El outsourcing es lo peor que le ha pasado a los trabajadores en México y ha sido utilizado por empresas y gobiernos para violentar los salarios, pensiones, créditos de vivienda y el derecho a la organización sindical, coincidieron representantes de sindicatos mexicanos y celebraron la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para regular este esquema de subcontratación.
«De antemano sabemos que el outsourcing ha mermado los derechos laborales de todos los trabajadores, inclusive no se les permite organizarse en sindicatos y eso es violar una parte de sus derechos», dijo en entrevista Yadira Ferreira Martín del Campo, secretaria del Exterior del Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. «Los sindicatos estamos a favor de que esto se regularice por el bien de los trabajadores».
Para Patricia Andrade Reynoso, secretaria general nacional del Sindicato Petroleros de México (Petromex), en el país se maneja un modelo del outsourcing con abuso. «El modelo de la subcontratación ha sido mal utilizado y ha dejado a los trabajadores completamente en estado de indefensión».
El pasado 12 de noviembre durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente presentó una propuesta de reforma para regular el outsourcing. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
El Gobierno de México envió esta semana al Congreso una reforma en materia laboral para modificar el esquema de subcontratación con el fin de ordenarlo y que deje de ser una modalidad que permita la evasión fiscal y afecte a la población trabajadora en sus prestaciones. En el anuncio, realizado el pasado jueves en la conferencia matutina del Presidente, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luis María Alcalde Luján, dijo que la base del proyecto de reforma establece que el trabajo no es una mercancía sino un derecho y un deber social. La propuesta de reforma, agregó, es integral.
La iniciativa prohíbe la subcontratación del personal, modifica la contratación de servicios especializados y endurece castigos a empresas por violar la ley, por ejemplo, hasta nueve años de cárcel para empleadores. El documento busca además controlar el subregistro, el despido de trabajadores en diciembre y la afectación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Pero esta iniciativa, bien recibida por los trabajadores, fue rechazada por la mayoría de los empresarios, principalmente los agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), liderada por Gustavo de Hoyos Walther, un empresario opositor al Presidente López Obrador.
La Coparmex aseguró que la iniciativa del outsourcing violenta los acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones de patrones y es una amenaza al crecimiento y creación del empleo formal, estos últimos argumentos utilizados por los empresarios, por ejemplo, para evitar el aumento al salario mínimo desde el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari.
En el mismo tenor se pronunció el CCE, que en un comunicado expuso que «tal como está planteada, la propuesta desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica del país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de COVID-19».
Las empresas que ofrecen servicios de limpieza, han tenido ingresos asegurados desde hace 17 años con dinero de las dependencias federales. Foto: Cuartoscuro.
El Consejo, liderado por Carlos Salazar Lomelín, recordó que durante 2019 el propio CCE y los organismos que lo conforman participaron en un parlamento abierto llevado a cabo por el Senado para la discusión de una eventual reforma en materia de subcontratación y se estableció un diálogo directo con las autoridades correspondientes.
Sin embargo, los sindicatos mexicanos aseguran que esta iniciativa sí es en beneficio de los trabajadores y señalan que los empresarios buscan seguir en la comodidad fiscal.
«Siento que es más bien una manera de buscar la forma en seguir en la comodidad fiscal, me queda claro que lo importante es defender los derechos de los trabajadores», mencionó Patricia Andrade, de Petromex, sindicato alterno al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
El saldo del outsourcing, al que la administración de Felipe Calderón Hinojosa le dio luz verde y que Enrique Peña Nieto se encargó de aplicar, es negativo para los mexicanos, de acuerdo con especialistas en materia laboral y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lo confirman. La subconcontratación fue año con año en aumento: en 2004, la cantidad de personal subcontratado era de 1 millón 399 mil 264 y para 2009 la cantidad ya era de 2 millones 732 mil 247; en 2014 se situó en 3 millones 578 mil 247 y para 2019, la cifra más reciente, fue de 4 millones 685 mil 356 personas.
EL GOBIERNO DEBE REGULARSE
Este esquema de subcontratación en México, a todas luces desventajoso para los trabajadores, no sólo fue aprovechado por las empresas, también por los gobiernos, principalmente para los servicios de limpieza.
En Mexico, las empresas encargadas de los servicios de limpieza de las oficinas de gobierno tienen ganancias aseguradas, ya que actualmente son pocas las personas encargadas de la limpieza las que gozan de un contrato directo. Es común ver a personas encargadas de estas tareas con un uniforme que tiene el logotipo de la empresa atrás. No hay límite de edad, ya que son o muy jóvenes o personas de la tercera edad y también se contrata a personas con capacidades diferentes, en nombre de la «no discriminación», pero son sectores de la población trabajando en condiciones precarias.
Son personas que aunque trabajan en oficinas que ofrecen a sus empleados generosas prestaciones, ellos carecen, en su mayoría, hasta del seguro social.
De acuerdo con datos del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), son 21 empresas las que sobresalen en el mercado y concentran más de 2 mil 100 contratos por mas de 7 mil 316 millones de pesos, obtenidos no únicamente en un sexenio, sino que provienen desde la administración de Vicente Fox Quesada.
«Hay que recordar que en los gobiernos federal y local el personal de limpieza es un ejemplo claro del outsourcing y la violación de sus derechos», explicó a SinEmbargo Yadira Ferreira, secretaria del Exterior del Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Metro. «Esto ha ayudado a que solo se hagan contrataciones a unas empresas (de outsourcing) que sabemos que son de personas que tienen algún cargo político y siguen beneficiándose».
Esta semana, un grupo de trabajadores de limpieza del Metro protestaron en la terminal Tláhuac, de la Línea 12, porque llevaban varios meses sin recibir su salario. Los empleados pertenecían al Consorcio Multigreen, una empresa proveedora de servicios de limpieza para el Sistema de Transporte Colectivo, y el Metro no se hizo responsable.
«Menciono el problema del Metro porque yo pertenezco ahí, incluso ayer (lunes) hubo una manifestación donde denunciaron que a todos los trabajadores que pertenecían a esa empresa tenían dos meses que no se les pagaba, inclusive el Metro no se estaba haciendo responsable», detalló Yadira Ferreira.
Pero el Metro no es la única dependencia u organismo con casos de violaciones a los derechos laborales de trabajadores contratados vía outsourcing, Petróleos Mexicanos (Pemex) también tiene denuncias.
«Dentro de Pemex hay mucha gente trabajando por medio de subcontratación y a pesar de que ellos no son nuestros compañeros en lo que se refiere a la nómina, nos damos cuenta de que las condiciones en las que trabajan no son nada favorecedoras», dijo Patricia Andrade, secretaria general nacional de Petromex. «Celebramos esta iniciativa porque ya era tiempo que alguien tomara cartas en el asunto».
La subcontratación en México marcó a una generación completa que entró a un mercado laboral que optó por este mecanismo. La generación de los millennials, en su mayoría, entraron a trabajaros en los que ya no hay la promesa de una pensión y de otros tantos derechos laborales.
El outsourcing se concentró en actividades comerciales (33.5 por ciento), servicios privados no financieros (27.4 por ciento), manufacturas (25.9 por ciento) y en otras actividades como pesca, acuicultura, minería, electricidad, construcción, transportes, servicios financieros (13.2 por ciento).
Por: SinEmbargo 15/11/20
