la promoción del empleo, dio a conocer que se han realizado 110 Ferias de Empleo, en las que se han ofertado 60 mil 928 vacantes; además, a través del Programa de Apoyo al Desempleo, se benefició a 50 mil personas que perdieron su empleo formal o informal en los últimos meses.
Subrayó que el Estado de México fue una de las seis entidades que empezaron a generar nuevos empleos, 19 mil 600 entre julio y septiembre.
Hoy, añadió, el gran reto sigue siendo la reactivación económica y la recuperación del empleo; sin embargo, estos programas de apoyo y de reactivación económica empiezan a dar resultados: ocho de cada 10 establecimientos mexiquenses abrieron sus puertas.
Mencionó que el Subprograma Fomento al Autoempleo, de carácter federal, dejó de operar para este año, por lo que la Secretaría del Trabajo lo retomó y con un monto de 120 millones de pesos se impulsan 4 mil 800 proyectos productivos.
En esta nueva era laboral, el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) ha impartido mil 633 cursos a 26 mil 155 mexiquenses en capacitación para el trabajo, de los cuales 2 mil 408 han sido vinculados a un empleo formal; mientras que en comunidades rurales se ha capacitado a 7 mil 508 en proyectos productivos.
Luego de escuchar los cuestionamientos de los diputados, la Secretaria del Trabajo hizo un reconocimiento a los líderes y representantes de los sectores obreros y patronales, porque la estabilidad que se registra entre los factores de la producción en el Estado de México, fue fundamental para resistir ante los embates de la epidemia.
Finalmente, convocó a seguir unidos, convencidos de que “el futuro se construye en equipo, sin detenernos, con la determinación de alcanzar un mejor mañana para nuestros hijos”.
Ahora, como lo dijo el Gobernador Alfredo Del Mazo, en su tercer informe: “hay que redoblar esfuerzos, es momento de avanzar unidos por la economía de las familias, porque haciendo equipo, nada nos detiene”, concluyó.
Este jueves se llevará a cabo la reunión mensual de la Conasami en donde se abordará la remoción de Andrés Peñaloza Méndez de la presidencia del organismo.
La política de salarios mínimos se mantendrá y al final del sexenio se espera llegue a los 214.07 pesos diarios, es decir 6,511.30 pesos mensuales, monto que “corresponde a cubrir las necesidades básicas de un individuo y un dependiente económico”.
Así lo comentó en un artículo Luis Munguía, secretario del Consejo de Representantes y director Técnico de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Consami), tras señalar que “esta es solamente la meta mínima y, si las condiciones económicas lo permiten, probablemente el salario mínimo terminará siendo superior a los 214.07 pesos diarios”.
Este monto sería 74% superior al del salario vigente para este año, que es de 123.22 pesos diarios, y 143% mayor respecto del nivel salarial vigente al inicio del sexenio (88.36 pesos diarios). De este modo el crecimiento promedio anual de la remuneración mínima sería de 15.9 por ciento.
Cabe señalar que este jueves al mediodía se llevará a cabo la reunión mensual de la Conasami que presidirá la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, en donde además de revisar el reporte sobre el comportamiento de la economía, respecto a los salarios, se abordará el tema de la remoción del cargo del presidente Andrés Peñaloza Méndez.
De acuerdo con Munguía, la segunda meta de la política de salarios mínimos que se han planteado es actualizar y renovar los salarios mínimos profesionales. “Actualmente, existen 59 y varios de éstos están desactualizados; es decir, se fijan para profesiones que ya no existen en México. Otros se podrían modificar para que sean compatibles con las clasificaciones del IMSS e INEGI y así facilitar que las empresas paguen el salario correspondiente en cada profesión”.
Agregó que aún hace falta incluir profesiones y ocupaciones que fueron excluidas “uno de los objetivos que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación es incorporar a las trabajadoras del hogar y a los jornaleros agrícolas. La meta es integrar a estas profesiones al sistema de Salarios Mínimos Profesionales y así mejorar sus niveles de ingreso. Pero no solo eso, también se plantea la necesidad de que estas dos profesiones accedan a todos los derechos laborales que por ley les corresponde, como acceso a la seguridad social, a una pensión digna, vacaciones, entre otros”.
De acuerdo con el último reporte de la Conasami, no sólo se perdió empleo como consecuencia de la pandemia, también hubo un cambio en materia salarial, por ejemplo, el número de trabajadores que no recibieron ingresos también ha aumentado para representar casi 112% del número que se registró antes de la emergencia sanitaria.
Además, por tipo de empleo se observó un aumento de 1.7 millones de personas en empleos informales y una caída de 200,000 personas en empleos formales. “Esto podría indicar la dificultad de los centros de trabajo que reiniciaron actividades de generar ingresos suficientes para mantener la formalidad de los empleos o el cierre de centros de trabajo y el tránsito de trabajadores a la informalidad ante la necesidad de mantener el flujo de ingresos”.
Munguía consignó que la política de salarios mínimos en México tuvo un cambio radical desde diciembre de 2018, pero varios de estos cambios aún están en proceso.
“Las metas y el futuro de la política de salarios mínimos en México. Al iniciar el sexenio, se incrementó el salario mínimo general para que, por primera vez, fuera suficiente para cubrir las necesidades básicas de un individuo”, escribió el funcionario.
El subgobernador del Banco de México afirmó que con la flexibilización del mercado laboral sin ofrecer una protección como el seguro de desempleo, se avanzó en contra del trabajador.
El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández, aseguró que la flexibilización del esquema para la subcontratación laboral, mejor conocido como outsourcing, se ha prestado para excesos en perjuicio de los trabajadores.
“El outsourcing que ha estado muy desregulado ha dado lugar, me parece, a muchos abusos en materia laboral, precarizando los empleos”, afirmó.
Al participar en el treceavo Diálogo Nacional por un México Social organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el subgobernador de Banxico expresó que ha habido una flexibilización al extremo.
Esquivel comentó, a título personal, que en el trabajo de bienestar público hay muchas carencias todavía.
Definió que el Estado del Bienestar es el intento de ofrecer atención a las necesidades elementales de la población, como se ha dicho coloquialmente «desde la cuna hasta la tumba». Es decir, dar acceso a bienes y servicios para un nivel de vida mínimo digno y favorable en educación, salud, protección social y laborales, explicó.
En ese sentido, afirmó que se ha construido algo similar a eso, que no se parte de la nada.
«Tenemos un Estado del Bienestar que podríamos calificar contrahecho, fragmentado, incompleto y desigual», destacó.
Reconoció que existen pasos en la dirección correcta en educación, con un sistema público a través de una serie de atención para personas sin acceso, como lo fue su caso, comentó.
Sin embargo, con la reforma laboral, se avanzó de manera contraria con la flexibilización del mercado laboral, sin ofrecer una protección como el seguro de desempleo.
Mencionó que en vez de ese tipo de protección para los que se quedan sin empleo, se da la posibilidad de que los trabajadores retiren recursos de su administradora de fondos de pensiones, lo que va en contra de la idea misma de la protección social.
Señaló que sabemos perfectamente lo que ocurrió históricamente por muchos años con el salario mínimo: una pérdida de poder adquisitivo.
Además, dijo que hay muchos espacios de avance y muchas visiones antagónicas sobre aumentar el salario mínimo, pero se ha avanzado afortunadamente en la concientización de este esquema que va a contribuir a mejorar y disminuir la pobreza, afirmó.
También refirió que en 2005, en un foro, un ponente (del que omitió su nombre) cuestionó la viabilidad y sostenibilidad de la pensión universal porque traía a valor presente todos los pagos que habría que enfrentar por adultos mayores en un futuro y apostaba que sería una carga insostenible para el Estado.
Por su parte, la investigadora de la UNAM, Berenice Ramírez, hizo ver que las transferencias del gobierno no solucionaron el problema de la pobreza en México.
En tanto, la economista Norma Samaniego dijo que estamos viviendo una crisis profunda y distinta que no tiene parangón con otros eventos de nuestro tiempo.
Asimismo, consideró que es un fenómeno que se viene desenvolviendo en cámara lenta y que apenas estamos empezando a digerir.
El presidente afirmó que su gobierno busca poner orden y que el objetivo será tener una reforma que ya no se pueda volver a burlar.
La regulación del outsourcing ya se intentó, pero hay empresas que no ayudan. Hay empresarios muy responsables, pero hay otros que, en estricto sentido, ni siquiera son empresarios, son coyotes y traficantes de influencias que abusaron de estos mecanismos de contratación y afectaron a los trabajadores, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia matutina, sostuvo que esta situación no es nueva, porque incluso viene desde hace cinco años, tras la aprobación de la reforma laboral, la cual le otorgó facilidades a estas firmas.
“Acuérdense que se permitió hasta la contratación por horas sin prestaciones para los trabajadores. Se abusó, son las llamadas reformas estructurales que no se hicieron pensando en beneficiar a los trabajadores, sino a una minoría. En diciembre, como tienen que pagar aguinaldos, reparto de utilidades y otras prestaciones, despiden a los trabajadores, todo es manejo de nómina y luego los vuelven a contratar”, acusó.
“Esas oficinas que operan esas nóminas ganan muchísimo dinero. Se fueron creando estos grupos de intermediarios, de coyotes, en los últimos tiempos. Yo les hablaba que hay una de estas empresas que se dedica al manejo de nóminas que tiene a su cargo la nómina con sueldos y prestaciones de 200 mil trabajadores. Eso es lo más irregular que puede haber, se afecta a los trabajadores; desde luego, no se pagan los impuestos y hay una evasión fiscal”.
El primer mandatario comentó que si bien es entendible el porqué deberían de separarse las actividades productiva y administrativa, afirmó que la contratación de este tipo de compañías resulta en un abuso.
“Un buen empresario no puede permitir que no se le garanticen los derechos a los trabajadores y no puede permitir que una empresa contratada por él mismo se dedique a evadir impuestos. Muchas veces los empresarios ni siquiera saben cómo operan estas empresas. Ahora, con la pandemia, de repente dan de baja a miles de trabajadores las grandes empresas; cuando empezó la pandemia, empezaron a manifestarse muchos trabajadores que los estaban despidiendo sin reconocerles ningún derecho y no era propiamente una empresa”, argumentó.
López Obrador insistió en que su gobierno busca poner orden y que más adelante se resolverá si el mecanismo desaparece o sólo se regula, ya que el objetivo será tener una reforma que ya no se pueda volver a burlar.
“Se supone que en apego estricto a la ley del trabajo, quien contrata a un trabajador, tiene que cumplir con ciertas obligaciones: el pago de un salario justo y la inscripción en el IMSS, que eso a veces no se realiza por estas empresas intermediarias o manifiestan que los trabajadores ganan menos para no pagar las cuotas destinadas a la seguridad social”, explicó.
Adelantó que el próximo viernes 30 de octubre invitará a la mañanera a la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde; al procurador fiscal, Carlos Romero; al director general del IMSS, Zoé Robledo, y la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, para que expongan sobre este asunto, las irregularidades que existen y el abuso del marco legal actual por parte de estas empresas.
“No queremos que se vaya a generar todo un movimiento. Claro que no les va a gustar a los factureros, los que han abusado de este mecanismo, pero si se explica el porqué, la gente va a saber y a conocer cómo está la situación”, concluyó.
